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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04206-00

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04206-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad de expresión y manifestación pública y pacífica. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04206-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

12 de septiembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04206-00 y otro
Accionante: Néstor Heli Flórez Betancourt y otro
Se niega el amparo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04206-00
50001-33-33-006-2024-00183-00
Accionantes: Néstor Heli Flórez Betancourt y otro
Accionados: Presidencia de la República y otros

Temas: Acción de tutela por acción u omisión de autoridad pública / Derecho a la manifestación
pública y pacífica / Se niega el amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sala resuelve las acciones de tutela presentadas por Néstor Heli Flórez Betancourt
y Edilthom Irvin Garcés Reina contra la Presidencia de la República, el Ministerio de
Transporte, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, la
Agencia Nacional de Infraestructura, la Gobernación del Meta y la Concesionaria Vial
del Oriente S.A.S. para obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, libertad de expresión y manifestación pública.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y
en el Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- Néstor Heli Flórez Betancourt y Edilthom Irvin Garcés Reina instauraron,
individualmente, acciones de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio
de Transporte, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la

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Accionante: Néstor Heli Flórez Betancourt y otro
Se niega el amparo

Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, la
Agencia Nacional de Infraestructura, la Gobernación del Meta y Covioriente S.A.S. Los
accionantes consideraron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, libertad de expresión y manifestación pública porque las autoridades
accionadas no han ofrecido garantías a los habitantes de Restrepo, Cumaral y
Villavicencio (Meta) que se están movilizando en contra del aumento al precio del peaje
en la vía Villavicencio-Restrepo.

1.1.- El accionante Néstor Heli Flórez Betancourt formuló las pretensiones que se
transcriben a continuación:

<<PRIMERA: ORDENAR A la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
MINISTERIO DE TRANSPORTE, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA,
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, DEFENSORIA DEL PUEBLO, POLICIA
NACIONAL, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUTURA-ANI, NO CONTINUEN
PERFILANDO de manera ilegal A LAS PERSONAS QUE se participan en la
manifestación pacífica ubicada en el peaje puente amarillo kilómetro 6 vía Villavicencio-
Restrepo-Meta.

SEGUNDA: ORDENAR A PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
MINISTERIO DE TRANSPORTE, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA,
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, DEFENSORIA DEL PUEBLO, POLICIA
NACIONAL, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUTURA-ANI Y GOBERNACION
DEL META dar cumplimiento al decreto 003 de 2021 que fue expedido, como
mecanismo para garantizar el respeto por el derecho a la protesta social.

TERCERA: QUE SE ORDENE la NULIDAD de lo actuado PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE TRANSPORTE, MINISTERIO DEL
INTERIOR Y DE JUSTICIA, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION,
DEFENSORIA DEL PUEBLO, POLICIA NACIONAL, AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA-ANI Y GOBERNACION DEL META por falta de cumplimiento al
decreto 003 de 2021 y se abstengan de seguir enviando oficios a las autoridades locales
y departamentales cuando la competencia de las vías nacionales es del ministerio de
transporte.

CUARTA: QUE SE ORDENE no seguir vulnerando los derechos fundamentales, y se
proceda a tomar las medidas de protección necesarias en especial protegiendo la
integridad física de los participantes de la protesta pacífica>>.

1.2.- El accionante Edilthom Irvin Garcés Reina formuló las pretensiones que se
trancriben:

<<1. Se tutele y proteja mi derecho fundamental de la manifestación, integridad, vida,
libre expresión consagrado en el artículo 37,12,11, 20 de la Constitución Política.

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2. Que se ordene a la presidencia de la república que obre en lo referente a las
decisiones tomadas por la ANI que atentan contra los derechos constitucionales en los
que nos encontramos amparados, y ordene que se nos garantice el debido proceso y
los derechos constitucionalmente reconocidos.

3. Que en tal virtud, se ordene al ministerio de defensa abstenerse de ejercer cualquier
uso de la fuerza pública de manera desmesurada ni proporcional e intervenir en la
manifestación pacífica que ejercemos como comunidad

4. Se ordene al ministerio de trasporte cumplir la constitución y el decreto presidencial
003 de 2021 y no se extralimite en sus funciones.

5. Ordenar a la ANI que respete y garantice los derechos que invocamos en esta acción
de tutela y no incite a las autoridades locales a atentar contra los seres humanos que
hacemos uso de los derechos reconocidos en la constitución y la ley.

6. Que en amparo a las acciones constituciones no se permita que se judicialice ni
individualice mi persona, ni quienes de manera pacífica nos encontramos ejerciendo
nuestro derecho a la manifestación pacífica>>.

B. Hechos

3.- Un grupo de habitantes de los municipios de Restrepo, Cumaral y Villavicencio
(Meta) organizaron un plantón en el kilómetro 6 de la vía Villavicencio-Restrepo para
manifestar su desacuerdo con el precio del peaje de <<Puente Amarillo>>, operado por
la Concesionaria Vial del Oriente S.A.S.

3.1.- Los actores aseguran que el plantón se ha desarrollado de manera pacífica y con
acompañamiento de la Fuerza Pública. Sin embargo, manifiestan que <<la respuesta
al plantón por parte de las entidades públicas ha sido nulo>>.

3.2.- El 7 de agosto de 2024 la Agencia Nacional de Infraestructura elevó una petición
a los alcaldes de los municipios de Villavicencio, Cumaral y Restrepo en la que solicitó
que se restableciera el orden público en las estaciones de peaje para evitar la
generación de daños a la infraestructura vial y la afectación del recaudo del peaje.

3.3.- El 8 de agosto de 2024 la Concesionaria Vial del Oriente S.A.S. elevó una petición
ante el gobernador del Departamento del Meta en la que le solicitó implementar
medidas para levantar el plantón sobre la vía Villavicencio-Restrepo. Además, señaló
que <<se ha efectuado una individualización de los presuntos responsables y se están
emprendiendo las acciones penales correspondientes, no obstante, las acciones de
restablecimiento de orden público social no dan espera y requieren de la acción
inmediata de las autoridades>>.

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3.4.- El 9 de agosto de 2024 la Defensoría del Pueblo convocó a la comunidad del
sector <<Puente Amarillo>>, la Gobernación del Departamento del Meta, los alcaldes
y personeros municipales de Villavicencio, Restrepo y Cumaral y la Agencia Nacional
de Infraestructura a <<un espacio para la discusión abierta y constructiva sobre temas
que afectan directamente a nuestra región>> en la sede de la Cámara de Comercio de
Villavicencio.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- Los accionantes alegan que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad de expresión y manifestación
pública porque no han garantizado la protección de las movilizaciones que se adelantan
a la altura del peaje <<Puente Amarillo>> en la vía Villavicencio-Restrepo.

4.1.- Sostienen que no es constitucionalmente admisible recurrir a un <<perfilamiento
ilegal>> en contra de los líderes del plantón. Agregan que las manifestaciones se han
desarrollado de manera pacífica y no han generado daños a bienes de terceros.
Señalan que, según la sentencia T-255 de 2023 de la Corte Constitucional, <<[n]o toda
manifestación pública debe ser interpretada como factible de ser disuelta, pues
solamente podrá realizarse cuando se presenta una inminente o grave alteración de la
convivencia>>.

4.2.- Reclaman que las autoridades accionadas han infringido el Decreto 003 de 2021.
Indican que las autoridades accionadas no han seguido <<los protocolos que están
indicados en el decreto y sin siquiera mediar para solucionar esta problemática>>.
Finalmente, manifiestan que las autoridades accionadas no han adelantado ninguna
actuación para dialogar con los manifestantes ni han intentado <<buscar una solución
alternativa de[l] conflicto>>.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La Gobernación del Meta (accionada) manifestó que no amenazó ni vulneró los
derechos fundamentales de los accionantes. Indicó que ha gestionado escenarios de
diálogo con los manifestantes y que no ha recurrido a la fuerza o intimidación. Informó
que, actualmente, se encuentra en curso una acción popular ante el Tribunal
Administrativo del Meta bajo el radicado 50001-23-33-000-2019-00241-00 por la
instalación y cobro del peaje de <<Puente Amarillo>>.

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6.- El Ministerio de Transporte (accionado) afirmó que no está legitimado en la causa
por pasiva porque no ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes y
no es la entidad encargada de la concesión de infraestructura de transporte. Agregó
que, según la sentencia C-009 de 2018, el ejercicio del derecho a la protesta no justifica
transgredir el interés público de la comunidad. Aseguró que la Defensoría del Pueblo
no ha convocado al Ministerio de Transporte a participar en ningún espacio de
discusión con los accionantes.

7.- La Policía Nacional (accionada) indicó que no está legitimada en la causa por pasiva
porque los actores no identificaron ninguna acción u omisión de la entidad para
fundamentar la vulneración a sus derechos.

8.- La Agencia Nacional de Infraestructura (accionada) solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Señaló que los accionantes debieron agotar la acción popular porque pretenden el
amparo de un derecho colectivo. Agregó que la solicitud de amparo se sustentó en una
circunstancia hipotética, pues no se probó una vulneración o amenaza actual de un
derecho fundamental.

8.1.- Así mismo, informó que el 19 de julio, 31 de julio, 12 de agosto y 21 de agosto de
2024 participó en espacios de diálogo con los habitantes de Restrepo y Cumaral, las
alcaldías municipales de Restrepo y Cumaral y la Gobernación del Departamento del
Meta para socializar la estructura tarifaria del peaje <<Puente Amarillo>> y estudiar la
posibilidad de establecer una tarifa diferencial para los habitantes de los municipios
cercanos al peaje.

8.2.- Por último, afirmó que la modificación al precio del peaje implicaría <<un impacto
en la estructura financiera de los proyectos de concesión al punto de romper el
equilibrio económico del contrato y, consecuentemente, activar los riesgos a cargo de
la entidad concedente>>.

9.- La Concesionaria Vial del Oriente S.A.S. (accionada) manifestó que las
movilizaciones en el peaje <<Puente Amarillo>> no han sido pacíficas porque los
manifestantes han alterado los elementos de señalización vial y obstaculizado el
tránsito normal de vehículos. Argumentó que la acción de tutela no es idónea para
controvertir la legalidad del contrato de concesión o de las normas que regulan la
fijación y cobro del peaje.

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II. CONSIDERACIONES

10.- La sala negará la solicitud de amparo porque los accionantes no demostraron una
acción u omisión atribuible a las autoridades accionadas que hubiese lesionado alguno
de sus derechos fundamentales.

10.1.- En primer lugar, según la jurisprudencia constitucional, el derecho fundamental
a la manifestación pública y pacífica consagrado en el artículo 37 de la Constitución
Política comprende <<la conglomeración de personas, identificadas con fines
comunes, cuyo fin es manifestarse –libertad de expresión– frente al funcionamiento del
gobierno –control político–, a través de la presión en la calle y mediante un actuar
pacífico y sin armas>>1. Al respecto, se ha precisado que la protección constitucional
está sujeta a que las reuniones o manifestaciones se lleven a cabo pacíficamente; es
decir, de forma no violenta2.

10.2.- En cuanto a su contenido, la Corte Constitucional3 estableció que los derechos
de reunión y manifestación (i) tienen una titularidad individual, aunque una
materialización colectiva; (ii) se caracterizan por la temporalidad, pues requieren de
una asociación transitoria; (iii) tienen como finalidad el intercambio o exposición de
opiniones, ideas o reclamos y (iv) se ejercen en un espacio físico.

11.- De conformidad con lo expuesto por los accionantes, las movilizaciones que se
adelantan en el kilómetro 6 de la vía Villavicencio-Restrepo a la altura del peaje
<<Puente Amarillo>> se han desarrollado pacíficamente y con el acompañamiento de
la Fuerza Pública. No se constata la presencia de un hecho sobre el cual predicar una
vulneración de derechos fundamentales, toda vez que los accionantes no invocaron
una actuación atribuible a las autoridades accionadas que haya afectado el transcurso
pacífico de las manifestaciones u obstaculizado su facultad subjetiva de expresar su
desacuerdo con la estructura tarifaria del peaje <<Puente Amarillo>>.

11.1.- En efecto, los accionantes fundamentaron la vulneración en la eventualidad de
que alguna entidad llegase a lesionar el ejercicio legítimo de la manifestación pública y
pacífica. Además, si bien la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesionaria Vial
del Oriente S.A.S. elevaron peticiones en las que solicitaron la intervención de las
autoridades municipales y departamentales para <<reactivar la productividad y
movilidad>> sobre la vía Villavicencio-Restrepo y <<evitar alteraciones de orden

1 Corte Constitucional, sentencia C-223 de 2017.
2
Corte Constitucional, sentencia C-009 de 2018.
3 Corte Constitucional, sentencia T-372 de 2023.

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público que generen daños a la infraestructura>>, no se advierte que las entidades
peticionadas hayan accedido a las solicitudes ni que hayan intervenido de una manera
que no sea respetuosa con los derechos fundamentales de los actores.

11.2.- Por otra parte, los accionantes alegan que las autoridades accionadas no han
implementado medidas de diálogo y mediación para <<buscar una solución alternativa
de[l] conflicto>>. Sin embargo, la Agencia Nacional de Infraestructura demostró que el
19 de julio, 31 de julio, 12 de agosto y 21 de agosto de 2024 participó en espacios de
diálogo con los habitantes de Restrepo y Cumaral, las alcaldías municipales de
Restrepo y Cumaral y la Gobernación del Departamento del Meta para socializar el
precio del peaje <<Puente Amarillo>> y estudiar la posibilidad de establecer una tarifa
diferencial para los habitantes de los municipios aledaños.

11.3.- En concordancia, la Gobernación del Departamento del Meta informó que, en
aquellos espacios de diálogo, los manifestantes comunicaron sus inconformidades e
intercambiaron propuestas con las entidades convocadas. Sobre lo particular, expuso
que (se transcribe):

<<El 19 de julio de 2024, se realizó Mesa de diálogo presidida por la Doctora Rafaela
Cortés, Gobernadora donde la comunidad expuso la afectación económica que el peaje
le genera a los proyectos de turismo, gastronomía, expansión urbanística, así como la
presunta ilegalidad del peaje. Los alcaldes avalan parte de los argumentos de la
comunidad y pide se busque la mejor solución. La Gobernación se compromete a seguir
el diálogo e impulsar se resuelva la acción popular en curso. La ANI y los representantes
expusieron sus argumentos técnicos y legales sin lograr un acuerdo con la comunidad.
Por ende, se propuso nueva reunión para presentar otras opciones como tarifa
preferencial y el aumento real posible en el año 2025.

El 31 de julio de 2024 en mesa de diálogo en la gobernación del Meta, la ANI expuso
como se había comprometido, las tarifas diferencias, los incrementos de cara al 2025,
con un aumento de $8.200 categoría I, $23.300 categoría I y tarifa diferencial $4.100.
Sin embargo, la comunidad no considera esta una salida y se acordó una nueva reunión
para agosto>>.

12.- En este sentido, la sala evidencia que los accionantes no indicaron un hecho actual
o inminente de violencia, censura, estigmatización o uso desmedido de la fuerza contra
los manifestantes por parte de las autoridades accionadas. Por lo tanto, no se advierte
una amenaza o lesión a su derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica.

13.- Por el contrario, las entidades competentes han promovido procesos de
interlocución y mediación con los manifestantes, dando primacía al diálogo y los
principios que rigen la actuación de las autoridades de policía, de conformidad con el

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Decreto 003 de 2021. Contrario a lo alegado por los accionantes, las autoridades
accionadas respetaron las expresiones de los manifestantes y los protocolos para la
reacción, uso y verificación de la fuerza.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de amparo a los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, libertad de expresión y manifestación pública y pacífica.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: Si la sentencia no fuera impugnada una vez ejecutoriado el fallo, por
Secretaría ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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