Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04197-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04197-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04197-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
26 de septiembre de 2024
Demandante: Fernando Cristancho Ariza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04197-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C, veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04197-00
Demandante: FERNANDO CRISTANCHO ARIZA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente
por falta de relevancia constitucional y agotamiento de
todos los medios de defensa judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El señor Fernando Cristancho Ariza presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, igualdad y debido proceso.
Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, al proferir
la sentencia de 12 de abril de 2024, por medio de la cual confirmó el fallo de
17 de febrero de 2023 dictado por el Juzgado 53 Administrativo del Circuito de
Bogotá, mediante el cual se negaron las pretensiones dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado
11001-33- 42-053-2020-00293-00/01, promovido contra la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
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Demandante: Fernando Cristancho Ariza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04197-00
Solicito respetuosamente al Consejo de Estado que tutele mis derechos
fundamentales a la dignidad humana, igualdad y debido proceso.
En consecuencia, solicito se deje sin efecto la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E, de fecha (12) de abril de 2024, para, en su lugar, dictar sentencia de
reemplazo en la que se concedan las pretensiones de la demanda.
De manera subsidiaria, solicito que se ordene proferir una nueva decisión
en la que se reconozcan los hechos de discriminación denunciados y se
ponderen los hechos y las pruebas bajo un enfoque diferencial, declarando
la ilegalidad de mi retiro de la Policía Nacional, ordenando mi reintegro y,
en términos generales, accediendo a las pretensiones de la demanda.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo1:
El actor ingresó a la Escuela General Santander de la Policía Nacional el 12
de enero de 1997 y mediante Decreto 1763 del 11 de septiembre de 2000, fue
retirado de servicio en ejercicio de la facultad discrecional. Dicho acto fue
demandado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
sin embargo, tanto en primera como en segunda instancia sus pretensiones le
fueron negadas. Por lo anterior formuló el entonces vigente recurso
extraordinario de súplica, en los términos del hoy derogado artículo 194 del
Código Contencioso Administrativo, recurso que fue resuelto de manera
adversa a sus intereses.
Posteriormente interpuso acción de tutela en contra de las referidas decisiones
judiciales, la cual fue negada tanto en primera como en segunda instancia por
el Consejo de Estado. Finalmente, ese asunto fue seleccionado por la Corte
Constitucional, luego de la insistencia que presentó tanto el Procurador
General como el Defensor del Pueblo, ello originó la sentencia de unificación
SU-172 del 16 de abril de 20152, providencia que fue cumplida por el Consejo
1
Es oportuno destacar que si bien en el escrito de tutela se narraron supuestos fácticos
relacionados con un proceso ordinario y dos acciones de tutela que fueron promovidas con
ocasión de la expedición de un primigenio acto de retiro en ejercicio de la facultad discrecional
(Decreto 1763 del 11 de septiembre de 2000), la Sala limitará la referencia a los hechos que
interesan al análisis del presente asunto, es decir del posterior acto de retiro, esto es, la
Resolución No. 0019 del 7 de enero de 2020 mediante la cual fue retirado del servicio por
llamamiento a calificar servicios, en la medida que sobre la legalidad de este último acto fue
que se circunscribió el problema jurídico del proceso ordinario 11001-33- 42-053-2020-00293-
00/01 en el cual se dictaron las sentencias acusadas.
2
M. P. Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Sentencia que ordenó «a la Sección Segunda,
Subsección “A”, del Consejo de Estado, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la
notificación de esta providencia, proferir un nuevo fallo en el que se tengan en cuenta las
consideraciones de esta providencia referentes al estándar de motivación de los actos de retiro
de los miembros de la Policía Nacional en uso de la facultad discrecional».
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Demandante: Fernando Cristancho Ariza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E
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de Estado mediante fallo de 22 de julio de 2015, declarando la nulidad del
decreto que lo retiro del servicio y, en consecuencia, ordenó el reintegro sin
solución de continuidad.
Narró que en efecto se dio cumplimiento al reintegro, sin embargo la Dirección
de la Policía Nacional lo traslado al Caquetá y se abstenía de convocarlo a
adelantar los cursos de ascenso a los grados de Capitán y a Mayor. Ante dicho
panorama presentó una nueva acción de tutela para hacer valer sus derechos,
la cual fue fallada favorablemente en segunda instancia por el Consejo de
Estado en providencia del 31 de mayo de 2017.
Afirmó que en virtud de ese nuevo amparo constitucional, logró ascender al
grado de Capitán mediante Decreto 911 del 28 de mayo de 2018, y al grado
de Mayor a través del Decreto 2176 del 28 de noviembre de 2018.
Contó que como ya tenía el tiempo para ascender a grado de Teniente Cornel
solicitó que su nombre fuera considerado para el llamamiento al respectivo
curso de ascenso y mediante oficio 040174 de 19 de julio de 2019, le fue
negada su solicitud, ello bajo la siguiente argumentación:
[…] una vez agotado el procedimiento de evaluación de trayectoria
profesional previsto en el artículo 22 del Decreto Ley 1791 de 2000, las
Juntas que en el procedimiento intervienen acordaron, NO seleccionar y NO
recomendar su nombre, para presentar el concurso previo al curso de
capacitación para ascenso.
Las anteriores decisiones se adoptan dentro de las facultades legales
conferidas a las referidas Juntas.
Manifestó que mientras se encontraba prestando el servicio como comandante
de la estación de policía de Tunjuelito fue proferida la Resolución 0019 del 7
de enero de 2020 mediante la cual fue retirado del servicio por llamamiento a
calificar servicios.
El anterior acto administrativo se motivó en el acta 010 del 14 de noviembre
de 2019, expedida por la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional
para la Policía Nacional.
Inconforme con la decisión de retiro interpuso demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación,
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional con la finalidad de que se declarara
la nulidad de la Resolución 0019 del 7 de enero de 2020, mediante la cual se
dispuso retirarlo del servicio y, a título de restablecimiento solicitó su reintegro
sin solución de continuidad, en el mismo grado y antigüedad de sus
compañeros de curso, en el escalafón policial3.
3
En el proceso ordinario se adujo que el acto demandado fue expedido con falsa motivación,
abuso del poder y falta de competencia, pues el retiro por llamamiento a calificar servicios
3
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El Juzgado 53 Administrativo del Circuito de Bogotá profirió sentencia de
primera instancia el 17 de febrero de 2023 en la cual denegó las súplicas de
la demanda, tras concluir que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad
de la resolución en comento ni se demostró vicio alguno emanado de la
infracción de normas en las que se sustentó la decisión de desvinculación,
igualmente arguyó que no se demostró que el acto administrativo fuera
expedido con violación al debido proceso, y que por el contrario se cumplieron
los dos presupuestos para la procedencia de dicha causal de retiro
«llamamiento a calificar servicios», a saber: i) que el funcionario satisfaga los
requisitos para adquirir la asignación de retiro, y ii) que exista un concepto
previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional.
Contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación en el cual reiteró los
argumentos presentados en la demanda ordinaria y con sentencia del 12 de
abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E confirmó el fallo del a quo, y en síntesis explicó:
El acto administrativo acusado que retiró del servicio al demandante por la
causal de llamamiento a calificar servicios cumple las exigencias de la Ley
857 de 2003, esto es, el tiempo de servicios y la recomendación efectuada
por la junta asesora del MDN. Además, no se trató del retiro del servicio por
la causal de la voluntad del gobierno, por lo que el precedente invocado por
el accionante para sustentar los cargos no es aplicable al presente.
Igualmente, porque ni el buen desempeño en el servicio, ni la hoja de vida
constituyen un fuero de estabilidad.
1.4. Fundamentos de la solicitud
En primer lugar, realizó un «REFLEXIÓN» sobre el esquema de discriminación
que, a su juicio, se ha gestado en la Policía Nacional y que le impide ascender
a un mayor grado, para ello adujo que así cuente con un perfil profesional
ejemplar y una hoja de vida intachable, la institución toma represalia porque
interpuso una demanda en contra de la Policía Nacional ante una arbitraria
desvinculación. Precisó que esa práctica institucional «truncó» su realización
profesional policial para llegar a ser General.
Luego refirió que la acción de tutela cumple con los requisitos de procedibiliad
adjetiva como lo son la legitimación, relevancia constitucional, agotamiento de
los medios de defensa judicial, inmediatez y que no se trata de tutela contra
tutela.
En particular sobre la acreditación de la relevancia constitucional indicó que su
asunto está estrechamente ligado con hechos de discriminación al interior de
ocurrió como consecuencia del no ascenso del actor al grado de teniente coronel, sin tener en
cuenta la excelente hoja de vida y las calificaciones excepcionales.
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la Policía Nacional, de manera específica frente al personal reintegrado como
consecuencia de un fallo judicial, lo que conlleva a que para ser resuelta su
acción de tutela se evalúe con un enfoque diferencial.
En seguida manifestó que las providencias acusadas incurrieron en los
defectos «violación de la Constitución, ausencia de motivación y
desconocimiento del precedente judicial».
Antes de desarrollar los mencionados yerros enfatizó que su desvinculación
se presentó bajo la supuesta configuración de la causal de llamamiento a
calificar servicios cuando lo cierto es que dicha decisión proviene en razón a
que fue reintegrado con ocasión de órdenes judiciales que le fueron favorables
en sede ordinaria y de tutela.
Luego, refirió que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha
ocupado en desarrollar ampliamente el concepto de igualdad y no
discriminación, estableciendo no solo sus fundamentos y alcance, sino
criterios de identificación de conductas discriminatorias y las medidas que
deben adoptar los Estados para evitar que con este tipo de prácticas se violen
garantías fundamentales.
Indicó que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el
derecho a no ser discriminado es considerado como una garantía
iusfundamental que es desarrollada a partir de la cláusula de igualdad
consagrada en el artículo 13 de la Carta Política, según la cual todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley.
Acudió a las definiciones de acto discriminatorio en sentencias de la Corte
Constitucional4, así como la noción de estereotipo de la RAE5, también de la
denominada «discriminación indirecta» abordada por la Convención
Interamericana6 , recordó las diferencias entre la igualdad formal y material7 y
de distinción admisibe y discriminación inadmisible8, finalmente reflexionó
sobre el papel del juez y la carga de la prueba9.
4
T-098 de 1994 y T-691 de 2012.
5
«Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable».
6
(Capítulo I, art. 1, núm. 2). En concordancia con el art. 8, según el cual: «Los Estados Partes
se comprometen a garantizar que la adopción de medidas de cualquier tipo, incluidas aquellas
en materia de seguridad, no discriminen directa ni indirectamente a personas o grupos de
personas por ninguno de los criterios mencionados en el artículo 1,1 de esta Convención».
7
Se remitió a las sentencias C-546 de 1992, sentencia T-432 de 1992.
8
Para estos conceptos acudió a manifestaciones de la CIDHN que extrajo de Informe número
73/00. Caso 11.784. Fondo. Marcelino Hanríquez y otros. Argentina. 3 de octubre de 2000.
9
Sobre el punto afirmó que debe acudirse a los principios de libertad probatoria y sana crítica,
a efectos de que al momento de ponderarse las evidencias que intentan acreditar el trato
discriminatorio, se tengan en cuenta circunstancias como «los criterios sospechosos, el
contexto, el carácter estructural, los escenarios en los que se desarrolla y la presunción
constitucional a favor de quien alega la situación de discriminación» (T-068 de 2021).
5
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Bajo el anterior panorama al hacer referencias sobre los tres yerros alegados
violación directa de la Constitución, falta de motivación y
desconocimiento de precedente manifestó:
Estas tres causales se derivan de un tronco común que no es otro que el
desconocimiento del contexto de discriminación en el que se dio mi retiro.
Llama abismalmente la atención que, en la sentencia aquí censurada, en su
parte considerativa, no hubo mención alguna a la palabra discriminación y, por
supuesto, ninguna argumentación relativa a reconocer o a descartar que mi
retiro obedeció, tal como se propuso desde la misma demanda que dio origen
al proceso de control de nulidad, a una indebida política que se ha
implementado e institucionalizado en la Policía Nacional contra el personal
reintegrado.
En primer lugar, si lo que se alega es un acto de discriminación, que
necesariamente se desarrolla a partir de un juicio de ponderación sobre
tratamientos disímiles, y el juzgador se abstiene de abordar su análisis, se está
quebrantando el art. 13 de la Constitución Política que es la base del derecho
a la igualdad.
En segundo orden, y en armonía con el punto anterior, pretermitir la valoración
fáctica y probatoria desde un enfoque diferencial, conlleva a predicar un defecto
por ausencia de motivación, en tanto se habrá dejado de fundamentar una
sentencia desde la perspectiva adecuada. Y hágase énfasis en que en sede de
discriminación indirecta también se presenta este yerro pues, justamente, es el
enfoque diferencial el que permite dilucidar que determinados
comportamientos, aparentemente neutrales y cobijados bajo el manto de la
legalidad, son realmente actos discriminatorios.
En tercera medida, y aun cuando es claro que la discriminación contra el
personal reintegrado no tiene específico y puntual precedente judicial, lo que sí
lo tiene es que cuando se alegan hechos de discriminación, el juez
constitucional debe valerse de las más diversas herramientas para develar
patrones y prácticas discriminatorias a partir de los denominados enfoques
diferenciales. En el caso específico, entonces, debió atenderse la valoración de
los hechos y las pruebas a partir de este enfoque, lo que, de no hacerse,
repercute en un claro desconocimiento del precedente constitucional.
Luego resaltó que en escenarios de discriminación los jueces deben velar por
hacer respetar el principio de inversión de la carga de la prueba y que el
contexto de discriminación se propuso desde la formulación de la demanda,
orientó la actividad probatoria en el decurso procesal, fue expresamente
advertido en las alegaciones de conclusión y fundamentó el recurso de
apelación.
Reprochó que los jueces de instancia hubiesen sido indiferentes ante el
silencio del Ministerio de Defensa – Policía Nacional durante todo el trámite
procesal, pues no solo se abstuvieron de contestar la demanda, sino que no
aportaron pruebas y renunciaron a presentar alegatos y que, ante «esa
deliberada afonía procesal por la que optó la demandada, [el juez] debía
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analizar la controversia jurídica desde un enfoque diferencial, valorar [su] perfil
profesional, [su] hoja de vida y [su] récord laboral, para concluir holgadamente
que [su] retiro fue la fase final de un penoso ciclo de discriminación».
Insistió en que se debió haber invertido la carga de la prueba puesto que la
entidad demandada bien pudo explicar porqué ubicaron a un policía con el
título de abogado, especialista en Derechos Humanos y con maestría en
Derecho Penal, con dominio fluido de una segunda lengua, en el departamento
de Caquetá. De la misma manera, a su juicio, debía justificar las razones que
llevaron a la entidad a incumplir un mandato judicial que ordenó su reintegro
sin solución de continuidad.
Bajo toda la anterior argumentación aseguró que emergía la necesaria
intervención del juez de tutela, para que reconozca la configuración de varios
defectos que autorizan la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales e hizo especial énfasis en que hubo una falta de
motivación sobre el cargo de discriminación que expuso en sede ordinaria,
desde la demanda hasta el escrito de impugnación y manifestó:
[…] la única alusión que se hizo al término “discriminación” se dio al resumir
el “concepto de la violación” y no en el problema jurídico, por lo que echa de
menos en la sentencia que se hubiera realizado un análisis de los hechos
probados desde un enfoque de no discriminación.
Resalta que, la sala al analizar los hechos de la demanda lo hizo desde una
posición plana, sin enfoque de no discriminación; entonces, tal omisión
conlleva necesariamente a quebrantar el derecho a la igualdad consagrado
en el artículo 13 de la Constitución Política. Refiere que, en armonía con el
punto anterior, pretermitir la valoración fáctica y probatoria desde un enfoque
diferencial, conlleva a predicar un defecto por ausencia de motivación, en
tanto se habrá dejado de fundamentar una sentencia desde la perspectiva
adecuada, y por último que, de no haber atendido los anteriores puntos con
fundamento en el enfoque diferencial, tal circunstancia repercute en un claro
desconocimiento del precedente constitucional.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto admisorio del 20 de agosto de 2024, el magistrado ponente
resolvió admitir la acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora y a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E en calidad de accionados.
Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés a la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional [extremo pasivo al interior del expediente
contencioso] y al Juzgado 53 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
[autoridad judicial que conoció del medio de control en primera instancia].
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De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la corporación con la información
de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.
1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes se presentaron los siguientes
informes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E
A través del magistrado ponente de la decisión reprochada solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por cuanto diferente a lo expuesto por el
tutelante el asunto no reviste relevancia constitucional porque lo que pretende
es que se ordene proferir una nueva sentencia desde una perspectiva o
enfoque de no discriminación (diferencial), en razón a la supuesta persecución
y trato discriminatorio contra los uniformados que fueron reintegrados a la
institución en virtud de una orden judicial.
Refirió la crítica que realizó el actor al aducir que no atender su situación fáctica
desde este enfoque permite convalidar groseras y denigrantes actuaciones
acaecidas en la Policía Nacional, las cuales pueden tener apariencia de
legalidad y encubrirse en situaciones administrativas, tales como:
i) que un uniformado sea trasladado a un sitio con serios problemas de orden
público desconociendo su perfil personal y profesional;
ii) que se haga una lectura inadecuada de un fallo judicial y se dé una
incorrecta interpretación sobre su alcance;
iii) que sin motivación alguna un policía no sea llamado a curso de ascenso en
virtud del ejercicio de una facultad discrecional; o
iv) que desconociéndose los fines legales y constitucionales la junta asesora
decida un retiro por llamamiento a calificar servicios.
No obstante, para el tribunal accionado esas afirmaciones subjetivas no
pueden dejar perder de vista al juez constitucional que lo pretendido es reabrir
el fondo de la litis del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
habida cuenta que la base de su inconformidad se sustenta en los mismos
argumentos que fueron expuestos en el escrito de demanda, los alegatos de
conclusión y en el recurso de apelación del proceso contencioso
administrativo. En ese orden, es manifiestamente claro que no corresponde
tratar nuevamente dicha controversia en sede constitucional, además, porque
conllevaría a una tercera instancia, ajena a este trámite de amparo.
Indicó que el accionante desconoce abiertamente la naturaleza y objeto del
proceso ordinario finiquitado, esto es, que se trató del retiro del servicio del
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accionante por la causal de llamamiento a calificar servicios, consagrada en
el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 857 de 2003, causal cuyo análisis fue
abordado por la Corte Constitucional en la SU-091 de 201610 en la cual el alto
tribunal constitucional sentó las claras diferencias que existen entre el retiro en
ejercicio de la facultad discrecional y por llamamiento a calificar servicios para
explicar fehacientemente que esta última es una herramienta con la que
cuentan las instituciones de la Fuerza Pública para garantizar la renovación o
el relevo del personal uniformado cuyo presupuesto es tener derecho a la
asignación de retiro, a diferencia de la primera (facultad discrecional) que ha
sido instituida con la finalidad de velar por el mejoramiento del servicio frente
a casos de corrupción o graves situaciones que afecten el desempeño de la
función institucional, sin que se requiera que el uniformado haya tenido un
tiempo mínimo de servicio con el cual adquiera el derecho a una asignación
de retiro.
Iteró que la providencia objeto de censura encauzó el análisis de los aspectos
objeto de la litis donde finalmente no se logró probar que la entidad demandada
desconoció algún procedimiento para proceder con el retiro del actor, pues los
requisitos para este se encuentran establecidos de manera clara, concreta y
precisa en la Ley 857 de 2003, esto es, a) el actor tenía más de 15 años de
servicios, lo que dio lugar al reconocimiento de la asignación de retiro por
medio de la Resolución 0019 del 7 de enero de 2020, y b) el concepto previo
de la junta asesora del MDN, que fue plasmado en el Acta 010 del 14 de
noviembre de 2019.
1.6.2. Juzgado 53 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
A través de la titular del despacho adujo que no se cumplen los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisión judicial, ni generales, ni
especiales y lo pretendido por el demandante es desnaturalizar la herramienta
constitucional para hacer imperar su tesis, usando la acción de tutela como
una tercera instancia.
Afirmó que que la sentencia atendió a los fundamentos fácticos y normativos
que rigen la materia, así como a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional sobre el retiro del servicio bajo la causal de llamamiento
a calificar servicios.
1.6.3. Policía Nacional
En su informe expuso la normativa que regula la causal de retiro del servicio
activo por llamamiento a calificar servicios para el personal de oficiales de la
Policía Nacional, la cual se encuentra desarrollada en la Ley 857 de 2003.
10
C. Const., Sent. SU-091, feb. 25/16 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Luego indicó que en la SU-237 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido, la Corte
Constitucional reiteró que la causal de retiro denominada llamamiento a
calificar servicios, está ajustada al marco de legalidad.
Precisó que de acuerdo a lo expuesto en el mencionado fallo unificatorio la
causal de llamamiento a calificar servicio tiene lugar una vez se cumple con el
tiempo mínimo de servicio para hacerse acreedor a una asignación de retiro,
y que como consecuencia trae el cese de las funciones en el servicio activo
del funcionario sin que pierda el grado que ostentaba para la fecha y no
significa sanción, despido, ni exclusión deshonrosa de la Institución. Asimismo,
resaltó que sin importar la idoneidad o altas calidades profesionales para el
desempeño de las funciones asignadas, la Administración puede usarla ya que
garantiza la movilidad en la dinámica institucional frente a la jerarquización.
Frente a los argumentos de la tutela indicó que dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho no se allegó prueba alguna que
permitiera establecer que la motivación del retiro por la causal de llamamiento
a calificar servicios obedeció a una presunta discriminación como
consecuencia de la calidad de reintegrado del señor mayor (R) Fernando
Cristancho Ariza, por lo cual no es de recibo que bajo meras afirmaciones se
invoquen defectos contra providencia judicial máxime si aquello que se
evidencia es que el ad quem realizó un completo y armónico análisis de los
hechos y pruebas allegadas al expediente concluyendo que el acto
administrativo acusado se profirió bajo los criterios impartidos por la Ley y la
jurisprudencia que rige la causal de llamamiento a calificar servicios.
De otra parte, afirmó que la presente acción de tutela es «plenamente
improcedente, teniendo en cuenta la inexistencia de un perjuicio irremediable
ocasionado al señor mayor (R) Fernando Cristancho Ariza ya que dentro del
escrito no se ha probado efectivamente la existencia de perjuicios
irremediables, derivados de la determinación adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “E”, y que
no está en la obligación jurídica de soportar y es menester poner en
conocimiento del despacho, que una vez verificado el Sistema de Información
para la Administración del Talento Humano (SIATH), se evidenció que el
tutelante actualmente es titular de una asignación de retiro reconocida y
pagada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por Fernando Cristancho Ariza, de conformidad con lo
10
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establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por el accionante, por
parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, como autoridad judicial accionada, con ocasión de la sentencia
proferida en segunda instancia el 12 de abril de 2024.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad adjetiva, y
(iii) el caso en concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema12.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales13.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.
11
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María
Elizabeth García González.
12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
13
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia».
14
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
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Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-
215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a
este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que
la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales. Para determinar si este requisito se
cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se
limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se
dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.15
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia
constitucional debe estar acompasado con los criterios establecidos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta
Corporación en sentencia de unificación del 5 de agosto de 201416, que en
concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la
vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y
no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
15
Énfasis de la sala.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29
de septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
12
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controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia17.
Sobre el particular, se considera que este asunto, frente a los defectos
violación de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial,
pese a que el actor insiste en que su caso debe ser abordado con un enfoque
diferencial porque, a su juicio, existe una discriminación para el personal
reintegrado, no es relevante constitucionalmente, como se pasará a
explicar.
En primera medida se debe enfatizar que en materia de tutelas contra
providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en
asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo que el
estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de raigambre
constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del trámite de tutela, ya
que de no hacerlo, se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así,
en últimas, se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.
De los antecedentes del caso, consignados en la primera parte de esta
providencia, se evidenció que en el escrito de tutela se alegó la configuración
de los yerros antes mencionados bajo la misma argumentación expuesta
dentro del proceso ordinario y el recurso de apelación, hecho que no es objeto
de discusión por ninguna de las partes, es más ambas coinciden con afirmar
ello.
Nótese que el tutelante adujo que se vulneraron sus garantías fundamentales
porque su asunto no fue abordado dentro del proceso ordinario analizando la
discriminación que, a su juicio, originó el retiro y enfatizó que sobre ese punto
en concreto el tribunal accionado en la sentencia acusada «no [mencionó de
manera] alguna la palabra discriminación y, por supuesto, ninguna
argumentación relativa a reconocer o a descartar que [su] retiro obedeció, tal
como se propuso desde la misma demanda que dio origen al proceso de
control de nulidad, a una indebida política que se ha implementado e
institucionalizado en la Policía Nacional contra el personal reintegrado».
Asimismo, manifestó «el contexto de discriminación se propuso desde la
formulación de la demanda, orientó la actividad probatoria en el decurso
procesal, fue expresamente advertido en las alegaciones de conclusión y
fundamentó el recurso de apelación»18.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E indicó en su informe que hizo hincapié en que la base de
inconformidad del tutelante fue sustentada en «los mismos argumentos que
fueron expuestos en el escrito de demanda, los alegatos de conclusión y en el
recurso de apelación del proceso contencioso administrativo. En ese orden, es
17
Énfasis de la sala.
18
Subrayas de la Sala.
13
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manifiestamente claro que no corresponde tratar nuevamente dicha
controversia en sede constitucional, además, porque conllevaría a una tercera
instancia, ajena a este trámite de amparo».
De esa manera, para la Sala el tutelante pretende convertir esta acción de
tutela en una tercera instancia, pues no es suficiente que la parte interesada
refiera que con la decisión judicial se transgredieron determinados derechos
constitucionales, sino que es necesario que la afectación o transgresión logre:
i) cumplir con la carga de argumentativa derivada de una providencia judicial
en abierta contradicción de los mandatos constitucionales y, ii) que implique la
intervención del juez constitucional.
En efecto, en la demanda se insiste y explican los puntos en los que el actor
se encuentra inconforme con la decisión, sin aportar argumentos nuevos en
sede constitucional que conlleven a una nueva decisión por parte del juez. Si
bien replica sobre una presunta discriminación lo cierto es que es vasta la
jurisprudencia contenciosa y constitucional en la que se ha desarrollado la
diferencia entre las causales de retiro por facultad discrecional o voluntad del
gobierno y aquella que es por llamamiento a calificar servicios.
Para esta última se deben cumplir dos requisitos objetivos los cuales fueron
demostrados en la causa ordinaria y que el tutelante en ningún momento alegó
que no fuese así, estos son: i) que el funcionario satisfaga los requisitos para
adquirir la asignación de retiro, y ii) que exista un concepto previo de la junta
asesora del Ministerio de Defensa Nacional, diferente es que el actor realice
«reflexiones» y criticas sobre una supuesta mala práctica de la institución,
luego ello per se no tiene la capacidad de desvirtuar la legalidad del acto que
fue estudiado dentro de todo un proceso contencioso del cual no se alega se
hubiesen presentado irregularidades.
Sea de paso afirmar que la parte actora indica sobre una inversión de la carga
de la prueba y una actitud pasiva de la Policía Nacional, pero al margen de ello
la Sala insiste en que el problema jurídico abordado fue el referido a la causal
llamamiento a calificar servicios que es un asunto de puro derecho que implica
demostrar los dos supuestos antes referidos.
Ahora bien, la Sala también evidencia que si bien el actor obtuvo con
anterioridad algunas decisiones judiciales favorables, se enfatiza que aquellas
se produjeron dentro del análisis de la causal retiro del servicio en ejercicio de
la facultad discrecional en la cual es cierto que la Policía Nacional no puede
abusar de su ejercicio y debe adoptarla bajo razones objetivas, razonables y
proporcionadas.
En resumen, ninguno de los defectos mencionados logran superar la
relevancia constitucional en la medida que fueron una reiteración de la
argumentación que uso en el proceso ordinario y porque las sentencias sobre
14
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las cuales cimentó su reproche refieren en mayor medida el estudio sobre la
causal de retiro por voluntad del gobierno o en ejercicio de la facultad
discrecional, la Sección enfatiza además que no fundó el desconocimiento de
la línea jurisprudencial que ha abordado la causal de llamamiento a calificar
servicios lo que conlleva a que tampoco se cumpla con la carga argumentativa
que se exige en tutela contra providencia judicial.
Así las cosas, se encuentra que lo que busca el actor es un cambio en la forma
en que la autoridad judicial acusada resolvió el asunto en segunda instancia,
de manera desfavorable. Por tanto, este juez constitucional no puede atribuirse
las facultades del funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en
tanto que implicaría un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de
juez natural.
2.4.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial,
se tiene que, conforme a lo considerado en el estudio del requisito de
procedibilidad anterior, en este punto solo persiste el defecto por decisión sin
motivación frente al cual no se satisface el presupuesto de la subsidiariedad.
Ello en la medida que la parte actora hizo especial enfásis en que hubo una
falta de motivación sobre el cargo de discriminación que expuso en sede
ordinaria, desde la demanda hasta el escrito de impugnación y manifestó:
[…] echa de menos en la sentencia que se hubiera realizado un análisis de
los hechos probados desde un enfoque de no discriminación.
[…] tal omisión conlleva […] a predicar un defecto por ausencia de
motivación, en tanto se habrá dejado de fundamentar una sentencia
desde la perspectiva adecuada.
Al respecto, esta Sección considera que, al margen de la razonabilidad de este
argumento, la acción de tutela se torna improcedente, comoquiera que la
ausencia de motivación del fallo se enmarca en la causal de nulidad originada
en la sentencia que da lugar a la procedencia del recurso extraordinario de
revisión, prevista en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, particularmente
por la causal del numeral 5° del artículo 250 Ibidem, esto es, “Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.
En consonancia con lo expuesto, esta Sección recuerda que el recurso
extraordinario de revisión19, es un medio de defensa excepcional que
19
Sobre el recurso extraordinario de revisión pueden consultarse entre otras, las providencias
de: (i) 3 de noviembre de 2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18.
Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-03284-00;
(ii) 7 de abril de 2015 Sala Especial de Decisión No. 27. Magistrado Ponente (E): Alberto
Yepes Barreiro Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00577-00 y; (iii) 3 de noviembre de 2015,
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes
Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-01918-00.
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permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e informarlas
ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas por incurrir en
alguna de las causales que taxativamente consagra la ley.
De acuerdo con el artículo en cita, este mecanismo extraordinario procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
tribunales administrativos y por los jueces administrativos y, debe interponerse
mediante demanda que debe reunir los requisitos prescritos por el artículo 162
de ese mismo Estatuto Procesal, con indicación precisa y razonada de la
causal en que se funda, acompañada de los documentos necesarios y las
pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y pretenda hacer
valer (artículo 252).
Como lo sostuvo la Sala Plena en anterior oportunidad20:
[…] la naturaleza del recurso extraordinario de revisión pretende conciliar nociones
esenciales del ordenamiento legal, como lo son la seguridad jurídica que
representa el principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa
juzgada material y el principio de restablecimiento de la justicia material que
persigue asegurar la vigencia de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la
Constitución Política.
En este mismo sentido la Corte Constitucional entiende que el recurso
extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra
decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto21.
Por ello, expuso que «[e]l recurso de revisión ha sido establecido para respetar
la firmeza de los fallos, con miras a preservar la certeza y obligatoriedad
incondicional que acompaña a las decisiones de los jueces, sin perjuicio de la
necesidad de hacer imperar en ellos los dictados constitucionales y los
imperativos legales, artículos 2°, 29 y 230 C.P.»22.
En lo que respecta a la falta de motivación, el Consejo de Estado, por medio
de sus Salas Especiales de Decisión, ha establecido que la nulidad originada
en la sentencia se puede invocar como una causal para la procedencia del
recurso extraordinario de revisión23, incluso por este vicio.
En efecto, esta Corporación ha considerado que la nulidad en mención ocurre
al «[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando
se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir
20
Sentencia del 12 de julio de 2005, expediente REV-00143, reiterada en sentencia del 18 de
octubre de 2005, expediente REV-00226.
21
Sentencia C-418 de 1994.
22
Sentencia T-966 de 2005.
23
Artículos 248 a 255 del CPACA.
16
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sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.»24
(Destacado por la Sala)
En este mismo sentido, la Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de
Estado, precisó25:
[…] la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la
causal quinta. De manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal,
alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación […]. (Destacado
por la Sala)
Por consiguiente, esta Sala investida como juez constitucional, no es
competente para determinar si el proveído bajo cuestionamiento adolece de
falta de motivación, circunstancia que se enmarca en la causal quinta (5º) del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, ya que tal análisis le corresponde al juez
natural del recurso extraordinario de revisión. Luego, dicho reparo debe ser
formulado ante el juez competente para conocer del recurso extraordinario de
revisión, haciendo uso de tal mecanismo procesal.
Para la Sala es importante precisar con especial énfasis que, cuando una
tutela es improcedente, por no cumplir con el requisito de agotamiento de todos
los medios de defensa judicial, en tanto la parte actora cuenta con otro
mecanismo, como acontece en el caso particular, con ello no se está afirmando
que al desatar dicho recurso prosperarán las pretensiones de la parte
recurrente, pues se resalta que, un asunto es la procedencia del mecanismo y
otra su prosperidad, de manera que, más allá de si le asiste la razón o no a la
parte accionante en la existencia de la referida falta de motivación, lo cierto es
que su reparo se encuadra en la causal mencionada para la procedencia del
recurso extraordinario de revisión.
2.5. Conclusión
Con base en lo expuesto se declarará la improcedencia de la acción de tutela
comoquiera que frente a los defectos violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente no se satisfizo el requisito de la relevancia
constitucional y frente al argumento de ausencia de motivación no supera el
de la subsidiariedad.
24
Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, radicación: 11001-03-15-000-
2017-02091-00 (REV), actor: Carlos Ossa Escobar, demandado: Contraloría General de la
República, magistrada ponente Rocío Araújo Oñate, en la que se cita, a su vez, la decisión de
la Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado, Radicación: 110010315000 2008
00320 00, Actor: José Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría
General de la Nación, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
25
Ver Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado, sentencia de 5 de abril de
2016, Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José Joaquín Palma Vengoechea,
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo Rojas Betancourt.
17
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3. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela de la referencia
por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y agotamiento de
todos los medios de defensa judicial.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
18
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