Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04216-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04216-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04216-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
3 de octubre de 2024
Demandante: María Elsy Méndez de Robles
Demandado: Municipio de Facatativá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04216-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., tres (3) de octubre dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04216-00
Demandante: MARIA ELSY MÉNDEZ DE ROBLES
Demandado: MUNICIPIO DE FACATATIVÁ Y OTRO
Tema: Tutela por presunta vulneración al derecho fundamental de petición
– niega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la solicitud de amparo constitucional
presentada por la señora María Elsy Méndez de Robles, en ejercicio de la acción de
tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto
2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 12 de agosto de 2024 la señora Dulce María Obando Méndez (en su calidad de
directora de la Fundación Casa Social Dulce María), quien actúa como agente oficiosa
de la señora María Elsy Méndez de Robles, instauró acción de tutela contra el
municipio de Facatativá, al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de
Facatativá, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Facatativá y la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Lo anterior, con ocasión a que elevó petición ante la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres – UNGRD, en la cual solicitó la atención y reubicación
adecuada de su vivienda, situada en una zona de alto riesgo.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1
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Demandante: María Elsy Méndez de Robles
Demandado: Municipio de Facatativá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04216-00
2. Que se ordene al Municipio de Facatativá y a la Secretaría de Gestión del Riesgo
realizar las siguientes acciones dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la sentencia de tutela: - Realizar una inspección ocular de la vivienda de la
señora María Elsy. - Implementar un plan de reubicación inmediato para garantizar
su seguridad y bienestar.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
La señora Dulce María Obando Méndez elevó petición ante Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (sin indicar la fecha), en la cual solicitó una inspección
ocular de la vivienda de la señora María Elsy Méndez de Robles, así como su
reubicación, por estar situada en una zona de alto riesgo.
Dicha unidad el 18 de septiembre de 2024 remitió por competencia la petición a la
Alcaldía Municipal de Facatativá y al Consejo Departamental para la Gestión del
Riesgo de Desastres de Cundinamarca.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Adujo que la señora María Elsy Méndez de Robles tiene 72 años y ha estado
padeciendo la vulneración de sus derechos debido a la crítica situación de su vivienda ,
«que se ha corrido completamente» y presenta graves problemas de humedad. Agregó
que, a pesar de haber solicitado en múltiples ocasiones la intervención de la
administración municipal, no se ha realizado una inspección ocular adecuada en los
últimos 7 meses.
Concluyó que la falta de respuesta y acción por parte de las autoridades ha llevado a
que la señora María Elsy y su familia vivan en condiciones indignas, con problemas de
salud derivados de la situación de su vivienda.
1.5. Trámite de la acción1
Mediante auto del 12 de septiembre de 2024 la magistrada ponente de esta decisión
admitió la acción de tutela y ordenó su notificación tanto a la parte actora2 como al
1 Mediante auto del 23 de agosto 2024, se inadmitió la acción tutela, con el propósito de que la señora Dulce María
Obando Méndez en el término de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de ese proveído: i)
manifestara de manera expresa las razones que imposibilitan al titular del derecho, la señora María Elsy Méndez
de Robles a ejercer la acción de tutela en nombre propio (agencia oficiosa) o, ii) indicara si actuaba en calidad de
apoderada judicial de la actora y de ser así, allegara el correspondiente poder especial que acredite el ius postulandi
que le asiste para instaurar la acción de tutela de la referencia en su nombre, lo anterior, so pena de rechazo y iii)
allegara los documentos mencionados en el acápite de pruebas del escrito de tutela.
Si bien no se allegó lo requerido, lo cierto es que el Despacho admitió la acción de tutela atendiendo a que la
accionante era un sujeto de especial protección constitucional.
2 dulcemariaoba474@gmail.com; salud@cundinamarca.gov.co.
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Demandado: Municipio de Facatativá y otro
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municipio de Facatativá3, al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de
Facatativá4, a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Facatativá 5 y a la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD6, como entidades
accionadas.
Igualmente, requirió a la señora Dulce María Obando Méndez para que allegara los
documentos mencionados en el acápite de pruebas del escrito de tutela 7, pero no lo
hizo.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Solicitó negar las pretensiones de la tutela porque desde el Grupo de Relacionamiento
con el Ciudadano - Oficina de Atención al Ciudadano de la Unidad Nacional para la
Gestión de Riesgo de Desastres otorgó respuesta de fondo, clara y concreta a la
petición elevada por la actora, en la que se le comunicó el traslado de la petición a la
Alcaldía Municipal de Facatativá (Cundinamarca) y al Consejo Departamental para la
Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD de Cundinamarca, «la cual fue remitida a la
dirección de correo electrónico dulcemariaoba474@gmail.com el día 18 de septiembre de
2024, ya que esa fue la dirección electrónica reportada para recibir notificaciones».
Igualmente adujo que no se vulneró derecho fundamental alguno ya que dicha entidad
no era la encargada de dar solución a las pretensiones esbozadas por la accionante.
Eso, teniendo en cuenta que estas no guardaban relación alguna con sus
competencias, las cuales consisten en dirigir la implementación de la gestión del riesgo
de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, así como coordinar el
funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres.
Reiteró que por lo anterior, dio traslado de la petición en los términos establecidos en
el artículo 21 de Ley 1755 de 2015 a la Alcaldía Municipal de Facatativá
(Cundinamarca) y al Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
• CDGRD de Cundinamarca, para que dentro sus competencias realicen el respectivo
trámite.
3 alcaldia@facatativa-cundinamarca.gov.co.
4 contactenos@facatativa-cundinamarca.gov.co; notificacionjudicial@facatativacundinamarca.gov.co
5 sgestiondelriesgo@cundinamarca.gov.co.
6 notificacionesjudiciales@gestiondelriesgo.gov.co; contactenos@gestiondelriesgo.gov.co
7 Documentación que respalda las solicitudes realizadas a la administración municipal, acta de la tutela anterior que
falló a favor de la señora María Elsy y fotografías que evidencian el estado crítico de la vivienda.
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Las demás entidades pese a ser debidamente notificadas, no rindieron informe de
fondo frente al asunto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Si se atiende a lo indicado en la tutela, al Consejo de Estado no le correspondería
conocer de la solicitud de amparo, comoquiera que, la tutela se dirige contra el
municipio de Facatativá y otros por ello el reparto del mecanismo de protección
constitucional debería hacerse en primera instancia, a los jueces municipales. Lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y al numeral 1º del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
Sin embargo, la Corte Constitucional, de manera reiterada, ha indicado que:
3. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones
contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de
ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales,
sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el
mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades
judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone,
principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe
fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal
del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia. (Negrita y subrayado
fuera del texto).
Igualmente, las consideraciones del máximo Tribunal Constitucional coinciden con lo
dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se advirtió:
PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún
juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia.
En cumplimiento de las directrices jurisprudenciales y normativas expuestas, el
Consejo de Estado asume la competencia para conocer de la demanda que presentó
la señora Obando Méndez.
2.2. Problema jurídico
Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y las
respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado, los informes y
argumentos esgrimidos, corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema
jurídico que subyace al caso en concreto:
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¿La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD vulneró
el derecho fundamental de petición de la actora al no darle respuesta a la petición
que elevó?
Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición, (iii) legitimación e
intereses en las acciones de tutela y; (iv) el caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable8.
2.4. Del derecho de petición
La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución»9. El mismo artículo superior precisa que el Legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos
parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho : “El núcleo esencial
del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el
sentido de lo decidido”.10
De igual forma, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante
la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
8 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
9 Corte Constitucional. C-510-04. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.
10 Sentencia T-332-15, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.
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explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar sobre
aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal
de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre
de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin
que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de
manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional
relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una
aclaración plena de la respuesta dada.»11
Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de «agotar los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la
notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que
la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante.»12
En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre
la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta
comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido
sea positivo o negativo13.
De tal manera, la respuesta debe cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye
la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para
entender satisfecho el derecho que se invoca14.
Sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en
señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo pedido, por lo
11 Sentencia T-149-13, Magistrado Ponente Luis Guillermo Pérez Pérez.
12 Ibidem.
13 Corte Constitucional, sentencia T-161 de 10 de marzo de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
14 Sobre el tema, ver sentencia de 22.03.2012., Radicación: 25000-23-25-000-2012-00150-01, Actor: Robert Wilson
Molina Sambony M.P. Susana Buitrago Valencia.
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que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta, cuestión
distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no de un derecho subjetivo.
Finalmente, la Corte Constitucional15 ha indicado que se debe asegurar la adecuada
garantía del ejercicio del derecho de petición ante particulares porque esto permite el
ejercicio de otras prerrogativas constitucionales como los derechos de acceso a la
información, a los documentos públicos, a la participación democrática y a la libertad
de expresión. Con base en lo anterior, el máximo tribunal constitucional estableció que
una respuesta se considera «i) suficiente cuando resuelve materialmente la petición, sin
perjuicio de que la respuesta sea negativa a sus pretensiones; ii) efectiva si soluciona el caso
que se plantea y iii) congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido.»16
Concluyó que «aunque estos criterios jurisprudenciales fueron construidos alrededor del
derecho de petición frente a autoridades públicas, esto no quiere decir que no puedan ser
aplicados a los particulares. En estos casos, la Corte Constitucional ha establecido que
procede el derecho de petición en ciertos eventos, según fue referido líneas atrás, en los
cuales, las organizaciones privadas están en la obligación de emitir una respuesta de fondo,
pero, se reitera, no necesariamente favorable.»
2.5. Legitimación e intereses en las acciones de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política, establece que toda persona puede acudir a
la acción de tutela «para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».
En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 199117, en los artículos 1°, 10, 46 y 49, precisa
que esa acción puede ser presentada por cualquier persona que encuentre vulnerados
sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante;
(iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa, cuando el titular de los derechos
fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa. También pueden
interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales18.
De esa manera, el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que «Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
15 Sentencia T-358/20.
16 Ibidem.
17
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
18
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-793, 27.09.07, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
7
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vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en las casos que señale este Decreto»19. (Subrayado fuera de texto).
La Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 200320, manifestó que la acción de
tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y
que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá
ejercerla directamente o por quien actúe en su nombre. Por consiguiente, no se
«requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber escribir, es
decir, la Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto activo de la acción.
Inclusive, no es requisito esencial presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de que
la misma se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no sepa
escribir o sea menor de edad»21.
En ese sentido, la misma corte en sentencia T-552 de 2006, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, señaló:
La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en
la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha
establecido la Corte en anteriores oportunidades22, a partir de las normas de la
Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite
cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los
presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los
procesos de tutela.
En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio
directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales (caso
de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado
debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el
poder especial para el caso, o en su defecto el poder general respectivo, y (iv) la del
ejercicio por medio de agente oficioso23.(Subrayado fuera de texto).
La agencia oficiosa fue establecida en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 como
una figura jurídica mediante la cual una persona puede solicitar la protección de los
derechos fundamentales de otro sujeto que no puede ejercer su propia defensa.
Expresamente la disposición señala «[t]ambién se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de estos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.»
19
“Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-018
del 25 de enero de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez”.
20
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T- 1020, 30.10.03, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
21
“Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14 del
Decreto 2591 de 1991.”
22
“Ver sentencia T-531 del 4 de julio de 2002, M.P, Eduardo Montealegre Lynett.”
23
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-552, 14.07.06, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
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De conformidad con el alto tribunal constitucional24, la procedencia de la agencia
oficiosa es excepcional y está supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos
normativos: i) la manifestación del agente oficioso de estar actuando en tal calidad y,
ii) la imposibilidad del agenciado de defender directamente sus derechos.
2.6. Caso concreto
Sea lo primero poner de presente que la señora Dulce María Obando Méndez obra en
calidad de agente oficiosa de la señora María Elsy Méndez de Robles, toda vez que
es un sujeto de especial protección, pues tiene de 72 años y ha estado lidiando con
una presunta vulneración a sus garantías constitucionales debido a la crítica situación
de su vivienda, la cual presenta graves problemas de humedad. Por lo anterior, inició
en su nombre este mecanismo tutelar para lograr la protección de sus derechos
fundamentales por la falta de respuesta a la petición, en la cual solicitó la atención y
reubicación adecuada de su vivienda, situada en una zona de alto riesgo.
Igualmente, para esta Sala no es clara la fecha exacta en que se radicó dicha solicitud,
pues pese a ser requerida mediante auto admisorio del 12 de septiembre de 2024 para
que aportara los documentos que mencionó en el escrito de tutela, la agente oficiosa
guardó silencio frente a este punto.
Corolario a lo anterior, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres
adujo que dio respuesta a dicha petición «identificada con Ticket Nº GSC-2024-125626/
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO, en la que solicita atención urgente a la situación
de vulnerabilidad en que se encuentra la señora María Elsy Méndez de Robles y otros
residentes de la calle 15 Este 335, entre otros temas relacionados» no obstante, tampoco
esclareció la fecha de presentación de la petición, de lo cual se infiere que esta sí se
radicó en la entidad, por lo que se procederá a verificar si se vulneró el derecho de
petición de la actora:
Se observa que el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano - Oficina de Atención
al Ciudadano de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres el 18 de
septiembre de 2024 dio traslado de la solicitud a la Alcaldía Municipal de Facatativá y
al Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca,
para que dentro sus competencias realizaran el respectivo trámite.
Dicha remisión fue notificada debidamente tanto a la actora como a las entidades,
como se observa:
24
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-
029 de 1993, T-736 de 2017, SU-055 de 2015, T-162 de 2016, T-120 de 2017, T-733 de 2017, T-382
de 2021.
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Frente a lo anterior, se observa que, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de
Desastres cumplió con el deber que le impone el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011,
esto es trasladar la solicitud del accionante a las autoridades que consideraba
competentes para resolverla y notificar dicha actuación en debida forma.
Por lo anterior, se negará el amparo frente a dicha entidad pues no se observa que
haya vulnerado el derecho fundamental de petición de la actora.
De igual forma, se recuerda que, es que el objeto de lo solicitado por la actora gira en
torno a actuaciones meramente administrativas25, a las cuales les son aplicables las
normas propias del derecho fundamental de petición, de conformidad con el artículo
14 de la Ley 1755 de 2015, que establece que «Salvo norma legal especial y so pena de
sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes
a su recepción.»
Así, teniendo en cuenta que la remisión se efectuó el 18 de septiembre de 2024, a la
fecha en que se profiere este fallo de tutela, no han transcurrido los 15 días hábiles
con que cuenta la Alcaldía Municipal de Facatativá y el Consejo Departamental para
la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca para dar respuesta de fondo
frente a la solicitud elevada por la accionante.
De conformidad con lo expuesto, se negarán las pretensiones de la demanda porque
la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres cumplió con el deber legal
de trasladar la petición a la entidad competente, lo cual fue debidamente notificado al
actor y las entidades.
25 En este mismo sentido se pronunció la Sala en la sentencia de 6 de mayo de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2021-01466-00.
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Demandante: María Elsy Méndez de Robles
Demandado: Municipio de Facatativá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04216-00
Finalmente, en relación con la pretensión tendiente a que se ordene la inspección y
reubicación de la vivienda de la señora Méndez de Robles, la Sala no advierte que en
el expediente obre prueba siquiera sumaria que permita evidenciar las condiciones de
riesgo en las que se encuentra la agenciada, comoquiera que en los autos de 23 de
agosto y 12 de septiembre de 2024 se requirió a la agente oficiosa que remitiera las
pruebas que mencionaba en el escrito de tutela. No obstante, guardó silencio, situación
que impide a esta Sala ordenar lo pretendido por la parte actora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela elevada por la señora Dulce María Obando
Méndez, quien actúa en calidad de agente oficiosa de la señora María Elsy Méndez
de Robles.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
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