Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04122-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Improcedente el amparo: no cumple con el requisito general de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04122-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04122-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
12 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04122-00
Accionante: JESSYKA PAOLA LOZANO NÚÑEZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de
subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Jessyka Paola
Lozano Núñez contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Barrancabermeja, el Tribunal Administrativo de Santander, el Distrito Especial
Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de Barrancabermeja y la Secretaría de
Espacio Público de dicha entidad.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Jessyka Paola Lozano Núñez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la vida y a la salud, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de
21 de noviembre de 2022 y 11 de diciembre de 2023, proferidas por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Barrancabermeja y el Tribunal
Administrativo de Santander, respectivamente, dentro del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos con el número de radicación
68081-33-33-001-2016-00392-00/01, y al Distrito Especial Portuario, Biodiverso,
Industrial y Turístico de Barrancabermeja y la Secretaría de Espacio Público de
dicha entidad.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04122-00
Accionante: Jessyka Paola Lozano Núñez
2.1. Indicó que junto a la señora Meri Giovanna Lozano Núñez celebró, mediante
Escritura Pública núm. 3076 de 30 de diciembre de 2011, contrato de
compraventa con los señores Sandra Milena Lozano Núñez y Rogelio Ríos
Sandoval, sobre el inmueble ubicado en la carrera 35 # 35A-139 del barrio Simón
Bolívar del Distrito de Barrancabermeja.
2.2. Aclaró que el acto de compraventa del inmueble se encuentra debidamente
registrado “[…] en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Barrancabermeja, con folio de matrícula inmobiliaria No. 303 – 32636 […]”.
2.3. Relató que, mediante Oficio de 4 de junio de 2024, la Secretaría de Espacio
Público y Control Urbano del Distrito de Barrancabermeja la requirió para que
rindiera informe sobre el cumplimiento de la orden judicial impartida en el ordinal
segundo de las sentencias de 21 de noviembre de 2022 y 11 de noviembre de
2023, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Barrancabermeja y el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos con el número de
radicación 68081-33-33-001-2016-00392-00/01, consistente en:
“[…] Segundo. ORDENAR a los ciudadanos Sandra Milena Lozano Núñez y
Rogelio Ríos Sandoval que, dentro del término de dos (2) meses siguientes a
la ejecutoria de la presente providencia, efectúen la demolición de las
estructuras construidas en espacio público de 8.92 m2, que se encuentra en
el predio identificado con nomenclatura carrera 35 # 35ª – 139 apartamento
101 y la cancha polideportiva de barrio Simón Bolívar de Barrancabermeja
[…]”.
2.4. Refirió que de acuerdo con el oficio aludido debe demoler parte del área de su
casa por ser espacio público, pero que no tuvo “[…] oportunidad de demostrar que
no lo es y asi mismo [sic], el área corresponde a mi espacio de habitación, lo que
irremediablemente me dejaría sin donde habitar, asi [sic] como que aumentaría
mas [sic] los padecimientos de mi enfermedad pues me deja sin un lecho donde
descansar, dormir y recuperarme […]”.
2.5. Manifestó que no fue vinculada dentro medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos con el número de radicación 68081-33-33-001-
2016-00392-00/01, y que solo tuvo conocimiento de dicho proceso a través del
Oficio de 4 de junio de 2024.
2.6. Finalmente, sostuvo lo siguiente: “[…] actualmente me encuentro enferma de
cáncer de Hígado, cirrosis hepática crónica, y en la lista de espera de trasplante.
Como lo puedo probar en mi epicrisis y las constancias de mi EPS, razón por la
que entiendo prima mi derecho al debido proceso, defensa, salud y vida digna
[…]”.
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Accionante: Jessyka Paola Lozano Núñez
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: TUTELAR; los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, debido proceso establecido en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia conculcados por defecto procedimental, en
el fallo emitido por el Juzgado 1 Administrativo de Barrancabermeja validado
por la Secretaria [sic] De Espacio Público y Control Urbano de
Barrancabermeja al pretender demoler parcialmente mi vivienda tal y como se
evidencia en los hechos narrados.
SEGUNDO: ORDENAR a los tutelados abstenerse de ejecutar la sentencia
del 4 de junio del 2022 emitida por la SECRETARIA [sic] DE ESPACIO
PÚBLICO Y CONTROL URBANO DE BARRANCABERMEJA ya que la
decisión, violó el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, y por
defectos procedimentales, ya que no fui debidamente notificada ni del
proceso ni del resultado, así como que se proteja mi derecho a la salud y vida
digna.
TERCERO: SOLICITO se verifique por la SECRETARIA [sic] DE ESPACIO
PÚBLICO Y CONTROL URBANO DE BARRANCABERMEJA las medidas de
mi predio en relación a los hechos que Señalan una posible Invasión de
Espacio Publico [sic] ordenando lA [sic] suspensión inmediata de la orden de
demolición de las estructuras de mi vivienda, debido a que dicha orden se
basa en una sentencia que fue emitida sin el debido proceso y notificación,
asi [sic] como que agrava y perjudica mi estado de salud y recuperación . [sic]
CUARTO: Dada mi condición de salud crítica, SOLICITO la protección de mi
derecho a la vida digna, evitando cualquier acción que pueda agravar mi
situación médica.
QUINTO: Se me entregue copia del proceso judicial y del fallo referido, dado
que no lo conozco y tampoco se ubica en las paginas [sic] de la rama judicial
[…]”. [Negrilla original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 13 de agosto de 2024, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a
la sociedad Salud Total EPS-S S.A., a la Defensoría del Pueblo - Regional
Magdalena Medio, a la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS y a
los señores Sandra Milena Lozano Núñez y Rogelio Ríos Sandoval.
5. Igualmente, se negó la medida provisional solicitada por la accionante.
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Accionante: Jessyka Paola Lozano Núñez
V. INTERVENCIONES
6. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas y a los sujetos
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
6.1. La
Corporación Autónoma Regional de Santander solicitó, a través de
apoderado judicial, la desvinculación de la presente acción de tutela porque
carece de legitimación en la causa por pasiva, y que, por el contrario, ha
demostrado ser diligente al momento de proferir los actos que como autoridad
ambiental se encuentran bajo su competencia.
6.2. Indicó
que ha adelantado funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental relacionadas con el asunto, lo cual se evidencia con “[…] el informe
técnico de visita ocular No00484 de 1018 suscrito por los ingenieros Oscar Javier
Carranza peña y Adriana Marcela Páez en los predios ubicados en la carrera 35
No 35ª- 135 Barrio Simón Bolívar del municipio de Barrancabermeja […]”.
6.3. El Juez Primero Administrativo del Circuito de Barrancabermeja manifestó,
luego de hacer un recuento de lo que reposaba en el expediente de la acción
popular con radicado núm. 68081-33-33-001-2016-00392-00/01, que “[…] es
evidente que el Juzgado de conocimiento cometió un yerro procesal al omitir la
vinculación de Mery Giovanna Lozano Núñez y Jessyka Paola Lozano Núñez,
para que ejercieran su derecho de contradicción y defensa frente a los
argumentos expuestos en la demanda por la Defensoría del Pueblo […]”.
6.4. Indicó que los señores Sandra Milena Lozano Núñez y Rogelio Ríos Sandoval
informaron en la contestación de la demanda que la titularidad del derecho de
dominio del bien recaía sobre las señoras Mery Giovanna Lozano Núñez y
Jessyka Paola Lozano Núñez y que “[…] no obstante, el Despacho omitió la
vinculación de dichas ciudadanas y continuó con las etapas conforme la Ley 472
de 1998 […]”.
6.5. Por último, sostuvo que se encuentra acreditado, con base en los elementos
materiales probatorios, que existe vulneración del derecho colectivo al goce del
espacio público por lo que considera que declarar la nulidad de lo actuado “[…]
implicaría postergar o darle continuidad en el tiempo a la violación del espacio
público que se encontró acreditada […]”.
6.6. ElTribunal Administrativo de Santander manifestó, a través de la
magistrada ponente de la decisión de 11 de diciembre de 2023, que no se
vulneraron los derechos de la accionante porque las actuaciones adelantadas
siempre respetaron las reglas del debido proceso, por lo que no advierte que se
haya incurrido en alguna irregularidad o desconocimiento de las garantías
procesales.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04122-00
Accionante: Jessyka Paola Lozano Núñez
6.7. Aclaró que no se observa una valoración caprichosa o arbitraría de los medios
probatorios, por lo que tampoco se configura algún defecto que obligue a que se
profiera una nueva sentencia.
6.8. ElDistrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de
Barrancabermeja solicitó, a través de apoderado judicial, que se le desvinculara
del trámite de la presente acción de tutela en razón a que no es responsable de la
omisión que presuntamente generó la violación a los derechos fundamentales de
la accionante.
6.9. La sociedad Salud Total EPS-S S.A. pidió, por medio del gerente de la
sucursal Cundinamarca, que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva, porque está “[…] comprobado que […] no es la llamada a garantizar el
reconocimiento de las pretensiones incoadas y siendo únicamente responsables
las accionadas Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Barrancabermeja, el Tribunal Administrativo de Santander, el Distrito
Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de Barrancabermeja y
la Secretaría de Espacio Público de dicha entidad […]”. [Negrilla original del
texto].
6.10. Los
señores Rogelio Ríos Sandoval y Sandra Milena Lozano Núñez
presentaron escrito de coadyuvancia a las pretensiones de esta acción de
amparo.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.
VI.2. Cuestión previa
VI.2.1. Solicitudes de desvinculación
8. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04122-00
Accionante: Jessyka Paola Lozano Núñez
desvinculación procesal presentadas por la sociedad Salud Total EPS-S S.A., el
Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de Barrancabermeja y
la Corporación Autónoma Regional de Santander.
9. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
5
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006 , señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
10. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el Distrito Especial Portuario,
Biodiverso, Industrial y Turístico de Barrancabermeja y la Corporación Autónoma
Regional de Santander fueron parte dentro del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos en el que se profirieron las sentencias que son
objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala considera que a estas
entidades sí les asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta acción
constitucional.
11. Frente a la sociedad Salud Total EPS-S S.A., se observa que en el escrito de
tutela se solicitó específicamente vincular a dicha entidad, en razón de las
patologías padecidas por la accionante y por ser la entidad promotora de salud a
la que se encuentra afiliada. Por este motivo, la Sala considera que existen
fundamentos razonables para vincular a la entidad mencionada al proceso de
tutela.
12. Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04122-00
Accionante: Jessyka Paola Lozano Núñez
VI.2.2. Solicitud de coadyuvancia
13. Losseñores Rogelio Ríos Sandoval y Sandra Milena Lozano Núñez
presentaron solicitud de coadyuvancia a las pretensiones de la accionante en el
presente asunto.
14. Sobre el particular, resulta oportuno destacar que el inciso 2º del artículo 13 del
Decreto núm. 2591 de 1991, señala que: “[…] [q]uien tuviere un interés legítimo
en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o
de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.
15. La Corte Constitucional ha señalado que: “[…] la coadyuvancia surge en los
procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado
del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por
el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por
el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela,
lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”6.
16. En razón a que los señores Rogelio Ríos Sandoval y Sandra Milena Lozano
Núñez fueron parte del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos con el número de radicación 68081-33-33-001-2016-00392-
00/01, la Sala de Decisión considera que se encuentran satisfechos los
presupuestos para reconocerlos como coadyuvantes del extremo accionante.
VI.3. Problemas jurídicos
17. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto procedimental.
18. Con el fin de resolver tales interrogantes,
resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
6
Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Exp. T- 2.491.025. Sentencia T-1062, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; 16 de diciembre de 2010.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04122-00
Accionante: Jessyka Paola Lozano Núñez
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
19. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
20. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
21. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
22. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04122-00
Accionante: Jessyka Paola Lozano Núñez
23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en
dichos parámetros.
24. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
26. La señora Jessyka Paola Lozano Núñez solicitó el amparo de su derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la vida y a la salud, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de
21 de noviembre de 2022 y 11 de diciembre de 2023, proferidas por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Barrancabermeja y el Tribunal
Administrativo de Santander, respectivamente, dentro del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos con el número de radicación
68081-33-33-001-2016-00392-00/01, y al Distrito Especial Portuario, Biodiverso,
Industrial y Turístico de Barrancabermeja y la Secretaría de Espacio Público de
dicha entidad.
27. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial, el requisito de subsidiariedad.
VI.5.1. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad
28. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04122-00
Accionante: Jessyka Paola Lozano Núñez
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
29. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”.
30. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza11), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
31. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
11
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04122-00
Accionante: Jessyka Paola Lozano Núñez
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”12.
32. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”13.
33. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991
señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que
cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de
tutela sin agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario,
bajo este supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando
con la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
34. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
35. Descendiendo al caso objeto de estudio, la parte accionante sostuvo que la
autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la vida y a la salud, por haber
incurrido, presuntamente, en un defecto procedimental, en razón a que no fue
vinculada dentro del medio de control con radicado núm. 68081-33-33-001-2016-
00392-00/01, pese a ser la propietaria del inmueble que fue objeto de litigio en el
aludido proceso.
36. En este punto, la Sala debe resaltar que en aquellos casos en los que se
controvierte la omisión de integrar en debida forma el contradictorio, las normas
procesales permiten promover el incidente de nulidad, en el que se puede alegar
la causal de nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 133 de la Ley 1564 de 12
de julio de 201214.
respecto, esta Sección, en la sentencia de 14 de septiembre de 2023 15,
37. Al
señaló lo siguiente:
12
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge
Iván Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019,
expediente número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
14
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de septiembre de 2024,
Exp. núm. 11001-03-15-000-2023-03916-00. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04122-00
Accionante: Jessyka Paola Lozano Núñez
“[…] 21. En el caso sub examine, los actores cuestionan, en síntesis, que no
fueron vinculados al proceso de acción popular núm. 19001-33-33-007-2021-
00184-01 y la omisión de realizar una inspección judicial, ya que de haberse
llevado a cabo la citada diligencia la autoridad judicial accionada hubiese
advertido la necesidad de vincularlos al proceso.
22. En este punto, la Sala debe resaltar que en aquellos casos en los que se
controvierte la omisión de integrar en debida forma el contradictorio, las
normas procesales permiten promover el incidente de nulidad, en el que se
puede alegar la causal de nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 133 del
Código General del Proceso16.
23. En efecto, el numeral 8 del artículo 133 del CGP dispone:
“[…] ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en
todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
[…]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio
de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las
demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera
de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al
Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con
la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar
una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del
mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación
omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha
providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este
código […]”. (Resaltado fuera de texto original).
24. Así también, el presunto afectado puede vincularse al proceso judicial y
solicitar en cualquier estado de este, e inclusive después de haberse dictado
sentencia de instancia, la nulidad de lo actuado.
25. En efecto, el artículo 134 del CGP, establece la oportunidad y trámite de
las nulidades, esto es_:
“[…] ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE.
Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de
que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.
La nulidad por indebida representación o falta de notificación o
emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual
no proceda recurso, podrá también alegarse en la diligencia de entrega o
como excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de
revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades.
16
En adelante CGP.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04122-00
Accionante: Jessyka Paola Lozano Núñez
Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con
posterioridad a la orden de seguir adelante con la ejecución, mientras no
haya terminado por el pago total a los acreedores o por cualquier otra
causa legal.
El juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica
de las pruebas que fueren necesarias.
La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento, solo
beneficiará a quien la haya invocado. Cuando exista litisconsorcio
necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se integrará
el contradictorio […]”. (Resaltado fuera del texto original).
26. Ahora, cabe la pena precisar que tratándose de acciones populares, la
Ley 472 de 5 de agosto de 1998, no regula lo concerniente a los incidentes de
nulidad, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en si artículo 44 que señala
que en los procesos contentivos de las acciones populares se aplicarán las
disposiciones del Código de Procedimiento Civil17 y del Código Contencioso
Administrativo18 dependiendo de la jurisdicción que le corresponda, en los
aspectos no regulados en los aspectos.
27. A su vez, el artículo 208 del CPACA establece que “[…] serán causales de
nulidad en todos los procesos las señaladas en el Código de Procedimiento
Civil y se tramitarán como incidente […]”. En igual medida, el artículo 306
ibidem, señala que “[…] en los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo […]”.
[…]
30. Bajo este entendido, al ser lo controvertido en sede de tutela la supuesta
indebida integración del contradictorio, en criterio de la Sala lo pertinente es
que los aquí accionantes se vinculen al proceso de acción popular de la
referencia y soliciten al juez natural, en caso de que así lo estimen, la
declaratoria de nulidad del fallo de acción popular que es controvertido
mediante este mecanismo constitucional.
[…]
32. En vista de lo anterior, como quiera que los accionantes cuentan con un
recurso judicial, a través del cual pueden solicitar las inconformidades
expuestas en la presente acción de tutela, se advierte que no se cumple el
requisito general de la subsidiariedad […]”. [Negrilla y subrayado original del
texto].
38. En el caso objeto de estudio, se observa que la presente acción de tutela busca
que el juez constitucional analice la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la vida y a la salud de la accionante por no haber sido vinculada al
proceso de acción popular.
17
Hoy CGP.
18
Hoy CPACA.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04122-00
Accionante: Jessyka Paola Lozano Núñez
39. Para sustentar el interés jurídico de haber sido vinculada dentro del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos núm. 68081-33-33-
001-2016-00392-00/01, la accionante adujo lo siguiente:
“[…] 5. Según me informaron debo demoler el área de mi casa que
supuestamente invade espacio público, pero no tuve a [sic] oportunidad de
demostrar que no lo es y asi mismo [sic], el área corresponde a mi espacio de
habitación, lo que irremediablemente me dejaría sin donde habitar, asi [sic]
como que aumentaría mas [sic] los padecimientos de mi enfermedad pues me
deja sin un lecho donde descansar, dormir y recuperarme.
6. Del supuesto fallo que me ordena demoler como del proceso y lo que allí
aconteció no se [sic] que dice, no tengo copias, ni se puede encontrar en el
sistema de la rama judicial, ni me citaron , [sic] notificaron o vincularon a mi
[sic] y a mi hermana, solo vino una vez un señor que dijo ser topografo [sic] y
dijo que todo estaba bien, hasta ahora que llega la carta de demolición, sin
que yo si quiera conozca el fallo que ahí se refiere […].”
40. Bajo este entendido, al ser lo controvertido en sede de tutela la supuesta
indebida integración del contradictorio, en criterio de la Sala lo pertinente es que
la aquí accionante se vincule al proceso de acción popular y solicite al juez
natural, en caso de que así lo estime, la declaratoria de nulidad del fallo de acción
popular que es controvertido mediante este mecanismo constitucional.
41. En vista de lo anterior, y en razón a que la accionante cuenta con un recurso
judicial, a través del cual pueden discutir las inconformidades expuestas en la
presente acción de tutela, se advierte que no se cumple el requisito general de
subsidiariedad. Aunado a ello, no se aprecia que en el caso sub examine se
encuentre acreditada la configuración de un perjuicio irremediable, en razón a que
de los documentos obrantes en la acción de tutela se observa que el Distrito
Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de Barrancabermeja no ha
fijado fecha para adelantar “[…] las obras de recuperación del espacio público
[…]”, e igualmente la accionante no demostró las condiciones de salud que adujo
padecer.
42. Conforme a lo anterior, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de subsidiariedad,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04122-00
Accionante: Jessyka Paola Lozano Núñez
FALLA:
PRIMERO: RECONOCER a los señores Rogelio Ríos Sandoval y Sandra Milena
Lozano Núñez como coadyuvantes de la parte accionante.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
sociedad Salud Total EPS-S S.A., el Distrito Especial Portuario, Biodiverso,
Industrial y Turístico de Barrancabermeja y la Corporación Autónoma Regional de
Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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