Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04207-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Derechos colectivos: acción popular
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04207-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04207-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
13 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04207-00
Accionante: ANA EVEY PABÓN GARCÍA
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS –
Improcedencia / MECANISMO CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS COLECTIVOS – Acción popular / SUBSIDIARIEDAD – La accionante contaba
con otros medios de defensa judicial. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Y
TEMERIDAD. No configuración en el presente caso.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por Ana Evey Pabón García, de conformidad con el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda2
1. El 12 de agosto de 20243, Ana Evey Pabón García, actuando en nombre propio,
presentó demanda de tutela en contra de la Presidencia de la República, la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -en adelante UNGRD-, el
Departamento Nacional de Planeación -en adelante DNP-, el municipio de Girón y
la Secretaría de Ambiente del departamento de Santander, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida, al medio ambiente
sano, a los “derechos de los niños y niñas”, a la información, publicidad, petición, y
a la participación ciudadana en la conformación, ejercicio y control del poder político.
Hechos relevantes
2. La UNGRD, en lo que para la accionante es un “entramado de corrupción que
alcanza los más altos niveles del gobierno nacional”, celebró con el municipio de
1
Que ingresó para fallo el 2 de septiembre de 2024, índice 29 del aplicativo Samai.
2
Documento denominado “3ED_2DemandaPDF(.pdf) NroActua 2”, que obra en el índice 2 de Samai.
3
Acta de reparto, visible en el documento denominado “4ED_3ActadeReparto(.jpg) NroActua 2”, que
obra en el índice 2 de Samai.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04207-00
Accionante: Ana Evey Pabón García
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)
Girón, Santander, una serie de contratos de obra pública para la mitigación del
riesgo de desastres, los cuales estuvieron precedidos de una “declaratoria de
riesgo” que se fundamentó en hechos inexistentes.
3. A juicio de la actora, las obras contratadas no son necesarias, aunado a que su
ejecución generará “daños irremediables” en sus derechos fundamentales, debido
a la afectación que se producirá en la estabilidad ambiental del territorio por cuenta
de la tala de bosques de anclaje, que se llevará a cabo en desarrollo de los
mencionados contratos.
4. De igual forma, los niños y niñas que estudian en el Colegio Serrano Muñoz se
verán perjudicados con la tala de árboles, en tanto que se ocasionará un
“incremento riesgoso” en las temperaturas al interior de las instalaciones en que
reciben clase.
5. A pesar de que “los organismos de control han confirmado la ilegalidad de los
contratos y que están plenamente injustificados”, las autoridades del municipio de
Girón, junto con los contratistas, han “forzado la ejecución de las obras”. Además,
el alcalde del municipio se ha negado a deshacer los acuerdos, “contrariando lo que
le ordenan las autoridades de control”.
6. En este contexto, los líderes comunales que han denunciado la situación han sido
objeto de amenazas en contra de su vida.
Pretensiones
7. La accionante solicita lo siguiente (transcripción literal, con posibles errores
incluidos):
“PRIMERO: Tutelar mi derecho fundamental al MEDIO AMBIENTE SANO (Art
79 CP), en conexidad con el derecho a la SALUD (Art. 49 CP) y a la VIDA (Art.
11 CP) y en consecuencia, ruego a su señoría que proteja, ampare y reconozca
los derechos de nuestro bosque a coexistir y prevalecer contra las malas
intenciones de los criminales corruptos que quieren destruirlo. Nuestro bosque
es un ser vivo del que dependo yo y mi comunidad para respirar y para vivir, y
mi territorio para su estabilidad.
SEGUNDO: Ordenar a la ALCALDIA DE GIRON, UNGRD Y A LOS
CONTRATISTAS, que detengan de inmediato las obras hasta que se aclare con
total trasparencia el asunto, y sobretodo, que se abstenga de talar mas (sic)
arboles (sic) o se (sic) afectar en medida alguna al bosque nativo.
TERCERO: Ordenar a la alcaldía de Girón, y al alcalde, que le responda a la
comunidad y que acate lo ordenado por los organismos de control en el sentido
de que las obras carecen de fundamentación, y han sido inventadas en el curso
de un acto criminal de corrupción del que el mismo forma parte.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04207-00
Accionante: Ana Evey Pabón García
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)
CUARTO: Ordenar a la Unidad Nacional de Protección y la Policia (sic) Nacional
el acompañamiento de la comunidad debido al incremento de amenazas contra
la vida y la integridad de los lideres (sic).
QUINTO: Vincular a la Fiscalía General de la Nación, para que a su vez vincule
estos nuevos hechos aquí relatados a las investigaciones que ya se surten sobre
este caso. Igualmente solicitar que investiguen el alcance de las amenazas. Las
amenazas han sido corroboradas y son de autoría del ELN. ¿Significa esto que
los contratistas y los mencionados responsables del entramado de corrupción se
están valiendo de organizaciones criminales para consumar su robo?
SEXTO: Ordenar que se reconozca mi derecho fundamental de petición en virtud
del artículo 23 en conexidad con el Derecho a la PARTICIPACION CIUDADANA
EN LA CONFORMACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL DEL PODER POLÍTICO
(Art. 103 CP), el Derecho A LA INFORMACIÓN (Art. 20 CP) y el PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD que rige las funciones públicas (Art. 209 CP) y se me vincule en
calidad de veedora ciudadana, de manera segura, oportuna y diligente, y que en
esta calidad pueda ejercer control EFECTIVO sobre las decisiones y acciones
que se tomen respecto del desarrollo de esta cuestión.
SEPTIMO: Ordenar al Presidente de la Republica que en ejercicio de su función
ejecutiva, disponga de la suspensión de los funcionarios y los contratos por 4,9
billones de pesos relacionados con el caso y se pronuncie sobre su
responsabilidad política y la coherencia de estos hechos con su discurso
ambiental y ecológico, pero también su responsabilidad personal directa en el
entramado criminal.”
Fundamentos de la demanda de tutela
8. La parte accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la
salud, a la vida, al medio ambiente sano, a los “derechos de los niños y niñas”, a la
información, publicidad, petición, y a la participación ciudadana en la conformación,
ejercicio y control del poder político.
9. En cuanto a la presunta vulneración de sus derechos al medio ambiente sano, la
salud y la vida, manifestó que con la ejecución de los contratos se pretende
“erradicar el bosque por la fuerza”, sin los permisos de ley y sin el consentimiento
de la comunidad. Indicó que estas acciones afectarán la seguridad de su casa, la
estabilidad del territorio, y causarán una alteración negativa de la temperatura al
interior del inmueble, lo cual provocará daños en su salud y pondrá en riesgo su
vida, dado el impacto que esto tendrá en su tensión arterial y su capacidad
respiratoria. Asimismo, la accionante señaló que, “[e]n situación similar se encuentra
toda la comunidad, quienes tememos por el incremento de los deslizamientos y los
aludes".
10. Además, puso de presente que con los contratos para la mitigación del riesgo
de desastres se busca llevar a cabo la construcción de una “pantalla de cemento
anclada”, que debe ser construida en suelo firme, lo cual implica que se debe
remover la vegetación de toda la ladera y, en su lugar, verter una mezcla de
concreto. Esto, a su juicio, pondrá en riesgo la preservación de recursos hídricos, la
3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04207-00
Accionante: Ana Evey Pabón García
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)
flora, fauna y biodiversidad del lugar, y provocará la erosión del suelo, el deterioro
en la calidad del aire, y la pérdida de valor paisajístico, entre otras afectaciones4.
11. De otro lado, en lo que respecta a la afectación de los derechos de los niños y
niñas, la accionante adujo que, con la tala del bosque, los estudiantes de la sede
“B” del Colegio Serrano Muñoz se verán afectados, por cuanto las temperaturas al
interior del establecimiento educativo aumentarán de forma riesgosa, lo que
perjudicará su capacidad de aprender y la capacidad de los maestros para impartir
clases. Aunado a lo anterior, señaló que se producirá un deterioro en la calidad del
aire, que aumentará el riesgo de padecer ataques asmáticos y daños respiratorios
en los miembros de la comunidad educativa.
12. Sobre la presunta vulneración del principio de publicidad y los derechos de
petición, información, y de participación ciudadana en la conformación, ejercicio y
control del poder político, sostuvo que la comunidad presentó ante algunas
entidades5 un derecho de petición en marzo de 2024, firmado por más de 160
personas, en el que se manifestó la oposición de la comunidad al proyecto, y se
solicitó que se detuviera su ejecución y que los hechos fueran investigados.
13. Aseguró que el Concejo Municipal no brindó respuesta a la petición formulada
y, en cambio, procedió a expedir el Acuerdo Municipal 010 del 13 de marzo de 2024,
en el que facultó al alcalde para llevar a cabo la construcción de la obra. También
señaló que el alcalde, en lugar de dar respuesta por escrito a la petición, invitó a la
comunidad a una socialización del proyecto, la cual se llevó a cabo el 20 de abril de
4
En la demanda se indicaron las siguientes afectaciones: “- Impacto en la biodiversidad. La
construcción del muro de cemento afecta la biodiversidad local al alterar el hábitat natural de diversas
especies animales y vegetales que dependen de los árboles y su entorno. - Preservación de recursos
hídricos. La construcción del muro de cemento interfiere con el ciclo natural del agua, afectando la
infiltración al suelo o la velocidad de desplazamiento de aguas superficiales perdiendo esa liberación
lenta que presentan las laderas con su cubierta vegetal. - Erosión del suelo. El riesgo de erosión del
suelo que podría provocar la construcción del muro en una pendiente, especialmente si se remueve
vegetación existente que ayuda a retener el suelo y prevenir deslizamientos. - Pérdida de valor
paisajístico. La presencia de un muro de cemento en un entorno natural disminuye el valor estético
y paisajístico del lugar, afectando negativamente tanto a residentes como a visitantes. -
Sostenibilidad y huella de carbono. La producción de cemento, un material con alta huella de
carbono, contribuye al cambio climático y cómo su uso innecesario en este proyecto va en contra de
los principios de sostenibilidad ambiental. - Calidad del aire y salud pública. La construcción del muro
de cemento libera partículas en el aire que afecten la calidad del aire local y la salud de las personas
que viven en la zona, especialmente las áreas residenciales. - Valoración económica del entorno
natural. Conservar los árboles y el entorno natural puede tener beneficios económicos a largo plazo,
como el aumento del valor de las propiedades circundantes, el fomento del turismo ecológico o la
mejora del bienestar de la comunidad. - Conservación del paisaje natural. Para nuestra comunidad
es de suma importancia preservar el paisaje natural y la belleza escénica del entorno. La
construcción del muro de cemento altera irreversiblemente la apariencia del lugar y afecta su valor
estético. - Riesgo de daños a la flora y fauna. Riesgo potencial al dañar la flora y fauna locales
durante la construcción y posterior mantenimiento del muro de cemento, lo cual podría tener un
impacto negativo en la diversidad biológica. - Participación ciudadana. El derecho que tenemos como
comunidad en decisiones que afecten nuestro entorno haciendo oposición al proyecto, ha reflejado
preocupación de todos los residentes por el cuidado del medio ambiente, pues vemos ese derecho
pisoteado por la administración local.”
5
En la demanda se indica que la petición fue presentada ente el Concejo Municipal de Girón, la
Alcaldía Municipal de Girón, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de
Santander, la Defensoría del Pueblo, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga (CDMB), la Policía Departamental, el Ministerio de Medio Ambiente y la
Fiscalía General de la Nación.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04207-00
Accionante: Ana Evey Pabón García
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)
2024, y en ella participaron los habitantes del barrio Terrazas de Bellavista, en el
que reside la actora, a pesar de que no fueron invitados.
14. La Secretaría Ambiental de Santander, por su parte, remitió la petición a la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -
en adelante CDMB-, por considerar que ésta última entidad era la competente para
dar respuesta. A su vez, la CDMB, llevó a cabo una reunión informativa con la
comunidad, para atender sus inquietudes.
15. Por último, la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
de Santander respondió que no tenía previsto dentro de sus actividades ejecutar
obras relacionadas con la construcción de pantallas ancladas en el sector de
Bellavista, Girón, y que el contrato por el que se estaba indagando había sido
firmado por la UNGRD; por esta razón, se corrió traslado de la petición a la Unión
Temporal Inter B&V, firma interventora del mencionado contrato, quienes brindaron
respuesta a la petición el 24 de mayo de 2024, mediante documento de 92 folios.
Trámite de la demanda de tutela
16. Mediante auto del 15 de agosto de 20246 se admitió la demanda de tutela, se
ordenó notificar a la Presidencia de la República, la UNGRD, al DNP, al municipio
de Girón, la Secretaría Ambiental Departamental de Santander, y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, se ordenó vincular a la
Fiduprevisora S.A. – Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, a la
Unidad Nacional de Protección -en adelante UNP-, a la Policía Nacional, a la Unidad
Departamental de Gestión del Riesgo de Santander, a la Unión Temporal Inter B&V
y a la Fiscalía General de la Nación, como terceros con interés.
Intervenciones
17. La Secretaría Ambiental de Santander7 solicitó que se declare su falta de
legitimación en la causa por pasiva y su “ausencia de responsabilidad” en el
presente caso y, en consecuencia, se le desvincule del proceso, en tanto que no se
observa en el escrito de demanda que los hechos o las pretensiones formuladas por
la actora tengan alguna relación con una acción u omisión cometida por esa entidad.
Asimismo, indicó que esa Secretaría no cumple funciones de autoridad ambiental,
de manera que no le corresponde expedir ninguna licencia u otorgar permisos para
la ejecución de la obra que dio lugar a la presente acción. Además, argumentó que
la demanda no satisfizo el requisito de subsidiariedad, en tanto que la accionante
no demandó la nulidad de los actos administrativos frente a los cuales tiene
inconformidades, y señaló que la acción de tutela de la referencia es temeraria, dado
que la misma accionante presentó otra demanda con identidad de hechos,
pretensiones y partes, salvo en lo relacionado con la Presidencia de la República,
6
Documento denominado “10Auto que admite_20240420700ADMITEVFA(.pdf) NroActua 4”, que
obra en el índice 4 de Samai.
7
Documento denominado “11_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTAACCIONDE(.pdf) NroActua
8”, que obra en el índice 8 de Samai.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04207-00
Accionante: Ana Evey Pabón García
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)
que no fue demandada en el otro trámite de tutela, el cual cursó en el Juzgado
Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga.
18. El DNP8 pidió su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la
causa por pasiva, en tanto que la accionante no identificó ninguna acción u omisión
atribuible a esa entidad. Afirmó que en el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bucaramanga se surtió un proceso de tutela con idénticos
hechos y pretensiones. También manifestó que la acción de la referencia es
improcedente, dado que el mecanismo constitucional adecuado para obtener la
protección de los derechos colectivos, como lo es el derecho a un medio ambiente
sano, es la acción popular. Además, manifestó que, en desarrollo de la función
atribuida por el artículo 34 del Decreto 1893 de 20219, no ha efectuado hasta la
fecha ningún control posterior a la viabilidad de proyectos de inversión en materia
de reducción del riesgo de desastres en el sector de Bellavista, en el municipio de
Girón, Santander. Finalmente, indicó que no vulneró el derecho de petición de la
accionante, pues esa entidad no fue destinataria principal ni subsidiaria de la
solicitud.
19. La Unión Temporal Inter B&V10 se pronunció de manera escueta sobre cada
uno de los hechos y pretensiones de la acción de tutela, indicando que le
corresponde al despacho sustanciador pronunciarse sobre cada una de ellas. Pidió,
además, que se le valore como una unidad empresarial que desarrolla su objeto
social dentro del marco legal. Asimismo, indicó que las obras a las que se hace
mención en los hechos de la demanda se han realizado de conformidad con la
planimetría trazada y atendiendo estrictamente a la legalidad.
20. La UNGRD11 solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela de
la referencia, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, en tanto que lo que se
pretende con la demanda es la protección de derechos colectivos, cuya vía de
protección es la acción popular. Agregó que no ha incurrido en acciones u omisiones
que generen la vulneración de derechos fundamentales. Además, con el fin de evitar
decisiones contradictorias, puso de presente la existencia de otro proceso de tutela,
que cursa en el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bucaramanga con el radicado 68001-31-87-008-2024-00024-00, con similares
hechos y pretensiones.
8
Documentos denominados “13_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONDNPAT(.pdf) NroActua 10” y “51_MemorialWeb_ContestaciOnTutela-
20243240956691A(.pdf) NroActua 22”, que obran en los índices 10 y 22, respectivamente.
9
Que al tenor dispone: “Artículo 34. Funciones de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Son funciones de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las siguientes: (…) 15. Dirigir el
control posterior a la viabilidad de los proyectos de inversión o el que corresponda y que tengan
relación con los asuntos de su competencia.”
10
Documentos denominados “17RECIBEMEMORIAL_RV_NOTIFICAACTUACION(.zip) NroActua
11” y “26RECIBEMEMORIAL_Memorial_CONTESTACIONTUTELAAG(.pdf) NroActua 16”, que
obran en los índices 11 y 16 de Samai, respectivamente.
11
Documentos denominados “20_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
2024EE13263Contesta(.pdf) NroActua 13” y
“RECIBEMEMORIAL_Memorial_2024EE13263Contestac(.pdf) NroActua 21”, que obran en los
índices 13 y 21 de Samai, respectivamente.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04207-00
Accionante: Ana Evey Pabón García
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)
21. La Policía Nacional12 indicó que la aquí accionante presentó otra acción de
tutela con los mismos hechos y pretensiones, la cual correspondió para su
conocimiento al Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bucaramanga. De igual manera, señaló que los uniformados adscritos al Grupo
de Policía Ambiental y Recursos Naturales de la Policía Metropolitana de
Bucaramanga han desarrollado las actividades de policía pertinentes y los
acompañamientos que las partes y las autoridades administrativas han solicitado en
el caso concreto. Agregó que la acción de tutela de la referencia es improcedente,
pues no existe ninguna vulneración de derechos fundamentales atribuible a esa
entidad, aunado a que el accionante no ha agotado la “vía gubernativa” para obtener
una respuesta a la problemática planteada en la tutela. Con fundamento en todo lo
anterior, pidió su desvinculación del proceso.
22. La UNP13 manifestó que se le debe desvincular de la presente acción, en razón
a su falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que las pretensiones
elevadas en la demanda no guardan ninguna relación con la función y objeto que
desarrolla esa entidad. También sostuvo que la presente acción de tutela resulta
temeraria, en tanto que los hechos, causa petendi, y objeto de la demanda coinciden
con las de otras “acciones de tutela” presentadas con anterioridad por parte de la
misma accionante.
23. La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander14 pidió
la desvinculación del presente trámite, por carecer de legitimación en la causa por
pasiva, debido a que esa dependencia no es la causante de la presunta vulneración
de derechos, ni la competente para atender las pretensiones formuladas por la
accionante. En ese sentido, indicó que los llamados a atender la causa del litigio
son el municipio de Girón y la UNGRD. Manifestó que la intervención de las oficinas
departamentales de gestión del riesgo siempre debe estar mediada por los
principios de concurrencia y subsidiariedad, los cuales únicamente les permiten
intervenir cuando el municipio no pueda mitigar el riesgo por carencia de medios y
solicite a la oficina departamental su intervención, situación que no ha ocurrido en
el caso que dio origen al presente trámite de tutela.
24. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República sostuvo
que, a la fecha de presentación de su escrito de contestación de la demanda, no
había recibido ninguna petición por parte de la accionante. Asimismo, señaló que la
presente acción debe ser declarada improcedente y, subsidiariamente, pidió que se
nieguen las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con fundamento en que esa
entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, porque las reclamaciones
formuladas por la accionante no le resultan imputables por acción u omisión, ni
forman parte de las atribuciones legales de la entidad. También señaló que no tiene
la facultad de intervenir en las decisiones de la UNGRD ni del municipio de Girón,
12
Documento denominado “34_MemorialWeb_Respuesta-RESPUE1(.pdf) NroActua 18”, que obra
en el índice 18 de Samai.
13
Documento denominado “35_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONDESVI(.pdf) NroActua 19”, que obra en el índice 19 de Samai.
14
Documento denominado “42RECIBEMEMORIAL_ContestacionT2024420(.pdf) NroActua 20”, que
obra en el índice 20 de Samai.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04207-00
Accionante: Ana Evey Pabón García
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)
lo que le impide intervenir de forma alguna en la discusión planteada en la demanda
de tutela. Por último, refirió que la demanda no cumple el requisito de
subsidiariedad, pues la accionante cuenta con otras vías de protección de sus
derechos como la “acción de grupo” y la acción popular.
25. Las demás partes e intervinientes guardaron silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
26. Comoquiera que algunas de las autoridades demandadas manifestaron en sus
informes que la accionante ya había presentado otra acción de tutela que guarda
identidad, o al menos estrecha similitud, en torno a de las partes, hechos y
pretensiones esbozados en la acción de la referencia, la Sala estima necesario
abordar, como cuestión previa, la posible configuración de la temeridad y/o de la
cosa juzgada constitucional en el caso sub judice. Al respecto, se advierte desde ya
que, en el presente caso, no concurren los elementos necesarios para dar aplicación
ninguna de estas dos instituciones ni a sus consecuencias.
27. En segundo lugar, la Sala observa que la accionante esgrimió en su escrito de
demanda un amplio abanico de derechos presuntamente vulnerados por las
accionadas. En ese sentido, la Subsección analizará la procedencia de la acción de
tutela para la protección de los derechos invocados. De llegarse a concluir que la
acción de tutela resulta procedente en el caso concreto para la protección de uno o
varios derechos, se realizará el estudio de fondo sobre su posible vulneración.
Cuestión previa: la temeridad y cosa juzgada constitucional
28. El artículo 38 del Decreto 2591 de 199115 señala que la acción de tutela se
considera temeraria cuando una demanda es presentada por la misma persona o
su representante, ante varios jueces constitucionales, sin ofrecer un motivo
expresamente justificado. Además, la misma norma prevé las consecuencias de su
configuración, estableciendo que la acción así presentada será rechazada o
decidida de manera desfavorable, sumado a la imposición de sanciones para el
caso de los abogados que incurran en dicha práctica.
29. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional16 ha desarrollado algunos
aspectos que deben ser tenidos en cuenta al momento de abordar la posible
configuración de la temeridad. Al respecto, ha indicado que debe existir una triple
identidad entre las acciones de tutela presentadas simultánea o sucesivamente, a
saber: (i) identidad de partes, en el sentido de que las acciones de tutela se hayan
15
Al tenor dispone: “Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos
años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar.”
16 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo; Sentencia T-096
de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; Sentencia T-481 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos;
Sentencia T-529 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04207-00
Accionante: Ana Evey Pabón García
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su apoderado o
representantes y se dirija contra el mismo demandado; (ii) identidad de causa
petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la acción de tutela se fundamente en
los mismos hechos que le sirven de sustento, y (iii) identidad de objeto, que consiste
en que las demandas persigan la satisfacción de la misma pretensión o invoquen la
protección de los mismos derechos fundamentales17.
30. Bajo este contexto, la Sala considera que en el caso concreto no se satisfacen
los anteriores requisitos, de manera que no se puede tener por configurada la
temeridad, pues si bien la accionante presentó otra acción de tutela con base en
idénticos hechos, la cual se surtió ante el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bucaramanga, bajo el radicado 68001-31-87-008-2024-
00024-0018, no se configuró la identidad de partes ni de causa petendi frente a la
demanda aquí presentada.
31. En cuanto a la identidad de partes, se observa en el proceso surtido ante el
juzgado, funge como accionante la misma ciudadana que impetró la acción de tutela
de la referencia. No obstante, en punto de las autoridades demandadas, se aprecia
que en la tutela identificada con el radicado 2024-00024-00 no se accionó a la
Presidencia de la República, entidad que sí fue vinculada como extremo pasivo en
el presente trámite.
32. En relación con la identidad de pretensiones, la Sala encuentra que en la
demanda de la referencia se incluyó una pretensión que no formó parte de la acción
presentada ante el juzgado, la cual consistente en ordenar al Presidente de la
Republica que, en ejercicio de su función ejecutiva, suspenda los contratos y a los
funcionarios relacionados con el caso, y se pronuncie sobre su propia
responsabilidad política y personal derivada de los hechos manifestados en la
demanda.
33. En las condiciones analizadas, la Subsección advierte que no concurrieron los
elementos necesarios para dar aplicación a la figura de la temeridad, pues, si bien
las dos demandas de tutela se fundamentan en el mismo escenario fáctico, no existe
identidad en cuanto a las partes y pretensiones en ellas formuladas, de manera que
la cuestión aquí discutida es disímil a la debatida en el proceso de tutela surtido ante
el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bucaramanga.
34. Ahora bien, en razón a que en el proceso adelantado ante el juzgado ya se
profirió sentencia de primera instancia19, para la Sala resulta pertinente examinar la
posible configuración de la institución de la cosa juzgada constitucional, lo cual
impediría a esta judicatura emitir una sentencia de fondo en el caso concreto.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-027 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
18 Documento denominado “77RECIBEMEMORIAL_OneDrive_2_3082024zi(.zip) NroActua 28”, que
obra en el índice 28 de Samai.
19 Documento denominado “75RECIBEMEMORIAL_037FalloTutela42026p(.pdf) NroActua 28”, que
obra en el índice 28 de Samai.
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Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)
35. La institución de la cosa juzgada busca garantizar la seguridad jurídica y el
respeto por el derecho fundamental al debido proceso. En esa línea, el Código
General del Proceso establece, en su artículo 303, que “[l]a sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el
nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el
anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.”20
36. En tal sentido, la Corte Constitucional ha definido a la cosa juzgada como una
“institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas
en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas”21, y ha sostenido que dicha figura también resulta aplicable
en los procesos de tutela22.
37. Así las cosas, la presentación múltiple de una misma acción de tutela, de forma
sucesiva o simultánea, en la que concurra una triple identidad de objeto, causa y
partes, y donde exista un pronunciamiento judicial en firme que haya puesto fin a la
causa litigiosa, da lugar a la configuración de la cosa juzgada23.
38. En ese sentido, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del
fallo que profiere la Corte Constitucional en sede de revisión o, en el caso de que la
decisión de ese Tribunal sea la de no seleccionar para revisión una providencia de
tutela, el efecto del auto que así lo dispone es la ejecutoria formal y material de esa
sentencia. De manera que, la decisión de excluir de revisión un determinado
proceso de tutela, también hace que opere la cosa juzgada constitucional24.
39. Sobre este punto se debe advertir que, revisado el Sistema de Consulta de
Procesos de la Rama Judicial, se encontró que en el proceso de tutela N.° 68001-
31-87-008-2024-00024-00, surtido ante el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, se profirió sentencia de primera instancia
el pasado 24 de agosto de 2024, mediante la cual se declaró improcedente la acción
por no satisfacer el requisito de subsidiariedad. Además, se observa que, de
acuerdo con la información allí consignada, con posterioridad a la sentencia se
allegó una solicitud de aclaración, que aun está pendiente de resolverse:
20 Código General del Proceso, artículo 303.
21 Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001 y T-249 de 2016.
22 Ver, entre otras: Corte Constitucional, entre otras, sentencias T-427 de 2017, T-219 de 2018, T-
089 de 2019, T-497 de 2020, T-393 de 2021 y SU-397 de 2022.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-407 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
24 Corte Constitucional, Sentencias SU-1219 de 2001 y T-407 de 2022.
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40. Asimismo, tras consultar con el nombre completo de la accionante y con el
número de radicado del proceso, en el sistema de búsqueda de procesos dispuesto
por la Secretaría de la Corte Constitucional, no se encontró ningún auto mediante
el cual se haya seleccionado o excluido de revisión el referido proceso, lo cual
permite entender a esta Subsección que ninguno de esos dos eventos ha ocurrido.
41. Así las cosas, esta Sala concluye que no ha operado la figura de la cosa
juzgada constitucional, en tanto que la decisión proferida por el Juzgado Octavo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga no se encuentra
ejecutoriada, pues tal providencia no ha sido seleccionada para su revisión por parte
de la Corte Constitucional, pero tampoco existe auto que haya excluido de revisión
dicho proceso.
42. En suma, en el caso concreto no hay lugar a dar aplicación a la figura de la
temeridad ni a la institución de la cosa juzgada constitucional, por lo que, superada
esta discusión, se procederá a examinar si la acción de tutela resulta procedente
para amparar los derechos cuya vulneración fue invocada en la demanda.
Análisis de la subsidiariedad y la procedencia de la acción de tutela para la
protección de derechos colectivos
43. El numeral tercero del artículo 6 del decreto 2591 de 1991 prescribe que la
acción de tutela será improcedente cuando se busque la protección de derechos
colectivos25. Debido a que, durante la primera década de vigencia de la Constitución
de 1991, existió un vació normativo relacionado con la inexistencia de una norma
legal que desarrollara las acciones populares, en las primeras providencias de
tutela, la Corte Constitucional tuvo oportunidad de explicar las excepcionales
condiciones en las que, incluso ante la existencia de la posibilidad de formular la
acción popular, era posible promover la acción de tutela26.
25 “ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: (…) 3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás
mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses
o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.”
26 Corte Constitucional, Sentencias T-1451 de 2000, SU-1116 de 2001, T-299 de 2008, T-734 de
2009, T-517 de 2011, T-362 de 2014, T-622 de 2016, T-596 de 2017, T-361 de 2017 y T-278 de
2021.
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44. En la sentencia SU-1116 de 2001, la Corte precisó las reglas que han sido
reiteradas de manera consistente por las diferentes salas de revisión. En la
providencia se indicó que, el juez de tutela debe determinar, caso a caso, si un
proceso de tutela sometido a su conocimiento debe ser declarado improcedente y
resuelto a través de la acción popular. Para ello fijó varios requisitos 27. Además, la
providencia aclaró que:
“(…) esta Corte ha indicado que la tutela no procede para la protección de los
derechos colectivos, pues para ellos el ordenamiento ha previsto las acciones
populares (CP art. 88). Sin embargo, esta Corporación ha también precisado que,
si la afectación de un interés colectivo implica también la vulneración o amenaza
de un derecho fundamental del peticionario, entonces la acción de tutela es
procedente, y prevalece sobre las acciones populares, y se convierte en el
instrumento idóneo para el amparo de los derechos amenazados.”28
45. Ilustrativo de lo anterior es la T-596 de 2017 en la que se examinó una acción
de tutela en la que una comunidad de pescadores artesanales de la bahía de Santa
Marta solicitaba la protección de derechos colectivos como el ambiente sano,
puntualmente la protección del ecosistema del que obtenían su sustento. Con el fin
de verificar si la acción de tutela resultaba procedente, en atención a que también
resultaba posible presentar una acción popular, la providencia indicó que el juez
constitucional debe examinar las pretensiones del escrito de amparo. Se indicó en
la decisión:
“(iv) Objeto de las pretensiones o efecto hipotético de la orden judicial en caso
de acceder a ellas
Como ha quedado señalado, las órdenes que el juez de tutela puede adoptar en
aquellos casos en los que se invoca, como fundamento de una violación
iusfundamental, la perturbación de un derecho colectivo, se circunscriben al
restablecimiento del derecho fundamental, dado que, de otra forma, quedarían
vaciadas de contenido las competencias de las autoridades judiciales encargadas
de dar curso a las acciones populares. Tratándose de una restricción a las facultades
27 “Primer criterio: La trascendencia que pueda tener un derecho colectivo en el ámbito de los
derechos fundamentales, no lo hace perder su naturaleza de colectivo y su protección, por tanto, ha
de lograrse a través de la acción diseñada para el efecto, y ésta no es otra que la acción popular.
Sin embargo, si de la vulneración de un derecho de esa naturaleza, se desprenden graves
consecuencias para derechos fundamentales, la acción de tutela como mecanismo de defensa para
éstos, será procedente. // Segundo criterio: Conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y
la vulneración del derecho fundamental. Conexidad que debe arrojar una vulneración directa y clara
de un derecho fundamental determinado. El daño o amenaza del derecho fundamental, debe ser
consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo. Por tanto, ha de
determinarse que la lesión o amenaza del derecho fundamental, es producto del desconocimiento
de uno o varios derechos colectivos y no de otra causa. // Tercer criterio: La existencia de un daño
o amenaza concreta de los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela o de su
núcleo familiar. Este es un problema de legitimidad, pues sólo aquel que ve afectado directamente
en su derecho, puede reclamar su protección. // Cuarto criterio: Debe probarse fehacientemente la
vulneración del derecho fundamental que se dice desconocido o amenazado. Para el efecto, el juez
está obligado a analizar cada caso concreto, para determinar la correspondiente vulneración. //
Quinto criterio: La orden del juez debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental
vulnerado más no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulta
protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza”.
28 Corte Constitucional, Sentencias SU-067 de 1993, T-254 de 1993, T-500 de 1994, SU-429 de
1997, T-244 de 1998, T-644 de 1999, T-1451 de 2000 y T-1527 de 2001.
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del juez de tutela, cabe al mismo tiempo sostener que es un límite a las pretensiones
de los accionantes. En esa dirección, no pueden estos últimos, sin desnaturalizarla,
acudir a la acción de tutela para promover la adopción de medidas generales y
estructurales dirigidas fundamentalmente a la protección de derechos colectivos, sin
interponer previamente la acción popular dispuesta para tal efecto por el
ordenamiento constitucional.
(…)
A partir de un análisis de las pretensiones de la acción de tutela, se puede concluir
que todas ellas están encaminadas a la protección de derechos colectivos o de
satisfacer pretensiones supraindividuales que se proyectarían de manera unitaria en
toda la comunidad de la que hacen parte los accionantes.”
46. De esta manera, la providencia de unificación pacíficamente reiterada por las
salas de revisión ha precisado que, la acción de tutela es procedente, incluso si
prima facie se puede invocar la acción popular, cuando: (i) es posible individualizar
vulneraciones subjetivas iusfundamentales en los derechos de una persona
concreta, y (ii) en todo caso, el juez de tutela debe examinar las peticiones del actor
de tutela, pues si las peticiones de protección son de aquellas que son competencia
del juez popular, por su carácter de estructural, no puede el juez de tutela tomar la
competencia. En esa medida se impone hacer un examen a las peticiones de
protección contenidas en el escrito de amparo, y debe verificarse que se trata de
aquellas que solo afectan a una persona y que atienden a la vulneración de un
derecho fundamental de una persona específica ante una vulneración o amenaza
individualizable. El actor de tutela debe probar la vulneración o amenaza cierta
sobre una persona concreta.
47. En el caso concreto, la Sala observa que las siete pretensiones formuladas en
la demanda son de contenido estructural, y están dirigidas a obtener la satisfacción
de derechos colectivos. De manera particular, y a pesar de que se invocó la
vulneración de derechos fundamentales como el de petición, el derecho a la salud
y a la vida de la accionante, en realidad los hechos y las pretensiones de la demanda
apuntan a la obtención de una solución definitiva a una serie de problemas que
reclama la comunidad del barrio Terrazas de Bellavista, en Girón.
48. De hecho, la mayoría de los fundamentos de la demanda aluden a situaciones
hipotéticas que le pueden llegar a ocurrir a distintos miembros de la comunidad
como consecuencia de la ejecución del contrato de obra la mitigación del riesgo,
cuya suspensión se depreca. Así, por ejemplo, en la demanda se hace referencia a
los derechos de los niños y niñas del Colegio Serrano Muñoz, así como, en general,
a los derechos de los habitantes del barrio en que reside la accionante, pero no se
especifica ni se desarrolla ninguna afectación particular que la actora esté sufriendo
en sus derechos fundamentales.
49. En este sentido, llama la atención de la Sala que los motivos de inconformidad
que la accionante manifiesta tener con la ejecución de las obras de mitigación del
riesgo, guardan una enorme similitud con los reparos manifestados por más de 160
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miembros de la comunidad mediante el derecho de petición presentado ante
diversas entidades el 10 de marzo de 202429.
50. De esta manera, fuerza concluir que, de aprehenderse el estudio de fondo
sobre la demanda de la referencia, se estaría invadiendo por vía de la tutela la esfera
que es propia del juez popular, en tanto que la actora está persiguiendo una solución
estructural a los problemas de su comunidad. De igual forma, la Sala observa que
no existe una especial afectación a los derechos fundamentales de la actora
derivados de la presunta vulneración de los derechos colectivos invocados, pues no
puso de presente ninguna circunstancia que la sitúe en una especial situación de
indefensión o vulnerabilidad que agrave en ella la afectación de sus derechos en
contraste con el resto de miembros de su comunidad.
51. De conformidad con lo anterior, la Subsección declarará improcedente la
petición de amparo por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en tanto
que la accionante cuenta con la acción popular como la vía judicial idónea para
perseguir la protección de los derechos colectivos de su comunidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Ana Evey Pabón García, en relación con la protección de sus derechos a la
salud, a la vida, al medio ambiente sano, a los derechos de los niños y niñas, a la
información, publicidad, petición, y a la participación ciudadana en la conformación,
ejercicio y control del poder político.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto.
Ver folios 187 y 188 del Documento denominado “3ED_2DemandaPDF(.pdf) NroActua 2”, que obra
29
en el índice 2 de Samai.
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Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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