Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04154-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04154-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04154-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
14 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 14 ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 14 de septiembre de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04154-00
Accionante: Virgilio Rafael Padilla Quintero
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Procedencia y presupuestos que
configuran la causal de revisión | CAUSAL PRIMERA DE REVISIÓN - Haberse encontrado
después de proferida la sentencia documentos decisivos.
Síntesis del caso: La parte actora solicitó la revisión de la Sentencia de segunda instancia
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la
que se revocó la decisión de primer grado que había accedido parcialmente a las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó, en un asunto de reparación directa
presentado con ocasión de una privación de la libertad.
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la
Sentencia de 14 de julio de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se revocó la Sentencia de
27 de julio de 2017 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación
directa.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso extraordinario de revisión en contra de una sentencia emitida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 1071 y 2492 del CPACA y el artículo 293 del
Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
1 “ARTÍCULO 107. Integración y composición. El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso
Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por treinta y un (31) Magistrados.
(…)
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código,
encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les
encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas
estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión
de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto
establezca el reglamento interno.”
2 ”ARTÍCULO 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la
sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán
los Tribunales Administrativos.”
3 “ARTÍCULO 29." Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo:
l. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado.
2. Los recursos extraordinarios de súplica asignados a las Salas Especiales Transitorias de Decisión creadas por el
articulo 3°de la Ley 954 de 2005, mientras estuvo vigente.
3. Los demás procesos que les sean asignados por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04154-00
Accionante: Virgilio Rafael Padilla Quintero
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
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Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Demanda y sentencia de primera instancia. 1.2 Recurso de apelación y
trámite de segunda instancia. 1.3 Recurso extraordinario de revisión y trámite.
1.1. Demanda y sentencia de primera instancia
1. El 26 de enero de 2010, Virgilio Rafael Padilla Quintero, Liseth del
Carmen Ruiz Agamez, Liseth Susana Padilla Ruiz, Cristóbal Padilla Ruiz, Virgilio
Manuel Padilla Ruiz, Nelson de Jesús Valdelamar Quintero, Sergio Herazo
Quintero y Carmen Padilla Quintero presentaron una demanda de
reparación directa en contra de la Fiscalía General de la Nación, por la
privación de la libertad del señor Padilla Quintero.
2. El fundamento del proceso de reparación directa consistió en lo
siguiente: Virgilio Rafael Padilla Quintero fue vinculado a una investigación
penal por el delito de rebelión ya que, aparentemente, era el jefe de unas
milicias urbanas, y en su contra, el 28 de diciembre de 2007, se profirió una
medida de aseguramiento de detención preventiva, por parte de la Fiscalía
7 Seccional de Cartagena. Posteriormente, fue absuelto mediante
Sentencia de 4 de diciembre de 2008, proferida por el Juzgado 2 Penal del
Circuito de Cartagena, ante la existencia de duda respecto de la
culpabilidad del investigado. En esa medida, el señor Padilla Quintero estuvo
privado de la libertad durante 11 meses y 14 días.
3. Virgilio Rafael Padilla Quintero, Liseth del Carmen Ruiz Agamez, Virgilio
Manuel Padilla Ruiz, Nelson de Jesús Valdelamar Quintero, Sergio Herazo
Quintero y Carmen Padilla Quintero, por medio de apoderado, promovieron
la acción de reparación directa el 26 de enero de 20104, a través de la que
solicitaron que se declarara la responsabilidad del Estado derivada de la
privación injusta de la libertad y el pago de perjuicios ocasionados.
4. El 4 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió auto
admisorio5. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda6, y sostuvo
que la vinculación del actor al proceso penal surgió dados los señalamientos
realizados en su contra por terceros desmovilizados, por lo que el nexo
causal se rompía por el hecho de un tercero y no había una falla del servicio
atribuible a esa autoridad.
4 Página 2 de la sentencia de primera instancia proferida en el expediente Rad. 13001-23-31-002-2010-00032-00.
5 Página 6 de la sentencia de primera instancia proferida en el expediente Rad. 13001-23-31-002-2010-00032-00.
6 Página 5 de la sentencia de primera instancia proferida en el expediente Rad. 13001-23-31-002-2010-00032-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04154-00
Accionante: Virgilio Rafael Padilla Quintero
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
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5. El 27 de julio de 2017, el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió
Sentencia de primera instancia7 en la que resolvió (se trascribe):
“PRIMERO: DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a
la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los perjuicios causados a
los señores VIRGILIO RAFAEL PADILLA QUINTERO, quien actúa en nombre
propio y en representación de los menores CRISTÓBAL DE JESÚS y LISETH
SUSANA PADILLA RUÍZ, VIRGILIO MANUEL PADILLA RUÍZ, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a
pagar a favor de las siguientes personas por concepto de perjuicio moral, las
siguientes sumas:
No. Nombre Monto en SMMLV
1 Virgilio Padilla Quintero 80
2 Cristobal Padilla Ruiz 80
3 Liseth Susana Padilla Ruiz 80
4 Virgilio Manuel Padilla Ruiz 80
TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a
pagar a favor del señor VIRGILIO PADILLA QUINTERO a pagar por concepto
de perjuicios materiales las siguientes sumas de dinero de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Así:
• LUCRO CESANTE: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($19.534.075.26)
• DAÑO EMERGENTE: VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($27.061.257.46)
CUARTO: SE DENIEGAN las pretensiones de la demanda con relación a los
demandantes LISETH DEL CARMEN RUÍZ AGAMEZ, NELSON DE JESÚS
VALDELAMAR QUINTERO, SERGIO HERAZO QUINTERO y CARMEN PADILLA
QUINTERO, por lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.”
6. En la sentencia el tribunal estableció que el daño lo constituía la
privación de la libertad del señor Padilla Quintero, y consideró que la
responsabilidad de ese daño era imputable a la demandada ya que la
Fiscalía, en su calidad de ente acusador, no desvirtuó la duda existente
respecto de la presunción de inocencia del investigado, y dado que la
privación de la libertad no era una carga que el afectado debía soportar,
consideró que era procedente condenar a la autoridad demandada al
pago de perjuicios morales.
7. Los perjuicios fueron reconocidos para Virgilio Padilla Quintero, y sus
hijos Cristobal Padilla Ruiz, Liseth Susana Padilla Ruiz y Virgilio Manuel Padilla
Ruiz. Sin embargo los perjuicios reclamados por Liseth del Carmen Ruiz
Agamez, en calidad de esposa del afectado directo, Nelson Valdelamar
Quintero, Sergio Herazo Quintero y Carmen Padilla Quintero, en calidad de
hermanos de Virgilio Padilla Quintero, fueron negados por falta de
acreditación del grado de parentesco que manifestaron ostentar.
7 Sentencia visible en el micrositio web de la Rama Judicial:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10240/16781991/000-2010-00032-00+VIRGILIO.pdf/0beab0b5-d8ac-
4ea8-bc7b-53ee78bb6859
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04154-00
Accionante: Virgilio Rafael Padilla Quintero
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
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1.2. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia
8. La Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación en
contra de la Sentencia de 27 de julio de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, pues consideró que no se tuvo en cuenta que la
medida de detención fue legal pues se fundamentó en los elementos
probatorios que se habían recaudado hasta ese momento, y que no debían
demostrar la culpabilidad en sí del señor Padilla Quintero, sino que debían
soportar la medida adoptada. Adicional a ello, cuestionó el reconocimiento
de perjuicios morales, porque, a su juicio, esa afectación no se demostró.
9. Mediante Auto de 29 de octubre de 2018, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado admitió el recurso de apelación
presentado8.
10. Mediante Auto de 20 de enero de 2023 la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado avocó conocimiento9 del proceso de
reparación directa, en virtud del Acuerdo No. 303 de 12 de diciembre de
202210.
11. El 14 de julio de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado profirió Sentencia de segunda instancia11, mediante la
cual revocó el fallo apelado y, en consecuencia, negó las pretensiones de
la demanda.
12. Para ello consideró que la medida de aseguramiento se adoptó
conforme con lo dispuesto en el artículo 35612 de la Ley 600 de 2000, esto es,
con más de 2 indicios, también indicó que se cumplió con el artículo 35713
de esa ley, ya que el delito de rebelión contemplaba una pena superior a 4
años y señaló que, en los términos del artículo 35514 de la misma ley, la
medida era necesaria para asegurar la comparecencia del sindicado, por
lo cual la privación no fue injusta, ni generó un daño antijurídico.
8 Índice 13 de Samai del expediente Rad. 13001-23-31-000-2010-00032-01.
9 Índice 25 de Samai del expediente Rad. 13001-23-31-000-2010-00032-01
10 Mediante el cual se acordó el traslado de los expedientes que relacionados en ese acto, de los despachos de
los consejeros Martín Bermúdez Muñoz y Alberto Montaña Plata al despacho de la doctora Marta Nubia Velásquez
Rico, con fines de descongestión.
11 Índice 32 de Samai del expediente Rad. 13001-23-31-000-2010-00032-01.
12 “Artículo 356. Requisitos. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención
preventiva.
Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas
legalmente producidas dentro del proceso.
No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber
actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad.”
13 “Artículo 357. Procedencia. La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos: 1. Cuando el delito
tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años. (…)”.
14 Artículo 355. Fines. La imposición de la medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia
del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de
su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios
importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria.
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Accionante: Virgilio Rafael Padilla Quintero
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
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1.3. Recurso extraordinario de revisión y trámite
13. El 8 de agosto de 2024, Virgilio Padilla Quintero interpuso recurso
extraordinario de revisión15 en contra de la Sentencia de 14 de julio de 2023,
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
con fundamento en la causal 116 de revisión establecida en el artículo 250
del CPACA.
14. El demandante sostuvo que, con posterioridad a la Sentencia objeto
de revisión, fue proferida la Sentencia el 27 de junio de 2022, por parte de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) referente a los
crímenes cometidos en contra de miembros e integrantes del partido
político Unión Patriótica, y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia profirió la Sentencia de 16 de febrero de 2022, las cuales, a su
juicio, permitirían demostrar que el señor Padilla Quintero fue víctima de una
persecución política y que uno de los declarantes, que incidió en la
investigación penal, era una persona judicialmente comprometida por
pertenecer a un grupo armado.
15. La parte actora señaló que si esas pruebas se hubieran conocido y
valorado por parte de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado se habría desvirtuado la legalidad de la medida de
aseguramiento y se habría entendido por qué la privación de la libertad
debió considerarse como injusta.
16. Añadió que esas pruebas no fueron allegadas al proceso con
anterioridad ya que se trataba de un líder social en condición de riesgo y
que se veía afectado por circunstancias de desplazamientos para
garantizar su seguridad.
17. El 27 de noviembre de 2024, mediante Auto, se inadmitió el recurso
extraordinario de revisión17 pues la parte actora no indicó el lugar, dirección
y canal digital de notificaciones de la parte demandada, ni tampoco
acreditó el envío simultáneo del recurso y sus anexos.
18. El 11 de diciembre de 2024, Virgilio Padilla Quintero presentó un escrito
de subsanación18, a través del que informó los canales de notificación de la
Fiscalía General de la Nación y aportó las capturas de envío de la demanda
y sus anexos a la demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
15 Índice 2 del expediente de la referencia visible en Samai.
16 “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales
de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria. (…)”.
17 Índice 4 del expediente visible en Samai.
18 Índice 9 del expediente visible en Samai.
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Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
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19. El 24 de febrero de 2025, se profirió Auto admisorio19 del recurso
extraordinario de revisión.
20. Pese a haber sido debidamente notificada20, la Fiscalía General de la
Nación, no presentó escrito de contestación del recurso extraordinario de
revisión.
21. El 21 de marzo de 2025, el Ministerio Público rindió concepto21, en el
que concluyó que debía declararse infundado el recurso en la medida en
que los documentos que el demandante consideró que podían generar que
se adoptara una decisión en diferente sentido, no resultaban trascendentes
o decisivos pues pese a que tenían relación fáctica con el asunto, el estudio
de la imposición de la medida de aseguramiento se supeditaba a unos
criterios jurisprudenciales objetivos definidos, que se encontraron ajustados
a derecho tras contrastar el acervo probatorio recaudado y la actuación
de los operadores en el proceso penal.
22. El 3 de septiembre de 2026, se abrió la etapa probatoria22 del proceso
de la referencia, fueron tenidas como pruebas los documentos allegados
con el recurso extraordinario de revisión, y no se tuvo como prueba el
“documento del tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla” dado que la parte
no lo aportó.
23. El 8 de septiembre de 2026, la Fiscalía General de la Nación manifestó
su oposición a las pruebas de la parte actora y, con ello, a la prosperidad
del recurso extraordinario de revisión. Indicó que ni los fundamentos, ni las
pruebas aportadas con el recurso daban un sustento para la procedencia
de este, ya que lo alegado no se enmarcaba en ninguna de las causales
establecidas en el artículo 250 del CPACA. Adicional a ello, indicó que lo
pretendido por el actor era reabrir el debate ya surtido en el medio de
control de reparación directa.
2. CONSIDERACIONES
Contenido. 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar. 2.2 Análisis sustantivo. 2.3.
Costas.
2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar
24. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que el
medio de impugnación se promovió de manera oportuna, si se tiene en
cuenta que el artículo 251 del CPACA dispuso que este recurso debía
19 Índice 11 del expediente visible en Samai.
20 Índices 16 y 18 del expediente visible en Samai.
21 Índice 19 del expediente visible en Samai.
22 Índice 23 del expediente visible en Samai.
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Accionante: Virgilio Rafael Padilla Quintero
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Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
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interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia.
25. En el presente asunto, la sentencia cuestionada se profirió el 14 de julio
de 2023 y se notificó a las partes mediante edicto fijado el 11 de agosto y
desfijado el 15 de agosto de 202323. Bajo los términos del artículo 302 del
CGP, la providencia quedó ejecutoriada al tercer día de su notificación,
esto es, el 18 de agosto de 2023.
26. En ese sentido, como el recurso extraordinario de revisión se interpuso
el 8 de agosto de 2024, se considera que fue presentado de manera
oportuna, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida.
27. Respecto de la legitimación en la causa, debe expresarse que Virgilio
Padilla Quintero y la Fiscalía General de la Nación están legitimados en la
causa activa y pasiva, respectivamente, ya que el accionante y la
autoridad demandada fueron partes del proceso de reparación directa,
que dio origen a la sentencia que es objeto del presente recurso. De ahí que
resulte evidente la legitimación que ostentan ambos al interior de este
proceso.
28. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión en
atención a que no se configuró la causal 1 del artículo 250 del CPACA.
2.2. Análisis sustantivo
29. Para determinar si el recurso extraordinario de revisión del caso bajo
estudio cumple con los presupuestos de la causal invocada24, se realizará un
análisis de los argumentos aducidos por el recurrente.
30. El recurso extraordinario de revisión se centró en señalar que se
configuró la causal 1 de revisión, en la medida en que, con posterioridad a
la sentencia objeto del recurso, la parte actora encontró la Sentencia de 27
23 Índice 34 de Samai del expediente Rad. 13001-23-31-000-2010-00032-01
24 Sobre esta causal, en Sentencia de 8 de noviembre de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en el expediente Rad. 76111-33-31-701-2010-00201-01, se indicó que los presupuestos de la
causal primera han sido de aceptación unánime por la jurisprudencia y son: (1) que se recobre, encuentre o halle
una prueba documental; (2) que ésta sea decisiva para cambiar el sentido del fallo; (3) que el documento se
hubiera recobrado después de ejecutoriada la sentencia y (4) que la imposibilidad de aportación por parte del
recurrente obedezca a una causa extraña: fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte.
En ese sentido la sentencia indicó que los elementos mencionados debían interpretarse en el sentido de que el
medio de prueba debía tener el carácter de documental y si bien era posible que esta fuera preexistente, lo cierto
era que se requería que el demandante solo pudiera obtenerla una vez vencido el término de ejecutoria para
considerar que la misma fue recobrada. Lo anterior tiene el fin de asegurar que el recurso de revisión no se utilizara
como un mecanismo para subsanar errores cometidos en la etapa probatoria y evitar que el recurso de revisión
sea empleado para reabrir el debate probatorio, como si se tratara de una instancia adicional.
Adicional a ello, se señaló que la imposibilidad de aportar los documentos debió obedecer a situaciones de fuerza
mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, ya que de lo contrario no prosperaría el recurso ya que el
demandante tiene a cargo demostrar que no existió culpa o negligencia de la parte actora en la parte probatoria.
También se requiere que la prueba recobrada tenga la fuerza suficiente para cambiar la convicción del juez
respecto de la posición adoptada, es decir que documentos que aclaren o complementen lo que ya se probó en
el proceso no cumplen el requisito en mención pues solo se trataría de una extensión del ejercicio probatorio ya
realizado en el proceso.
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de junio de 2022, proferida por parte de la Corte IDH, en la cual se
condenaba al Estado Colombiano por los crímenes cometidos en contra de
integrantes y miembros del partido político Unión Patriótica, y la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió la Sentencia de 16
de febrero de 2022, en la cual se encontró que uno de los declarantes del
proceso penal que conllevó a la privación de la libertad del señor Padilla
Quintero, fue postulado ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Barranquilla, como miembro del grupo armado ilegal denominado Ejército
Revolucionario del Pueblo.
31. Consideró que lo anterior podía conllevar a que se adoptara una
decisión diferente en atención a que las sentencias aludidas permitían
entender por qué se desvirtuaba la legalidad de la medida, dada la
persecución política a que fueron sometidos los miembros del partido
político Unión Patriótica, como aseguró que lo era el demandante, y que
uno de los declarantes de la investigación penal en su contra, se trataba de
un miembro de un grupo armado al margen de la ley.
32. Además, aseguró que los documentos no pudieron allegarse con
anterioridad al proceso pues el actor era un líder social que se encontraba
bajo constantes riesgos y que debía desplazarse constantemente para
preservar su seguridad.
33. Para la Sala, los fundamentos formulados no conllevan a la
configuración de la causal alegada como a continuación se expone.
34. Lo primero que se debe indicar es que las sentencias que el actor
consideró que podrían incidir en la decisión adoptada constituyen pruebas
documentales al tratarse de escritos proferidos por autoridades judiciales
que, en este caso, contienen información relacionada con los hechos del
asunto de reparación directa, que es objeto de impugnación.
35. En segundo lugar se observa que, pese a que el actor indicó que esos
documentos eran recientes, lo cierto es que la Sentencia AP4-73 de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia fue proferida e 16 de
febrero de 2022, y la Sentencia de la Corte IDH en el caso de integrantes y
militantes de la Unión Patriótica vs el Estado de Colombia se expidió el 27 de
Julio de 2022.
36. Lo anterior pone en evidencia que esos documentos eran anteriores
a la Sentencia objeto de cuestionamiento, la cual fue proferida el 14 de julio
de 2023, y no existe prueba de que, como fue afirmado por el actor, esos
documentos fueran recientes, o se hubieran recobrado con posterioridad a
la ejecutoria de la sentencia contra la que se dirige el recurso.
37. Como tercer aspecto a tener en cuenta, se pone de presente que los
documentos que la parte actora consideró que podían implicar que en el
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proceso de reparación directa se adoptara una decisión en un sentido
distinto, realmente, no tienen la fuerza suficiente para convencer al juez de
segunda instancia a fallar de otra manera.
38. La Sala evidenció que los argumentos propuestos por el señor Padilla
Quintero se encaminan a demostrar su inocencia respecto del delito de
rebelión que, en su momento, le fue endilgado, pero más allá de ello, las
referidas pruebas no permiten evidenciar que la medida de aseguramiento
se adoptó de manera errónea, injusta o arbitraria.
39. Contrario a ello, lo que logró advertirse fue que la medida impuesta
cumplió con lo dispuesto en los artículos 355, 356 y 357 de la Ley 600 de 2000,
ya que se fundamentó en indicios pues se recibieron las declaraciones de
Dairo Barreto Mercado, Wilmer de Jesús Rodríguez Baena y Emilse Yepes
Ramos, quienes coincidieron en las circunstancias de tiempo, modo y lugar,
en las que el investigado desarrollaba labores en favor de las milicias de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. Adicional a ello,
estableció que la medida era procedente comoquiera que el delito que se
le pretendía atribuir era el de rebelión, que contemplaba una pena superior
a los 4 años, y la medida resultaba necesaria ya que buscaba lograr la
comparecencia del sindicado al proceso ante el riesgo de que no lo hiciera
voluntariamente.
40. En ese orden, se recuerda al demandante que la adopción de
medidas como la privación de la libertad buscan garantizar aspectos como
la comparecencia del investigado al proceso penal y evitar que se obstruya
la justicia, motivo por el que esa actuación no ocasiona una vulneración del
derecho a la presunción de inocencia.
41. Conforme con lo expuesto, la Sala evidencia que los argumentos
traídos por el recurrente a través del recurso extraordinario de revisión
pretenden reforzar la duda existente sobre la responsabilidad del señor
Padilla Quintero en la comisión del delito que se le atribuía, pero esos
aspectos no permiten desvirtuar la existencia de los indicios que, en su
momento sirvieron para adoptar la medida de privación de la libertad, ni el
análisis que llevó al convencimiento de la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado de que no hubo un daño antijurídico.
42. Lo anterior permite concluir que los documentos, con los que el
demandante sustentó la revisión de la Sentencia proferida el 14 de julio de
2023, no son determinantes o decisivos para cambiar el sentido de la
decisión que fue adoptada por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
43. Por último, la Sala considera que la parte actora no demostró las
circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor u obra de la contraparte que
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04154-00
Accionante: Virgilio Rafael Padilla Quintero
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
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alegó, a pesar de que era un carga que le correspondía, toda vez que, más
allá de sus afirmaciones respecto de su condición de líder del partido Unión
Patriótica y los desplazamientos por cuestiones de seguridad que debía
realizar, no se probó efectivamente la existencia de una causa extraña que
impidiera que las pruebas se aportaran al proceso de reparación directa
con anterioridad.
44. Conforme con lo anterior, se observó que Virgilio Rafael Padilla
Quintero no cumplió con los presupuestos para la configuración de la causal
primera de revisión pues no logró demostrar que las pruebas documentales
en las que fundamentó el presente recurso se hubieran recobrado o
encontrado con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia objetada, que
esa pruebas fueran decisivas para cambiar el sentido de la decisión
adoptada, ni tampoco que existió una causa extraña que impidiera su
presentación en el proceso de reparación directa.
45. Por las razones anteriores, la Sala declarará infundado el recurso
extraordinario interpuesto.
2.3. Costas
46. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, dispone que, salvo aquellos
procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil, que fue derogado por el Código
General del Proceso.
47. El numeral 3 del artículo 365 del CGP, norma vigente para la época
en que se interpuso el recurso de revisión, ordena condenar en costas a la
parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de revisión. De conformidad con el artículo 366 numeral 4 CGP, y en
los términos del Acuerdo 10554 de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura, las costas se tasarán entre 1 a 20 salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
48. Debido a que el apoderado de la parte demandada se limitó a la
intervención en la etapa probatoria y no se realizaron más actuaciones, la
Sala restringirá la condena por concepto de agencias en derecho a la suma
equivalente de 1 salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la
presente providencia y a cargo de la parte recurrente, vencida en el trámite
del presente asunto. Lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad
y duración de la gestión útil desplegada por el apoderado de aquella en el
trámite del recurso de revisión, la cual se evidencia en el plenario.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04154-00
Accionante: Virgilio Rafael Padilla Quintero
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala 14 Especial de Decisión del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley.
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
presentado por Virgilio Padilla Quintero en contra de la Sentencia de 14 de
julio de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente. Por Secretaría
liquídense e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma
equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la
presente providencia.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
NUBIA MARGORH PEÑA GARZÓN JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Magistrada Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada Magistrada
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
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