Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04115-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04115-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04115-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
19 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04115 00
Demandante: Fundación Defensa de la Información Legal y Oportuna - DILO
Colombia
Demandado: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil
Temas: Derechos fundamentales de la ciudadanía al orden constitucional y
separación de poderes en conexidad con el derecho fundamental
al debido proceso y la garantía del juez natural
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la Fundación Defensa de la
Información Legal y Oportuna - Dilo Colombia, en contra de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, en aras de obtener la protección de los
«derechos fundamentales de la ciudadanía al orden constitucional y separación de
poderes en conexidad con el derecho fundamental al debido proceso y la garantía del
juez natural del señor presidente de la República».
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la mencionada fundación solicitó que se amparen los derechos fundamentales de la
ciudadanía al orden constitucional y separación de poderes en conexidad con el
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derecho fundamental al debido proceso y la garantía del juez natural del
presidente Gustavo Francisco Petro Urrego.
Como consecuencia, la accionante elevó las siguientes pretensiones: i) Principal.
Ordenar al Consejo de Estado que remita por competencia a la Corte Constitucional
el conflicto positivo de competencias suscitado entre el Consejo Nacional Electoral (en
adelante CNE) y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes; y ii) Subsidiaria. Decidir el mencionado conflicto con sujeción a los
artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política, 21 de la Ley 996 de 2005, la Ley
5 de 1992 y demás normas relacionadas con el procedimiento de investigación y
acusación del presidente de la República por parte de la Cámara de Representantes.
1.1.2. Los hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló:
i) El 2 de febrero de 2023, el CNE recibió una queja anónima por presuntas
irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de la coalición del Pacto
Histórico.
ii) El 6 de junio de 2023, el CNE recibió comunicación de la Comisión de Investigación
y Acusación de la Cámara de Representantes, mediante la cual le trasladó las
denuncias presentadas por algunos ciudadanos, relacionadas con los mismo hechos.
iii) El 10 de agosto de 2023, el CNE acumuló ambos expedientes.
iv) El 8 de mayo de 2024, según lo informaron medios de comunicación, el CNE imputó
cargos al presidente de la República.
v) El 16 de mayo de 2024, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes, en el marco del proceso 5914, que venía adelantando desde el 15
de marzo de 2023, en contra del presidente de la República, por presuntas
irregularidades ocurridas durante la campaña, requirió al CNE para que remitiera todos
los procesos que adelantaba en su contra y agregó que, en caso de no aceptar tal
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solicitud, «se propone el conflicto positivo de competencia ante la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado».
vi) El 20 de mayo de 2024,1 la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto
de ponente, «estableció un requisito de procedibilidad para que la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes pudiera iniciar el proceso
de pérdida de investidura de señor Presidente de la República: La investigación
administrativa por parte del CNE y el resultado positivo en la violación de topes de
financiación de las campañas».
vii) Dicho entendimiento fue acogido por la Sala de Consulta y Servicio Civil, al dirimir
el conflicto positivo de competencias que se suscitó entre el CNE y la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes; sin embargo, se trata de
una conclusión contraria al ordenamiento superior.2
1.1.3. Fundamentos de derecho
En el escrito de tutela se invocan como vulnerados los artículos 29, 174, 175, 178, 235
y 241 de la Constitución Política; 21 de la Ley 996 de 2002 y la Ley 5 de 1992.
En los fundamentos de derecho, DILO Colombia expresó lo siguiente:
i) En este caso no nos encontramos ante un conflicto positivo de competencias
administrativas, sino ante un conflicto entre jurisdicciones, por cuanto el CNE hace
parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes pertenece a la jurisdicción
ordinaria, debido a que actúa como autoridad judicial cuando sanciona e investiga al
presidente de la República.
ii) La Sala de Consulta y Servicio Civil carecía de competencia para definir a cuál
organismo le correspondía investigar la campaña presidencial del señor Gustavo
Francisco Petro Urrego, ya que solamente la Corte Constitucional puede dirimir los
conflictos de jurisdicciones, al tenor del artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.
1 Radicado 11001-03-28-000-2024-00144-00.
2 Radicado 11001-03-06-000-2024-00343-00.
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iii) El presidente de la República goza de un fuero especial, de modo que únicamente
el Congreso está revestido de facultades para investigarlo y sancionarlo. Inicialmente,
la Rama Legislativa adelanta un juicio político y luego la Corte Suprema realiza un
juicio penal.
iv) El fuero de los altos dignatarios no es un privilegio personal, sino una garantía
institucional. A su turno, el principio del Juez natural es un componente del derecho
fundamental al debido proceso.
v) El CNE es competente para investigar y sancionar una campaña presidencial
ganadora, por lo que puede sancionar y multar al partido, al movimiento, al gerente y
al auditor, pero de ninguna manera está facultado para investigar, formular cargos y
sancionar al presidente de la República.
vi) En el sub lite se cumple con el presupuesto de legitimación en la causa por activa,
en virtud de los siguientes razonamientos:
Como ciudadanos colombianos, amparados por la Constitución y las leyes de la
República, en ejercicio del derecho fundamental del debido proceso y la garantía al juez
natural y en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales que garantizan de
forma general la protección de los derechos fundamentales, nos encontramos
facultados para interponer la presente acción de tutela con el fin de garantizar el respeto
y la protección de los derechos fundamentales del Presidente de la República, así como
para preservar el orden constitucional y la separación de poderes […].
Por lo anterior, el riesgo cierto de la violación de los derechos fundamentales del
Presidente de la República por parte del Consejo de Estado al conocer un conflicto
positivo de competencias para el que no es competente y avalar las investigaciones que
adelante el CNE en contra del alto mandatario cuando exceden su competencia debido
al fuero constitucional que ampara al Dr. GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, tienen
implicaciones significativas para los ciudadanos colombianos […].
La violación de los derechos fundamentales del Presidente de la República por parte del
Consejo de Estado tiene consecuencias que van más allá de la esfera política, pone en
riesgo los principios democráticos, la estabilidad institucional y el bienestar de todos los
ciudadanos colombianos. Por lo tanto, es crucial defender el Estado Social de Derecho
y garantizar que todas las instituciones actúen dentro de los límites de sus
competencias, respetando los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
1.2. Actuación procesal
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1.2.1. Mediante auto del 13 de agosto de 2024, el consejero ponente
inadmitió la acción de tutela con el fin de que se precisara su objeto y se cumplieran
los requisitos formales para la admisión.
1.2.2. Una vez acatado lo anterior, por auto del 27 de agosto de 2024, se dispuso lo
siguiente: a) admitir la acción de tutela; b) negar la medida cautelar solicitada; c)
notificar a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al CNE y a la
Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes; y d) requerir
a la referida Sala el expediente del conflicto positivo de competencias, con radicado
11001 03 06 000 2024 00343 00.
1.3. Contestación
1.3.1. Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
La presidenta de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado solicitó
que se niegue el amparo, con fundamento en las razones que se exponen a
continuación:
i) Se incumple con el requisito de subsidiariedad, habida cuenta que la acción de tutela
pretende reabrir un debate zanjado con el pronunciamiento que resolvió el conflicto
de competencias, el cual tiene carácter vinculante y carece de recursos. De tal forma,
la tutela no puede interponerse como un recurso extraordinario de dicha determinación
y mucho menos cuando, por su naturaleza, no contiene una decisión definitiva, sino
que «brinda claridad sobre las competencias de las autoridades involucradas, de
conformidad con lo establecido en la Carta Política y en las disposiciones legales
sobre la materia y se habilita la continuidad de las respectivas actuaciones
subsiguientes; en el marco de las cuales las personas directamente afectadas podrán
ejercer los derechos de defensa y contradicción que les son propios».
ii) La decisión adoptada por la Sala no concluyó la actuación administrativa o judicial
correspondiente y, por ende, no tiene la potencialidad de lesionar los derechos ahora
invocados.
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iii) La Fundación DILO Colombia carece de legitimación en la causa por
activa, toda vez que no es titular de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados ni se encuentran probados los requisitos de la agencia oficiosa. En efecto,
la parte actora «no puede solicitar, en nombre de la institucionalidad del país, la
protección de derechos fundamentales de terceros, aun cuando se trate de
funcionarios públicos, sin acreditar, su representación legal o que se cumplan los
requisitos para actuar como agente oficioso».
iv) Contrario a lo afirmado por la accionante, el auto que expidió la Sección Quinta del
Consejo de Estado no condicionó la decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil,
pues esta última ejerció sus funciones de manera autónoma e independente.
v) La Corte Constitucional ha indicado que la Sala de Consulta y Servicio Civil es la
llamada a dirimir un conflicto de competencias que involucra a una autoridad judicial
y a otra administrativa. Esta regla opera en el sub lite porque, de conformidad con el
artículo 13, numeral 1, de la Ley 270 de 1996, la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de Representantes debía ejercer una función jurisdiccional,
mientras que el CNE cumplía una función administrativa.
vi) Existe una carencia actual de objeto porque el conflicto de competencias ya fue
dirimido y tal determinación obedeció a las normas constitucionales y legales
aplicables.
1.3.2. Consejo Nacional Electoral - CNE
La Oficina Jurídica del CNE se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la acción
de tutela, en estos términos:
i) El mecanismo de amparo incumple con el presupuesto de legitimación en la causa
por activa, debido a que la Fundación DILO Colombia no tiene la calidad de titular o
representante del titular de los derechos invocados y tampoco demostró actuar como
agente oficioso o representante del Ministerio Público.
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ii) También se contraviene el requisito de subsidiariedad, «teniendo en
cuenta que, si lo pretendido es la garantía del debido proceso frente al trámite de un
conflicto de competencias, se vislumbra que la causa petendi pareciera ser promovida
por un sujeto procesal de la actuación administrativa que cursa ante el CNE bajo el
expediente CNE-E-DG-2023-002164 en cual se valora la presunta vulneración al
régimen de financiación de la campaña presidencial de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO,
por cuanto se evidencia que el accionante inexplicablemente conoce a cabalidad el
proceso en mención, a tal punto de referir cronológicamente lo acontecido y citar la
foliatura propia del plenario al que solamente tienen acceso las partes y/o sus
apoderados, aspecto frente al cual llama la atención esta Autoridad Electoral y de lo
cual se advierte un actuar irregular y dilatorio ante la administración de justicia, toda
vez que los sujetos procesales disponen de otros medios de defensa para
pronunciarse y controvertir las decisiones que en derecho se adopten».
iii) Existe una carencia actual de objeto que impide emitir una sentencia de mérito,
porque el Consejo de Estado, actuando dentro del marco de sus competencias, se
pronunció sobre el conflicto que la tutelante pretendía remitir a la Corte Constitucional.
Igualmente, se dejó claro que los procesos penales o disciplinarios a cargo del
Congreso de la República no desplazan la competencia administrativa del CNE como
órgano autónomo e independiente dentro de la estructura estatal.
iv) El CNE ejerce inspección, vigilancia y control en todas las contiendas electorales
para proteger el escenario democrático. Para ello, debe velar por el correcto
financiamiento de las campañas presidenciales e imponer las sanciones
administrativas a que haya lugar.
1.3.3. El secretario de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes sostuvo que recibió la providencia que admitió la presente acción de
tutela, por lo que la Comisión «se da por enterada del contenido del auto» y «se
procedió a comunicar a cada uno de los Honorables Representantes para lo de su
competencia».
1.4. Intervenciones
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1.4.1. El abogado Mauricio Pava Lugo presentó escrito de intervención
en el cual informó que actuaba como apoderado del señor Gustavo Francisco Petro
Urrego, quien acudía como tercero con interés. Para el efecto, se allegó un poder
dirigido a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes,
en el cual el ciudadano facultó al profesional del derecho «para que asuma mi
representación en las investigaciones y/o procesos judiciales penales que se
adelanten por asuntos relacionados con la financiación de mi campaña electoral a la
Presidencia de República de Colombia para el periodo 2022-2026».
Sin embargo, el mandatario no aportó el poder especial para actuar en esta acción,
pese a que la Corte Constitucional ha expresado que debe cumplirse con tal exigencia.
Al respecto, se ha indicado que dicho poder debe ser especial, es decir, que se
confiere para la protección y defensa de los derechos fundamentales en un caso
específico y no para la promoción de diferentes actuaciones jurisdiccionales.3
En consecuencia, no puede tenerse en cuenta el escrito de intervención, dado que no
acredita el mandato requerido.
1.4.2. El señor José Manuel Abuchaibe Escolar, actuando en nombre propio y como
tercero interesado, expresó que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado tenía competencia para dirimir el conflicto de competencias que se suscitó
entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes para investigar el financiamiento de la campaña del ahora presidente
de la República.
El interviniente agregó que la Fundación DILO Colombia carecía de legitimación en la
causa para promover la acción de tutela, comoquiera que no alega la vulneración de
un derecho fundamental propio.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
3 Ver Sentencias T-550 de 1993, T-531 de 2002, T-024 de 2019, T-292 de 2021, T-202 de 2022, T-066 de 2024 y T-250 de 2024.
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El numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 de 2021, dispone que «las acciones de tutela dirigidas
contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas para su
conocimiento en primera instancia a la misma Corporación, y se resolverá por la Sala
de Decisión, Sección o Subsección que corresponda, de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4.». Al tenor de dicha norma, esta
Sala de decisión es competente para conocer del presente asunto.
2.2. Problema jurídico
En primer lugar, la Sala deberá estudiar si la acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedencia y, en caso afirmativo, se analizará si la Sala de Consulta y
Servicio Civil vulneró los derechos fundamentales de la ciudadanía al orden
constitucional y separación de poderes en conexidad con el derecho fundamental al
debido proceso y la garantía del juez natural del presidente Gustavo Francisco Petro
Urrego, todo ello en el marco del conflicto positivo de competencias que se suscitó
entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes.
2.3. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un
mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por objeto
garantizar la «protección inmediata de los derechos fundamentales» de los
ciudadanos, a través de un «procedimiento preferente y sumario».
La Corte Constitucional, conforme al Decreto 2591 de 1991, ha explicado que los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela son los siguientes: i)
legitimación en la causa, ii) inmediatez y iii) subsidiariedad. A su vez, el cumplimiento
de estos requisitos de procedencia es una condición inexorable para que el juez de
tutela pueda resolver de fondo la controversia puesta a su consideración.4
4 Ver sentencia T-010 de 2023.
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A continuación, la Sala examinará si la presente solicitud de tutela satisface dichas
exigencias.
2.3.1. Legitimación en la causa
Respecto a la legitimación en la causa por activa, el artículo 86 de la Constitución
Política dispone que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces […], por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales».
Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 señala que el recurso de amparo
puede ser presentado i) a nombre propio, ii) mediante representante legal, iii) a través
de apoderado judicial o iv) por medio de agente oficioso.
A partir de estos supuestos, la Corte Constitucional ha concluido que «el requisito
general de procedibilidad de legitimación en la causa por activa exige que la acción
de tutela sea ejercida, bien sea directa o indirectamente, por el titular de los derechos
fundamentales5, es decir, por quien tiene un interés sustancial “directo y particular” 6
respecto de la solicitud de amparo».7
En orden a verificar si en este caso se cumple con el requisito de legitimación en la
causa por activa, la Sala analizará las tres actuaciones de las autoridades
involucradas en el sub lite, a saber: i) el CNE, en el marco de la investigación del
financiamiento de las campañas presidenciales; ii) la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de Representantes, en lo que atañe al juicio por indignidad
del presidente de la República; y iii) la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, en lo concerniente a la resolución de conflictos de competencias.
5 Corte Constitucional, sentencias T-697 de 2006, T-176 de 2011, T-279 de 2021, T-292 de 2021, T-320 de 2021, y T-335 de
2022.
6 Corte Constitucional, sentencias T-176 de 2011, T-320 de 2021 y T-335 de 2022.
7 Ver sentencia T-010 de 2023.
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De este modo, se estudiará el tipo de decisiones que emite cada una de las
mencionadas autoridades dentro de su ámbito de competencias, con miras a dilucidar
si tienen repercusiones individuales o generales, pues ello es determinante al
momento de analizar quiénes son los sujetos legitimados para cuestionarlas.
2.3.1.1. Consejo Nacional Electoral - CNE
La Constitución Política, en sus artículos 264 y 265, clasificó el CNE como una
autoridad electoral, compuesto por 9 miembros, elegidos por el Congreso de la
República en pleno, para un período institucional de 4 años, quienes serán servidores
públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades,
incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y
podrán ser reelegidos por una sola vez.
Dicho órgano se encarga de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad
electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de
ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el
cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden. Además, goza de
autonomía presupuestal y administrativa.
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han examinado exhaustivamente la
naturaleza del CNE y sus funciones. De estos análisis se destacan las siguientes
conclusiones:8
i) El CNE es un órgano constitucional, autónomo, independiente y determinante de la
identidad del Estado colombiano, pues el constituyente le concedió un rol fundamental
de cara a la regulación y protección de la función electoral.
8 Ver las siguientes sentencias:
• Del Consejo de Estado: 19 de septiembre de 2011, radicado 11001-03-28-000-2010-00041-00; 18 octubre de 2012, radicado
11001-03-28-000-2010-00014-00.
• De la Corte Constitucional: C-055 de 2005, C-1081 de 2005 y C-1153 de 2005.
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ii) El CNE no está sujeto a las órdenes de las otras ramas del poder
público, esto es, ejecutiva, legislativa y judicial.
iii) El CNE desarrolla responsabilidades de profunda importancia, de las cuales se
destacan vigilar permanentemente el cumplimiento de las normas sobre partidos y
movimientos políticos en el marco de una democracia participativa;9 salvaguardar los
procesos electorales;10 distribuir los aportes que fije la ley para financiar las campañas
electorales, vigilarlas y asegurar el derecho a la participación política de los
ciudadanos.11
iv) La conformación y funcionamiento del CNE constituyen expresiones del pluralismo
político, en razón a que los partidos y movimientos, así como los grupos
representativos de ciudadanos, participan activamente en la elección de sus
integrantes, quienes tienen a su cargo la defensa de los intereses de las diversas
agrupaciones políticas en temas sensibles para el adecuado funcionamiento de la
democracia, como lo son la distribución de los aportes para el financiamiento de las
campañas electorales, imposición de sanciones por violación de los topes, regulación
de las encuestas y publicidad electorales, realización del escrutinio general de toda
votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que
haya lugar.
v) El CNE tiene la naturaleza jurídica de autoridad administrativa, razón por la que el
control judicial de sus actuaciones corresponde a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, específicamente al Consejo de Estado a través de su Sección Quinta.
En lo que respecta al presente asunto, es pertinente detenerse en las funciones que
le asignó la Ley Estatutaria 996 de 2005 al CNE para vigilar y sancionar las infracciones
al financiamiento de las campañas presidenciales. En efecto, el artículo 21 ibidem
dispuso:
Artículo 21. Vigilancia de la campaña y sanciones. El Consejo Nacional Electoral
podrá adelantar en todo momento, auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos
9 Artículo 108 de la Constitución Política.
10 Artículo 265, numeral 5, de la Constitución Política.
11 Artículo 265, numeral 6, de la Constitución Política.
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de la financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a
solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las
normas sobre financiación aquí estipuladas. De comprobarse irregularidades en el
financiamiento se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las
faltas, en el siguiente orden:
1. Multas entre el uno por ciento (1%) y el diez por ciento (10%) de los recursos
desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña.
2. Congelación de los giros respectivos.
3. En caso de sobrepasar el tope de recursos permitidos, bien por recibir donaciones
privadas mayores a las autorizadas, o por superar los topes de gastos, se podrá imponer
la devolución parcial o total de los recursos entregados.
4. En el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar
la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y
juicios por indignidad política.
Parágrafo. La denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la elección presidencial.
La Sentencia C-1153 de 200512 analizó la exequibilidad de las funciones
sancionatorias que la norma antes transcrita le atribuyó al CNE y concluyó:
[…]
El numeral 4º del artículo 21 consagra una causal de indignidad justificativa de la pena
de destitución del empleo que el Senado de la República puede aplicar al Presidente de
la República en virtud de lo establecido en los artículos 174 y 175 de la Constitución
Política. Aunque en el caso del numeral 4º del proyecto de ley la norma se refiere al
candidato electo, y el artículo constitucional hace referencia al Presidente de la
República, la Corporación considera válido que también el ganador de las elecciones
quede sometido a dicha sanción, pues, en últimas, su victoria lo autoriza para ocupar el
cargo y no sería lógico que el Congreso tuviera que esperar a la posesión para iniciar el
proceso por indignidad en su contra.
A lo anterior, esta Corte debe agregar que lo previsto en el numeral 4º del artículo 21
del proyecto no puede imponerse como consecuencia de cualquier irregularidad que
tenga lugar en la financiación de la campaña presidencial, como podría entenderse de
una lectura desprevenida de la norma. En efecto, siendo la sanción más severa de
cuantas consagra el artículo en mención, es entendible y razonable que el candidato
elegido a la presidencia sólo pueda ser objeto de pérdida del cargo por afrenta gravísima
contra el régimen de la financiación de las campañas. Aunque, como es lógico, el
Congreso determinará la gravedad de la falta, el principio de proporcionalidad impone
que la sanción allí prevista no sea aplicada sino por agresiones de magnitud significativa
contra el régimen de financiación de campañas.
[…]
12 Proferida por la Corte Constitucional.
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En armonía con el anterior criterio, la Corte Constitucional, mediante
Auto A-916 del 22 de mayo de 2024, analizó el artículo 21 de la Ley 996 de 2005
dentro de un conflicto de jurisdicciones y concluyó que el CNE es el primer llamado a
investigar el financiamiento de las campañas presidenciales, incluyendo la de quien
resultó electo como presidente de la República, por las siguientes razones:13
Tal como lo señaló el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección
Segunda, la ONG accionante pretende que por acción popular se establezca que la
campaña electoral 2022 de quien fue elegido presidente de la República violó los topes
legales de financiación permitidos. En similar sentido, el Juzgado Veintinueve Civil del
Circuito de Bogotá indicó que la pretensión invocada activaba la competencia preferente
de la autoridad electoral para establecer si la campaña presidencial excedió o no los
topes establecidos, de conformidad con el procedimiento previsto en la ley.
En efecto, esta Corte evidencia que, de acuerdo con el mandato del artículo 265 de la
Constitución y lo regulado por el artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, el Consejo
Nacional Electoral es la autoridad competente para definir si en la campaña presidencial
demandada se presentó o no violación de topes de financiación, siendo esta una
atribución preferente, frente al eventual trámite judicial posterior de una acción popular
para reponer la agresión contra los intereses públicos presuntamente afectados por el
eventual manejo inadecuado de dineros públicos.
En el presente asunto el Consejo Nacional Electoral adelanta una investigación
administrativa para determinar si la campaña presidencial del presidente electo en el
2022 violó o no los topes legales de financiación. Por esta razón, no es posible tramitar,
de manera concomitante, una acción popular para que por sentencia se determine “que
la campaña electoral de los accionados violó los topes legales”, esto es, para resolver
lo que debe ventilarse ante el aludido Consejo Nacional Electoral, en el término y con el
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 996 de 2005.
Teniendo en cuenta los lineamientos jurisprudenciales citados, la Sala estudiará la
naturaleza de la decisión que expide el CNE cuando investiga el financiamiento de las
campañas presidenciales, a partir de los siguientes elementos relevantes:
Elemento /
Pregunta Descripción Observación frente a la decisión
que del CNE
responde
Está constituido por todos aquellos El CNE actúa en ejercicio de las
Causal fundamentos de hecho y de derecho funciones asignadas por los
que llevan a declarar la voluntad de artículos 264 y 265 de la
¿Por qué se la autoridad pública. Se refiere a las Constitución Política, la Ley 996 de
expide la circunstancias y antecedentes 2005 y su reglamento interno.
decisión? fácticos y normativos que
determinan y dan soporte a la
decisión estudiada.
13 Ver también el Auto A-1599 de 2022, proferido por la Corte Constitucional.
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Alude a la autoridad que expide la El artículo 21 de la Ley 996 de 2005
Subjetivo u decisión, quien debe tener la asignó al CNE la competencia para
orgánico capacidad y la facultad o investigar el financiamiento las
competencia atribuida por la campañas presidenciales.
¿Quién Constitución, la ley o el reglamento
puede para ello.
expedir la
decisión?
Comporta dos aspectos: El CNE adelanta una investigación
Formal de las campañas dentro de un
i) La forma. La decisión puede procedimiento administrativo
¿Cómo se revestir diferente ropaje, a saber: sancionatorio, que se rige por las
debe expedir decreto, resolución, ordenanza, normas antes citadas y, en lo no
la decisión? acuerdo, oficio, circular, auto, previsto, por la Ley 1437 del CPACA,
sentencia, entre otros. conforme lo establece su artículo
34.
ii) El procedimiento, el cual es fijado
por el legislador según la materia.
Es la finalidad, propósito u objetivo El CNE se orienta a investigar si las
Teleológico que se busca alcanzar con la campañas presidenciales
decisión, el cual debe armonizar con respetaron las reglas fijadas en la
¿Para qué los fines y valores consagrados en la Ley 996 de 2005, especialmente si
se expide la Constitución Política. se sujetaron a los artículo 11, 12,
decisión? 14, 15, 17 y 18, en tanto regularon
aspectos como «financiación
preponderantemente estatal de las
campañas presidenciales»; «topes
de campaña»; «monto máximo de
las contribuciones o donaciones por
parte de particulares»; «manejo de
los recursos de las campañas
presidenciales»; «libros de
contabilidad y soportes»; «sistema
de Auditoría».
Corresponde al contenido de la El CNE debe adoptar la decisión que
Objetivo decisión, esto es, lo que la autoridad mejor se ajuste a los resultados de
ordena, dispone o resuelve. la investigación del financiamiento
¿Qué se de las campañas presidenciales, la
decide? cual puede consistir en el archivo o
la imposición de las sanciones de
multa, congelación de giros o
devolución parcial o total de los
recursos entregados.
Este elemento, también resulta En virtud de las facultades
relevante para clasificar la decisión atribuidas por la Ley 996 de 2005,
respecto de sus efectos, es decir, si el CNE investiga el financiamiento
repercute en un sujeto, un grupo de de campañas y los sujetos pasivos
personas determinadas o de este procedimiento son el
determinables o en la comunidad en candidato presidencial, el gerente,
general. Entonces, la decisión tendrá el tesorero y el auditor de las
carácter particular o general, campañas, según lo prevé el
dependiendo de a quiénes afecta o artículo 19 ibidem.
son sus destinatarios.
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También puede ocurrir que la Por lo tanto, la decisión que profiere
decisión tenga un efecto mixto el CNE es eminentemente particular,
(contiene simultáneamente por cuanto no afecta a la
decisiones con efectos generales y generalidad de la población, sino
particulares) o bifronte (tiene doble únicamente a los sujetos
efecto para varias personas, esto es, enunciados.
favorable para algunas y
desfavorable para otras).
A partir del anterior recuento, puede concluirse que el CNE investiga el financiamiento
de las campañas presidenciales, con sujeción a un procedimiento administrativo
sancionatorio, que produce efectos jurídicos o afecta a los sujetos determinados que
hayan sido vinculados a la actuación y, por ende, son los únicos legitimados para
promover los recursos y acciones en sede administrativa o judicial con miras a
defender sus intereses.
Aunque el procedimiento sancionatorio a cargo del CNE puede dar lugar a la imposición
de sanciones, ninguna de ellas consiste en la remoción del cargo de presidente de la
República, pues esta facultad sólo puede ejercerse dentro del cauce propio del juicio
de indignidad que le compete adelantar a otra autoridad, conforme se explicará en el
siguiente acápite.
2.3.1.2. Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes
El artículo 174 de la Constitución Política le atribuyó al Senado la facultad de «conocer
de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de
la República o quien haga sus veces», entre otros altos dignatarios, pues tienen un
fuero constitucional especial. A su vez, el artículo 175 ibidem, fijó los siguientes
parámetros:
Artículo 175. En los juicios que se sigan ante el Senado, se observarán estas reglas:
1. El acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea
públicamente admitida.
2. Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones, o a indignidad
por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del
empleo, o la privación temporal o perdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo
se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo
constituyen responsable de infracción que merezca otra pena.
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3. Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay
o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición
de la Corte Suprema.
4. El Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno,
reservándose el juicio y la sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública,
por los dos tercios, al menos, de los votos de los Senadores presentes.
Por su parte, la Ley 5 de 1992 reguló el juicio que adelanta el Congreso contra el
presidente de la República y otros altos dignatarios del país. Esta disposición y la
figura del juicio por indignidad han sido analizados en varias ocasiones por la Corte
Constitucional. De estos pronunciamientos se destacan las siguientes conclusiones
relevantes al sub lite:14
i) Dos elementos característicos de los Estados con regímenes presidenciales de
gobierno son a) el equilibrio entre las ramas y órganos del poder público y b) el fuero
constitucional especial.
ii) Dicho fuero pretende proteger la dignidad del cargo y de las instituciones que
representan, así como el funcionamiento, independencia y autonomía de algunos
órganos del poder público. De esta manera se salvaguarda el pleno ejercicio de las
funciones y la investidura de sus principales titulares. El fuero también sirve para
«garantizar que las decisiones de la voluntad general, bien sea que ésta se haya
expresado directamente o a través de sus representantes, no serán desconocidas, y
que en todo caso prevalecerán los principios y procedimientos consagrados en la
Constitución y en la ley».15
iii) El fuero constitucional igualmente se encamina a «evitar que mediante el abuso del
derecho de acceso a la justicia se pretenda paralizar ilegítimamente el discurrir normal
de las funciones estatales y el ejercicio del poder por parte de quienes han sido
elegidos democráticamente para regir los destinos de la Nación».16
14 Ver las Sentencias C-198 de 1994, C-222 de 1996, C-386 de 1996 y C-373 de 2016.
15 Sentencia C-222 de 1996.
16 Sentencia C-222 de 1996.
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iv) El artículo 116 de la Carta Política le atribuye al Congreso
«determinadas funciones judiciales», las cuales, conforme a los artículos 174, 175 y
178 ibidem, le corresponde asumirlas cuando se trata de aquellos altos funcionarios
que ostentan un fuero constitucional especial, como es el caso del presidente de la
República.
v) La Cámara de Representantes, en su función de investigación de los aforados,
puede llegar a dos determinaciones, a saber: a) preclusión de la investigación y el
archivo del expediente, por falta de mérito o b) encontrar fundamento suficiente para
formular acusación ante el Senado de la República.
vi) La preclusión de la investigación tiene carácter definitivo. En caso de que la Cámara
decida acusar al servidor ante el Senado, este deberá decidir si la admite
públicamente y si no lo hace o decide que no hay lugar a seguir causa criminal,
«también estas resoluciones tienen carácter definitivo, en los términos de la
Constitución y de la ley».17
vii) La actuación que se cumple ante la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara, la Comisión de Instrucción del Senado y las plenarias de las dos
corporaciones «tiene la categoría de función judicial, sólo para los efectos de acusar,
no acusar y declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa».18
viii) Esta Subsección también destaca el artículo 179 de la Ley 270 de 1996, el cual
dispuso que la «Comisión de Investigación y Acusación, forma parte de la Cámara de
Representantes, desempeña funciones judiciales de Investigación y Acusación en los
juicios especiales que tramita dicha Cámara».
ix) Una vez admitida la acusación de la Cámara, siguen los pasos señalados en los
numerales 2 y 3 del artículo 175 de la Constitución antes citados, es decir, que «si la
acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones, o a indignidad por
mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la destitución del empleo
o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos».
17 Sentencia C-222 de 1996.
18 Sentencia C-222 de 1996.
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x) Esta función ha sido entendida por la doctrina como un juicio de responsabilidad
política; sin embargo, como lo prevé el aludido artículo, «al reo se le seguirá juicio
criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable
de infracción que merezca otra pena». Además, la sentencia a que se refiere el
numeral 4 del artículo 175 de la Constitución culmina el juicio ante el Senado y tiene
carácter de cosa juzgada. Frente a este procedimiento, la Corte Constitucional ha
explicado lo siguiente:19
Por su parte, los juicios por indignidad simple, por su propia naturaleza, son procesos
que tienen un carácter más político que penal, esto es, son un "juicio de responsabilidad
política"20, pues constituyen, como lo dijo en su momento la Corte Suprema de Justicia
cuando ejercía la guarda de la Constitución, el ejercicio del "derecho de punición por
indignidad política (impeachment)21". Por ello en tales casos la Cámara es
verdaderamente un fiscal pleno y el Senado es el juez natural de los altos dignatarios,
pero la única sanción que puede imponer este cuerpo representativo en tal proceso es
la destitución del cargo y la pérdida o suspensión de los derechos políticos (CP art. 175
ord 2º).
Ahora bien ¿qué sucede cuando la conducta indigna es a su vez un delito que implica
una sanción más grave? En tales casos, la Constitución aclara que “al reo se le seguirá
juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen
responsable de infracción que merezca otra pena” (CP art. 175 ord 2º). La Constitución
distingue entonces claramente la conducta simplemente indigna de la conducta que es
además delictiva, pues admite las hipótesis de acusaciones por ambos conceptos.
Además la Carta establece que si el comportamiento, fuera de ser indigno, es también
delictivo y amerita una pena mayor, el juez natural para tal efecto ya no es el Congreso
sino la Corte Suprema. Esto significa que la indignidad es un concepto más amplio que
el del delito cometido en ejercicio del cargo o el delito común, pues si no fuera así, no
se entendería este último mandato constitucional, que muestra que la propia Carta
admite que hay casos en donde ha habido una conducta indigna sin que haya habido
delito, evento en el cual no habrá lugar a poner al reo a disposición de la Corte Suprema.
Por eso, en caso de que la conducta sea indigna y delictiva, la labor del Congreso es
entonces de doble naturaleza. De un lado, debe adelantar autónomamente el proceso
de responsabilidad por indignidad e imponer la sanción prevista por la propia Carta
(destitución y pérdida o suspensión de derechos políticos) y del otro, al igual que con
los delitos comunes, debe configurar el requisito de procedibilidad para que el reo sea
puesto a disposición de la Corte Suprema.
xi) De acuerdo con el anterior lineamiento interpretativo, en consonancia con el artículo
235 de la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia interviene cuando el
Senado estima que la acusación amerita también el juicio penal, con miras a que la
19 Sentencia C-386 de 1996.
20Ibidem
21Corte Suprema de Justicia. Sentencia No 17 del 7 de marzo de 1985. MP Manuel Gaona Cruz.
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autoridad competente imponga la pena privativa de la libertad que
corresponda. Por lo tanto, el Senado destituye y suspende o dispone la interdicción
de los derechos políticos de los investigados y, frente a los casos que ameriten otras
sanciones, viabiliza que se adelante el proceso penal ante el juez natural.
Con fundamento en estas reflexiones, la Sala estudiará la naturaleza de las decisiones
que adopta la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes, a partir de los elementos enlistados en el acápite antecedente:
*Nota. En aras de evitar reiteraciones, se prescinde de la casilla de descripción del elemento utilizada
en la tabla anterior.
Elemento /
Pregunta Observación frente a las decisiones de la Comisión de Investigación y
que Acusación de la Cámara de Representantes
responde
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes,
Causal actúa en ejercicio de las funciones asignadas por los artículos 312 y 342 de
la Ley 5 de 1992.22 Esta ley instituyó dicha comisión como un apoyo para
¿Por qué se que el pleno de esa Cámara defina si procede o no formular acusación
expide la dentro de una investigación que se esté adelantando a un servidor aforado.
decisión?
Para el caso del financiamiento de la campaña presidencial, la actuación
debe sujetarse a los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política, 21
de la Ley 996 de 2005, 179 de la Ley 270 de 1996 y la Ley 5 de 1992.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes,
Subjetivo u luego de recibir el proyecto del representante instructor, decide si aprueba o
orgánico no el proyecto presentado en torno a la acusación o la preclusión de la
investigación. Por lo tanto, dicha comisión propone un proyecto al pleno de
¿Quién la Cámara que es la facultada constitucionalmente para proferir la decisión
puede final. Al respecto, la Sentencia C-222 de 1996 expresó que «es entendible
expedir la que dicha labor preparatoria de la Comisión no desplaza la función principal
decisión? de la Cámara, ni su potestad constitucional sobre el fondo del asunto resulta
desconocida por el proyecto que se debatirá por su plenaria».
Entonces, conforme a las normas antes indicadas, la Cámara de
Representantes (con apoyo en su Comisión de Investigación y Acusación)
se encarga de resolver si formula acusación ante el Senado de la República,
22 Artículo 312. Funciones. La Comisión de Investigación y Acusación cumplirá las siguientes funciones:
1. Preparar proyectos de acusación que deberá aprobar el pleno de la Cámara, ante el Senado, cuando hubiere causas
constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los Magistrados de la Corte Constitucional, de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y al Fiscal General de
la Nación.
2. Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación, o por los particulares contra
los expresados funcionarios, que presten mérito para fundar en ella acusación ante el Senado.
[…].
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con ocasión de la investigación que adelante por el financiamiento de la
campaña presidencial.
La Cámara de Representantes y el Senado adelantan la investigación,
Formal acusación e imponen las sanciones conforme al procedimiento previsto en
el artículo 175 de la Constitución Política, la Ley 5 de 1992 y, por disposición
¿Cómo se de esta, en consonancia con el Código de Procedimiento Penal.
debe expedir
la decisión? El análisis del elemento formal permite concluir que la primera actuación de
la Cámara de Representantes, la que surte el Senado y, eventualmente, la
Corte Suprema de Justicia, forman parte del proceso de juzgamiento al
presidente de la República y tiene una naturaleza compleja, en la medida en
que involucra a varias autoridades y en cada etapa se emiten distintas
decisiones.
Es así como un juicio al presidente de la República comporta 3 dimensiones
diferenciables, a saber: i) política, pues el Congreso ejerce el «derecho de
punición por indignidad política (impeachment)»23 y está facultado para
disponer la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos
del investigado; ii) administrativa, en tanto se impone la sanción de
destitución en el ejercicio del cargo; y iii) judicial, porque la investigación
puede arrojar resultados que comprometan la responsabilidad penal del
servidor y, por ende, debe ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes
Teleológico debe orientarse a la consecución de los fines esenciales del Estado
consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política.
¿Para qué
se expide la
decisión?
En estricto rigor, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Objetivo Representantes únicamente propone un proyecto de acusación o preclusión
de la investigación para que este órgano decida en pleno si lo aprueba o no.
¿Qué se
decide? En conjunto, el Congreso puede adoptar varias decisiones que se enmarcan
dentro de una función administrativa, de control político y judicial, porque así
lo disponen el artículo 175 de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996.
Dichas decisiones son las siguientes:
1) La Cámara de Representantes define si precluye y archiva la
investigación contra el presidente de la República o si formula acusación
ante el Senado.
2) Si la Cámara acusa al presidente ante el Senado, este deberá decidir
si admite o no públicamente la acusación.
3) Si el Senado admite la acusación y encuentra mérito suficiente,
adelanta el juicio de indignidad en los términos indicados por el artículo
21 de la Ley 996 de 2005 y, por lo tanto, puede imponer las penas de
destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los
derechos políticos del presidente de la República, pues estas son las
23Corte Suprema de Justicia. Sentencia No 17 del 7 de marzo de 1985. MP Manuel Gaona Cruz. Citada en la Sentencia C-386
de 1996.
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sanciones que el artículo 175 de la Constitución previó para el caso de la
indignidad.
4) El Senado también está facultado para remitir las actuaciones a la
Corte Suprema de Justicia para que tramite el juicio penal, si encuentra
que pudo haberse configurado alguno de los delitos tipificados en los
artículos 396A, 396B y/o 396C del Código Penal, esto es, «financiación
de campañas electorales con fuentes prohibidas», «violación de los topes
o límites de gastos en las campañas electorales» y «omisión de
información del aportante».
Las decisiones que adoptan la Cámara de Representantes y el Senado
tienen efectos inter partes y sólo afectan al sujeto pasivo del juicio político,
es decir, el presidente de la República.
De acuerdo con el anterior análisis, puede concluirse que la Cámara de
Representantes [apoyada en la Comisión de Investigación y Acusación] y el Senado
acusan, investigan y sancionan al presidente de la República con sujeción a un
procedimiento constitucional y legal, dentro del ejercicio de una facultad judicial,
administrativa y de control político, que únicamente produce efectos jurídicos o afecta
a un sujeto determinado y, por ende, es el único legitimado para promover los recursos
y acciones que estime pertinentes para proteger sus intereses.
2.3.1.3. Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
El artículo 236 de la Constitución Política estableció que el Consejo de Estado haría
parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual está dividido en Salas y
Secciones, dentro de las que se encuentra la Sala de Consulta y Servicio Civil; sin
embargo, esta última nunca ha ejercido funciones judiciales, pues históricamente ha
sido un órgano consultivo del gobierno en asuntos de la administración, atribución que
se mantiene en el artículo 237 ibidem.
Se recuerda que desde su creación, en 1817, por iniciativa del Libertador Simón
Bolívar, el Consejo de Estado tuvo un carácter consultivo; el Decreto Orgánico de la
Dictadura de 1828, la Constitución de 1830 y la Constitución de 1832, mantuvieron
esta línea. La Constitución de 1886 le atribuyó al Consejo de Estado doble condición:
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y Órgano Consultivo del Gobierno.
La Ley 19 de 1958 creó la Sala de Consulta y Servicio Civil, la cual, se reitera, nunca
ha tenido la potestad de emitir sentencias.
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Entonces, pese a que Sala de Consulta y Servicio Civil orgánicamente forma parte de
la Rama Judicial no ejerce función jurisdiccional y sus decisiones tampoco pueden
catalogarse como providencias. Este esquema permite considerar que dicha Sala
cumple una función sui generis e, incluso, es válido señalar, como lo enseña el
tratadista José Antonio García - Trevijano Fos, acudiendo al dogmatismo kelseniano,
que todo lo que no es función legislativa y todo lo que no es función jurisdiccional debe
reputarse como función administrativa.24
Ahora bien, la facultad de dirimir conflictos de competencias inicialmente se concibió
como judicial, pero luego de diferentes desarrollos legislativos se determinó que era
una atribución administrativa.
Al respecto, en la publicación Memoria 2009,25 elaborada por la mencionada Sala, se
precisó que «desde sus inicios y sólo hasta la reforma de la Ley 954 de 2005, la
definición de competencias administrativas había sido tradicionalmente regulada
como un asunto jurisdiccional (o cuasi-jurisdiccional) y no puramente administrativo,
como hoy sucede». Respecto del carácter jurisdiccional de la función, se destacan las
Leyes 130 de 1913 y 167 de 1941 y los Decretos 1 de 1984 y 2304 de 1989.
Es así como dicha función en algún momento llegó a estar asignada a la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, pero con la expedición de la Ley 954 de 2005 quedó
en cabeza de la Sala de Consulta y Servicio Civil, lo cual fue reafirmado en el artículo
39 de la Ley 1437 de 2011, de cuyos apartes se destacan las siguientes reglas:
i) Los conflictos de competencia administrativa se promueven de oficio o por solicitud
de la persona interesada.
ii) La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime
competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la
24 Los actos administrativos, José Antonio García - Trevijano Fos, Civitas S.A., 1991. El criterio residual para definir a la función
administrativa, esbozado por Kelsen, fue retomado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-198 de 1998.
25 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Memoria 2009, Consilium fidele deliberanti dare [Cicerón. De officiis.
1.16]. La publicación se puede consultar en el enlace
https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/biblioteca/memorias-sc/2009/libro/libro.pdf
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actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo
correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o
municipal. Cuando las entidades se niegan a conocer de un asunto, se presenta un
conflicto negativo de competencias.
iii) En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o
autoridades territoriales de distintos departamentos, conoce la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado.
iv) Las anteriores reglas también se siguen cuando dos autoridades administrativas
se consideren competentes para conocer y definir un asunto. Esta hipótesis se conoce
como conflicto positivo de competencias.
v) Contra la decisión que dirime el conflicto no procede recurso alguno.
En este orden de ideas, el presente asunto no concierne a una tutela contra una
providencia judicial, sino contra una decisión proferida en el marco de una función
administrativa, esto es, la decisión del 6 de agosto de 2024, mediante la cual la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dirimió el conflicto de competencias
suscitado entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes, en torno a la investigación de la campaña del actual presidente de la
República.
Conforme a los anteriores análisis, esta Subsección examinará la naturaleza de las
decisiones que adopta la mencionada Sala cuando dirime conflictos de competencia,
teniendo en cuenta los elementos que se han venido desarrollando:
Elemento /
Pregunta Observación frente a las decisiones Sala de Consulta y Servicio Civil
que del Consejo de Estado
responde
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado actúa en ejercicio
Causal de las funciones asignadas por los artículos 39, 112 [numeral 10], con el fin
de establecer cuál es la autoridad competente para definir un asunto
determinado.
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¿Por qué se
expide la
decisión?
De acuerdo con las normas antes indicadas, la Sala de Consulta y Servicio
Subjetivo u Civil del Consejo de Estado es la autoridad competente para dirimir los
orgánico conflictos que involucren organismos del orden nacional o entre tales
organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualquiera de
¿Quién estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo
puede tribunal administrativo.
expedir la
decisión?
Conforme a las normas enunciadas en precedencia, la Sala de Consulta y
Formal Servicio Civil del Consejo de Estado recibe la actuación y comunica a las
autoridades involucradas y a los particulares interesados, quienes pueden
¿Cómo se presentar alegatos o consideraciones. El conflicto se decide dentro de los 40
debe expedir días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.
la decisión?
La decisión que dirime el conflicto de competencias se encamina a definir
Teleológico cuál es la autoridad encargada de resolver de fondo un determinado asunto,
de manera que viabiliza que la actuación puesta a su consideración pueda
¿Para qué continuar.
se expide la
decisión?
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado asigna la
Objetivo competencia a la autoridad que estime llamada a resolver de fondo una
actuación, según las funciones asignadas por la Constitución y la Ley a los
¿Qué se diferentes organismos y entidades estatales.
decide?
La decisión que profiera la referida Sala únicamente concierne a las
entidades involucradas en el conflicto y al tercero que espera una solución
de fondo frente a la actuación que las autoridades se niegan a resolver o
respecto de la cual coinciden en reclamar la competencia, dependiendo de
si se trata de un conflicto negativo o positivo de competencias.
En atención al anterior estudio, puede concluirse que la Sala de Consulta y Servicio
Civil dirime los conflictos de competencia en el marco de una función administrativa,
con sujeción al procedimiento fijado en la Ley 1437 de 2011, que únicamente afecta a
las autoridades que se ven inmersas en la controversia y al tercero que espera una
resolución para la materia puesta a consideración de los organismos del Estado.
Con fundamento en el recuento normativo y jurisprudencial efectuado hasta el
momento, en consonancia con las conclusiones alcanzadas frente a las diferentes
actuaciones que adelantan el CNE, la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes y la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
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Estado, esta Subsección procede a analizar el requisito de legitimación
en la causa por activa en el sub lite.
2.4. Hechos probados
• El 28 de febrero de 2022, el representante a la Cámara Edward David Rodríguez
Rodríguez presentó queja ante el CNE por presuntas faltas en el financiamiento de la
campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Francisco Petro Urrego.
• El 2 de febrero de 2023, se radicó queja anónima ante el CNE, por situaciones
similares a la anterior.
• El 28 de febrero de 2023, el CNE ordenó la apertura de la indagación preliminar y en
el curso de esta etapa se expidieron varios autos, mediante los cuales se ordenó la
práctica de pruebas.
• El 3 de mayo de 2023, el señor José Manuel Abuchaibe Escolar interpuso ante la
Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes una
denuncia por razones análogas a las que venía investigando el CNE.
• El 26 de mayo de 2023, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara
de Representantes remitió por competencia al CNE la denuncia del 3 de mayo.
• El 5 de junio de 2023, los señores Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, Miguel
Abraham Polo Polo, Miguel Uribe Turbay y Alejandro Pardo Cortés radicaron ante la
Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes cuatro
denuncias, por similares irregularidades en el financiamiento de la campaña
presidencial en comento, pero estas fueron remitidas al CNE el 6 de junio siguiente.
• El 10 de agosto de 2023, el CNE acumuló las actuaciones que estaban cursando en
ese organismo por las razones anotadas.
• El 16 de mayo de 2024, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara
de Representantes le solicitó al CNE la remisión de dichas actuaciones.
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• El 5 de junio de 2024, el CNE propuso ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado un conflicto positivo de competencias.
• El 6 de agosto de 2024, la mencionada Sala resolvió:
PRIMERO. DECLARAR COMPETENTE al Consejo Nacional Electoral, para continuar la
investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y
presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta
interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición
Pacto Histórico, en las cuales fungió como candidato el ciudadano Gustavo Francisco
Petro Urrego e imponer las sanciones administrativas correspondientes, si ha ello hay
lugar.
SEGUNDO: DECLARAR COMPETENTE al Congreso de la República para decidir sobre la
eventual sanción de pérdida del cargo del presidente de la República, de manera
autónoma y según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por
indignidad política, en los términos del artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005,
cuando de la investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral por
irregularidades en la financiación de la campaña presidencial 2022- 2026 proceda la
referida sanción.
2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
En el presente caso la Fundación Dilo Colombia promovió acción de tutela en contra
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en aras de obtener la
protección de los «derechos fundamentales de la ciudadanía al orden constitucional
y separación de poderes en conexidad con el derecho fundamental al debido proceso
y la garantía del juez natural del señor presidente de la República».
Sin embargo, esta Subsección considera que en este caso se incumple con el
presupuesto de legitimación en la causa por activa, por las siguientes razones:
i) En cada una de las actuaciones a cargo del CNE y el Congreso, para investigar el
financiamiento de las campañas, se expiden decisiones de carácter particular y
concreto, que sólo conciernen al presidente de la República y, por lo tanto, únicamente
él cuenta con la legitimación por activa para interponer los recursos y demás acciones
que estime pertinentes en defensa de sus intereses.
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ii) La anterior conclusión también se predica de la decisión emitida por
la Sala de Consulta y Servicio Civil que dirimió el conflicto de competencias suscitado
entre el CNE y la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de
Representantes, pues ese trámite solo involucraba a esas autoridades y al presidente
de la República.
iii) La accionante afirmó que estaba legitimada en la causa porque «como
ciudadanos colombianos, amparados por la Constitución y las leyes de la República,
en ejercicio del derecho fundamental del debido proceso y la garantía al juez natural
y en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales que garantizan de
forma general la protección de los derechos fundamentales, nos encontramos
facultados para interponer la presente acción de tutela con el fin de garantizar el
respeto y la protección de los derechos fundamentales del Presidente de la República,
así como para preservar el orden constitucional y la separación de poderes».
Sin embargo, dicha fundación no tiene la naturaleza de ciudadano, sino de persona
jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social «es la promoción
de la defensa de información legal y oportuna en el marco de las plataformas digitales,
dentro del marco de la actividad económica identificada con el CIIU 9499 denominada
“Actividades de otras asociaciones n.c.p.” Certifica: actividades específicas: 1.
Realización de actividades de escucha e interacción activa, estrategia de gestión,
métricas y publicidad en medios digitales, a través de la creación y administración de
cuentas en las redes sociales como Facebook, Instagram Twitter denominadas
“defensa de la información legal y oportuna” bajo las siglas DILO Colombia. 2. Ejecución
de acciones legales como tutelas, acciones pre contenciosas, acciones punitivas,
peticiones de aclaración e intervención de jueces de paz en materia digital. 3.
Promoción de acciones punitivas en plataformas digitales conforme a las políticas y
lineamientos aplicables para cada red social en la que se interactúe. 4. Impulso de
acciones restaurativas por medio de posicionamiento e indexación de información».26
iv) La Fundación DILO Colombia no ostenta un interés sustancial, directo y particular
respecto de la solicitud de amparo, en tanto no alega la amenaza o vulneración a un
26 Información extraída del certificado de existencia y representación aportado al plenario.
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derecho fundamental propio; por el contrario, el derecho al debido
proceso y la garantía del juez natural que se pretenden resguardar no están en cabeza
de la accionante, sino de otra persona, es decir, el presidente Gustavo Francisco Petro
Urrego, comoquiera que es el destinatario directo de la actuaciones que se surten en
su contra para investigar el financiamiento de la campaña que precedió a su elección.27
v) La tutelante no actuó como apoderada o agente oficiosa del presidente de la
República, sino que alegó la calidad de «ciudadanos» y se respaldó en la normativa
que garantiza «de forma general la protección de los derechos fundamentales», es
decir, que tampoco se cumple con la legitimación por activa en virtud de un mandato
de representación o el agenciamiento de derechos.
vi) La actora también sostuvo que estaba legitimada para interponer la acción de tutela
por las siguientes razones:
[…] lo que se pretende proteger con la presente acción constitucional son los derechos
fundamentales de la institucionalidad de la Presidencia de la República, que simboliza
la unidad nacional […]. Asimismo, la presente acción constitucional se ejerce, fundado
en los deberes que como ciudadano estamos en la obligación de obedecer, como
lo son el de respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente
constituidas, como lo es la figura del Presidente de la República. […] [E]l riesgo cierto
de la violación de los derechos fundamentales del Presidente de la República por parte
del Consejo de Estado al conocer un conflicto positivo de competencias para el que no
es competente y avalar las investigaciones que adelante el CNE en contra del alto
mandatario cuando exceden su competencia debido al fuero constitucional que ampara
al Dr. GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, tienen implicaciones significativas para
los ciudadanos colombianos. […] La violación de los derechos fundamentales del
Presidente de la República por parte del Consejo de Estado tiene consecuencias que
van más allá de la esfera política, pone en riesgo los principios democráticos, la
estabilidad institucional y el bienestar de todos los ciudadanos colombianos. Por lo tanto,
es crucial defender el Estado Social de Derecho y garantizar que todas las instituciones
actúen dentro de los límites de sus competencias, respetando los derechos
fundamentales de todos los ciudadanos. [Resaltado fuera del texto].
Frente a los anteriores razonamientos, es pertinente recordar que la Corte
Constitucional28 ha considerado que la acción de tutela es procedente para proteger el
derecho fundamental a la «representación política efectiva», el cual se ve amenazado
cuando «quien es elegido, por cualquier motivo no puede ejercer sus funciones, [por
lo que] los ciudadanos a los cuales representa ven menguado el ejercicio del poder a
27 En torno a la legitimación puede verse: Corte Constitucional, Sentencias T-292 de 2021 y T-382 de 2021.
28 Ver Sentencias T-1337 de 2001 y T-516 de 2014.
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través suyo, y por tanto, comienza a amenazarse uno de los derechos
políticos que, valga repetir, no desaparecen en el momento de la elección»29.
Este derecho es expresión de la democracia representativa y participativa, así como
de la soberanía que reside en el pueblo. Además, se trata de «un hecho institucional
que exige protección»30 y cuyo eje axial consiste en una conexión material, ideológica
o programática entre el ciudadano y quien resulta elegido. «En otras palabras,
concretiza un acto de confianza en que los ideales y las promesas del agente político
que aspira a ser elegido serán efectivamente observadas y cumplidas». 31 Estas
conclusiones provienen de una interpretación sistemática de los artículos 2, 3 y 40 de
la Carta, los cuales permean el sistema de elección y representación.32
Asimismo, su carácter fundamental está relacionado, de un lado, con la garantía de
elegir y ser elegido, la cual no se agota con el ejercicio del voto, sino que reclama que
la elección resulte efectiva. Y, de otro lado, «con el vínculo que existe entre la
representación y la idea de un ciudadano participativo que tiene injerencia directa en
la conformación, ejercicio y control del poder político».33
Sin embargo, cuando se invoca el derecho a la representación efectiva también debe
acreditarse la legitimación en la causa por activa. Para ello la persona está llamada a
comprobar que ejerció su derecho al voto, sin necesidad de demostrar por quién votó.
Ese derecho también puede invocarse a través de la agencia oficiosa, pero en tal caso
el tutelante debe manifestar que está obrando en esa calidad; identificar a la persona
29 Sentencia T-1337 de 2001. En esta oportunidad, la Corte conoció el caso de una persona que interpuso acción de tutela en
contra de la Cámara de Representantes por considerar que fueron vulnerados sus derechos a elegir y al ejercicio del poder
público a través de sus representantes. Lo anterior, por cuanto el señor Oscar Tulio Lizcano González, por quien votó para
integrar la Cámara, fue secuestrado en el año 2001, circunstancia que privó a sus electores de una efectiva representación en
el Congreso de la República, porque las directivas no declararon la vacancia temporal por fuerza mayor y no procedieron a
llamar al siguiente candidato que en forma descendente y sucesiva componía la lista encabezada por el mencionado
representante. La Corte confirmó la decisión del Consejo de Estado, que tuteló la protección del derecho invocado y ordenó
a la entidad accionada llamar al segundo de la lista electoral encabezada para que supliera el cargo, bajo el argumento de que
los derechos de los ciudadanos que cumplen con sus deberes democráticos se ven afectados cuando las personas a quienes
han elegido no pueden atender el mandato de representación conferido. [Cita de la Sentencia T-516 de 2014].
30 Corte Constitucional, Sentencia C-303 de 2010.
31 Corte Constitucional, Sentencia SU-213 de 2022.
32 Corte Constitucional, Sentencia SU-213 de 2022.
33 Corte Constitucional, Sentencia SU-213 de 2022.
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por quien intercede; y probar que el agenciado se encuentra en
imposibilidad física o mental de asumir su propia defensa.34
En el presente caso la Fundación no tiene el carácter de ciudadana y por ello tampoco
ejerció el derecho al voto en las últimas elecciones presidenciales, ni actúa como
agente oficiosa del presidente de la República, de manera que no se cumple con el
presupuesto de legitimación en la causa por activa para invocar el derecho
fundamental a la efectiva representación política.
vii) El constituyente de 1991 no creó la acción de tutela para salvaguardar solamente
y en términos generales el ordenamiento superior, pues en última instancia todas las
acciones judiciales se encaminan a proteger el orden constitucional y legal.
Específicamente, este mecanismo permite que las personas logren «la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales» ante una amenaza o
vulneración inminente, estando condicionada su procedencia a que «el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial».
En tal sentido, se recuerda que en el andamiaje normativo se encuentran diferentes
recursos, acciones y medios de control que habilitan a los asociados para acudir ante
la jurisdicción en aras de salvaguardar derechos e intereses particulares, generales o
colectivos y hacer prevalecer el orden jurídico que gobierna las situaciones ventiladas
en sede judicial.
Cada uno de esos instrumentos tiene elementos diferenciadores que impiden a las
personas escoger a su arbitrio la vía procesal bajo la cual elevarán sus pretensiones;
por el contrario, las partes deben acogerse a las reglas de procedimiento establecidas
por el legislador para lograr el acceso a la administración de justicia, pues éstas hacen
efectivas las garantías fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa de
los intervinientes.
Bajo esta línea de intelección, no puede acompañarse el entendimiento de la
Fundación DILO Colombia, en la medida en que estima viable promover la presente
34 Cfr. Sentencia T-546 de 2013. Al respecto, ver también las sentencias T-458 de 1992, T-023 de 1995, T-452 de 2001, T-476
de 2002, T-573 de 2006, T-250 de 2009, T-372 de 2010, T-730 de 2010, T-373 de 2013, entre muchas otras.
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fundamentales de la ciudadanía al orden constitucional y separación de poderes en
términos genéricos, pues ello desnaturaliza la finalidad de este mecanismo de amparo
y, en especial, deja de lado la legitimación en la causa por activa que debe acreditar
quien pretenda interponer esta acción y que consiste en salvaguardar un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona, salvo que actúe como
apoderado o agente oficioso.35
Aunado a los anteriores análisis, la Corte Constitucional ha expresado que una de las
condiciones para la protección de los derechos políticos consiste en garantizar que los
elegidos puedan ejercer materialmente el cargo para el cual fueron designados; sin
embargo, «aunque la elección de sus representantes es una expresión de la voluntad
del Pueblo, ello no implica la inamovilidad de los funcionarios electos y, por eso, la
posibilidad de removerlos se limita a los eventos en que concurran ciertas
circunstancias excepcionales previstas en la Constitución y en la ley».36
La anterior conclusión se ha fundado en la necesidad de proteger otros fines
constitucionalmente valiosos, como la moralidad administrativa, la integridad del
patrimonio público, el cumplimiento de los deberes del cargo o el adecuado
funcionamiento del aparato estatal.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en casos
análogos al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye, que
la parte accionante no se encuentra legitimada en la causa por activa y, en
consecuencia, la acción de tutela debe rechazarse por improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
35 Ver sentencias T-511 de 2017, T-292 de 2021, T-320 de 2021, T-382 de 2021, T-005 de 2022 y T-010 de 2023.
36 Ver Sentencias T-887 de 2005 y T-516 de 2014.
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F A L L A:
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por la Fundación
Defensa de la Información Legal y Oportuna - Dilo Colombia en contra de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto Con aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
cgg
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