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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04191-00

Fecha
6 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04191-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por José Arley Rodríguez Perdomo en contra de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander, por carencia actual de objeto, en atención a lo consignado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04191-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

6 de septiembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04191-00
Accionante: José Arley Rodríguez Perdomo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., seis (06) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-04191-00
Accionante: José Arley Rodríguez Perdomo
Accionado: Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acceso a la administración de justicia.
Subtema 1: Carencia actual de objeto por hechos superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide en primera instancia la acción de tutela incoada por José Arley
Rodríguez Perdomo, en contra de la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Santander.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela.

José Arley Rodríguez Perdomo presentó escrito en el que solicitó el amparo de los
derechos fundamentales a la dignidad humana, de acceso a la administración de
justicia, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la vida, a la seguridad social,
al mínimo vital, a la salud y a una vejez digna, que consideró vulnerados por la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander, por no adelantar el trámite de
liquidación de costas y agencias en derecho, de conformidad con la condena [en
costas] impuesta por e la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en
el ordinal octavo (8°) de la parte resolutiva de la sentencia del 16 de febrero de 2023,
proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
núm. 68001-23-33-000-2018-00726-01.

1.2. Hechos probados del proceso ordinario.

De lo narrado por la parte accionante en el escrito de tutela y las pruebas allegadas al
expediente, la Sala resume los siguientes:

La Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia del 16 de febrero de
2023 con la que revocó el fallo del 16 de septiembre de 2019 del Tribunal
Administrativo de Santander, y en su lugar, condenó a Colpensiones a reconocer y
pagar a su favor una pensión de jubilación. Además, en el numeral octavo (8) de la
parte resolutiva impuso a dicha entidad el pago de costas y agencias en derecho.

El actor solicitó a la administradora de pensiones el cumplimiento decisión judicial, sin
embargo, recibió oficio de rechazo con el argumento de estar incompleta, por la falta
del auto que decida sobre la aprobación de la liquidación de costas.

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Accionante: José Arley Rodríguez Perdomo

En consecuencia, solicitó a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander
adelantar el trámite referente a las costas, sin embargo, para el momento en que
radicó la solicitud de amparo existía ninguna actuación al respecto.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela.

1.3.1. El actor solicitó se amparen sus derechos fundamentales, y se ordene a la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander “la expedición del auto que liquida
y aprueba las costas y agencias en derecho” (sic).

1.3.2. Como fundamentos de la acción de tutela, el actor indicó que, aunque su
derecho pensional fue reconocido a través de la sentencia del 16 de febrero de 2023,
el pago de la mesada pensional no se ha materializado dado que Colpensiones
rechazó la solicitud de cumplimiento por la falta del auto que apruebe la liquidación de
costas, y pese a que presentó la solicitud respectiva ante al accionado, no ha
adelantado ninguna actuación.

1.4. Trámite de tutela e intervenciones.

1.4.1. El Despacho del magistrado ponente, mediante auto del 13 de agosto de 20241,
admitió la acción de tutela, y, vinculó como terceros con interés al Tribunal
Administrativo de Santander, a la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, y a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

1.4.2. El Tribunal Administrativo de Santander2, a través del titular del despacho
que tiene cargo el proceso con radicado 680012333000-2018-00726-00, remitió el link
del expediente digital e informó el trámite que impartió para lo cual destacó las
siguientes actuaciones i) recibió el expediente proveniente del Consejo de Estado el
día 16 de febrero de 2023; ii) el 16 de abril de 2024 dictó el auto que dispuso obedecer
y cumplir lo resuelto en la sentencia de segunda instancia; iii) fijó el monto de agencias
en derecho en ambas instancias con auto del 13 de agosto de 2024, y el 21 de agosto
siguiente lo remitió el proceso al profesional contable para la liquidación respectiva; iv)
finalmente, a través de providencia del 22 de agosto de 2024 aprobó la liquidación de
costas y agencias en derecho.

A partir de lo anterior, consideró que no existe conducta transgresora de los derechos
fundamentales del actor, y solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado.

1.4.3. Colpensiones3, solicitó se declare improcedente la acción de tutela, dado que
la solicitud de cumplimiento que presentó el actor se encuentra en trámite y en caso
de encontrar algún desacuerdo con la decisión administrativa que se adopte debe
agotar todos los mecanismos administrativos y judiciales ordinarios.

1.4.4. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander y la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado guardaron silencio.

1 Índice 0005 del aplicativo SAMAI.
2Índice 00011 del aplicativo Samai, archivo identificado con el certificado 0808A565D4B7A603
0578746FBAD03C27 B842DC309891FBDF 29EB4C8E133C7D6A
3Índice 00010 del aplicativo SAMAI, archivo electrónico con certificado
D16C53BCEE0FA4F8 87E4B514BA468D23 0261EF939A3CB2C5 3B0FC4FB815F670D

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Accionante: José Arley Rodríguez Perdomo

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los
casos que establece la ley4.

2.3. Caso concreto.

De la revisión del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
680012333000-2018-00726-00 remitido por el Tribunal Administrativo de Santander5,
la Sala encuentra que con auto del 14 de agosto de 20246 el despacho a cargo del
proceso fijó el monto de las agencias en derecho de primera y segunda instancia; el
21 de agosto siguiente el profesional contable adscrito a dicha corporación liquidó las
costas7; y finalmente, a través de auto del 22 de agosto del presente año el despacho
aprobó la liquidación8.

El auto del 22 de agosto de 2024 fue notificado por estados del 26 de agosto del
presente año9 y el mismo día, por conducto de la secretaría del tribunal se remitió la
notificación al buzón elmerjaime1790@hotmail.es cuyo titular es el apoderado de José
Arley Rodríguez Perdomo en el proceso ordinario.

La Corte Constitucional ha reiterado que “ante la alteración o la desaparición de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales
objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial”10.

4 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como

intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y
contenido que el Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial
en él contemplada, además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la
protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos,
siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho contemplados en la ley”.
5 Índice 0011 Samai.
6 Índice 0069 Samai del proceso con radicado 680012333000-2018-00726-00.
7 Índice 0074 Samai del proceso con radicado 680012333000-2018-00726-00.
8 Índice 0076 Samai del proceso con radicado 680012333000-2018-00726-00.
9 Índice 0080 Samai del proceso con radicado 680012333000-2018-00726-00
10 Corte Constitucional, sentencias T-001 de 1996, T-411 de 1999, T-988 de 2002, T-066 de 2007 y T-

192 de 2008: “[…] la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla,
encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado
intentara la acción, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda
posibilidad de amenaza o de daño a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de éstos la
justificación y el propósito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso
concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en relación
con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la
sentencia, no existen o, cuando menos, presentan características totalmente diferentes a las iniciales”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04191-00
Accionante: José Arley Rodríguez Perdomo

Una de las hipótesis en las que se puede dar lo anterior ocurre “cuando entre el
momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como
consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos
fundamentales alegada por el accionante”11.

Las actuaciones que acreditó el Tribunal Administrativo de Santander demuestran que,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el
accionante, se adelantó el trámite de liquidación de costas que culminó con el auto del
22 de agosto de 2024 a través del cual se impartió la aprobación; además, la decisión
fue notificada al actor.

En consecuencia, se denota la ocurrencia de un hecho superado, en la medida que la
actuación se presentó después de la interposición de la acción de tutela y antes de que
se profiriera fallo de primera instancia, y en este orden, al dictar la decisión que el actor
echaba de menos desparecieron las circunstancias en las que sustentó la vulneración
de sus derechos fundamentales, por lo que la solicitud de amparo ha perdido su razón
de ser como mecanismo extraordinario de protección judicial, y cualquier orden que
profiera el juez de tutela resultaría inane.

Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por carencia
actual de objeto por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por José
Arley Rodríguez Perdomo en contra de la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Santander, por carencia actual de objeto, en atención a lo consignado en la parte
motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SFGS

11 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 2019.

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