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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04188-01

Fecha
26 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04188-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 26 de septiembre de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado que negó la solicitud de declarar la cosa juzgada constitucional y declaró la improcedencia de la acción. 7 Radicado: 11001-03-15-000-2024-04188-01 Accionante: José Mauricio Giraldo Montoya Confirma la decisión de primera instancia SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04188-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

26 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04188-01
Accionante: José Mauricio Giraldo Montoya
Confirma la decisión de primera instancia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04188-01
Accionante: José Mauricio Giraldo Montoya
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso disciplinario / Se confirma la
improcedencia por incumplimiento del requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia del
26 de septiembre de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
que declaró la improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de
inmediatez. El actor cuestiona el fallo disciplinario del 2 de marzo de 2022, dictado
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso disciplinario con
radicado No. 05001-11-02-000-2016-01889-00/01.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 12 de agosto de 2024, José Mauricio Giraldo Montoya interpuso, en nombre
propio, una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Consideró que sus derechos fueron vulnerados con el fallo disciplinario proferido por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 2 de marzo de 2022 dentro del proceso
disciplinario con radicado No. 05001-11-02-000-2016-01889-00/01. Por medio de

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04188-01
Accionante: José Mauricio Giraldo Montoya
Confirma la decisión de primera instancia

esa providencia, la autoridad cuestionada resolvió: (i) absolver al accionante de la
prohibición establecida en el numeral 6 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996; (ii)
confirmar la responsabilidad disciplinaria por vulnerar el deber descrito en el numeral
1 del artículo 153 ibidem, en concordancia con lo previsto en los artículo 2, 6, 44,
122, 124, 228 de la Constitución Política, 1 y 175 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, e incurrir en las faltas gravísimas determinadas en los
numerales 17 y 18 del artículo 48, en concordancia con los artículos 40 y 76 del
Código Disciplinario Único, a título de dolo; y (iii) lo sancionó con destitución e
inhabilidad por el término de 10 años.

2.- Como pretensiones, el accionante formuló las siguientes (se transcribe):

<< PRIMERO.
Amparar los derechos constitucionales fundamentales de la igualdad, el
debido proceso, el principio de favorabilidad, el acceso a la administración de
justicia y a una pronta y cumplida administración de justicia, por haber
incurrido en vía de hecho por los siguientes defectos : defecto orgánico,
defecto material o sustantivo, defecto factico, por desconocimiento del
precedente constitucional, error factico, cuando el día 2 de Marzo del 2022, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial MP María Victoria Acosta Walteros,
profirió sentencia de segunda instancia dentro del trámite del proceso
disciplinario tramitado en contra del suscrito en primera instancia ante la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia.

SEGUNDO.
En consecuencia, se deje sin efecto la sentencia proferida en segunda
instancia, el día 2 de Marzo del 2022, por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial MP María Victoria Acosta Walteros, dentro del trámite del proceso
disciplinario tramitado en contra del suscrito en primera instancia ante la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia.

TERCERO.
Con el fin de restablecer los derechos constitucionales fundamentales
vulnerados al suscrito, se sirva ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, MP Magda Victoria Acosta Walteros, se profiera nueva sentencia de
segunda instancia, atendiendo lo probado y dispuesto en el fallo de tutela, que
atienda la presente petición constitucional.

CUARTO.
Se ordene el reintegro de José Mauricio Giraldo Montoya, al cargo de Juez
Segundo Civil del Circuito de Bello en propiedad.

QUINTO.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04188-01
Accionante: José Mauricio Giraldo Montoya
Confirma la decisión de primera instancia

Se ordene al Tribunal Superior de Medellín, reintegrar al cargo de Juez
Segundo Civil del Circuito de Bello en propiedad al señor, José Mauricio
Giraldo Montoya. Esta orden se debe cumplir de manera inmediata una vez
efectuada la notificación de esta providencia a la citada Corporación.

SEXTO.
Se ordene a la Dirección de Administración Judicial de Antioquia, el pago de
los salarios, primas de servicios, vacaciones, bonificaciones, cesantías y todos
los conceptos laborales, dejados de percibir, por el señor, José Mauricio
Giraldo Montoya, como Juez Segundo Civil del Circuito de Bello, desde el día
25 de Marzo del 2022 y la fecha de reintegro.

SÉPTIMO.
Se ordene a la Dirección de Administración Judicial de Antioquia, que se
pague las cotizaciones por concepto de seguridad social a saber : salud,
pensiones y riesgos profesionales causados desde el día 25 de Marzo del
2022 y hasta la fecha el reintegro efectivo del suscrito al cargo de Juez
Segundo Civil del Circuito Bello.>>.

B. Hechos

3.- El accionante se desempeñó en los siguientes cargos: (i) juez promiscuo
municipal de Olaya, Antioquia, desde el 15 de noviembre del 2001 hasta el 13 de
octubre de 2002; (ii) juez civil del circuito de Apartadó, Antioquia, desde el 14 de
octubre de 2002 hasta el 14 de octubre de 2010; y, finalmente, (iii) juez segundo civil
del circuito de Bello, Antioquia, desde el 15 de octubre de 2010 hasta el 25 de marzo
de 2022.

3.1.- El 2 de marzo del 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial profirió
sentencia de segunda instancia dentro del proceso disciplinario con radicado 05001-
11-02-000-2016-01889-00/01 –tramitado en contra del accionante–. En esa
providencia, la autoridad accionada modificó la decisión proferida el 31 de enero de
2018 por la –entonces– Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia, y, en su lugar: (i) absolvió al accionante de la prohibición del
numeral 6o del artículo 154 de la Ley 270 de 1996; (ii) confirmó la responsabilidad
disciplinaria del accionante, por vulnerar el deber descrito en el artículo 153.1 de la
Ley 270 de 1996; y (iii) impuso como sanción definitiva la destitución e inhabilidad
general por el término de 10 años.

3.2.- La anterior decisión fue notificada al accionante por correo electrónico el 15 de
marzo de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04188-01
Accionante: José Mauricio Giraldo Montoya
Confirma la decisión de primera instancia

3.3.- El 23 de marzo del 2022, en cumplimiento de la sentencia del 2 de marzo del
2022, la sala plena del Tribunal Superior de Medellín dispuso la destitución inmediata
del accionante como juez segundo civil del circuito de Bello.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante indica que la providencia cuestionada incurrió en los siguientes
defectos: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto
sustantivo, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente judicial.

4.1.- Los argumentos que presenta para sustentar la configuración de los distintos
defectos que alega están relacionados con el desconocimiento de <<la aplicación del
tránsito de legislación de la ley disciplinaria y el principio de favorabilidad>>. El
accionante considera que la autoridad accionada, a través de la decisión objeto de
la acción de tutela, vulneró sus derechos fundamentales de <<igualdad, debido
proceso, principio de favorabilidad, acceso a la administración de justicia y a una
pronta y cumplida administración de justicia>>.

4.2.- El actor se refiere a otros fallos disciplinarios en los que la autoridad accionada
sí incluyó un estudio de la prescripción extintiva de la acción disciplinaria y alega que
se tratan de casos similares al suyo en los que se falló de manera diferente, por lo
que se vulneró su derecho a la igualdad. Afirma que, aunque las decisiones fueron
también proferidas el 2 de marzo de 2022, solo las conoció el 4 de junio de 2024.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia (tercero con interés)
remitió copia digital del expediente del proceso disciplinario con radicado No. 05001-
11-02-000-2016-01889-00/01, pero no rindió informe.

6.- La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (accionada), mediante informe
rendido por la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, solicitó que se declarara
la existencia de cosa juzgada constitucional –porque el accionante ya había
presentado dos tutelas similares a la presente acción– o que se declarara la
improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de subsidiariedad y de
inmediatez. De manera subsidiaria, solicitó que se denegara el amparo por ausencia
de vulneración a los derechos fundamentales invocados.

7.- El accionante, después de ingresado el expediente al despacho de primera
instancia para proferir sentencia, presentó un memorial en el que expuso
<<aclaraciones respecto de la respuesta a la acción de tutela, presentada por la

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Accionante: José Mauricio Giraldo Montoya
Confirma la decisión de primera instancia

magistrada, Magda Victoria Acosta Walteros>>. Sostuvo que no se configuró la cosa
juzgada constitucional respecto de las acciones de tutela que había presentado
antes, pues una estaba dirigida a otra autoridad accionada y la otra estaba basada
en otros hechos y con ella no pretendía –como lo hace ahora– el amparo de su
derecho fundamental a la igualdad. Sobre el incumplimiento del requisito de
inmediatez, indicó que en la presente acción de tutela se refiere a nuevos hechos,
por lo cual <<el principio de la inmediatez se debe contar desde el conocimiento de
esos hechos y no de la fecha, en que se profirió la providencia judicial>>.

E. Fallo impugnado

8.- Mediante providencia del 26 de septiembre de 2024, la Sección Primera del
Consejo de Estado negó la solicitud de declarar la cosa juzgada constitucional,
elevada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y declaró improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez.

8.1.- El a quo sostuvo que no se había configurado la cosa juzgada constitucional
respecto de las acciones de tutela identificadas con los radicados No. 11001-03-15-
000-2022-01797-00/01 y 11001-03-15-000-2023-05062-00/01. En relación con la
primera, determinó que si bien había identidad de partes, las pretensiones de la
acción eran distintas, pues en la presente acción de tutela el accionante alega la
vulneración de su derecho fundamental a la igualdad, y en aquella, no. Sobre la
segunda, determinó que no había identidad de partes, pues esa acción de tutela
estaba dirigida contra una autoridad diferente, a saber: la Subsección B de la Sección
Segunda y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

8.2.- En cuanto a la improcedencia de la acción, el a quo determinó que la sentencia
objeto de la acción de tutela fue proferida el 2 de marzo de 2022 y notificada el 15 de
marzo de 2022, mientras que la acción de tutela fue presentada el 12 de agosto de
2024. En ese sentido, transcurrieron más de dos años entre la notificación de la
providencia y la interposición de la acción, por lo cual se superó el término razonable
dispuesto para presentar la acción de tutela en cumplimiento del requisito de
inmediatez. Sostuvo que la afirmación de haber conocido los otros fallos
disciplinarios el 4 de junio de 2024 <<no justifica la tardanza en la presentación de la
solicitud de amparo, debido a que el mismo 2 de marzo de 2022 se profirieron tanto
la sentencia aquí atacada como las providencias que alega se dictaron en otros
procesos disciplinarios>> y que, en todo caso, ello no implica la ocurrencia de un
hecho nuevo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04188-01
Accionante: José Mauricio Giraldo Montoya
Confirma la decisión de primera instancia

F. Impugnación

9.- Mediante escrito radicado el 11 de octubre de 2024, el accionante impugna la
sentencia del 26 de septiembre de 2024. Manifiesta que la declaración del
incumplimiento del requisito de inmediatez se apoyó en la sentencia de unificación
del 5 de agosto del 2014 (radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01), lo cual no era
posible porque esa providencia: (i) fue proferida hace más de 10 años y (ii) solo es
aplicable a las providencias proferidas por el Consejo de Estado.

9.1.- Sostiene que <<el término de 6 meses, invocado por su Señoría, no es un
término perentorio y el que término para determinar la ocurrencia del principio de la
inmediatez, se debe analizar en cada caso concreto>>. Además, argumenta que la
vulneración a sus derechos es permanente en el tiempo.

9.2.- Afirma que la sentencia del 31 de enero de 2024 –proferida en segunda
instancia en una investigación disciplinaria contra el juez promiscuo municipal de
Guamal, Meta– unificó la jurisprudencia disciplinaria en relación con la prescripción
de la acción y que ello constituye un hecho nuevo que lo motivó a presentar la acción
de tutela. Finalmente, se refirió a sentencias de la Comision Nacional de Disciplina
Judicial en las cuales –en criterio del accionante– sí se analizó la prescripción de la
acción disciplinaria.

II. CONSIDERACIONES

10.- Estudiada la solicitud de amparo y el escrito de impugnación, la sala confirmará
la decisión de primera instancia por no encontrar satisfecho el requisito de
inmediatez.

G. Incumplimiento del requisito general de inmediatez

11.- La sala declarará la improcedencia de la acción de tutela porque esta no cumplió
con el requisito de inmediatez, el cual ha sido establecido jurisprudencialmente en
un término de seis meses cuando se trata de tutelas contra providencias judiciales1.

11.1.- La sala advierte que la providencia que puso fin al proceso disciplinario fue
proferida el 2 de marzo de 2022 y se notificó mediante correo electrónico el 15 de
marzo de 2022. Por lo tanto, el término de inmediatez corrió entre 18 de marzo de
2022 y el 20 de septiembre de 2022.

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Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
11001-03-15-000-2012-02201-01. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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11.2.- El término de seis meses para presentar la acción de tutela contra una
providencia judicial inicia a partir de la notificación de la decisión objeto de reproche,
pues a partir de ese momento cabe inferir que los interesados conocen su contenido.
Así, teniendo en cuenta que la acción de tutela se presentó el 12 de agosto de 2024,
se advierte que transcurrió un término superior a seis meses entre la notificación del
fallo y la interposición de la solicitud de amparo. Es decir, se superó el término
previsto en la jurisprudencia.

11.3.- Sumado a lo anterior, no se demostró una situación especial que permita
flexibilizar o inaplicar ese término. Si bien en el escrito de tutela el accionante adujo
que (i) solo hasta el 4 de junio de 2024 tuvo conocimiento de los fallos disciplinarios
en virtud de los cuales alega la vulneración de su derecho fundamental a la igualdad,
lo cual constituyó un nuevo hecho, y (ii) la decisión objeto de reproche <<constituye
una vulneración permanente desde el citado día y hasta la fecha, a pesar de haber
transcurrido más de dos años, esa situación es continua y actual, porque esa
situación no se sanea con el tiempo y mucho menos, por los efectos que me ha
causado>>, en este caso no acreditó la imposibilidad para interponer la acción
oportunamente y el hecho de que la decisión siga produciendo efectos no implica
que la pueda interponer después de los plazos establecidos, más aún si la conoce
desde hace dos años.

11.4.- Si bien no se desconoce que el término de 6 meses señalados por la
jurisprudencia de esta corporación para estudiar el cumplimiento del requisito de
inmediatez puede variar, la sala considera que en este caso no se advierte ninguna
circunstancia que permita flexibilizar dicho término. Como lo sostiene el juez de
primera instancia, el conocimiento de las nuevas providencias no constituye un hecho
nuevo, especialmente porque las providencias a las que se refiere también fueron
proferidas el 2 de marzo de 2022.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 26 de
septiembre de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado que negó la
solicitud de declarar la cosa juzgada constitucional y declaró la improcedencia de la
acción.

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Accionante: José Mauricio Giraldo Montoya
Confirma la decisión de primera instancia

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de esta
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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