Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04193-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04193-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04193-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
4 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (04) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04193-01
Accionante: Rafael Juan Diego Donado Henríquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
CONFIRMA - Improcedencia / falta de legitimación en la causa por activa.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 18 de noviembre de 2024, por el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección C, mediante la cual se declaró improcedente el amparo
solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 12 de agosto de 2024, el señor Rafael Juan Diego Donado Henríquez, a través
de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Juzgado Catorce
Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y seguridad jurídica. Consideró que dichas prerrogativas
fueron vulneradas con la expedición de los autos de 6 de febrero de 2023 y 6 de
febrero de 20241, dictados al interior del proceso de reparación directa2 que promovió
el señor Rafael Tobías Donado Osorio contra la Superintendencia de Notariado y
Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla.
2.
El propósito de dicho medio de control era obtener la declaración de
responsabilidad extracontractual de la administración con ocasión al daño causado
por la falla del servicio en el registro público, al no efectuar oportunamente la
anulación de los folios de matrícula inmobiliaria 040-121273 y 040-121274, respecto
de los cuales el señor Donado Osorio generó la expectativa de adelantar un embargo
para poder recuperar el dinero entregado a través de contrato de gestión o mandato
a la firma Global Brokers Asociados S.A. que aparecía como propietaria de los
referidos inmuebles.
1 Según la información visible en el aplicativo SAMAI, se notificó el 14 de febrero de 2024.
2 Radicado 08-001-33-33-014-2021-00058-00/01. Adecuado a nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04193-01
Accionante: Rafael Juan Diego Donado Henríquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
3. La demanda correspondió al Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla,
quien a través de auto del 19 de agosto de 2021, procedió a su admisión. La
Superintendencia de Notariado y Registro propuso la excepción de indebida
escogencia del medio de control.
4. En auto del 6 de febrero de 2023 el Juzgado resolvió declarar no probada dicha
excepción; no obstante, adecuó el asunto del medio de control de reparación directa
a nulidad y restablecimiento del derecho y, declaró la terminación del proceso, al
constatar que la parte actora no acreditó el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad consagrados en el numeral 2° del artículo 161 del CPACA, relativo al
ejercicio de los recursos obligatorios en sede administrativa.
5.El juez consideró que el daño alegado por la parte demandante surgió de un acto
administrativo de contenido particular y concreto, específicamente, la Resolución
00106 del 24 de julio de 2019 proferida por el Registrador Principal de Instrumentos
Públicos del Círculo de Barranquilla, por medio de la cual se dejaron sin efectos las
anotaciones 26 de la matrícula inmobiliaria 040-121273, el registro 14 de la 040-
121274 y el cierre definitivo de las mismas, que inscribían el embargo del señor
Donado.
6. En contra de la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación. El Juzgado, a través de auto del 2 de mayo de
2023 decidió no reponer, y concedió el recurso de apelación.
7.
El Tribunal Administrativo del Atlántico en providencia del 6 de febrero de 2024
confirmó la decisión de primera instancia, pues estimó que de la lectura integral de
la demanda y los anexos se advertía que la inconformidad de la parte actora radicaba
en que al haberse cerrado las matrículas inmobiliarias 040-121273 y 040-121274,
mediante la Resolución 00106 de 2019, anulándose las inscripciones de embargo,
le imposibilitaba perseguir el cumplimiento de sus obligaciones, por lo menos a través
de esos inmuebles.
8.
Consideró que como el daño reclamado se materializó con la Resolución que
resolvió la actuación administrativa, el medio de control procedente era el de nulidad
y restablecimiento del derecho; quedando el actor en la obligación de cumplir los
requisitos y formas establecidos para el ejercicio de éste, entre ellos, interponer el
recurso de apelación contra el acto administrativo.
9. La parte actora manifestó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
un defecto sustantivo, al desconocer el verdadero sentido de la norma aplicable al
caso, sin efectuar una interpretación sistemática al momento de declarar la
terminación de aquel, cercenando al accionante su derecho a un trámite procesal
adecuado a sus pretensiones.
10. Del mismo modo, adujo que se configuró un defecto procedimental, por cuanto
las providencias cuestionadas no se ajustaron a lo establecido en el artículo 171 de
la Ley 1437 de 2011, como tampoco al precedente contencioso administrativo
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04193-01
Accionante: Rafael Juan Diego Donado Henríquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
relacionado con la adecuación del medio de control, porque no se tuvo en cuenta el
origen del perjuicio alegado y fin pretendido.
B. Sentencia de primera instancia
11.
En fallo de 18 noviembre de 2024, la Sección Tercera – Subsección C del Consejo
de Estado declaró improcedente el amparo solicitado, en la medida en que el asunto
no superaba el requisito general de relevancia constitucional, pues el actor pretendía
convertir esta acción en una instancia adicional al proceso ordinario, ya que el escrito
estaba dirigido a que nuevamente se valoraran los argumentos ya resueltos por el
Tribunal Administrativo del Atlántico; los cuales se circunscribían a una discusión
frente a la interpretación dada al origen del perjuicio alegado, a fin de determinar el
medio de control aplicable, sin presentar argumentos con relevancia constitucional
que permitieran entrar al análisis de fondo, más allá de su inconformidad con la
decisión adoptada por el juez natural.
C. La impugnación
12.
En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación, en la
cual indicó lo siguiente: “YUDY ZAMIRA HENAO GUTIÉRREZ, en mi condición de
apoderada judicial del señor RAFAEL JUAN DIEGO DONADO HENRIQUEZ, por
medio del presente escrito me dirijo a su honorable despacho con el debido respeto
con el fin de comunicarle que IMPUGNO el fallo de primera instancia de la acción de
tutela de fecha 18 de noviembre de 2024, notificado por correo electrónico el día 13
de enero de 2025”.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
13.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19913.
E. Cuestión previa
14.
Antes de dictarse la presente decisión, el despacho ponente consideró pertinente
hacer un requerimiento al Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla y al
Tribunal Administrativo del Atlántico con el fin de verificar la integridad del expediente
allegado en préstamo. Por lo que mediante auto de 10 de marzo del 2025 se les
solicitó informar si en el proceso reposaba el poder otorgado por el señor Rafael
Tobías Donado Osorio (padre del accionante) a la abogada Yudy Zamira Henao
Gutiérrez, que la facultaba para actuar en su representación en la demanda de
reparación directa adecuada a nulidad y restablecimiento del derecho; así como
remitir -si existía-, la providencia judicial donde se reconociera al señor Rafael Juan
3 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Accionante: Rafael Juan Diego Donado Henríquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Diego Donado Henríquez (ahora accionante) como parte o interviniente del señalado
asunto o, sucesor procesal del señor Rafael Tobías Donado Osorio.
15.
En respuesta a dicho requerimiento, el Juzgado Catorce Administrativo de
Barranquilla informó que el poder que reposaba en el expediente era el otorgado por
Rafael Juan Diego Donado Henríquez a la abogada Yudy Zamira Henao Gutiérrez.
No obstante, también adujo que dentro del referido medio de control no se ha
proferido providencia donde se hubiere reconocido a Rafael Juan Diego Donado
Henríquez como parte o interviniente del mismo, ni como sucesor procesal del señor
Rafael Tobías Donado Osorio, como quiera que no reposa solicitud en ese sentido.
16.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Atlántico indicó que no profirió una
providencia donde reconozca a Rafael Juan Diego Donado Henríquez como parte,
interviniente o sucesor procesal del señor Rafael Tobías Donado Osorio. Además,
que, una vez verificado el memorial de la demanda, observaba que en la misma se
relacionaba como parte demandante de forma exclusiva a Rafael Tobías Donado
Osorio, a pesar de que en el ordinal 3° del acápite de pretensiones se solicitaban
perjuicios morales a favor de Rafael Juan Diego Donado Henríquez, quien además
otorgó poder a la abogada Yudy Zamira Henao Gutiérrez.
F. Análisis del caso concreto
17. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, pero, por un
motivo diferente, pues se encuentra que el actor carece de legitimación en la causa
por activa para promover la presente acción constitucional.
18. Según el artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona puede acudir a
la acción de tutela, bien sea por sí misma o a través de un representante, para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública y, excepcionalmente, de los particulares.
19. En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10° del Decreto 2591 de
1991, por el cual se reglamenta el ejercicio de la acción de tutela, establece que “La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante (…).”
20.
De las anteriores normas se desprende que uno de los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela es que quien la solicite se encuentre “legitimado en la causa
por activa” para buscar la protección de sus derechos fundamentales. Es decir, este
requisito exige que los derechos a resguardar estén en cabeza del accionante y no,
en principio, de otra persona.
21. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional indicó que, so pretexto de ejercer la
acción de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la
representación de otra persona, ni la informalidad propia de este mecanismo de
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Accionante: Rafael Juan Diego Donado Henríquez
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
protección constitucional supone que no existan requisitos mínimos de
procedibilidad como la legitimación en la causa por activa4. Al respecto, sostuvo:
<<Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige que
quien solicita el amparo constitucional se encuentre ‘legitimado en la causa’ para
presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha legitimación
puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la primera exige que el derecho cuya protección
se invoca sea un derecho fundamental propio y no, en principio, de otra persona5. La
segunda se entiende satisfecha con la correcta identificación de las autoridades
responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados6,
destacando a la vez que su adecuada integración persigue garantizar a los presuntos
implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de
responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia
constitucional.
Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda en
causa propia la protección de derechos fundamentales debe estar debidamente
acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para instaurar la acción de
tutela>>7.
22.
En el caso objeto de estudio, se advierte que el señor Rafael Juan Diego Donado
Henríquez acude a la acción de tutela con el propósito de que se dejen sin efectos
los autos de 6 de febrero de 2023 y 6 de febrero de 2024, dictados al interior del
proceso que promovió el señor Rafael Tobías Donado contra la Superintendencia de
Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla,
a través de los cuales se adecuó la demanda de reparación directa a nulidad y
restablecimiento del derecho, y se dio terminado el asunto por haberse acreditado
no el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad consagrados en el numeral 2°
del artículo 161 del CPACA.
23. No obstante, una vez revisando
el expediente se advierte que el accionante no
actuó como demandante, demandado, tercero con interés, coadyuvante o sucesor
procesal dentro del mencionado proceso tramitado en el Juzgado Catorce
Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, bajo el
radicado 08-001-33-33-014-2021-00058-00/01. Afirmación que fue confirmada por
las autoridades judiciales accionadas, quienes, en virtud del requerimiento hecho por
el despacho sustanciador, indicaron expresamente que no han proferido una
providencia donde se reconozca al señor Rafael Juan Diego Donado Henríquez con
alguna de las calidades antes mencionadas, al no existir solicitud al respecto.
24.
Si bien el ahora accionante dice actuar en su condición de “heredero determinado
y sucesor procesal de Rafael Tobías Donado Osorio”, la Sala no encuentra necesario
-en este caso- razonar sobre la posibilidad de que una persona acuda a la tutela en
defensa de derechos de su progenitor fallecido, pues advierte una situación irregular
4 Corte Constitucional, sentencia T-417 del 8 de julio de 2013.
5 Original de la cita: “Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)”.
6 Original de la cita: “En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: ‘Artículo 13. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental [...]’”.
7 Corte Constitucional, sentencia T-382 del 19 de julio de 2016.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04193-01
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en el expediente ordinario, que no puede pasar por alto, y que descarta de plano esa
discusión.
25.
Aún cuando no le corresponde a esta Subsección ejercer un juicio de validez
respecto a otras decisiones adoptadas en el proceso ordinario, la revisión de éste -
así como las respuestas de las autoridades judiciales- hacen evidente que el señor
Rafael Tobías Donado Osorio tampoco fue parte del asunto donde se expidieron las
decisiones que ahora su hijo cuestiona.
26.
Lo anterior, debido a que en el expediente allegado en préstamo no existe un
poder otorgado por el señor Rafael Tobías Donado Osorio (padre) a la abogada Yudy
Zamira Henao Gutiérrez para que lo representara en el medio de control impetrado,
pues únicamente hay uno concedido por Rafael Juan Diego Donado Henríquez (hijo)
a aquella profesional del derecho. No obstante, aunque éste último dio poder a la
mencionada abogada, aquella presentó la demanda ordinaria de manera exclusiva
a nombre de Rafael Tobías Donado Osorio, de quien no era apoderada, es decir,
nunca ejerció el mandato a ella dado por el señor Donado Henríquez. Y en cambio
inició un proceso a nombre de alguien que no le concedió facultades para ello.
27. Sumado a lo anterior, el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla admitió
la demanda teniendo como único demandante al señor Rafael Tobías Donado
Osorio, quien para ese momento ya había fallecido8, sin pronunciarse frente a la
ausencia de su poder y al otorgado por Rafael Juan Diego Donado Henríquez.
Proceso que continuó su curso hasta llegar al Tribunal Administrativo del Atlántico,
que tampoco advirtió ese yerro. Del mismo modo, la parte demandante guardó
completo silencio frente a ello.
28. Porlo anterior, en la medida que el señor Rafael Tobías Donado Osorio no
concedió poder para iniciar el proceso, nunca fue parte del mismo; a pesar de que
en forma errónea las autoridades judiciales le dieron curso a una actuación judicial
en la que supuestamente él era demandante. De manera que -aún obviando que el
mencionado señor ya falleció- no es posible sustentar la vulneración de sus derechos
fundamentales, con ocasión a unas providencias que se adoptaron en un proceso en
el que materialmente no participó. Menos aún puede su hijo acudir a la tutela para
reclamar la protección de tales prerrogativas, siendo que la única posible afectada,
al parecer fue la abogada que actuó sin poder.
29.
En los términos precedentes, la Sala confirmará la sentencia de 18 de noviembre
de 2024 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, que
declaró improcedente el amparo.
30.
Adicionalmente, compulsará copias a las autoridades competentes, a efectos de
que establezcan si las irregularidades advertidas en el proceso ordinario 08-001-33-
33-014-2021-00058-00/01 tienen connotación disciplinaria y/o penal.
8 Según el acta de defunción allegada al plenario, aquel murió el 3 de abril de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04193-01
Accionante: Rafael Juan Diego Donado Henríquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
31. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de noviembre de 2024 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, por los motivos expuestos
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR copia de estas diligencias a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Atlántico y a la Fiscalía General de la Nación, a efectos de que
establezcan si las irregularidades advertidas en el proceso ordinario 08-001-33-33-
014-2021-00058-00/01 tienen connotación disciplinaria y/o penal, y procedan de
conformidad.
CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto10
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
9 VF
10 Las razones son las mismas expuestas en la aclaración de voto presentada en el caso 11001-03-15-000-2024-
00057-01, respecto a la falta de sustentación de la impugnación.
7
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