Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04241-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04241-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04241-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
26 de septiembre de 2024
Demandante: Andrea Rincón Carrillo
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04241-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04241-00
Demandante: ANDREA RINCÓN CARRILLO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A, Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial y por la presunta vulneración
del derecho de petición.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 14 de agosto de 20241, la señora Andrea Rincón Carrillo, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, y la Contraloría General de la República, en la que pretende el
amparo de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, a la información pública y a la libertad de
información.
La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, dado
que la Contraloría General de la República dio respuesta incompleta a la petición
elevada el 27 de febrero de 2024 y, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, con la expedición de la providencia del 25 de julio
de 2024 que declaró improcedente el recurso de insistencia dentro del proceso
1 Acción de tutela promovida a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado, el 14 de agosto
de 2024 a la cual se le asignó la secuencia 6908.
1
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Demandante: Andrea Rincón Carrillo
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04241-00
25000-23-41-000-2024-01078-00.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDO: Que en el término de cinco (5) días el ACCIONADO PROCEDA A
OTORGAR RESPUESTA DE FONDO, CLARA Y PRECISA a LA INFORMACIÓN
PÚBLICA SOLICITADA por el accionante respecto del recurso de insistencia que
correspondió al despacho 003 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo
el radicado No.25000234100020240107800, la cual venció el pasado 25 de [de]
junio de 2024.
TERCERO: Solicito respetuosamente me sean respondidos TODOS Y CADA UNO
de los elementos enlistados en mi petición y en el formato solicitado, con respecto
a los bienes bajo administración del ACCIONADO. Esto, en virtud del principio de
calidad de la información, establecido en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, le
solicito que la información solicitada se entregue en un formato procesable y
reutilizable, toda vez que dicha norma indica que la información debe ser
“oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en
formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella”.
CUARTO: Solicito respetuosamente que, en caso tal que el honorable juez
determine que el ACCIONADO no está en la facultad de dar respuesta a la petición,
se obligue al ACCIONADO a que dé traslado a la entidad competente que pueda
dar respuesta de fondo a mi solicitud, conforme indica el artículo 21 de la Ley 1755
de 2015, que señala: "Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o
dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro
del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio
remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo
comunicará" 2.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
El 27 de febrero de 20243 la señora Andrea Rincón Carrillo elevó petición ante la
Contraloría General de la República bajo el radicado SIPAR 2024-297445-82111
en estos términos:
2 Transcripción literal que puede contener errores.
3
Índice 003 de Samai, págs. 22 a 25.
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La Contraloría General de la República emitió los oficios: 2024EE0048886 del 14
de marzo de 20244 y 2024EE0053872 del 21 de marzo del mismo año5 a través
de los cuales contestó la petición, estos fueron notificados el 21 de marzo6.
La actora reiteró la solicitud de información respecto del punto primero de la
petición, al no ser contestado por la autoridad alegando el carácter reservado.
La Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático de la
Contraloría General de la Nación por medio del oficio 2024EE0081954 del 3 de
mayo de 20247 contestó a la accionante indicándole que no era procedente la
entrega de la información requerida en el punto (1) de la petición, debido a que: (i)
4 Índice 003 de Samai, págs. 26 a 29.
5 Índice 003 de Samai, págs. 30 y 31.
6
Índice 018 de Samai, pág. 13.
7 Índice 003 de Samai, págs. 38 a 43.
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se trata de información privilegiada y protegida por la política de datos personales
de la entidad; (ii) además debido a que la petente no explicó la finalidad para
solicitar tal información. Asimismo, el 31 de mayo de 20248, remitió la solicitud al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para resolver recurso de insistencia.
El 25 de julio de 20249 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, explicó que la finalidad del recurso de insistencia es resolver
peticiones rechazadas por motivos de reserva. Señaló que en el asunto a resolver
no se negó el acceso a la información por motivos de reserva, sino en razón a que
la actora no cumplió con los requisitos para efectuar la entrega de lo requerido,
conforme con lo establecido en el literal b) del artículo 4° de la Ley 1581 de 2012,
por tanto, declaró su improcedencia.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La actora argumentó que la vulneración de las garantías invocadas deviene de: (i)
la Contraloría General de la República, ante la respuesta incompleta a la petición
radicada el 27 de febrero de 2024, por la que elevó el recurso de insistencia, y; (ii)
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró improcedente el recurso
de insistencia, principalmente porque la negativa al acceso a la información no
tuvo sustento en su carácter reservado.
Ahora bien, la parte accionante señaló que la providencia adolece del defecto
fáctico pues la autoridad judicial cometió un yerro al declarar improcedente el
recurso de insistencia con fundamento en que la solicitud de información no se
negó por la Contraloría General alegando su carácter de reserva, cuando de la
simple lectura de la respuesta proferida por tal entidad puede advertirse la negativa
al acceso a la información por su reserva. Maxime cuando la misma entidad fue la
que remitió el recurso de insistencia al Tribunal.
Aunado a lo anterior, indicó que pese a que la Contraloría señaló que no se cumplió
con el requisito de indicar para qué se requería la información solicitada en el punto
(1) de la petición, lo cierto es que a lo largo del escrito expresa la importancia del
acceso a la información pública debido a su labor como periodista.
Recordó que el artículo 2 de la Ley 1712 de 2014 señala que toda persona podrá
acceder a la información pública salvo que se encuentre reservada o limitada por
disposición legal o constitucional.
8
Índice 019 y 020 de Samai.
9
Índice 003 de Samai, págs. 68 a 83.
4
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Trae a colación los derechos fundamentales: al acceso a la información pública, la
libertad de información, la libertad de prensa, los cuales pueden ser protegidos por
2 vías: (i) el recurso de insistencia; (ii) la acción de tutela.
En ese sentido, como la petición de información no se satisfizo por medio del
recurso de insistencia, no tiene otro mecanismo que la acción de tutela para
conseguir una respuesta completa por parte de la Contraloría General de la
República a la solicitud del 27 de febrero de este año.
En su opinión, la información solicitada no tiene el carácter de reserva, pues las
visitas de particulares en las entidades públicas a funcionarios de la misma deben
ser de público conocimiento, no obstante, la negativa a obtener la información
pretendida vulnera sus derechos fundamentales.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por medio de auto del 23 de agosto de 2024, la magistrada ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la accionante10 y como accionados a la
Contraloría General de la República11 y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A12.
Dispuso la vinculación, como tercero con interés jurídico en el resultado del
proceso al jefe de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e
Informático – USATI de la Contraloría General de la República13
De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la corporación con la información de
la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.
1.6. Intervenciones
Contraloría General de la República14
El jefe de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático –
USATI de la Contraloría General de la República indicó que mediante oficio
2024EE00053872 del 21 de marzo de 2024 dio respuesta de fondo a los puntos 2
10 Índice 008 de Samai, págs. 1 y 2. La notificación fue realizada a: juridicocuestionp@gmail.com
11 Índice 008 de Samai, pág. 3. La notificación fue realizada a:
scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co;
12Índice 008 de Samai, págs. 4 y 5. La notificación fue remitida a:
notificacionesjudiciales@contraloria.gov.co; cgr@contraloria.gov.co
13 Índice 008 de Samai. La notificación fue remitida a: notificacionesjudiciales@contraloria.gov.co
14 Índice 014 de Samai
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a 7 de la petición elevada por la actora, no obstante, respecto del punto (1) le indicó
que no podía entregar toda la información requerida ya que se trataba de
información de índole personal, y no era clara la finalidad por la que esta se pedía.
Explicó que, en oficio 2024EE0081954 del 3 de mayo de 2024 se pronunció sobre
el recurso de insistencia elevado por la accionante, reiterando la imposibilidad de
suministrarle la información requerida en el punto 1 de la petición del 27 de febrero
citada, por lo que remitió el recurso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
para lo de su competencia.
Asimismo, resaltó que la señora Andrea Rincón radicó una acción de tutela ante
el Consejo de Estado, con el fin de que el Tribunal resolviera el recurso de
insistencia, trámite que fue resuelto por la Sección Tercera, Subsección A, en el
proceso de radicado 11001-03-15-000-2024-03718-00 en el que declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado. Por ello consideró que existe un
actuar temerario por la actora, al interponer 2 acciones de tutela por los mismos
hechos además de existir cosa juzgada respecto del fallo proferido en dicha
oportunidad lo que imposibilita un segundo pronunciamiento al respecto.
Por lo expuesto consideró que se dio respuesta clara, concreta y de fondo a lo
pedido por la parte actora, por lo que no existe vulneración sus derechos
fundamentales, y en los términos expuestos solicitó declarar la cosa juzgada, o de
forma subsidiaria, declarar improcedente la presente acción.
Pese a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, fue notificado en debida forma, guardó silencio.
1.7 Manifestación de impedimento
El doctor Luis Alberto Álvarez Parra mediante escrito del 24 de septiembre de 2024
manifestó estar impedido para conocer de la presente tutela. En ese sentido indicó
lo siguiente:
[…]
Ello, en la medida que, según la accionante, la transgresión de su derecho
fundamental de petición, deviene de la respuesta incompleta otorgada por parte de
la Contraloría General de la República a la solicitud radicada el 27 de febrero de
2024.
Ahora bien, quien funge como parte demandada dentro del trámite de tutela de la
referencia es la Contraloría General de la República, por ser, la entidad ante la
cual, la señora Andrea Rincón Carrillo radicó la solicitud de 27 de febrero de 2024;
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entidad en la que mi esposa desempeña el cargo de directora de Vigilancia Judicial
y ejerce las siguientes funciones.
(…)
17. Atender y vigilar las tutelas, acciones de cumplimiento, conciliaciones y
cumplimiento de sentencias en coordinación con las dependencias comprometidas
para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte la
Contraloría General.
(…)
En tales condiciones, mi cónyuge tiene “interés en la actuación procesal” de la
referencia, dado i) su nivel directivo al interior de la Contraloría General de la
República, y ii) dicha entidad es la demandada en la presente acción constitucional.
En efecto, cabe destacar que, dentro de las funciones desempeñadas por mi
cónyuge se encuentra la de “atender y vigilar las tutelas, (…) por las que deba
responder o sea parte la Contraloría General”, y “en general en todas las
actuaciones que comprometan la posición institucional jurídica de la entidad”.
Bajo los argumentos que anteceden, dejo plasmadas las razones de la
manifestación del impedimento que sustento en el numeral 1º del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal para intervenir y decidir el mecanismo
constitucional en mención.
[…].
Al respecto, la Sala por auto del 26 de septiembre de esta anualidad consideró que
se configuraba la causal de impedimento invocada por el funcionario, ya que «su
cónyuge es servidora pública en el nivel directivo ostentando la representación
jurídica además de la atención y vigilancia de todas las acciones de tutela en
las que se ve involucrada dicha entidad, asimismo es encargada de las funciones
establecidas en la Resolución OGZ-0745 de 2020», por tanto, declaró fundado el
impedimento manifestado por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, y lo separó
del conocimiento de esta acción constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
de presentada la señora Andrea Rincón Carrillo, contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, y la Contraloría General de la
República, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.
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2.2 Cuestión previa
La Contraloría General de la República refirió que el actuar de la accionante es
temerario pues interpuso otra acción de tutela por los mismos hechos y que fue
tramitada bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-03718-00. Además, consideró
que existe cosa juzgada por lo decidido en dicho proceso.
La Sala destaca que no se configura la temeridad ya que en el proceso 11001-03-
15-000-2024-03718-00 que fue tramitado por el Consejo de Estado Sección
Tercera, Subsección A, se abordó el asunto de la presunta mora judicial del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, para
resolver el recurso de insistencia elevado por la actora.
Por su parte, en el proceso de la referencia se cuestiona la providencia del 27 de
febrero de 2024 por la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, declaró improcedente el recurso de insistencia respecto
de la petición radicada el 27 de febrero de 2024 por la parte accionante.
De lo anterior se concluye que, aunque existe identidad de partes, no ocurre lo
mismo con el objeto ni la causa, pues las pretensiones en cada una son diferentes,
lo que impide que se configure la cosa juzgada y, permite descartar que el actuar
de la parte actora sea temerario.
2.3. Problema jurídico
La Sala analizará si en el presente asunto se superan los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales respecto de la
providencia del 25 de julio de 2024.
En caso afirmativo, a partir de lo establecido en los antecedentes, la pretensión
invocada por la actora y el material probatorio recaudado, corresponderá a la Sala
resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿La sentencia proferida el 25 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, dentro del proceso
radicado 25000-23-41-000-2024-01078-00, resulta transgresora de los
derechos fundamentales de petición, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la información pública y a la libertad de
información?
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• ¿La Contraloría General de la Nación vulneró el derecho fundamental de
petición de la señora Andrea Rincón Carrillo frente a la petición del 27 de
febrero de 2024?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y; (iii)
aspectos generales del derecho de petición; (iv) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201215
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema16 y declaró su
procedencia.17
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
17 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Aspectos generales del derecho de petición
El derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se traduce en
la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes respetuosas para
obtener información o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva a las
autoridades correspondientes o a los particulares y obtener una pronta y completa
respuesta a sus inquietudes.
La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de 1991, como
de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos inherentes
a la persona y su relevancia para la participación de la misma, así como para
asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, al igual que
los deberes sociales del Estado y la posibilidad de hacer realizables otros derechos
fundamentales.
Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los presupuestos
esenciales del derecho de petición de la siguiente forma: i) en la posibilidad de
formular peticiones respetuosas, por motivos de interés general o particular y; ii)
en la obtención de una pronta resolución del asunto puesto en consideración. Esos
componentes del derecho de petición son inescindibles, esto es, que el goce y
satisfacción del mismo se realiza una vez ambos se verifiquen; por lo tanto, el
derecho se concreta en la formulación de una petición, pero se efectiviza con la
resolución pronta y material, independientemente de si la respuesta resulta o no
favorable al sentido de la misma.
De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la resolución
efectiva, sino que, es necesario que esta se dé a conocer al interesado. Al
respecto, el Máximo Tribunal Constitucional ha señalado:
Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse su
sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la respuesta
trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en conocimiento del
peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto no podrá afirmarse
que el derecho ha sido observado cabalmente.
Lo anterior, no solo indica su importancia en el ámbito jurídico, sino que esta
trasciende considerablemente al nivel social, pues es este el mecanismo de
interacción entre las entidades y el particular, y su desconocimiento traería consigo
inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.
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Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia C-
818 de 1º de noviembre de 2011, declaró inexequible los artículos 3 a 33 de la Ley
1437 de 2011, referentes al derecho de petición, es del caso precisar que los
efectos de dicha sentencia fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, con
el fin de que el Congreso expida la Ley Estatutaria correspondiente.
Sobre el particular, a través de la Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio del 2015, se
reguló el derecho constitucional de petición y se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normatividad que
entró en vigor a partir de la fecha de su publicación.
Por otra parte, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:
[l]a respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este
deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad
suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario,
pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta
dada.
Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «[…] los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y […] la notificación debe ser
efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la
entidad sea conocida a plenitud por el solicitante […]».
Entonces la contestación requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
De otra parte, es preciso mencionar que el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011
prevé que en el evento en que la petición esté dirigida contra el funcionario que no
tiene competencia para atenderla, debe informársele «de inmediato al interesado si
este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró
por escrito”. Además, dentro del término señalado, la autoridad deberá remitir “la petición
al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará».
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2.6. Requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará improcedente la acción
constitucional ante la falta de relevancia constitucional, puesto que no cumple con
las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de
202218.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal19
(Énfasis de la Sala).
18 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
19 Sentencia SU-573 de 2019.
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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico20; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional21.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal22”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales23”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto24, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal25. (Resaltado
de la Sala)
Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la
Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S.
no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii)
planteaba una discusión preponderantemente económica, y; (iv) no cumplía con la
carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.
20 Sentencia SU-103 de 2022.
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-128 de 2021.
24 Sentencia SU-573 de 2019.
25 Ibid.
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2.7. Caso concreto
2.7.1 De los reparos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
En concreto, el recurso de insistencia tiene como objeto que la Contraloría General
de la República suministrase la información solicitada en el punto (1) de la petición
radicada ante tal autoridad el 27 de febrero de 2024 consistente en:
PRIMERO. Le solicito respetuosamente, me envíe copia del registro de ingresos y
visitas de personas no vinculadas a la entidad, al despacho del señor Anwar
Dacarett, contralor delegado para Asuntos Agropecuarios desde agosto de 2023
hasta la fecha. Por favor dirimir la información de la siguiente manera:
a. Nombre completo de la persona que lo visitó.
b. Cargo y entidad en caso de que se trate de un funcionario público.
c. Relación o parentesco en caso de que sea una visita personal.
d. Fecha y hora de la visita.
e. Nombre completo del funcionario o persona natural que autorizó el ingreso.
f. Tema a tratar.
[…]
La Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático de la
Contraloría General de la Nación por medio del oficio 2024EE0081954 del 3 de
mayo de 2024 informó a la accionante que no era procedente la entrega de la
información requerida en el punto (1) de la petición, debido a: «que la información
personal que suministran quienes ingresan a las instalaciones de la CGR se encuentra
privilegiada por el ámbito de protección recogido en la Política de Datos Personales
institucional, que define, entre otras, las finalidades legítimas para esta recolección de
datos personales». Cita en la respuesta la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único
Reglamentario 1074 de 2015. Asimismo, el 31 de mayo de 202426, remitió la
solicitud al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para resolver recurso de
insistencia.
En el recurso de insistencia se menciona por la señora Andrea Rincón Carrillo que
la información requerida no tiene el carácter de reservado, atendiendo a las
funciones publicas que cumple el servidor de la Contraloría y en todo caso, de ser
así, solicita la entrega de aquella información pública que carezca de protección o
reserva.
El 25 de julio de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, decidió declarar improcedente el recurso de insistencia,
argumentando:
26
Índice 019 y 020 de Samai.
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[…]
Así las cosas, en relación con la petición realizada por la señora Andrea Rincón
Carrillo actuando en nombre propio y la respuesta suministrada por la Contraloría
General de la República -CGR-, la Sala precisa que el objeto del recurso de
insistencia es resolver sobre las peticiones que fueron rechazadas por
motivos de reserva por parte de la entidad y que fueron objeto del recurso de
insistencia presentado por la peticionaria, situación que en el presente caso
no se presenta.
Lo anterior, toda vez que, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento
Tecnológico e Informático -USATI- de la Contraloría General de la República
-GR, en la respuesta suministrada a la petición presentada, no le negó el
acceso a la información y documentación solicitada por causa específica de
reserva alguna, sino que por el contrario, le informó que de la entidad “ha extraído
los datos requeridos, para que en el escenario en que se cumpla con todos los
requisitos necesarios, pueda ser entregada.”, ya que no expresó de forma clara la
finalidad de la petición de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo
4º de la Ley 1581 de 2012.
[…] (negrillas fuera de texto)
Para la autoridad judicial el recurso de insistencia resultó improcedente pues
concluyó que no existió información reservada sobre la cual decidir de fondo, en
tanto la negativa de la Contraloría a suministrar la información requerida por la
actora no tuvo fundamento en el carácter de reserva legal de la misma, sino por
no sustentar el uso que se daría a la misma. Argumento que logra desvirtuarse
con ocasión de la respuesta emitida por la Contraloría General de la República en
el oficio 2024EE0081954 del 3 de mayo de 2024 en el que indica la limitación al
acceso a la información solicitada, de conformidad con la política de tratamiento
de datos personales de la institución, señalando claramente que, de no contar con
autorización del titular «permanecerá en reserva».
Ahora bien, pese a que, para actora, la providencia cuestionada vulnera principios
contenidos en la Carta Política que apoyan la labor periodística que esta
desarrolla, y en ese sentido, el Tribunal debió emitir un pronunciamiento de fondo
sobre el recurso de insistencia y no declarar su improcedencia, lo cierto es que la
señora Andrea Rincón Carrillo no desarrolla una carga argumentativa suficiente y
trascendente para sustentar la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, en los términos que exige la Corte Constitucional, al indicar:
[…]
Se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria.
Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos
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fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, sino
que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional.27 (Subrayado
propio)
Así pues, la accionante, alega que a través de la providencia del 25 de julio de
2024 se vulneraron las garantías fundamentales de acceso a la información
pública, la libertad de información, la libertad de prensa, sin embargo, más allá de
plantear su inconformidad con la declaratoria de improcedencia del recurso de
insistencia por parte del Tribunal, no argumenta algún defecto trascendente desde
el punto de vista constitucional que amerite la intervención del juez de tutela,
máxime cuando no se evidencia prima facie vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
Debe recordarse que la carga argumentativa que habilita la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales a la que hace
alusión la Corte Constitucional no se satisface simplemente con enunciar y
transcribir artículos de la Constitución Política para cumplir el mencionado
ejercicio, sino que dicha labor comprende un ejercicio argumentativo mucho más
profundo.
En ese sentido, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que
el debate planteado por la accionante busca mutar el amparo constitucional en otra
instancia.
Aunado lo anterior, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de
los procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.
En tal sentido, respecto de los reparos formulados contra la providencia de tal
fecha, no se supera el requisito de relevancia constitucional, por tanto, se declarará
la improcedencia de la acción.
27
Corte Constitucional, sentencia SU del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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2.7.2 Del derecho de petición
Frente al derecho de petición la actora consideró que la respuesta suministrada
por la Contraloría General de la República fue incompleta, razón por la cual se
verificarán las respuestas otorgadas por la entidad con el fin de determinar si se
vulneró o no el derecho fundamental de petición de la actora.
La petición de la señora Andrea Rincón Carillo se radicó el 27 de febrero de 2024
y se contestó mediante los oficios 2024EE0048886 del 14 de marzo de 2024 y
2024EE0053872 del día 21 del mismo mes, remitidos al correo electrónico:
juridicocuestionp@gmail.com28 el 21 de marzo del mismo año.
Al respecto la Sala analizará si la Contraloría atendió en su integridad los 7 puntos
planteados en la petición:
Puntos de la petición Respuesta de la Contraloría
PRIMERO. Le solicito respetuosamente, me envíe Oficio 2024EE0053872 del día 21 de marzo de
copia del registro de ingresos y visitas de personas 202429
no vinculadas a la entidad, al despacho del señor
Anwar Dacarett, contralor delegado para Asuntos […]
Agropecuarios desde agosto de 2023 hasta la fecha. 2)Con base en los numerales 2, 4 y 12 del artículo 2
Por favor dirimir la información de la siguiente de la Resolución Orgánica 7341 de 2013 la Unidad
manera: de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e
a. Nombre completo de la persona que lo visitó. Informático - USATI ha adelantado las actividades y
b. Cargo y entidad en caso de que se trate de un acciones necesarias para garantizar la seguridad de
funcionario público. los tres pilares encomendados, los cuales son: (i)
c. Relación o parentesco en caso de que sea una personas; (ii) información y; (iii) bienes, entre estas,
visita personal. el control de acceso a las instalaciones.
d. Fecha y hora de la visita. 3)Una vez recibida la solicitud, la USATI procedió a
e. Nombre completo del funcionario o persona revisar las bases de datos, con el fin de establecer
natural que autorizó el ingreso. la información requerida.
f. Tema a tratar. 4)Es pertinente resaltar que la información solicitada
corresponde a data de índole personal, y que,
analizada su petición se encuentra que no es clara
la finalidad por la cual se requiere la citada
información.
5)Se encuentra además que el presente escenario
no está enmarcado en las causales previstas para
el suministro de información acorde con la ley.
6)La información solicitada puede estar relacionada
con investigaciones o procesos en curso, lo cual la
cataloga como información pública reservada,
respetando de cualquier manera, el debido proceso
y la igualdad de las partes en los procesos
judiciales.
28 Índice 018 de Samai, pág. 13.
29 Índice 003 de Samai, págs. 30 y 31.
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SEGUNDO. Copia de la denuncia de que llegó de la Oficio 2024EE0048886 del 14 de marzo de 202430
Unidad de Restitución de Tierras Despojadas, URT,
el 26 de septiembre de 2023 a las 10:46 de la noche, Revisada la información allegada a la Contraloría
en la que se descubren los siguientes hechos: Delegada para el Sector Agropecuario, en
“Posible desvío de $1.238.500 de las víctimas de la consideración a los hechos descritos, se tramita la
restitución de tierras a favor de la MINGA, para denuncia con Sigedoc 2023ER0178138; ahora bien,
financiar marchas el 27 de septiembre de 2023”. se aclara que, se desconoce en detalle la fecha y
hora de radicación, ya que como se observa en el
folio aportado contentivo de la denuncia, se registra
en el sistema de gestión documental el día 27 de
septiembre de 2023 a las 8:32 am.
TERCERO. Solicito se me informe en qué estado La denuncia fue ingresada bajo el SIPAR 2023-
está la actuación de la Contraloría delegada para 283801-82111- SE a la Contraloría delegada para el
Asuntos Agropecuarios frente a dicha denuncia y Sector Agropecuario el día 3 de octubre del año
qué funcionario tiene a cargo el trámite de dicha 2023, una vez recibida la petición, se realizó el
denuncia. Por favor enviarme la ruta completa que reparto por parte del enlace a la auditoria financiera
siguió la denuncia en términos de qué equipo o realizada a la gestión fiscal de la entidad para la
funcionarios le dieron trámite y si se trasladó a otro vigencia 2022, que para la fecha se encontraba en
despacho y a otro equipo, informarlo también y etapa de ejecución, la cual fue objeto de análisis por
describir por qué. parte del equipo auditor y se observó que los hechos
de la denuncia tiene origen en recursos ejecutados
en el año 2023, razón por la cual, el equipo auditor1
solicitó mediante comité de evaluación sectorial no
dar respuesta a la denuncia dentro del informe de
auditoría; razón por la cual internamente se modificó
la codificación de la denuncia especialmente en las
siglas SE (petición de servicio) a la sigla (D)
(Denuncia).
Producto del cambio de codificación, se asignó
internamente por el aplicativo interno un código CAT
(Código CAT_536-2024-1) y se designó un equipo
inicialmente conformado por un supervisor
(coordinador de gestión) y dos auditores
(profesionales universitarios) para que continúen
con la atención de la denuncia hasta su terminación.
No obstante lo anterior; es pertinente aclarar que
para el desarrollo de la denuncia, el nuevo equipo
asignado continúo con el trámite de la misma a partir
de la última actuación adelantada por el grupo de
auditoría, indicando que este último realizó más de
diez (10) requerimientos de solicitud de información
con las correspondientes respuestas por parte de la
entidad, las cuales se encuentra en proceso de
análisis del nuevo equipo; motivo por el cual, una
vez se adelante la verificación y revisión se
procederá a emitir respuesta de fondo al
denunciante.
Por último, en virtud a que la información se
encuentra en proceso de análisis, con el ánimo de
no vulnerar los derechos fundamentales al debido
proceso de las personas que podrían verse en curso
de las investigaciones adelantadas, no se aporta
30 Índice 003 de Samai, págs. 26 a 29.
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documentación de la información solicitada ni de las
respuestas brindadas parte de la entidad.
CUARTO. Solicito me envíen copia de la auditoría Respuesta a los puntos 4, 5, 6 y 7:
hecha a La Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca (AUNAP) para la vigencia Se aclara a la peticionaria que, la Contraloría
2023. Adicionalmente, solicito se Delegada para el Sector Agropecuario no ha
incluyan los hallazgos relacionados con la Dirección realizado auditoria a la Autoridad Nacional de
Técnica de Administración y Fomento de la entidad. Acuicultura y Pesca (AUNAP) para la vigencia 2023;
QUINTO. Solicito se me informe en qué estado está la última vigencia auditada fue 2022.
la actuación de la Contraloría delegada para
Asuntos Agropecuarios frente a la auditoria a la Para su conocimiento y consulta, se remite enlace
AUNAP para la vigencia 2023, puntualmente en lo donde puede accederse al último informe de
relacionado con los hallazgos encontrados a la auditoría liberado.
Dirección Técnica de Administración y Fomento de
la entidad. Solicito se describa que pasos se han (se allega link que permite acceso y visualización a
tomado frente a dichos hallazgos. la auditoría: “Autoridad Nal. Pesca AUNAP - VIG.
SEXTO. Solicito se me informe qué funcionario tiene 2022” el que obra en las páginas 28 y 29 del índice
a su cargo a actuación de la 003.
Contraloría delegada para Asuntos Agropecuarios
frente a la auditoria a la AUNAP para la vigencia
2023.
SÉPTIMO. Adicionalmente, solicito se envíe toda la
información que, para sus efectos, dé claridad a la
solicitud anterior y cumpla con todos los criterios
establecidos en la ley 1755 de 2015 y ley 1712 de
2014.
Así pues, se evidencia que la Contraloría General de la República resolvió cada
uno de los puntos que fueron objeto de la petición y se encuentra demostrado que
la respuesta fue enviada a través de correo electrónico al buzón:
juridicocuestionp@gmail.com el 21 de marzo de 2024, es decir, con antelación a
la fecha de interposición de la tutela que se radicó el 14 de agosto de este año,
por lo que hay lugar a negar el amparo.
En esos términos, tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, debe
advertirse que la contestación expedida sea plena, es decir, se ha emitido una
respuesta clara, completa y de fondo al asunto solicitado, «sin importar que la
misma sea favorable o no a sus intereses», tal como acontece en el presente caso.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Andrea Rincón Carrillo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Sección Primera, Subsección A, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NEGAR el amparo al derecho de petición de la señora Andrea Rincón
Carrillo frente a la solicitud elevada ante la Contraloría General de la Nación, de
conformidad con lo expuesto.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
20
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