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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04117-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04117-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de octubre de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la autonomía de los pueblos indígenas de los señores Leonido Domicó Cuñapa y Cauxilio Restrepo Domicó, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04117-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

30 de enero de 2025

Demandante: Leonido Domicó Cuñapa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04117-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04117-01
Demandantes: LEONIDO DOMICÓ CUÑAPA Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial dictada en proceso de acción
de cumplimiento. Confirma decisión de amparar.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por los señores Yeferson David
Domicó Domicó y Ricardo Bailarin Domicó contra la sentencia proferida en primera
instancia el 4 de octubre de 2024 por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo
de Estado. En ese fallo se accedió al amparo solicitado por la parte actora y se dejó
sin efectos la sentencia del 4 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, Sala Segunda de Decisión.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 6 de agosto de 2024, los señores Leonido Domicó
Cuñapa y Cauxilio Restrepo Domicó, actuando en nombre propio, presentaron
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de
Decisión. Con la solicitud de amparo pretenden la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la autonomía de los pueblos indígenas.

2. La trasgresión de la citada garantía constitucional se la adjudica a la
sentencia del 4 de julio de 2024 proferida por dicha corporación en el proceso de la
acción de cumplimiento con radicado 23001-33-33-003-2024 00166-01. Mediante
dicho fallo, la autoridad judicial revocó la sentencia del 4 de junio de 2024 que negó
las pretensiones del medio de control y, en su lugar, accedió a lo solicitado.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Leonido Domicó Cuñapa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04117-01

1.2. Pretensiones

3. Los accionantes solicitaron:

1: Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y a la autonomía
de los pueblos indígenas del alto Sinú, abiertamente violentados por el tribunal
administrativo de córdoba mediante sentencia adiada a 4 de julio de 2024, en el
procedimiento con número de radicado: 23001333300320240016601 y magistrado
ponente: Pedro Facundo Olivella Solano.

2. Que, de acuerdo a lo anterior, se revoque lo resuelto por la sentencia emitida por
el tribunal administrativo de córdoba mediante sentencia adiada a 4 de julio de 2024,
en el procedimiento con número de radicado: 23001333300320240016601 y
magistrado ponente: Pedro Facundo Olivella Solano.

3. Que públicamente el tribunal pida disculpas a la comunidad indígena del Alto Sinú
por violar sus derechos fundamentales al debido proceso y autonomía de los
pueblos indígenas mediante la sentencia adiada a 4 de julio de 2024, en el
procedimiento con número de radicado: 23001333300320240016601 y magistrado
ponente: Pedro Facundo Olivella Solano.

4. Que se libren las medidas necesarias para evitar que las entidades de carácter
público se sigan entrometiendo de manera injustificada e inconstitucional en las
decisiones propias de los pueblos indígenas.

5. Que, en aras de no perpetrar esta injusticia, se le ordene al ministerio del interior,
no otorgar registro a favor de los compañeros YEFFERSON DOMICÓ Y RICARDO
BAILARÍN, hasta tanto no se resuelva internamente el conflicto de gobernabilidad
en las comunidades indígenas del alto Sinú.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. Entre el 13 y el 16 de marzo de 2024, en la comunidad indígena de Tundo,
Resguardo Embera Katío del Alto Sinú – Camaenka se llevó a cabo la asamblea
general para la designación de las dos autoridades de los cabildos mayores de este
pueblo Embera, esto es, para las comunidades de Río Sinú y Río Verde. Tales
autoridades reciben el nombre de Nokos. Este proceso electoral contó con el
acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el
Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Córdoba, la
Alcaldía de Tierralta y la Comisión Colombiana de Juristas.

5. Una vez contados los votos, los resultados consignados en las respectivas
actas de la asamblea fueron los siguientes: i) para la comunidad del Río Sinú, el
señor Ricardo Bailarín obtuvo 984 votos y el señor Cauxilio Restrepo 927 votos; ii)
con respecto a la comunidad de Río Verde, el señor Yeferson Domicó tuvo 999
votos y el señor Leonardo Domicó 920 votos.

6. A su vez, los señores Leonido Domicó Cuñapa, Cauxilio Restrepo Domicó y
Yanira Betancur Domicó impugnaron ante el Consejo de Gobernadores1 tales

1Según los estatutos de la organización Camaenka, este órgano tiene la función de ejercer la
potestad sobre el cumplimiento estricto de dicha normatividad, los reglamentos internos, el manual

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Demandante: Leonido Domicó Cuñapa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Segunda de Decisión
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resultados. Sostuvieron que en el proceso electoral se presentaron a votar en favor
de los señores Yeferson Domicó y Ricardo Bailarín miembros de organizaciones
ajenas al resguardo. Esto lo fundamentaron en documentos expedidos por las
autoridades de estas comunidades, mediante los cuales se sostuvo que este actuar
se llevó a cabo a cambio de dinero.

7. Por medio de la Resolución 001 del 15 de mayo de 2024, el Consejo de
Gobernadores declaró la nulidad de la asamblea en cuestión y, con ello, de las actas
dictadas con fundamento en dicho proceso electoral de la comunidad. Esta
autoridad reconoció que los documentos que fundamentaban los alegatos de los
impugnantes fueron expedidos por autoridades indígenas registradas en la base de
datos del Ministerio del Interior, por lo que los tomó por ciertos.

8. Por su parte, el 19 de marzo de 2024, los candidatos electos solicitaron a la
Alcaldía Municipal de Tierralta su correspondiente posesión como Nokos Mayores
de los Ríos Sinú y Verde. Lo anterior, con fundamento en el artículo tercero de la
Ley 89 de 1890, que establece lo siguiente:

En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas
habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres. El
período de duración de dicho Cabildo será de un año, de 1º. De enero a 31 de
Diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los miembros del
Cabildo e otra formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo
cesante y á presencia del alcalde del Distrito. (Énfasis de la sala).

9. Ante el silencio de la autoridad en relación con esta solicitud, los señores
Ricardo Bailarín y Yeferson Domicó ejercieron acción de cumplimiento contra el
municipio de Tierralta, por medio de la cual exigieron el acatamiento del artículo
tercero de la Ley 89 de 1890.

10. Mediante fallo del 4 de junio de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo de
Montería negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, dada la decisión
adoptada por el Consejo de Gobernadores de declarar la nulidad del acta de la
asamblea general y mediante la cual se invalidó el proceso electoral efectuado. En
tal sentido, consideró que en virtud del artículo 281 del Código General del Proceso,
era necesario tener en cuenta tal hecho que extinguía el derecho sustancial sobre
el cual versaba el litigio y el cual se había probado. Finalmente, señaló que las
diferencias y conflictos internos de la comunidad deben ser resueltos de
conformidad con la autonomía de tales comunidades, aspecto sobre el cual citó
algunas sentencias de la Corte Constitucional.

11. Inconforme con lo anterior, los señores Ricardo Bailarín y Yeferson Domicó
impugnaron la sentencia de primera instancia. Por medio de fallo del 4 de julio de
2024, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba revocó

de funciones y de ética y demás normas de la comunidad. A su vez, el Consejo de Gobernadores
tiene la potestad de acatar y hacer cumplir las resoluciones, disposiciones o declaraciones que
expida como órgano o, en su defecto, la Asamblea General, los cabildos mayores y la veeduría
garante del resguardo indígena.

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la decisión de recurrida y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la acción de
cumplimiento. Como sustento de lo dictado, señaló que no existía una razón válida
por parte del ente territorial para incumplir el mandato establecido en el artículo
tercero de la Ley 89 de 1890.

12. Argumentó que la negativa de dar cumplimiento a tal disposición implicaba
un desconocimiento de lo decidido por la comunidad indígena en su asamblea en
pleno. Agregó que, si bien en la contestación de demanda, el municipio de Tierralta
sostuvo que la abstención en dar trámite a lo ordenado por dicha norma se debía a
las anomalías presentadas en el proceso electoral, tal omisión significó desconocer
que cualquier diferencia debe ser resuelta por la propia comunidad.

13. Puso de presente que la Resolución 01 del 15 de mayo de 2024 expedida
por el Consejo de Gobernadores de la comunidad indígena, no podía ser
considerada «ni positiva ni negativamente» en el trámite de la acción de
cumplimiento. Lo anterior, dado que se trataba de un acto propio de las autoridades
indígenas cuya validez no es competencia de ser estudiada por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

1.4. Fundamentos de la vulneración

14. La parte actora manifestó que en la elección de los señores Yeferson Domicó
y Ricardo Bailarín se presentaron varias irregularidades, tales como un indebido
conteo de votos y una falta de trámite por parte del Ministerio del Interior de algunas
quejas y reclamos formulados contra el proceso electoral. A su vez, formuló los
siguientes defectos en los que, a su juicio, incurrió el tribunal demandado.

1.4.1. Defecto fáctico

15. Afirmó que se incurrió en valoración indebida de los videos, memoriales e
intervenciones del señor Efraín Chamarra Panesso – quien fungió como presidente
de la asamblea – y de la señora Yanira Betancourt Domicó – lideresa de la
comunidad –, las cuales, a su juicio, acreditaban las irregularidades en el proceso
electoral en cuestión.

16. A su vez, señaló que se valoró indebidamente la Resolución del 15 de mayo
de 2024 expedida por el Consejo de Gobernadores, por medio de la cual se declaró
la nulidad de la elección. Aseguró que, con ello, se desconoció la decisión adoptada
por la autoridad competente para dirimir ese tipo de conflictos dentro de la
comunidad, lo que implicó una vulneración de la autonomía de los pueblos
indígenas.

17. En tal sentido, alegó que el tribunal debió requerir a los Cabildos Mayores
para que se pronunciaran sobre la controversia planteada antes de dictar una
decisión que modificara lo fallado en primera instancia. A su vez, afirmó que la

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autoridad judicial debió inhibirse de adoptar una decisión y, de tal forma, tomar las
medidas necesarias para que el conflicto fuera resuelto al interior de la comunidad.

18. Sostuvo que, en el trámite de la acción del cumplimiento, los demandantes
indujeron a error al tribunal debido a que presentaron como prueba fundamental el
acta de elección expedida en virtud de la asamblea general, lo que significó un
desconocimiento del material probatorio restante que acreditaba las presuntas
irregularidades que se presentaron en el proceso electoral y la declaración de
nulidad de lo decidido en la asamblea y los resultados de la elección.

1.4.2. Defecto orgánico

19. Expuso que el juez de lo contencioso administrativo carecía de competencia
para dictar una decisión en la controversia planteada, puesto que la solución de este
tipo de conflictos corresponde a la comunidad indígena y, en particular, al Consejo
de Gobernadores. Por tanto, adujo que era necesario respetar la decisión adoptada
por esta autoridad.

20. Alegó que el tribunal incurrió en este yerro en la medida en que no se declaró
inhibido de pronunciarse sobre el fondo de la controversia e insistió en que esta
competencia era propia de las autoridades reconocidas por la comunidad.

1.4.3. Desconocimiento del precedente

21. Señaló que la autoridad judicial desconoció los distintos pronunciamientos de
la Corte Constitucional relacionados con la autonomía interna con la que cuentan
las comunidades indígenas para la resolución de conflictos. Como fundamento de
ello, citó textualmente algunos apartados de las sentencias T-445 de 2022, T-221
de 2021, T-201 de 2016 y T-979 de 2006.

1.5. Trámite de la acción de tutela

22. En auto del 9 de agosto de 2024, el magistrado ponente de la decisión de
primera instancia admitió la acción de tutela y dispuso la notificación del Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión. Además, ordenó la
vinculación como terceros con interés del Juzgado Tercero Administrativo de
Montería, del Ministerio del Interior, del municipio de Tierralta (Córdoba), de los
señores Yeferson David Domicó Domicó, Ricardo Bailarín Domicó, Yanira Betancur
Domicó, Efraín Chamarra y de «las demás personas que hayan participado dentro
del proceso».

1.6. Intervenciones e informes

23. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:

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1.6.1. Juzgado Tercero Administrativo de Montería

24. Sostuvo que se abstenía de pronunciarse sobre el fondo de la controversia
constitucional, al tratarse de un asunto relacionado con la presunta vulneración de
derechos fundamentales causada por una sentencia dictada por su superior
funcional. Agregó que no se acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad
al tratarse de una discusión probatoria y legal.

1.6.2. Ministerio del Interior

25. Solicitó su desvinculación ante la falta de legitimación en la causa por pasiva,
puesto que consideró que los hechos que presuntamente originaron la vulneración
alegada no están relacionados con las funciones de esta cartera ministerial.

1.6.3. Yeferson David Domicó Domicó y Ricardo Bailarín Domicó

26. Pusieron de presente que la comunidad indígena estaba inmersa en
problemas de gobernabilidad que le impedía acceder a los diversos programas,
planes y proyectos del Estado y que, por tanto, se llevó a cabo la asamblea en la
que resultaron elegidos.

27. Argumentaron que la inconformidad de los tutelantes se sustentaba en una
decisión ilegítima del Consejo de Gobernadores, dado que anuló los resultados de
la elección los cuales fueron debidamente acreditados en la asamblea general,
cuyas decisiones únicamente pueden ser revocadas o modificadas por dicho órgano
de participación.

28. Agregaron que la decisión de la asamblea general fue confirmada mediante
la circular externa expedida el 15 de agosto de 2024 por el Consejo de
Gobernadores actualmente acreditado, en ejercicio de las facultades establecidas
en el numeral 21 de los estatutos vigentes de la comunidad.

29. Concluyeron que el resultado de la elección goza de presunción de legalidad
y, por tanto, lo consecuente era que la Alcaldía Municipal de Tierralta diera
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 89 de 1890 y, de tal forma, dar
posesión a los nokos electos.

1.7. Sentencia de tutela de primera instancia

30. La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, mediante fallo del
4 de octubre de 2024, accedió al amparo de los derechos al debido proceso y a la
autonomía de los pueblos indígenas de los actores. En virtud de ello, dejó sin efecto
la sentencia del 4 de julio de 2024 proferida por la Sala Segunda del Tribunal
Administrativo de Córdoba y ordenó proferir una providencia de reemplazo.

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31. Advirtió que, de conformidad con el expediente de la acción de cumplimiento
objeto de la presente controversia, se acreditó la existencia de diversos conflictos y
desacuerdos en la comunidad en relación con la elección de sus representantes, en
la cual se habrían presentado algunas irregularidades. Indicó que en la Resolución
del 15 de mayo de 2024 se hizo referencia a manifestaciones de la comunidad que
daban cuenta del conflicto que existe relacionado con los resultados del proceso
electoral.

32. Consideró que la sentencia cuestionada incurrió en un desconocimiento del
derecho a la autonomía de la comunidad indígena del Alto Sinú, debido a que omitió
la valoración de las pruebas que acreditan la existencia de un conflicto político que
compromete su convivencia pacífica. Agregó que el tribunal demandado dirimió
dicha controversia al adoptar la decisión de ordenar al municipio de Tierralta expedir
los actos administrativos de posesión.

33. Señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico por
indebida valoración de las pruebas en mención. Agregó que dicha conflictividad
debía ser dirimida al interior de la comunidad, en armonía con el derecho de
autonomía indígena. Lo anterior, dado que la decisión que resuelva dicho conflicto
no debe referirse únicamente al cumplimiento de un acto de trámite. Agregó que es
necesario que, ante la situación concreta de la comunidad, se estudie si un
pronunciamiento en el trámite de la acción de cumplimiento puede o no derivar en
una indebida intervención en la resolución de una controversia en asuntos que no
son competencia del juez de lo contencioso administrativo.

34. Por último, negó la solicitud de desvinculación del Ministerio del Interior.

1.8. Impugnación

35. Mediante memorial remitido el 24 de octubre de 2024, los señores Yeferson
David Domicó Domicó y Ricardo Bailarín Domicó solicitaron que se revocara la
decisión de primera instancia y, en su lugar, se negara el amparo solicitado por la
parte actora.

36. Enfatizaron en que los procesos electorales de las comunidades indígenas
están en función del derecho colectivo al autogobierno con el que cuentan y, junto
con ello, en la posibilidad de actuar de conformidad sobre sus normas, usos y
tradiciones. Agregaron que se ha demostrado que la asamblea en la que resultaron
electos se realizó de conformidad con los parámetros previamente establecidos en
el marco de la autonomía del resguardo, proceso que contó con la intervención de
distintos garantes.

37. Sostuvieron que un proceso electoral que cumplió con las formalidades
acordadas no podía ser deslegitimado por las impugnaciones promovidas y, en tal
sentido, era necesario presumir la legalidad de las elecciones y ordenar que se
cumpla con la disposición objeto de la acción de cumplimiento. A su vez, insistieron
en que la actuación, a su juicio ilícita, del Consejo de Gobernadores de anular la

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elección no era una razón suficiente para que el ente territorial se abstuviera de
tramitar la posesión correspondiente.

38. Argumentaron que era propio de escenarios deliberativos como una
asamblea embera, que se presenten confrontaciones políticas e intervenciones
orientadas a respaldar a uno u otro candidato. Agregaron que ello no podía ser
interpretado como un acto que viciara el resultado del proceso electoral y que
tampoco podía establecerse que la única posibilidad de que una comunidad
indígena tuviera derecho a un gobierno colectivo era la resolución de este tipo de
conflictividades.

39. Arguyeron que era necesario hacer una valoración rigurosa de las pruebas
con el fin de determinar si los conflictos dilucidados por el juez de tutela de la primera
instancia corresponden simplemente a dichas dinámicas políticas propias de la
organización indígena y del desarrollo de la asamblea.

40. Aseguraron que el Tribunal Administrativo de Córdoba al ordenar a la Alcaldía
Municipal de Tierralta el cumplimiento del artículo tercero de la Ley 89 de 1890, no
intervino en un asunto interno propio de la comunidad, por lo que no vulneró ningún
derecho fundamental. Esto pues, a su juicio, la posesión de los nokos electos ante
dicha autoridad es un acto de simple trámite y protocolo, debido a que la legitimad
de la elección es brindada por la asamblea como máximo órgano de definición
interna del resguardo.

41. Sostuvieron que el Consejo de Gobernadores no cuenta con la facultad
estatutaria de anular una decisión adoptada en la asamblea, pues no es un órgano
que cuente con superioridad jerárquica con respecto a este. Lo anterior, pues tal
tipo de actos únicamente pueden ser revocados por la misma autoridad que los
expidió, de conformidad con sus estatutos. Agregaron que dicha normatividad
establece que para que las decisiones que adopte el Consejo de Gobernadores
sean definitivas, deben ser consultadas por la asamblea.

42. Argumentaron que impugnaciones como las promovidas contra la decisión
asamblearia y en virtud de las cuales el Consejo de Gobernadores expidió la
Resolución 001 del 15 de mayo de 2024, han sido utilizadas por quienes fueron
derrotados electoralmente para entorpecer este tipo de procesos. Explicaron que
ello generaba un caos institucional interno en el resguardo pues genera un vacío de
gobernabilidad ante la falta de posesión mediante un acto que es de simple trámite.

43. Expusieron que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-371 de
2013, estableció que la posesión que tiene lugar en virtud de la citada norma no es
un acto administrativo que otorgue autoridad o constituya un reconocimiento, dado
que esto corresponde exclusivamente a la comunidad indígena. Indicó que su
función es dar fe y publicitar una decisión legítimamente adoptada por esta
organización en virtud de su autonomía.

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44. Pusieron de presente que este acto es una condición sin la cual no puede
darse el registro y posterior certificación de los cabildos y autoridades indígenas por
la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior.
Agregaron que este certificado es el que concede el estatus jurídico a las
autoridades indígenas para que actúen como representantes legales de sus
organizaciones y puedan celebrar contratos, suscribir convenios con las entidades
estatales y acceder a los distintos programas y planes ofrecidos por el Estado
colombiano por medio de las entidades territoriales.

1.9. Actuaciones en segunda instancia

1.9.1. Auto de vinculación

45. Mediante auto del 22 de noviembre de 2024, el magistrado ponente vinculó
en calidad de terceros con interés a la señora Alodia Domicó Carubia, al Consejo
de Gobernadores de Río Sinú y Río Verde, a la Gobernación de Córdoba, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Defensoría del Pueblo y a la
Comisión Colombiana de Juristas.

1.9.2. Intervenciones

1.9.2.1. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

46. Señaló que no está legitimada en la causa por pasiva, debido a que no podría
ser destinataria de una eventual orden judicial dirigida a dirimir la controversia
propuesta. Lo anterior, dado que las pretensiones formuladas son ajenas a sus
funciones.

47. Rindió un informe detallado de la actual situación del Pueblo Embera Katío
del Alto Sinú relacionada con sus distintas problemáticas de representatividad y las
disputas internas que existen entre los miembros de la comunidad y que impiden la
construcción de consensos políticos. Expuso que, con el fin de superar tales
dificultades, la entidad ha llevado a cabo un proceso acompañamiento a tal
población y participó como garante de las elecciones que tuvieron lugar en la
asamblea del resguardo.

1.9.2.2. Defensoría del Pueblo

48. Expuso que la autoridad participó como invitada y garante de la asamblea de
elección de los nokos de los cabildos mayores de las comunidades Embera Katío
del Alto Sinú. Puso de presente que esta comunidad indígena es un colectivo
fragmentado con conflictos internos que han significado una ausencia de
representatividad, debido a que no cuenta con autoridades legalmente registradas
ante el Ministerio del Interior.

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49. Indicó a detalle los distintos espacios de diálogo y acompañamiento que ha
propiciado en relación con el proceso electoral de la comunidad. Informó sobre su
papel como garante en la asamblea y sobre las distintas dificultades con las que
contaron las elecciones de la comunidad, derivadas de la inestabilidad política
interna de la organización indígena.

1.9.2.3. Comisión Colombiana de Juristas

50. Aclaró que actúa como representante del Pueblo Indígena Embera Katío del
Alto Sinú en los procesos ante la jurisdicción penal ordinaria y ante el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, los cuales se iniciaron como consecuencia
de las amenazas, homicidios y demás delitos de lesa humanidad cometidos contra
dicha comunidad. Agregó que, por tanto, asistió en calidad de representante judicial
en el proceso electoral en cuestión y no como garante.

51. Puso de presente que allí fungió como observadora y acompañante de la
asamblea, desde una posición neutral. Indicó que, en tal sentido, a pesar de los
inconvenientes que se presentaron en la elección, la comisión no tenía la labor de
garantizar un espacio de mediación.

1.9.2.4. Ministerio del Interior

52. Presentó un informe detallado de todas las actuaciones desplegadas por la
cartera ministerial en el marco del proceso electoral en cuestión, en cumplimiento
de su función como articulador del diálogo político con los pueblos indígenas y de
acompañamiento a situaciones de diferencias internas. A su vez, expuso las
particularidades de cada una de las etapas que tuvieron las elecciones, como las
reuniones previas preparatorias, las reglas establecidas para la asamblea, los
candidatos y resultados de la elección.

53. Informó sobre una situación de discusión interna acontecida entre
gobernantes, líderes e integrantes de la comunidad en el marco de la votación.
Afirmaron que, en dicha disputa, miembros del resguardo alegaron que algunas
personas que estaban votando no pertenecían a la comunidad indígena, por lo que
cuestionaron la legitimad de las votaciones y cuestionaron el hecho de que siguieran
adelante.

54. Señaló que la comunidad incumplió con el deber de entregar un documento
del censo electoral el cual se había obligado a brindar con el fin de verificar que las
personas presentes en la asamblea contaran con el aval para votar. Afirmó que,
ante dicha situación, integrantes del resguardo pusieron de presente en la asamblea
que impugnarían el resultado de las elecciones, dadas las irregularidades que se
presentaron.

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Demandante: Leonido Domicó Cuñapa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04117-01

1.9.2.5. Alodia Domico Carubia

55. Relató los pormenores del desarrollo de la asamblea y aseguró que se
presentaron tensiones por varios intentos de suplantación, debido a que algunas
personas pretendieron votar en nombre de inscritos ausentes. A su vez comunicó
que existieron inconsistencias en cuanto al censo de la población, puesto que
algunas personas no se encontraban inscritas, por lo que no pudieron participar de
la elección. Señaló que, a pesar de ello, la asamblea contó con una participación
masiva y cumplió con sus objetivos planteados.

1.9.2.6. Autoridades indígenas2

56. Solicitaron que se confirmara el fallo de tutela de primera instancia que
accedió al amparo invocado. Puso de presente los distintos inconvenientes y
conflictos que tuvieron lugar en el marco del proceso electoral de la comunidad y
sostuvieron que respaldaban la solución pacífica de sus conflictos internos mediante
el fortalecimiento de sus propias instituciones. Consideraron inadecuada la decisión
del tribunal accionado al ordenar la posesión de una autoridad indígena, dada la
existencia del conflicto interno del resguardo.

1.10. Manifestación de impedimento del magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez

57. Mediante escrito enviado el 27 de enero de 2024, el magistrado Omar
Joaquín Barreto Suárez manifestó su impedimento para conocer y decidir el
presente mecanismo constitucional, con fundamento en la causal contemplada en
el numeral 1.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Expuso que su
hijo se desempeña como profesional universitario de la Defensoría del Pueblo,
entidad que se encuentra vinculada como tercero con interés en esta oportunidad.

58. Mediante auto del 30 de enero de 2025, la sala conformada por los
magistrados Luis Alberto Álvarez Parra, Gloria María Gómez Montoya y el ponente
de esta decisión, declararon infundado el impedimento manifestado por el doctor
Omar Joaquín Barreto Suárez.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

59. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por los
señores Yeferson David Domicó Domicó y Ricardo Bailarín Domicó contra la
sentencia de primera instancia proferida el 4 de octubre de 2024 por la Sección

2 El memorial fue suscrito por las siguientes personas que aseguraron ser nokos y autoridades

actuales de la comunidad: Liliana Bailarín Casama, James Jarupia Domico, Jospe Alberto Domicó,
Porpidio Domicó Domicó, José María Domicó, Gustavo Bailarin Domicó, Leonidó Domico Cuñapa,
Cauxilio Restrepo Domico, Efraín Jarupia Pernía y Luz Mila Domico Domico.

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Demandante: Leonido Domicó Cuñapa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04117-01

Tercera, Subsección C del Consejo de Estado. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

60. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

61. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que los señores Leonido
Domicó Cuñapa y Cauxilio Restrepo Domicó se encuentran legitimados en la causa
por activa. Esto, porque fueron vinculados en calidad de terceros con interés en el
proceso en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.

62. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de
Decisión está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad que profirió el
fallo reprochado en esta tutela.

2.3. Problemas jurídicos

63. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado el 4 de octubre de 2024.

64. Para ello, deberá analizar si concurren los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

65. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso y a la autonomía de los pueblos
indígenas al proferir el fallo del 4 de julio de 2024 mediante el cual se ordenó a la
Alcaldía de Tierralta que posesionara como autoridades indígenas electas del
Resguardo Embera Katío del Alto Sinú – Camaenka a los señores Ricardo Bailarín
y Yeferson Domicó?

66. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad; y
(iii) el análisis del caso concreto, con fundamento en los cargos propuestos en la
demanda de tutela.

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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

67. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema4. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales5.

68. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia6 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial.

69. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

70. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
6 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05

de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.

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la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

71. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad y solo al encontrarlos superados, se
resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Tutela contra tutela

72. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al interior
del proceso de la acción de cumplimiento con radicado 23001-33-33-003-2024
00166-01.

2.5.2. Subsidiariedad

73. En consideración al requisito de subsidiariedad, se advierte que la parte
actora no cuenta con mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para
controvertir la providencia cuestionada. Esto, dado que la sentencia objeto de esta
acción corresponde a un fallo de segunda instancia proferida en un proceso de
acción de cumplimiento, contra la que no procede ningún recurso. A su vez, los
argumentos formulados no configuran ninguna de las causales por las que proceden
los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia.

2.5.3. Inmediatez

74. También se acredita el requisito de inmediatez, pues la decisión que dio fin
al trámite de la acción de cumplimiento se dictó el 4 de julio de 2024 y la solicitud
de amparo se interpuso el 6 de agosto del mismo año. Por tanto, sin que se requiera
establecer la fecha de ejecutoria de esta providencia, se advierte que la acción de
tutela se radicó dentro de un término razonable.

2.5.4. Relevancia constitucional

75. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022, esta sala de decisión ha adoptado los siguientes criterios cuyo
estudio es necesario para establecer si una tutela contra providencia judicial cumple
con el requisito de relevancia constitucional:

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i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

76. Al respecto, la sala considera que la parte actora cumplió con suficiencia la
carga argumentativa mediante la cual justificó que el asunto versa sobre una
controversia de evidente relevancia constitucional. Esto, al señalar que las garantías
al debido proceso y a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas
están en tensión con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Segunda de Decisión, por medio de la cual ordenó a la Alcaldía de
Tierralta que posesionara a los señores Yeferson David Domicó Domicó y Ricardo
Bailarin Domicó como candidatos electos a ocupar el cargo de nokos mayores del
Resguardo Embera Katío del Alto Sinú – Camaenka. Lo anterior, según lo dispuesto
por el artículo tercero de la Ley 89 de 1890.

77. En efecto, la parte actora formuló una controversia de raigambre
constitucional, al abordar como principal argumento que, mediante la decisión
cuestionada, el tribunal vulneró la autonomía de la comunidad indígena al interferir
en cuestiones que competen directamente a los cabildos mayores del alto Sinú y a
las distintas autoridades del resguardo.

78. Agregó que ello implicó un desconocimiento de elementos materiales
probatorios de conformidad con los cuales era posible concluir la existencia de un
conflicto interno en la comunidad indígena relacionado con el resultado de las
elecciones. Indicó que esta problemática no podía ser dirimida por una autoridad
externa, pues ello compete exclusivamente a las instituciones propias de la
comunidad indígena.

79. En este orden de ideas, se considera que estos argumentos no comportan
una simple intención de revivir alguna de las etapas procesales ya zanjadas en los
procesos objeto del presente trámite constitucional. Por tanto, lo pretendido por los
accionantes no es simplemente manifestar su inconformidad con respecto a la
decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, ni tampoco formular un
debate eminentemente legal o económico.

80. De conformidad con lo expuesto, las pretensiones y los argumentos

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formulados en el escrito de tutela plantean un litigio sobre el alcance del derecho
fundamental de autonomía de las comunidades indígenas y la presunta transgresión
de dicha garantía por parte de una autoridad judicial al dirimir un conflicto cuya
resolución compete exclusivamente a la población Embera Katío.

81. En virtud de lo anterior, la naturaleza misma de esta controversia requiere de
la intervención del juez de tutela, con el fin de que se determine si, tal como fue
alegado por la parte actora, el tribunal accionado desconoció tal derecho a la
autodeterminación de esta población al ordenar al alcalde de Tierralta que, en virtud
del artículo tercero de la Ley 89 de 1890, posesionara a los candidatos que
obtuvieron la mayor votación en el proceso electoral que tuvo lugar entre el 13 y 16
de marzo en la comunidad del Alto Sinú.

2.5.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos desconocidos

82. En el escrito de tutela se presentó una explicación clara y suficiente de los
hechos y argumentos por los que la parte actora consideró que le fueron vulnerados
sus derechos fundamentales. Así, se debe hacer énfasis en que se cumplió con la
carga mínima en dar las razones por las cuales considera que la autoridad
accionada incurrió en una vulneración de las garantías invocadas en el escrito de
tutela. Con ello, se determinará si, de conformidad con lo expuesto por la actora, se
incurrió en los yerros formulados.

83. Habiéndose estudiado los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en vulneración
de los derechos fundamentales invocados ante la presunta configuración de los
defectos alegados en la demanda.

84. Para esto se pasará, en un primer momento, a realizar una explicación
general sobre los defectos alegados, para posteriormente abordar el fondo del
asunto.

2.6. Generalidades de los defectos alegados

85. En este punto, la sala pone de presente que, adicional a los cargos
formulados, de lo expuesto en el escrito de tutela es posible advertir la presunta
configuración de una violación directa de la Constitución. Lo anterior, dado que la
parte actora estableció como argumento central de la demanda la existencia de una
violación del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y una desatención a
la línea jurisprudencial establecida al respecto por la Corte Constitucional.

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86. De conformidad con los parámetros establecidos por la jurisprudencia del alto
tribunal7, lo anterior implicaría una presunta transgresión de los siguientes artículos
constitucionales que fundamentan el reconocimiento de tal derecho de las
comunidades indígenas: i) séptimo, que reconoce y protege expresamente la
diversidad étnica y cultural de la nación; ii) el artículo 70 que establece la igualdad
de las culturas que conviven en el país; iii) el artículo 286 que estipula que los
resguardos indígenas son entidades territoriales con autonomía administrativa y
presupuestal, así como con capacidad para ser representados judicial y
extrajudicialmente, y iv) el artículo 330 que prevé el derecho a gobernarse por
consejos indígenas y autoridades por ellos elegidas, según sus usos y costumbres
y a determinar sus propias instituciones jurídicas.

87. En tal sentido, a pesar de que el cargo por violación directa de la Constitución
no fue estrictamente formulado en el escrito de tutela, la sala entiende que lo
expuesto en relación con la presunta vulneración al derecho de autonomía de los
pueblos indígenas se adecúa a este defecto. Por tanto, lo estudiará en atención a
la condición de los pueblos indígenas como sujetos de especial protección
constitucional.

88. En efecto, la Corte Constitucional8 ha establecido que tales comunidades
requieren una protección especial de sus garantías fundamentales, debido a la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Esto, dada la existencia de
patrones de discriminación no superados que afectan a sus integrantes, la especial
afectación que el conflicto armado que el conflicto armado ha generado en esta
población, entre otros factores.

2.6.1. Defecto fáctico

89. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 20159, precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente
decisión.

90. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso.

91. Se estudiará la valoración irracional o arbitraria de los medios probatorios,
pues fue planteada en el caso concreto. Este cargo, procede cuando a la luz de los

7 Al respecto ver, entre otras, la sentencia T-650 de 2017.
8 Al respecto ver, entre otras, la sentencia T-445 de 2022.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12 de

noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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postulados de la sana crítica la apreciación efectuada por el fallador resulta
manifiestamente equivocada y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
alterado.

92. Para su procedencia, se requiere entonces que la parte: i) precise cuál o
cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez; ii) identifique
la razón del por qué en cada caso en particular, la consideración del operador
judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica; y iii) refiera
la incidencia de la prueba en el fallo atacado.

2.6.2. Desconocimiento del precedente

93. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas
jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el caso reciente10.

94. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos11 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

95. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se aparta
del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la carga de
justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.

2.6.3. Defecto orgánico

96. La Corte Constitucional12 ha señalado que este defecto se fundamenta en el
artículo 121 de la carta política que dispone que las autoridades del Estado solo
pueden ejercer las funciones que se les asigna de conformidad con la Constitución
y la ley. A su vez, tiene sustento en el artículo 29 superior, el cual establece que los
ciudadanos deben ser juzgados por un juez o tribunal competente, esto es, por el
juez natural.

97. A su vez, el alto tribunal13 ha dispuesto que este defecto puede presentarse
tanto por el desconocimiento del factor funcional, es decir, cuando se actúa sin una

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de

julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
11 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
12 SU-072 de 2018.
13 Al respecto ver, entre otras, SU 770 de 2014, T-446 de 2007, T-929 de 2008, T-511 de 2011, T-

929 de 2012, T-267 y T-309 de 2013.

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norma que faculte a la autoridad para ello, como por el factor temporal, esto es,
cuando la autoridad actúa por fuera del tiempo previsto.

2.6.4. Violación directa de la Constitución

98. Al respecto, la Corte Constitucional14 ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Constitución en los dos casos que se señalan a continuación.

99. El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición
fundamental a un caso concreto»15. En este caso, procede la tutela contra
providencia judicial por el defecto referido cuando: (i) el juez no interpreta y aplica
una disposición legal orientado por el precedente constitucional; (ii) la controversia
versa sobre un derecho de aplicación inmediata y (iii) cuando en la providencia se
vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución16.

100. El segundo caso tiene lugar cuando el juez «aplica la ley al margen de los
dictados de la Constitución»17, y se fundamenta en el artículo 4 de la Carta Política
que establece que esta es norma de normas y, por tanto, en todo caso que el juez
deduzca que una norma es incompatible con aquella, es deber del mismo «aplicar
las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio
de la excepción de inconstitucionalidad»18.

2.7. Caso en concreto

101. La parte actora considera que la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba incurrió en los defectos fáctico, orgánico y
desconocimiento del precedente mediante el fallo del 4 de julio de 2024 en el marco
de la acción de cumplimiento promovida contra el municipio de Tierralta. Lo anterior,
puesto que en tal providencia ordenó al alcalde del ente territorial que cumpliera lo
dispuesto por el artículo 3 de la Ley 89 de 1990 y, en virtud de ello, posesionara a
los señores Yeferson David Domicó Domicó y Ricardo Bailarin Domicó como nokos
mayores de los cabildos del Resguardo Embera Katío del Alto Sinú – Camaenka.

102. A juicio de los actores, la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso y a la autodeterminación y autonomía de los pueblos
indígenas, puesto que la orden dictada en la sentencia cuestionada implicó que se
desconocieran los efectos de la Resolución del 15 de mayo de 2024 expedida por
el Consejo de Gobernadores del resguardo. Lo anterior, dado que este acto declaró
la nulidad de la elección que se llevó a cabo en el marco de la asamblea del
resguardo indígena.

14 SU-198 de 2013.
15 Ibidem
16 Ibidem
17 Ibidem
18 Ibidem

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103. Puso de presente que tal resolución fue expedida debido a las impugnaciones
promovidas contra las actas de tal asamblea, dadas las distintas irregularidades que
se presentaron en el proceso electoral. Sostuvo que esta situación daba cuenta de
un conflicto interno de la comunidad que únicamente podía ser resuelto por sus
autoridades, por lo que el tribunal no contaba con la competencia para proferir un
fallo mediante el cual se dirimía dicha controversia.

104. Agregó que ello significó un desconocimiento de distintos pronunciamientos
de la Corte Constitucional relacionados con la autonomía interna con la que cuentan
los pueblos indígenas para la resolución de sus conflictos. En tal sentido, referenció
algunos apartados de las sentencias T-445 de 2022, T-221 de 2021, T-201 de 2016
y T-979 de 2006.

105. En primera instancia de esta acción constitucional, la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y a la autonomía de los pueblos indígenas al encontrar configurado el
defecto fáctico por indebida valoración probatoria. Contra esta decisión, los señores
Yeferson David Domicó Domicó y Ricardo Bailarin Domicó presentaron memorial
de impugnación y solicitaron que el fallo fuera revocado y, en su lugar, negaran el
amparo solicitado.19

106. Ahora bien, debido a la naturaleza de esta controversia y dado que los cargos
formulados están relacionados entre sí, la sala procederá a analizarlos en conjunto
con las razones esbozadas en el escrito de impugnación.

2.7.1. Análisis de los cargos formulados

107. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión consideró
que no existía una razón válida por parte del municipio de Tierralta para incumplir el
mandato establecido en el artículo 3 de la Ley 89 de 1890, pues ello implicaba
desconocer lo decidido por la comunidad y, de tal forma, asumir una competencia
que no le corresponde. Lo anterior, dado que es a la propia población del resguardo
a la que le correspondía resolver sus diferencias.

108. Sostuvo que si bien el juez de la primera instancia de la acción de
cumplimiento negó las pretensiones de la demanda al encontrar que el acta de la
asamblea de elección fue anulada por la Resolución 01 del 15 de mayo de 2024
expedida por el Consejo de Gobernadores. Argumentó que dicho acto no podía ser
considerado dentro del proceso, pues el estudio de su validez corresponde a la
comunidad indígena y no a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Agregó
que dicha prueba no era oponible al alcalde municipal de Tierralta, dado que la
posesión es un acto de simple trámite.

19 Para revisión de los argumentos sustentados en el memorial de impugnación, se remite al lector

al acápite 1.8 de esta providencia.

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Demandante: Leonido Domicó Cuñapa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04117-01

109. Por los motivos que a continuación se desarrollan, la sala advierte que
confirmará el amparo concedido por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo
de Estado en primera instancia del presente proceso constitucional.

110. En primer lugar, es necesario poner de presente que, si bien el tribunal
accionado no valoró las pruebas obrantes en el expediente que, de conformidad con
lo expuesto en el escrito de tutela, acreditarían la existencia de un conflicto interno
en la comunidad en relación con el resultado de las elecciones20, dicha autoridad
judicial sostuvo que, en todo caso, cualquier diferencia entre los integrantes del
resguardo debía ser resuelta internamente.

111. En tal sentido, consideró que la Alcaldía Municipal de Tierralta había omitido
su deber de posesionar a los candidatos electos y, con ello, habría desconocido sin
razón válida lo decidido por el pleno de la comunidad en su asamblea. Esto pues, a
su juicio, con independencia de la existencia de alguna controversia interna cuya
resolución le correspondía al resguardo, la administración local debió llevar a cabo
dicho acto de trámite.

112. Ahora bien, a juicio de la sala, el tribunal demandado incurrió en defecto
fáctico ante la indebida valoración de la Resolución 01 del 15 de mayo de 2024,
expedida por el Consejo de Gobernadores del resguardo. Lo anterior, debido a que
este documento da cuenta de una controversia en relación con la legalidad del acta
de elección de los señores Yeferson David Domico Domico y Ricardo Bailarin
Domico como nokos mayores de los cabildos del resguardo, la cual es sustento del
cumplimiento del deber establecido en el artículo 3 de la Ley 89 de 1890, disposición
objeto de la acción de cumplimiento estudiada en el presente trámite.

113. En efecto, dicho acto declaró la nulidad de la asamblea en cuestión y, con
ello, del proceso electoral llevado a cabo por la población indígena. Esta decisión
se originó en la impugnación de los resultados de la respectiva votación, mecanismo
que fue promovido por los señores los señores Leonido Domico Cuñapa, Cauxilio
Restrepo Domico y Yanira Betancur Domico debido a presuntas irregularidades
presentadas en el proceso electoral. A su vez, se fundamentó en la competencia
que le otorga el artículo 21 de los estatutos de la comunidad Camaemka al Consejo
de Gobernadores. En tal resolución se encuentra plasmado lo siguiente:

Dentro de las funciones del consejo de Gobernadores las cuales fueron
sistematizadas en los estatutos de la organización CAMAEMKA. El numeral uno (1),
del El artículo 21 de los estatutos de la organización, establecen como una de las
funciones del Consejo de Gobernadores “Ejercer la potestad sobre el cumplimiento

20 Contestaciones de la demanda allegados por miembros de la comunidad al trámite; escritos de

oposición a la elección de los señores Ricardo Bailarín y Yeferson Domicó; oficios presentados por
integrantes del resguardo ante distintas entidades en las que manifestaban su desacuerdo con el
proceso electoral; escritos de impugnación del registro de los candidatos electos presentados por
distintas autoridades de los cabildos indígenas ante el Ministerio del Interior y ante la Alcaldía de
Tierralta; solicitudes de intervención para la revisión ante las autoridades garantes del proceso y
otras entidades con respecto a las irregularidades que tuvieron lugar en la asamblea; video en el que
consta la manifestación de inconformidad de varios miembros de la colectividad en relación con el
resultado de la votación, entre otras pruebas que dan cuenta de dicho conflicto interno.

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estricto de los presentes Estatutos, los reglamentos internos, el manual de funciones
y de ética, al igual que la demás normatividad vigente”; de igual forma el numeral tres
(3) reza: “Acatar y hacer cumplir las resoluciones, disposiciones o declaraciones que
expida como órgano o, en su defecto, la asamblea General, Los cabildos Mayores, y
la Veeduría Garante”. En este orden de ideas, esta instancia es competente para dar
salida a las denuncias y demandas que se susciten sobre el desarrollo y resultados
de la asamblea general realizada en la comunidad de Tundó los días 13 al 16 de
marzo del 2024.

114. En virtud de lo anterior, la controversia suscitada por los demandantes en la
acción de cumplimiento no se limitó exclusivamente al cumplimiento del artículo 3
de la Ley 89 de 1890, pues la Resolución 01 del 15 de mayo de 2024 permitía
establecer que el objeto de discusión en dicho asunto partía de la determinación de
la legalidad del acta de elección producto de la asamblea celebrada por la
comunidad indígena.

115. Ciertamente, previo a determinar la existencia de un mandato imperativo e
inobjetable en cabeza de la entidad demandada en virtud de una norma con fuerza
material de ley o de un acto administrativo vigente, la autoridad judicial accionada
debió prever la existencia de un litigio legal en relación con dicha acta, originado en
la aplicación de los estatutos internos del resguardo. En tal sentido, el examen de
procedibilidad de la acción no se debió limitar al precepto legal que fue alegado
como desatendido en la acción promovida ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

116. Por el contrario, la sala considera que era necesario establecer si mediante
la citada resolución el Consejo de Gobernadores contaba con la competencia de
declarar la nulidad del acta de elección, asunto que debe ser dirimido
exclusivamente mediante los mecanismos internos contemplados para el efecto por
la comunidad indígena. En tal sentido, es claro que existe una controversia en
relación con la oponibilidad del resultado de la elección de la asamblea ante la
Alcaldía Municipal de Tierralta, la cual se hace evidente con la intervención de los
señores Yeferson David Domico Domico y Ricardo Bailarin Domico tanto en su
memorial de impugnación, como al interior del proceso de la acción de
cumplimiento.

117. En efecto, los recurrentes manifestaron su abierta oposición a la legalidad de
la resolución expedida por el Consejo de Gobernadores y señalaron que esta
autoridad no contaba con la facultad de anular una decisión adoptada en la
asamblea debido a que, a su juicio, según los estatutos del resguardo, estos actos
únicamente pueden ser revocados por la misma autoridad que los expidió.

118. Al respecto, es necesario precisar que, en el asunto en concreto, al tratarse
de una tutela contra providencia judicial, al juez constitucional no le corresponde
estudiar si el proceso electoral se desarrolló en cumplimiento de los términos
establecidos para el efecto por la comunidad indígena. Por tanto, se considera que
los reparos expuestos en el memorial de impugnación trascienden la órbita de
competencia de esta sala y, en tal sentido, no pueden ser abordados.

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119. A su vez, de conformidad con lo expuesto, el tribunal debió considerar que
las pretensiones de la acción de cumplimiento no se limitaban a la exigencia de un
mandato imperativo e inobjetable, debido a que se requería que el juez se
pronunciara con respecto a la legalidad del acta que fundamentaba la exigencia de
acatamiento de la norma alegada como desatendida. Ello permitía concluir que el
medio de control era improcedente, pues su finalidad no tiene como propósito
analizar la legalidad de un acto de esta naturaleza.

120. Contrario a ello, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba simplemente estableció que tal resolución no podía ser valorada en el
marco de la acción de cumplimiento al no ser un acto oponible a la Alcaldía
Municipal de Tierralta. Con ello, omitió entrever el conflicto de legalidad descrito que
conllevaba necesariamente a declarar la improcedencia de la acción promovida.

121. Al respecto, es necesario traer a colación el precedente reiterado y pacífico
de la Sección Quinta del Consejo de Estado como órgano de cierre en materia de
acción de cumplimiento21. En efecto, según esta sala de decisión, tal mecanismo no
tiene como propósito analizar la legalidad de actos tales como el que contiene el
resultado del proceso electoral de la comunidad indígena.

122. En tal sentido, esta sección ha reiterado que al existir una controversia sobre
la oponibilidad de un acto o sobre la competencia de la autoridad que lo expidió, el
asunto puesto en consideración del juez de este medio de control no se limita a la
exigencia de un mandato imperativo e inobjetable, por lo que lo pretendido por la
parte actora trasciende su objeto y es necesario que se declara la improcedencia
de la acción.

123. En este orden de ideas, a la luz de la jurisprudencia reiterada del órgano de
cierre en materia de acciones de cumplimiento, se incurrió en una indebida
valoración de la Resolución 01 del 15 de mayo de 2024, pues de su estudio era
necesario concluir que existía una controversia en relación con la legalidad del acto
de elección. Ante la existencia de una controversia de esta magnitud, el juez de la
acción de cumplimiento ha debido declarar la improcedencia del medio de control,
como se ha señalado.

21 Puede consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 9 de septiembre

de 2021, radicación n.º 17001-23-33-000-2021-00078-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra; Sentencia
de 23 de septiembre de 2021, radicación n.º 13001-23-33-000-2021-00391-01, MP. Rocío Araújo
Oñate; Sentencia de 21 de diciembre de 2021, radicación n.º 68001-23-33-000-2021-00745-01, MP.
Carlos Enrique Moreno Rubio; Sentencia de 23 de marzo de 2023, radicación n.º 73001-23-33-000-
2022-00467-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil; Sentencia de 11 de abril de 2024, radicación n.º
08001-23-33-000-2024-00023-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez; Sentencia de 2 de abril de
2024, radicación n.º 68001-23-33-000-2024-00181-01, MP. Gloria María Gómez Montoya y
Sentencia de 2 de mayo de 2024, radicación n.º 25000-23-41-000-2024-00059-01, MP. Omar
Joaquín Barreto Suárez. Sentencia de 23 de enero de 2025, radicación n.º 25000-23-41-000-2024-
01623-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.

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124. Aunado a lo anterior, la sala considera que dicho tribunal incurrió en un
defecto orgánico pues con su decisión dirimió una controversia de la comunidad,
cuya resolución únicamente compete a las autoridades del resguardo indígena, de
conformidad con los mecanismos establecidos por sus estatutos y demás normas
internas. Ello implicó, a su vez, una vulneración al derecho fundamental de la
autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas.

125. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional22, el Estado
colombiano tiene el deber de adoptar un papel activo con el objetivo de lograr que
las comunidades indígenas asuman el control de sus instituciones, sus formas de
vida, su desarrollo, su horizonte político, etc. En tal sentido, según el alto tribunal, la
autonomía de esta población es la capacidad con la que cuentan para darse su
propia organización social, económica y política, esto es, que tienen el derecho a
decidir sobre los asuntos culturales, espirituales, políticos y jurídicos de la
comunidad, de conformidad con sus normas internas y su cosmovisión.

126. En virtud de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido que
uno de los ámbitos de dicho derecho a la autonomía es el de orden interno, que se
relaciona con las formas de autogobierno y autodeterminación en el interior de tales
poblaciones. Esto implica, entre otros, el derecho a ejercer funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de lo que se desprenden las
siguientes facultades:

(i) escogencia de la modalidad de gobierno que los rige; (ii) consolidación y
determinación de sus instituciones políticas y autoridades
tradicionales; (iii) posibilidad de establecer las funciones que corresponden a dichas
autoridades; (iv) determinación de los procedimientos y requisitos de elección de sus
autoridades, así como la modificación y actualización de tales normas; (v) definición
de las instancias internas de resolución de sus conflictos electorales.23 (Resaltado por
la sala).

127. En tal sentido, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que el
Estado debe adoptar medidas en favor del derecho a la autodeterminación política
y, por tanto, «es necesario que se abstenga de realizar acciones tendientes a
entrometerse de manera indebida en las decisiones que los pueblos indígenas
tomen frente a sus autoridades tradicionales y sus representantes»24.

128. En concordancia con el marco jurisprudencial expuesto, la sala considera que
la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba incurrió en un
defecto orgánico y en una violación directa de la Constitución al transgredir la
normatividad superior relacionada con el derecho fundamental a la autonomía de
los pueblos indígenas. Esto, al adoptar la decisión del 4 de julio de 2024 y ordenar
la posesión de los señores Yeferson David Domico Domico y Ricardo Bailarin
Domico como nokos mayores de los cabildos del resguardo Embera Katío. Lo

22 Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-973 de 2009, T-973 de 2014 y T-650 de 2017.
23 Sentencia T-650 de 2017.
24 Ibidem.

24 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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anterior, dado que con su decisión dirimió una controversia legal y electoral que
debió ser resuelta mediante los mecanismos internos previstos por la comunidad
para el efecto.

129. En efecto, mediante dicha sentencia el tribunal estableció que el acta de
elección producto de la asamblea celebrada por el resguardo era legal y, por tanto,
oponible a la Alcaldía Municipal de Tierralta, lo que obligaba a esta entidad a
reconocerla y, con ello, cumplir con el mandato establecido en el artículo 3 de la Ley
89 de 1890. De tal forma, desconoció el litigio interno que existe en la comunidad
relacionado con dicho proceso electoral, el cual debió ser resuelto previamente por
la comunidad Embera Katío. Por tanto, mediante la sentencia cuestionada en sede
de tutela, la autoridad judicial demandada actuó sin competencia para ello.

130. Con fundamento en las consideraciones expuestas, se confirmará la
decisión proferida el 4 de octubre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C que: i) accedió al amparo de los derechos al debido proceso
y a la autonomía de los pueblos indígenas de la parte actora; ii) dejó sin efectos la
sentencia del 4 de julio de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Segunda de Decisión y, iii) ordenó dictar una sentencia de reemplazo. Lo
anterior, de conformidad con los motivos expuestos en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de octubre de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que amparó los derechos
fundamentales al debido proceso y a la autonomía de los pueblos indígenas de los
señores Leonido Domicó Cuñapa y Cauxilio Restrepo Domicó, de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

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Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04117-01

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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