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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04142-01

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04142-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE MODIFICAR la sentencia proferida el 27 de agosto de 2024, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Marco Tulio Taboada Hernández en contra del Tribunal Administrativo de Sucre, por las razones expuestas en esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04142-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04142-01

Accionante: MARCO TULIO TABOADA HERNÁNDEZ

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
Incumplimiento del requisito de inmediatez / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
– Se acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en dos
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho relacionadas con el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales correspondientes - En el proceso ordinario operó la cosa
juzgada.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación propuesta por el señor Marco Tulio
Taboada Hernández en contra de la sentencia del 27 de agosto de 2024 proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad
con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 5 de agosto de 20242 la estudiante vinculada al Consultorio Jurídico de la
Universidad de Sucre3, en representación del señor Marco Tulio Taboada
Hernández, presentó acción de tutela en contra de “la Rama Judicial representada

1 Que ingresó para fallo el 17 de octubre de 2024.
2 Cabe advertir que el expediente fue remitido al Consejo de Estado el 8 de agosto de 2024, debido
a que mediante auto de la misma fecha de 2024, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Sincelejo – Sucre remitió por competencia por el factor funcional.
3 Corresponde a la estudiante Wendy Vanessa Serrano Ruiz de derecho, quien junto con la solicitud
de tutela presentó i) una certificación C/J – CE316-01-2024 fechada del 1° de agosto de 2024 del
Consultorio Jurídico Programa de derecho Facultad Educación y Ciencias Universidad de Sucre y;
ii) poder otorgado por el accionante para que presente acción de tutela. Los documentos en mención
se encuentran en el certificado 62D59DBFA1E07801 E20EBDD666A31BE0 1308D14BE776B4C0
DF6CE3C605A742C9, págs. 9 y 10, índice 2 de Samai en el radicado de primera instancia.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04142-01
Accionante: Marco Tulio Taboada Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

por el director ejecutivo de Administración Judicial” con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, seguridad
social e igualdad de oportunidades.

Hechos relevantes

2. El señor Marco Tulio Taboada Hernández prestó sus servicios como técnico
auxiliar de vivero a la Corporación Autónoma Regional de Sucre 4 desde 1° de
octubre de 1996 hasta el 15 de junio de 1999. La vinculación se presentó mediante
orden y contrato de prestación de servicios. Sin embargo, no se realizaron los
aportes para pensión consagrados en la Ley 100 de 1993 pese a estar sometido a
la subordinación y órdenes de los superiores de tal Corporación.

3. El 7 de abril del 2000, el actor solicitó al director de la CAR-SUCRE el pago de
esos conceptos, pero, esta entidad mediante oficio No. 1340 del 22 de mayo de
2000 negó sus peticiones.

4. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó
demanda en contra de la CAR-SUCRE para que se declarara la nulidad del acto
administrativo mediante el cual se negaron sus peticiones del 7 de abril de 2000 y
como consecuencia se le cancelaran todas las prestaciones sociales causadas
desde el 1° de octubre de 1996 al 15 de junio de 1999. Las prestaciones
correspondían a las cesantías, prima de servicios, de navidad, vacacional, de
antigüedad, bonificaciones, vacaciones compensadas y las demás que resultaren a
su favor. Así como también los aportes que debían hacerse al Sistema de Seguridad
Social.

5. Mediante sentencia del 22 de septiembre de 2004, el Tribunal Administrativo de
Sucre5 declaró la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 1340 del
22 de mayo de 2000 a través del cual se le había negado el reconocimiento de
prestaciones sociales y como consecuencia se condenó a pagar al señor Taboada
Hernández la suma de $3.204.721 resultante de computar los valores indexados.
Sin embargo, denegó las demás pretensiones de la demanda.

6. Debido al incumplimiento del pago por parte de la CAR-SUCRE, el 25 de enero
de 2015, el demandante presentó derecho de petición para el reconocimiento y pago
de la seguridad social; no obstante, dicha entidad se pronunció de manera negativa
el 11 de febrero de 2015, indicándole que en la providencia no se le ordenaba el
reconocimiento y cancelación de los aportes a la seguridad social durante el periodo

4 En adelante CAR-SUCRE
5 Se encuentra en el link https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/adm06sinc_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id
=%2Fpersonal%2Fadm06sinc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%
20EXPEDIENTES%20ELECTRONICOS%2FMEDIOS%20DE%20CONTROL%2FNULIDAD%20Y
%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%2F2015%2F2015%2D00152%20NyR, en
documento “02Anexo20150805.pdf” págs. 21 a 39.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

comprendido entre el 1° de octubre de 1996 y el 15 de junio de 1999, por lo que se
consideraba una pretensión infundada.

7. Dado este pronunciamiento, presentó una solicitud de conciliación ante la
Procuraduría Judicial Administrativa, la cual fue repartida a la Procuraduría 44
Judicial II, pero, al no existir ánimo conciliatorio, se expidió constancia de
agotamiento del requisito de procedibilidad fechado del 6 de julio de 2015 6.

8. Por lo anterior, el actor presentó otra demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Corporación Autónoma Regional de Sucre, con el fin de que
se declarara la nulidad del acto contenido en el oficio No.0604 del 11 de febrero de
2015 y se le condenara a la entidad demandada a reconocerle y pagarle al
demandante los aportes a pensión, así como también se le condenara a que le
pagara a Colpensiones los intereses de acuerdo con el cálculo actuarial.

9. Dicha demanda fue conocida por el Juzgado 6° Administrativo de Sincelejo que
a través de sentencia del 18 de agosto de 2020, negó las pretensiones de la
demanda, al constatar, en términos generales, que la sentencia proferida el 22 de
septiembre de 2004 por el Tribunal Administrativo del Sucre decidió de forma
negativa la pretensión relativa al pago de los aportes para pensión, por lo cual es
cosa juzgada.

10. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso
de apelación ante el Tribunal Administrativo de Sucre. Mediante providencia del 1°
de noviembre de 2023, dicho tribunal confirmó la sentencia de primera instancia. Al
respecto, reiteró que la sentencia que declaró la existencia de una relación laboral
encubierta dejó por fuera de la órbita indemnizatoria los aportes a seguridad social,
razón por la cual se materializó la cosa juzgada y no es posible provocar un nuevo
pronunciamiento al respecto.

Pretensiones

11. Solicita la parte accionante lo siguiente:

“PRIMERO: Se declare que la rama judicial al negar las pretensiones de mi
poderdante vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad
social, la vida digna y el acceso de la administración de justicia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ordénesele al Tribunal
Administrativo de Sucre, que, en un tiempo no superior a diez días, proferir un
nuevo fallo para sustituir el adoptado el 01 de noviembre de 2023, realizando en

6Se encuentra en el link https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/adm06sinc_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id
=%2Fpersonal%2Fadm06sinc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%
20EXPEDIENTES%20ELECTRONICOS%2FMEDIOS%20DE%20CONTROL%2FNULIDAD%20Y
%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%2F2015%2F2015%2D00152%20NyR, en
documento “02Anexo20150805.pdf” pág 5.
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Accionante: Marco Tulio Taboada Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

esta oportunidad la valoración integral de los elementos probatorios ajustándolos
a la realidad jurídica, de manera que no se produzca el defecto fáctico en su
apreciación.”

Fundamentos de la demanda de tutela

12. La parte accionante indicó que tanto la primera como segunda instancia
profirieron decisiones sin tener en cuenta una debida valoración de los medios de
convicción arrimados al proceso, por tanto, se le estaba imponiendo una carga
desproporcionada para un adulto mayor. Además, afirmó que las normas que
regulan la relación de trabajo tienen a cargo del empleador el deber de aportar a la
entidad pública o privada al cual el trabajador se encuentre vinculado con los
aportes correspondientes.

13. Afirmó que, tanto el Tribunal Administrativo de Sucre, como el Juzgado Sexto
Administrativo de Sincelejo no consideraron que no podía accederse a la anulación
del acto que negó el reconocimiento y pago de los aportes a la seguridad social,
pues la providencia del 2004, no lo tuvo en cuenta de esa manera, pese a que en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y el Decreto 1703 del mismo año regulan los
aportes de salud.

14. Manifestó que el no reconocimiento de la pensión por falta de aporte implica
una carga desproporcionada para el adulto mayor pese a que el artículo 1° de la
Constitución Política ha sido definido por la Corte Constitucional como un Estado
Social de Derecho. En cuanto al debido proceso, el juez restó valor probatorio a
documentos como el reporte de Colpensiones que evidenciaban los aportes no
realizados por la entidad sin alguna fundamentación, siendo arbitraria, caprichosa e
irracional, desconociendo las reglas de la sana crítica y la realidad que arrojaban
los medios de prueba aportados.

15. Motivo de lo anterior, expuso que los jueces de instancia profirieron la sentencia
del 22 de septiembre de 2004 concluyendo la existencia de una relación laboral
encubierta (contrato realidad), lo que da cuenta, del deber de reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales correspondientes, pero, en cierta medida, decidieron
omitir que toda relación laboral lleva implícito el deber del empleador de pagar los
aportes para la seguridad social. Además, en lo que respecta a la seguridad social
se ha precisado en la jurisprudencia constitucional ha expresado que es “posible
que las personas afronten con decoro las circunstancia difíciles que les obstaculizan
o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente
recepción de los recursos que les permita ejercer sus derechos subjetivos”.

16. Finalmente, adujo que según el artículo 53 de la Constitución Política establece
unos principios mínimos fundamentales que deben guiar la acción del legislador en
materia laboral, lo que implica igualdad de oportunidades para los trabajadores
independientemente de las circunstancias particulares de su empleador, siendo el
Estado quien debe intervenir a favor de los trabajadores que se encuentren en
4

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04142-01
Accionante: Marco Tulio Taboada Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

desventaja. Motivo por el cual, la negación de la pensión por no reconocer los
aportes a la seguridad social pese a haber laborado bajo un contrato realidad,
desconoce el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades.

Trámite en primera instancia

17. A través de auto del 9 de agosto de 2024, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la tutela de la referencia; ordenó notificar
al Tribunal Administrativo de Sucre como accionado; al Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo y a la Corporación Autónoma
Regional de Sucre como terceros interesados en las resultas del proceso. Además,
requirió al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo para
que allegara copia digital del expediente con radicado 70001-33-33-006-2015-
00152-00/01 y reconoció personería a la estudiante de derecho Wendy Vanessa
Serrano Ruiz según el certificado de -Consultorio Jurídico Programa de Derecho
Facultad Educación y Ciencias Universidad de Sucre- en los términos del poder
conferido.

Intervenciones

18. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo
remitió copia del expediente 70001-33-33-006-2015-00152-00/01. Sin embargo, no
realizó el informe de tutela.

19. El Tribunal Administrativo de Sucre7 y la Corporación Autónoma Regional
de Sucre8 no intervinieron pese a estar notificados.

Sentencia de primera instancia

20. Mediante sentencia del 27 de agosto de 2024, la Sección Segunda del Consejo
de Estado, Subsección B negó la acción de tutela.

21. Adujo que, pese a que se encontraban superados los requisitos de
procedibilidad de la solicitud de tutela, en lo que se refiere al defecto fáctico, este
contiene una dimensión negativa y una positiva. La primera se configura cuando en
el desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez y la
segunda se acredita cuando el operador judicial aprecia pruebas que no ha debido
admitir ni valorar porque fueron indebidamente recaudadas, por tanto, este defecto
sólo se justifica cuando se presenta una vía de hecho y se tiene una clara incidencia
en el sentido de la decisión. En lo que respecta al defecto sustantivo, la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando el juez adopta una decisión

7 Se notificó el 14 de agosto de 2024 a los correos electrónicos
sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co. Ver índice 7 de Samai.
8 Se notificó el 14 de agosto de 2024 a los correos electrónicos carsucre@carsucre.gov.co y
notificacionesjudiciales@carsucre.gov.co. Ver índice 7 de Samai.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04142-01
Accionante: Marco Tulio Taboada Hernández
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

que desborda del marco constitucional y legal, apoyándose en una norma que es
evidentemente inaplicable al caso concreto, a pesar de que los jueces gozan de
autonomía e independencia judicial para aplicar las normas jurídicas porque esta
facultad no es absoluta.

22. Arguyó que, si bien la parte accionada indicó que la decisión judicial acusada
incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria y defecto sustantivo
al pasar por alto la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003 y el Decreto 1703 de 2003,
estos defectos debían estudiarse en conjunto porque estaban dirigidos a cuestionar
la decisión de no reconocer el pago de los aportes en seguridad social durante el
tiempo en el cual le fue reconocida la existencia de una relación laboral encubierta,
a través de una decisión judicial previa.

23. Estableció que la autoridad judicial accionada se refirió a las disposiciones del
artículo 189 del CPACA, motivo por el cual negó las pretensiones de la demanda,
considerando que ya se había pronunciado de manera previa, por lo que hizo
tránsito a cosa juzgada de cara a las pretensiones de reconocimiento de aportes a
pensión durante el tiempo en que fue reconocida.

24. Puso de presente que, la postura mediante la cual el Tribunal dijo que en el
primer proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se le concedió la
indemnización reparatoria por los conceptos de cesantías, intereses, prima de
navidad, de servicios y vacaciones, sin que se incluyera los aportes a la seguridad
social, es una decisión que se encuentra en firme e hizo tránsito a cosa juzgada. No
obstante, pese a que el reproche principal del accionante es que toda relación de
trabajo da lugar a que el empleador pague al trabajador las prestaciones sociales y
lo correspondiente a los aportes al sistema de seguridad social, lo cierto es que, se
entiende que la autoridad judicial aplicó la tesis jurisprudencial del Consejo de
Estado vigente para ese momento9.

25. De otra parte, expuso que, si bien se negaron las demás pretensiones
relacionadas con el pago de la seguridad social, no fueron recurridas por el
demandante en la oportunidad procesal correcta, por lo que quedó debidamente
ejecutoriada e hizo tránsito a cosa juzgada.

26. Concluyó que no se observaba una valoración caprichosa o arbitraria en
perjuicio de los intereses de la parte demandante que pudiere configurar un defecto
sustantivo o factico, más aún, cuando el juez de tutela debe respetar la
interpretación jurídica del Juez natural y no le corresponde cuestionar las decisiones

9 Al respecto citó: i) 2Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de agosto de 2010.
Exp. 05001-23-31-000-1999-01714-01. M.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez; Consejo de Estado,
Sección Segunda, sentencia del 16 de febrero de 2005. Exp. 44001-23- 31-000-2003- 00104-01.
M.P. Tarsicio Cáceres Toro; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de marzo de
1998. Exp. 11722 – 1198. M.P. Flavio Rodríguez; ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia
del 18 de marzo de 1998. Exp. 11722 – 1198. M.P. Flavio Rodríguez.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04142-01
Accionante: Marco Tulio Taboada Hernández
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de un derecho fundamental.

Impugnación

27. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de
tutela.

28. Adicional a ello, expresó que, de conformidad con la sentencia T-322 de 2019
de la Corte Constitucional, la acción de tutela procede excepcionalmente cuando se
demuestran situaciones que afectan a los derechos fundamentales, incluso en
contextos donde se invoca la cosa juzgada10.

CONSIDERACIONES

29. La Subsección modificará el fallo impugnado para declarar improcedente el
amparo deprecado, tal como se pasará a explicar a continuación.

De requisito de la inmediatez

30. La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela.

31. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que para efectos de establecer si la acción de tutela contra providencia
judicial se ejerció oportunamente, es decir, que se cumple con el requisito de la
inmediatez, se debe verificar que se hubiese presentado dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada, según sea el
caso.

32. Por otra parte, esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6
meses se debe contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona,
por cuanto es a partir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible
vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los
defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

33. Sin embargo, dicho requisito puede llegar a flexibilizarse siempre y cuando se
acredite que (i) existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) la

10 Se advierte que la accionante el 25 septiembre de 2024, remitió un memorial en el que indicaba
dado que en los canales de atención no estaban funcionando, la impugnación fue enviada a la
Secretaría General, por lo que solicitaba que se direccionara a la Sección Segunda de esta
Corporación. Sin embargo, dicha impugnación fue presentada en término.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04142-01
Accionante: Marco Tulio Taboada Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

inactividad injustificada podría causar lesión a derechos fundamentales de terceros
y (iii) existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración
de los derechos de los interesados11.

34. En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses
desde la ejecutoria de la decisión en los casos que se hubiese realizado un trámite
adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de
corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por cuanto
los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener
incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio,
también tendrían que ser objeto de cuestionamiento

35. En el caso bajo estudio el señor Marco Tulio Taboada Hernández solicita la
protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, debido proceso,
seguridad social, igualdad de oportunidades, presuntamente vulnerados con
ocasión de la negativa de las pretensiones tendientes al reconocimiento y pago de
los aportes de pensión adeudados dado que se hizo tránsito a cosa juzgada.

36. La Sala estima que el plazo de 6 meses -considerado como razonable para
presentar la demanda de tutela- debe contabilizarse a partir de la fecha de
notificación de la sentencia del 1° de noviembre de 2023. Conforme a ello, se
constata que de conformidad con el índice 15 de samai del proceso 70001-33-33-
006-2015-00152-01, los sujetos procesales conocieron del contenido de la decisión
el 29 de enero de 2024:

37. Por ello, es evidente que la acción de tutela de la referencia no se interpuso
dentro un término razonable, pues se presentó hasta el 5 de agosto de 2024 ante
los juzgados administrativos de Sincelejo:

11 Ver Sentencia T-546 de 2014

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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

38. Tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional12, el requisito de la
inmediatez protege los derechos de terceros “que pueden ser vulnerados por una
tutela ejercida en un plazo irrazonable13” y garantiza la seguridad jurídica, al impedir
que el amparo se convierta en un factor que atente contra ese principio 14. Asimismo,
con ello también se frena el abuso del derecho al “evitar el uso de este mecanismo
constitucional de acción de tutela como herramienta supletiva de la propia
negligencia en la agencia de los derechos15”.

39. Dicho precedente se fundamenta en lo señalado por la jurisprudencia del
Consejo de Estado16, la cual señala que el principio de inmediatez, que opera de
forma general frente a todas las acciones de tutela, es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha sostenido la Corte
Constitucional, “si se deja pasar un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio
de los derechos, resulta claramente desproporcionado el control constitucional de
una providencia judicial por la vía de tutela”1718.

40. De conformidad con lo anterior, la Subsección declarará improcedente la
petición de amparo por el incumplimiento del requisito de inmediatez.

Del requisito de la relevancia constitucional

41. Con todo, aún si se prescindiera del anterior presupuesto de procedibilidad de
la acción de tutela, la Sala encuentra que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional debido a lo siguiente:

42. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces19.

12 Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
13 Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084
de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
14 Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905
de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883
de 2009, entre otras.
15 Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692
de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.
16 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez.
17 En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999
18 Sentencia T-189 de 2009.
19 Corte Constitucional, Sentencia T–422 del 16 de octubre del 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04142-01
Accionante: Marco Tulio Taboada Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

43. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber20: i) Que el actor cumpla su carga
argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de
estos derechos y ii) que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

44. En razón a la controversia y una vez revisada la demanda, se evidencia que el
señor Marco Tulio Taboada Hernández, acudió a la acción de tutela con el propósito
de reabrir el debate jurídico y probatorio del proceso, tendiente a que sea el juez de
tutela quien determine si operó el fenómeno de la cosa juzgada respecto al
reconocimiento de los aportes al sistema de seguridad social que demandó por
parte de la administración.

45. Tan evidente resulta que el accionante busca un nuevo análisis de aspectos
definidos por los jueces de instancia, que todos los argumentos presentados en esta
acción están dirigidos a insistir en que se le debe reconocer y pagar los aportes de
pensión adeudados, al considerar que en la sentencia que declaró la existencia de
una relación laboral dejó por fuera de la órbita indemnizatoria el estudio de los
aportes a seguridad social. Aspecto que, contrario a lo expuesto por la parte actora,
fue suficientemente estudiado por los jueces naturales en dos escenarios
procesales diferentes:

46. El primer proceso fue promovido con el fin de solicitar la nulidad del acto
administrativo contenido en el oficio No. 1340 del 22 de mayo del 2000 que fue
suscrito por el director de la Corporación Autónoma Regional de Sucre, por medio
de la cual se habían negado sus peticiones el 7 de abril del 2000 y como
consecuencia fuera canceladas todas las prestaciones sociales causadas durante
el periodo de trabajo, es decir desde el 1° de octubre de 1996 hasta el 15 de junio
de 1999. Dichas prestaciones correspondían a las cesantías, primas de servicio,
navidad, vacaciones, antigüedad, bonificaciones, vacaciones compensatorias y
todas las demás que resulten a su favor.

47. El Tribunal Administrativo de Sucre mediante sentencia del 22 de septiembre
de 200421 resolvió declarar la nulidad del acto que negó el reconocimiento de las

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
(IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
21 Se encuentra en el link https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/adm06sinc_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id
=%2Fpersonal%2Fadm06sinc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%
20EXPEDIENTES%20ELECTRONICOS%2FMEDIOS%20DE%20CONTROL%2FNULIDAD%20Y
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04142-01
Accionante: Marco Tulio Taboada Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

prestaciones sociales del demandante, al considerar que las necesidades de la
administración de CAR-SUCRE para contratar al demandante fueron fingidas, ya
que la labor desempeñada debía ser desempeñada por un empleado de la planta
del personal. Por consiguiente, estimó que esa entidad omitió su deber de promover
la creación de empleos sin que la falta de presupuestos pudiera servir de excusa,
ya que contaba con los recursos para cubrir las contraprestaciones de los
contratistas, pero con la diferencia de escatimar el valor de sus prestaciones
sociales y no es concebible justificar esa situación.

48. Por consiguiente, decretó la remuneración e indemnización con base en las
órdenes de prestación de servicio, y lo que se relacionaba con la liquidación de los
haberes que proporcionalmente se debían reconocer por parte de CAR-SUCRE a
título de indemnización equivalente de ($3.204.721), resultado de computar los
valores indexados, correspondientes a los factores que percibían por concepto de
cesantías e intereses, prima de navidad, de servicios y vacaciones compensadas.
No obstante, el Tribunal denegó el reconocimiento de los aportes a pensión
correspondientes al tiempo en que el demandante prestó sus servicios a través de
la mencionada figura de vinculación.

49. Ahora bien, en lo que respecta a la segunda demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por el señor Marco Tulio Taboada
Hernández en contra de la Corporación Autónoma Regional de Sucre, es claro que
la misma estaba encaminada a obtener declarar la nulidad del acto administrativo
No. 0604 del 11 de febrero de 201522 en el que se solicitó que se reconociera a la
favor y se consignara a órdenes de Colpensiones, los aportes de seguridad social
dejados de pagar durante el periodo comprendido entre el 1° de octubre de 1996 y
15 de junio de 1999 de conformidad con lo dispuesto con la sentencia C-056 de
1993 y lo establecido en el artículo 10 de la Ley 33 de 1985, entre otros.

50. Mediante sentencia del 18 de agosto de 202023, el Juzgado Sexto Administrativo
Oral de Sincelejo resolvió negar las pretensiones de la demanda bajo los siguientes
argumentos (transcripción literal):

Los documentos que aportó la parte demandante con posterioridad a los
alegatos de conclusión, es decir, por fuera de la oportunidad que establece la
norma citada, se relacionan con el derecho cuyo reconocimiento se pretende
en la demanda, pero no se refieren a hechos que lo modifiquen o extingan, ya

%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%2F2015%2F2015%2D00152%20NyR, en
documento “02Anexo20150805.pdf” págs. 21 a 39.
22 Cabe advertir que se trata es de una respuesta de un derecho de petición presentado a esa
entidad, tal como se puede observar en el link https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/adm06sinc_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id
=%2Fpersonal%2Fadm06sinc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%
20EXPEDIENTES%20ELECTRONICOS%2FMEDIOS%20DE%20CONTROL%2FNULIDAD%20Y
%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%2F2015%2F2015%2D00152%20NyR, en
documento “02Anexo20150805.pdf” pág 4.
23 Ver índice 13 de Samai, en el proceso 70001-33-33-006-2015-00152-00.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04142-01
Accionante: Marco Tulio Taboada Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

que lo discutido en este expediente son los aportes pensionales y no la pensión
en sí misma, que es el derecho al que se refieren dichos documentos.

Por otro lado, los medios probatorios que aportó la parte demandada con los
alegatos de conclusión, no se refieren a hechos nuevos ocurridos después de
presentada la demanda, es decir, al pago u omisión de pago a
COLPENSIONES de los aportes a pensión a favor del demandante
correspondiente a los tiempo (sic) que trabajó mediante contratos de prestación
de servicios los años 1996 a 1999.

(…)

Según los certificados de historia laboral expedidos por COLPENSIONES,
aportados con la demanda, durante los años 1996 a 1999 el INDERENA
REGIONAL SUCRE como empleador del demandante no realizó los aportes a
COLPENSIONES.

2.2. Partiendo de la fijación del litigio que se hizo en la audiencia inicial, pero
considerando el análisis probatorio realizado, para decir el caso concreto se
plantea el siguiente interrogante:

¿CARSUCRE tiene la obligación de pagar los aportes a pensión
correspondientes al tiempo que el demandante laboró en la entidad, según se
tuvo por demostrado en la sentencia del 22 de septiembre de 2004 que profirió
el Tribunal Administrativo de Sucre?

(…)

Así las cosas, como quiera que esas sentencias no le otorgan al contratista la
condición de servidor público, el restablecimiento de los derechos no conlleva
al reconocimiento de todos los que normativamente se le reconocen a los
servidores públicos, y depende mucho de lo que va precisando la jurisprudencia
del Consejo de Estado.

2.4. Conclusión: respuesta al problema jurídico planteado.

El juzgado afirma que CARSUCRE no tiene la obligación de pagar los aportes
a pensión correspondientes al tiempo que el demandante laboró en la entidad
mediante contratos de prestación de servicios de enero de 1997 a junio de 1999,
según se tuvo por demostrado en la sentencia del 22 de septiembre de 2004
que profirió el Tribunal Administrativo de Sucre, dado que esa pretensión se
decidió de forma negativa en esa sentencia, que es cosa juzgada, por tanto no
existe un título jurídico que le sirva de fuente a dicha obligación, que no nació
de la declaración de la existencia de la relación laboral que se hizo en la parte
considerativa de la sentencia, para sustentar la nulidad del acto administrativo
demandado y la condena a la indemnización de perjuicios.

El demandante por el hecho de que lo haya favorecido dicha sentencia no
adquirió la condición de empleado público de la entidad demandada; en
consecuencia, ni por mandato de la ley ni por mandato de la sentencia que lo
cobijó, la entidad está obligada a hacerle aportes a pensión.

Por último, se precisa que inclusive considerando el caso que fue fallado en esa
sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre, a la luz de la sentencia de
unificación del Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-
Sección Segunda del 25 de agosto de 2016, expediente 23001-23-33-000-
2012-00660-01, se debe destacar que la desnaturalización de un contrato
administrativo de prestación de servicios por la existencia de una relación
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04142-01
Accionante: Marco Tulio Taboada Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

laboral, para efectos pensionales, si bien produce como efectos que se le
reconozca al contratista/trabajador el tiempo trabajado para efectos
pensionales, esto se condiciona a que el trabajador contratista haya realizado o
realice los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, pues a la
entidad contratante solamente le corresponde efectuar el aporte en el
porcentaje correspondiente al empleador.

En el presente caso, el demandante no demostró que cotizó al sistema
pensional durante el tiempo que según la sentencia del Tribunal entre él y la
entidad demandada existió una relación laboral.

De todos modos, la anterior sentencia de unificación no estaba vigente cuando
se profirió la sentencia que la parte demandante aduce como título de la
obligación que le imputa a CARSUCRE, y sus efectos no son retroactivos, es
decir, no producen como consecuencia, la modificación de los casos juzgados.
Así las cosas, la imprescriptibilidad del derecho a los aportes a pensión que
reconoce la sentencia de unificación, se aplica para las demandas que no
habían sido falladas para la fecha en la que la sentencia de unificación fue
proferida.

Vale decir además, que para la fecha en la que según la sentencia del Tribunal
existió una relación laboral entre las partes, es decir, para los años 1997 a 1999,
se encontraba vigente el Decreto Ley 2150 de 1995 que modificó el artículo 282
de la Ley 100 de 1993 que dispuso: “Las personas naturales que contraten con
el Estado en la modalidad de prestación de servicios no están obligadas a
acreditar afiliación a los sistemas de salud y pensiones previstos en esta ley,
siempre y cuando la duración de su contrato sea igual o inferior a 3 meses.”

51. Inconforme con lo anterior, la parte demandante presentó recurso de apelación
contra la providencia de primera instancia, argumentando que le corresponde un
derecho al actor de obtener el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, pero
que no ha podido acceder puesto que no ha cotizado la totalidad de semanas que el
legislador estableció como mínimo para obtener ese derecho. Esto ocurrió con
ocasión de haber laborado para CAR-SUCRE y ese ente no pagó los aportes a la
seguridad social durante el tiempo que duró la vinculación como le en condición de
servidor público ya que se encontraba de por medio una sentencia judicial. Por eso
es que se acudía por segunda vez ante la autoridad judicial para obtener tal derecho.

52. Este recurso fue conocido por el Tribunal Administrativo de Sucre, que
mediante sentencia del 1° de noviembre de 2023 confirmó la decisión de primera
instancia de la siguiente manera:

3.1 Reconocimiento a título de indemnización reparatoria de las
prestaciones sociales dejadas de percibir.

El Consejo de Estado no ha sostenido una postura unificada frente a los
elementos que integran la indemnización reparatoria en sentencias de primacía
de realidad frente a las formalidades, en principio ha considerado que el pago
de las prestaciones sociales procede a título de indemnización24.

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 noviembre de 2012. Exp. 05001-23-31-
000-2009-01418-01. M.P. Alfonso Vargas Rincón; y sentencia del 07 de septiembre de 2006. Exp.
05001-23-31-000-2000-04732-01. M.P. Alberto Arango Mantilla 26 Consejo de Estado, Sección
Segunda, sentencia del 18 de marzo de 1998, Exp. 11722-1198. M.P. Flavio Rodríguez
13

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04142-01
Accionante: Marco Tulio Taboada Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

El desarrollo de esta posición surgió con la sentencia expedida en el marco del
estudio al expediente No. 11722 – 1198 de 199825, en la cual la Sección
Segunda del Consejo de Estado, al momento de declarar una relación laboral,
ordenó que el pago del valor equivalente a las prestaciones sociales debía
hacerse a título de indemnización y no de restablecimiento del derecho, ya que
el empleo público reviste una serie de características, las cuales solo es posible
adquirir si previamente se ha cumplido con los requisitos consagrados en la ley.
El fundamento de esta teoría está en el hecho de que, a pesar de desvirtuarse
el contrato de prestación de servicios, esta situación por sí misma no genera
una relación legal y reglamentaria o convierte al trabajador en un funcionario
público, y de esta manera, no es posible que la reparación del daño causado
conduzca al restablecimiento del derecho ni al reintegro al cargo26. De esta
manera:
(…)

La jurisprudencia ha manifestado que, en aplicación de la teoría de la
indemnización, la liquidación de la condena deberá hacerse con base en los
honorarios pactados en el contrato y no en los salarios que reciben los
funcionarios que desempeñan labores similares, ya que, debido a la inexistencia
del cargo en la planta de personal, las referidas retribuciones son la única
manera de tasar objetivamente la indemnización de los perjuicios causados27.

De otro lado, en relación con el reconocimiento de las prestaciones sociales a
título de indemnización, la Corporación ha indicado que lo que realmente se
paga es el valor equivalente a dichas prestaciones ordinarias tomando como
base el monto pactado en el contrato, excepto los aportes a salud y
pensión28, ya que estos solo pueden ser otorgados a quienes han cumplido los
requisitos legales y alcanzado la condición de servidor público29.
(…)

Por lo expuesto es dable concluir que, en el caso de las prestaciones sociales
a cargo de los sistemas de salud y pensiones, cubiertas por las entidades
respectivas, derivadas de la financiación de las cotizaciones que efectúan las
partes que integran la relación laboral, la reparación del daño no puede ser por
la totalidad de dichos montos, sino la cuota parte que la entidad demandada
dejó de trasladar a las entidades de seguridad social a las cuales cotizaba el
contratista.
(…)

De manera que, en la sentencia que reconoció la existencia de una verdadera
relación laboral, se consideró por el juez natural de la causa en ese momento,

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de marzo de 1998, Exp. 11722-1198. M.P.
Flavio Rodríguez
26 Corte Constitucional, sentencias C-555 de 1994 y C-1172/1998. “no es posible ordenar un
reintegro de un contratista, ya que esto afectaría las normas presupuestales del artículo 122 y
siguientes de la CP.”
27 Sentencia del 04 noviembre de 2010. Exp. 15001-23-31-000-2006-01415-01. M.P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila; sentencia del 28 de enero de 2010. Exp. 25000-23-25-000-2001-03195-
01. M.P. Ibídem; sentencia del 11 marzo de 2010. Exp. 47001-23-31- 000-2005-01031-01. M.P.
Bertha Lucia Ramírez de Páez.
28 0 2Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de agosto de 2010. Exp. 05001-23-31-
000-1999-01714-01. M.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez; Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 16 de febrero de 2005. Exp. 44001-23- 31-000-2003- 00104-01. M.P. Tarsicio Cáceres
Toro; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de marzo de 1998. Exp. 11722 – 1198.
M.P. Flavio Rodríguez.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de marzo de 1998. Exp. 11722 – 1198.
M.P. Flavio Rodríguez
14

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04142-01
Accionante: Marco Tulio Taboada Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

que las únicas pretensiones que debían despacharse de forma favorable, eran
las atinentes a la indemnización reparatoria respecto a las cesantías,
intereses, prima de navidad, prima de servicios y vacaciones compensadas,
dejando por fuera de la órbita indemnizatoria los aportes a seguridad social,
como la tesis del Consejo de Estado lo concebía en relación con el
reconocimiento de las prestaciones sociales a título de indemnización, en la cual
ha indicado que lo que realmente se paga es el valor equivalente a dichas
prestaciones ordinarias tomando como base el monto pactado en el contrato,
excepto los aportes a salud y pensión30, ya que estos solo pueden ser
otorgados a quienes han cumplido los requisitos legales y alcanzado la
condición de servidor público31.

De allí deviene que, en el numeral TERCERO de la sentencia de aquel
momento, se dejara por sentado “Deniéguense las demás pretensiones de la
demanda”, que no eran otras, que la solicitud de los aportes a seguridad social,
pues frente a las demás pretensiones hubo un pronunciamiento favorable. Bajo
esa arista, al no existir evidencia del presente proceso que el demandante haya
ejercido su derecho de defensa, haciendo uso del recurso de apelación para
controvertir el fallo judicial que resolvió negar el pago de los aportes a la
seguridad social, es diáfano para esta Sala de Decisión que, al quedar
debidamente ejecutoriada dicha providencia, hizo transito a cosa juzgada, razón
por la cual, no es viable que se reabra un debate judicial frente a una temática
cuyo análisis ya fue producto de un pronunciamiento expreso por parte de la
autoridad judicial.

Frente al argumento de la Cosa Juzgada, el H. Consejo de Estado32 se ha
manifestado de la siguiente forma:

«[…] Pues bien, en cuanto al fenómeno de la cosa juzgada, cabe advertir que se le ha
asimilado al principio del non bis is idem y tiene por objeto que los hechos y conductas
que han sido resueltos a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no
vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las
partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de
plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado.

Sobre la cosa juzgada, ha dicho la Corte Constitucional que es una cualidad inherente a
las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquellas resultan inmutables, inimpugnables y
obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a
debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas
partes y que persiga igual objeto. El fin primordial de este principio radica en impedir que
la decisión en firme sea objeto de nueva revisión o debate, o de instancias adicionales a
las ya cumplidas, o que se reabra el caso judicial dilucidado mediante el fallo que reviste
ese carácter, con total independencia de su sentido y alcances, dotando de estabilidad y
certeza las relaciones jurídicas y dejando espacio libre para que nuevos asuntos pasen a
ser ventilados en los estrados judiciales. La cosa juzgada responde a la necesidad social
y política de asegurar que las controversias llevadas a conocimiento de un juez tengan un
punto final y definitivo, a partir del cual la sociedad pueda asumir sin sobresaltos la decisión
así alcanzada. El fenómeno de la cosa juzgada opera cuando mediante decisión de fondo,
debidamente ejecutoriada, la jurisdicción ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre
la causa petendi juzgada en proceso posterior. Como tal, dicha figura jurídica impide que
se expidan pronunciamientos futuros sobre el mismo asunto, dada su previa definición o
juzgamiento a través de providencias en firme, en clara salvaguarda de la seguridad
jurídica […]»

30 5 2Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de agosto de 2010. Exp. 05001-23-31-
000-1999-01714-01. M.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez; Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 16 de febrero de 2005. Exp. 44001-23- 31-000-2003- 00104-01. M.P. Tarsicio Cáceres
Toro; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de marzo de 1998. Exp. 11722 – 1198.
M.P. Flavio Rodríguez
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de marzo de 1998. Exp. 11722 – 1198.
M.P. Flavio Rodríguez
32 Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 17 de junio de 2017.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04142-01
Accionante: Marco Tulio Taboada Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en el caso de las sentencias que sean
emitidas en procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativos, los efectos de las mismas se encuentran delimitados en el
artículo 183 del CPACA, que para sobre el particular determina:

“Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un
acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La
que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en
relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas
que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos
erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales
se haga el examen (…)”

De conformidad con la norma transcrita, la sentencia que decrete la nulidad de
un acto administrativo tiene efectos erga omnes de manera plena, por lo que
respecto de dicho acto no resulta posible adelantar un nuevo proceso en el que
se solicite su anulación. Sin embargo, cuando se trate de sentencias en las que
se denieguen la nulidad, los efectos de cosa juzgada solo recaen sobre la causa
petendi, razón por la cual es posible que respecto de los actos que son objeto
de la decisión se puedan tramitar nuevos procesos, los cuales deben tener por
fundamento una causa distinta a la resuelta en la sentencia que negó la
pretensión nugatoria.

Así pues, quedó demostrado que sobre la declaratoria de la existencia de una
verdadera relación laboral, hubo pronunciamiento previo por parte de un juez
de la República, al proferirse la sentencia del 22 de septiembre de 2004 con la
que se definió el litigio radicado bajo el número 2000-01188, de manera que
sobre el particular se materializó la cosa juzgada y no es posible evocar un
nuevo pronunciamiento sobre la materia, Maxime si la parte interesada dentro
de la oportunidad procesal adecuada para ello, no ejerció los recurso con los
que contaba por mandato de la ley.

53. Visto lo anterior, la Sala advierte que el objeto de la presente acción de tutela
coincide con el asunto debatido y decidido en el proceso ordinario en dos
oportunidades, en tanto que los argumentos expuestos en la demanda de tutela son
similares a los que utilizó el actor en el recurso de apelación que interpuso en contra
de la sentencia del 18 de agosto de 2020, el cual fue resuelto por parte del Tribunal
accionado con sustento en argumentos que resultan razonables y con una carga
argumentativa suficiente.

54. Por consiguiente, la Sala estima que en este caso no hay lugar a predicar la
configuración de la irregularidad alegada, porque no se evidencia una valoración
indebida o irrazonable de las pruebas por parte del Tribunal Administrativo de Sucre.
En efecto, se demuestra que sí valoró las pruebas allegadas al expediente. Diferente
es que en ejercicio de la autonomía funcional que caracteriza la actividad de los
jueces, se estimara que los medios de convicción allegados por el accionante no
lograron acreditar que se debía obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales, así como los dineros que correspondían a los aportes al sistema de
seguridad social, cuando se tiene que para el momento de los hechos se aplicó la
tesis jurisprudencial vigente del Consejo de Estado, sumado a que ya había un
pronunciamiento al respecto.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04142-01
Accionante: Marco Tulio Taboada Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

55. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es continuar
con el debate propuesto en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo cual escapa de la órbita de intervención del juez constitucional, toda vez
que la decisión acusada se sustenta en los principios de autonomía judicial y
seguridad jurídica.

56. En consecuencia, la Subsección considera que lo pretendido por el tutelante es
que se realice un nuevo estudio frente a lo definido razonablemente por el juez
natural, lo que conlleva a la improcedencia de la acción de tutela33, dado que, como
lo ha señalado la Corte Constitucional, esta acción “es concebida como un ‘juicio de
validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado34, lo que se opone
a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron
origen a la controversia”35.

57. Por último, lo que si encuentra la Subsección es que la parte accionante tanto
en la solicitud de tutela como en la impugnación hace referencia a las pruebas que
no fueron valoradas, sin embargo, omitió individualizar o indicar de manera precisa
cuales fueron las que dejaron de ser analizadas o que ameriten un reproche desde
el punto de vista constitucional y que resultan suficientes para invadir la órbita del
juez natural de tutela.

58. Incluso, se resalta que en la sentencia proferida el 1° de noviembre de 2023, el
Tribunal Administrativo de Sucre dejó claridad de que no existía evidencia respecto
del cual el señor Taboada Hernández hubiera presentado un recurso de apelación
con la finalidad de controvertir el fallo judicial proferido en el año 2004, que resolvió
negar el pago de los aportes a la seguridad social, por eso no era viable reabrir un
debate judicial que ya había sido pronunciamiento expreso por parte de la autoridad
judicial accionada.

59. Por consiguiente, la Sala modificará el fallo de primera instancia que negó la
acción de tutela, para en su lugar declarar improcedente por las razones anotadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

33 Corte Constitucional, Sentencia T-016 del 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
34 Corte Constitucional, Sentencia T-310 del 30 de abril 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
35 Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

17

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04142-01
Accionante: Marco Tulio Taboada Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

RESUELVE

MODIFICAR la sentencia proferida el 27 de agosto de 2024, por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Marco Tulio Taboada Hernández en contra del Tribunal Administrativo de
Sucre, por las razones expuestas en esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.

VF

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