Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04117-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04117-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04117-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
4 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04117-00
Accionantes: Leonido Domicó Cuñapa y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., cuatro (04) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-04117-00
Accionantes: Leonido Domicó Cuñapa y Cauxilio Restrepo Domicó
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de
Decisión.
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela.
Subtema 1. Requisitos generales de la acción de tutela. Relevancia constitucional. Defecto fáctico.
Subtema 2. Acción de cumplimiento /Conflicto electoral/ Derechos al debido proceso y autonomía
de las comunidades indígenas.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por Leonido
Domicó Cuñapa y Cauxilio Restrepo Domicó en contra del Tribunal Administrativo
de Córdoba, Sala Segunda de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Leonido Domicó Cuñapa y Cauxilio Restrepo Domicó presentaron solicitud de
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la autonomía de los
pueblos indígenas, que consideraron vulnerados por la Sala Segunda de Decisión
del Tribunal Administrativo de Córdoba, con ocasión de la sentencia del 4 de julio
de 2024 que la referida autoridad judicial dictó en el medio de control de
cumplimiento con radicado número 23001-33-33-003-2024 00166-01.
1.2. Hechos probados
1.2.1. Yeferson David Domicó Domicó y Ricardo Bailarin Domicó formularon
demanda en ejercicio del medio de control de cumplimiento, en contra del municipio
de Tierralta (Córdoba), con sustento en el artículo 31 de la Ley 89 de 18902, para
que fuera reconocida el acta de la Asamblea General de elección de los Nokos
Mayores de los Cabildos Mayores del Rio Sinú y Rio Verde Camaenka celebrada
durante los días 13 y 16 de marzo de 2024 en el que resultaron elegidos y, en
consecuencia, la Alcaldía Municipal surtiera el trámite correspondiente para expedir
los respectivos actos administrativos de posesión.
1.2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Montería que, mediante auto del 3 de mayo de 20243, admitió
1 “Artículo 3º. En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas
habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme á sus costumbres. El período de duración
de dicho Cabildo será de un año, de 1º de Enero a 31 de Diciembre. Para tomar posesión de sus
puestos no necesitan los miembros del Cabildo e otra formalidad que la de ser reconocidos por la
parcialidad ante el Cabildo cesante y la presencia del Alcalde del Distrito.
Exceptúense de esta disposición las parcialidades que estén regidas por un solo Cabildo, las que
podrán continuar como se hallen establecidas.”.
2 “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan
reduciéndose a la vida civilizada”.
3 Archivo electrónico nombrado “04AutoAdmite” ubicado en el índice 16 del expediente digital de
tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 4F51733DA5EE3F42 FF7C60308676C7F2
BB7BCE13D452D43F EF17B2156DA01479.
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la demanda y, posteriormente, a través de proveído del día 15 siguiente4, vinculó en
calidad de terceros con interés, a los señores Leonido Domicó Cuñapa, Cauxilio
Restrepo Domicó, Yanira Betancur Domicó y Efraín Chamarra y al Ministerio del
Interior.
Luego, en sentencia del 4 de junio de 20245, la referida autoridad de primera
instancia negó las pretensiones de la demanda al estimar que no era posible hacer
efectivo el cumplimiento del artículo 3 de la Ley 89 de 1890, en tanto, la Resolución
001 de 2024 suscrita por los integrantes del Consejo de Gobernadores, declaró nula
la asamblea realizada en la comunidad de Tundo los días 13 al 16 de marzo de
2024, entre otros documentos, por lo que, al existir un hecho modificatorio o extintivo
del derecho, no era posible que el juez impartiera una orden para hacerlo efectivo.
1.2.3. Inconformes con la decisión, los demandantes presentaron escrito de
impugnación en contra del fallo del 4 de junio de 20246, en el que cuestionaron la
legalidad de la Resolución No. 001 del 5 de mayo del mismo año, porque a su juicio,
solo la Asamblea General puede revocar o modificar sus propias decisiones.
Agregaron que el referido acto era falso, dado que algunas firmas de quienes lo
suscribieron habían sido falsificadas, además de manifestar que fueron vulnerados
sus derechos a la defensa y al debido proceso por no haberles notificado la admisión
de la impugnación y de la resolución que anula la asamblea.
Indicaron que, si bien la autonomía indígena es un principio importante en los
asuntos de la comunidad, lo cierto es que, también hay límites que han sido
definidos por la Corte Constitucional tales como la garantía de los derechos
humanos, el principio de legalidad y de convivencia.
Finalmente manifestaron que han agotado todas las instancias internas para
resolver el conflicto y, en ese sentido, los candidatos que no resultaron elegidos
deben acatar la decisión de la comunidad y que en todo caso sus pretensiones no
pueden ser respaldadas por las instancias judiciales con el argumento de respetar
la autonomía judicial.
1.2.4. El recurso correspondió desatarlo a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba, autoridad judicial que, mediante sentencia del 4 de julio
de 20247, revocó el fallo dictado en primera instancia y, en su lugar, concedió lo
pretendido y ordenó al alcalde del municipio de Tierralta cumplir con el deber de
posesionar a los elegidos para representar a la comunidad indígena de Tundo8, en
los términos del artículo 3 de la Ley 89 de 1890.
4 Archivo electrónico nombrado “10AdmiteVinculación” ubicado en el índice 16 del expediente digital
de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 4F51733DA5EE3F42
FF7C60308676C7F2 BB7BCE13D452D43F EF17B2156DA01479.
5 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado: 11BBE3B3026A119D 6E89BABC6FEB1DBF 6CDB1509C9AAF38F
1086547E192BF988. Ver también índice 16.
6 Archivo electrónico nombrado “22Recurso” ubicado en el índice 16 del expediente digital de tutela
en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 4F51733DA5EE3F42 FF7C60308676C7F2
BB7BCE13D452D43F EF17B2156DA01479.
7 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado: 3CD4AF9D28EB7E35 B07FB20FE2260EB0 113476503C55452B
8FA9845046DC0D21.
8 “PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 4 de junio del 2024 proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Montería que negó la acción de cumplimiento, y en su lugar CONCEDER la acción
de cumplimiento incoada por los señores Yeferson David Domicó Domicó y Ricardo Bailarín Domicó
en contra del Municipio de Tierralta. En consecuencia,
SEGUNDO: ORDENAR al alcalde del municipio de Tierralta que dentro del término de tres (3) días
hábiles siguientes a la notificación de esta providencia cumpla con el deber que le impone el artículo
3 de la Ley 89 de 1890 y posesione a los señores Yeferson David Domicó Domicó y Ricardo Bailarín
Domicó elegidos como Nokos Mayores de Rio Verde y Rio Sinú en una asamblea celebrada del 13
al 16 de marzo de 2024, en la comunidad indígena de Tundo, jurisdicción del municipio de Tierralta,
Córdoba, conforme a las consideraciones de la parte motiva.
TERCERO: Notificar a las partes conforme el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.
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Como fundamento de su decisión, el tribunal explicó que la finalidad de la acción de
cumplimiento estaba dirigida a hacer efectivo el derecho de que goza toda persona
natural o jurídica, pública o privada, como titular de intereses jurídicos para exigir
tanto a las autoridades públicas o particulares que ejerzan sus funciones, el
cumplimiento de una ley o de un acto administrativo que ha impuesto ciertos
deberes u obligaciones.
En ese escenario, agregó que la parte demandante pretendía obtener el
cumplimiento del artículo 3 de la Ley 89 de 1890, por lo que, en concordancia con
la jurisprudencia del Consejo de Estado, la función del alcalde del distrito es dar
posesión a las autoridades indígenas elegidas y que representan a la comunidad
ante los organismos públicos y privados del resto de la sociedad, sin que le sea
dado intervenir de manera directa en su elección o en los asuntos propios de esas
comunidades.
Así, resaltó que la posesión ante el alcalde es un simple trámite y que el registro
final le corresponde al Ministerio del Interior conforme a las competencias
establecidas en el Decreto 289 de 20119. En ese sentido, también le compete
promover la resolución de conflictos con la observancia de los usos y costumbres
de las comunidades indígenas y Rom.
Respecto del caso concreto, estimó que de conformidad con las pruebas allegadas
al expediente, los señores Yeferson David Domicó Domicó y Ricardo Bailarín
Domicó acreditaron ante el alcalde municipal de Tierralta, Córdoba, que mediante
Asamblea de elección celebrada entre los días 13 al 16 de marzo de 2024, la
comunidad indígena de Tundo, Resguardo Embera Katío del Alto Sínu, los eligió
como Nokos Mayores.
Agregó que, en diferentes actas de reuniones celebradas en el territorio y que fueron
aportadas al expediente, consta, de un lado, que el proceso de elección estuvo
acompañado por varias instituciones garantes, entre ellas el Ministerio del Interior,
el departamento de Córdoba, el municipio de Tierralta, la Agencia Nacional de
Defesa Jurídica del Estado, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Colombiana de
Juristas y; de otro lado, que los resultados de la elección fueron ratificados y
aprobados por la comunidad indígena.
Por lo anterior, concluyó que10:
“(…) i) está acreditada la renuencia injustificada del alcalde municipal de Tierralta,
Córdoba, al cumplimiento del artículo 3 de la Ley 89 de 1890 al omitir la posesión
de los Nokos Mayores de Río Verde y Río Sinú; ii) las inconformidades y conflictos
que subsistan y puedan seguir suscitándose dentro de la comunidad no son una
razón válida para que el alcalde niegue la posesión de los elegidos a los señores
Yeferson David Domicó Domicó y Ricardo Bailarín Domicó; iii) La anulación de la
elección corresponde a un asunto interno de la comunidad que deberá ser dirimido
según sus propios usos y costumbres y, de ser necesario, con la intermediación del
Ministerio del Interior, entidad legalmente competente para esos asuntos. Por lo
anterior, se revoca la sentencia impugnada y en su defecto se conceden las
pretensiones de la demanda.”11.
Finalmente, una de las magistradas de la Sala Segunda de Decisión salvó su voto
de la decisión mayoritaria, por considerar que en el asunto concreto “si bien la
acción de cumplimiento es procedente para hacer cumplir el mandato previsto en el
CUARTO: Ejecutoriada la sentencia, remitidas las copias por Secretaría y hechas los registros de
rigor, DEVOLVER el expediente al juzgado de origen.”.
9 Modificado por el Decreto 2340 de 2015 y la Resolución número 2434 del 5 de diciembre de 2011.
10 Página 8 del archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el
aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 3CD4AF9D28EB7E35 B07FB20FE2260EB0
113476503C55452B 8FA9845046DC0D21.
11 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
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artículo 3 de la Ley 89 de 1890, en este caso se encuentra probado que hay un
conflicto dentro de la comunidad indígena Resguardo Embera Katío del Alto Sinú
Rio Verde y Rio Sinú. Por lo tanto, ordenar al alcalde de esa municipalidad acatar
un acta de asamblea de marzo de 2024, desconociendo la existencia de
impugnaciones contra la elección realizada, implica tomar partido por una de las
partes involucradas en la controversia”12.
1.3. Argumentos y pretensiones de tutela.
1.3.1. Los accionantes explicaron, en primer lugar, que, con el fin de elegir
representantes de la comunidad de Tundó los días 13 al 16 de marzo de 2024, se
llevó a cabo la asamblea de elección en el que participaron como garantes la
Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior.
Manifestaron que se presentaron varias irregularidades que resultaron en la
elección de los señores Yeferson David Domicó Domicó y Ricardo Bailarín Domicó
sin la participación de toda la comunidad, lo que produjo un indebido conteo de
votos. Agregaron que en el proceso, el Ministerio del Interior intervino de forma
directa en el resultado y no resolvió los reclamos y quejas que fueron presentadas
en contra de la elección.
Indicaron que, con ocasión de la impugnación presentada por varias comunidades
participantes el 19 de marzo de 2024, fue instaurado un Consejo de Gobernadores
en el que fue expedida la Resolución No. 001 del 15 de mayo de 2024 en el que fue
declarada la nulidad de la asamblea de elección e insta a celebrar un proceso de
conciliación entre las partes.
Informaron que, la señora Yanra Betancur Domicó como lideresa de la comunidad,
radicó ante las instituciones garantes el 26 de marzo de 2024 un escrito en el que
solicitó una investigación y denunció la intervención indebida de autoridades
administrativas en la asamblea de elección, sin que a la fecha hubiere recibido
alguna respuesta de fondo, pues el Ministerio del Interior, mediante oficio del 7 de
mayo de 2024, manifestó que respecto del acta de la asamblea de elección no se
formularon objeciones al proceso de votación.
En segundo lugar, indicaron que, con ocasión del trámite de la acción de
cumplimiento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del 4 de
julio de 2024, vulneró los derechos al debido proceso y en especial a la autonomía
de los pueblos indígenas.
Al respecto expresaron que su solicitud de amparo cumplía los requisitos generales
de procedibilidad y, de otro lado, adujeron que la autoridad cuestionada incurrió en
varios defectos que sustentaron en los siguientes términos:
i) defecto fáctico, porque no valoró debidamente pruebas de video, memoriales ni
las intervenciones de los señores Efraín Chamarra Panesso13 y Yanira Betancourt
Domicó14 que deban cuenta de las irregularidades en la asamblea de elección
realizada del 13 al 16 de marzo de 2024, así como la Resolución del 15 de mayo
del mismo año, expedida por el Consejo de Gobernadores, que declaró la nulidad
de la elección y los videos en los que constan las irregularidades en la votación y la
indebida intervención del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.
En ese sentido, reclamaron que el tribunal debió requerir a los Cabildos Mayores
para que se pronunciaran sobre la controversia planteada antes de dictar una
12 Página 10 del archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el
aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 3CD4AF9D28EB7E35 B07FB20FE2260EB0
113476503C55452B 8FA9845046DC0D21. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas,
mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
13 Presidente de la asamblea celebrada en Tundó en los días 13 al 16 del mes de marzo de 2024.
14 Lideresa representante de la munidad Changarra.
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decisión que modificara lo fallado en primera instancia y agregó que al omitir la
valoración de la referida resolución, también desconoció la autoridad competente
para resolver ese tipo de conflictos dentro de la comunidad, con vulneración de la
autonomía de los pueblos indígenas.
Por lo anterior, insistió en que la autoridad cuestionada no debió ordenar el
reconocimiento a ninguna de las partes, sino inhibirse y procurar tomar las medidas
necesarias para que el conflicto fuera resuelto al interior de la comunidad.
ii) defecto orgánico, dado que a su juicio el juez contencioso carecía de
competencia para dictar una decisión en la controversia planteada, en la medida en
que la resolución de conflictos internos de la comunidad indígena del alto Sinú,
incluyendo conflictos electorales, le corresponde desatarlos al consejo de
gobernadores, tal como sucedió con la expedición de la resolución que declaró
nulidad de la elección.
iii) defecto procedimental absoluto, en tanto el tribunal debió declararse inhibido
ya que la controversia debía ser resuelta al interior de la comunidad indígena.
iv) error inducido, porque el tribunal, pese a los demás yerros enunciados, fue
inducido a error debido a que la parte demandante presentó como prueba
fundamental un acta en la que se refiere la elección con el cumplimiento de los
requisitos necesarios sin tener en cuenta los demás elementos de prueba
presentado por los terceros con interés, que daban cuenta de las irregularidades en
el proceso de elección así como la declaración de nulidad de la asamblea y sus
resultados, declarada por la autoridad indígena competente.
v) desconocimiento del precedente, dado que el tribunal no tuvo en cuenta los
pronunciamientos de la Corte Constitucional relacionados con la autonomía interna
de las comunidades indígenas para la resolución de conflictos y en ese sentido,
insistió que, debió oficiar a los Cabildos Mayores del alto Sinú, al Consejo de
Gobernadores y demás instituciones propias del Pueblo Embera para que
resolvieran internamente la controversia en la decisión electoral.
Al respecto, citó textualmente algunos apartes de las sentencias T-445 de 2022, T-
221 de 2021, T-201 de 2016 y T-979 de 2006.
1.3.2. El accionante pidió15 en su escrito de tutela al juez constitucional, el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso y a la autonomía de los pueblos
indígenas del alto Sinú y, en consecuencia, que: i) “se revoque lo resuelto por la
sentencia emitida por el tribunal administrativo de córdoba mediante sentencia
adiada a 4 de julio de 2024 (…)”16, ii) “que públicamente el tribunal pida disculpas a
la comunidad indígena del Alto Sinú por violar sus derechos fundamentales al
debido proceso y autonomía de los pueblos indígenas (…)”17; iii) “se libren las
medidas necesarias para evitar que las entidades de carácter público se sigan
entrometiendo de manera injustificada e inconstitucional en las decisiones propias
de los pueblos indígenas.”18; y iv) “en aras de no perpetrar esta injusticia, se le
ordene al ministerio del interior, no otorgar registro a favor de los compañeros
YEFFERSON DOMICÓ Y RICARDO BAILARÍN, hasta tanto no se resuelva
internamente el conflicto de gobernabilidad en las comunidades indígenas del alto
Sinú”19.
15 Página 22 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del
expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 3A518AC73DCA3401
1567C69CF4335342 BA7F5D02C6D6F415 5D96FFBA3E3BAD9A.
16
Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
17
Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
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1.4. Trámite de tutela e intervenciones
1.4.1. El Despacho del magistrado ponente, con auto del 9 de agosto de 202420,
admitió la acción; vinculó como terceros con interés a Yeferson David Domicó
Domicó, a Ricardo Bailarín Domicó, al municipio de Tierralta (Córdoba), al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Montería, a Yanira Betancur Domicó, a Efraín
Chamarra, al Ministerio del Interior y a las demás personas que participaron en el
proceso con radicado número 23001-33-33-003-2024-00166-01; solicitó el
expediente digital, ordenó notificar a los sujetos procesales y decretó pruebas.
1.4.2. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Montería21, a
través del titular del despacho, expuso un recuento de las actuaciones de instancia
surtidas en el asunto ordinario y adujo que se abstenía de emitir un pronunciamiento
al tratarse el asunto sobre la presunta valoración de derechos fundamentales
producto de una decisión dictada por el superior funcional. Agregó que, al ser un
cuestionamiento sobre la valoración probatoria y de la ley, no estaba superado el
requisito de subsidiariedad, lo que en suma impide al juez de tutela inmiscuirse en
la órbita de acción del juez ordinario o natural.
De otra parte, en cumplimiento de la orden impartida en al auto admisorio, relacionó
la información solicitada sobre las partes e intervinientes en el proceso y allegó
copia digital del expediente con radicado 23001-33-33 003-2024-00166-01.
1.4.3. El Tribunal Administrativo de Córdoba22 también informó sobre las partes
e intervinientes en el proceso y remitió copia digital del expediente objeto de tutela,
sin embargo, no se pronunció del caso concreto.
1.4.4. El Ministerio del Interior, a través de la directora jurídica, solicitó la
desvinculación de la presente acción por falta de legitimación en la causa por
pasiva, pues consideró que los hechos narrados por el accionante y a los que le
atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales no están relacionados con
esa cartera ministerial23.
1.4.5. Los accionantes24 informaron que a pesar de que presentaron una acción de
tutela en contra del Ministerio del Interior para evitar actuaciones que pusieran en
riesgo sus garantías fundamentales como comunidad indígena y jurisdicción
especial, el municipio de Tierralta posesionó a los señores Yeferson David Domicó
Domicó y Ricardo Bailarín Domicó como Nokos Mayores de Rio Verde y Rio Sinú,
y que el Ministerio del Interior los inscribió en el respectivo registro pese a la
presentación de la tutela de la referencia y de que el Consejo de Gobernadores de
20 Archivo electrónico ubicado en el índice 4 del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI,
identificado con certificado: 4658C463877DA553 6164FA045684B2CE 27377CD7CE09C5AF
ED1DC012CC605426.
21 Archivos electrónicos ubicados en el índice 12 del expediente digital de tutela en el aplicativo
SAMAI, identificados con certificados 347866DB5B83AA63 7109B821915825FC
04E8AE5B59AC85D8 E777D21F0F6BC8C9 y 02E54E440C2E2EFA 7A865C30CD5150A0
AEEFBDADDC6E6BAD CC9A781CF1002B56.
22 Archivo electrónico ubicado en el índice 16 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado 046E07F381F2D407 1E4F239DECD72585 EC381C29D90B8842
786C56CFAEDCCB05 y 4F51733DA5EE3F42 FF7C60308676C7F2 BB7BCE13D452D43F
EF17B2156DA01479.
23 Archivo electrónico ubicado en el índice 17 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado 3FC43A4FE19F20DF E0F5819DE9E4F3A1 1D6373F893CB7F53
22DC4A7413479A7A, C1D3CA3BFFA93603 76EE9C306795F42E 569A5A81A57D7845
955ACAAAABF058C7, 7BED8F6AFF4AFAA4 3B3928E1FC6521B7 F5C185D322A4D0C7
7A85DEABC0EAC352 y BB0787795FF06A9F D14388C98464F3D6 1C311DD3B6A626A3
B1AF9F6153B2B3A8.
24 Archivos electrónicos ubicados en el índice 15 del expediente digital de tutela en el aplicativo
SAMAI, identificados con certificados 02D40C005F05D445 7C93D0514497EA33
F1CBA58FABF07B5C E921093B3644B55C, 478719A95706A8AB 2BB5CDE7C4268277
AD9A6E4C25623391 F14BD2BB228EDBF3, 2311D9D73482B4F8 C5E15B66480455DF
177DF713AD4CAD07 9FF375857FB81FCE y 35ED6A93F8D5A66D 60CA54758831C95F
54F74D47EBFE2A0B 8F93E4A6055D2C28.
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Rio Sinú Verde – Resguardo Embera Katio del Alto Sinú, anuló la asamblea
realizada en la comunidad de Tundó los días 13 al 16 de marzo de 2024, lo que en
suma desconoce los derechos al debido proceso y a la autonomía de los pueblos
indígenas como jurisdicción especial.
Por lo anterior, pidieron como medida cautelar que se ordenara al Ministerio del
Interior expedir un acta en la que “conste que existe procedimiento judicial referente
al registro de los compañeros YEFERSON Y RICARDO para que
consecuentemente se ordene que dichos registros NO SON OPONIBLES A
TERCEROS y NO TIENEN VALIDEZ hasta que no se resuelva la problemática de
fondo”25; y, de manera subsidiaria, que disponga lo que considere necesario para
evitar que “los compañeros […] se sigan perpetuando irregularmente en el poder,
derivado de una ilegalidad cometida por los organismos garantes y el Tribunal
Administrativo de Córdoba”26.
Además, formuló como pretensiones que se ordene al Ministerio del Interior la
cancelación inmediata de los registros de los señores Domicó Domicó y Bailarín
Domicó y que se abstenga de registrarlos hasta tanto sea resuelto el conflicto de
gobernabilidad de la comunidad Emberá Katio del Alto Sinú.
Luego, el expediente ingresó al despacho del magistrado ponente 27 y la parte
accionante radicó un nuevo memorial, el 29 de agosto siguiente en el que deprecó
que se inste al Tribunal Administrativo de Córdoba para que ordene al Ministerio del
Interior cancelar las actas de registro de Nokos Mayores de Río Verde y Rio Sinú.
Además, que se vincule la referida cartera para que cancele de forma directa las
actas de registro28.
1.4.6. El Despacho del magistrado ponente, con auto del 2 de agosto de 202429,
ordenó la notificación del trámite de la referencia a los señores Yeferson David
Domicó Domicó y a Ricardo Bailarín Domicó, quienes fueron demandantes en el
proceso con radicado número 23001-33-33-003-2024-00166-01 y posesionados
como Nokos Mayores de Rio Verde y Rio Sinú.
De otro lado, respecto de la medida cautelar solicitada, estimó que los argumentos
expuestos por los accionantes no sustentaban ni aportaban elementos de
convicción que permitieran establecer cómo la posesión de los señores Domicó y
Bailarín como Nokos Mayores constituía un perjuicio, y las razones que, a su vez,
lo hacían irremediable o inminente de tal forma que fuera necesaria y urgente la
intervención del juez constitucional.
1.4.6. Los señores Yeferson David Domicó Domicó y Ricardo Bailarín Domicó
allegaron memorial30 en el que manifestaron que la comunidad indígena estaba
inmersa en problemas de gobernabilidad que le impedía acceder a los programas,
planes y proyectos del Estado, por lo que se llevó a cabo la asamblea de elección
en el que resultaron elegidos y, en ese sentido, indicaron que la inconformidad de
25
Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
26
Ibid.
27 Archivo electrónico ubicado en el índice 18 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado A310D2D1139E9794 07D23A02D5DB3547 002C4E32D9CFDC25
CDEFF27014740D13.
28 Archivos electrónicos ubicados en el índice 19 del expediente digital de tutela en el aplicativo
SAMAI, identificados con certificados 5747D67E853917EF DEFFA9AB7481CDD7
2E133C5399E78BBD E91284F066EDE951, D4A687FBA378BB7C 99C9F21C4B3B1750
5ECE396C1C185AC6 3B5932472A6566CE,
29 Archivo electrónico ubicado en el índice 21 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado C1EAE40CEF4F6C12 2CAB078DF4715F69 771A1D54D8719E20
63A6E9471249E7F8.
30 Archivos electrónicos ubicados en el índice 24 del expediente digital de tutela en el aplicativo
SAMAI, identificados con certificados AB603ADD84050E97 EBABBFAE089A1545
A114EED8296A3F03 FD1822F6654FD2FB y 1FE4D7C38E1765F3 A76F7766323A678A
C574B1F35FACF0A2 AC3ABFCB6EE1E999.
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los tutelantes estaba indebidamente sustentada en la decisión de un Consejo de
Gobernadores ilegítimo que supuestamente anuló los resultados debidamente
acreditados en la Asamblea General dado que según sus estatutos, esta última es
la única que puede revocar y modificar tales decisiones.
Agregaron que la decisión de la asamblea general fue confirmada mediante circular
externa expedida el 15 de agosto de 2024 por el Consejo de Gobernadores
acreditado, ejercicio de las facultades establecidas en el numeral 21 de los estatutos
vigentes de la comunidad, que además anexaron.
Así, concluyeron que si la elección de la comunidad llevada a cabo los días 13 al 16
de marzo de 2024 goza de presunción de legalidad, era consecuente que la alcaldía
municipal de Tierralta diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 89
de 1890 para dar posesión a los Nokos electos.
1.4.7. Los accionantes se opusieron a los argumentos expuestos por los señores
Yeferson David Domicó Domicó y Ricardo Bailarín Domicó e indicaron que el
Consejo de Gobernadores es competente para dirimir conflictos de índole electoral,
tal como sucedió en circunstancias similares que tuvieron lugar en el año 2020, en
el que el Ministerio del Interior definió no realizar la inscripción de los Nokos electos
hasta que no fuera resuelto el conflicto de competencia31.
1.4.7.1. Posteriormente, aportaron32 el oficio del 10 de septiembre de 202433 en el
que consta la respuesta a un escrito de petición que radicaron ante el municipio de
Tierralta y respecto del que indicaron que era una prueba que daba cuenta de las
irregularidades que fueron observadas en el desarrollo de la Asamblea General de
elección.
1.4.8. Los señores Yeferson David Domicó Domicó y Ricardo Bailarin Domicó
allegaron oficio en el que34 reiteraron su inconformidad con la solicitud de los
accionantes y, entre otros aspectos, indicaron que en su comunidad en materia de
elecciones se han presentado diversos conflictos, por lo que, con acompañamiento
de diversas autoridades en calidad de garantes, del 13 al 16 de marzo de 2024 se
llevó a cabo una Asamblea General en la que resultaron elegidos como
representantes de su comunidad, cuyos resultados solo pueden ser revocados o
modificados por esta.
Al respecto, indicaron que las inconformidades de los accionantes solo tienen la
intención de cambiar los resultados en contravía de los estatutos que rigen la
comunidad y que, en ese sentido, el alcalde de Tierralta conforme a lo dispuesto en
el artículo 3 de la ley 89 de 1890 estaba en la obligación de posesionarlos en el
cargo.
31 Archivos electrónicos ubicados en el índice 27 del expediente digital de tutela en el aplicativo
SAMAI, identificados con certificados 951B8AE1ED049FC1 E8E8DF2A43F733A2
A8F1B42D1A1010CD CAD18170F61F2DE4, 6EAB770D683F7E20 88F38BBAC6C25EF9
35D000CA8000EEBA CA79681F5B3B32F1, 26E86FD75E7B0797 380268E3A37C2261
8EEE0DAE4232F0CC 8B524DEA031EC687, AA75FF0D755E1659 AA281B21A7CFE366
4F50B78F1624ED85 A24057FE17B42D23 y 3C4B66D5CE55D519 253BB45004623942
EF9318B9A52A3419 ED54E367F1CEB021. Ver también índice 28.
32 Archivos electrónicos ubicados en el índice 30 del expediente digital de tutela en el aplicativo
SAMAI, identificados con certificados 62E71AED621AE939 17EA01BDA592843C
9FC2B790D0890B84 C5B7DDBF25A2266B y 0DE74F5B35BF26A5 304BBC404AA07068
2C721CFECE0E6794 55D987158B0EBABB.
33 Archivo electrónico ubicado en el índice 30 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado 6DDE8BA749AD5BC1 EB481B0EE68F5BB4 96806EC4B46C1DD1
5A506472F0A75E37.
34 Archivo electrónico ubicado en el índice 33 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,
identificados con certificados 93AD87C37F262CCA DDBD89BC17E43318 A130DD3F1E4078D6
7010D80856141637 y 827AF95FDCDF0593 C0B8DC5247C61E8C 85952A11934B6405
148A2BCE7D029821.
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También manifestaron que, su derecho a la defensa resultó vulnerado dado que no
les fue notificada la Resolución No. 001 del 15 de mayo de 2024 y allegaron
documentos que dan cuenta de conductas llevadas a cabo por miembros de la
comunidad que no están debidamente avaladas.
En suma, solicitaron declarar improcedente el amparo por considerar que no existe
ningún conflicto entre la comunidad y que su elección está debidamente acreditada.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2.2. Legitimación en la causa
La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque los
accionantes son titulares de los derechos que afirmaron están siendo vulnerados
por la autoridad accionada con la decisión dictada en segunda instancia en la acción
de cumplimiento a la que fueron vinculados.
En este punto es preciso resaltar que, la Corte Constitucional ha sostenido que,
“(…) la legitimación por activa en los procesos de tutela para la protección de
derechos fundamentales de las comunidades indígenas está en cabeza de: “(i) las
autoridades ancestrales o tradicionales de la respectiva comunidad; (ii) los
miembros de la comunidad; (iii) las organizaciones creadas para la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas, y (iv) la Defensoría del Pueblo” 35.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva, porque el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, fue la autoridad que dictó el
fallo objeto de tutela y al que los accionantes atribuyen la vulneración de sus
garantías fundamentales.
De otra parte, la Sala estima que no tiene vocación de prosperidad la solicitud de
desvinculación formulada por el Ministerio del Interior, en la medida en que la
referida cartera ministerial fue vinculada como tercero con interés en el trámite de
la acción de cumplimiento en la que fue dictada la sentencia que hoy es revisada en
sede de tutela, por lo que, cualquier decisión que llegare a dictarse al respecto es
también de su interés.
2.3. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley.
Conforme con la disposición referida, la acción de tutela solo procede cuando el
afectado no tiene otro mecanismo de defensa judicial para la protección de sus
derechos fundamentales o, a pesar de tenerlos, se acude al amparo como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable36.
35 Corte Constitucional, sentencia del 6 de diciembre de 2022, expediente T-8.113.378.
36 Artículo 86 constitucional: “(…) Esta acción s[o]lo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
otro perjuicio irremediable (…)”.
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2.3.1. La acción de tutela se instauró oportunamente en términos del requisito de
la inmediatez. La sentencia que se acusa fu notificada el 8 de julio de 202437, y la
solicitud de tutela se radicó el 6 de agosto de 202438, es decir, dentro del término
que la jurisprudencia consideró como razonable para cuestionar decisiones
judiciales
2.3.2. El asunto en estudio también cumple con el requisito
de subsidiariedad porque no procede mecanismo judicial alguno para controvertir
la providencia objeto de solicitud de tutela y no está acreditada alguna causal para
el ejercicio del recurso extraordinario de revisión o el de unificación de jurisprudencia
2.3.3. Los solicitantes de amparo expresaron de manera clara y suficiente los
hechos y argumentos por los cuales consideraron que la autoridad cuestionada
vulneró sus derechos fundamentales, pues, a su juicio, la sentencia objeto de tutela
incurrió en un defecto fáctico al acceder a las pretensiones de cumplimiento, por
una indebida e incompleta valoración de las pruebas, ya que definió un conflicto
electoral que solo podía ser resuelto al interior de la comunidad. Cuestión que goza
de claridad para que el juez constitucional pueda hacer el examen de procedibilidad
en relación con los cargos alegados, en función del requisito de relevancia
constitucional.
2.3.4. El requisito de relevancia constitucional exige que el reclamo expuesto en
la solicitud de amparo esté dirigido a exponer las razones por las que el
cuestionamiento a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria39, a una cuestión
iusfundamental, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia como
únicas causales que habilitan el control constitucional concreto40. Así, son
improcedentes los argumentos destinados a proponer fórmulas que habrían podido
ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, toda vez que, como lo ha establecido
la Corte Constitucional, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una
instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona, pues ello
desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de
los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 41.
En ese contexto, los defectos enunciados por la parte accionante que se subsumen
en una indebida valoración probatoria cumplen con el requisito de relevancia
constitucional, pues los argumentos de amparo no pretenden continuar el debate
sobre el cumplimiento del artículo 3 de la Ley 89 de 1890, sino exponer como, en el
caso concreto, la sentencia controvertida fue el resultado de una indebida valoración
del material probatorio, que demostraba la existencia de un conflicto de intereses al
37 Archivo electrónico nombrado “11NotificacionSentenciaComunicaciónSalvamento” ubicado en el
índice 16 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
4F51733DA5EE3F42 FF7C60308676C7F2 BB7BCE13D452D43F EF17B2156DA01479.
38 Archivo electrónico que contiene el Acta de Reparto, ubicado en el índice 2 del expediente digital
de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado C387480C12A19770
8F027266E15F1133 80AC2AB7F84F4A25 3E562A39D21B0139.
39 Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se
desprendan violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren
relevancia constitucional inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la
Corte Constitucional en las sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
40
Sentencia C-590 de 2005. Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad
judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material
de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en
que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño
por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance; y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que
antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
41
Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez, reitera la T-336 de 2004.
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interior de la comunidad indígena, circunstancia que vulnera las garantías del
proceso y la autonomía de las comunidades indígenas previstas en los artículos 29
y 246 de la Constitución Política.
2.4. Problema jurídico
Corresponde a la Sala definir si la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba vulneró las garantías fundamentales de los accionantes
al debido proceso y a la autonomía de los pueblos indígenas. En particular, deberá
determinar si la sentencia del 4 de julio de 2024 que ordenó la posesión de dos
miembros de la comunidad, no tuvo en cuenta que el acervo probatorio daba cuenta
de la existencia de un conflicto electoral que, en principio, debía ser resuelto al
interior de aquella antes de continuar con los trámites administrativos de
reconocimiento y posesión de los Nokos.
2.5. Solución al problema jurídico
2.5.1 Leonido Domicó Cuñapa y Cauxilio Restrepo Domicó manifestaron en el
escrito de tutela que la autoridad cuestionada vulneró las garantías fundamentales
al debido proceso y a la autonomía de los pueblos indígenas, en la medida en que,
al dictar la sentencia, no tuvo en cuenta que la asamblea general que se llevó a
cabo del 13 al 16 de marzo de 2024 –en la que resultaron elegidos Yeferson David
Domicó Domicó y Ricardo Bailarín Domicó como Nokos Mayores de Rio Verde y
Rio Sinú–, fue declarada nula en la Resolución 001 del 15 de mayo de 2024 del
Consejo de Gobernadores, lo que daba cuenta de la existencia de un conflicto
electoral que debía ser resuelto al interior de la comunidad, por lo que, no era viable
la intervención de otra jurisdicción para resolverlo.
Así, explicó que el Tribunal debió abstenerse de proferir un fallo, ya que al dictar
una decisión favorable a los intereses de los demandantes, incurrió en varios yerros,
porque no tuvo en cuenta el acervo probatorio allegado al expediente, desconoció
la competencia de la jurisdicción especial indígena para resolver conflictos de índole
interno que solo le compete dirimir a la comunidad de acuerdo con sus usos y
costumbres, y omitió el análisis de la jurisprudencia relacionada con el derecho de
autonomía de las comunidades indígenas en la resolución de conflictos de elección.
De lo expuesto, la Sala comprende que los argumentos de los accionantes se
dirigen a plantear la configuración de un defecto fáctico derivado del análisis
probatorio que realizó la autoridad convocada, en la medida en que afirman que la
decisión cuestionada desconoció la existencia de un conflicto electoral que estaba
debidamente acreditado con varias piezas procesales aportadas al expediente.
En ese orden, debaten que la autoridad judicial dirima una controversia de orden
interno que solo debe ser resuelta por la comunidad indígena, en tanto, ordenar el
reconocimiento de sus representantes sin que exista un acuerdo unánime no hace
exigible ni obliga el objeto del medio de control de cumplimiento incoado, en cambio
sí, es una clara intromisión que vulnera sus derechos fundamentales al debido
proceso y autonomía de los pueblos indígenas.
2.5.2. Por su parte, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba en la sentencia objeto de tutela, estimó que el municipio de Tierralta no
había dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 89 de 1890 y
posesionado a los Nokos, guardó silencio frente al requerimiento de los elegidos y,
solo hasta que dio contestación en el trámite de la acción de cumplimiento, la
entidad territorial manifestó que su abstención para dar trámite a la respectiva
posesión obedecía a la solicitud de los señores Leonido Domicó Cuñapa, Caucilio
Restrepo y Yanira Betancur de que no se realizara el referido acto, pues según su
dicho, se presentaron varias anomalías en la Asamblea General que daban cuenta
de un conflicto electoral al interior de la comunidad indígena.
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La autoridad demandada expuso que la razón enunciada por la alcaldía para
incumplir el mandato de la ley no era válida, porque tal omisión, no solo desconocía
la decisión de la comunidad, sino que daba cuenta que estaba asumiendo una
competencia que no le correspondía, dado que, cualquier diferencia al respecto
debía ser resuelta por la comunidad indígena y si era el caso, como en efecto
ocurrió, con la intermediación del Ministerio del Interior dada su competencia en ese
aspecto. También resaltó que en el proceso de elección participó un delegado de la
alcaldía de Tierralta sin que informara alguna irregularidad en el proceso o resultado
de los comicios.
Así, concluyó que la actuación del alcalde municipal era omisiva, en tanto, no era
de recibo que únicamente por un oficio suscrito por personas que estaban
inconformes con el resultado de las elecciones, decidiera abstenerse de posesionar
a los elegidos invocando el principio de autonomía indígena, dado que, su actuación
en sí misma podía constituir una indebida intromisión en la grave situación de
ingobernabilidad que esto genera en la comunidad.
De otra parte, respecto de la Resolución número 01 del 15 de mayo de 202442
aportada por la señora Yanira Betancur Domicó43, sostuvo que, tal acto
administrativo no podía ser considerado negativa o positivamente en el medio de
control de cumplimiento, porque, se trataba de un acto propio de las autoridades
indígenas que, su validez o invalidez no era de competencia de la jurisdicción
contencioso administrativa.
Agregó que tampoco era un acto oponible al alcalde municipal de Tierralta, en tanto,
la posesión era un acto de trámite y el registro final le correspondía realizarlo al
Ministerio del Interior, que, en todo caso, debía valorar si existía o no un verdadero
conflicto entre la comunidad. También explicó que, pese a que los impugnantes
manifestaron que la referida resolución era falsa, ilegal y fraudulenta, tal
controversia tampoco era un asunto que debía ser resuelto en el trámite de la acción
de cumplimiento.
2.5.3. En este contexto, es preciso recordar que el medio de control de cumplimiento
de que trata el asunto objeto de tutela es un mecanismo judicial orientado a obtener
el acatamiento de mandatos expresos contenidos en normas con fuerza de ley o
actos administrativos.
Luego, cabe resaltar que de conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional en diferentes pronunciamientos44, las comunidades indígenas son
sujetos de especial protección constitucional y tienen la potestad de solicitar la
defensa de sus derechos fundamentales por medio de la acción de tutela con el fin
de garantizar su autonomía, cultura y subsistencia.
Así, la identidad cultural es un derecho esencial que garantiza que las comunidades
e individuos puedan ejercer sus garantías fundamentales, lo que implica el control
sobre sus estructuras sociales, formas de organización, creencias, usos y
costumbres encaminados a la protección de los derechos al debido proceso,
autodeterminación y autonomía45.
Al respecto, la Corte Constitucional también ha reiterado que46,“en principio los
conflictos internos de la población indígena que se presenten en el ámbito electoral
42 “Por medio de la cual se resuelven las demandas, denuncias e impugnaciones presentadas
respecto al desarrollo y resultado de la ASAMBLEA GENERAL realizada en la comunidad de Tundó,
los días 13 al 16 de marzo del 2024.”.
43 Líderesa de la comunidad indígena vinculada como tercero con interés al medio de control de
cumplimiento.
44 Corte Constitucional, sentencia T-455 del 6 de diciembre de 2022, expediente T-8.113.378.
45 Corte Constitucional, sentencia T-072 del 24 de marzo de 2021, expedientes T-7.910.068 y T-
7.979.604 (acumulados).
46 Corte Constitucional, sentencia T-371 de 2013.
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deben ser resueltos por ella misma, a menos que se advierta una vulneración
evidente a los derechos fundamentales. De otro modo, cualquier intervención por
parte de las autoridades se consideraría una intromisión violatoria a su derecho a la
autonomía política”47.
2.5.4. Pues bien, revisados los documentos del expediente de cumplimiento, la Sala
observa diversos elementos que dan cuenta de los conflictos y desacuerdos
respecto de la elección de sus representantes, a saber: i) Resolución 001 del 15 de
mayo de 2024 en la que el Consejo de Gobernadores de la comunidad declaró nula
la Asamblea General llevada a cabo del 13 al 16 de marzo de 2024 en la que
resultaron elegidos como Nokos los señores Ricardo Bailarin y Yeferson Domicó48
quienes promovieron la acción de cumplimiento; ii) las contestaciones, escritos de
oposición, oficios y pruebas allegados por las autoridades y miembros de la
comunidad en las que manifestaron diversas opiniones de acuerdo y desacuerdo
con la elección de sus representantes en el trámite de la acción de cumplimiento49;
iii) el escrito de impugnación del registro de los señores Ricardo Bailarin y Yeferson
Domicó en la base de datos institucionales de autoridades y/o cabildos indígenas
de la Dirección de Asuntos Indígenas radicada por los accionantes ante el Ministerio
del Interior50; iii) respuesta a la impugnación del registro; y iv) diversas solicitudes
de intervención para la revisión de las irregularidades que los accionantes, aducen
tuvieron lugar en la asamblea general de elección51; entre otros.
Así, la Sala resalta que, una vez estudiados en detalle algunos de los documentos
referidos anteriormente, la Resolución del 15 de mayo de 2024 refiere las
manifestaciones de la comunidad en relación con el resultado de la elección de sus
representantes, así52:
“Finalizando la jornada, las mujeres que pertenecen a la comunidad de
CHANGARRA, representadas por la señora YANIRA BETANCUR DOMICO,
solicitaron enérgicamente, su derecho a participar; después de un arduo debate, no
fue posible que los miembros de la asamblea que respaldaban a YEFERSON Y
RICARDO, dejaran votar a esta comunidad, dejando suspendida la ASAMBLEA;
manifiestan los demandantes que los garantes, no buscaron los mecanismos para
corroborar si estas personas pertenecían o no al pueblo Embera, si estas personas,
hacían parte de la organización CAMAEMKA, y si estas personas tenían el derecho
al voto.
(…)
Frente a la participación de parte de los funcionarios del Ministerio del interior y de
la Defensoría del pueblo (Garantes del proceso eleccionario), en la asamblea
general, no solo se cuenta con los testimonios de los denunciantes, sino también la
mayoría de los Gobernadores presentes son testigos de tal intromisión; de igual
manera, existen varios videos grabados por miembros de la comunidad, donde se
observa a la doctora ANA MILENA RINCON, garante del proceso eleccionario y
47 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
48 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado 9515F965D2FF339D A6C163AF76E0993E 2B977BBB7848C6C5
FC48883F5E7ADBF4.
49Archivos electrónicos nombrados “04Memorial”, “05Memorial”, “06Memorial”, “07Memorial”,
ubicados en las carpetas que contienen el expediente del medio de control de cumplimiento en el
índice 16 del expediente digital de tutela, en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
4F51733DA5EE3F42 FF7C60308676C7F2 BB7BCE13D452D43F EF17B2156DA01479.
50 Ver índice 19.
51 Archivos electrónicos nombrados “16Contestacion”, ubicados en las carpetas que contienen el
expediente del medio de control de cumplimiento en el índice 16 del expediente digital de tutela, en
el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 4F51733DA5EE3F42 FF7C60308676C7F2
BB7BCE13D452D43F EF17B2156DA01479.
52 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado 9515F965D2FF339D A6C163AF76E0993E 2B977BBB7848C6C5
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04117-00
Accionantes: Leonido Domicó Cuñapa y otro
quien representa al Ministerio del Interior, tomado decisiones en nombre de todos
los garantes, en particular de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Interior.”53
Luego, en escrito aportado al expediente del medio de control de cumplimiento, en
memorial del 21 de mayo de 2024, se lee la intervención de la señora Yanira
Betancour Domicó en calidad de representante de la Comunidad Changarra 54, del
que entre otros aspectos manifestó su interés de impugnar los resultados de la
Asamblea dada su inconformidad con el proceso de elección aduciendo la
intervención de los garantes en las decisiones de la comunidad pese a diferentes
irregularidades que se presentaron, entre ellas, la falta de garantías para registrar
el voto de todas las comunidades convocadas.
Como anexos del memorial, también constan varios oficios dirigidos a la alcaldía del
municipio de Tierralta, al Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo en el
que solicita abstenerse de llevar a cabo el acto de posesión de quienes resultaron
elegidos en la asamblea general, acompañamiento para que se llegue a un acuerdo
para realizar elecciones e investigaciones por irregularidades e intromisión en
asuntos de la comunidad.
En el oficio aportado por el señor Efraín Chamarra Panesso del 20 de mayo de
202455, quien acude al proceso en calidad de presidente de la mesa coordinadora
de la Asamblea de Tundo, expuso su inconformidad con el trámite y resultados de
la Asamblea General de elección dado que argumentó irregularidades en las
votaciones, intervención indebida de las entidades garantes y arrimó oficios de
denuncias al respecto, por lo que, requirió confirmar la decisión de negar las
pretensiones al interior del medio de control de cumplimiento en tanto la autoridad
competente para resolver sus diferencias era del Consejo de Gobernadores.
Del medio de prueba de video obrante en el proceso, consta, de un lado, la
intervención de un representante del Ministerio del Interior para continuar el conteo
de votos pese a también afirmar que la comunidad no se ponía de acuerdo, así
como la manifestación de inconformidad de varios miembros de la colectividad
respecto de la impugnación de los resultados en las elecciones llevadas a cabo en
la Asamblea General de elección llevada a cabo del 13 al 16 de marzo de 202456.
Visto lo anterior, la Sala considera que la decisión del 4 de julio de 2024 dictada por
el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, desconoce el
derecho de autonomía de la comunidad indígena del Alto Sinú, en la medida en que
no solo ignoró los argumentos y material probatorio que acreditan la existencia de
un conflicto político y que compromete su convivencia pacífica, sino que además, lo
dirimió al tomar una decisión en la que ordena al alcalde del Municipio de Tierralta
expedir los actos administrativos de posesión, lo que, consecuentemente, deriva en
el registro ante el Ministerio del Interior.
En concordancia con lo anterior, esta Sala concederá el amparo solicitado por la
parte accionante, en tanto, la providencia objeto de estudio en esta sede de tutela
presenta un defecto fáctico que llevó a que el Tribunal estimara acreditada la
53 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
54 Archivos electrónicos nombrados “16Contestacion”, ubicados en las carpetas que contienen el
expediente del medio de control de cumplimiento en el índice 16 del expediente digital de tutela, en
el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 4F51733DA5EE3F42 FF7C60308676C7F2
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55 Archivos electrónicos nombrados “13Contestacion”, ubicados en las carpetas que contienen el
expediente del medio de control de cumplimiento en el índice 16 del expediente digital de tutela, en
el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 4F51733DA5EE3F42 FF7C60308676C7F2
BB7BCE13D452D43F EF17B2156DA01479.
56 Archivos electrónicos nombrados “14AnexoContestación”, ubicados en las carpetas que contienen
el expediente del medio de control de cumplimiento en el índice 16 del expediente digital de tutela,
en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 4F51733DA5EE3F42 FF7C60308676C7F2
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04117-00
Accionantes: Leonido Domicó Cuñapa y otro
renuencia injustificada del alcalde municipal de Tierralta, Córdoba, respecto del
cumplimiento del artículo 3 de la Ley 89 de 1890, sin tener en cuenta el acervo
probatorio allegado al expediente que acreditaba la existencia de un conflicto
electoral que debía se dirimido al interior de la comunidad, en armonía con el
derecho de autonomía indígena, en tanto, la decisión que resuelva la controversia
no debe referirse únicamente al cumplimiento de un acto de trámite sino que, en el
escenario concreto, debe estimar con claridad si un pronunciamiento al respecto
puede o no derivar una indebida intervención para resolver una controversia en
asuntos que no son de su competencia. Esta valoración, afectó la decisión de fondo
y con ello vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de autonomía de
las comunidades indígenas al tener en cuenta una consideración fáctica indebida.
2.5. En este contexto, la Sala dejará sin efecto la la sentencia del 4 de julio de 2024,
y ordenará al Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión,
adopte una decisión de reemplazo, en la que tenga en consideración las premisas
de orden constitucional relacionadas al asunto en estudio y aprecie en su integridad
el acervo probatorio obrante al expediente.
III.DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: AMPARAR el derecho al debido proceso y a la autonomía de los
pueblos indígenas de los señores Leonido Domicó Cuñapa y Cauxilio Restrepo
Domicó, por los motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia
SEGUNDO: DEJAR sin efecto la sentencia del 4 de julio de 2024, proferida por la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba dentro de la
acción de cumplimiento identificada con el número de radicación 23001-33-33-003-
2024-00166-01.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de
Decisión, que, dentro del término de cuarenta (40) días siguientes a la notificación
de esta providencia, emita una decisión de reemplazo dentro de la acción antes
referida, que atienda los parámetros analizados en la parte motiva de este proveído.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la solicitud de amparo por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
QUINTO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio del
Interior, por las razones expuestas en esta providencia.
SEXTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SÉPTIMO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
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Accionantes: Leonido Domicó Cuñapa y otro
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
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