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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04166-00

Fecha
5 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04166-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04166-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

5 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04166-00
Accionante: EDGAR MANGA RUBIO
Accionados: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Edgar Manga Rubio
contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Edgar Manga Rubio solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa y contradicción, al acceso a la administración de
justicia y a la propiedad, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 31 de
mayo de 2017 y 22 de mayo de 2024, proferidas por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente, dentro del medio de
control de reparación directa con el número de radicación 25000-23-36-000-2015-
00863-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04166-00
Accionante: Edgar Manga Rubio

2.1. Señaló que promovió demanda de reparación directa núm. 25000-23-36-000-
2015-00863-00/01 contra la Nación - Rama Judicial, la Superintendencia de
Notariado y Registro y la sociedad Banco de Bogotá S.A., por el daño causado con
ocasión del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia dentro del
proceso ejecutivo singular núm. 2012-00208-00.

2.2. Manifestó que la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante sentencia de 31 de mayo de 2017, negó las
pretensiones de la demanda por no haberse acreditado los elementos de la
responsabilidad del Estado.

2.3. Refirió que inconforme con la decisión de primera instancia interpuso recurso de
apelación.

2.4. Esgrimió que el recurso fue desatado por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, mediante sentencia de 22 de mayo de 2024, en la que se
confirmó la decisión de primera instancia.

2.5. Indicóque las providencias antes referidas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, al acceso a la
administración de justicia y a la propiedad, al incurrir en un defecto sustantivo y en
una decisión sin motivación.

2.6. Frente al defecto sustantivo, sostuvo: “[…] se cuestiona especialmente que tanto
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera como la Sección
Tercera del Consejo de Estado hayan desconocido de manera sustancial los
efectos inmediatos que sobre la apócrifa actuación ejecutiva cuestionada se
desprendían tanto del artículo 63 como del artículo 340, ambos del Código de
Procedimiento Civil, conforme a las circunstancias procesales y fácticas ocurridas
y vigentes para ese momento, visto que la misma fue iniciada el 25 de septiembre
de 2012, habida cuenta de la aplicación, gradualidad, implementación y vigor de
dichas normativas respecto del nuevo Código General del Proceso, sabido que este
último cuerpo procesal sólo entraba en vigencia hasta el primero (1º) de enero de
2014, al momento de desatar la controversia planteada […]”.

2.7. Frente a la decisión sin motivación, indicó lo siguiente: “[…] Los
pronunciamientos accionados no ofrecen un mínimo razonable de argumentación
jurídica que justifique la inobservancia de los postulados consagrados en los
artículos 63, 93, 340 y 342 del Código de Procedimiento, confiando meramente la
denegación, en el caso de ambas sentencias, en causal eximente de
responsabilidad proveniente del hecho de un tercero, para encumbrarla en la
solución del caso, siendo que las actuaciones originarias, dictadas en sede del
proceso ejecutivo por parte del señor Juez Civil del Circuito, como hechos
jurídicamente relevantes, también propiciaron cuota parte en la causación sin justa

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04166-00
Accionante: Edgar Manga Rubio

causa del detrimento patrimonial sufrido por el suscrito accionante, que esta
objetivamente determinado, acorde con el material probanzal [sic] allegado al
plenario […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales del suscrito accionante a
la defensa, de acceso a la administración de justicia y a la propiedad,
precisados en el capítulo de derechos violados de esta acción de tutela o los
que resulten acreditados en el trámite de la instancia, por tipificarse defecto
sustantivo y falta de motivación, en los términos que se precisen al desatarse
el presente mecanismo tutelar.

SEGUNDO: Dejar sin efectos las sentencias del 31 de mayo de 2017 y 22 de
mayo de 2024, dictadas por el Tribunal Administrativo, Sección Tercera,
Subsección “B” y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”,
respectivamente, proferidas dentro del trámite del medio de control de
reparación directa con Radicado No. 25000-23-36-000-2015-00863-01
(59867), así como cualesquiera otras providencias que las adicionen o
complementen, por tipificarse quebrantamiento a los derechos fundamentales
ya precisados.

TERCERO: Ordenar a los despachos accionados que dicten una nueva
providencia debidamente motivada a causa de los defectos alegados o los
defectos que resulten acreditados, acorde con las demás pretensiones que
fueron formuladas en sede del medio de control de reparación directa
promovido por el suscrito accionante […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 15 de agosto de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Superintendencia de
Notariado y Registro y a la sociedad Banco de Bogotá S.A.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

5.1. La
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó, luego de hacer un recuento de las actuaciones procesales
en primera instancia, que se negaran las pretensiones de la acción de tutela.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04166-00
Accionante: Edgar Manga Rubio

5.2. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó que
se declare improcedente la acción de tutela porque el objeto de la controversia “[…]
se resume en la insistencia del señor Manga Rubio de hacer prevalecer su propio
entendimiento de la resolución del caso, a través de un medio tan excepcional como
es la tutela que no fue instituido para prolongar, a modo de instancia, controversias
ya definidas […]”.

5.3. La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por “[…] inexistencia y/o
ausencia de perjuicio irremediable […]”, toda vez que en el presente caso la parte
accionante se encuentra inconforme con la providencia que no accedió a sus
pretensiones.

Solicitó, además, que se declare probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva.

5.4. La Superintendencia de Notariado y Registro solicitó declarar improcedente
la acción de tutela, porque las autoridades judiciales de primera y segunda instancia
adoptaron una decisión ajustada a derecho, al negar las pretensiones de la acción
de reparación directa promovida por el señor Edgar Manga Rubio, en razón a que
no fueron demostrados los elementos de la responsabilidad de Estado.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04166-00
Accionante: Edgar Manga Rubio

desvinculación procesal presentada por la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
5
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006 , señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial fue parte dentro del proceso de reparación
directa en el que se profirieron las sentencias que son objeto del presente
mecanismo de amparo, la Sala considera que a esta entidad sí le asiste el interés
jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional, razón por la cual se
denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

10. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de su derecho fundamental a las
providencias de 31 de mayo de 2017 y 22 de mayo de 2024, proferidas por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente.
Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 22 de mayo de 2024,
proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, vulneró los derechos
fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la
litis e hizo tránsito a cosa juzgada.

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04166-00
Accionante: Edgar Manga Rubio

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente en un defecto sustantivo y en una decisión sin motivación.

12. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04166-00
Accionante: Edgar Manga Rubio

absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

20. El señor Edgar Manga Rubio solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa y contradicción, al acceso a la administración de
justicia y a la propiedad, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 31 de
mayo de 2017 y 22 de mayo de 2024, proferidas por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente, dentro del medio de
control de reparación directa con el número de radicación 25000-23-36-000-2015-
00863-00/01.

8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04166-00
Accionante: Edgar Manga Rubio

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.

VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

22. En cuanto al requisito de procedencia de relevancia constitucional, cabe recordar
que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental10 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.

23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales12, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.

24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación14, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

10
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
12
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
13
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
14
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04166-00
Accionante: Edgar Manga Rubio

25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202215 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un

15
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04166-00
Accionante: Edgar Manga Rubio

derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202316.

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales17.

28. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

29. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, al acceso
a la administración de justicia y a la propiedad, por haber incurrido, presuntamente,
en un defecto sustantivo y en una decisión sin motivación.

30. Frente al defecto sustantivo, sostuvo: “[…] se cuestiona especialmente que tanto el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera como la Sección Tercera
del Consejo de Estado hayan desconocido de manera sustancial los efectos
inmediatos que sobre la apócrifa actuación ejecutiva cuestionada se desprendían
tanto del artículo 63 como del artículo 340, ambos del Código de Procedimiento Civil,
conforme a las circunstancias procesales y fácticas ocurridas y vigentes para ese
momento, visto que la misma fue iniciada el 25 de septiembre de 2012, habida cuenta
de la aplicación, gradualidad, implementación y vigor de dichas normativas respecto

16
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionante: Edgar Manga Rubio

del nuevo Código General del Proceso, sabido que este último cuerpo procesal sólo
entraba en vigencia hasta el primero (1º) de enero de 2014, al momento de desatar la
controversia planteada […]”.

31. Frente a la decisión sin motivación, indicó lo siguiente: “[…] Los pronunciamientos
accionados no ofrecen un mínimo razonable de argumentación jurídica que justifique
la inobservancia de los postulados consagrados en los artículos 63, 93, 340 y 342 del
Código de Procedimiento, confiando meramente la denegación, en el caso de ambas
sentencias, en causal eximente de responsabilidad proveniente del hecho de un
tercero, para encumbrarla en la solución del caso, siendo que las actuaciones
originarias, dictadas en sede del proceso ejecutivo por parte del señor Juez Civil del
Circuito, como hechos jurídicamente relevantes, también propiciaron cuota parte en
la causación sin justa causa del detrimento patrimonial sufrido por el suscrito
accionante, que esta objetivamente determinado, acorde con el material probanzal
[sic] allegado al plenario […]”.

32. De lo anterior, esta Sección considera que la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: (i) el debate planteado no se hizo desde una
óptica constitucional, y (ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo
como una tercera instancia y busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural.

33. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

34. Se considera que la parte accionante expuso los mismos argumentos que en el
proceso de reparación directa y no está exponiendo que la providencia cuestionada
haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su inconformidad
consiste en que la decisión adoptada por el juez de segunda instancia, en el
proceso contencioso, confirmó la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones del medio de control de reparación directa.

35. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
providencia cuestionada:

“[…] En el caso concreto objeto de estudio por la Sala, el señor Edgar Manga
Rubio demandó a la Rama Judicial, a la Superintendencia de Notariado y
Registro y al Banco de Bogotá S.A., por los perjuicios derivados del daño
antijurídico originado por los comportamientos de las referidas entidades, daño
que “devino en el embargo y secuestro por medios criminales” de

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Accionante: Edgar Manga Rubio

$710.000.000, de su propiedad, que se encontraban depositados en la cuenta
de ahorros número 204-20793-0, de la cual es titular, del Banco de Bogotá.

[…]

Cabe decir que el dictamen no fue objetado por error grave, ni se formuló algún
reproche al respecto, por consiguiente frente a los documentos que la parte
actora aduce como falsos (pagaré 01 y Convenio de pago), existe una
probabilidad que no correspondan con la firma del señor Manga Rubio,
circunstancia que para el momento en que se desarrollaron los hechos, le era
imposible conocer al juez rector del proceso ejecutivo, dada la presunción de
veracidad y de autenticidad que recae sobre un título valor, máxime si dichos
documentos cuentan con sello de presentación personal notariado. Por tanto,
la Juez del caso, carecía de elementos de juicio para objetar o desestimar el
título y, por el contrario, estaba compelida a darle trámite al escrito de demanda
ejecutiva.

[…]

Lo mismo ocurre con la aplicación del artículo 340 del CPC y los efectos de la
transacción allegada, pues dicho documento de convenio de pago, que contaba
con el sello y firma de comparecencia personal de autenticación ante la Notaría
Única de San Francisco, de conformidad con artículo 25264 del CPC, se
entendía auténtico si había sido reconocido por quien tiene a cargo dar fe
pública. Como consecuencia de esto, no le era exigible al juez indagar sobre la
autenticidad, dado que para ese entonces los documentos base para el inicio
del proceso ejecutivo cumplían con los requisitos de ley, y no tenían
enmendaduras y/o tachaduras, por lo que a simple vista, la información
contenida en estos no parecía falsificada o adulterada. De tal modo, el hecho
de que supuestamente se hubieran falsificado unos documentos, resultó ser
una circunstancia que trasciende del actuar y el conocimiento del juez, quien,
obrando de buena fe como se desprendía de los documentos que allegaron
quienes, para ese momento se suponía eran las partes, entregó los títulos
judiciales al apoderado del señor Dionisio Castillo Hernández.

[…]

De ese modo, la causa real del daño padecido por la parte actora fue un
supuesto actuar delictivo de terceras personas frente al cual no cursa un
proceso penal, o por lo menos tal situación no fue afirmada por la parte actora,
ni acreditada en el expediente, por tanto, es un aspecto que trasciende del
asunto de conocimiento, ya que no fue demostrado que el Juez Segundo Civil
del Circuito de Facatativá hubiera entregado los títulos con el conocimiento de
que los documentos aportados en el ejecutivo singular eran fraudulentos, ni
que los documentos aportados por el apoderado de Dionisio Castillo
Hernández hubieran incumplido los requisitos de ley para el momento en que
fueron conocidos por el despacho en cuestión o que presentaran signos
evidentes de adulteración que llevaran a denegar la solicitud y adoptar las
medidas pertinentes.

Ahora bien, esta Judicatura pone de presente que, tal y como se demostró, el
Banco de Bogotá, el 19 de diciembre de 2012, informó al Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Facatativá que, el 10 de diciembre de 2012, congeló la
suma de $710.000.000 de la cuenta del señor Edgar Manga Rubio, pero que

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Accionante: Edgar Manga Rubio

no había podido realizar el depósito judicial debido a la falta de identificación
de Dionisio Castillo Hernández.

[…]

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala no es de recibo que el accionante
procure pasar por alto su inoperancia y pretenda endilgar responsabilidad en
cabeza del Estado, máxime si se tiene de presente que éste contaba con los
instrumentos necesarios (extractos bancarios) para conocer la realidad de lo
que ocurría con su cuenta de ahorros, acción que, en las circunstancias en que
se sucedieron los hechos, hubiera resultado eficiente para conjurar el daño
causado por personas ajenas al servicio de la administración de justicia.

[…]

en lo relativo a la omisión de notificar el embargo de la cuenta, no se estudiarán,
pues solo hasta la segunda instancia se ventilaron tales cargos que no pudieron
ser cuestionadas por las demás partes en el trámite de la primera instancia.

En las condiciones descritas, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, por las razones expuestas en esta providencia […].

36. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiese
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

37. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”18.

38. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”19. En esa medida, “[…] si luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”20.

39. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
19
Ibid.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Accionante: Edgar Manga Rubio

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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