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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04124-00

Fecha
13 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04124-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 9 “[L]a falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa”9. Corte Constitucional, sentencia T-658 del 15 de agosto de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 6 Radicación: 11001-03-15-000-2024-04124-00 Accionante: Verónica Pérez Jiménez, como apoderada de Ana Hernández Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04124-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

13 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04124-00
Accionante: Verónica Pérez Jiménez, como apoderada de Ana Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – legitimación en la causa por activa. Sentido del
fallo de tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Verónica Pérez Jiménez, como
apoderada judicial de Ana Hernández, en contra del Tribunal Administrativo de
Bolívar.

I. ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

El 6 de agosto de 2024 la tutelante interpuso acción constitucional en procura de la
protección de su derecho al debido proceso, el cual considera vulnerado con la
providencia proferida el 15 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, dentro del proceso con radicado No. 13001333300220150020800/01,
mediante la cual se confirmó la dictada el 11 de diciembre de 2020 por el Juzgado
2º Administrativo de Cartagena que negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa.

2.- Hechos

2.1.- Mercedes Llorente era madrastra de Herasmo Hernández, que conformó un
hogar con Mónica Castro, con quien tuvo una hija llamada Leonela Patricia
Hernández Castro2.

1
Obra escrito de tutela a folios 1-9 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado D6782AC20E52F200
D0155FC3A31A6F0D 3D5D3988D5A7A880 6813EC9E4964D2F6.
2
A folios 42-43 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado D6782AC20E52F200 D0155FC3A31A6F0D
3D5D3988D5A7A880 6813EC9E4964D2F6.

2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04124-00
Accionante: Verónica Pérez Jiménez, como apoderada de Ana Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2.2.- El 20 de febrero de 2014, en la casa de Mercedes ubicada en el barrio El Pozón
en Cartagena, mientras estaban reunidos, dos personas no identificadas los
atacaron, dejando sin vida a Mercedes, a Herasmo y a Mónica. Se indica en los
hechos que la Policía Nacional, a pesar de tener conocimiento previo del riesgo al
que estaba sometida la familia, no cumplió con su deber de protegerla3.

2.3.- Con base en los hechos descritos, los parientes de las víctimas, en ejercicio
del medio de control de reparación directa, interpusieron demandas en contra de la
Policía Nacional con el fin de que se los indemnizara por la pérdida de sus familiares.
Los trámites se acumularon bajo el radicado No. 130013333002201500208004 y le
correspondieron al Juzgado 2º Administrativo de Cartagena.

2.4.- Por sentencia del 11 de diciembre de 20205 el a quo negó las súplicas de las
demandas acumuladas, porque no se probó que el daño fuese imputable al Estado.
Señaló que las autoridades actuaron conforme con el procedimiento establecido
para estos casos y que las circunstancias reclamadas se ocasionaron por el hecho
de un tercero.

2.5.- Inconformes, los demandantes apelaron la decisión referida. Por sentencia del
15 de mayo de 20236 el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la sentencia
recurrida. Para ello, afirmó que la Policía no era responsable de establecer las
medidas de protección específicas, ya que esa tarea recaía en la Fiscalía. Además,
acotó que no se demostró que el crimen estuviera relacionado con las amenazas
que motivaron la solicitud de protección. En suma, sostuvo que no se acreditó que
la demandada hubiese omitido sus deberes institucionales.

3.- Fundamentos de la acción de tutela

La tutelante estima que el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en un defecto
sustantivo, por cuanto pasó por alto que la Fiscalía dejó a consideración de la Policía
Nacional las medidas de protección que se debían adoptar, las cuales no se
implementaron. Además, afirmó que el referido tribunal omitió o aplicó de forma
indebida los artículos 133 de la Ley 906 de 2004; 69 de la Ley 418 de 1997; y 18
del Decreto 1740 de 2010.

3
Ibidem.
4
A este se acumularon los procesos 13-001-33-33-006-2015-00212-00 y 13-001-33-33-008-2015-00211-00.
5
Ibidem, a folio 49.
6
Obra sentencia a folios 42-59 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado D6782AC20E52F200
D0155FC3A31A6F0D 3D5D3988D5A7A880 6813EC9E4964D2F6.

3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04124-00
Accionante: Verónica Pérez Jiménez, como apoderada de Ana Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La parte convocante adujo que, aunque los jueces tienen autonomía para interpretar
la ley, deben hacerlo dentro del marco legal establecido y, en este caso, la omisión
respecto de las normas de protección adecuadas es clara evidencia del defecto
denunciado.

4.- Pretensiones de la acción

En el escrito introductorio se solicitó (i) tutelar el derecho cuya trasgresión se
denuncia; (ii) dejar sin efectos la sentencia del 15 de mayo de 2023; y (iii) ordenar
al Tribunal Administrativo de Bolívar que profiera una nueva decisión.

5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1.- Mediante auto del 9 de agosto del 2024 el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó al Juzgado 2º Administrativo de Cartagena, a la Policía Nacional
y a todos los que fungieron como demandantes en los procesos acumulados.
También ordenó la notificación a las partes y a los vinculados.

5.2.- El Tribunal Administrativo de Bolívar argumentó que no se aportaron los
documentos necesarios para acreditar la legitimación en la causa por activa, ya que
no se presentó el poder especial de la abogada ni la cédula de la demandante.
Rechazó que la sentencia del 15 de mayo de 2023 hubiese incurrido en un defecto
material o sustantivo. Explicó que la tutela se basa en el descontento con la decisión
y no en una violación explícita de la norma aplicable y, por ende, se está usando
para reabrir el debate jurídico.

5.3.- La Policía Nacional manifestó que no vulneró ningún derecho fundamental,
pues cumplió con las medidas de protección ordenadas por la Fiscalía General de
la Nación. Además, destacó que esta tutela es improcedente, ya que no es el
mecanismo adecuado para elevar las pretensiones sub judice.

4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04124-00
Accionante: Verónica Pérez Jiménez, como apoderada de Ana Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Verónica
Pérez Jiménez, como apoderada judicial de Ana Hernández, en contra del Tribunal
Administrativo de Bolívar de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de
la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- De la legitimación en la causa

La legitimación en la causa consiste, de una parte, en ser el titular del derecho o
del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen y,
de otra, en ser el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas. Así
estarían definidas la legitimación en la causa por activa y por pasiva,
respectivamente.

De esta manera, si los demandantes carecen de legitimación en la causa, no será
posible que se les satisfaga las pretensiones que aducen, toda vez que no ostentan
la titularidad de la relación jurídica, del derecho o del interés sustancial que les sirve
de soporte a sus pedimentos. Ahora, si son los demandados los que no están
legitimados, no podrán ser constreñidos a realizar en favor de los convocantes
alguna prestación, puesto que lo pretendido ha debido suplicársele a otros sujetos7.

Respecto a la acción de tutela en contra de providencias, son titulares del derecho
y, por ende, se encuentran legitimados en la causa por activa para promoverla,
quienes fueron parte8 en los procesos judiciales correspondientes. Sin embargo,
para que los profesionales del derecho que actuaron en tales asuntos puedan

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de mayo
de 2013, expediente: 24510, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
8
“Se ha dicho que el ‘concepto de parte tiene una doble acepción según se la examine desde el punto de vista puramente
procesal o teniendo en cuenta el derecho material en discusión. En el primer caso, son partes quienes intervienen en el
proceso como demandantes o demandados, en procura de que se les satisfaga una pretensión procesal, independientemente
de que les asista razón o no; de manera que desde este punto de vista la noción de parte es puramente formal. En sentido
material tienen la condición de partes los sujetos de la relación jurídica sustancial objeto de la controversia o motivo del
reconocimiento, así no intervengan en el proceso”. Corte Constitucional, auto 027 del 21 de agosto de 1997, M.P. Antonio
Barrera Carbonell.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04124-00
Accionante: Verónica Pérez Jiménez, como apoderada de Ana Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

invocar la causa tuitiva o representar a los reclamantes, requieren de un poder
especial9.

3.- El caso concreto

En el presente asunto se tiene que solo las personas que integraron el extremo
activo de la litis en el medio de control de reparación directa No.
13001333300220150020800/01 y en los procesos que fueron acumulados a este,
son los legítimos titulares del derecho fundamental que se aduce vulnerado en esta
acción tuitiva.

No obstante, revisado el expediente, se observa que no obra mandato otorgado por
Ana Hernández ni por ningún otro demandante en favor de la abogada Verónica
Pérez Jiménez para interponer, específicamente, la acción constitucional objeto de
estudio. De esta manera, se impone la improcedencia del amparo, por falta de
legitimación en la causa por activa.

Ahora, si bien es cierto que en el escrito de tutela se indicó que se allegaba copia
del poder para actuar, al revisar los archivos enviados con el escrito introductorio no
se observa tal documento.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

9
“[L]a falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder
específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante
y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa”9. Corte
Constitucional, sentencia T-658 del 15 de agosto de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04124-00
Accionante: Verónica Pérez Jiménez, como apoderada de Ana Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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