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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04175-00

Fecha
27 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04175-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Nayrobis María Alvarado Rodríguez contra la Sección Primera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de La Guajira, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04175-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

27 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04175-00
Demandante: NAYROBIS MARÍA ALVARADO RODRÍGUEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Nayrobis María
Alvarado Rodríguez contra la Sección Primera del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo de La Guajira.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 9 de agosto de 20241, la señora Nayrobis María Alvarado Rodríguez interpuso
acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de las sentencias
del 8 de febrero de 2024 y del 4 de julio de 2024, proferidas, en su orden, por el
Tribunal Administrativo de La Guajira y la Sección Primera de esta Corporación,
en el proceso de pérdida de investidura con radicado 44001-23-40-000-2023-

1 Se advierte que, el 3 de septiembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04175-00
Demandante: Nayrobis María Alvarado Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

00088-012. Formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: REVOCAR los fallos proferidos por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA y el CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN PRIMERA, En su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia.

SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO
el fallo de segunda instancia proferido por el CONSEJO DE ESTADO,
SECCIÓN PRIMERA, dentro del proceso de pérdida de investidura de
la referencia.

TERCERO.- En consecuencia, ORDENAR al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA, que, dentro de los (15) quince
días siguientes a la notificación de esta providencia, adopte una nueva
decisión, que tenga en cuenta el contrato adicional.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:

El señor Daniel Elías Ceballos Brito fue llamado a posesionarse como diputado de
la Asamblea Departamental de La Guajira, para el período constitucional 2020 a
2023, para suplir la vacancia que se produjo como consecuencia del fallecimiento
del señor Luis José Brito Gutiérrez3, ocurrido el 19 de marzo de 2022 en un
accidente de tránsito. En tal virtud, tomó posesión del cargo el 31 de marzo de
2022.

En el proceso con radicado 2023-00104-00, se reprochó que, el 19 de junio de
2019, el señor Ceballos Brito celebró el contrato de «prestación de servicios de
transporte (…) 2773 de 2019 CM-385», con la Organización Internacional para las

2 Este expediente fue acumulado con el de radicado 44-001-23-40-000-2023-00104-01.
3 Conviene precisar que el señor Ceballos Brito participó en la contienda electoral del año 2019,

como candidato a la referida asamblea, por el partido Alianza Social Indígena-ASI; sin embargo, no
alcanzó la curul, dado que el señor Luis José Brito Gutiérrez resultó electo por ese partido.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04175-00
Demandante: Nayrobis María Alvarado Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Migraciones dentro del año anterior a la elección y, pese a ello, aceptó el llamado
a ocupar la curul, razón por la cual incurrió en las causales previstas en los
artículos 48, numeral 14, 33, numeral 45, y 346 de la Ley 617 de 2000, así como la
del numeral 5 del artículo 497 de la Ley 2200 de 2022.

De otra parte, en el proceso con radicado 2023-00088-00, se mencionó que, el 4
de marzo de 2022, el señor Ceballos Brito, en calidad de representante legal de la
empresa Express Caribe Radiante S.A.S., junto con la empresa Transportes
Sensación S.A.S, constituyeron el Consorcio Transmanaure 2022. Dicho
consorcio, el 29 de marzo de 2022, esto es, dos días antes de la posesión del
referido diputado, celebró un «contrato» con el Municipio de Manaure (La Guajira),
cuyo objeto era la «“prestación de servicio de transporte escolar a la población
educativa para garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo oficial
de [ese municipio]”».

4 «Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y
miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: 1. Por violación del régimen
de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se
trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de
la ciudadanía en general […]».
5 «Artículo 33. De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidado ni

elegido diputado:

4. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante
entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas
de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen
subsidiado en el respectivo departamento».
6 Referente a las incompatibilidades de los diputados.
7 «Artículo 49. De las inhabilidades de los diputados. (…)

5. Quien dentro los doce (12) meses anteriores a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con
entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos
deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año
anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad
social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento».

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04175-00
Demandante: Nayrobis María Alvarado Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Reprochó que «con la suscripción del citado contrato, el demandado Ceballos
Brito transgredió grosera y flagrantemente lo estipulado en el numeral 4 del
artículo 33 de la Ley 617 de 2000 y el numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 de
2022 (…) al haber intervenido en la celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los
contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento».

Por lo anterior, la señora Nayrobis María Alvarado Rodríguez solicitó en los
procesos acumulados que se decretara la pérdida de investidura del diputado de
la Asamblea Departamental de La Guajira, Daniel Elías Ceballos Brito, llamado
para ocupar la curul del fallecido diputado, Luis José Brito Gutiérrez, por incurrir en
las mencionadas causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en las
Leyes 617 de 2000 y 2200 de 2022.

Mediante providencia del 8 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de La
Guajira negó las pretensiones de la demanda.

La anterior decisión fue objeto de apelación ante la Sección Primera del Consejo
de Estado, la que, en sentencia del 4 de julio de 2024, la confirmó.

1.3. Argumentos de la tutela

Según el escrito de tutela, el Tribunal Administrativo de La Guajira y la Sección
Primera del Consejo de Estado incurrieron en defecto fáctico, dado que no
tuvieron en cuenta la adición 1 al contrato 78 de 2022, lo cual incidió notablemente
en la decisión de fondo, pues ese «contrato adicional» fue celebrado después de
la posesión del señor Ceballos Brito, lo que significa que este incurrió en la causal
de incompatibilidad prevista en el artículo 34 de la Ley 617 de 2000.

Resaltó que las autoridades judiciales no analizaron de fondo el asunto bajo
estudio, porque estas únicamente estudiaron la causal de inhabilidad que produjo

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04175-00
Demandante: Nayrobis María Alvarado Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

la celebración del contrato 78 de 2022, sin abordar la causal de incompatibilidad
ocasionada por el referido contrato adicional, a pesar de que este obraba en el
referido expediente.

Insistió en que era evidente que, con posterioridad de la mencionada posesión, el
acusado gestionó ese contrato a favor del Consorcio Transmanaure 2022,
conformado por la empresa Express Caribe Radiante S.A.S., cuyo representante
legal era el señor Ceballos Brito, y la empresa Transporte Sensación S.A.S.

Reprochó que el investigado dejó de ser representante legal de la empresa
Express Caribe Radiante S.A.S, integrante del Consorcio Transmanaure 2022,
después de su posesión, razón por la cual no es válida la excusa de que el
referido contrato se suscribió cuando no ostentaba tal calidad.

Mencionó que las autoridades judiciales transgredieron los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por
no haber abordado el reparo sobre la «adición del contrato».

Indicó que no son de recibo los argumentos expuestos por la Sección Primera de
esta Corporación para justificar la omisión de la valoración de tal prueba, pues esa
decisión desconoció la naturaleza del proceso de pérdida de investidura. Con
respecto a este punto dijo lo siguiente:

[La Sección Primera del Consejo de Estado desconoce] que la pérdida de
investidura es una acción pública y, [por ende], le exige al juez una mayor
garantía al interés general y a no exigirle tantas formalidades cuando las
acciones legales de tipo electoral las presenten personas naturales que no
tienen los conocimientos técnicos para cumplir las exigencias rigurosas de
los procesos contenciosos administrativos.

Finalmente, insistió en que, si bien el referido hecho fue omitido en la demanda de
desinvestidura, no se puede desconocer que está incorporado en el expediente.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04175-00
Demandante: Nayrobis María Alvarado Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 13 de agosto de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó que se notificara a los magistrados que integran la Sección Primera del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de La Guajira, como parte
demandada, y, como tercero con interés, al señor Daniel Elías Ceballos Brito. Así
mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

2.2. La magistrada María del Pilar Veloza Parra, integrante del Tribunal
Administrativo de La Guajira, pidió que se declarara improcedente la solicitud de
amparo, porque la señora Alvarado Rodríguez pretende revivir discusiones que ya
fueron zanjadas por el juez natural, en el proceso de pérdida de investidura con
radicado 44001-23-40-000-2023-00088-01.

2.3. El magistrado Oswaldo Giraldo López, integrante de la Sección Primera del
Consejo de Estado, solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo
por incumplir los requisitos de la relevancia constitucional y subsidiariedad, bajo
los siguientes argumentos:

En primer lugar, porque la accionante pretende convertir la acción de tutela en
una instancia adicional al referido proceso, pues alegó que no se tuvo en cuenta
el «(…) hecho de la suscripción del contrato adicional (…) 01 al contrato de
prestación de servicios (…) 078 del 29 de marzo de 2022 (…)», sin considerar
que esa circunstancia fue alegada en el recurso de apelación y resuelta en el fallo
cuestionado.

Asimismo, adujo que la señora Alvarado Rodríguez dispone del recurso
extraordinario de revisión, en virtud del numeral 5 del artículo 250 del CPACA y el
artículo 19 de la Ley 1881 de 2018, para controvertir el presente asunto, porque
esta cuestiona que la providencia fue «indebidamente motivada».

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04175-00
Demandante: Nayrobis María Alvarado Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.4. El señor Daniel Elías Ceballos Brito, mediante apoderado judicial, pidió que
se declarara improcedente la solicitud de amparo, entre otras, porque la parte
accionante pretende convertir el proceso de tutela en una tercera instancia del
proceso de pérdida de investidura. Además, mencionó que la actora no acreditó la
transgresión de los derechos fundamentales invocados y tampoco soportó tales
vulneraciones con base en jurisprudencia, pues únicamente se limitó a
enunciarlas, sin explicación alguna.

2.5. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

La Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la
tutela contra providencias judiciales, especialmente el de relevancia constitucional.
De superarse los presupuestos generales, abordará el estudio de fondo con el fin
de establecer si se configuró o no el defecto fáctico atribuido a las sentencias del 8
de febrero de 2024 y del 4 de julio de 2024, dictadas por el Tribunal Administrativo
de La Guajira y la Sección Primera de esta Corporación.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. Inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 4 de julio de 2024 y se notificó el 10 de julio
siguiente, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 9 de agosto de 2024,
esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este término resulta razonable.

2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04175-00
Demandante: Nayrobis María Alvarado Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.1.3. Subsidiariedad: la parte actora interpuso los recursos disponibles dentro del
proceso ordinario, sin que las inconformidades enunciadas en la tutela encuadren
en algunos de los recursos extraordinarios establecidos en la Ley 1437 de 2011.

2.1.4. De la relevancia constitucional: la Sala considera necesario referirse
brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin
de establecer si se cumple o no en el presente asunto.

El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra
la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente8 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el
simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino
porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha
desbordado el alcance de un derecho fundamental.

8
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021,
SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04175-00
Demandante: Nayrobis María Alvarado Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.2. El requisito general de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala observa que la presente solicitud de amparo no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las siguientes razones:

Se pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos
fundamentales en una instancia adicional del proceso de pérdida de investidura.
De la simple comparación entre las razones esgrimidas en la tutela y en el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo del 8 de febrero de 2024, proferido por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, y los propuestos en la demanda de tutela de
la referencia, se evidencia que el defecto en que supuestamente incurrieron las
autoridades judiciales demandadas fue invocado para continuar con el debate
jurídico que ya fue decidido.

En el siguiente cuadro se cotejarán los argumentos expuestos en el proceso
ordinario y las razones que se esgrimieron en la solicitud de amparo, a fin de
ilustrar de mejor manera cómo la parte demandante está utilizando la tutela como
instancia adicional:

Argumentos presentados ante la Sección Argumentos de la demanda de tutela
Primera del Consejo de Estado 9

(….) (…)
Adujo que el tribunal no hizo un estudio de El Tribunal Administrativo de la Guajira y
fondo y completo del problema jurídico el Consejo de Estado solamente
planteado, dado que no tuvo en cuenta que revisaron la fecha de la celebración del
después de que el señor Daniel Elías Contrato No. 078 de 2022 para decir que
Ceballos Brito se posesionó como diputado, existía una inhabilidad posterior a la
el consorcio Transmanaure 2022 celebró el elección, sin analizar que existió un
5 de agosto de 2022 “un contrato adicional contrato adicional que hace parte integral
nro. 1 por valor de ($978.932.220.000), al del mismo contrato inicial, siendo
contrato de prestación de servicios nro. 078 Diputado y accionista de la empresa
de fecha 29 de marzo de 2022, tal y como EXPRESS CARIBE RADIANTE S.A.S.
consta a folio 28 y 29 del cuaderno 1 del quien constituye y hace parte del
radicado 2023 -00088”. Añadió que lo CONSORCIO TRANSMANAURE 2022.

9
Extraídos de la síntesis realizada por dicha autoridad judicial, en el fallo del 4 de julio de
2024.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04175-00
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anterior desvirtuaba lo señalado por el 6. Por lo anterior, no se hizo un estudio
tribunal que solamente revisó la fecha de de fondo al problema jurídico planteado,
celebración del contrato nro. 078 de 2022, ya que el Tribunal de primera instancia y
“sin analizar que se celebró un contrato el Consejo de Estado en segunda, solo
adicional, siendo el demandado accionista se refirieron a la causal de inhabilidad al
de la empresa Express Caribe Radiante momento de celebrar el contrato No. 078
S.A.S., quien constituye y hace parte del de 2022, sin abordar la causal de
consorcio Transmanaure 2022”. incompatibilidad que se origina posterior
a su posesión como Diputado de la
Insistió que el tribunal no estudió de fondo el Guajira, celebrando y gestionando
problema jurídico planteado porque la negocios al hacer parte como accionista
sentencia de primera instancia solo se refirió de la empresa que adiciona el contrato, el
a la causal de inhabilidad frente a la cual, es suscrito por el señor RICARDO
celebración del contrato nro. 078 de 2022, ARTURO PEREZ HOYOS como
“sin abordar la causal de incompatibilidad” representante legal del Consorcio
que se originó de manera posterior a la TRANSMANAURE 2022, designado por
posesión como diputado, “celebrando y el Diputado en su calidad de accionista
gestionando negocios al hacer parte como mayoritario de la empresa EXPRESS
accionista de la empresa que adiciona el CARIBE RADIANTE, como consta en el
contrato, el cual, es suscrito por el señor certificado de existencia y representación
Ricardo Arturo Pérez Hoyos como legal.
representante legal del consorcio
Transmanaure 2022, designado por el propio 7. El demandado sostiene que no se
diputado en su calidad de accionista encuentra en causal de inhabilidad dado
mayoritario de la empresa Express Caribe que: “para la época de la firma del
Radiante”. contrato el señor DANIEL ELIAS
CEBALLOS BRITO, no era representante
Alegó que “la justificación sobre el límite legal de la empresa EXPRESA CARIBE
temporal de las elecciones celebradas en RADIANTE S.A.S., dicha representación
el 2019 no excluye el deber del juez de era ejercida por el señor PEREZ HOYO”,
analizar la prórroga que adicionó el desconociéndose por del Tribunal que el
contrato en agosto de 2022, cuando el demandado continuaba siendo accionista
demandado ya era diputado, de la empresa que constituyó el
encontrándose incurso en una causal de consorcio, persona que designa al
incompatibilidad”. representante legal y quien actúa en su
nombre por ser socio.
Precisó que “a folio 6 de la demanda
podemos observar que también fue 8. Por lo anterior, la justificación sobre el
mencionada en la causal invocada el límite temporal de las elecciones
artículo 34 que señala las celebradas en el 2019 no excluye el
incompatibilidades, por lo que el tribunal deber del Juez de analizar la prórroga
omitió pronunciarse sobre la que adicionó el contrato en agosto de
incompatibilidad que se presentó con la 2022, cuando el demandado ya era
celebración de la adición del contrato nro. Diputado, encontrándose incurso en una
078 de 2022”. causal de incompatibilidad al ejercer el
control político dentro del territorio en
Afirmó que en las pretensiones de la donde se debe ejecutar el mismo,
solicitud de pérdida de investidura “se recibiendo prestaciones económicas por
menciona la violación al régimen de contrataciones estatales siendo diputado,
inhabilidad, pero también el de pues es evidente que el demandado

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incompatibilidades, por lo cual, el tribunal siendo accionista de la empresa que
violó el debido proceso en conexidad con conformó el Consorcio se ha beneficiado
el acceso a la administración de justicia, al económicamente.
omitir resolver el problema jurídico sobre la
adición del contrato nro. 078 cuando el 9. Consideramos que no estamos frente a
demandado ya estaba posesionado como un “hecho inexistente”, como lo señaló el
diputado y era accionista de la empresa demandado en su contestación, al tratar
consorciada contratante”. de justificar que no se celebró contrato un
año antes del 2019, pero sin tener en
Concluyó que “no se tuvo en cuenta que el cuenta que se celebró adición el día 5 de
demandado si bien ya no aparece como agosto de 2022 cuando ya era Diputado
representante legal al momento de la del departamento de la Guajira.
celebración de la adición, continúa siendo (…)
accionista de la empresa consorciada,
incurriendo en causal de incompatibilidad.
No aceptándose la excusa de habérsele
cambiado el representante legal cuando los
socios siguen siendo los mismos o en caso
de haberle (sic) vendido la empresa
Express Caribe Radiante SAS, incurre
igualmente en la causal al realizar
negocios jurídicos siendo diputado, por
ello, es necesario que el Consejo de
Estado en segunda instancia analice en
esta apelación lo relacionado con la adición
del contrato nro. 078 de 2022, pues el
señor Daniel Elías Ceballos Brito se
posesionó como diputado de la Asamblea
de La Guajira el 31 de marzo de 2022 y la
prórroga se da el día 5 de agosto de 2023”.

De lo anterior se aprecia, sin dificultad, que los argumentos que expuso la parte
demandante en el recurso de apelación interpuesto en el proceso de pérdida de
investidura coinciden con los de la solicitud de amparo, sobre todo en lo que
respecta a una supuesta indebida valoración de las pruebas obrantes en el
expediente primigenio.

Cabe anotar que, mediante providencia del 8 de febrero de 2024, el Tribunal
Administrativo de La Guajira negó las pretensiones de la demanda, por las
siguientes razones:

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04175-00
Demandante: Nayrobis María Alvarado Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En relación con los hechos del proceso 2023-00088-00, resaltó que estos no se
adecuaban a la causal consagrada en el numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200
de 2022, dado que para su configuración es necesario que «la gestión de los
negocios [se dé] dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección»,
circunstancia que no ocurrió aquí, pues la contienda electoral se realizó en el año
2019 y la suscripción del contrato10 alegado data del 29 de marzo de 2022, esto
es, por fuera del término señalado.

Resaltó que el señor Ceballos Brito ocupó el cargo de diputado no por el resultado
de la contienda electoral del 2019, sino por la falta absoluta de quien ocupaba la
curul, razón por la cual «si se interpretara en el sentido en que fue alegado por la
actora, llegaríamos al absurdo de señalar que los candidatos que no fueron
elegidos y quedaron dentro del orden de elegibilidad tendrían que abstenerse de
contratar con el Estado por todo el tiempo que dure el período de quien fue
elegido, a la espera de que en el evento de una vacancia absoluta puedan ocupar
el cargo».

En relación con los hechos del proceso 2023-00104-00, la parte denunciante
resaltó que, el 19 de junio de 2019, el señor Ceballos Brito suscribió con la
Organización Internacional Para las Migraciones el referido contrato, razón por la
cual antes de la contienda electoral este se encontraba inhabilitado para participar
como candidato a la Asamblea Departamental de La Guajira.

El Tribunal afirmó que no es de recibo dicho planteamiento para efectos de
acceder a las pretensiones, porque ese organismo no ostenta la calidad de
entidad pública, por lo que esa situación desborda las causales de inhabilidad
consagradas en dicha ley.

10 Se hace referencia al contrato que suscribió el Consorcio Transmanaure 2022 con el Municipio

de Manaure (La Guajira).

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04175-00
Demandante: Nayrobis María Alvarado Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Los argumentos de la apelación fueron analizados y resueltos en sentencia del 4
de julio de 2024, en la que la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la
decisión apelada. Para tal efecto, se ocupó de analizar la aplicación del principio
de congruencia en los procesos de pérdida de investidura y los acápites de las
pretensiones, de los hechos, de los fundamentos jurídicos y de la acreditación de
la causal desarrollados en el escrito, la cual le permitió concluir lo siguiente:

Adujo que, principalmente, la demanda se fundamentó en que el señor Ceballos
Brito incurrió en las referidas causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas
en los artículos 48, numeral, 33 y 34 de la Ley 617 de 2000, así como la del
numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, porque el Consorcio
Transmanaure 2022 suscribió el 29 de marzo de 2022 el contrato 078 de 2022 con
el Municipio de Manaure ( La Guajira), esto es, «dos días antes de la elección de
la referida persona como diputado del Departamento de La Guajira».

En ese sentido, advirtió que el hecho alegado en el recurso de apelación y que
supuestamente fue ignorado por el Tribunal no fue reprochado en el acápite de los
hechos del escrito de desinvestidura11. Además, adujo que, aunque el contrato
adicional 01 al contrato 078 de 2022 sí obraba en el expediente de pérdida de
investidura, lo cierto es que no se mencionó que dicho supuesto configuraba
alguna causal de desinvestidura.

Resaltó que esa Sala no desconoció que, en el acápite de las pretensiones, la hoy
accionante se refirió a que el señor Ceballos Brito incurrió en las causales
previstas en los artículos 33 y 34 de la Ley 617 de 2000; sin embargo, estas se
fundamentaron en la suscripción del contrato 078 de 2022, sin incluir el contrato
adicional 01, razón por la cual no era procedente que el Tribunal abordara el caso

11 Según lo expuesto en el recurso de apelación, el Tribunal no analizó el contrato adicional 01 al

contrato 078 de 2022, que demuestra que el acusado sí incurrió en la causal de incompatibilidad
prevista en el artículo 34 de la Ley 617 de 2000.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04175-00
Demandante: Nayrobis María Alvarado Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

bajo estudio en los términos planteados en el recurso de apelación, pues, insistió,
no fueron alegados en el escrito inicial.

Finalmente, indicó que no era de recibo la solicitud de la parte hoy accionante
respecto a que se analizará el hecho referido en esa instancia, porque ese
supuesto no fue presentado en el escrito de desinvestidura y la segunda instancia
no era la oportunidad procesal para adicionar las circunstancias omitidas en la
solicitud.

Se evidencia, entonces que, una vez revisado cada reparo del recurso de
apelación e, incluso, las pruebas obrantes en el expediente de pérdida de
investidura, la Sección Primera de esta Corporación concluyó razonablemente que
el recurso de apelación no puede ser utilizado para incorporar hechos que no
fueron alegados en la demanda.

De igual modo, la parte demandante no revela ni se acredita que las conclusiones
de la autoridad judicial accionada sean abiertamente antagónicas, contrastadas
objetivamente con los elementos de prueba, sino que hace una interpretación
propia para enarbolar una teoría y una conclusión diferentes a la del fallo atacado,
pero sin acreditar que la decisión se adoptó con total desconocimiento de las
pruebas arrimadas.

De hecho, la propia actora coincide en que esa circunstancia no se reprochó en el
desarrollo del escrito de desinvestidura; sin embargo, discrepa de la forma como la
referida autoridad judicial adoptó la decisión, pues, según ella, esta debió (i)
analizar esa prueba, pese a que no se mencionó en los hechos y (ii) tener en
cuenta que la pérdida de investidura es una «acción pública» y, por ende, el juez
natural deberá flexibilizar las formalidades del asunto, pues las personas que
ejercen el referido mecanismo carecen de «conocimientos técnicos».

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04175-00
Demandante: Nayrobis María Alvarado Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Sobre el asunto, la Corte Constitucional12 ha expresado que el principio de
congruencia exige que la sentencia deberá resolver cada reparo presentado en los
hechos y en las pretensiones consagradas en la demanda. Asimismo, mencionó
que ese principio garantiza también el derecho fundamental al debido proceso,
dado que:

[E]l juez sólo se pronunciará respecto de lo discutido y no fallará ni extra
petita, ni ultra petita, porque en todo caso, la decisión se tomará de
acuerdo [con] las pretensiones y excepciones probadas a lo largo del
desarrollo del proceso. Esto, además, garantiza el derecho a la defensa de
las partes, puesto durante el debate podrán ejercer los mecanismos que la
ley ha establecido para ello en los términos adecuados.

Asimismo, tal como lo advirtió la autoridad judicial accionada, en los procesos de
pérdida de investidura, la Sección Primera de esta Corporación ha dicho que el
principio de congruencia se rige por los siguientes parámetros13: (i) la congruencia
supone la identidad de la providencia que resuelve la solicitud de pérdida de
investidura con la acusación planteada; (ii) la congruencia impone resolver todos
los cargos planteados en la solicitud de desinvestidura; (iii) la congruencia impide
al juez de la pérdida de investidura emprender estudios de fondo respecto de
cargos indebidamente fundados y (iv) el juez no podrá modificar los hechos,
cargos y pretensiones elevadas por el demandante.

En ese sentido, contrario a la tesis de la parte accionante, el estudio de la pérdida
de investidura de los ciudadanos que ostentan las calidades previstas en las
respectivas leyes exige un mayor rigor en el cumplimiento de las garantías del
derecho fundamental al debido proceso, pues el resultado de ese estudio podría
limitarle los derechos políticos consagrados en los artículos 40 y 98 de la
Constitución Política14.

12 Ver, entre otras, la Sentencia T-455 de 2016.
13 Ver la sentencia del 17 de septiembre de 2019, proferida por la Sala Plena del Consejo de
Estado. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (rad. 11001-03-15-000-2019-01598-01).
14 Ver Sentencia del 14 de marzo de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes (rad. 76001-23-33-000-2023-00734-01).

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04175-00
Demandante: Nayrobis María Alvarado Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

La Sala advierte que la providencia cuestionada no es arbitraria, ni caprichosa,
sino que estuvo precedida de un análisis integral, razonado y conjunto de las
pruebas que obraban en el expediente. Se reitera que la acción de tutela no puede
convertirse en el único y el preferido medio de la parte que pierde el pleito u
obtiene una decisión contraria a sus intereses, para que se revise la decisión
como si se tratara de una instancia adicional. Ello atenta contra las reglas
previstas por el legislador quien dentro de su margen de configuración normativa
elige y decide las instancias ordinarias que deben impartirse a un proceso.
Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional de todos
los procesos judiciales no solo le resta vigor a este mecanismo de amparo
constitucional, sino que termina por desconocer los principios de autonomía
judicial y del juez natural15.

Que la parte actora esté inconforme con el raciocinio utilizado por la autoridad
judicial accionada no es un hecho que concierna al juez constitucional, pues por la
forma en que se presentaron los argumentos queda claro que la demanda se
contrae a un desacuerdo con el razonamiento de la autoridad judicial accionada y
una reiteración de los cargos del recurso de apelación, circunstancia que no
justifica la intervención del juez de tutela, porque lo pretendido, se insiste, es
revivir un debate que ya se clausuró, a fin de obtener a toda costa una alternativa
de decisión en la que se resuelva favorablemente su visión del litigio y,
compártase o no la decisión de los jueces naturales, la Sala no advierte que sus
conclusiones se tornen irracionales, absurdas o caprichosas.

Por todo lo anterior, se declarará improcedente la acción de tutela, por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de

febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04175-00
Demandante: Nayrobis María Alvarado Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la
señora Nayrobis María Alvarado Rodríguez contra la Sección Primera del Consejo
de Estado y el Tribunal Administrativo de La Guajira, de conformidad con lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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