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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04162-00

Fecha
13 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04162-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Clara Isabel Ortiz Guerrero en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y la Universidad Francisco de Paula Santander. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04162-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

13 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04162-00

Accionante: CLARA ISABEL ORTÍZ GUERRERO

Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENCIA / Requisito de subsidiariedad – Se trata
de un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora Clara Isabel Ortiz Guerrero, de conformidad con lo consagrado en el
Decreto 333 del 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 9 de agosto de 20242 la señora Clara Isabel Ortiz Guerrero, en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra del Presidencia de la República, el Ministerio de
Educación y algunos de los integrantes del Consejo Superior Universitario (Leidy
Viviana Umbarila Vélez - Representante del Sector Productivo, a German Gustavo
Ospina Hernández - Representante de Profesores - 1ª Línea, a Jesús Alberto
Manzano Cañizares - Representante Estudiantil, 1ª Línea, a Pedro Avilio Ontiveros
Gil - Representante de los Ex – Rectores, a Laura Yolima Moreno Rozo –
Representante de las Directivas Académicas, a José Leonardo Sánchez Quintero -
Representante Egresados – 1ª línea y a Sandra Ortega Sierra- Rectora de la
Universidad Francisco de Paula Santander), con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales a la igualdad y a elegir y ser elegido.

1 Que ingresó para fallo el 9 de septiembre de 2024.
2 Cabe advertir que la Secretaría General de esta Corporación realizó el paso a este despacho para
conocer sobre su admisión el 16 de agosto de 2024. Esto debido a que la acción de tutela fue remitida
mediante auto No.504 del 8 de agosto de 2024 por parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, mismo que fue enviado en esa fecha a la
Secretaría general de esta corporación. Sin embargo, el 12 de agosto de 2024 ingresó al despacho
del Consejero Hernando Sánchez Sánchez, pero a través de auto del 15 de agosto de la misma
anualidad ordenó que se remitiera a este despacho para conocer sobre su admisión.
1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04162-00
Accionante: Clara Isabel Ortiz Guerrero
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Hechos relevantes

2. El 4 de marzo de 2022 se realizó la elección del representante de los egresados
ante el Consejo Superior Universitario, que quedó en firme a través del Boletín No.
05 del 15 de marzo de 2022. Dicha elección se realizó en las sedes de Cúcuta y del
Municipio de Ocaña, Norte de Santander, pero varios egresados no pudieron hacer
uso de su derecho a elegir debido a que las votaciones fueron de manera presencial.

3. De conformidad con el acuerdo No. 029 de 1996 de la Universidad Francisco de
Paula Santander se establece que los representantes tienen ese cargo por dos
años, motivo por el cual en el mes de mayo de 2024 empezaron a convocar las
mismas.

4. El 23 de mayo de 2024 la representante legal de la Veeduría Ciudadana -
Procuraduría Ciudadana UFPS3 presentó una petición formal en la sesión ordinaria
del Consejo Superior Universitario con el fin de que i) se convocara a la elección de
representantes de los egresados de acuerdo con los términos normados; ii) se
garantizara la participación de la comunidad interesada pese a que no se
encontraran en las sedes de Cúcuta y Ocaña y iii) se realizara mediante voto
electrónico, para garantizar la materialización del principio democrático, el derecho
a la igualdad, elegir y ser elegido.

5. Dicha petición no fue atendida por el Consejo Superior Universitario aun cuando
varios de sus egresados no podían detener sus actividades diarias para hacer
efectivo su derecho constitucional de elecciones.

6. Seguidamente, el 4 de junio de 2024, se publicó el Acuerdo No. 134 del 23 de
mayo de 2024 en el que se convocaba a las elecciones de egresados de la
Universidad Francisco de Paula Santander para elegir a su representante ante el
Consejo Superior Universitario el 30 de agosto de 2024.

Pretensiones

7. La señora Clara Isabel Ortiz Guerrero solicita lo siguiente:

“1. AMPARAR el derecho fundamental a la igualdad, y el derecho a elegir y
ser elegido, ordenando a la UFPS ABSTENERSE de convocar a un proceso
electoral de Representante de Egresados ante el Consejo Superior Universitario
que se limite al voto presencial y por ende restringe la participación del suscrito
accionante y aquellos egresados en su misma situación.

2. AMPARAR el derecho fundamental a elegir y ser elegido (tomar parte en
elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de
participación democrática), ORDENANDO a la Universidad Francisco de
Paula Santander modificar el acuerdo 134 del 23 de mayo de 2024, para que
convocar a elecciones de Representante de Egresados ante el Consejo
Superior Universitario pero respecto de una jornada electoral ejecutada través
del voto electrónico, garantizando la participación de la población de
egresados domiciliados o residentes en lugar distinto a Cúcuta y Ocaña,

3 Corresponde a la señora Lina Sofía Rodríguez Gutiérrez.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04162-00
Accionante: Clara Isabel Ortiz Guerrero
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

materializando efectivamente el derecho hasta ahora desconocido y los
principios democráticos en que se funda este Estado Social de Derecho.
3. VINCULAR a este proceso al Ministerio de Educación Nacional, único órgano
facultado para la inspección, control y vigilancia de las Universidades y demás
IES. Para que, en lo sucesivo, ejerciendo sus funciones de órgano, VERIFIQUE
Y VALIDE que en las próximas jornadas electorales (Representante de
Egresados ante el Consejo Superior Universitario), la autonomía universitaria
materializada en los estatutos internos de la UFPS no sea confundida con un
desconocimiento del alcance del derecho a la igualdad y a elegir y ser elegido,
así como al principio democrático que sostiene a un Estado Social de Derecho.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. La parte accionante afirmó que la Universidad Francisco de Paula Santander ya
había aplicado mecanismos flexibles como el voto electrónico en ocasiones
anteriores, toda vez que mediante Acuerdo No. 18 de 2021, el mismo Consejo
Superior Universitario adoptó esta herramienta tecnológica para la elección del
rector (2021-2025) con ocasión de la pandemia de COVID-19, que según la parte
actora resultó efectivo cuando solo se contaba con 69 días antes de las votaciones.
Por tanto, en este caso, se contaba con 77 días en los cuales se podía dar aplicación
al mismo ejercicio de esa época.

9. Aseveró que el derecho a elegir y ser elegido es fundamental para la participación
en la conformación, ejercicio y control del poder político. Este derecho permite a los
ciudadanos expresar su preferencia por un candidato a través del voto. Además,
según la Sentencia T-245 de 2022 de la Corte Constitucional, es esencial garantizar
la igualdad de acceso al sufragio. La Corte ha establecido que deben implementarse
los medios y medidas adecuados para que todas las personas habilitadas puedan
votar para mantener un sistema democrático de calidad y asegurar la participación
oportuna en la toma de decisiones.

10. Destacó que existen antecedentes sobre la funcionalidad y aplicación del voto
electrónico, de obligatorio cumplimiento con la Ley 892 de 2004. Sin embargo, es
importante considerar dos esfuerzos normativos (constitucional y legal) que deben
tener en cuenta el contexto social caracterizado por altos niveles de abstención,
baja participación electoral, desconfianza en las instituciones y dificultades para que
ciertos grupos poblacionales ejerzan su derecho al voto. La implementación del voto
electrónico podría representar un avance significativo en la modernización del
proceso electoral, fomentando una economía digital y facilitando la evolución del
derecho con la sociedad.

11. Mencionó algunos postulados jurisprudenciales de la Corte Constitucional,
destacando dos principios fundamentales: el Estado Social de Derecho y la
Democracia Participativa. La sentencia C-490 de 2011 ha impulsado una variedad
de proyectos de ley sobre el voto electrónico. Además, expuso que los límites de la
autonomía universitaria han sido reconocidos tanto por el Consejo de Estado como
por la Corte Constitucional, enfatizando que las instituciones universitarias deben
garantizar una participación equitativa en las jornadas electorales, sin discriminación
por domicilio o afiliación. También señaló que la sentencia SU-115 de 2019
determinó que existen mecanismos para la toma de decisiones dentro de la
3

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04162-00
Accionante: Clara Isabel Ortiz Guerrero
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

comunidad universitaria. Estos mecanismos requieren de autoridades que
garanticen el pacto social interno entre los miembros de la comunidad universitaria
y el pacto social externo entre la comunidad nacional y la universitaria. Estas
autoridades deben representar tanto al Estado como a la comunidad académica
para asegurar la efectividad de los derechos políticos y la participación democrática
en estos contextos.

12. Finalmente, argumentó que existe una contradicción con la tendencia
constitucional de promover un enfoque universal y expansivo, ya que la Universidad
Francisco de Paula Santander no ha sido ajena a esta tendencia y, en ocasiones
anteriores, implementó el voto electrónico para garantizar una participación efectiva.

Trámite en primera instancia

13. A través de auto del 20 de agosto de 2024, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia; negó la medida provisional solicitada; ordenó notificar a la
Presidencia de la República, al Ministerio de Educación, y a los integrantes del
Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander
como accionados; al señor Carlos Bolívar Corredor (Representante del Presidente
de la República) y a Wilfer Orlando Valero Quintero (Delegado del Ministerio de
Educación Nacional de la Universidad Francisco de Paula Santander) como
terceros interesados en las resultas del proceso. También, ordenó a la Universidad
Francisco de Paula Santander para que publicara la providencia en su página web,
con la finalidad de permitir la participación de las personas que tuvieran interés para
actuar en el proceso.

Intervenciones

14. La Presidencia de la República4 se opuso a la prosperidad de la acción
constitucional toda vez de que la accionante no ha extendido ninguna petición y la
Presidencia no ha recibido ninguna solicitud por parte de esta en la presente causa.

15. Solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva porque no
ha amenazado ni vulnerado los derechos fundamentales, en razón a que no tiene
incidencia en la solicitud de implementar el voto electrónico, ni hace parte de sus
funciones misionales, todo esto, recae exclusivamente en el Consejo Superior
Universitario de la UFPS. Así mismo, aclaró que esa entidad no tiene ninguna
función relacionada con los asuntos de la universidad, ya que cuentan con
autonomía la cual los faculta para establecer los mecanismos de elección y no se
puede interferir en las decisiones que tome este Consejo5.

4 La delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República es la abogada
Carolina Jiménez Bellicia. Sin embargo, se destaca que la notificación del auto admisorio se realizó
el 2 de septiembre de 2024 al correo electrónico
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co,contacto@presidencia.gov.co y solo hasta el 8 de
septiembre de 2024 la Presidencia de la República contestó la tutela.
5 Mencionó el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, la sentencia SU-077 de 2018, el Decreto 2657
del 30 de diciembre de 2022, la Ley 30 de 1992 en su artículo 28 y 57, entre otros.
4

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Accionante: Clara Isabel Ortiz Guerrero
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

16. La Rectora de la Universidad UFPS6 indicó que hay una falta de competencia,
pues de conformidad con las reglas del reparto, las tutelas debían ser remitidas a
quien avocó en primer lugar el conocimiento, con el fin de evitar decisiones
contradictorias.

17. Expuso que varias de esas tutelas7 tienen i) identidad de sujeto pasivo; ii) lo
que se pretende cuestionar que es la legalidad de un acto administrativo de carácter
general – Acuerdo No. 134 del 2024- expedido por el Consejo Superior de la UFPS,
así como la autonomía universitaria de dicho órgano; iii) una identidad de objeto
porque cuentan con una redacción idéntica; iv) misma solicitud de suspensión
provisional; v) identidad de la causa. Motivo por el cual debía ser remitida al Juzgado
Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta en los
términos del artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto número 1834 de 2015.

18. Alegó que los demandantes incluyeron al Presidente de la República como
parte pasiva para que el caso fuera sometido a esta Corporación. Sin embargo,
ninguna de las pretensiones está dirigida contra él, ni se alega que se vean
vulnerados sus derechos fundamentales. De hecho, en la acción de tutela con
radicado 2024-00032-00 se indicó que lo solicitado por los accionantes no se
relaciona directamente con las funciones del Presidente. Además, argumentó que,
aunque el Consejo Superior Universitario de la UFPS está compuesto por un
miembro designado por el mandatario, las decisiones tomadas se basan en la
autonomía universitaria del órgano colegiado y no en la opinión individual de sus
miembros. Por lo tanto, el señor Carlos Alberto Bolívar Corredor, quien actúa como
representante del Presidente ante dicho Consejo, debería haber sido incluido en el
proceso.

19. Se mencionó que existe cosa juzgada constitucional, ya que se presentó una
nueva acción con las mismas partes, hechos y fundamentos sobre el mismo
problema jurídico. El 14 de junio de 2024, la señora Lina Sofía Rodríguez, en calidad
de Veeduría Ciudadana Procura de la UFPS, radicó una acción de tutela idéntica a
la identificada con el radicado 2024-00032-00. Esta acción fue asignada al Juzgado
Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, que emitió
una sentencia desfavorable el 26 de junio de 2024, declarando improcedente la
tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. El Tribunal Superior de
Cúcuta, Sala Penal, resolvió la impugnación el 24 de julio de 2024, modificando la
decisión y negando el amparo solicitado. Además, mencionó que el 13 de agosto
de 2024 esta Subsección profirió sentencia de primera instancia en la tutela
presentada por Luz Trinidad Sánchez Fonseca, acumulada con otras acciones
resolviendo que:

6 Cabe advertir que la notificación del auto admisorio se realizó el 2 de septiembre de al correo
electrónico ugad@ufps.edu.co y solo hasta el 4 de septiembre de 2024 la Rectora contestó la tutela
7 Las tutelas corresponden a 2024-00032-00 (la cual ya se profirió fallo de primera instancia por el
Juzgado Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta y se está al pendiente
del fallo de segunda instancia), el radicado 2024-03234-00, 2024-03288-00, 2024-03268-00, 2024-
00217-00, la 2024-4161-00 y la 2024-04151-00 mismas que se encuentran en esta Corporación.
5

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04162-00
Accionante: Clara Isabel Ortiz Guerrero
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

“DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Luz Trinidad Sánchez
Fonseca, Nelcy Mogollón Bueno, Angye Katherine Suarez Mendoza, Leonela
Pachón Contreras, Saray Pamela Arismendi García, Carlos Mario Medrano
Delgado, Alverny Nacid Velásquez Martínez, Alex Yesid Dávila Martínez,
Jessica Katherine Lamus Sanguino, Johan Emel Sánchez Gamboa, Jhonatan
Ruiz Ríos, Carlos Eduardo Bautista Pedraza, Alba Viviana Rodríguez Duque y
Andrea Pabón Ávila contra la Presidencia de la República, la Universidad
Francisco de Paula Santander”.

20. Afirmó que existe presunta temeridad dado que las autorizaciones para otras
tutelas se firmaron los días 18, 19 y 26 de junio de 2024, varios días después de la
radicación y admisión de la tutela inicial en un despacho distinto al de la señora Lina
Sofía Rodríguez Gutiérrez. Esto demostraría que, al estar inconforme con la
decisión del Juzgado, se acudió al Consejo de Estado.

21. Además, argumentó que esta tutela es improcedente porque es la sexta vez
que se busca amparo al derecho de igualdad y al derecho de elegir y ser elegido,
cuando en realidad se pretende: i) cuestionar la legalidad de un acto administrativo
de carácter general; ii) no se cumple con el requisito de subsidiariedad; y iii) se
transgreden principios constitucionales como la autonomía universitaria y el debido
proceso.

22. En relación con la legalidad del Acuerdo No. 134 del 23 de mayo de 2024, indicó
que se trata de un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto,
lo que constituye un vicio en la actuación administrativa según el artículo 137 del
CPACA. Además, la acción de tutela solo procede cuando no existen otros medios
de defensa judicial disponibles, pero en este caso, se contaba con el medio de
control de nulidad simple para cuestionar directamente la legalidad ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que no cumple con el requisito de
subsidiariedad. Se advirtió también que la señora Rodríguez Gutiérrez, como
representante legal de Procura UFPS, presentó una demanda de nulidad simple con
medida cautelar por los mismos hechos. Por lo tanto, ya existe una demanda en la
vía ordinaria y no debería haberse recurrido a la acción de tutela.

23. Por último, precisó que las instituciones al contar con autonomía universitaria
tienen otras facultades para definir su organización administrativa, así como los
mecanismos para su designación o elección8, en ese sentido el reglamento y
aspectos generales de la elección del representante de los egresados ha venido
estructurándose desde hace 28 años, por tanto, estos actos administrativos cuentan
con presunción de legalidad como lo indica el artículo 88 del CPACA porque no han
sido objeto de suspensión nulidad por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, siendo exigible su aplicación. En adición, no se contempló el acuerdo
No. 029 de 1996 ni el Acuerdo No. 134 de 2024 en lo que se refiere a la realización
de las elecciones por medios electrónicos como se solicita en la solicitud de tutela,
porque no existe ninguna disposición legal, constitucional o convencional que lo
determine.

8 Mencionó la Ley 30 de 1992 en su artículo 57, la sentencia SU-115 de 2019 de la Corte
Constitucional, Sentencia 2012-00189-00 del Consejo de Estado, entre otros.
6

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Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

24. El Ministerio de Educación9, el señor German Gustavo Ospina Hernández
(Representante de Profesores - 1ª Línea)10, Carlos Bolívar Corredor (Representante
del Presidente de la República)11, Jesús Alberto Manzano Cañizares (Representante
Estudiantil, 1ª Línea)12, José Leonardo Sánchez Quintero (Representante
Egresados)13, Laura Yolima Moreno Rozo (Representante de las Directivas
Académicas)14, Leidy Viviana Umbarila Vélez (Representante del Sector Productivo
– Consejo Superior Universitario)15, Pedro Avilio Ontiveros Gil (Representante de los
Ex – Rectores)16, Wilfer Orlando Valero Quintero (Delegado del Ministerio de
Educación Nacional de la Universidad Francisco de Paula Santander) 17 no
intervinieron pese a estar notificados.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

25. La Corte Sobre el particular, el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución
Política18,así como el artículo 6 del Decreto 2591 de 199119 precisan el carácter
subsidiario de la acción de tutela, por cuanto ésta sólo es procedente cuando no se
dispone de otro medio de defensa judicial.

9 Fue notificado el 2 de septiembre de 2024 al correo electrónico
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co como se puede observar en el índice 15 de Samai.
10 Fue notificado el 2 de septiembre de 2024 al correo electrónico gospina@ufps.edu.co como se
puede observar en el índice 15 de Samai.
11 Fue notificado el 2 de septiembre de 2024 al correo electrónico carlosalbertobc@ufps.edu.co
como se puede observar en el índice 15 de Samai.
12 Fue notificado el 2 de septiembre de 2024 al correo electrónico jesusmanzano120895@gmail.com
como se puede observar en el índice 15 de Samai.
13 Fue notificado el 2 de septiembre de 2024 al correo electrónico leonardosanchezq@yahoo.es
como se puede observar en el índice 15 de Samai.
14 Fue notificada el 2 de septiembre de 2024 al correo electrónico laurayolimamr@ufps.edu.co como
se puede observar en el índice 15 de Samai.
15 Fue notificada el 2 de septiembre de 2024 al correo electrónico leidyumbarila1@hotmail.com como
se puede observar en el índice 15 de Samai.
16 Fue notificado el 2 de septiembre de 2024 al correo electrónico pontive@gmail.com como se
puede observar en el índice 15 de Samai.
17 Fue notificado el 2 de septiembre de 2024 al correo electrónico wivalero@mineducacion.gov.co
como se puede observar en el índice 15 de Samai.
18 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.
“(…).
“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable” (se destaca).
19 3 “ARTÍCULO 6 Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
comomecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante” (se destaca).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04162-00
Accionante: Clara Isabel Ortiz Guerrero
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

26. Asimismo, el numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 20 y la Corte
Constitucional21 han indicado que, la acción de tutela es improcedente cuando se
cuestionan actos de carácter general, pues el actor no cuenta con legitimidad para
atacar un acto que no afecta sus derechos, y en caso de tenerla se cuentan con
otros medios de defensa judicial los cuales están previstos en la Ley 1437 del 2011.
Además en la sentencia C-132 de 2018, la Sala Plena de la Corte Constitucional
resolvió una demanda contra el numeral 5 del artículo 6 del Decreto en mención:

“5.14. Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha
explicado que ésta procederá contra actos de contenido general,
impersonal y abstracto, sólo excepcionalmente y como mecanismo
transitorio de protección de los derechos fundamentales, siempre y
cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio
irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del acto
de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un
derecho fundamental de una persona determinada o determinable. Solo en
estos casos el juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en
ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter
eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte
del juez competente”22. (negrillas dentro del texto).

27. En este caso, la actora considera vulnerados sus derechos fundamentales con
la expedición del Acuerdo No. 134 del 23 de mayo de 2024 mediante el cual convocó
a la elección del Representante de Egresados ante el Consejo Superior universitario
de manera presencial. Estima que al no permitirse el voto electrónico, se restringe
injustificadamente su participación democrática por estar domiciliada en un lugar
distinto a Cúcuta y Ocaña.

28. Para resolver esta controversia, es preciso hacer alusión a las consideraciones
vertidas en la reciente sentencia proferida por esta Sala el 13 de agosto de 2024
dentro del radicado No. 11001-03-15-000-2024-03234-0023 en la que fueron
acumuladas varias acciones de tutela que guardan identidad temática con este caso.
En dicha oportunidad, la Sala declaró improcedente la acción de tutela, atendiendo
los siguientes argumentos:

21. Los actores no indican el perjuicio irremediable que se configura
concretamente en cada uno, pues se limitan a afirmar, siguiendo el mismo
formato en el escrito de tutela que, no asistirán a la votación presencial
programada para el 30 de agosto de 2024, en las instalaciones de la
universidad.

22. En el precedente constitucional sobre procedencia de tutela contra actos
administrativos de carácter general, la Corte Constitucional ha sido consistente

20 ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá (…) 5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.
21 C-132 de 2018, T-361 de 2017, Fundamento Jurídico 8.3.3. T-381 de 2022
22 Sentencia SU-037 de 2009.
23 Los accionantes son Luz Trinidad Sánchez Fonseca, Nelcy Mogollón Bueno, Angye Katherine
Suarez Mendoza, Leonela Pachón Contreras, Saray Pamela Arismendi García, Carlos Mario
Medrano Delgado, Alverny Nacid Velásquez Martínez, Alex Yesid Dávila Martínez, Jessica Katherine
Lamus Sanguino, Johan Emel Sánchez Gamboa, Jhonatan Ruiz Ríos, Carlos Eduardo Bautista
Pedraza, Alba Viviana Rodríguez Duque y Andrea Pabón Ávila.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04162-00
Accionante: Clara Isabel Ortiz Guerrero
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

en indicar que, el examen de procedibilidad formal exige que el actor muestre
que, en su caso concreto, el acto general implica un perjuicio irremediable, es
decir una amenaza; (i) inminente (está por suceder); (ii) urgente; (iii) grave y (iv)
existe un carácter impostergable para proferir órdenes24. En el caso concreto,
las y los solicitantes no ofrecen argumentos relevantes, además de la cercanía
de la fecha de la elección, para sostener que es procedente que el juez de tutela
reemplace al juez administrativo. Los escritos de tutela de manera consistente
repiten el mismo párrafo:
“8. Frente al anterior acuerdo, el SUSCRITO/ LA SUSCRITA accionante
manifiesta que para la fecha estipulada en el acuerdo que convoca a elecciones
de Representante de egresados ante CSU (30 de agosto de 2024), no podrá
asistir al alma mater (sede Cúcuta/Ocaña) de manera presencial para entonces
hacer uso de su derecho a elegir en condición de igualdad, esto por motivos
laborales, económicos y laborales.

23. Ninguno de los actores ofrece razones concretas para que, en cada uno de
ellos pueda afirmarse que se está ante un perjuicio irremediable por la amenaza
de los derechos fundamentales invocados. No ofrecen razones
constitucionalmente relevantes para avizorar que están en imposibilidad
material de asistir a la votación presencial convocada el 30 de agosto de 2024.
El carácter excepcional de la tutela contra actos administrativos de carácter
general exige que el actor ofrezca motivos puntuales y específicos, no
simplemente afirmaciones genéricas repetidas de un escrito de tutela. Debe
recordarse que el precedente de tutela que sirvió de fundamento a la C-132 de
2018, ilustra los eventos en los que se ha concluido que se presenta un perjuicio
irremediable en casos de medios de amparo contra actos administrativos de
carácter general.

(…)

2.1. Examen de procedibilidad formal en el caso concreto

28. Debido a que la acción de tutela promovida por los actores cuestionan un
acto de carácter general, puntualmente un Acuerdo del Consejo Superior
Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander, es indispensable
que los actores superen la afirmación genérica y superficial de que no podrán
asistir al evento de elección, sino que les era exigible explicar las razones por
las cuáles, en cada caso concreto, el acto administrativo general implica un
perjuicio irremediable que hace que los medios ordinarios no son el mecanismo
judicial para proteger sus derechos fundamentales.

29. En punto al examen de procedibilidad formal, y sin que ello impida que
jueces administrativos en sede de control de legalidad, de ser el caso, lleguen
a otras conclusiones, lo cierto para esta subsección es que los actores no
ofrecen razones que permitan examinar de fondo el acto administrativo de
carácter general, pues no evidencian que estén ante un perjuicio irremediable,
y en esa medida, no existen razones constitucionales que permitan avizorar
motivos por los cuales los medios judiciales ordinarios, puntualmente el medio
de control de nulidad, con el amplio abanico de medidas cautelares en el caso
concreto, impide cuestionar de manera idónea y eficaz el acto general.

30. Debe iterarse que, se tratan de catorce escritos de tutela con idéntica
redacción y formulación de hechos, pretensiones y pruebas. En esa medida, en
punto al examen de procedibilidad formal repiten el mismo lugar común, es
decir, la imposibilidad de asistir al evento electoral convocado para el 30 de
agosto. Pero no ofrecen razones concretas, en cada caso, y que atiendan a la
particularidad de cada una de las 14 personas accionantes. En consecuencia,

24 Folio 12 del escrito de tutela, igual en todas las acciones de tutela.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04162-00
Accionante: Clara Isabel Ortiz Guerrero
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

en el expediente no existe ningún elemento de cognición, al menos sumario que
permita afirmar que se está ante un perjuicio irremediable de aquellos que
habilita que el juez constitucional examine un acto de carácter general.

31. Aunado a lo anterior, concurre otro argumento dirigido a declarar la
improcedencia de la acción de tutela formulada por los actores. Por un lado, el
inciso tercero del artículo 86 constitucional precisa que la “acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. El numeral
1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 reitera que la acción de tutela es
improcedente cuando el actor cuente con otro medio de defensa judicial para
solicitar la protección de los derechos fundamentales. Jurisprudencialmente25,
se indica que la acción de tutela es subsidiaria y residual, y se puede ejercer
únicamente cuando se carezca de otros instrumentos de protección. En el caso
concreto, los actores atacan a través del medio constitucional un acto
administrativo de carácter general que, en principio debe ser objeto de examen
por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante el
mecanismo judicial previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

32. En efecto, los actores disponen de medios judiciales idóneos y eficaces para
solicitar la protección de sus derechos constitucionales, especialmente teniendo
en cuenta que, la ley 1437 de 2011, además dispone de un abanico amplio de
medidas cautelares que permite a los funcionarios judiciales, de ser el caso,
suspender provisionalmente la ejecución del acto, o profieran cualquier otra
orden que garantice la protección de los derechos fundamentales. La
jurisprudencia constitucional26 ha señalado que, desde la aprobación de la Ley
1437 de 2011, con su repertorio amplio de medidas cautelares innominadas, y
con la posibilidad de que las mismas se adopten incluso antes de que se admita
la demanda, los medios de control ordinarios ganaron en eficacia e idoneidad
pues facultan al juez para adoptar decisiones que materializan los derechos
constitucionales. La jurisprudencia constitucional ha sido más exigente en
solicitar al actor que exprese razones concretas por las cuales, en un caso
concreto, un medio de defensa judicial ordinario es inidóneo o ineficaz. La
Sentencia T-427 de 2015 indica:

“En síntesis, por regla general, la acción de tutela es improcedente contra los
actos administrativos, por cuanto existen en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo los medios de control y las medidas cautelares que se presumen
idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos reclamados.”

33. Descendiendo al caso concreto, se verifica que las peticionarias y
peticionarios cuentan con el medio judicial ordinario de nulidad previsto en el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, el cual, a su vez permite la solicitud y
declaratoria de un amplio repertorio de medidas cautelares que garantiza la
protección de los derechos invocados, incluso antes de la providencia que
resuelva la solicitud de fondo. En consecuencia, las tutelas de la referencia
incumplen el requisito de subsidiariedad y por ello también procede la
declaratoria de la improcedencia.

29. Pues bien, revisada la acción de tutela y sus anexos, se verifica que en este
caso, se trata de otra controversia que fue planteada con el mismo escrito, en la que

25 Corte Constitucional, sentencia SU-458 de 2010: "La jurisprudencia constitucional ha sido
reiterativa en señalar que, en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos jurídicos
relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias
-jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no
resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la
acción de amparo constitucional."
26 T-149 de 2023, en el mismo sentido T-243 de 2014.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04162-00
Accionante: Clara Isabel Ortiz Guerrero
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

se cuestiona el Acuerdo No. 134 del 23 de mayo de 2024- proferido por el Consejo
Superior Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander, en tanto no
permite la participación de los egresados a través del voto electrónico.

30. Motivo por el cual, sin más consideraciones que las ya expuestas, la Sala
concluye que la acción de tutela es improcedente, en tanto la parte accionante
dispone de medios judiciales idóneos y eficaces para solicitar la protección de sus
derechos constitucionales que estima vulnerados por el plurimencionado acto
general.

31. Por último, en relación con el argumento expuesto por la Rectora de la
Universidad según el cual se presentaba cosa juzgada y temeridad en la acción de
tutela respecto a otras controversias de la misma naturaleza27, solo resta por señalar
que este argumento debe ser desestimado en tanto el Juzgado no vinculó como parte
a la Presidencia de la República ni al delegado del Presidente de la República al
Consejo Superior Universitario. Por tanto, al no presentarse una identidad total de
las partes, no puede indicarse que se trata de una cosa juzgada o una temeridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Clara Isabel Ortiz Guerrero en contra de la Presidencia de la República, el
Ministerio de Educación y la Universidad Francisco de Paula Santander.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

27 Las tutelas corresponden a 2024-00032-00 (la cual ya se profirió fallo de primera instancia por el
Juzgado Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta y se está al pendiente
del fallo de segunda instancia), el radicado 2024-03234-00, 2024-03288-00, 2024-03268-00, 2024-
00217-00, 2024-4161-00 y 2024-04151-00 mismas que se encuentran en esta Corporación.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04162-00
Accionante: Clara Isabel Ortiz Guerrero
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.

VF

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