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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04091-00

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04091-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición de por el señor Daniel E. Cabrera Timaná. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. 9 Sentencia T- 767 del 12 de agosto de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Daniel E. Cabrera Timaná Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otros Radicación: 11001-03-15-000-2024-04091-00 . TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04091-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

29 de agosto de 2024

Demandante: Daniel E. Cabrera Timaná
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04091-00

.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04091-00
Demandante: DANIEL E. CABRERA TIMANÁ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTROS

TEMA: Tutela de fondo - derecho fundamental de petición – niega
amparo – radicación en canal deshabilitado - ausencia de
constancia de recibido.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Daniel E.
Cabrera Timaná contra el Tribunal Administrativo Nariño y otros, de conformidad
con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Daniel E. Cabrera Timaná, en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra la «Magistrada Beatriz Isabel Melodelgado Pabón, Tribunal Administrativo de
Nariño», con el fin de que se proteja su derecho fundamental de petición, el cual
consideró vulnerado con ocasión de la falta de respuesta a la solicitud que radicó
ante ese despacho judicial, el 27 de diciembre de 2023.

1.2. Pretensiones

La parte actora pidió lo siguiente:

1. Que se proteja el derecho fundamental de petición de este servidor, ordenando
que, dentro del término perentorio que señale el despacho, dé respuesta de fondo al
derecho de petición presentado el 27 de diciembre de 2023.

2. Que se ordene remitir copia de la respuesta a este servidor, Daniel E. Cabrera
Timaná.

1.3. Hechos

El accionante fundó su escrito de tutela en los siguientes:

1 Con escrito presentado el 5 de agosto de 2024, en el correo electrónico
tutelasyhabeascorpuspasto@cendoj.ramajudicial.gov.co y remitido en la misma fecha a la Secretaría
General del Consejo de Estado.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Daniel E. Cabrera Timaná
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04091-00

.

Señaló que el 27 de diciembre de 2023 elevó una petición ante el despacho de la
magistrada Beatriz Isabel Melodelgado Pabón del Tribunal Administrativo de Nariño,
dentro del proceso identificado con el radicado 52001-33-33-005-2022-00160-01.

Adujo que la solicitud tenía como fin que se compulsaran «copias a la Fiscalía
competente para investigar posibles delitos relacionados con la contratación pública
por parte del Municipio de Pasto, específicamente en relación con los contratos de
arrendamiento del inmueble ubicado en la Cll 15 No. 17 – 104, destinado como
centro transitorio de reclusión». Ello, comoquiera que tenía una preocupación por el
incumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente
(NSR-10) y las condiciones mínimas de subsistencia digna para los reclusos.

Alegó que a la fecha de radicación de esta acción de tutela no ha recibido una
contestación por parte de la autoridad accionada.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El señor Daniel E. Cabrera Timaná consideró vulnerado su derecho fundamental de
petición, al señalar que han transcurrido más de 30 días sin que la magistrada
Beatriz Isabel Melodelgado Pabón del Tribunal Administrativo de Nariño haya dado
una respuesta a su escrito.

Para tal efecto, citó las sentencias T-377 de 2000 y T-594 de 1992 de la Corte
Constitucional.

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 8 de agosto de 2024, el magistrado ponente de esta decisión admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora, a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Nariño, así como a la magistrada Beatriz Isabel Melodelgado
Pabón y a la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Nariño, en calidad
de autoridades accionadas.

1.6. Contestación

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se recibió la siguiente intervención:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Nariño

La magistrada Beatriz Isabel Melodelgado Pabón solicitó que se niegue la acción
de tutela presentada por el actor.

Afirmó que en su despacho cursó la segunda instancia de una acción popular que
interpusieron los habitantes del sector de la Avenida Julián Bucheli de Pasto, a la
cual le correspondió el radicado 52001-33-33-005-2022-00160-01.

Indicó que si bien el actor afirmó que el 27 de diciembre de 2023 radicó una petición,
lo cierto es que para esa fecha los correos electrónicos de la Rama Judicial que
gozan de vacaciones colectivas se encontraban deshabilitados.

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Demandante: Daniel E. Cabrera Timaná
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04091-00

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Puso de presente que a través de la Circular PCSJC23-34 de 6 de diciembre de
2023 el Consejo Superior de la Judicatura explicó que las cuentas de correo
electrónico institucionales quedarían bloqueadas por la vacancia judicial (entre el 20
de diciembre de 2023 y el 11 de enero de 2024).

Finalmente, señaló:

Pero, adicionalmente, quien tutela ni siquiera indica a qué correo remitió la pretendida
petición. Realmente no comprendo cómo, tras acceder a las pretensiones de su
demanda que dio paso a la acción popular, y sin sustento alguno que merezca
credibilidad, el actor pretende se tutele su derecho de petición, que en ningún caso
se ha conculcado por la suscrita.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Daniel E. Cabrera Timaná contra el Tribunal Administrativo
Nariño y otros, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1., del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales de la parte accionante, ante la ausencia
de respuesta a la solicitud que radicó el 27 de diciembre de 2023.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza
de la acción de tutela, (ii) el derecho fundamental de petición y (iii) el caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable2.

2 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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Demandante: Daniel E. Cabrera Timaná
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
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2.4. Derecho fundamental de petición

Sobre esta garantía constitucional, se tiene que la Constitución Política de 1991
consagró en su artículo 23 el derecho fundamental de petición, en virtud del cual,
toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá reglamentar
su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 20153, que señala 15 días para resolver la misma, de
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

[...] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.

Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada4.

3 «ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal

especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto».
4 Sentencia T-149 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

4
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Demandante: Daniel E. Cabrera Timaná
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04091-00

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Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[...] la notificación [...] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»5

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión6; ii) su contenido esencial comprende
los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o
se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación
material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud,
sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los
asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta),
excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo7.8

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.6. Caso concreto

En el sub examine el accionante alegó que el Tribunal Administrativo de Nariño
vulneró su derecho fundamental de petición, comoquiera que no ha resuelto la
solicitud de 27 de diciembre de 2023 que radicó ante dicha autoridad judicial.

Ahora bien, del material probatorio allegado al expediente, se advierte que en esa
fecha el señor Daniel E. Cabrera Timaná envió una petición al correo
des05tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co, en los siguientes términos:

[…] me permito solicitar a usted, en su calidad de Magistrada del Tribunal
Administrativo de Nariño, la compulsa de copias a la Fiscalía competente con el fin
de que se realice una investigación en torno a la posible comisión de delitos
relacionados con contratación sin el cumplimiento de requisitos, prevaricato por
omisión y otros conexos que las autoridades estimen pertinentes.

5 Ibídem.
6 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la sentencia

T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
7 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
8 Sentencia C-510 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

5
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Esta solicitud se fundamenta en la preocupación suscitada por presuntas
irregularidades presentadas en el proceso de contratación pública llevado a cabo por
el Municipio de Pasto dentro del contrato de arrendamiento 20231251 del bien
inmueble ubicado en la calle 15 No. 17-104 para ser utilizado como centro transitorio
de reclusión que dentro del proceso de Acción Popular en contra de la alcaldía de
Pasto de referencia 2022-00160 […].

No obstante, como lo señaló el Tribunal Administrativo de Nariño, para el 27 de
diciembre de 2023 los despachos judiciales que gozan de vacaciones colectivas se
encontraban en vacancia judicial, razón por la cual mediante la Circular PCSJC23-
34 de 6 de diciembre de 2023 del Consejo Superior de la Judicatura se dispuso el
bloqueo de los correos electrónicos como se evidencia a continuación:

En ese sentido, la Sala no advierte la vulneración del derecho fundamental de
petición del actor, toda vez que para la fecha en la que radicó su escrito, el correo
electrónico de la autoridad judicial accionada se encontraba inhabilitado para recibir
y enviar mensajes. Es por esta razón que el Tribunal Administrativo de Nariño no
recibió la solicitud presentada el 27 de diciembre de 2023 por el señor Daniel E.
Cabrera Timaná.

Recuérdese que, sobre este aspecto, en sentencia T-329 de 2011, la Corte
Constitucional explicó lo siguiente:

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Por lo anterior, es pertinente agregar que si bien toda persona tiene derecho a elevar
solicitudes respetuosas ante la administración o contra particulares, es requisito
indispensable para obtener el fin perseguido con la acción de tutela, demostrar
así sea de forma sumaria, que se presentó la petición.

[…]

En este orden, no basta por tanto que el accionante afirme que su derecho de petición
se vulneró por no obtener respuesta. Es necesario respaldar dicha afirmación con
elementos que permitan comprobar lo dicho, de modo que quien dice haber
presentado una solicitud y no haber obtenido respuesta deberá presentar copia
de la misma recibida por la autoridad o particular demandado o suministrar alguna
información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acompañaron la
petición, a fin de que el juez pueda ordenar la verificación.9 (Se resalta).

En consecuencia, la Sala descarta la vulneración del derecho fundamental de
petición del señor Daniel E. Cabrera Timaná, pues se reitera que el despacho de la
magistrada Beatriz Isabel Melodelgado Pabón del Tribunal Administrativo de Nariño
no recibió la petición de 27 de diciembre de 2023 y por lo tanto no omitió el deber
que se le impone a las autoridades públicas de contestar las solicitudes que se
presenten ante ellas.

Aunado a lo anterior se evidencia que el Consejo Superior de la Judicatura explicó
en la referida circular que ante el envío de cualquier correo durante las fechas
determinadas se emitiría como respuesta automática la advertencia al remitente
sobre el bloqueo de la dirección electrónica del destinatario.

En resumen, mal haría la Sala en afirmar que la autoridad judicial accionada vulneró
la garantía fundamental del derecho fundamental de petición cuando no se tiene
certeza de que la solicitud fue recibida y, además, dicha afirmación está amparada
en lo dispuesto en la Circular PCSJC23-34 de 6 de diciembre de 2023 del Consejo
Superior de la Judicatura.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición de por el señor
Daniel E. Cabrera Timaná.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

9 Sentencia T- 767 del 12 de agosto de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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Demandante: Daniel E. Cabrera Timaná
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04091-00

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TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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