Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04164-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04164-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04164-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
11 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04164-00
Demandante: GALO ARTURO TORRES SERRA
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA contra el presidente de la República por haber omitido revelar
información pública / DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN - El
medio constitucional y legalmente previsto para acceder a la información es el derecho de
petición / NIEGA AMPARO - La parte actora no acreditó haber presentado solicitud para
acceder a la información que requiere.
La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Galo Arturo Torres
Serra contra el presidente de la República Gustavo Petro Urrego.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 9 de agosto de la presente anualidad, el señor Galo Arturo Torres Serra
interpuso acción de tutela contra el presidente de la República, Gustavo Francisco
Petro Urrego, por considerar vulnerado su derecho fundamental de acceso a la
1Se advierte que, el 26 de septiembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la
magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04164-00
Demandante: Galo Arturo Torres Serra
Demandado: Presidencia de la República
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
información. Formuló la siguiente pretensión (transcripción textual):
QUE SE ORDENE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA GUSTAVO PETRO
URREGO EMITIR, PUBLICAR Y NO ELIMINAR INFORMACIÓN
VERDADERA Y CON DETALLES SOBRE LAS ACTUACIONES PRECISAS
DE NOMBRES Y APELLIDOS Y FUNCIONES DE QUIENES EN SU
GOBIERNO HAN ESTADO Y ESTÁN OBSTRUYENDO DE MANERA ILÍCITA
EL CUMPLIMIENTO DE LA COMPRA DE TIERRA PARA CAMPESINOS
COMO LOS QUE OCUPAN EL PREDIO “EL DANUBIO” UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO EL SALADO DE EL (sic) CARMEN DE BOLÍVAR.
1.2 . Hechos y argumentos de la tutela
De la solicitud de tutela se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
El accionante manifestó que, a través de la red social «X», el presidente de la
República Gustavo Petro Urrego publicó un video en el que señaló que algunos
funcionarios públicos estaban obstruyendo la ejecución del programa de
adquisición de tierras, que se adelanta a través de la Agencia Nacional de Tierras.
Según el accionante, el presidente de la República omitió revelar la identidad de
los funcionarios que han obstaculizado la compra y entrega de tierras para los
campesinos que habitan el corregimiento “El Salado”, ubicado en jurisdicción
Municipio de El Carmen de Bolívar, Bolívar, en el marco del programa de
restitución de tierras.
Precisó que el presidente de la República ha visitado el corregimiento de “El
Salado”, en el que se encuentra ubicado el predio “El Danubio”, por lo que conoce
la situación y a pesar de ello ha omitido publicar información. Lo que, a su juicio,
pone en riesgo a las personas que, como él, «han emprendido múltiples acciones
para que los campesinos que están en el predio El Danubio se queden con el
mismo como propietarios».
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04164-00
Demandante: Galo Arturo Torres Serra
Demandado: Presidencia de la República
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Insistió en que el primer mandatario tiene el deber de publicar, con detalles, las
actuaciones, nombres y funciones de los funcionarios que están obstruyendo la
ejecución del programa de restitución de tierras.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 21 de agosto de 2024, el despacho de la magistrada
ponente admitió la acción de tutela y ordenó que se notificara la directora del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Así mismo, se
ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se opuso a
las pretensiones de la demanda2. Precisó que la presente acción constitucional
deviene improcedente por carecer del requisito de subsidiariedad, habida cuenta
de que, consultada la base de datos de radicación de documentos de origen
externo, no se encontró ninguna petición del accionante tendiente a solicitar la
aclaración de las declaraciones del presidente de la República.
Adujo que el señor Torres Serra carece de legitimación en la causa, pues se
observa que en las declaraciones reprochadas no se le individualizó o señaló en
forma alguna, así como tampoco se acreditó que con ellas se hubieran afectado o
vulnerado directamente su derecho fundamental de acceso a la información.
Por otra parte, indicó que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la
Constitución, las declaraciones cuestionadas fueron emitidas en ejercicio del
derecho fundamental de expresión y en el marco de un discurso político que goza
de especial protección constitucional.
Finalmente, expuso que las declaraciones censuradas el primer mandatario no
empleó expresiones ofensivas o difamatorias, sino que se limitó a informar sobre
la existencia de unas investigaciones que se adelantan ante las autoridades
2 SAMAI, índice 9.
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Demandante: Galo Arturo Torres Serra
Demandado: Presidencia de la República
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
competentes sobre «los presuntos y desdeñables malos manejos de los recursos
económicos de la Agencia Nacional de Tierras».
2.3. El 30 de agosto de 2024, el accionante presentó solicitud de nulidad de lo
actuado3, con fundamento en que, en su criterio, no se le notificó el auto admisorio
de la demanda, ni se emitió pronunciamiento alguno respecto de sus solicitudes
probatorias, concretamente, sobre el testimonio del expresidente Álvaro Uribe
Vélez.
2.4. Mediante providencia del 16 de septiembre de 2024, el Despacho
sustanciador negó la solicitud de nulidad4, luego de verificar que la notificación del
auto admisorio que echó de menos el demandante se surtió en debida forma y
rechazó la solicitud probatoria presentada por el señor Torres Serra, por cuanto la
solicitud fue la incorporación de la información divulgada por el expresidente
Álvaro Uribe Vélez a través de su cuenta de «X» ya se encontraba incorporada al
expediente.
2.5 La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la Presidencia de la República vulneró el
derecho fundamental de acceso a la información del señor Galo Arturo Torres
Serra, por no publicar la identidad, funciones y actuaciones precisas de los
funcionarios que, según afirmó el actor, «están obstruyendo de manera ilícita el
cumplimiento de la compra de tierra para campesinos como los que ocupan el
predio “El Danubio” ubicado en el corregimiento “El Salado” en el Carmen de
Bolívar».
3 SAMAI, índice 10.
4 SAMAI, índice 14.
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2. Del derecho de acceso a la información
De antaño, la jurisprudencia de la Corte Constitucional5 ha sostenido que el
derecho de acceso a la información «expresa la tendencia natural del hombre
hacia el conocimiento»; a través del cual accede a la realidad, reflexiona, emite
juicios de valor y hace raciocinios sobre ella.
Asimismo, ha admitido que el sujeto de este derecho es universal, es decir,
comprende a toda persona sin distinción alguna, y su objeto es la «información
veraz e imparcial».
En sentencia C-1172 de 20016, el alto tribunal constitucional precisó:
Esta Corporación ha destacado el hecho de que la Constitución de 1991
amplió en forma considerable la concepción jurídica de las garantías a la
libertad de expresión y el derecho a la información. Así las cosas, ha
establecido en relación con el derecho a la información, que se trata de un
verdadero derecho fundamental que no puede ser negado, desconocido,
obstruido en su ejercicio o, disminuido por el Estado, que, por el contrario,
tiene la obligación de hacer que sea efectivo. Y, además, como todo derecho
fundamental, es universal, inalienable, irrenunciable, imprescriptible, inviolable
y reconocido por la legislación positiva.
Ciertamente, como garantía iusfundamental tiene una doble connotación, por una
parte, implica el derecho a comunicar información (información activa); y, por otra,
el derecho a recibirla (información pasiva)7.
En ese sentido, en palabras de la Corte Constitucional8 el derecho a la
información, como derecho fundamental, tiene las siguientes características:
(i) está reconocido como tal en una disposición constitucional (art. 20 de la
CN); (ii) su ámbito de protección no se restringe a la facultad de la difusión
5 Corte Constitucional. Sentencia C-488 del 28 de octubre de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
6 Corte Constitucional, Sentencia C-1172 del 8 de noviembre de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
7Ibidem.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-300 del 25 de marzo de 2004. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
5
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Demandante: Galo Arturo Torres Serra
Demandado: Presidencia de la República
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
masiva, asociada al uso de los medios de comunicación (internet, televisión,
radio, prensa, etc.), sino que incorpora otros ámbitos de protección, si se
quiere, de tipo privado; (iii) es un derecho complejo, incorpora obligaciones
asociadas a la protección del interés público, las instituciones democráticas y
el control del poder político, pero también obligaciones asociadas al interés
privado, al ejercicio de otros derechos subjetivos, a la realización de una
opción vital, y a la posibilidad de un correcto desarrollo de las relaciones
contractuales; (iv) implica la posibilidad de ejercer diversas facultades, y en
esta medida está ligado a la posibilidad de recibir, buscar, investigar,
almacenar, procesar, sistematizar, analizar, clasificar y difundir informaciones,
y (v) que es fundamental, precisamente por su específica función social, en la
medida en que gracias al ejercicio de las anteriores facultades es que las
personas pueden participar activamente en sus círculos sociales, económicos
y políticos, y en esta medida, pueden funcionar en la sociedad y desarrollar un
papel activo en ella.
Ahora bien, en cuanto al derecho de acceso a la información pública, tanto esta
Corporación9 como la ley han reconocido que se trata de un derecho fundamental,
cuyo concepto se encuentra previsto en el artículo 4 de la Ley 1712 de 2014, a
cuyo tenor literal:
ARTÍCULO 4. Concepto del derecho. En ejercicio del derecho fundamental
de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y
acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos
obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido
excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán
estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los
principios de una sociedad democrática.
El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de
divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de
manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso,
lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información
pública.
Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deberán implementar
procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de
documentos electrónicos auténticos.
[…]
9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 21 de noviembre de 2023, rad.
2023-00202-00, M.P. Ana María Charry Gaitán.
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La información pública comprende, de conformidad con la disposición ibidem,
comprende «toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o
controle en su calidad de tal».
De modo que el medio constitucional y legalmente dispuesto para materializar el
derecho de acceso a la información pública es el derecho de petición, pues es el
único medio que permite a las autoridades conocer la intención del ciudadano de
acceder a determinada información y, en virtud de ello, negar o acceder a su
requerimiento.
Tanto así que en la Ley 1755 de 2015 se reguló expresamente la modalidad de
derecho de petición de información, el término especial para resolverlo y las
consecuencias del silencio de la administración frente a una solicitud de tal
naturaleza.
Aún más, en la sentencia T-114 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido), la Corte
Constitucional precisó que una de las modalidades del derecho de petición es el
de petición de información y, en esa medida, la satisfacción de ese derecho
implica una relación inescindible con el acceso a la información como una garantía
constitucional específica. De allí que para resolver el presente caso resulta
necesario tener claridad acerca del contenido y alcance del acceso a la
información, a fin de establecer si este estuvo, o no, garantizado por la accionada.
3. Caso concreto y solución del problema jurídico
En el caso particular, el señor Galo Arturo Torres Serra interpuso acción de tutela
en contra del presidente de la República, al estimar vulnerado su derecho de
acceso a la información, por haber emitido, a través de la red social «X»,
información incompleta acerca de los funcionarios que presuntamente están
obstruyendo la ejecución del programa de restitución de tierras adelantado por la
Agencia Nacional de Tierras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04164-00
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En las súplicas de la demanda, el accionante precisó que para evitar la
vulneración de su derecho fundamental de acceso a la información debían
identificarse los funcionarios que supuestamente han obstaculizado el proceso de
adjudicación y restitución de tierras.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la
contestación de la demanda indicó que el accionante nunca ha presentado una
solicitud con la información que, en su criterio, se le ha ocultado.
Revisado el expediente, concretamente, los documentos allegados con la
contestación de la demanda, la Sala observa que, en efecto, el señor Galo Arturo
Torres Serra no ha radicado ante la autoridad accionada petición alguna tendiente
a solicitar la información que estima se otorgó de forma incompleta o a dilucidar
las inquietudes que tiene respecto de las declaraciones emitidas por el presidente
de la república, a través de su cuenta de «X».
Bajo este contexto, se tiene que la inconformidad del accionante carece de
fundamento, pues no existe prueba que acredite, siquiera sumariamente, que
intentó acceder a la información que echa de menos y que esta le fue negada
injustificadamente por la administración.
En los anteriores términos, la Sala negará el amparo solicitado por el señor Galo
Arturo Torres Serra.
Con todo, tampoco se advierte que se hubiera omitido información alguna, pues el
primer mandatario se limitó a exponer que se están adelantando investigaciones
por los presuntos actos de corrupción entre los funcionarios de la Agencia
Nacional de Tierras, en el proceso de ejecución del programa de restitución de
tierras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04164-00
Demandante: Galo Arturo Torres Serra
Demandado: Presidencia de la República
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Negar el amparo solicitado por el señor Galo Arturo Torres Serra, por
lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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