Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04203-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04203-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04203-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
10 de octubre de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04203-00
Accionantes: Gabriel Antonio Manrique Burgos y otra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04203-00
Accionante: Gabriel Antonio Manrique Burgos y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Temas: Acción de tutela en contra de providencias judiciales, emitidas
dentro de una acción de cumplimiento. Falta de identificación clara
de los hechos generadores de la vulneración.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Gabriel Antonio Manrique
Burgos y la señora Angélica Perilla Sánchez en contra del Tribunal Administrativo del
Meta.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Gabriel Antonio Manrique Burgos y la señora Angélica Perilla Sánchez
promovieron demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia y, junto con
ellos, los derechos contenidos en convenciones internacionales, en especial, en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó lo siguiente:
«[…] B).- Que, con el mismo respeto rogamos a su Señoría Constitucional, Disponer
que se cese todo actos de discriminación que viola el debido proceso, y Ordenar
que se aplique un trato digno con enfoque diferencial, preferencial y prevalente
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Accionantes: Gabriel Antonio Manrique Burgos y otra
a esta Familia Campesina (ART. 64 Constitucional) Condenando y Ordenando el
restablecimiento de derechos frente al acceso a la administración de justicia y de
ahí, el acceso a una tutela judicial y constitucional efectiva, etc. etc. etc. y a los
demás derechos de marras, de gran tutela convencional.
Ordenando al Tribunal Administrativo del Meta, Colombia, Suramérica, Avocar
URGENTE la legítima Acción de Cumplimiento, imprimiendo el trámite riguroso que
en derecho corresponde, tal como ya se explicó y se dejó sustentado en este
memorial tutelar.
C).- También con mucho respeto se solicita al juez constitucional que, Ordene que el
señor Juan Darío Contreras Bautista empleado magistrados del Tribunal
Administrativo del Meta, Colombia, Suramérica, se aparte del conocimiento de la
Acción de Cumplimiento, y en su defecto, Ordene que los demás empleados
magistrados del Tribunal Administrativo del Meta, Colombia, Suramérica, que no
tengan conflicto de intereses y que estén inhabilitados17, y que quiera servirle al
pueblo y no le dé pereza de trabajar, asuma el conocimiento de la Acción de
Cumplimiento, o, que se designe los conjueces, de ser necesario. CONSTE y
DESTÁQUESE.
D).- Que, de manera respetuosa, y so pena de los presuntos delitos (artículos 417 y
446 código penal), al juez constitucional le solicitamos las compulsas de copias para
que se investigue penal y disciplinariamente al señor Juan Darío Contreras Bautista
empleado magistrados del Tribunal Administrativo del Meta, Colombia, Suramérica.
E).- Que, puesta de presente la abundante doctrina constitucional (SENTENCIA SU-
132 DE 2013, SENTENCIA T-385 DE 2021, SENTENCIA C-122 DE 2011, etc.) que,
como precedente, tiene fuerza vinculante para todo servidor púbico operador judicial,
e incluso, vincula a los particulares, donde la Corte Constitucional ha sentado
precedente en el siguiente imperativo: (…SE CONCLUYE ENTONCES QUE,
SIEMPRE QUE UN JUEZ SE ENCUENTRA ANTE UNA NORMA QUE CONTRARÍA
LO ESTIPULADO POR LA CONSTITUCIÓN, ÉSTE TIENE EL DEBER DE
INAPLICAR DICHA NORMA BAJO LA EXCEPCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD…)… luego, cuando al notar normas que contrarían al
Mandato Constitucional, como evidentemente sucede en el sub judice, deben
inaplicarlas; por lo que corresponde a su Señoría Constitucional de Cumplimiento,
frente a cualquier norma inferior a la constitución que sea óbice (ARTÍCULOS 4°, 6°,
43, 44, 58, 64, 93, 94, 121, 228 y 229), para el cumplimiento de las acciones
constitucionales sobre nuestras legítimas peticiones tutelares y, para evitar un
perjuicio irremediable a esta familia campesina víctima y alguno agentes estatales,
(ARTS. 228 y 229 Superiores), deben por vía de excepción de inconstitucionalidad,
y así se lo rogamos, inaplicarlas para dar viabilidad positiva e idónea frente la tutela
judicial efectiva.
F).- Le peticionamos a la Judicatura Constitucional que, con admonición disponga
prevenir y conminar a los servidores públicos en cabeza de sus alto directivos aquí
accionados del Tribunal Administrativo del Meta, Colombia, Suramérica, para que
en lo sucesivo y en un futuro, se obtengan de dilatar temeraria y dolosamente los
derechos fundamentales de las personas y del ciudadano usuario de la justicia frente
a no obstaculizar el acceso a la misma.
NOTA RELEVANTE: Los anexos y la contestación a esta Tutela, por parte de los
accionados y de los posibles vinculados, por imperio legal y por lealtad procesal, más
vinculante aun, si se trata de profesional del derecho, deberán ser allegados a nuestro
correo electrónico, y el mandato y/o poder especial, si actúan por medio de abogados,
deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 2213 de 2022, en todo caso,
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DEBEN dar cumplimiento a los artículo 6° y 8° de la Ley 2213 de 2020; so pena de
la (insuficiencia del ius postulandi) y otras conductas como comportamientos
temerarios. De ahí que, de no acatar el imperativo de ley (CGP), le ruego al juez (a)
decretarlo, dar por no constada la demanda de tutela, tener por cierto los hechos,
aplicar las sanciones legales a que haya lugar; así como, so pena de abuso de la
función pública por omisión de denuncia, compulsar las copias a lo penal y a lo
disciplinario […]».
1.1.2. Hechos de la solicitud
Los accionantes narraron como hechos relevantes los siguientes:
i) El 15 de mayo de 2024, formularon varias peticiones al ministro de Relaciones
Exteriores, a la Gobernadora del Meta, al director general de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, al señor Gabriel Gómez López, asesor de la Oficina de
Pasaportes del departamento mencionado, código 105, grado 01; y a la señora
«Lucidia Hoyos Ruiz, auxiliar administrativo, código 407, grado 02 ».
ii) Los funcionarios precitados fueron constituidos en renuencia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 393 de 1997.
iii) El 16 de junio de 2024, instauraron acción de cumplimiento en contra del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Cancillería de Colombia, del departamento del Meta,
Oficina de Pasaportes, y de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en
la cual se informó que «sin perjuicio a esa acción de cumplimiento, se radicaría la
acción constitucional de tutela para la protección de derechos fundamentales
individuales, en ese entonces, como advertencia inicial y por PRIMERA VEZ, se indicó
al: hecho II).- de la acción de cumplimiento que, por los demás derechos, “…SERÁ
DENUNCIADO Y RADICADAS LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES DE
TUTELA».
iv) A la acción precitada le fue asignado el radicado 50001-33-33-004-2024-00128-00
y fue repartida al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio,
despacho judicial que el 19 de junio de 2024 declaró su falta de competencia y, en
consecuencia, ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Meta.
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v) En la corporación precitada se le asignó al proceso el radicado 50001-23-33-000-
2024-00209-00 «como si se tratara de un borrón y términos nuevos».
vi) El 28 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta decidió modular la acción
de cumplimiento al trámite de una acción de tutela, por lo cual, en atención a las reglas
de reparto establecidas para este último mecanismo, ordenó remitir el expediente al
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio.
vii) Inconformes con la anterior decisión, el 2 de julio de 2024, interpusieron recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación. Sin embargo, el 5 de igual mes y anualidad, la
corporación judicial referida rechazó por improcedentes los recursos.
viii) El 9 de julio de 2024, promovieron incidente de nulidad, el cual sustentaron en las
normas aplicables y en la jurisprudencia vertical del órgano de cierre de lo contencioso
administrativo y horizontal del Tribunal Administrativo del Meta y, adicionalmente,
reiteraron «por tercera vez» la existencia de la acción de tutela con radicado 50001-
31-87-002-2024-00040-00.
ix) El 19 de julio de 2024, la autoridad judicial referida negó la solicitud de nulidad
procesal formulada por la parte accionante.
1.1.3. Fundamentos de derecho
Los accionantes consideraron que el Tribunal Administrativo del Meta vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la expedición de las providencias del 28 de
junio de 2024, 5 de julio de igual anualidad y 19 del mismo mes y año, comoquiera que
incurrió en «defecto procedimental en la modalidad de exceso ritual manifiesto en
relación con un defecto fáctico en su dimensión negativa».
Para el efecto, afirmó que aquella autoridad pretermitió «absueltamente la instancia de
cara al vehículo procesal de la acción de cumplimiento, pero en esta ocasión, adicional
a decidir conscientemente apartarse de precedente de su propio tribunal […], imputó
culpa a estos campesinos, al reprochar la falta de colaboración cuando en más de tres
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veces se le informó la existencia de la acción tutelar (50001 3187002 2024 00040 00),
y dijo que esto en nada cambiaba sus decisiones y que la tutela era la idónea para
proteger derechos, pese a conocer las graves amenazas de muerte en contra de esta
familia campesina víctimas y reclamantes de tierras despojadas forzadamente, y
sabiendas del fallo de primera instancia que no amparó nuestros derechos
fundamentales; hechos descrito en la Tutela (2024 00040 00) que no son de debate
en la presente acción».
Adicionalmente, manifestó que el Tribunal accionado «asumió una vulgar vía de hecho,
insistiendo en obstaculizar y dilatar el acceso a la administración de justicia bajo la
norma que regula la acción de cumplimiento (L-393/1997), acción que precisamente él
no quiso avocar, violando de forma grosera el principio de legitimidad constitucional y
legal, pretermitiendo la vía procesal idónea para adelantar la acción constitucional
totalmente diferenciada frente a que, dado que la negó, debió acudir a las normas
generales del sistema jurídico (remisiones), pero no lo hizo, para resolver los recursos
y el incidente, por lo que se le radicará las denuncias y quejas disciplinarias (ART. 92)
y legal (Art. 67 CPP) ».
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 20 de agosto de 2024, el despacho del magistrado ponente de la presente
decisión inadmitió la acción de la referencia y, en consecuencia, requirió a los
accionantes para que (i) identificaran las providencias cuestionadas en este trámite,
proferidas por el Tribunal Administrativo del Meta, señalando fecha de emisión,
consecutivo de radicación al cual pertenecen y tipo de proceso; (ii) indicaran las
causales especiales de procedibilidad —defectos— en los que incurren las
providencias demandadas, de conformidad con los requisitos establecidos por la Corte
Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005, y ratificados en la Sentencia SU-215
de 2022; (iii) precisaran en qué calidad (terceros con interés, demandados; etc)
pretenden que se vinculen a los señores Alcibiades Vargas Bautista, magistrado de la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio, y Alba
Yolanda Forero, jueza segunda de Circuito de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Villavicencio; y (iv) expresaran las razones por las cuales consideran que
la práctica de prueba consistente en la recepción testimonial del accionante, señor
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Gabriel Antonio Manrique Burgos, resulta pertinente, procedente y conducente para
resolver esta acción y si dicho testimonio contiene algún hecho, prueba, explicación
adicional que no se haya expresado en la demanda de tutela.
1.2.2. El 3 de agosto de 2024, la parte accionante atendió los requerimientos previstos
en los numerales 1,2 y 3; sin embargo, no planteó ningún argumento para explicar la
conducencia y pertinencia de la prueba testimonial solicitada.
1.2.3. El 6 de septiembre de 2024, el despacho del magistrado sustanciador de la
presente decisión (i) admitió la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo
del Meta; (ii) vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Oficina de Pasaportes del
Meta, a la Gobernación del Meta, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Unidad
Administrativa Especial de Migración Colombia, entidades que actuaron como
demandados en el medio de control de cumplimiento con radicado 50001-23-33-000-
2024-00209-00 y en la acción de tutela con número 50001-33-33-004-2024-00128-00;
en igual condición, vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Villavicencio, al Juzgado Segundo de Circuito de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad Villavicencio y al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio, Sala
de Decisión Penal, quienes conocieron del proceso con radicado 50001-33-33-004-
2024-00128-00; (iii) requirió al Tribunal Administrativo del Meta para que remitiera
copia digital del expediente 50001-23-33-000-2024-00209-00 y a los Juzgados Cuarto
Administrativo del Circuito de Villavicencio y Segundo del Circuito de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad Villavicencio, con el fin de que a) enviaran el proceso
de tutela con radicado 50001-33-33-004-2024-00128-00 y b) informaran el estado
actual del referido proceso; y (iv) no decretó la práctica de la prueba testimonial
solicitada por la parte accionante.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Tribunal Administrativo del Meta
El magistrado Juan Darío Contreras Bautista afirmó que, luego de analizar el
engorroso escrito de acción de cumplimiento presentado por la parte actora en el
expediente con radicado núm. 50001-23-33-000-2024-00209-00, consideró en, auto
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del 28 de junio de 2024, que, conforme a lo referido en los artículos 1.° y 9.° de la Ley
393 de 1997, así como lo dispuesto por la Corte Constitucional sobre la protección
directa de derechos fundamentales, había lugar a dar trámite al escrito presentado por
los actores bajo acción de tutela porque «se evidencia que el reproche de los
demandantes consiste en la presunta vulneración a los derechos fundamentales al
debido proceso e igualdad en concordancia con los derechos fundamentales de los
niños y niñas, con el fin que las autoridades accionadas procedan a dar trámite y
entrega a los accionantes de los pasaportes de sus hijos sin la exigencia de que el
registro civil de nacimiento sea en “original” o copia autentica, por lo que, se colige que
el medio judicial procedente para la protección eficaz de los derechos resulta ser la
acción de tutela».
Indicó que en auto del 5 de julio de 2024 rechazó por improcedente los recursos de
apelación y de reposición interpuestos contra la providencia del 28 de junio de 2024,
comoquiera que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 393 de 1997,
contra el proveído referido, emitido en el marco de la acción de cumplimiento, no
procedía ningún recurso. Adicionalmente, explicó que el 19 de julio de igual anualidad
negó la solicitud de nulidad procesal formulada por la parte actora, debido a que la
causal invocada no se configuró, puesto que no se pretermitió íntegramente la
instancia, ya que no se está modificando el tipo de proceso, pasando de un asunto de
doble instancia a uno de única instancia.
Ahora, con respecto al argumento de haber presentado la acción de tutela con radicado
50001-31-87-002-2024-00040-00 para la protección de los derechos de sus hijos y la
entrega de sus pasaportes, aclaró que la falta de falta de colaboración de parte de los
accionantes con la administración de justicia era evidente, toda vez que si bien con el
escrito de reposición y, en subsidio, de apelación se hizo alusión a la referida acción
no se allegó el pertinente escrito de tutela, a través del cual pudiera verificarse con
certeza qué se pretendía con dicho proceso, reproche que resultaba pertinente, debido
a que al consultar el citado expediente en la plataforma de consulta unificada de la
Rama Judicial no fue posible acceder a ese documento, máxime cuando en el escrito
de acción de cumplimiento se hizo alusión a que la tutela que se interpondría era para
garantizar el derecho de petición ante la negativa de las autoridades demandadas de
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entregar los documentos de nombramiento y posesión de los funcionarios a cargo del
trámite de expedición de pasaportes.
En esos términos, solicitó remitirse, en forma secuencial, a las consideraciones que
se consignaron en las tres providencias que se cuestionan, teniendo en cuenta que
dichas decisiones contienen la fundamentación fáctica, jurídica y jurisprudencial
analizada por esa corporación para llegar a las decisiones que la parte actora discute,
debido a que dentro de esas providencias se expone detalladamente como, «luego de
analizar los dificultosos escritos presentados por los accionantes ante las diferentes
afirmaciones personales sobre las actuaciones de las entidades demandadas», logró
extraerse que lo que realmente pretendían con el escrito denominado acción de
cumplimiento era la protección de los derechos fundamentales de sus hijos por las
dificultades en la expedición de sus pasaportes, presentado así para obtener lo
pretendido mediante la multiplicidad de acciones y, además, de omitir allegar a los
expedientes la totalidad de los documentales que tenían en su poder.
En consecuencia, requirió declarar improcedente la acción de la referencia, por no
cumplir con todos los requisitos generales de procedencia o, en su defecto, negar el
amparo invocado, comoquiera que esa corporación adoptó la decisión judicial
conforme a las pruebas aportadas y la normatividad y jurisprudencia vigente.
Por otro lado, remitió el enlace del proceso con radicado 50001-23-33-000-2024-
00209-00 y, adicionalmente, informó que este también puede ser visualizado en la
plataforma de consulta de procesos SAMAI.
1.3.2. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio
El juez Edgardo Augusto Sánchez Leal indicó que (i) el 19 de junio de 2024 declaró la
falta de competencia para conocer la acción de cumplimiento promovida por el señor
Gabriel Antonio Manrique Burgos y otra, bajo el radicado 50001-33-33-004-2024-
00128-00; (ii) a través del Oficio núm. 332, se remitió el expediente al Tribunal
Administrativo del Meta, asignándosele por reparto al magistrado Juan Darío Contreras
Bautista, (iii) el 28 de junio de 2024, el despacho del magistrado precitado ordenó la
modulación del proceso inicialmente presentado a una acción de tutela y, para ese
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efecto, devolvió el expediente a ese Juzgado; y (iv) el 26 de igual mes y anualidad, al
evidenciar que una solicitud de amparo constitucional similar se había tramitado en el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio
bajo el número 50001-31-87-002-2024-00040-00, ordenó remitir el expediente a esa
dependencia judicial.
Con fundamento en las anteriores actuaciones, consideró que no transgredió el
derecho fundamental al debido proceso de los accionantes ni los principios de
legalidad y seguridad jurídica.
Por otro lado, procedió a remitir copia digital del expediente identificado con el número
50001-33-33-004-2024-00128-00 y, además, señaló que este también se encuentra
disponible en el aplicativo web SAMAI y en el sistema de gestión judicial Justicia XXI
TYBA.
1.3.3. Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Villavicencio
La jueza Alba Yolanda Forero González afirmó que el 31 de julio de 2024 se abstuvo
de tramitar la acción de tutela remitida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Villavicencio con radicado 50001-33-33-004-2024-001280-0, al considerar
que si bien era cierto que se presentada identidad de objeto, causa y sujeto pasivo con
la tutela 50001-31-87-002- 2024-00040-00 que conoció ese despacho judicial, también
lo era que los accionantes eran los mismos, circunstancia que le permitió determinar
que se trataba del mismo asunto decidido.
Para el efecto, explicó que por reparto el 24 de junio de 2024 le correspondió conocer
la solicitud de amparo identificada con el número 50001-31-87-002-2024-00040-00,
presentada por el señor Gabriel Antonio Manrique Burgos y Angélica Perilla Sánchez,
en la que se profirió sentencia el 9 de julio de 2024. Adicionalmente, expuso que, con
ocasión de la impugnación formulada por los accionantes, conoció el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala de Decisión Penal núm. 5, autoridad que el
16 de agosto de 2024 confirmó la sentencia de primera instancia. Con el propósito de
acreditar lo anterior, allegó copia de las providencias mencionadas.
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1.3.4. Departamento del Meta
El asesor de la Oficina de Pasaportes de la Gobernación del Meta Gabriel Gómez
López aseguró que en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado, comoquiera que el 27 de mayo de 2024, de acuerdo con el desarrollo
de sus competencias legales y constitucionales, brindó respuesta de fondo a la petición
de los accionantes. Por tanto, solicitó excluir del presente trámite al departamento del
Meta y a la Oficina de Pasaportes, por no existir acciones ni omisiones atentatorias de
los derechos fundamentales invocados.
1.3.5. Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de la referencia, Carlos Julio Ávila
Coronel, manifestó que esa entidad carece de legitimación en la causa por pasiva,
comoquiera que, en primer lugar, no tiene la competencia para atender las
pretensiones formuladas y, en segundo lugar, no vulneró de ninguna forma los
derechos fundamentales reclamados por los accionantes; por lo que solicitó su
desvinculación de la acción de la referencia.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para
conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 5.º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto
333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».
2.2. Problema jurídico
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Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedencia para controvertir las providencias del 28 de
junio de 2024, 5 de julio de igual anualidad y 19 del mismo mes y año, proferidas por
el Tribunal Administrativo del Meta dentro de la acción de cumplimiento con radicado
50001-23-33-000- 2024-00209-00. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar,
si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
2.3. Marco normativo
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del medio de control de
cumplimiento con radicado 50001-23-33-000-2024-00209-00 y de la acción de tutela
identificada con el número 50001-33-33-004-2024-00128-00, la Sala de decisión
establece lo siguiente:
2.4.1. El señor Gabriel Antonio Manrique Burgos y la señora Angélica Perilla Sánchez
presentaron acción de cumplimiento en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Cancillería de Colombia, del departamento del Meta, Oficina de Pasaportes, y de la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con el fin de que se acataran los
artículos 4, 44, 121 y 209 de la Constitución Política; 1, 16, 20, 21 y 22 de la Ley 962
de 2005; 6, 9 y 19 del Decreto núm. 019 de 2012; 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 13 del Decreto
2106 de 2019, y las sentencias C-417 de 1993, C-428 de 2019 y C-495 de 2019 de la
Corte Constitucional y del 2 de octubre de 2018, proferida por el Consejo de Estado
en el expediente con radicado 11001-03-24-000-2017-00092-00.
La anterior demanda se presentó porque al parecer la Oficina de Pasaportes de la
Gobernación del Meta les exigió los Registros Civiles de Nacimiento de sus menores
hijos en original para la expedición del pasaporte, razón por la cual solicitaron aplicar
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las referidas disposiciones, con el fin de poder tramitar los pasaportes de sus menores
hijos y no se les exija requisitos que en su parecer fueron excluidos por las leyes.
2.4.2. La referida acción le correspondió conocerla al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Villavicencio, bajo el radicado 50001-33-33-004-2024-00128-
00, despacho judicial que el 19 de junio de 2024 declaró su falta de competencia.
2.4.3. El 21 de junio de 2024, el despacho judicial precitado, mediante el Oficio núm.
332, remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Meta, el cual fue identificado
en esa corporación con el número 50001-23-33-000-2024-00209-00.
2.4.4. El 28 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta decide modular el
medio de control de cumplimiento a una acción de tutela, en virtud de lo dispuesto en
el inciso primero del artículo 9.° de la Ley 393 de 1997, y, en consecuencia, ordena
remitir el expediente al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Villavicencio para que esa autoridad judicial le dé a la solicitud presentada por los
señores Gabriel Antonio Manrique Burgos y Angélica Perilla Sánchez el trámite de una
acción de tutela. Para soportar su decisión, expuso lo siguiente:
«[…] El artículo 1 de la Ley 393 de 1997, dispone que solo se podrá hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza de ley o actos administrativos, por medio
de la acción constitucional de cumplimiento y en su artículo 8 estableció los requisitos
de procedencia de dicha acción: (i) acreditar un deber jurídico consagrado en norma o
acto administrativo, que sea exigible a la autoridad de la cual se reclama su efectivo
cumplimiento (ii) la constitución de renuencia de la demandada, previa presentación de
la demanda con pretensión de cumplimiento (iii) que el afectado no haya podido ejercer
otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico
contenido en la norma o el acto administrativo.
De igual forma, el artículo 9 de la Ley antes referida, dispuso que la acción de
cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser
garantizados mediante la Acción de Tutela, evento en el cual el Juez dará a la
solicitud el trámite correspondiente al derecho de tutela.
Esta causal de improcedencia se justifica debido a que no pueden existir dos
instrumentos procesales diferentes y alternos para la defensa de los derechos
fundamentales, como pudiera darse con la acción de cumplimiento y la tutela, situación
ante la cual si se trata del amparo de esta clase de garantías deberá preferirse la acción
de tutela, como mecanismo sumario.
Al respecto la Corte Constitucional ha dicho que “cuando lo que se busca es la
protección directa de derechos constitucionales fundamentales que pueden verse
vulnerados o amenazados por la omisión de la autoridad, se está en el ámbito de la
acción de tutela. Cuando lo que se busca es la garantía de derechos de orden legal o
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lo que se pide es que la administración de (sic.) aplicación a un mandato de orden legal
o administrativo que sea específico y determinado, lo que cabe en principio, es la acción
de cumplimiento.”
Bajo este panorama no cabe duda de que si lo que se busca es el amparo de derechos
fundamentales debería incoarse una acción de tutela, y no una acción de cumplimiento,
la cual está prevista para garantizar la vigencia y efectividad del orden jurídico.
De la lectura detenida del escrito presentado, el Despacho advierte en primera medida
que el ejercicio de la acción de cumplimiento obedeció a la presunta imperiosa
necesidad que tienen los señores GABRIEL ANTONIO MANRIQUE BURGOS y
ANGÉLICA PERILLA SÁNCHEZ, como sujetos de especial protección al ser
desplazados por la violencia de que se les protejan sus derechos fundamentales así
como los de sus menores hijos, y como consecuencia, se les otorguen los
correspondientes pasaportes de los menores sin la exigencia de que los registros
civiles de nacimiento sean “originales” o autenticados. […]
En ese orden de ideas, si bien los actores invocan normas con fuerza material ley que
pretende sean cumplidas, se reitera que revisada la demanda y sus anexos y teniendo
en cuenta los hechos invocados por los demandantes así como los artículos
constitucionales alegados como incumplidos (artículo 44 y 209), junto con la
jurisprudencia en cita «Sentencia C-495 de 2019, SU-420 de 2019, T-242 de 2022,
Providencia del 19 de noviembre de 2012 del Consejo de Estado radicado No. 20001
2331000 1998 03648 01 (21417)», este Despacho con fundamento en inciso primero
del artículo 9 de la Ley 393 de 1997, este Tribunal procederá a darle al escrito
presentado por los señores GABRIEL ANTONIO MANRIQUE BURGOS y ANGÉLICA
PERILLA SÁNCHEZ el trámite de una acción de tutela.
Lo anterior, debido a que, del análisis completo y sistemático de los hechos que
describe, de los argumentos expuestos y de las pruebas allegadas al proceso, se
evidencia que el reproche de los demandantes consiste en la presunta vulneración a
los derechos fundamentalesse al debido proceso e igualdad en concordancia con los
derechos fundamentales de los niños y niñas, con el fin que las autoridades accionadas
procedan a dar trámite y entrega a los accionantes de los pasaportes de sus hijos sin
la exigencia de que el registro civil de nacimiento sea en “original” o copia autentica,
por lo que, se colige que el medio judicial procedente para la protección eficaz de los
derechos resulta ser la acción de tutela, mecanismo respecto del cual se hará el
siguiente análisis:
En el presente caso es procedente estudiar la admisibilidad de la ahora acción de
tutela, mecanismo constitucional que se encuentra reglamentado en el Decreto 2591
de 1991, en el cual se estableció inicialmente la competencia para conocer de esta
acción en primera instancia a prevención, a cargo de los jueces o tribunales con
jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la
presentación de la solicitud.
En consecuencia, teniendo en cuenta que dentro del presente asunto la acción se dirige
contra autoridades del orden nacional, es procedente que este Despacho remita el
proceso de la referencia al Juez del circuito para que bajo la cuerda procesal de la
acción de tutela resuelva lo correspondiente sobre el presente asunto.
Así las cosas, se remitirá el presente asunto al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del
Circuito de Villavicencio, por haber sido el Despacho que le correspondió inicialmente
por reparto el conocimiento de este proceso y ostentar a su vez, la competencia para
conocer en primera instancia de las acciones de tutela incoadas contra autoridades de
orden nacional, como sucede en el presente caso […]».
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2.4.5. El 2 de julio de 2024, los demandantes interpusieron recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación.
2.4.6. El 5 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta rechazó por
improcedente los recursos incoados, al considerar que en la acción de cumplimiento
solo procede recurso contra el auto que niega la práctica de pruebas y la sentencia de
primera instancia.
2.4.7. El 9 de julio de 2024, la parte accionante interpuso incidente de nulidad en contra
de la anterior decisión.
2.4.8. El 19 de igual mes y anualidad, la corporación judicial referida niega la solicitud
de nulidad formulada, para lo cual, textualmente, sostuvo:
«[…] Conforme a lo anterior, se puede colegir que la parte demandante tal como se
concluyó en este trámite judicial con el auto del 28 de junio de 2024, realmente lo que
pretendía era la protección de derechos que podían ser garantizados mediante la
acción de tutela, lo que tornaba improcedente la acción de cumplimiento y por tanto,
avala o confirma que la decisión de modular el trámite de acción de cumplimiento al de
acción de tutela se ajustaba a los supuestos de hecho y de derecho puestos en
conocimiento dentro del proceso objeto de estudio, debido a que precisamente fue la
acción de tutela uno de los mecanismos que utilizaron los demandantes para
salvaguardar los derechos presuntamente amenazados de sus hijos menores,
advirtiéndose que en este caso podría llegar a pensarse que la parte actora lo que
pretendía era generar de la administración de justicia distintos pronunciamientos para
poder acceder a la entrega de los pasaportes de sus menores hijos, lo cual se percibe
así ante la duplicidad de procesos instaurados por los demandantes con los mismos o
similares fundamentos de hecho.
En ese orden de ideas, si bien es cierto que ya existe una acción de tutela en la que se
pretendió la salvaguarda de los derechos fundamentales de los menores hijos de los
demandantes y la entrega de los pasaportes de los mismos, ello no impide que se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 28 de junio de 2024, debido a que le
corresponderá al Juez que conozca la acción de tutela adoptar la decisión que en
derecho corresponda al evidenciar que ya se tramitó una acción de tutela con
fundamentos similares y en la cual se profirió sentencia de primera instancia que
resuelve sobre los derechos fundamentales presuntamente amenazados.
Por todo lo expuesto anteriormente se concluye que en este caso no se configura la
causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 133 de la ley 1564 de 2012
relativa a que el Juez pretermita íntegramente la respectiva instancia, razón por la que
se negará la nulidad solicitada y se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el auto
del 28 de junio de 2024 […]».
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2.4.9. El 26 de julio de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Villavicencio ordenó remitir el expediente al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Villavicencio, al evidenciar que en ese despacho se había
tramitado una solicitud de amparo constitucional con radicado 50001-31-87-002-2024-
00040-00.
2.4.10. El 31 de julio de 2024, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Villavicencio se abstuvo de tramitar la acción de tutela, al considerar
que si bien era cierto que ambas acciones presentaban identidad de objeto, causa y
sujeto pasivo, también lo era que se trataba de los mismos accionantes, circunstancia
que permitía determinar que se trataba del mismo asunto decidido por ese despacho
en sentencia del 9 de julio de 2024 en el proceso con radicado 50001-31-87-002-2024-
00040-00, por lo que no era procedente darle trámite a la acción de tutela con radicado
50001-33-33-004-2024-00128-00.
2.5. Caso concreto
2.5.1. Identificación clara de los hechos generadores de la vulneración y los
derechos transgredidos
La acción de tutela, como mecanismo de protección de los derechos fundamentales
que resulten amenazados o vulnerados por la actuación u omisión de las autoridades
o de algunos particulares, es procedente para controvertir providencias judiciales,
siempre y cuando se cumplan con los requisitos generales y específicos fijados
jurisprudencialmente. Así las cosas, una de las exigencias generales es precisamente
la de identificar, de manera clara y razonable, los hechos y fundamentos de la
discusión en contra de una providencia judicial.
En efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional3 ha sostenido que es necesario
que el solicitante del amparo defina, adecuadamente, tanto la situación fáctica que
generó la vulneración de los derechos fundamentales invocados como los
planteamientos que permiten evidenciar las inconformidades para controvertir el
proveído bajo estudio. En ese entendido, esta obligación está encaminada a asegurar
3 Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2015, T-341 de 2018, entre otras.
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que el juez de tutela pueda analizar el caso a partir de las circunstancias del asunto y
los errores en que considera el accionante incurrió la autoridad judicial.
2.5.2. Análisis de la Sala
El señor Gabriel Antonio Manrique Burgos y la señora Angélica Perilla Sánchez
solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales estimaron vulnerados
por el Tribunal Administrativo del Meta, con ocasión de la expedición de las
providencias del 28 de junio de 2024, 5 de julio de igual anualidad y 19 del mismo mes
y año, en el proceso con radicado 50001-23-33-000-2024-00209-00, comoquiera que
incurrió en «defecto procedimental en la modalidad de exceso ritual manifiesto en
relación con un defecto fáctico en su dimensión negativa».
Para el efecto, adujo que aquella autoridad pretermitió «la instancia de cara al vehículo
procesal de la acción de cumplimiento, pero en esta ocasión, adicional a decidir
conscientemente apartarse de precedente de su propio tribunal […], imputó culpa a
estos campesinos, al reprochar la falta de colaboración cuando en más de tres veces
se le informó la existencia de la acción tutelar (50001 3187002 2024 00040 00), y dijo
que esto en nada cambiaba sus decisiones y que la tutela era la idónea para proteger
derechos, pese a conocer las graves amenazas de muerte en contra de esta familia
campesina víctimas y reclamantes de tierras despojadas forzadamente, y sabiendas
del fallo de primera instancia que no amparó nuestros derechos fundamentales;
hechos descrito en la Tutela (2024 00040 00) que no son de debate en la presente
acción».
Pues bien, analizado el anterior disenso, la Subsección concluye que los accionantes
no cumplen con la carga argumentativa suficiente que permita emitir un
pronunciamiento de fondo, comoquiera que no expusieron de manera clara las razones
por las cuales considera que la autoridad judicial incurrió en los defectos procedimental
y fáctico, puesto que sólo se limitaron a señalar que se pretermitió una instancia y que
no se garantizó el acceso a la administración de justicia bajo la norma que regula la
acción de cumplimiento, pero no plantearon ningún argumento para explicar por qué,
en su criterio, el Tribunal, al modificar la acción precitada a una de tutela, desconoció
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la instancia correspondiente y tampoco especificaron qué prueba fue dejada de
valorar, por lo que el juez constitucional carece de elementos de debate suficientes
para el examen de esta inconformidad.
Adicionalmente, si bien es cierto que los accionantes, en el escrito de tutela, afirmaron
que la corporación judicial accionada se apartó de su propio precedente, también lo es
que aquellos no identificaron ninguna providencia, de manera que no es posible
realizar un pronunciamiento de fondo frente a este reparo.
Sobre el particular, debe aclararse que a pesar de que la acción de tutela no exige
formalismos, sí requiere un mínimo de argumentación para poder definir si se presenta
o no un yerro, sin necesidad de nuevo estudio de todo el proceso. De este modo, no
se encuentra superada la exigencia de una fundamentación suficiente frente a los
defectos mencionados.
En consecuencia, se rechazará por improcedente la acción de tutela instaurada por el
señor Gabriel Antonio Manrique Burgos y la señora Angélica Perilla Sánchez en contra
del Tribunal Administrativo del Meta.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
concluye que no se superó el requisito general de identificación clara de los hechos
generadores de la vulneración, y, en se sentido, rechazará por improcedente la
solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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Accionantes: Gabriel Antonio Manrique Burgos y otra
F A L L A:
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada el señor Gabriel
Antonio Manrique Burgos y la señora Angélica Perilla Sánchez, conforme a las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A. R. F.
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