Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04131-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04131-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04131-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
26 de septiembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04131-00
Demandante: Fabián Alberto Borja Pinzón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04131-00
Demandante: FABIÁN ALBERTO BORJA PINZÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B.
Temas: Mora judicial en resolver impedimento en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de legitimación en la causa por
activa
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Fabián Alberto Borja Pinzón
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 8 de agosto de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Fabián Alberto Borja Pinzón pidió la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta por la tardanza del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, en resolver sobre un impedimento dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 68001-23-33-000-
2017-00547-02.
2. Pretensiones
La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Se tutele nuestro derecho fundamental de ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
IGUALDAD Y DEBIDO PROCESO.
SEGUNDA: Se ordene a la entidad accionada, continuar con el trámite del proceso o lo que corresponda
en derecho y sea más beneficioso en términos de economía procesal.
TERCERA: Se conmine a la entidad a no repetir esta conducta y tomar las medidas necesarias, en
apoyo con la secretaria del Consejo de Estado de la sección segunda.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 27 de abril de 2017, el abogado Fabián Alberto Borja Pinzón, en calidad de apoderado
judicial de Javier Eduardo Gómez Mantilla, Lina María Osorio Gaviria, Edna Jacqueline
Romero Vargas, Aylen Constanza Pérez Sánchez y Javier Fernández Castro, promovió
1 Índice 1 de Samai.
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Demandante: Fabián Alberto Borja Pinzón
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la
Nación para que se declarara la nulidad de los actos que denegaron la reliquidación de
las prestaciones sociales con la inclusión del 30 % de la prima especial como factor
salarial para liquidación de prestaciones sociales, primas, bonificaciones, vacaciones,
cesantías e intereses a las cesantías, aporte para pensión y demás emolumentos.
La demanda se adelantó con el radicado No. 68001-23-33-000-2017-00547-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo de Santander.
Por auto del 14 de marzo de 2019, los magistrados a quienes les fue asignado el proceso
manifestaron estar impedidos para conocer del asunto por tener interés directo en las
resultas del proceso, conforme con el artículo 141 del Código General del Proceso.
Por auto del 6 de septiembre de 2019, el Consejo de Estado, Sección Segunda, declaró
fundado el impedimento de los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander y
ordenó el sorteo de conjueces; el cual se realizó el 3 de junio de 2021.
La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander dictó sentencia de
primera instancia el 16 de junio de 2023 y accedió a las pretensiones.
Inconforme, la Fiscalía General de la Nación, presentó recurso de apelación, el cual fue
concedido mediante auto del 22 de agosto de 2023.
El 10 de octubre de 2023, expediente pasó al despacho del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, y el 26 de febrero de 2024 el magistrado Juan Enrique Bedoya
Escobar manifestó impedimento por encontrarse incurso en la causal establecida en el
artículo 141, numeral 14 del CGP.
Por lo anterior, el 22 de marzo de 2024 el proceso se asignó al siguiente despacho en
turno de la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para que
resolviera el impedimento.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte demandante aseguró que es abogado y dentro del mandato judicial celebrado
con sus clientes le asiste el deber de realizar todas las actividades necesarias para
cumplir con el objeto del contrato y se encuentra reconocido como apoderado de la parte
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que le da origen a
la acción de tutela.
Que, a la fecha de la interposición de la acción de tutela, no se ha resuelto sobre el
impedimento manifestado por el Consejero Juan Enrique Bedoya Escobar y, en
consecuencia, impide que se resuelva el recurso de apelación presentado en contra de
la sentencia de primera instancia. Que, por lo tanto, la autoridad judicial demandada
incurrió en mora judicial injustificada y vulnera los derechos fundamentales invocados.
Indicó que, en su experiencia como abogado litigante, no existe un procedimiento
uniforme en las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación e, incluso, la
Procuraduría General de la Nación en temas relacionados con la prima de servicios y la
bonificación judicial, las cuales son tramitadas de manera distinta al no contar con un
término procesal señalado en la Ley.
Adujo que, al no existir directriz sobre el procedimiento y plazos, hay despachos que
resuelven de manera eficaz los impedimentos y otros en los que el trámite lleva más
tiempo.
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Demandante: Fabián Alberto Borja Pinzón
Señaló que en un caso con similitud fáctica se dictó auto el 26 de abril de 20242, en el
que se fijó una postura que, a su juicio, debe ser aplicada de forma similar. En dicho auto,
el magistrado ponente se abstuvo de resolver el impedimento, ordeno remitir el proceso
a los despachos transitorios que tienen como finalidad resolver esta clase de procesos
conforme al Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024 y, por último, exhortó a
los Magistrados del Tribunal para que, en lo sucesivo, en lugar de manifestar el
impedimento, devuelvan el expediente a la oficina de reparto para que se corrija la
actuación de conformidad con el acuerdo mencionado.
Manifestó que han transcurrido más de 10 meses, un plazo mucho más que razonable
para que la autoridad judicial demandada se pronuncie sobre el asunto sometido a su
consideración y de continuidad al trámite procesal.
Indicó que se debe aplicar el artículo 140 del C.G.P, es decir, que en un solo auto se
recojan los impedimentos de todos los magistrados del Consejo de Estado.
Señaló que tiene conocimiento que todos los magistrados se declaran impedidos, por lo
que si se demoran meses en cada impedimento se continuará con la vulneración a los
derechos fundamentales alegados.
5. Trámite procesal
Por auto del 12 de agosto de 2024, el Despacho sustanciador inadmitió la demanda de
tutela para que se precisara cuál era el interés particular que le asistía al señor Borja
Pinzón para presentar la demanda de tutela o que aportara poder especial para formular
la acción de amparo en nombre y representación de quienes actúan como demandantes
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 68001-23-33-
000-2017-00547-00/01/02.
El 16 de agosto de 2024, el actor presentó subsanación de la demanda. Indicó actuar en
nombre propio, que le asiste interés como usuario del servicio público de administración
de justicia en su calidad de abogado y que el despacho demandado no ha resuelto sobre
el impedimento.
Mediante auto del 30 de agosto de 2024, el magistrado ponente admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados
del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y como terceros con interés, a
la Fiscal General de la Nación –parte demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho-, a los señores Javier Eduardo Gómez Mantilla, Lina María
Osorio Gaviria, Edna Jacqueline Romero Vargas, Aylen Constanza Pérez Sánchez y
Javier Fernández Castro -demandantes en el proceso ordinario-.
En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correo electrónico del 4 de septiembre de 20243
6. Intervenciones
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B encargado
del despacho sustanciador, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa
por activa del señor Borja Pinzón. Explicó que contar con personería judicial en el
proceso ordinario no faculta al abogado para promover la presente acción constitucional.
Indicó que el 26 de febrero de 2024 había manifestado impedimento, por encontrarse en
la causal prevista en el numeral 14 del artículo 141 del CGP. Que como consecuencia de
lo anterior, el 22 de marzo de 2024 remitió el expediente al despacho del magistrado
César Palomino Cortés para que se pronunciara sobre su manifestación. Sin embargo, a
2 Radicado 05001-33-33-020-2021-00305-01 C.P. Jorge Iván Duque
3 Índice 14 de Samai.
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Demandante: Fabián Alberto Borja Pinzón
ese consejero le fue aceptada renuncia a partir del 1º de julio de 2024, por lo que la Sala
Plena del Consejo de Estado lo encargó de ese despacho.
Que el 27 de agosto de 2024, la Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Elizabeth
Becerra Cornejo como magistrada en reemplazo del Dr. Palomino Cortés lo que permitirá
que la sala de decisión se integre para efectuar el pronunciamiento esperado en relación
con la manifestación del impedimento.
La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General
de la Nación solicitó que se desvinculara a la entidad del trámite por no ser la entidad
llamada a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
alegados.
Puso de presente que no tiene ninguna injerencia en las decisiones de los despachos
judiciales y que el accionante no argumentó en qué consiste la vulneración de los
derechos fundamentales frente a la entidad.
Lina Osorio Gaviria, Aylen Constanza Pérez Sánchez y Javier Fernández Castro
(vinculados como terceros con interés) intervinieron y se señalaron que, «en calidad de
demandante en el proceso con mora judicial que ahora por vía de tutela reclama celeridad el Dr.
Fabián Alberto Borja Pinzón, respetuosamente solicito en nombre de todos los demandantes en
ese proceso, se atiendan sus pretensiones, por cuanto este asunto se encuentra estancado»
El 23 de septiembre de 2024 el señor Javier Fernández Castro otorgó poder especial al
abogado Fabián Alberto Borja Pinzón para que lo representara en el trámite de la
presente acción de tutela.
Javier Eduardo Gómez Mantilla y Edna Jacqueline Romero Vargas, no se
manifestaron pese a que, como se vio, fueron debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa. Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona la demora de la Subsección B, de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en resolver el impedimento del magistrado
ponente y emitir sentencia de segunda instancia en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 68001-23-33-000-2017-00547-00/01/02.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación pidió que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva, en la medida que no tiene injerencia en proferir
providencias judiciales y que las pretensiones de la acción de amparo no van dirigidas
contra ella. No obstante, la vinculación de dicha entidad no fue como demandada, sino
en calidad de tercero con interés, por conformar la parte demandada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 68001-23-33-000-2017-00547-
4 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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Demandante: Fabián Alberto Borja Pinzón
00/01/02.
En consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación, ya que la
entidad que la solicita está vinculada como tercero con interés, por haber conformado un
extremo procesal en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y
puede verse afectada por la decisión de la presente acción de amparo.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la autoridad judicial demandada
vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte demandante, con ocasión de
la presunta mora en resolver el impedimento manifestado por el magistrado ponente en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 68001-23-33-000-
2017-00547-00/01/02.
La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo porque el señor
Fabián Alberto Borja Pinzón carece de legitimación en la causa por activa. Si bien es el
apoderado judicial de Javier Eduardo Gómez Mantilla, Lina María Osorio Gaviria, Edna
Jacqueline Romero Vargas, Aylen Constanza Pérez Sánchez y Javier Fernández Castro
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se alega la presunta
mora judicial, no allegó poder especial que le permita ejercer la acción de tutela en
representación de los demandantes en el mencionado medio de control.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la legitimación
en la causa por activa y, (ii) análisis del caso concreto.
3. La legitimación en la causa por activa
Según el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela «podrá ser ejercida
por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante». Al respecto, en sentencias T-
511 de 2017 y T-005 de 20225, la Corte Constitucional señaló que la legitimación en la
causa es uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Por consiguiente,
de no satisfacerse este requisito, el juez deberá declarar improcedente el amparo
solicitado.
La legitimación en la causa por activa en materia de tutela se refiere a exigir que quien
actúa sea el titular de los derechos invocados como supuestamente vulnerados. En
sentencia T-105 de 2020, la Corte Constitucional explicó que «quien demanda tiene
legitimidad en la causa por activa cuando es titular de los derechos fundamentales
vulnerados o está en capacidad de actuar en representación de otras personas a quienes
les es imposible defender sus derechos directamente».
A partir de los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991,
también puede establecerse que la acción de tutela puede ser ejercida directamente por
el titular del derecho presuntamente vulnerado o por un tercero que actúe en su nombre.
Sobre esta última posibilidad, la Corte Constitucional ha determinado que quien actúa en
nombre de otro puede hacerlo como: «(i) representante legal del titular de los derechos, (ii)
apoderado judicial, (iii) agente oficioso y (iv) defensor del pueblo o personero municipal»6.
La Corte Constitucional también ha determinado que la condición de parte o interviniente
en el proceso que se dictó la providencia acusada es determinante para efectos de
analizar la legitimación en la causa. En sentencia SU-173 de 2015, la Corte declaró la
falta de legitimación de la causa por activa del demandante que presentó una acción de
tutela en contra de una providencia que anuló un laudo arbitral porque «carece de la
5 También pueden consultarse las sentencias T-001 de 1997, T-531 de 2002, T-024 de 2019, entre otras.
6 Sentencia T-292 de 2021.
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Demandante: Fabián Alberto Borja Pinzón
condición de “parte”, es decir de interés legítimo que lo vincule al proceso de anulación de laudo
arbitral del cual predica un defecto que vulnera el debido proceso».
4. El análisis del caso en concreto
En el presente asunto, el señor Fabián Alberto Borja Pinzón alega la vulneración a sus
derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y de acceso a la administración
de justicia por la supuesta mora judicial injustificada que se configura por la falta de
pronunciamiento del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B sobre el
impedimento manifestado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 68001-23-33-000-2017-00547-02.
A juicio de la Sala, el señor Fabián Alberto Borja Pinzón carece de legitimación en la
causa por activa porque no es parte del proceso ordinario, no es titular de los derechos
discutidos ni tiene interés legítimo, como pasa a explicarse.
En primer lugar, de la revisión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la
Sala advierte que los extremos de la litis en la que se alega la mora judicial son los
señores Javier Eduardo Gómez Mantilla, Lina María Osorio Gaviria, Edna Jacqueline
Romero Vargas, Aylen Constanza Pérez Sánchez y Javier Fernández Castro como
demandantes y la Fiscalía General de la Nación como demandada. Que, si bien el
abogado Borja Pinzón es apoderado de la parte demandante en ese proceso, no es parte
ni interviene en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
La Sala no pasa por alto que el 23 de septiembre de 2024, el señor Javier Fernández
Castro le otorgó poder al abogado Fabián Alberto Borja Pinzón para que lo representara
en la presente acción de tutela, lo cierto es, que tal como lo señala el poderdante, lo hace
en la calidad de tercero con interés y no tiene la virtualidad para modificar las partes en
la presente acción constitucional.
Por lo anterior, en el trámite de la acción de tutela, con en el auto que la inadmitió el
abogado Borja Pinzón fue requerido para que subsanara la demanda y señalara el interés
que le asistía en la acción de tutela o aportara poder especial para formular tutela en
nombre y representación de quienes actúan como demandantes en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado No. 68001-23-33-000-2017-00547-00/01/02.
El actor indicó que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se le había
reconocido personería jurídica por ende estaba legitimado en el proceso, por lo que
estaba solicitando la protección de sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, igualdad y debido proceso.
Destacó que goza de interés legítimo y que le «asiste interés como usuario del servicio
público de administración de justicia en mi condición de abogado, toda vez que el despacho del
dr Cesar, no me ha resuelto impedimentos desde el año 2022, por lo que también presente (sic)
acciones de tutela en dichos procesos».
A partir de lo anterior, resulta claro que el señor Borja Pinzón promueve la acción de
tutela en defensa de los derechos de los señores Javier Eduardo Gómez Mantilla, Lina
María Osorio Gaviria, Edna Jacqueline Romero Vargas, Aylen Constanza Pérez Sánchez
y Javier Fernández Castro, quienes son los demandantes en el proceso de nulidad y
restablecimiento con radicado No. 68001-23-33-000-2017-00547-00/01/02, pero, debido
a que no aportó el poder que le fue requerido desde la etapa inicial de la acción de tutela
de la referencia, no es posible acreditar la legitimación en la causa que le asiste. Tampoco
se advierte la existencia de situaciones que acrediten la imposibilidad para que los
demandantes en el proceso ordinario otorgaran poder para ejercer el mecanismo
constitucional o para acudir a la defensa de sus derechos en nombre propio.
De hecho, al admitir la demanda de tutela el despacho sustanciador dispuso vincular
como terceros con interés a los demandantes en el proceso ordinario y, aunque Lina
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Demandante: Fabián Alberto Borja Pinzón
Osorio Gaviria, Aylen Constanza Pérez Sánchez y Javier Fernández Castro señalaron
coadyuvar la demanda del señor Borja Pinzón y pidieron que se accediera a lo pretendido,
no aportaron poderes para que el abogado las representara y, como se vio con
anterioridad, la figura de la coadyuvancia no permite formular pretensiones propias de
amparo a sus derechos fundamentales.
Siendo así, la Sala destaca que, si bien, el abogado Borja Pinzón fue reconocido como
apoderado judicial de los señores Javier Eduardo Gómez Mantilla, Lina María Osorio
Gaviria, Edna Jacqueline Romero Vargas, Aylen Constanza Pérez Sánchez y Javier
Fernández Castro, lo cierto es que conforme con el poder otorgado en dicho proceso el
señor Borja Pinzón podría actuar en su nombre y representación para la interposición del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mas no para promover acción
de tutela en su nombre y representación..
En términos de la Corte Constitucional7 el alcance del derecho de defensa no traslada su
titularidad, dado que cuando una de las partes o los intervinientes involucrados en un
proceso judicial dispone que determinado profesional del derecho lo represente en la litis,
no traslada al elegido la titularidad de su derecho de defensa, de por si inalienable e
irrenunciable, sino que, simplemente lo autoriza para ejercer tal derecho a su nombre.
Además, la Corte Constitucional indicó que, el poderdante puede vigilar la actuación de
su representante y proceder a revocar el poder si aquella, por técnica que parezca, no
concuerda con sus expectativas, razón por la que concluyó que el derecho de defensa
es un derecho subjetivo fundamental, como tal inalienable e irrenunciable, previsto en la
Constitución Política como una garantía constitucional y que la defensa en juicio es una
de sus manifestaciones más importantes, de ahí que no pueda entenderse que tal
garantía se satisface y concluye con la designación de un profesional del derecho para
ser representado en juicio.
La sala evidencia que el abogado Borja Pinzón solicita la protección del derecho a la
igualdad, dado que es usuario del servicio público de administración de justicia, sin
embargo, la representación en el proceso ordinario no implica per se la titularidad en la
presente acción de amparo; aunado a esto, no es de recibo el argumento del actor dado
que la vulneración no se alega respecto a un tema de interés público, sino a un trámite
específico de un proceso judicial.
Por esto último, era indispensable que el actor allegará el poder especial para la
presentación de la acción de amparo con el que acreditará su gestión como apoderado
judicial de las demandantes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Es importante destacar lo enunciado por la Corte Constitucional, en la sentencia T-024
de 2019, respecto a que el poder conferido para la defensa de los intereses en un proceso
determinado, no se entiende conferido para instaurar proceso diferente, inclusive si estos
tienen origen en el proceso originario.
Acorde a lo anterior, se observa que el actor no posee legitimación para ejercer la
presente acción de tutela, ya que pretende que le sean amparados derechos
fundamentales que no son propios, pues como se vio los legitimados para ejercer la
acción de tutela son los demandantes en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 68001-23-33-000-2017- 00547-00/01/02.
En razón a lo expuesto, es claro que el señor Fabián Alberto Borja Pinzón carece de
interés legítimo para ejercer la presente solicitud de amparo 8.
7
Sentencia C-383de 2005.
8
La Sala ya se ha pronunciado en el mismo sentido en casos con similitud fáctica al caso objeto de estudio, ver: sentencia del 25 de
noviembre de 2021 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2021-03712-01 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, Sentencia del 3 de
junio de 2021 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2021-00802-00 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, Sentencia del 18 de
noviembre de 2021 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2021-06949-00 C.P. Milton Cháves García, sentencia del 23 de marzo de
2023 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2023-00244-00 C.P. Milton Cháves García.
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Demandante: Fabián Alberto Borja Pinzón
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, porque no supera
el requisito general de legitimación en la causa por activa.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación del proceso por falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas
2. Declarar improcedente por falta de legitimación en la causa por activa la acción de
tutela de la referencia, por las razones expuestas.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta Aclaro voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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