RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04109-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04109-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04109-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 3 de octubre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo: Adicionar la sentencia recurrida, en el sentido de i) negar el amparo respecto a la pretensión de suspensión de convenios interadministrativos y la negativa del traslado del accionante, ii) declarar la carencia actual de objeto por sustracción de materia en cuanto a la solicitud de revisión del Proyecto de Ley 210 de 2023 y iii) declarar improcedente la acción respecto al cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte Constitucional respecto al Sistema Penitenciario y Carcelario. Tercero:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04109-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

28 de noviembre de 2024

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04109-01
Accionante: Cristhian Felipe Salinas Cruz1
Accionados: Presidente de la República y otros

Tema: Acción de tutela para lograr la protección de los derechos de los trabajadores del
INPEC que laboran en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad
de Buga y las personas allí privadas de la libertad.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 3 de octubre de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, a través de la cual declaró la carencia actual de objeto por sustracción de
materia frente a algunos de los cargos e improcedente la acción respecto a otros.

ANTECEDENTES

El señor Cristhian Felipe Salinas Cruz pretende que se protejan sus derechos
fundamentales a la vida, a la dignidad, a la seguridad personal, a condiciones de
trabajo dignas, a la salud, a la «resocialización», a la «garantía y efectividad de la
protección de los derechos» y a «un ambiente sano», los cuales considera
vulnerados por el presidente de la República, la Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, los ministerios del

1 En nombre propio y del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios Subdirectiva Buga SEUP SI, y como
agente oficioso de las personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Mediana Seguridad de Buga.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

Trabajo, de Justicia y del Derecho y de Defensa, la Comisión Primera Constitucional
Permanente del Senado de la República y el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (en adelante INPEC).

HECHOS

La parte actora afirmó que el departamento del Valle del Cauca cuenta con 10
establecimientos carcelarios en igual número de municipios, los cuales tienen a su
cargo aproximadamente a 20.000 personas privadas de la libertad, de las que
14.000 están con detención intramural, cantidad esta última que se ha incrementado
en los últimos años.

Que la estrategia del INPEC para disminuir la reincidencia delictual está relacionada
con el tratamiento penitenciario, cuya finalidad está enfocada en la resocialización,
de conformidad con la Ley 65 de 1993.

Que, a su juicio, ese Instituto tiene cuatro deficiencias concretas que le impiden
realizar dicho proceso integralmente y con la calidad requerida, como son: i) los
insuficientes e inadecuados espacios y herramientas para la realización de
actividades inherentes a ese tratamiento, debido a un hacinamiento del 37 %, lo
que, a su vez, impide una correcta segmentación de la población carcelaria; ii) el
déficit de personal del INPEC de aproximadamente un 60 %, que para el Valle del
Cauca se traduce en 1.100 personas, quienes, además, están sometidos a una
situación de riesgo que se ha recrudecido y en una sobreexplotación laboral; iii) alta
incidencia de problemas de salud mental de los privados de la libertad (un 39 %), lo
que ha incidido en la baja efectividad de los procesos de resocialización, por la falta
de capacidad de respuesta y iv) desatención y falta de asignación de recursos para
la atención de aquellos.

Considera que a las personas que se encuentran privadas de la libertad en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Buga no se les
garantizan las condiciones adecuadas de infraestructura, seguridad y
resocialización, lo que desconoce que la limitación de sus derechos por la detención
no es absoluta, ni se han adoptado medidas efectivas para salvaguardar a los
funcionarios del INPEC, ante las amenazas y ataques, lo cual ha provocado el
desplazamiento de varios de ellos e inclusive en algunos casos la muerte.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

Que, a pesar de las denuncias realizadas a la Presidencia de la República, a los
ministerios de Defensa y de Justicia y de Derecho, la protección otorgada ha sido
insuficiente, lo que demuestra la necesidad de intervenir y mejorar las condiciones
del centro penitenciario.

Añadió que algunas de las personas privadas de la libertad en ese Establecimiento
tienen una baja escolaridad mientras que otras padecen de graves limitaciones
cognitivas o circunstancias adicionales, como ser miembros de poblaciones
especialmente vulnerables, como los adultos mayores o víctimas del conflicto
armado.

Que desde el año 2013 en dicha cárcel se han demolido espacios destinados a la
resocialización, como talleres, áreas deportivas y zonas educativas para construir
un pabellón que superó los 65.000 millones de pesos, a pesar de lo cual este último
nunca ha funcionado adecuadamente y enfrenta demandas debido a problemas
estructurales y de diseño, lo que representa un riesgo no solo para los internos y
funcionarios, sino para los visitantes.

Que no atender esas graves afectaciones implica la profundización del estado de
cosas inconstitucional, por lo cual es necesaria la coordinación entre distintas
entidades estatales para abordar la situación, lo cual no se ve reflejado en el
Proyecto de Ley 210, pues no hace referencia al estudio de rediseño institucional
del INPEC ni a la mitigación de la violencia padecida por los funcionarios por fuera
de las cárceles, sino únicamente al problema de los entes territoriales.

Que el Ministerio del Trabajo no se pronuncia de fondo sobre la problemática que
afrontan los trabajadores del INPEC, sino que traslada responsabilidades.

Que el Gobierno Nacional, a través de la Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, tiene la capacidad y la obligación
de intervenir en el INPEC para garantizar el respeto y la protección de los derechos
humanos de los privados de la libertad e impulsar las acciones necesarias que
permitan mejorar las condiciones del centro penitenciario de Guadalajara de Buga.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

Que las condiciones del Establecimiento de Buga demuestran que existe una
desconexión entre el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de la Presidencia de
la República y la realidad actual de aquel, respecto al tratamiento penitenciario, la
resocialización y la no reincidencia, la atención a la población carcelaria, el
robustecimiento de la alternatividad penal, tratamiento diferenciado y prevención del
delito, y el enfoque reactivo de la política criminal y penitenciaria.

Que los municipios son los encargados de la población sindicada y tienen la
responsabilidad de generar su propia infraestructura carcelaria y la atención de
aquella, de conformidad con la ley 65 de 1993, pero cuando no puede hacerlo
realiza convenios con el INPEC y cofinancia la atención de aquella, a pesar de lo
cual en casi todos los casos la firma de estos no se concreta con el ente territorial y
cuando logran materializarse recaen únicamente en los nuevos sindicados.

Que existe un fallo del Consejo de Estado, en el que se ampararon los derechos
fundamentales de los privados de la libertad y se ordenaron medidas urgentes para
mejorar las condiciones de infraestructura, seguridad y resocialización del
establecimiento, por lo que no es pertinente continuar recibiendo población
sindicada mediante convenios con alcaldías y gobernaciones.

PRETENSIONES

Solicitó ordenar a la Presidencia de la República, a los ministerios de Justicia y del
Derecho y de Defensa y a la Comisión Primera Constitucional Permanente del
Senado de la República que intervenga de manera inmediata y efectiva en el INPEC
de Buga y Valle del Cauca, de la siguiente forma:

«1. Intervención a través de la Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario:

• Garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de los
privados de la libertad en el INPEC de Buga y sus funcionarios.
• Coordinar acciones para mejorar las condiciones de infraestructura,
seguridad y personal en el establecimiento penitenciario.
• Impulsar medidas que promuevan una adecuada resocialización de los
privados de libertad y reduzcan la tasa de reincidencia delictiva.

2. Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

• Asegurar que las políticas y objetivos establecidos en el Plan Nacional de
Desarrollo se implementen efectivamente en el INPEC de Buga y por los entes
territoriales es decir por Municipio de Guadalajara de Buga y su distrito judicial
• Priorizar la humanización de la política criminal, la resocialización de los
privados de la libertad y la prevención del delito en el establecimiento.

3. Suspensión de convenios interadministrativos con entes territoriales:

• Suspender la recepción de población sindicada mediante convenios con
alcaldías y gobernaciones hasta tanto se mejoren las condiciones del INPEC
de Buga en infraestructura y personal teniendo como base el estudio de
rediseño institucional del INPEC y si existiere algún convenio este sea por la
población que se encuentra intramuros que en el caso de Buga tenemos más
de 100 sindicados dentro del establecimiento los cuales la Alcaldía de Buga
no responde por manutención y no sabemos por qué la regional occidente no
ingresa esa población sindicada que se encuentra dentro de los
establecimientos en los convenios y solo lo hace por nueva población
sindicada de delitos que llegue de estaciones o población sindicada de delitos
que provengan de otros municipios.
• Priorizar la atención y mejora de las condiciones existentes antes de
considerar cualquier aumento en la población penitenciaria y carcelaria en
establecimiento de Buga.

4. Cumplimiento de la Ley 2272 de 2022:

• Adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad humana y la paz
integral en el INPEC de Buga y de los establecimientos penitenciarios de Valle
de Cauca, en concordancia con los principios consagrados en la mencionada
ley.

5. La situación crítica del INPEC de Buga demanda una intervención urgente
y coordinada por parte del Gobierno Nacional, en cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales y legales para garantizar los derechos humanos
de los privados de la libertad y mejorar las condiciones penitenciarias en el
país. Confiamos en la pronta atención y resolución de esta petición en
beneficio de la dignidad y seguridad de todas las personas involucradas.

6. Que se brinde protección efectiva para la integridad de los funcionarios
amenazados y se gestionen traslados a otros establecimientos en respuesta a
las amenazas recibidas por banda delincuenciales y que se empiece a recibir
esto como una figura de desplazamiento forzado. Que se tenga en cuenta a
los funcionarios para traslados a los defensores de derechos y lideres
sindicales respaldado (sic): respaldan mi derecho a la libertad sindical y a la
protección de los derechos humanos como líder social y sindical ya que yo que
yo (sic) Cristhian Felipe Salinas Cruz he pedido protección a través de un
traslado y no me lo han otorgado violando los siguientes derechos […].

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

7. Con respeto y consideración, dirijo la presente petición a la Presidencia de
la República de Colombia, Comisión primera del Senado Ministerio de Trabajo
de la República de Colombia Ministerio de Justicia y el Derecho e INPEC, con
el fin de requerir una revisión URGENTE exhaustiva del Proyecto de Ley 210,
presentado por la Comisión Primera del Senado. Es imperativo que esta
revisión contemple disposiciones que no solo reconozcan, sino que también
protejan los derechos tanto de los funcionarios del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), como de los privados de la libertad […]

Asimismo, resulta indispensable abordar la problemática en ese mismo
decreto de la sobreexplotación laboral y el desgaste que enfrentan tanto el
personal como los funcionarios del sistema penitenciario. Además, es
fundamental contemplar la situación de la población sindicada de delitos, la
cual por recibirla y aumentar la carga laboral debe de haber una compensación
económica adecuada para los funcionarios del INPEC y como estos llegaría a
los establecimientos penitenciarios en condiciones desfavorables por
hacinamiento y infraestructura adecuada.

Se hace evidente la necesidad de realizar un estudio técnico detallado que
aborde la forma en que se suplirá la falta actual de aproximadamente 10.000
funcionarios necesarios para los procesos misionales y de apoyo del INPEC.
Además, se debe considerar el aumento en la recepción de privados de la
libertad sindicados provenientes de estaciones de policía, lo cual implicaría un
aumento de casi el 20% en la población intramuros de los establecimientos
penitenciarios del país.

Por último, es fundamental abordar de manera clara y precisa la enorme
contingencia que enfrentamos en términos de personal e infraestructura en los
establecimientos penitenciarios de Colombia. Además, es necesario
establecer cómo se solventará la descompensación y sobreexplotación del
personal del INPEC.

En virtud de lo expuesto, solicito atentamente que se tome en consideración
esta solicitud y se proceda con la revisión detallada del Proyecto de Ley 210,
con el objetivo de garantizar un sistema penitenciario más justo, equitativo y
eficiente para todos los involucrados. Hay que revisar el punto 6 parágrafo 3
donde después de dos años nos envían de nuevo la población privada de
libertad sindicada a los establecimientos del INPEC ya que el articulo 19 no
contempla la actual situación de falta de personal según el estudio de rediseño
institucional y la compensación que deberían tener los funcionarios por esta
sobreexplotación laboral y exigimos como garante al Ministerio de trabajo,
procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo y la Presidencia
de la Republica y del Ministerio de Justicia y el derecho con la dirección del
INPEC […]

El Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de intervenir en el déficit de
personal y las condiciones laborales en el INPEC porque está dentro de su

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

mandato formular políticas y acciones que promuevan el empleo decente, la
estabilidad laboral y la seguridad en el trabajo, contribuyendo así al
cumplimiento de la misión del INPEC de custodia, vigilancia y resocialización
de los privados de la libertad.

8. Acompañamiento Efectivo de las Autoridades: Que se garantice un
acompañamiento efectivo por parte del Ministerio de Defensa, Ministerio de
Justicia y el derecho, INPEC, Policía Nacional y el Ejército Nacional a la ERON
de Guadalajara de Buga, así como medidas de protección para los
funcionarios y líderes sindicales que defienden los derechos laborales. Solicito
de manera expresa un centro de atención inmediata de la Policía Nacional o
de Buga frentes el establecimiento INPEC ya que los 2 últimos homicidios
perpetrados se han realizado en el puente peatonal que comunica el
establecimiento aledaño. […]».

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

El 14 de agosto de 2024 el magistrado sustanciador de la Sección Primera del
Consejo de Estado admitió la acción mediante auto en el que ordenó notificar al
presidente de la República, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario, los ministerios del Trabajo, de Justicia y del
Derecho, de Defensa, la Comisión Primera del Senado de la República y al INPEC,
como accionados; y vinculó al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Mediana Seguridad de Buga, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
USPEC, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la
Policía Nacional, al Ejército Nacional, al departamento del Valle del Cauca y a los
municipios de Guadalajara de Buga, de Buenaventura y de Cali.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El INPEC, por conducto de la coordinadora del Grupo de Tutelas de la Oficina
Asesora Jurídica, afirmó que el accionante carece de legitimación en la causa por
activa, puesto que, si bien tiene la calidad de vicepresidente del Comité Ejecutivo
Seccional Buga del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios y actúa como
agente oficioso de la población privada de la libertad recluidos en el EPMSC de
Buga, lo cierto es que no cumple con los requisitos jurisprudenciales para agenciar
derechos de esos ciudadanos, en tanto los sindicatos solo están habilitados para
ese efecto para ejercer la defensa de sus derechos fundamentales o de los
trabajadores sindicalizados.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

Adujo que la acción debe declararse temeraria porque en el 2023 el actor instauró
una tutela que tenía como objeto la protección de los derechos de la población
carcelaria, la cual fue decidida favorablemente por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, mediante el radicado 11001-03-15-000-2023-06506-00, y confirmada en
segunda instancia y, además, ha presentado otras acciones con el objetivo de lograr
su traslado a Cúcuta.

Señaló que el director general no podía trasladar internos con medida de
aseguramiento, salvo que se cumpliera con el artículo 16 del Código Penitenciario
o el parágrafo del artículo 58 de la Ley 1453 de 2011.

Refirió que tenía la custodia y vigilancia del personal privado de la libertad, por lo
cual le asistía responsabilidad en su resocialización, pero esta también recaía en la
Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Oficina de
Planeación, el Consejo Superior de la Judicatura (Sala Administrativa), la Corte
Suprema de Justicia (Sala de Casación Penal) y la Fiscalía General de la Nación,
al hacer parte del Consejo Superior de Política Criminal.

Expuso que la problemática no radica en el hacinamiento de los establecimientos
carcelarios que coordina, sino en la consecución de proyectos para establecer la
creación y cumplimiento de elementos como el personal de custodia y vigilancia,
nuevos establecimientos de reclusión, la aplicación de penas alternativas, entre
otros.

Comunicó que mediante el Acta 079 del 2023 se elaboró el plan de necesidades de
infraestructura de los establecimientos de reclusión del orden nacional, entre ellos,
el de Buga, y con el Ministerio de Justicia y del Derecho ha venido trabajando de
manera articulada y constante en la humanización de las cárceles, lo que permitirá
avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucionales.

Mencionó que el número total de sindicados y detenidos preventivamente que están
en dichos centros de reclusión corresponde atenderlo a los municipios y
departamentos, los cuales cuentan con autonomía para la gestión de sus intereses,
de conformidad con el artículo 17 de la Ley 65 de 1993.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

Precisó, en relación con las amenazas a los funcionarios, que la protección de sus
derechos fundamentales amenazados se encuentra a cargo de la Unidad Nacional
de Protección, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1066 de 2015, para lo
cual el afectado deberá presentar la solicitud y documentación completa con el fin
que se inicie el estudio de nivel de riesgo. Agregó que ha emitido varios oficios frente
a las medidas preventivas de protección y seguridad adoptadas frente a las
amenazas perpetradas a los funcionarios.

Coligió que no ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales señalados
en la acción y solicitó declarar la temeridad de la acción y la falta de legitimación en
la causa por activa del accionante, así como negar el amparo solicitado o declarar
improcedente la tutela.

La Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República,
por medio de su secretaria, sostuvo que no ha vulnerado ni puesto en peligro los
derechos fundamentales reclamados en la acción e informó que el Proyecto de Ley
210 de 2023 fue archivado, por lo que pidió declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, por conducto del director de Política
Criminal y Penitenciaria, solicitó ordenar su desvinculación del proceso por falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues es a las entidades territoriales a quienes
les fue asignada la obligación de atender a las personas que están detenidas
preventivamente, por lo que el deber de financiación de la construcción,
administración y sostenimiento de los centros de reclusión para imputados o
acusados está en cabeza de aquellos.

Que, a su vez, le asisten al INPEC responsabilidades respecto a la población
condenada, conforme al artículo 14 del Código Penitenciario y Carcelario, y la
USPEC debe gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los
servicios, la infraestructura y brindar apoyo logístico y administrativo para el
adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del
INPEC. Agregó que el INPEC tiene la obligación y la facultad de coordinar y
administrar al personal de custodia y vigilancia, por lo que es la llamada a estudiar
los pedimentos del accionante.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

Informó que a partir de la Sentencia SU-122/22 estableció una estrategia de política
pública consistente en diferentes acciones, como la expedición de la Ley 2346 de
2024, de los documentos i) Fuentes de Financiación y Cofinanciación para la
Construcción de Establecimientos Carcelarios y Sostenimiento de Detenidos
Preventivamente a Cargo de las Entidades Territoriales y ii) Lineamientos Mínimos
para Espacios Temporales de Reclusión, entre otros, por lo que está demostrado el
cumplimiento de sus funciones como rector de la Política Pública y cabeza del
sector, para superar las condiciones por las que atraviesa el Sistema Penitenciario
y Carcelario Nacional.

Concluyó que no ha realizado acción u omisión alguna que guarde relación con los
hechos del caso, por lo que no puede imputársele la violación de derechos
fundamentales del actor y carece de legitimación en la causa por pasiva. Solicitó,
en consecuencia, ser desvinculado del proceso.

El Ministerio del Trabajo, mediante asesor de la Oficina Asesora Jurídica, luego
de referirse al régimen de personal del INPEC, afirmó que tratándose de
inconformidades relativas a las condiciones laborales y de un sindicato de
empleados públicos, en el Decreto 243 de 2024, que hace parte integral del Decreto
1072 de 2015, se establecen procedimientos de negociación y solución de
controversias con las organizaciones de empleados, en los que se pueden negociar
las condiciones del empleo.

Mencionó que no se demostró un nexo de causalidad entre la presunta transgresión
de derechos laborales y las acciones que ha desplegado o sus funciones, pues no
es la competente respecto a la política en materia criminal y penitenciaria, conforme
a lo establecido en el Decreto 2897 de 2011, modificado por el Decreto 1427 de
2017.

Pidió desestimar la acción, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad y su
falta de legitimación.

El presidente de la República, a través de apoderada, expuso que el
funcionamiento de los establecimientos penitenciarios es propio del INPEC y no
suyo o de la Presidencia de la República, por lo que las decisiones sobre las
personas privadas de la libertad no le competen, a pesar de lo cual, consciente de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

la problemática, ha hecho un seguimiento a los diversos requerimientos efectuados
por la Corte Constitucional en los autos 128 de 2018, 428 de 2020 y 065 de 2023,
por lo que el 7 de junio de 2024 presentó el Decimosexto informe semestral de
seguimiento del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y
carcelaria, extendido a los centros de detención transitoria, en el que se evidencia
su compromiso, por lo que la tutela debe ser denegada.

Refirió que tampoco tiene la facultad para intervenir en las decisiones del INPEC
respecto del sindicato, pues aquel goza de autonomía funcional y administrativa
garantizada en la ley y esa separación de funciones es la que salvaguarda la
independencia y la imparcialidad en el tratamiento de los asuntos atinentes al
sistema penitenciario y asegura el respeto de los derechos fundamentales.

Expresó que carece de legitimación en la causa por pasiva porque no es el
generador de la vulneración de los derechos fundamentales reclamados en la
acción por acción ni omisión.

Solicitó desvincularlo, así como a la Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos de la República, de la acción; declararla improcedente y negar las
pretensiones respecto a la Presidencia.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, por intermedio de
su asesora, indicó que está adelantando la Acción Preventiva IUS E-2023-669-225
/IUC D-2023-324824, mediante la cual realiza seguimiento a los asuntos
relacionados con la prestación del servicio de salud, alimentación y condiciones
físicas en que está la población privada de la libertad en las cárceles de su
competencia (Jamundí, Cali y Palmira).

Manifestó que, pese a lo anterior, tuvo conocimiento de la problemática de
amenazas en contra de servidores del INPEC, incluyendo la cárcel de Buga, por lo
cual inició la Acción Preventiva E-2024-352228 / P-2024-3764106, para realizar
seguimiento a las acciones por parte de la Unidad Nacional de Protección, la
Fiscalía y demás actores institucionales responsables.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

Refirió, de otra parte, que la Procuraduría General de la Nación no vulneró los
derechos del accionante, por lo cual carece de legitimación en la causa y debe
declararse improcedente la tutela. Solicitó su desvinculación.

El departamento del Valle del Cauca, a través de la secretaria de Convivencia y
Seguridad Ciudadana, afirmó que el INPEC tiene la responsabilidad directa de
brindar una solución a la situación narrada por el accionante sobre su personal, el
cual no hace parte de la planta de ese ente territorial.

Agregó que el accionante no tiene legitimación en la causa por activa, ya que no
tiene autorización de las personas privadas de la libertad ni le ha sido conferido
poder y menos aún demostró los requisitos exigidos para actuar en calidad de
agente oficioso.

Señaló que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios es la competente
para gestionar y operar el suministro de bienes y prestación de los servicios y brindar
el apoyo requerido para el adecuado funcionamiento de estos, de acuerdo con los
decretos 2245 de 2015 y 0204 de 2016, por lo que no es la llamada a responder por
lo peticionado por el accionante, y el INPEC es quien tiene la función y
responsabilidad del traslado de los internos, por lo que sus acciones u omisiones no
le son endilgables.

Mencionó que los alcaldes son la primera autoridad de policía del municipio y a ellos
corresponde conservar el orden público, a pesar de lo cual los departamentos
ejercían funciones administrativas de coordinación, complementariedad de la acción
municipal y de intermediación, por lo que suscribió la Ordenanza 492 de 2018, con
el fin de iniciar la construcción de un establecimiento para generar nuevos cupos
carcelarios y así contribuir con la solución de hacinamiento.

Aseveró que durante la ejecución del consejo de seguridad ministerial del 6 de
noviembre de 2020 ofreció $ 500.000.000 de pesos para el proyecto de adecuación
de una bodega como centro de detención transitorio en Cali para disminuir el
hacinamiento en las estaciones de Policía y ha venido entregando elementos de
protección y bioseguridad a los establecimientos carcelarios del departamento.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

Manifestó que está desarrollando una propuesta de construcción o adecuación de
centros de detención transitoria en Cartago, Tuluá, Buga y Palmira par disminuir el
hacinamiento; que en 2022 se convocaron mesas de trabajo con los municipios para
contextualizarlos sobre la importancia de suscribir convenios interadministrativos
con el INPEC, en atención a la Ley 65 de 1993 y que en 2023 se celebraron y
ejecutaron contratos para la implementación de estrategias de convivencia y
seguridad ciudadana.

La Alcaldía de Guadalajara de Buga, por medio del jefe de la Oficina Jurídica del
municipio, indicó que el actor carece de legitimación en la causa por pasiva, debido
a que no logró demostrar una afectación directa e individual de sus derechos
fundamentales, en tanto se limitó a narrar situaciones generales del Sistema
penitenciario y pretende la protección de derechos de carácter colectivo, como las
condiciones generales de aquel.

Precisó que aun cuando el accionante tiene un cargo sindical, ello no le concede
automáticamente la legitimación para instaurar una tutela en nombre de todos los
trabajadores del INPEC, máxime cuando existen otros mecanismos como la
negociación colectiva y las acciones ante la jurisdicción laboral. Añadió que aquel
no acreditó los requisitos necesarios para actuar como agente oficioso de las
personas privadas de la libertad.

Afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva en relación con las
pretensiones del solicitante del amparo, dado que no tiene competencia directa
sobre la administración del sistema penitenciario ni sobre las condiciones laborales
de los funcionarios del INPEC ni existe un nexo causal entre sus acciones y
omisiones y las presuntas vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por
el actor.

Aseguró que existen otros medios más idóneos para resolver la problemática
planteada, como las acciones populares, las de cumplimiento y las administrativas
ante el Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC.

Expresó que la situación de hacinamiento y la administración de los centros de
detención transitoria son responsabilidad primaria del Gobierno Nacional y del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

INPEC, conforme a la Ley 65 de 1993, lo que limita la capacidad de intervención de
los municipios.

Agregó que ha suscrito diferentes contratos, de los cuales resalta el SGM-1300-
1686-2023 del 29 de noviembre de 2023, cuyo objeto fue el de la realización de
obras de adecuación y reparaciones locativas en un CAI del municipio, y ha
celebrado distintos convenios interadministrativos con el INPEC, por lo que ha
buscado garantizar condiciones dignas a la población reclusa, en especial a los
sindicados.

Solicitó, en consecuencia, declarar la improcedencia, negar las pretensiones de la
tutela y desvincularlo del trámite.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, a través del jefe de la
Oficina Asesora Jurídica, afirmó que carece de competencia funcional para realizar
adecuaciones a la infraestructura del Centro de Detención Transitoria, pues ello
corresponde a los entes territoriales, quienes deben atender la creación, fusión o
supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las
personas detenidas preventivamente y condenadas con contravenciones que
impliquen privación de la libertad.

Añadió que al Gobierno Nacional por conducto del INPEC le corresponde la
ejecución de las penas privativas de la libertad y el control de las medidas de
aseguramiento y, subsidiariamente, los entes territoriales, en coordinación con el
INPEC, pueden realizar las funciones de vigilancia de los sindicados en los centros
de reclusión creados desde el orden territorial. Además, los departamentos pueden
crear sus propios centros que para los municipios también lo hagan.

Adujo que el hacinamiento carcelario se reduciría ostensiblemente y se mejorarían
las condiciones de habitabilidad, si los entes territoriales cumplieran su obligación
legal frente a las responsabilidades que les atañen.

Precisó que, en aplicación de los principios de colaboración y coordinación, ha
venido prestando la asesoría y el acompañamiento técnico a los entes territoriales
que lo soliciten para adquirir predios para la construcción de cárceles, adecuación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

de centros transitorios de descongestión o para revisar las condiciones de las
cárceles municipales en aras de su mejoramiento.

Comunicó que al INPEC corresponden las necesidades en materia de
infraestructura, bienes y servicios, quien se las reporta y a partir de ello se
establecen las prioridades, conforme al presupuesto asignado.

Indicó que celebró el Contrato de Obra 271 de 2022 y el de Interventoría 272 de
igual año con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca, con el objeto
de realizar la gerencia integral para el mantenimiento de la infraestructura física de
los establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC regional
Norte, Viejo Caldas, Occidente, Oriente y Noroeste, por lo cual se ejecutan varias
actividades para el EPMSC de Buga.

Sostuvo que su compromiso ha sido absoluto a través de la contratación de obras,
bienes y servicios para el buen funcionamiento de los establecimientos carcelarios
del país, de acuerdo a la priorización de necesidades.

Aseveró que la tutela es improcedente, para ordenar obras de mantenimiento,
máxime cuando no se está ante la configuración de un perjuicio irremediable. Pidió
excluirlo de responsabilidad y desvincularlo de la acción.

El Ejército Nacional, por intermedio del comandante del Batallón de Artillería de
Campaña núm. 3, señaló que dentro de su misionalidad no se encuentra la de
prestar seguridad o protección personal a individuos y/o bienes, como se pretende
en la acción ni mucho menos los aspectos relacionados con la infraestructura,
hacinamiento y derechos presuntamente vulnerados a los funcionarios y personas
privadas de la libertad.

Manifestó que en el Decreto 4065 de 2011 se prevé dentro de las funciones de la
Unidad Nacional de Protección realizar la evaluación de riesgo a las personas que
requieran protección, por lo que estimó que debía vincularse a esa entidad.

El Distrito Especial de Buenaventura, por conducto de la secretaria de Gobierno
y Seguridad Ciudadana, indicó que el interés del accionante recae en el INPEC
CPMS Buga, frente al cual no tiene ninguna injerencia, de conformidad con el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

artículo 15 de la Ley 65 de 1993, según el cual el Sistema Nacional Penitenciario y
Carcelario está integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC y la
USPEC, por lo que no le asiste legitimación en la causa y pidió su desvinculación.

Afirmó, en todo caso, que, con el fin de procurar una mejora frente al hacinamiento,
suscribió el Convenio Interadministrativo 001 del 22 de abril de 2024 con la
Dirección Regional Occidente del INPEC, y se comprometió a buscar un lote para
la construcción del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional de
Buenaventura, lo cual ya efectuó y por lo cual se llevó a cabo reunión con la USPEC
y el INPEC. Añadió que también se individualizó un lote de terreno para el centro de
detención transitorio, el cual cumple con todos los aspectos que establece el uso
del suelo.

Manifestó que continuará aunando esfuerzos con las entidades competentes para
finalizar adecuadamente la materialización y ejecución del proyecto de construcción
del centro de reclusión para personas privadas de la libertad y el centro de detención
transitoria.

La Unidad Nacional de Protección, mediante el jefe de la Oficina Asesora Jurídica,
aseguró que los hechos y pretensiones de la acción no guardan relación con su
función y objeto, pues la finalidad de la acción es que el presidente de la República
y otras entidades intervengan inmediatamente para mejorar las condiciones del
establecimiento penitenciario de Buga, por lo que carece de legitimación en la causa
por pasiva.

Expuso que las medidas de protección que otorga en el marco del programa de
protección que lidera deben agotar la ruta ordinaria prevista en el Decreto 1066 de
2015, por lo cual el accionante o cualquier funcionario del INPEC puede solicitarle
el inicio de aquella y acreditar su calidad dentro de la población establecida en el
artículo 2.4.1.2.6 de esa normativa.

Solicitó su desvinculación o, en su defecto, declarar improcedente la acción ante la
ausencia de derechos fundamentales.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

SENTENCIA IMPUGNADA

El 3 de octubre de 2024 la Sección Primera del Consejo de Estado negó las
solicitudes de desvinculación y declaró i) la carencia actual de objeto por sustracción
de materia frente a los hechos y argumentos expuestos en relación con las personas
privadas de la libertad relativas a los puntos i) ii) iii) iv) y vi), y ii) improcedente la
acción en cuanto a las pretensiones relativas a la protección de los funcionarios del
INPEC.

Sobre las peticiones relativas a la falta de legitimación en la causa por pasiva,
precisó que la Procuraduría General de la Nación, el departamento del Valle del
Cauca, el municipio de Guadalajara de Buga, la USPEC, el Distrito Especial de
Buenaventura, el EPMSC de Buga y la fueron vinculados en calidad de terceros
porque podían verse afectados con la decisión que se adoptaría. Respecto a la
Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, al
presidente de la República y a los ministerios de Justicia y del Derecho y del Trabajo,
aclaró que frente a ellas se elevaron suplicas directas.

Posteriormente, analizó la legitimación del accionante y determinó que aquel tiene
la calidad de presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios
Subdirectiva Buga SEUP SI y actúa en nombre propio y en defensa de los derechos
de los funcionarios del EPMSC Buga, por lo que podía instaurar la acción para ese
efecto. Además, consideró que cuando el agente oficioso actúa en defensa de
personas privadas de la libertad los requisitos deben valorarse de forma flexible y
en la tutela el solicitante manifestó esa condición y aquellos fueron caracterizados
y agrupados como adultos mayores, sin nivel de estudios y sin educación primaria
o secundaria, por lo que se cumplían los requisitos para que el peticionario actuara
en esa condición.

Respecto al fondo del estudio, advirtió que un asunto similar fue abordado por la
Sección Cuarta de la corporación en la sentencia del 7 de marzo de 2024 dictada
en otra acción de tutela instaurada por el hoy accionante (proceso 2023-06506-00),
como presidente del sindicato y agente oficioso de las personas privadas de la
libertad, pronunciamiento en el que se accedió al amparo solicitado. Precisó que, si
bien no existía exacta identidad entre los sujetos y pretensiones de cada proceso,
lo cierto es que guardaban similitud suficiente para evidenciar que no se planteaba

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

ni probaba la existencia de un nuevo escenario de vulneración de derechos
fundamentales que validara un nuevo estudio, por lo que no había lugar a otro
pronunciamiento.

Concluyó que, debido a que lo planteado fue atendido por la Sección Cuarta y no
había nuevo objeto jurídico sobre el cual se pudiera adoptar una decisión, se
configuraba la carencia actual de objeto por sustracción de materia. Agregó que, si
lo pretendido es impulsar el cumplimiento, podía hacerse uso del incidente de
desacato.

Determinó, entonces, que la tutela se limitaba al argumento sobre la vulneración de
los derechos fundamentales de los funcionarios del EPMSC Buga por falta de
seguridad, pero frente a ello existía otra herramienta para que se les asignaran
medidas de protección si habían sido objeto de amenazas que generaran una
situación de riesgo por las actividades que realizaban, como lo era el procedimiento
contenido en el Decreto 4912 de 2011, compilado en el Decreto 1066 de 2015.

Añadió que en el proceso se demostró que el INPEC ha adoptado medidas
preventivas para la protección del personal de custodia y el accionante, en cambio,
no probó haber iniciado el trámite para activar la ruta de protección ni alega que esto
no resulte idóneo o eficaz para lograr la protección pretendida ni la configuración de
un perjuicio irremediable.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia, para lo cual sostuvo que actualmente existe
una gravedad y urgencia por la violencia que se presenta en el territorio y aludió al
atentado terrorista en el Cauca, donde murieron dos guardianes del INPEC y dos
privados de la libertad y, al asesinato de otro funcionario de ese Instituto en una vía
pública de Bucaramanga.

Adujo que en la decisión de primera instancia no se brindó una protección efectiva
a su vida e integridad, pese a que ha sido víctima de amenazas graves y constantes,
pues no se ordenó su traslado inmediato para proteger su vida y labor sindical, pese
a lo señalado en las sentencias Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú,
Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, T-590/98 y T-1026/02 y los convenios 87 y 98

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

de la OIT, en el sentido de que los estados deben adoptar medidas eficaces y
razonables para proteger a los defensores de derechos humanos y líderes
sindicales en riesgo.

Expuso que han transcurrido 20 años desde la expedición de la Sentencia T-025/04,
en la que se declaró un estado de cosas inconstitucional frente a la vulneración
masiva y sistemática de derechos en las cárceles de Colombia y el Sistema
Penitenciario continúa presentando las mismas deficiencias, como lo son el
hacinamiento, la falta de personal y la sobreexplotación laboral, de lo cual es un
reflejo claro el establecimiento de Buga, en el que se continúa recibiendo población
sindicada, sin que se mejoren sus condiciones de infraestructura y personal.

Que no se ha analizado suficientemente la problemática estructural, en especial la
solicitud de suspensión de los convenios interadministrativos que permiten la
recepción de más privados de la libertad en condiciones indignas, lo cual perpetúa
la crisis carcelaria y la sobrecarga laboral de los funcionarios del INPEC, frente a lo
cual se requiere la creación de 5.332 empleos administrativos y 4.476 del cuerpo de
custodia y vigilancia.

Agregó que con el Proceso de Selección 1357 de 2019 llegaron 1.300 empleos,
pero se pierde un gran número de provisionales, lo que implica las mismas falencias,
máxime cuando existe un 20 % de sobreocupación en las instalaciones del INPEC,
lo que se agrava por la gestión de convenios con municipios, quienes únicamente
aportan un 10 % del monto necesario para cada privado de la libertad y en muchos
casos ofrecen solamente un sobresueldo del 20 % del porcentaje anterior.

Indicó que los funcionarios muchas veces aceptan esas condiciones porque sus
salarios básicos son insuficientes, lo que ha llevado implícitamente a una
esclavización, en la cual muchos organismos e instituciones se convierten en
cómplices.

Refirió que la transferencia de la población sindicada desde los municipios ha
provocado un hacinamiento que ha llevado a la inconstitucionalidad tanto para los
privados de la libertad como para los funcionarios y ha generado problemas graves
de corrupción, de salud física y mental y de ataques entre los propios empleados.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

Aseveró que en los últimos 20 meses el INPEC ha registrado aproximadamente 18
funcionarios asesinados, sin contar las más de 500 amenazas y desplazamientos
forzados que han sufrido sus compañeros, riesgo que no se refleja salarialmente
para los administrativos y el cuerpo de custodia y vigilancia, lo que denota otra forma
de normalización de violencia en contra de aquellos y el trato desigual respecto de
otros cargos en distintas entidades, como la DIAN, la Aeronáutica Civil o los
ministerios. Agregó que deberían tener derecho a una pensión especial de vejez.

Aludió al mal estado de la infraestructura de las instalaciones del INPEC, como lo
es el caso de Buga, donde se presenta un problema de corrupción en la
construcción de una estructura contigua que ahora está en desuso, pues podría
generar graves problemas estructurales y dañar la anterior.

Afirmó que las propuestas de proyectos de ley están orientadas a transferir un
mayor número de privados de la libertad al INPEC desde los municipios, lo cual
sugiere la formalización de convenios, lo que, a su juicio, implicaría una forma de
fraude para los trabajadores del INPEC, a quienes la sobrecarga no solo los afecta
por la cantidad de trabajo adicional, sino también por el aumento en el número de
privados de la libertad que deben ser gestionados, el cual aumentaría en un 40 %,
sin un incremento proporcional del salario.

Mencionó que su solicitud original también incluyó la revisión del Proyecto de Ley
210 que pretende alinear las políticas penitenciarias con el Plan Nacional de
Desarrollo 2022-2026, cuya falta de implementación perpetúa la crisis laboral y
penitenciaria y la sobreexplotación laboral, pese a lo cual no fue examinado.

Manifestó que la falta de respuesta de las entidades estatales frente a las amenazas
recibidas por él y otros funcionarios del INPEC implica una prolongada omisión de
sus deberes constitucionales, lo que se agrava ante la falta de coordinación de los
entes territoriales para gestionar adecuadamente los problemas de infraestructura
y personal en el INPEC de Buga. Añadió que ha solicitado un centro de atención
inmediata frente a las condiciones de seguridad de la cárcel y no hay
pronunciamiento sobre ello.

Solicitó revocar la decisión de primera instancia, pues no se consideraron
suficientemente los hechos y fundamentos expuestos y la crisis continúa; suspender

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

los convenios interadministrativos que permiten la recepción de más población
sindicada en el INPEC de Buga hasta que se mejoren las condiciones, conforme a
la Sentencia T-025/04 y sus autos de seguimiento; y ordenar la revisión y pronta
implementación de proyectos de ley, garantizando su alineación con el Plan
Nacional de Desarrollo y el respeto a los derechos de los funcionarios y privados de
la libertad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) Generalidades de la acción de tutela y II) caso concreto.

I. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada en el Decreto 2591 de 1991 como un mecanismo de defensa judicial
para que cualquier persona pueda reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente, sumario, expedito y subsidiario, la salvaguarda inmediata
de sus derechos fundamentales cuando fueren amenazados o vulnerados por una
autoridad pública o por un particular, en los casos previstos en la ley.

Así, el propósito específico de este medio es brindar a las personas una protección
eficaz y actual, pero supletoria, de sus derechos fundamentales, cuando los mismos
no puedan ser defendidos a través de los recursos que ofrece el ordenamiento
jurídico para cumplir este fin específico.

II. Caso concreto

En síntesis, el recurrente afirmó que i) no se ha ordenado su traslado inmediato,
pese a que es víctima de amenazas; ii) el Sistema Penitenciario y Carcelario
continúa presentando las mismas deficiencias advertidas en la Sentencia T-025/04,
como lo son el hacinamiento, la falta de personal y la sobreexplotación laboral,
especialmente en el Establecimiento de Buga, en el que se continúa recibiendo
población sindicada, sin que se mejoren sus condiciones de infraestructura y
personal; iii) deben suspenderse los convenios interadministrativos que permiten la
recepción de más privados de la libertad en condiciones indignas, pues ello

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

contribuye con el hacinamiento y la sobrecarga laboral; iv) debe garantizarse la
seguridad de los funcionarios del INPEC; v) debe revisarse el Proyecto de Ley 210
de 2023, pues su falta de implementación perpetúa la crisis laboral y penitenciaria;
y vi) las propuestas de proyectos de ley están orientadas a transferir un mayor
número de privados de la libertad al INPEC desde los municipios, lo que
incrementaría la sobrecarga laboral.

A esta Sala corresponde, entonces, en primer lugar, verificar si en el asunto se
configura la carencia actual de objeto por sustracción de materia respecto a la
solicitud de protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de
la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad
de Buga.

El señor Cristhian Felipe Salinas Cruz instauró una acción de tutela previa, a la cual
se le asignó el radicado 2023-06506-00/01, en la que alegó la vulneración de sus
derechos fundamentales y de quienes estaban privados de la libertad en dicho
Establecimiento, para lo cual invocó las malas condiciones de la infraestructura de
este, puntualmente del edificio administrativo, de un muro perimetral y de un parque
automotor; el hacinamiento en las celdas debido a una construcción que inició en el
2013 para la ampliación del lugar, a raíz de lo cual se eliminaron varias áreas de
resocialización; la falta de continuidad de dicha obra; la falta de herramientas del
personal del INPEC; la sobrecarga laboral de estos ante el déficit de personal; las
cotizaciones a pensión de los funcionarios en indebida forma y la indebida
retribución salarial de estos.

La Sección Cuarta de esta corporación, a quien le correspondió el proceso por
reparto, evidenció una vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la salud y al trabajo del allí accionante por el deterioro de la
infraestructura que a su vez generaba un problema de hacinamiento y a las malas
condiciones en las que debía desarrollar sus labores; en relación con el primer
aspecto determinó que la obra de ampliación prevista en el EPMSC Buga estaba
detenida y la estructura presentaba distintos problemas, pese a la existencia de
contratos que, en principio, permitirían superar esas situaciones.

De otra parte, esa autoridad judicial aclaró que las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento de prestaciones de carácter laboral no son procedentes en el marco

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

de la tutela, pues para ello deben adelantarse los trámites administrativos y
judiciales ante las autoridades competentes, por lo cual frente a ese aspecto declaró
improcedente la acción.

En relación con la transgresión ius fundamental encontrada decidió:

«2. Ordenar al INPEC y a la USPEC que de manera coordinada elaboren, en
un término no mayor a 30 días, un plan de acción que permita atender las
necesidades de infraestructura del EPMSC Buga, ya sea con la efectiva
ejecución de los contratos vigentes para el mantenimiento o con otros
proyectos que se encaminen a ese propósito. Del anterior plan deberán
informar al director de la EPMSC Buga, que, a su vez, tendrá a su cargo
continuar rindiendo los informes a esas autoridades respecto a las
problemáticas que se presenten en el centro carcelario.

3. Ordenar a la INPEC y la USPEC que, dentro de los seis meses siguientes
a la notificación de esta sentencia, implementen acciones de mejoramiento en
materia de proyectos de resocialización.

4. Ordenar al Centro Penitenciario y Carcelario EPMSC Buga, al INPEC y a la
USPEC, que adelanten las gestiones necesarias para acoger en su totalidad
las recomendaciones otorgadas por Positiva Compañía de Seguros S.A. en el
Informe técnico de inspección de seguridad a los puestos de trabajo e
instalaciones físicas de EPMSC Buga, del 22 de septiembre de 2023.

5. Ordenar al defensor del pueblo Regional Valle del Cauca que, dentro de los
dos meses siguientes a la notificación de esta providencia, realice
acompañamiento a cada una de las órdenes impartidas en la presente
providencia través de visitas de inspección en las que haga verifique el estado
del EPMSC Buga, específicamente frente al tema de infraestructura.

6. Ordenar al INPEC, la USPEC y al Centro Penitenciario EPMSC Buga que,
transcurrido el término de 8 meses, envíen informe de cumplimiento con
destino a este proceso.

7. Declarar improcedente la acción de tutela respecto de la solicitud de
modificación de sobresueldo e incrementos de los aportes pensionales, por lo
expuesto en esta providencia.

8. Denegar las pretensiones relativas a la renovación del parque automotor,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

9. Remitir copia de la presente decisión a la Contraloría General de la
República y Procuraduría General de la Nación para que, en el ámbito de sus
competencias, evalúen si existe mérito para adelantar las investigaciones que
estimen pertinente en la materia».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

La decisión transcrita permite apreciar que varias de las situaciones alegadas por el
hoy accionante se encuentran salvaguardadas en ella, como son: la infraestructura
del EPMSC de Buga, el hacinamiento, los proyectos de resocialización de las
personas privadas de la libertad y la seguridad de los puestos de trabajo.

En ese orden de ideas, le asiste razón a la Sección que conoció la primera instancia
al determinar que no se configuró el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, en
la medida que no existe una identidad exacta de hechos y pretensiones, puesto que
las razones que fundamentaron esa tutela se basaron en situaciones concretas que
no se alegaron en la actual, como el deterioro de un muro perimetral, la ampliación
del EPMSC de Buga, la suspensión de esta, el estado del parque automotor, entre
otras.

Sin embargo, sí se presenta la carencia actual de objeto por sustracción de materia,
en cuanto a los aspectos señalados, pues cualquier orden que este juez
constitucional pudiera dictar sobre el particular sería inocua, en tanto esas
situaciones que dieron lugar a la vulneración ya se encuentran solventadas en las
órdenes de amparo transcritas, y en caso de que el accionante considere que se
han incumplido, puede formular incidente de desacato, con el fin de que las
autoridades sobre las que recayeron aquellas acaten lo allí impuesto.

Se comparte también la posición de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
consistente en que la parte accionante y cualquier funcionario del INPEC que estime
que está en una situación de riesgo por el ejercicio de sus funciones puede
adelantar el proceso ordinario del programa de protección de que trata el Decreto
4912 de 2011, para lograr la adopción de medidas de salvaguarda a su favor,
máxime cuando en la acción de la referencia no se pone de presente una
circunstancia concreta de algún miembro que evidencie un peligro inminente que no
permita adelantar el trámite respectivo, por lo cual frente a este supuesto se
confirmará la decisión recurrida.

Ahora bien, el accionante también alegó que el Sistema Penitenciario y Carcelario
continúa presentando las mismas deficiencias advertidas en la Sentencia T-025/04,
como lo son el hacinamiento, la falta de personal y la sobreexplotación laboral,
especialmente en el Establecimiento de Buga.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

Al respecto, debe precisarse, en primer lugar, que en el pronunciamiento referido
se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la
población desplazada, por lo que se entiende que el actor pretendía aludir a la
Sentencia T-153/98 mediante la cual se declaró dicho estado en las cárceles, y a
las decisiones posteriores (T-388/13, T-762/15 y SU-122/22) sobre la materia.

Aclarado ello, se advierte que el cumplimiento de las órdenes allí dadas debe
efectuarse a través de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico, como
el incidente de desacato; además, corresponde a la Corte Constitucional realizar su
seguimiento, con el fin de estudiar los avances logrados en atención a lo ordenado,
por lo que no resulta procedente verificar en esta sede el acatamiento de lo allí
dispuesto.

Ahora, sobre la revisión del Proyecto de Ley 210 de 2023 esta Subsección evidencia
que, según consta en la página del Senado de la República y fue informado por este
en la contestación, fue archivado por no haberse discutido ponencia para primer
debate, lo cual es acorde al artículo 162 de la Constitución. Siendo de esta forma,
sobre este desacuerdo también se configura la carencia actual de objeto por
sustracción de materia, en la medida que carece de eficacia emitir un
pronunciamiento sobre lo pretendido por el accionante respecto a un proyecto que
se encuentra archivado y mucho menos puede pretenderse ordenar su desarchivo
y revisión o la radicación de uno nuevo, pues ello desconocería las competencias y
trámites fijados en la Constitución, concretamente, en el artículo 154 y siguientes.

El actor adujo que las propuestas de proyectos de ley están orientadas a transferir
un mayor número de privados de la libertad al INPEC desde los municipios, lo que
incrementaría la sobrecarga laboral; no obstante, no especificó a que proyectos
concretos hace referencia y, en todo caso, la acción de tutela es improcedente para
ese efecto, como se expuso en precedencia.

Finalmente, se precisa que no resulta procedente, con el fin de frenar el
hacinamiento, suspender, por esta vía, convenios interadministrativos celebrados
por el INPEC con entes territoriales, con el fin de evitar la remisión de sindicados al
EPMSC Buga, pues ello no solucionaría el hacinamiento alegado por el accionante,
el cual no puede verse de manera aislada, esto es, solamente respecto a ese

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

Establecimiento, pues se trata de una problemática general en las cárceles y centros
de detención transitoria, como lo definió la Corte Constitucional, al declarar el estado
de cosas inconstitucional. Además, ello generaría un desorden institucional que
afectaría la materialización de las medidas de aseguramiento privativas de la
libertad.

De allí que el seguimiento que realiza el máximo tribunal constitucional en el marco
de las sentencias previamente referenciadas y la verificación del cumplimiento de
las órdenes de tutela impuestas por la Sección Cuarta de esta corporación resulten
ser más apropiadas para lograr la salvaguarda de los derechos fundamentales de
quienes se encuentran privados de la libertad.

De otra parte, se aclara que, si bien el accionante alegó que se vulneraron sus
derechos fundamentales porque el INPEC le negó un traslado, lo cierto es que no
discutió las razones que llevaron a esa decisión, sino que se limitó a aseverar que
dicha denegación constituyó una transgresión, sin embargo, no allegó prueba
alguna que permita verificar los supuestos fácticos alegados, por lo cual no hay lugar
a efectuar un análisis sobre el particular. En todo caso, como se expuso, si el actor
considera que está ante algún tipo de amenaza, puede realizar el procedimiento
ordinario del programa de protección de la UNP.

Por último, frente a la pretensión de creación de un centro de atención inmediata,
se observa que el accionante soporta esa petición en dos lamentables hechos de
violencia ocurridos en la zona, pero no acreditó que actualmente se presente una
situación concreta de riesgo frente algún funcionario que amerite dicha
construcción, la cual, en todo caso, no corresponde definir a este juez constitucional
conforme a su competencia.

En consecuencia, se confirmará la sentencia del 3 de octubre de 2024 proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado y adicionarla, para i) negar el amparo
respecto a la pretensión de suspensión de convenios interadministrativos y la
negativa de traslado, ii) declarar la carencia actual de objeto por sustracción de
materia en cuanto a la solicitud de revisión del Proyecto de Ley 210 de 2023 y iii)
declarar improcedente la acción respecto al cumplimiento de las órdenes dictadas
por la Corte Constitucional respecto al Sistema Penitenciario y Carcelario.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 3 de octubre de 2024 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Adicionar la sentencia recurrida, en el sentido de i) negar el amparo
respecto a la pretensión de suspensión de convenios interadministrativos y la
negativa del traslado del accionante, ii) declarar la carencia actual de objeto por
sustracción de materia en cuanto a la solicitud de revisión del Proyecto de Ley 210
de 2023 y iii) declarar improcedente la acción respecto al cumplimiento de las
órdenes dictadas por la Corte Constitucional respecto al Sistema Penitenciario y
Carcelario.

Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 10 9- 0 1

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.