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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04236-01

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04236-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- CONFIRMAR la sentencia del 6 de septiembre de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.- NOTIFICAR la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-04236-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

23 de enero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04236-01
Demandante: Asociación de Jubilados Universitarios -AJUBILUD

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04236-01
Demandante: ASOCIACIÓN DE JUBILADOS UNIVERSITARIOS - AJUBILUD
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “D”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Auto que adecua demanda a medio
de control de nulidad simple y resuelve conflicto negativo de
competencia. Incumplimiento del presupuesto de subsidiaridad y
discusión de naturaleza legal

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
del 6 de septiembre de 2024, dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por carecer del
requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La Asociación de Jubilados Universitarios (en adelante AJUBILUD), relató que el
Consejo Superior de la Universidad Francisco José de Caldas expidió el Acuerdo
No. 014 de 2023, “por medio del cual se modifica el Acuerdo 05 de 1997,
modificado por el Acuerdo 03 de 2005, mediante el cual se crea el Fondo para el
Pago del Pasivo Pensional de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas,
se faculta al rector para adelantar la contratación de un encargo fiduciario y se
dictan otras disposiciones”.

Explicó que para la expedición del mencionado acuerdo era necesaria su
participación porque son los directamente afectados con la modificación del Fondo
para el Pago del Pasivo Pensional de la Universidad, sin embargo, no fue
informada ni convocada ni fue partícipe del mismo, por lo que el 11 de enero de
2024, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el
fin de que se declarara la nulidad del Acuerdo No. 014 de 2023. Así mismo,
solicitaron que se “RESTABLEZCAN los Derechos Fundamentales al Debido
Proceso, al derecho de Audiencia, al derecho a la Defensa y a la Participación”.

Mencionó que la demanda fue asignada al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Bogotá, Sección Primera, que mediante auto del 12 de marzo de 2024,
lo remitió por competencia para que sea repartido a los Juzgados Administrativos
del Circuito de Bogotá, Sección Segunda.

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Demandante: Asociación de Jubilados Universitarios -AJUBILUD

Adujo que el 16 de mayo de 2024, el expediente fue repartido al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Bogotá, quien en providencia del 30 de mayo de
2024 declaró la falta de competencia y propuso conflicto negativo de competencia
con el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá, por considerar que
en el asunto la discusión no era de carácter laboral. En ese sentido, remitió el
expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Para terminar, señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D”, en providencia del 30 de julio de 2024, concluyó que la
demanda debía ser conocida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Bogotá, teniendo en cuenta que a la Sección Primera le corresponde asumir
“los demás procesos no asignados a las otras secciones, tales como las simples
nulidades”, y adecuó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
al de nulidad simple.

2. Fundamentos de la acción

La parte accionante presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, defensa y de acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, con el auto del 30 de julio
de 2024, que resolvió el conflicto negativo de competencia en el que dispuso
adecuar la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho al de nulidad simple, pasando por alto que se cumplen todos los
requisitos previstos en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

Sostuvo que la autoridad judicial demandada se extralimitó en sus funciones al
adecuar el medio de control, toda vez que las pretensiones de la demanda que
presentaron están encaminadas no solo a que se declare la nulidad de un acto
administrativo, sino también a que se restablezcan los derechos fundamentales al
debido proceso, de audiencia y de defensa.

Mencionó que la asociación está legitimada en la causa por activa para adelantar
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho porque formaba
parte del Comité Asesor y de Control del Fondo, el cual fue eliminado por la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas sin su participación, situación que,
en su criterio, configuró la vulneración de los derechos fundamentales de
participación, debido proceso, audiencia y defensa.

Aseveró que de forma errónea el tribunal limitó la inconformidad de la sociedad a
la vulneración del derecho de participación, cuando en el escrito de la demanda se
solicitó la protección y el restablecimiento de las garantías fundamentales que
estaban siendo transgredidas.

Precisó que, contrario a lo afirmado por la autoridad judicial demandada, cuenta
con unas condiciones especiales para solicitar la nulidad del acto demandado, en
tanto la sociedad formaba parte del comité asesor de control del Fondo
establecido en el artículo 7 del Acuerdo No. 003 del 6 de julio de 2005, “el cual fue
modificado por la Universidad Distrital, sin convocarla o hacerla partícipe,
eliminado dicho Comité Asesor y de Control del Fondo, y creando un Comité de
Dirección del Fondo del cual excluyó a AJUBILUD, situación que, a todas luces
configuró la vulneración de los derechos fundamentales de participación, debido
proceso, audiencia y defensa”.

Insistió en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”, se extralimitó en sus competencias, porque conforme con el
artículo 158 de la Ley 1437 de 2011 únicamente debía dirimir el conflicto de
competencia sin adecuar la demanda a otro medio de control diferente al
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presentado, pues afirmó que ese cambio se podía hacer en el auto de admisión de
la demanda de acuerdo con el artículo 171 ibídem.

Por último, refirió que la solicitud de amparo constitucional cumple con el requisito
de subsidiariedad porque no cuenta con otro mecanismo ordinario para la
protección de sus derechos, teniendo en cuenta que el artículo 243A de la Ley
1437 de 2011 indica que el auto que resuelve un conflicto de competencia no es
susceptible de ningún recurso. Así mismo, indicó que se acredita el presupuesto
de la inmediatez y el de relevancia constitucional, por cuanto se están vulnerando
sus derechos fundamentales.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes:

“PRIMERO. Tutelar los derechos fundamentales al Debido Proceso y Derecho de
Defensa de mi representada, la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS UNIVERSITARIOS -
AJUBILUD, identificada con NIT 830.073.520-2 y de sus asociados, quienes son en su
inmensa mayoría personas de la tercera edad, sujetos de especial protección
constitucional.

SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior, solicito a su Honorable Despacho, ordene
al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocar o modificar el Auto de fecha 30
de julio de 2024, mediante el cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, profirió el auto que resuelve el conflicto negativo de
competencia, suscitado entre el Juzgado Segundo (2o) Administrativo -Sección Primera
y el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo -Sección Segunda, ambos del Circuito de
Bogotá D.C., para conocer la demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, instaurada por mi, como apoderado de ASOCIACIÓN
DE JUBILADOS UNIVERSITARIOS -AJUBILUD, contra la UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. El conflicto de competencia se resolvió dentro del
radicado 25000-23-15-000-2024-00443-00 y vulnera los derechos fundamentales de mi
representada.

TERCERO. Solicito se instruya al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca como
resolver el conflicto de competencia, con base en lo preceptuado en los artículos 138,
158 y 171 del CPACA y lo contenido en la demanda, en ejercicio del medio de control
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, instaurada por mi, como apoderado de
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS UNIVERSITARIOS -AJUBILUD, contra la
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”.

4. Trámite procesal

Por auto del 15 de agosto de 2024, la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar
a la parte demandante y a la autoridad judicial demandada. Además, se ordenó
vincular a los Juzgados Segundo y Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá
y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como terceros interesados en
el resultado del proceso.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D”

La magistrada ponente de la decisión acusada rindió informe en el que solicitó que
se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no se acreditó el
requisito de relevancia constitucional, pues la parte actora acude al mecanismo
como una tercera instancia.

Mencionó que el 30 de julio de 2024, profirió auto en el que dirimió el conflicto
negativo de competencia en el sentido de indicar que el expediente debía ser

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conocido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá,
comoquiera que: i) el objeto de la controversia no generaba un restablecimiento
automático del derecho, ii) no afectaba el pago de pensiones, iii) no se discutía un
derecho laboral o pensión y iv) la finalidad de las pretensiones se centraba en
determinar si la entidad demandada vulneró el derecho de participación de la
Asociación de Jubilados Universitarios, para emitir el Acuerdo No. 05 de 1997,
modificado por el Acuerdo 03 de 2005, que culminó en la expedición del Acuerdo
No. 014 del 15 de junio de 2023, afectando el perfeccionamiento del mismo.

Señaló que en el caso de una eventual sentencia favorable a las pretensiones, la
participación de AJUBILUD se tornaría imperativa para la expedición del acto que
se pretenda modificar el acuerdo que creó el fondo para el pago del pasivo
pensional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por lo que la
demanda debía presentarse conforme con el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

En ese sentido, expuso que la demandante indicó una vía procesal inadecuada,
por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 171 ibídem, dispuso
que el medio de control se adecuara a de nulidad simple, dando a la demanda el
trámite correspondiente.

Por último, puso de presente que la demandante contó con otro medio de defensa
judicial porque conforme con el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, modificado
por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, procedía el recurso de reposición contra
el auto objeto de debate, sin embargo, no hizo uso del mismo.

5.2. Respuesta del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá

El titular del despacho rindió informe en el que explicó que el 16 de mayo de 2024,
le fue repartido el expediente con radicado No. 110013335007202400161-00,
teniendo en cuenta que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá,
Sección Primera, en auto del 12 de marzo de 2024, declaró la falta de
competencia para conocer la demanda.

Mencionó que la inconformidad de AJUBILUD reside en que no fueron participes
del proceso de expedición del Acuerdo No. 014 de 2023, que modificó otros
acuerdos respecto del fondo para el pago del pasivo pensional de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, por lo que conforme a lo establecido con el
numeral 1 del artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 30 de
la Ley 2080 de 2021 y el Decreto 2288 de 1989, la demanda debía ser conocida
por la Sección Primera de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, ya
que no era una controversia de carácter laboral.

Precisó que en auto del 30 de mayo de 2024, declaró la falta de competencia para
conocer la demanda y propuso conflicto negativo de competencia ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, que en
providencia del 30 de julio de 2024 adecuó la demanda al medio de control de
nulidad simple y dispuso que el expediente debía ser conocido por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Primera.

Relató que estando en curso el conflicto negativo de competencia, la accionante
presentó una acción de tutela1, la cual correspondió por reparto a la Sección
Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, que en sentencia del 3 de julio de
2024, negó el amparo solicitado de los derechos fundamentales “y declaró
improcedente la solicitud de conflicto de competencia por incumplir con el requisito
de subsidiaridad”.

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Radicado No. 11001-03-15-000-2024-02955-00
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Finalmente, consideró que las actuaciones proferidas se ajustaron a los preceptos
constitucionales y legales sin que se pueda endilgar alguna conducta que vulnere
derechos fundamentales.

5.3. Respuesta del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá

La titular del despacho sostuvo que el 12 de marzo de 2024, dispuso la remisión
de la demanda presentada por la sociedad accionante a los juzgados
administrativos que conforman la sección segunda porque consideró que el asunto
tenía una connotación laboral.

Expresó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”, al resolver el conflicto de competencia propuesto por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá, dispuso que el asunto debía
tramitarse a través del medio de control de nulidad simple.

Para terminar, afirmó que la actora presentó una acción de tutela con el fin de que
se diera celeridad al conflicto de competencia, la cual fue resuelta por medio de
sentencia del 3 de julio de 2024 por la Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado, en el sentido de negar el amparo solicitado.

5.4. Respuesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

El apoderado de la institución educativa rindió informe en el que solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto la autoridad judicial
demandada no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, ni se
evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la
intervención del juez constitucional.

Así mismo, pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de
ese establecimiento educativo, por cuanto no es la llamada a responder por la
supuesta amenaza de las garantías fundamentales alegadas, pues señaló que en
el caso no se aportaron pruebas que demuestren la afectación de derechos por
alguna acción u omisión de la entidad.

6. Memorial allegado por la asociación AJUBILUD

La parte accionante indicó que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Bogotá el 27 de agosto de 2024, inadmitió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho “para que en el término de diez (10) días, se adecúe
la demanda al medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA”, por lo que solicitó que se profiera sentencia de fondo amparando los
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, teniendo en cuenta que
los asociados son sujetos de especial protección constitucional por ser personas
de la tercera edad.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado mediante sentencia
del 6 de septiembre de 2024, declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el presupuesto de subsidiariedad, porque la actora contaba con la
posibilidad de interponer el recurso de reposición contra la decisión objeto de
reproche de constitucional previo a acudir a la solicitud de amparo.

Afirmó que en el caso era necesaria la adecuación del medio control que realizó el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, para
poder resolver el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bogotá y el Juzgado Séptimo Administrativo del
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Circuito de Bogotá, porque el litigio se centraba en determinar la participación de
AJUBILUD en la expedición del acto administrativo demandado.

Explicó que si la parte demandante no estaba de acuerdo con la adecuación del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al de nulidad simple,
debió interponer el recurso de reposición previsto en el artículo 242 de la Ley 1437
de 2011 para que la inconformidad fuera estudiada y decidida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y no acudir a la acción de tutela, toda vez que
este no es un mecanismo alternativo o una instancia adicional para atender
problemas jurídicos que debieron ser resueltos por el juez de la causa.

Aclaró que si bien, de acuerdo con el artículo 243 A de la Ley 1437 de 20112 no
procede recurso contra la providencia que resuelva un conflicto de competencia, lo
cierto es que la actora debió dirigir el recurso contra el numeral primero del auto
donde se realizó la adecuación al medio de control, por lo que al no agotar todos
los mecanismos de defensa judicial que tenía a su alcance no es procedente la
acción de tutela.

Finalmente, destacó que el ejercicio de la solicitud de amparo no habilita al juez
constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni interferir en ellos,
a menos que exista un perjuicio irremediable, el cual no fue acreditado en el
asunto.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se acceda al amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa que se están
vulnerando.

Reiteró los argumentos del escrito de tutela en el sentido de insistir que: i) la
demanda que interpuso contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
cumple con los requisitos del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 y ii) la autoridad judicial
accionada se extralimitó en las funciones al adecuar el medio de control al resolver
un conflicto negativo de competencia.

Por último, afirmó que el juez constitucional de primera instancia erró al considerar
que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, porque
conforme con el artículo 243A de la Ley 1437 de 2011 el auto que resuelve el
conflicto de competencia no es susceptible de recursos ordinarios.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2
Artículo 243A. Adicionado por el art. 63, Ley 2080 de 2021. <El texto adicionado es el siguiente> Providencias no
susceptibles de recursos ordinarios. No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias: (…) 5. Las que
resuelvan los conflictos de competencia.
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2. Planteamiento del problema jurídico y solución

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia del 6 de septiembre de 2024, dictada por la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que declaró improcedente la
acción de tutela por desatender el requisito subsidiariedad, toda vez que la
providencia objeto de reproche constitucional en lo relativo a la adecuación del
medio de control no fue objeto de recurso de reposición, y si debe acceder al
amparo constitucional solicitado por la parte actora porque la autoridad judicial
demandada desbordó su marco de competencia al momento de resolver el
conflicto negativo de competencia, en tanto dispuso adecuar la demanda
presentada al medio de control de nulidad simple.

La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela porque no cumple el presupuesto de
subsidiariedad.

3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se
cuestionan providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros
mecanismos jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del
actor.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de
3
2022 , la Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado
de manera alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o
especiales, por cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para
solicitar la protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial, “pues

3
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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el ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la rama
judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir de la
utilización de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la corrección de
4
las providencias judiciales” .

Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha
precisado tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse
al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional
para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en
el ordenamiento jurídico5.

En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo
alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al interior del trámite
ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza
de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el amparo de dichas garantías dentro
6
del proceso .

Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de acudir
de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para ello. Esta
exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia adicional en el
trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por
7
el Legislador” .

Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.

En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más
exigente, cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que
“asegura que el recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más dentro del
trámite jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás diseñados por el
legislador o, como un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos ordinarios” .
8

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, defensa y de acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, con el auto del 30 de julio
de 2024, en el que dispuso: i) adecuar la demanda presentada en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al de nulidad simple y
ii) dirimió el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Primera y el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda.

4
Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
5
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P Carlos Bernal
Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
6
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
7
Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
8
Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Demandante: Asociación de Jubilados Universitarios -AJUBILUD

Lo anterior por cuanto consideró que la demanda cumplía con todos los requisitos
del artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 y la autoridad judicial accionada se
extralimitó en sus funciones porque el artículo 158 de la Ley 1437 de 2011, indica
que el juez únicamente debe dirimir el conflicto de competencia sin que se permita
la adecuación de la demanda.

La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en sentencia del 6 de
septiembre de 2024, declaró la improcedencia de la solicitud por no cumplir con el
requisito de subsidiaridad. Luego de evidenciar que contra el auto del 30 de julio
de 2024 mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D”, adecuó la demanda presentada por la actora como
nulidad y restablecimiento del derecho a nulidad simple y resolvió el conflicto
negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Administrativo y el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá, la actora contó con el
recurso de reposición previsto en el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, contra el
numeral primero que adecuó el medio de control, del que no hizo uso y el cual no
puede ser desplazado, en principio, por vías alternas y residuales como la acción
constitucional.

En el escrito de impugnación, la parte actora insistió en los argumentos expuestos
en la demanda de tutela y sostuvo que el presupuesto de la subsidiariedad se
encuentra satisfecho, toda vez que contra el auto acusado no procedían recursos
ordinarios conforme con el artículo 243A de la Ley 1437 de 2011.

4.2. De manera previa a resolver el problema jurídico, la Sala realizará un breve
recuento de las actuaciones judiciales relevantes en el presente caso:

El 31 de enero de 2024, la Asociación de Jubilados Universitarios -AJUBILUD, en
ejercicio del medio de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda
contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con la pretensión de que
se declarara “la nulidad del Acuerdo Nro. 014, del 15 de junio de 2023, publicado el 27
de junio del mismo año, por medio del cual se modifica el Acuerdo 05 de 1997, modificado
por el Acuerdo 03 de 2005, mediante el cual se crea el Fondo para el Pago del Pasivo
Pensional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. A título de
restablecimiento del derecho solicitó lo siguiente:

“En consecuencia de lo anterior, solicito se restablezcan los derechos vulnerados a la
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS UNIVERSITARIOS - AJUBILUD para lo cual, pido se le
ordene a la UNIVERSIDAD DISTRITAL F.J.C garantizar los derechos de fundamentales
de AJUBILUD y sus asociados durante el proceso de modificación del Acuerdo 03 de
2005 "por el cual se reestructura el fondo para el pago del Pasivo Pensional de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y se dictan otras disposiciones", en
particular los derechos fundamentales a la participación y al debido proceso”.

La demanda fue repartida al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Bogotá -Sección Primera-, quien en providencia del 12 de marzo de 2024 la
remitió por competencia a la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos
de Bogotá -Sección Segunda-, al considerar que “de los hechos, pretensiones,
fundamentos de derecho y anexos aportados en la demanda, se desprende que la
universidad demandada, a través del acto administrativo atacado, decidió modificar el
fondo para el pago de pensiones de sus empleados, sin tenerlos en cuenta, pues, en
consideración de la demandante, han debido ser convocados para la adopción de la
referida decisión. De acuerdo con lo anterior, se ordenará remitir el proceso a la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogotá, a efectos de que esa
dependencia proceda a efectuar el respectivo reparto entre los juzgados pertenecientes a
la Sección Segunda, ya que, como se logró observar, el tema es inminentemente laboral”.

El expediente le correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Bogotá, que por medio de proveído del 30 de mayo de 2024 declaró la falta de
competencia y propuso conflicto negativo de competencia porque, a su juicio, la
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controversia no era de carácter laboral y, en ese sentido, le correspondía asumir el
conocimiento a la Sección Primera de los Juzgados Administrativos del Circuito de
Bogotá.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” en
auto de 30 de julio de 2024, consideró:

En otras palabras como la inconformidad de la Asociación de Jubilados Universitarios –
AJUBILUD, radica en la vulneración del derecho de participación y como consecuencia
garantizar la misma en la decisión de emitir el Acuerdo que creó el Fondo para el pago
del pasivo pensional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, no se está
debatiendo el reconocimiento de un derecho prestacional o algún emolumento salarial en
favor de alguna persona, o un derecho privado que implique el resarcimiento de un
perjuicio, sino que, lo pretendido es definir si AJUBILUD, debía participar en la expedición
del Acuerdo 05 de 1997, modificado por el Acuerdo 03 de 2005 y, que culminó en la
expedición del Acuerdo No. 014 del 15 de junio de 2023 y, el presunto restablecimiento
es que se incluya en la decisión. Lo cual en el caso sub examine no constituye ningún
restablecimiento del derecho automático, ya que, en una eventual sentencia favorable a
esas pretensiones, la participación de AJUBILUD se tornaría imperativa, para la
expedición de un acto administrativo que pretenda modificar el acuerdo que creó el
Fondo para el Pago del Pasivo Pensional de la Universidad Distrital, Francisco José de
Caldas.

Ahora, aunque se podría pensar que dicha participación implica un restablecimiento
subjetivo, es necesario precisar que, la eventual participación de AJUBILUD es la
consecuencia de tutelar el orden jurídico abstracto, toda vez que, “[…] no existe en
realidad un litigio ya que, el interés del accionante es el mismo de la sociedad, esto es el
restablecimiento del orden jurídico. […]”18. De allí que cualquier particular cuenta con la
capacidad de acudir a un proceso judicial para solicitar la anulación de dicho acto
administrativo, por las mismas causas, sin que se pueda indicar que, es un derecho único
y subjetivo de AJUBILUD.

Consecuentemente, bajo ese marco normativo (artículo 137 del CPACA) deberá
abordarse el estudio de la demanda, con fundamento en lo establecido por el artículo 171
ejusdem, que preceptúa que el juez le dará a la demanda el trámite que corresponda,
aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, razón por la cual se
adecuará al mismo.

Por lo expuesto, es posible concluir que el asunto puesto a consideración, se trata de una
controversia de carácter residual, comoquiera que, i) el objeto de controversia no genera
un restablecimiento del derecho automático ii) tampoco afecta el pago de pensiones iii)
no se discute un derecho laboral -pensión-, y iv) la finalidad de las pretensiones, se
insiste, se centra en determinar si la entidad demandada vulneró el derecho de
participación de la Asociación de Jubilados Universitarios, para emitir el Acuerdo No. 014
del 15 de junio de 2023, afectando el perfeccionamiento del mismo.

Así las cosas, analizado el objeto de la presente controversia, no se evidencia que el
tema esté relacionado de manera directa y expresa con un asunto de carácter laboral,
adicionalmente, en virtud del artículo 18 del Decreto 2288 de 7 de octubre de 1989 la
Sección Segunda no tiene competencia para conocer de procesos de simple nulidad, por
lo que, concluye el despacho que el conocimiento de este asunto NO corresponde a la
Sección Segunda, sino que es de la Sección Primera, por ser la definida por la norma
para asumir los demás procesos no asignados a las otras secciones, tales como las
simples nulidades.

En ese sentido, dispuso:
“PRIMERO: ADECUAR el trámite dado a la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por la Asociación de Jubilados Universitarios -AJUBILUD, al medio
de control de nulidad simple previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, conforme
a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DIRIMIR el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo
(2°) Administrativo–Sección Primera y el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo–Sección
Segunda, ambos del circuito de Bogotá D.C.; disponiendo que el expediente de la
referencia, debe ser conocido por el Juzgado Segundo (2º) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá –Sección Primera, conforme a lo expuesto en la parte motiva”.

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4.3. La Sala coincide con la decisión de improcedencia adoptada por el juez
constitucional de primera instancia, en tanto la parte actora no hizo uso del recurso
de reposición contra el ordinal primero del auto del 30 de julio de 2024, proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“D”9, en el que hubiera podido exponer las razones por las que consideraba que la
decisión de adecuar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
al de nulidad simple debía revocarse, empero, de manera directa a la acción de
tutela sin hacer uso del medio de defensa judicial con el que contaban, lo que
desconoce el requisito de subsidiariedad consagrado en el artículo 86 superior.

En efecto, si bien de conformidad con el artículo 243 A de la Ley 1437 de 201110,
no proceden recursos ordinarios contra la decisión que resuelve el conflicto de
competencia, lo cierto es que, como se precisó previamente, la autoridad judicial
accionada en el auto del 30 de julio de 2024, en primer lugar, decidió adecuar el
medio de control al de nulidad simple, y luego dirimió el conflicto negativo de
competencia suscitado el Juzgado Segundo Administrativo y el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Bogotá, por lo que teniendo en cuenta que la parte
actora cuestiona únicamente el numeral primero de la citada providencia, debió
interponer recurso de reposición contra el mismo, en la oportunidad procesal
prevista para ello.

En ese sentido, en tanto el recurso de reposición era procedente contra la decisión
que adecuó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al de
nulidad simple, el debate que la demandante plantea en esta sede constitucional
había podido tener lugar ante el juez ordinario mediante el uso de dicho medio y,
al no hacerlo, desatendió el requisito de haber agotado el mecanismo de defensa
judicial ordinario previo a acudir a la acción constitucional contra providencias
judiciales.

La Corte Constitucional, a partir de lo previsto en el artículo 86 superior, ha
señalado respecto del carácter subsidiario de la acción de tutela contra
providencias judiciales, que no es el medio llamado a reemplazar los procesos
ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de
los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a
las existentes11.

Se debe tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad entraña tres supuestos
que llevan a la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
los cuales son: a) cuando el asunto está en trámite; b) cuando no se hayan
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios y c)
cuando se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

Para la Sala, en el presente caso los alegatos presentados por la demandante no
demuestran que el recurso de reposición con el que contaba no fuera eficaz ni
idóneo para precaver la eventual vulneración de derechos que alegan con ocasión
de la decisión judicial que cuestionan por vía de tutela. Más aún, cuando el
interesado no hace uso de los medios judiciales que el ordenamiento jurídico
precisa, no puede a través de la acción de tutela excusar esa omisión ni pretender
que, dado su carácter célere, sustituya esos mecanismos que han sido dispuestos
por el legislador y que se encuentran en armonía con la naturaleza de esta acción
constitucional.

9
El artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 establece: “REPOSICIÓN. El recurso de reposición procede contra todos los autos,
salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del
Proceso.”
10
Artículo 243A. Adicionado por el art. 63, Ley 2080 de 2021. <El texto adicionado es el siguiente> Providencias no
susceptibles de recursos ordinarios. No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias: (…) 5. Las que
resuelvan los conflictos de competencia.
11
Se puede consultar al respecto, entre otras, las sentencias SU-424 de 2012 y T-396 de 2014.
11

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Por su parte, el artículo 8° del Decreto 2591 de 1991 dispone que “aun cuando el
afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En el
presente caso, la accionante no hizo uso del mecanismo judicial idóneo con el que
contaban dentro del término establecido para ese efecto, por lo que en la
actualidad no disponen de otro medio y, en tal razón, no procede el análisis de
procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio.

En cualquier caso, la Sala observa que los argumentos que soportan la presunta
vulneración ius fundamental, es una discusión estrictamente legal que no conlleva
la afectación de derechos fundamentales, lo que implica la falta de relevancia
constitucional.

En efecto, para la Sala dichos argumentos, pese a que no se presentaron bajo la
caracterización de algún defecto, son interpretaciones de la parte actora sobre las
normas que enmarcan el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y el conflicto de competencia con el fin de que se acoja su postura, por lo
que es claro que entrar a la discusión en los términos que propone la parte
accionante significaría darle apertura a un debate meramente legal, que no hace
relación con el contenido, alcance y goce de derechos fundamentales.

Al respecto, la Corte Constitucional12 ha indicado que un asunto carece de
relevancia constitucional, “(i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho13, como la correcta interpretación o aplicación
de una norma “de rango reglamentario o legal”14, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales”15 o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico16, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés
general”17. (Negrilla y resalta de la Sala)

Así mismo En la sentencia SU-215 de 202218, recordó que el cumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico
que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que
agregó que “la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De
allí que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los derechos
efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”. (Negrilla y
resalta de la Sala)

Por último, la Sala pone de presente que de conformidad con las actuaciones que
reposan en el Sistema para Gestión Judicial Samai19, se constató que el 24 de
septiembre de 2024 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá,
Sección Primera, admitió la demanda de nulidad simple instaurada por AJUBILUD
contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, decisión que fue

12
Sentencia T-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
13
En la Sentencia SU-439 de 2017, al resolver un asunto en el que “la empresa accionante solicit[ó] que se ordene a la
Supersalud, por una parte, revocar las Resoluciones Nº 1485 del 13 de agosto de 2013 y 1744 del 19 de septiembre del
mismo año”, la Corte advirtió su evidente falta de relevancia constitucional, por cuanto se limitaba a “un debate
estrictamente relacionado con la legalidad de tales actos administrativos, y por otra, proferir una nueva resolución mediante
la cual habilite a Salud Andina EPS S.A. para operar en el Régimen Subsidiado en Salud, es decir, una pretensión cuyos
efectos claramente se circunscriben sólo a beneficios meramente económicos que se obtendrían con la operatividad de esa
EPS”.
14
Sentencia T-114 de 2002 y T-379 de 2007.
15
Sentencias T-114 de 2002 y T-540 de 2013.
16
En la Sentencia SU-498 de 2016, la Corte señaló que una controversia circunscrita a actos por medio de los cuales se
había impuesto una sanción pecuniaria no tenía relevancia constitucional, en la medida en que era un asunto de carácter
legal y económico.
17
Sentencia T-610 de 2015.
18
M.P. Natalia Ángel Cabo.
19
Se verificó en el expediente digital que se encuentra en el siguiente link:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013334002202400061001100133
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notificada el 30 de octubre de 2024. Lo anterior puede evidenciarse en la siguiente
imagen:

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia impugnada en la que se declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito
subsidiariedad, a lo que se agrega que la discusión propuesta no es de naturaleza
constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- CONFIRMAR la sentencia del 6 de septiembre de 2024, proferida por la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- NOTIFICAR la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente ACLARA VOTO

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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