RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04241-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04241-01

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04241-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 26 de septiembre de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04241-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

7 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca1

Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derecho fundamental de petición/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición, ii) debido proceso, iii) acceso a
la administración de justicia y iv) libertad de información

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela
de 26 de septiembre de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por medio de la cual resolvió i) declarar la improcedencia de la solicitud de tutela
frente a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; y ii) negar el amparo del derecho fundamental de petición respecto
de la Contraloría General de la República.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en medio digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Contraloría General de la República, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir la
sentencia de 25 de julio de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del recurso
de insistencia identificado con el número único de radicación
250002341000202401078-00; y i) la Contraloría, al dar respuesta incompleta a la
petición presentada el 27 de febrero de 2024: vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, el 27 de febrero de 2024, solicitó a la Contraloría General de
la República lo siguiente:

“[…] PRIMERO. Le solicito respetuosamente, me envíe copia del registro de ingresos
y visitas de personas no vinculadas a la entidad, al despacho del señor Anwar
Dacarett, contralor delegado para Asuntos Agropecuarios desde agosto de 2023
hasta la fecha. Por favor dirimir la información de la siguiente manera:

a. Nombre completo de la persona que lo visitó.
b. Cargo y entidad en caso de que se trate de un funcionario público.
c. Relación o parentesco en caso de que sea una visita personal.
d. Fecha y hora de la visita.
e. Nombre completo del funcionario o persona natural que autorizó el ingreso.
f. Tema a tratar.

SEGUNDO. Copia de la denuncia de que llegó de la Unidad de Restitución de Tierras
Despojadas, URT, el 26 de septiembre de 2023 a las 10:46 de la noche, en la que se
descubren los siguientes hechos: “Posible desvío de $1.238.500 de las víctimas de la
restitución de tierras a favor de la MINGA, para financiar marchas el 27 de septiembre
de 2023”.

TERCERO. Solicito se me informe en qué estado está la actuación de la Contraloría
delegada para Asuntos Agropecuarios frente a dicha denuncia y qué funcionario tiene
a cargo el trámite de dicha denuncia. Por favor enviarme la ruta completa que siguió
la denuncia en términos de qué equipo o funcionarios le dieron trámite y si se trasladó
a otro despacho y a otro equipo, informarlo también y describir por qué.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

CUARTO. Solicito me envíen copia de la auditoría hecha a La Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (AUNAP) para la vigencia 2023. Adicionalmente, solicito se
incluyan los hallazgos relacionados con la Dirección Técnica de Administración y
Fomento de la entidad.

QUINTO. Solicito se me informe en qué estado está la actuación de la Contraloría
delegada para Asuntos Agropecuarios frente a la auditoria (sic) a la AUNAP para la
vigencia 2023, puntualmente en lo relacionado con los hallazgos encontrados a la
Dirección Técnica de Administración y Fomento de la entidad. Solicito se describa
que pasos se han tomado frente a dichos hallazgos.

SEXTO. Solicito se me informe qué funcionario tiene a su cargo a (sic) actuación de
la Contraloría delegada para Asuntos Agropecuarios frente a la auditoria (sic) a la
AUNAP para la vigencia 2023.

SÉPTIMO. Adicionalmente, solicito se envíe toda la información que, para sus
efectos, dé claridad a la solicitud anterior y cumpla con todos los criterios establecidos
en la ley 1755 de 2015 y ley 1712 de 2014. […]”.

4. Indicó que, el Director de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el
Sector Agropecuario, expidió el Oficio núm. 2024EE0048886 de 14 de marzo de
2024, mediante el cual le dio respuesta a la actora.

5. Señaló que, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico
e Informático de la Contraloría General de la República, mediante Oficio con
radicado número 2024EE0053872 de 21 de marzo de 2024, suministró respuesta a
la petición de la actora.

6. Sostuvo que, reiteró la solicitud de información respecto del punto primero de
la petición, al no ser contestado por la autoridad alegando el carácter reservado.

7. Expuso que, la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e
Informático de la Contraloría General de la Nación, por medio del Oficio núm.
2024EE0081954 de 3 de mayo de 2024, contestó indicándole que no era
procedente la entrega de la información requerida en el punto 1.° de la petición,
debido a que: (i) se trata de información privilegiada y protegida por la política de
datos personales de la entidad; (ii) además debido a que la peticionaria no explicó
la finalidad para solicitar tal información.

8. Afirmó que, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico
e Informático, remitió el recurso de insistencia presentado por la peticionaria al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

9. Indicó que, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante sentencia de 25 de julio de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el recurso de insistencia remitido
por el Jefe de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático -
USATI- de la Contraloría General de la República, respecto de la petición presentada
por la señora Andrea Rincón Carrillo el día veintisiete (27) de febrero de 2024, de
conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia. […]”.

9.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Así las cosas, en relación con la petición realizada por la señora Andrea Rincón
Carrillo actuando en nombre propio y la respuesta suministrada por la Contraloría
General de la República -CGR-, la Sala precisa que el objeto del recurso de insistencia
es resolver sobre las peticiones que fueron rechazadas por motivos de reserva por
parte de la entidad y que fueron objeto del recurso de insistencia presentado por la
peticionaria, situación que en el presente caso no se presenta.

Lo anterior, toda vez que, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento
Tecnológico e Informático -USATI- de la Contraloría General de la República -CGR-,
en la respuesta suministrada a la petición presentada, no le negó el acceso a la
información y documentación solicitada por causa específica de reserva alguna, sino
que por el contrario, le informó que de la entidad “ha extraído los datos requeridos,
para que en el escenario en que se cumpla con todos los requisitos necesarios, pueda
ser entregada.”, ya que no expresó de forma clara la finalidad de la petición de
conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 4º de la Ley 1581 de 2012.

Así mismo, es importante mencionar que, si la parte peticionaria considera que la
Contraloría General de la República -CGR-, no le suministró respuesta en debida
forma a su derecho de petición, puede acudir a la acción de tutela ya que el objeto
del recurso de insistencia es proveer sobre la información negada por su carácter
reservado, por lo que el presente asunto se torna improcedente, al no haber
información reservada sobre la cual proferir decisión de fondo.

Por las razones anteriormente expuestas, la Sala declarará improcedente el recurso
de insistencia remitido por el Jefe de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento
Tecnológico e Informático -USATI- de la Contraloría General de la República,
respecto de la petición presentada por la señora Andrea Rincón Carrillo el día
veintisiete (27) de febrero de 2024. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

10. La actora solicitó en su escrito de tutela2:

“[…] PRIMERO. Se TUTELEN los derechos fundamentales de petición (artículo23 de
la Constitución Política), de acceso a la información (artículo 74 de la Constitución
Política), y a la libertad de información (artículo 20 de la Constitución Política).
2 Transcripción literal del texto.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

SEGUNDO. Que en el término de cinco (5) días el ACCIONADO PROCEDA A
OTORGAR RESPUESTA DE FONDO, CLARA Y PRECISA a LA INFORMACIÓN
PÚBLICA SOLICITADA por el accionante respecto del recurso de insistencia que
correspondió al despacho 003 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo el
radicado No.25000234100020240107800, la cual venció el pasado 25 de de junio de
2024

TERCERO. Solicito respetuosamente me sean respondidos TODOS Y CADA UNO
de los elementos enlistados en mi petición y en el formato solicitado, con respecto a
los bienes bajo administración del ACCIONADO. Esto, en virtud del principio de
calidad de la información, establecido en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, le
solicito que la información solicitada se entregue en un formato procesable y
reutilizable, toda vez que dicha norma indica que la información debe ser “oportuna,
objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos
accesibles para los solicitantes e interesados en ella”.

CUARTO. Solicito respetuosamente que, en caso tal que el honorable juez determine
que el ACCIONADO no está en la facultad de dar respuesta a la petición, se obligue
al ACCIONADO a que dé traslado a la entidad competente que pueda dar respuesta
de fondo a mi solicitud, conforme indica el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, que
señala: "Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará
de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días
siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso
de no existir funcionario competente así se lo comunicará”. […]”.

10.1. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente3:

“[…] Para este caso en particular, la acción de tutela procede por la ausencia de
respuesta por parte del ACCIONADO, respecto a las pretensiones solicitadas por esta
accionante, afectando directamente mi derecho fundamental de petición, mi derecho
fundamental al acceso a la información pública y mi derecho fundamental a la libertad
de información, todos consagrados en los artículos 23, 74 y 20 de la Constitución
Política. […]”.

[…]

“[…] Para el caso en concreto, la tutela versa sobre la falta de respuesta dada por
parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, teniendo en cuenta
que, de acuerdo a lo estipulado en la ley 1755 del 2015, el plazo de 10 días para
responder el recurso de insistencia, el cual ha vencido. […]”.

[…]

“[…] En el presente caso, la acción de tutela se interpone en contra EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, ya que, resolvió el recurso de insistencia
basado en la improcedencia del recurso, cuando este si cumple con todos los
requisitos establecidos por la ley. […]”.

[…]

“[…] De igual forma, se interpone acción de tutela, ya que los accionados negaron el
acceso a información, al no responder la petición de manera oportuna; y, además,

3 Transcripción literal del texto.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

faltaron al cumplimiento de algunos de los principios consignados en la Ley 1712 de
2014 como, por ejemplo, el principio de celeridad y eficacia […].

[…]

“[…] Finalmente, se interpone la presente acción de tutela, ya que al violar el derecho
fundamental de petición y de acceso a la información pública, también se vulneran
mis derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso. […]”.

[…]

“[…] Para el caso concreto, el derecho fundamental de acceso a la información pública
se vio vulnerado debido a que la entidad manifestó que la información era de caracter
reservado. […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, la libertad de información debe tener mayor relevancia cuando
de la magnitud de los hechos surge la necesidad de conocimiento público y se
despierta el interés general Negar el acceso parcial a la información de carácter
público, al no contestar la petición de fondo, niega a su vez el respeto de mi derecho
fundamental al a libertad de información. […]”.

[…]

“[…] Finalmente, frente al principio de proporcionalidad, esta solicitud cumple con este
requisito puesto que, como se manifestó anteriormente, en ningún momento esta
peticionaria ha solicitado información que afecte tantos los derechos de terceros,
como intereses de carácter nacional. Han sido solicitados datos como nombres o
información respectiva sobre cada uno de las misiones que puedan afectar la
seguridad nacional. Por el contrario, la información que se solicitó debe ser de
conocimiento general, pues tiene que ver con información de recursos públicos que
como ciudadanos estamos en el derecho de conocerlos, por lo que no sería
proporcional allegar esta información frente al principio de transparencia y
razonabilidad […]”.

Actuación

11. El Despacho de la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante auto de
23 de agosto de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Contralor
General de la República y a los magistrados de la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó en calidad de
terceros con interés legítimo, al Jefe de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento
Tecnológico e Informático – USATI de la Contraloría General de la República,
concediéndole el término de dos (2) días para rendir informe.

12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 26 de septiembre de 2024: i)
declaró fundado el impedimento manifestado por el magistrado Luis Alberto Álvarez
Parra; y ii) lo separó del conocimiento de la presente acción de tutela.

7

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

13. La Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático – USATI
de la Contraloría General de la República solicitó i) se declare la cosa juzgada de la
acción de tutela; y ii) en su defecto, se declare improcedente la solicitud de tutela,
por las siguientes razones:

“[…] Conforme con ello, considera esta Unidad de Seguridad y Aseguramiento
Tecnológico e Informático – USATI perteneciente de la CGR que:

1. Existe una carencia actual del objeto por HECHO SUPERADO.

1.1. La Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI
perteneciente a la CGR, cumplió con su carga procesal y resolvió de forma
clara, expresa, de fondo y en términos al derecho de petición inicial
identificado bajo el número SIPAR 2024-297445-82111(Anexo 2, Anexo 3 y
Anexo 5).

1.2. Asimismo, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante providencia del 25 de julio del año en curso,
resolvió de fondo el recurso de insistencia elevado ante ese Despacho
declarándolo improcedente (Anexo 12).

2. La presente acción de tutela es TEMERARIA porque previamente la accionante
había interpuesto ante el Consejo de Estado en su Sección Tercera - Subsección A,
otra acción de tutela con identidad de partes, causa y objeto a los invocados en esta
acción. La misma puede identificarse con el radicado No. 11001-03-15-000 2024-
03718-00 (Anexo 8).

3. Existe COSA JUZGADA que impide un nuevo pronunciamiento en un segundo
proceso como este, en virtud del carácter de inmutable, vinculante y definitivo de la
decisión inicial (Anexo 11). El 13 de agosto de 2024 fue proferida la sentencia en el
proceso No. 11001-03-15-000-2024-03718-00 que declaraba la carencia actual de
objeto por hecho superado, sin que esta accionante apelara la decisión […]”.

14. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó i) negar las pretensiones formuladas por la actora y exonerar
de responsabilidad al Tribunal; o, en su defecto, ii) declarar improcedente la acción
de tutela, por las siguientes razones:

“[…] 4.2. Debe indicarse que la decisión tuvo en cuenta que el objeto del recurso de
insistencia establecido en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015, es resolver sobre las
peticiones que fueron rechazadas por motivos de reserva por parte de la entidad y
que fueron objeto del recurso de insistencia, situación que en el caso estudiado en el
expediente con radicado No. 25000-2341-000-2024-01078-00 no se presentó,
comoquiera que el Jefe de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e
Informático –USATI- de la Contraloría General de la República –CGR- en la respuesta
suministrada a la hoy accionante mediante el Oficio con radicado No.
2024EE0053872 del veintiuno (21) de marzo de 2024, no indicó causal específica de
reserva alguna sino que por el contrario, le informó que la entidad “ha extraído los

8

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

datos requeridos, para que en el escenario en que se cumpla con todos los requisitos
necesarios, pueda ser entregada.”, toda vez que la señora Andrea Rincón Carrillo no
expresó de forma clara la finalidad de la petición de conformidad con lo establecido
en el literal b) del artículo 4º de la Ley 1581 de 2012.

4.3. En el mismo sentido se considera importante mencionar que, no le es dable al
Juez de la insistencia suplir los vacíos presentados en la respuesta suministrada por
la Contraloría General de la República –CGR- a la peticionaria, toda vez que, al no
habérsele indicado causal de reserva específica alguna lo procedente era, como
efectivamente se hizo, declarar la improcedencia del recurso de insistencia y, tal como
se le indicó a la hoy accionante en el fallo que hoy se discute, de considerarlo
necesario podría acudir a la acción de tutela con el objeto que se le responda de fondo
la petición ya sea accediendo a la información solicitada o indicándole la causal
especifica (sic) de reserva por la cual niega el acceso de la información, situación
última que la habilitaría para presentar el recurso de insistencia establecido en el
artículo 26 de la Ley 1755 de 2015 y ser resuelto de fondo determinación.

4.4. Así mismo debe tenerse en cuenta que, la acción de tutela en el presente asunto
se torna improcedente, habida cuenta que, si bien la señora Andrea Rincón Carrillo
no está de acuerdo la decisión adoptada mediante sentencia de fecha veinticinco (25)
de julio de 2024, ello no implica que se pueda utilizar la acción de tutela para omitir,
pretermitir o revivir los términos y mecanismos ordinarios señalados en el
ordenamiento jurídico y tampoco, puede convertirse como el último recurso de
defensa judicial o como una instancia adicional para proteger los derechos
presuntamente vulnerados, máxime si se tiene en cuenta que el recurso de insistencia
de conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo 151 de la Ley 1437 de
2011 CPACA (Modificado por el artículo 27 de la Ley 2080 de 2021), corresponde a
un proceso en única instancia.

4.5. En este sentido, y de conformidad con los argumentos expuestos, de manera
respetuosa solicito negar las pretensiones de la tutela o, en su lugar, declarar la
improcedencia de la misma, por no concurrir los presupuestos dados por la
jurisprudencia de la H. Corte Constitucional para que proceda la acción de tutela en
contra de una providencia judicial; y en su lugar, exonerar de toda responsabilidad a
la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. […]”.

La sentencia impugnada

15. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 26 de
septiembre de 2024, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la
señora Andrea Rincón Carrillo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.

SEGUNDO: NEGAR el amparo al derecho de petición de la señora Andrea Rincón
Carrillo frente a la solicitud elevada ante la Contraloría General de la Nación, de
conformidad con lo expuesto. […]”.

15.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

9

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

“[…] Ahora bien, pese a que, para actora, la providencia cuestionada vulnera
principios contenidos en la Carta Política que apoyan la labor periodística que esta
desarrolla, y en ese sentido, el Tribunal debió emitir un pronunciamiento de fondo
sobre el recurso de insistencia y no declarar su improcedencia, lo cierto es que la
señora Andrea Rincón Carrillo no desarrolla una carga argumentativa suficiente y
trascendente para sustentar la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, en los términos que exige la Corte Constitucional, al indicar: […]”.

[…]

“[…] Así pues, la accionante, alega que a través de la providencia del 25 de julio de
2024 se vulneraron las garantías fundamentales de acceso a la información pública,
la libertad de información, la libertad de prensa, sin embargo, más allá de plantear su
inconformidad con la declaratoria de improcedencia del recurso de insistencia por
parte del Tribunal, no argumenta algún defecto trascendente desde el punto de vista
constitucional que amerite la intervención del juez de tutela, máxime cuando no se
evidencia prima facie vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Debe recordarse que la carga argumentativa que habilita la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales a la que hace alusión la Corte
Constitucional no se satisface simplemente con enunciar y transcribir artículos de la
Constitución Política para cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha labor
comprende un ejercicio argumentativo mucho más profundo.

En ese sentido, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía
acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate
planteado por la accionante busca mutar el amparo constitucional en otra instancia.

Aunado lo anterior, se reitera que el juez constitucional no está instituido como órgano
de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los procesos,
los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció el
legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela
y la desarticulación de la organización judicial.

En tal sentido, respecto de los reparos formulados contra la providencia de tal fecha,
no se supera el requisito de relevancia constitucional, por tanto, se declarará la
improcedencia de la acción. […]”.

[…]

“[…] Así pues, se evidencia que la Contraloría General de la República resolvió cada
uno de los puntos que fueron objeto de la petición y se encuentra demostrado que la
respuesta fue enviada a través de correo electrónico al buzón: [...]@gmail.com el 21
de marzo de 2024, es decir, con antelación a la fecha de interposición de la tutela que
se radicó el 14 de agosto de este año, por lo que hay lugar a negar el amparo.

En esos términos, tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, debe
advertirse que la contestación expedida sea plena, es decir, se ha emitido una
respuesta clara, completa y de fondo al asunto solicitado, «sin importar que la misma
sea favorable o no a sus intereses», tal como acontece en el presente caso. […]”.

10

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

La impugnación

16. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente4:

“[…] Para el caso en concreto se puede vislumbrar que efectivamente, la vulneración
del Derecho de petición es evidente y recae en la entidad la responsabilidad de
subsanar la trasgresión al Derecho fundamental, por lo que se hace necesario solicitar
una respuesta con los requisitos esenciales que remediar este hecho. […]”.

[…]

“[…] Finalmente, frente al principio de proporcionalidad, esta solicitud cumple con este
requisito puesto que, como se manifestó anteriormente, en ningún momento esta
peticionaria ha solicitado información que afecte tantos los derechos de terceros,
como intereses de carácter nacional. Han sido solicitados datos como nombres o
información respectiva sobre cada uno de las misiones que puedan afectar la
seguridad nacional. Por el contrario, la información que se solicitó debe ser de
conocimiento general, pues tiene que ver con información de recursos públicos que
como ciudadanos estamos en el derecho de conocerlos, por lo que no sería
proporcional allegar esta información frente al principio de transparencia y
razonabilidad. […]”.

[…]

“[…] 2. Este caso concreto y de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos para
presentar una tutela contra providencia, deja claro que no es una simple
inconformidad con la decisión tomada por el accionado, sino que efectivamente si se
observa que la actuación es PROCEDENTE, en el sentido de que si la Contraloría no
respondió a la petición fue debido aunque consideraba que la información era
reservada, como lo menciona en las respuestas que me dio como peticionaria. Por lo
tanto, debe estar en discusión si la información es o no reservada y no la procedencia,
puesto que es claro que los datos que solicité no fueron entregados por esta razón.
[…]”

[…]

“[…] 3. Es por esta razón que lo que no pretende esta acción es realizar una tercera
instancia dentro de la acción de tutela, sino darle a conocer a este H. Despacho, que
la decisión que tomó el Tribunal, es arbitraria en el sentido de que el recurso de
insistencia es PROCEDENTE. Ahora bien frente a los derechos vulnerados, la
relevancia constitucional se debe centrar precisamente en que desde la presentación
de la petición inicial, no se resolvieron mis derechos. […]”.

[…]

“[…] De acuerdo a la H. Corte Constitucional, para aquellos casos en los cuales se
desconoce el trámite del recurso de insistencia, la Acción de Tutela es el medio idóneo
para solicitar el cumplimiento y protección del Derecho fundamental de petición. Por
lo tanto, no es cierto que esta pueda ser discutida a través de otros mecanismos
judiciales como plantea el Ad quo en el fallo de tutela, pues como se observa la
jurisprudencia ha manifestado que: […]”.

4 Transcripción literal del texto.

11

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

19. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en i) determinar si, frente a la providencia judicial cuestionada por la
actora, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional; y ii) establecer si se debe proteger el
derecho fundamental de petición invocado por la actora, el cual considera vulnerado
porque, a su juicio no se dio una respuesta completa a la petición que presentó el
27 de febrero de 2024 ante la Contraloría General de la República.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

12

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

20. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia;
v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la libertad
de información; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental de petición; vii) análisis del caso concreto y finalmente las viii)
conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

21. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello8, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

22. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

23. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.

25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

27. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

28. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de
agosto de 201413, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [14]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [15].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [16].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [17].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de

13 Ut supra página 6.
[14] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[15] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

15

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [18]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [19].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [20]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

29. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado21:

[18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[19] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[20] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
21 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

16

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”22

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”23

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

30. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando la actora en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

22 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
23 Ibidem.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

31. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202224 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

24 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala)

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

32. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

33. Atendiendo a que, la Corte Constitucional25 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección

25 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

34. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

35. Atendiendo a que, la Corte Constitucional26 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
información

36. Visto el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 15. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir
su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y
la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura […]”.

26 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional27 ha considerado que, “[…] la
libertad de información protege la comunicación de versiones sobre hechos,
eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general
situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo28. Es un
derecho fundamental de “doble vía”, que garantiza tanto el derecho a informar como
el derecho a recibir información veraz e imparcial29. Así mismo, la libertad de
información supone la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para
difundir lo que se quiere emitir, mientras que la libre expresión son necesarias
únicamente las facultades y físicas y mentales de cada persona para exteriorizar su
pensamiento y opinión. Por lo demás, es también una libertad trascendental en la
democracia, pues es a través de los medios de comunicación que la ciudadanía
está informada sobre los sucesos que los pueden afectar en las decisiones de los
representantes políticos o en sucesos del ámbito económico o social de interés
general30. […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
petición

38. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales. […]”.

39. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional31 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii)
la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el

27 Corte Constitucional, Sentencia T-040 de 28 de enero de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
28 Ver sentencia SU-056 de 1995 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
29 Ver sentencia T-512 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
30 El derecho a informar parte de la protección de otros derechos fundamentales como el derecho de acceso a

la información pública, directamente vinculado con el derecho de petición, la libertad de expresión artística y
literaria, la prohibición de la censura previa, el derecho a fundar medios de comunicación, la reserva de las
fuentes, el derecho a comunicarse, el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso al espectro
electromagnético, el derecho de acceso a la información personal y socialmente relevante, y la existencia de
condiciones necesarias para garantizar el libre mercado de diversas ideas y opiniones.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo;
(iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación
de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de
su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados
(plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas […]”.

Análisis del caso en concreto

40. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Contraloría General de la República, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir la
sentencia de 25 de julio de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del recurso
de insistencia identificado con el número único de radicación
250002341000202401078-00; y i) la Contraloría, al dar respuesta incompleta a la
petición presentada el 27 de febrero de 2024: vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.

41. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

42. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

43. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

43.1. Anexos allegados con el escrito de tutela.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

43.2. Anexos que allegó la Contraloría General de la República.

43.3. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del recurso
de insistencia identificado con el número único de radicación
250002341000202401078-00.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de la
relevancia constitucional

44. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente32:

“[…] Para el caso en concreto, la tutela versa sobre la falta de respuesta dada por
parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, teniendo en cuenta
que, de acuerdo a lo estipulado en la ley 1755 del 2015, el plazo de 10 días para
responder el recurso de insistencia, el cual ha vencido. […]”.

[…]

“[…] En el presente caso, la acción de tutela se interpone en contra EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, ya que, resolvió el recurso de insistencia
basado en la improcedencia del recurso, cuando este si cumple con todos los
requisitos establecidos por la ley. […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, la libertad de información debe tener mayor relevancia cuando
de la magnitud de los hechos surge la necesidad de conocimiento público y se
despierta el interés general Negar el acceso parcial a la información de carácter
público, al no contestar la petición de fondo, niega a su vez el respeto de mi derecho
fundamental al a libertad de información. […]”.

[…]

“[…] Finalmente, frente al principio de proporcionalidad, esta solicitud cumple con este
requisito puesto que, como se manifestó anteriormente, en ningún momento esta
peticionaria ha solicitado información que afecte tantos los derechos de terceros,
como intereses de carácter nacional. Han sido solicitados datos como nombres o
información respectiva sobre cada uno de las misiones que puedan afectar la
seguridad nacional. Por el contrario, la información que se solicitó debe ser de
conocimiento general, pues tiene que ver con información de recursos públicos que
como ciudadanos estamos en el derecho de conocerlos, por lo que no sería
proporcional allegar esta información frente al principio de transparencia y
razonabilidad […]”.

32 Transcripción literal del texto.

23

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

45. Para la Sala el asunto controvertido por la actora ya fue objeto de estudio por
la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración del derecho fundamental.

46. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal, el cual ya fue expuesto dentro del proceso adelantado
en ejercicio del recurso de insistencia y fue decidido por el juez natural de la causa,
por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento
adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo
en una instancia adicional.

47. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

48. La Sala, como lo advirtió en un caso similar33, considera que la discusión que
se expone a través del escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional
porque el núcleo de la controversia se encuentra limitado a asuntos meramente
legales cuya competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso
administrativo.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de agosto de

2024, número único de radicación 110010315000202403572-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

24

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

49. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza
puramente legal; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.

50. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, la actora acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal concluido que escapa de la órbita
de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, la actora alega la
vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

51. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales de petición, al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la libertad de información,
enunciados por la actora, no se evidencian en el caso sub examine, toda vez que el
proceso adelantado en ejercicio del recurso de insistencia se adelantó ante el juez
competente, en respeto de las formas propias del proceso. Además, no concurre
una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la
actuación del juez constitucional, no se trata de amparar el derecho fundamental de
un sujeto de especial protección constitucional.

52. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal, no es
una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la tutela contra una
providencia judicial.

53. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien
la actora enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales de petición, al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la libertad de información,
esa presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal.

25

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

Análisis de la presunta vulneración del derecho fundamental de petición por
la Contraloría General de la República

54. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la petición elevada por la actora
ha sido contestada.

55. Al respecto, de conformidad con el acervo probatorio se advierte que:

55.1. El 27 de febrero de 2024, la actora presentó petición ante la Contraloría
General de la República, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO. Le solicito respetuosamente, me envíe copia del registro de ingresos
y visitas de personas no vinculadas a la entidad, al despacho del señor Anwar
Dacarett, contralor delegado para Asuntos Agropecuarios desde agosto de 2023
hasta la fecha. Por favor dirimir la información de la siguiente manera:

a. Nombre completo de la persona que lo visitó.
b. Cargo y entidad en caso de que se trate de un funcionario público.
c. Relación o parentesco en caso de que sea una visita personal.
d. Fecha y hora de la visita.
e. Nombre completo del funcionario o persona natural que autorizó el ingreso.
f. Tema a tratar.

SEGUNDO. Copia de la denuncia de que llegó de la Unidad de Restitución de Tierras
Despojadas, URT, el 26 de septiembre de 2023 a las 10:46 de la noche, en la que se
descubren los siguientes hechos: “Posible desvío de $1.238.500 de las víctimas de la
restitución de tierras a favor de la MINGA, para financiar marchas el 27 de septiembre
de 2023”.

TERCERO. Solicito se me informe en qué estado está la actuación de la Contraloría
delegada para Asuntos Agropecuarios frente a dicha denuncia y qué funcionario tiene
a cargo el trámite de dicha denuncia. Por favor enviarme la ruta completa que siguió
la denuncia en términos de qué equipo o funcionarios le dieron trámite y si se trasladó
a otro despacho y a otro equipo, informarlo también y describir por qué.

CUARTO. Solicito me envíen copia de la auditoría hecha a La Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (AUNAP) para la vigencia 2023. Adicionalmente, solicito se
incluyan los hallazgos relacionados con la Dirección Técnica de Administración y
Fomento de la entidad.

QUINTO. Solicito se me informe en qué estado está la actuación de la Contraloría
delegada para Asuntos Agropecuarios frente a la auditoria a la AUNAP para la
vigencia 2023, puntualmente en lo relacionado con los hallazgos encontrados a la
Dirección Técnica de Administración y Fomento de la entidad. Solicito se describa
que pasos se han tomado frente a dichos hallazgos.

SEXTO. Solicito se me informe qué funcionario tiene a su cargo a (sic) actuación de
la Contraloría delegada para Asuntos Agropecuarios frente a la auditoria a la AUNAP
para la vigencia 2023.

26

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

SÉPTIMO. Adicionalmente, solicito se envíe toda la información que, para sus
efectos, dé claridad a la solicitud anterior y cumpla con todos los criterios establecidos
en la ley 1755 de 2015 y ley 1712 de 2014. […]”.

55.2. El Director de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector
Agropecuario, expidió el Oficio núm. 2024EE0048886 de 14 de marzo de 2024,
mediante el cual le dio respuesta a la actora en los siguientes términos:

“[…] La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, recibió escrito codificado
bajo el número SIPAR 2024-297445-82111. SE, donde se requiere a este organismo
de control se aporte alguna información relacionada con el ingreso de personas al
despacho del Contralor Delegado, así como el trámite de algunas denuncias y
procesos auditores.

Para tal fin y con el ánimo de dar respuesta a las solicitudes realizadas se procede a
indicar los siguiente:

A las peticiones:

PRIMERO […] Respuesta: Luego de analizada la solicitud, se considera que la
dependencia competente para dar respuesta al numeral primero es la Unidad de
Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático (USATI), razón por la cual,
mediante oficio con radicado interno 2024IE0030340 se realizó traslado de la petición
primera para que desde esta dependencia se le dé respuesta directa al interrogante
plateado.

SEGUNDO […] Respuesta: Revisada la información allegada a la Contraloría
Delegada para el Sector Agropecuario, en consideración a los hechos descritos, se
tramita la denuncia con Sigedoc 2023ER0178138; ahora bien, se aclara que, se
desconoce en detalle la fecha y hora de radicación, ya que como se observa en el
folio aportado contentivo de la denuncia, se registra en el sistema de gestión
ocumental el día 27 de septiembre de 2023 a las 8:32 a-m. (se anexa 1 Folio)

TERCERO […] Respuesta: La denuncia fue ingresada bajo el SIPAR 2023-283801-
82111- SE a la Contraloría delegada para el Sector Agropecuario el día 3 de octubre
del año 2023, una vez recibida la petición, se realizó el reparto por parte del enlace a
la auditoria financiera realizada a la gestión fiscal de la entidad para la vigencia 2022,
que para la fecha se encontraba en etapa de ejecución, la cual fue objeto de análisis
por parte del equipo auditor y se observó que los hechos de la denuncia tiene origen
en recursos ejecutados en el año 2023, razón por la cual, el equipo auditor solicitó
mediante comité de evaluación sectorial no dar respuesta a la denuncia dentro del
informe de auditoría; razón por la cual internamente se modificó la codificación de la
denuncia especialmente en las siglas SE ( petición de servicio ) a la sigla (D)
(Denuncia).

Producto del cambio de codificación, se asignó internamente por el aplicativo
interno un código CAT (Código CAT_536-2024-1) y se designó un equipo inicialmente
conformado por un supervisor (coordinador de gestión) y dos auditores (profesionales
universitarios) para que continúen con la atención de la denuncia hasta su
terminación.

No obstante lo anterior; es pertinente aclarar que para el desarrollo de la denuncia, el
nuevo equipo asignado continúo con el trámite de la misma a partir de la última
actuación adelantada por el grupo de auditoría, indicando que este último realizó más
de diez (10) requerimientos de solicitud de información con las correspondientes

27

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

respuestas por parte de la entidad, las cuales se encuentra en proceso de análisis del
nuevo equipo; motivo por el cual, una vez se adelante la verificación y revisión se
procederá a emitir respuesta de fondo al denunciante.

Por último, en virtud a que la información se encuentra en proceso de análisis, con el
ánimo de no vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso de las personas
que podrían verse en curso de las investigaciones adelantadas, no se aporta
documentación de la información solicitada ni de las respuestas brindadas parte de la
entidad.

CUARTO […] Respuesta: Se aclara a la peticionaria que, la Contraloría Delegada
para el Sector Agropecuario no ha realizado auditoria a la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (AUNAP) para la vigencia 2023; la última vigencia auditada fue
2022.

Para su conocimiento y consulta, se remite enlace donde puede accederse al
último informe de auditoría liberado.

QUINTO […] Respuesta: Se da respuesta en igual sentido al anterior requerimiento.
Consultar enlace anexado.

SEXTO […] Respuesta: Se da respuesta en igual sentido al anterior requerimiento.
Consultar enlace anexado.

SÉPTIMO […] Respuesta: En cada una de las respuestas anteriores se remitió la
información pertinente de acuerdo a los criterios legales y reglamentarios
establecidos.

En los términos descritos se da respuesta de fondo a la solicitud planteada […]”.
(Resaltado del texto original)

55.3. El Jefe de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e
Informático -USATI- de la Contraloría General de la República, mediante Oficio con
radicado número 2024EE0053872 de 21 de marzo de 2024, suministró la siguiente
respuesta a la petición:

“[…] Al respecto, nos permitimos rendir respuesta bajo los siguientes términos:

1) El control de acceso de personal visitante a la sede de Nivel Central de la
Contraloría General de la República -CGR es operado por “MTS Administración
Total”, contratista administrador inmobiliario; este proceso cuenta con la verificación
y seguimiento de cumplimiento de procedimientos de seguridad por parte de la Unidad
de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático -USATI de la CGR.

2) Con base en los numerales 2, 4 y 12 del Artículo Segundo de la Resolución
Orgánica No. 7341 de 2013, la USATI ha adelantado las actividades y acciones
necesarias para garantizar la seguridad de los tres pilares encomendados, los cuales
son: (i) Personas, (ii) Información y; (iii) Bienes, entre estas, el control de acceso a las
instalaciones.

3) Una vez recibida la solicitud, la USATI procedió a revisar las bases de datos, con
el fin de establecer la información requerida.

28

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

4) Es pertinente resaltar que la información solicitada corresponde a data de índole
personal, y que, analizada su petición se encuentra que no es clara la finalidad por la
cual se requiere la citada información.

5) Se encuentra además que el presente escenario no está enmarcado en las
causales previstas para el suministro de información acorde con la Ley.

6) La información solicitada puede estar relacionada con investigaciones o procesos
en curso, lo cual la cataloga como información pública reservada, respetando de
cualquier manera, el debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos
judiciales.

En ese orden de ideas, se permite la Contraloría Genera de la República, indicar que
se abstiene del suministro de la información, no obstante, ha extraído los datos
requeridos, para que en el escenario en que se cumpla con todos los requisitos
necesarios, pueda ser entregada.” […]”.

56. La actora en su escrito de tutela no adujo que dichas respuestas no le hayan
sido debidamente notificadas.

57. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si
la Contraloría General de la República cumplió con los requisitos de i) oportunidad
ii) que la respuesta sea de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado y iii) que haya sido puesta en conocimiento de la peticionaria; pues, de lo
contrario se incurriría en una vulneración del derecho fundamental de petición.

58. La Sala encuentra que i) la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento
de la actora, según se advierte del escrito de tutela; y ii) en cuanto a la oportunidad
para dar respuesta a la petición, la Sala encuentra que se cumplió con el término
establecido por el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

59. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara, precisa
y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha exigencia
en la medida en que la Contraloría General de la República:

i) Le explicó a la actora que la información requerida sobre “[…] registro de
ingresos y visitas de personas no vinculadas a la entidad, al despacho del
señor Anwar Dacarett, contralor delegado para Asuntos Agropecuarios desde
agosto de 2023 hasta la fecha […]”, corresponde a datos de índole personal y
que, analizada su petición se advertía que esta no era clara en cuanto a la
finalidad por la cual se requería dicha información.

29

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

ii) Le informó a la actora que “[…] Revisada la información allegada a la
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, en consideración a los
hechos descritos, se tramita la denuncia con Sigedoc 2023ER0178138; ahora
bien, se aclara que, se desconoce en detalle la fecha y hora de radicación, ya
que como se observa en el folio aportado contentivo de la denuncia, se registra
en el sistema de gestión documental el día 27 de septiembre de 2023 a las
8:32 a-m. […]”, anexándole para tal efecto el folio respectivo.

iii) Le informó a la actora que el trámite que se le dio a la denuncia ingresada
bajo el SIPAR 2023-283801-82111- SE a la Contraloría delegada para el
Sector Agropecuario el día 3 de octubre del año 2023, precisándole que “[…]
en virtud a que la información se encuentra en proceso de análisis, con el
ánimo de no vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso de las
personas que podrían verse en curso de las investigaciones adelantadas, no
se aporta documentación de la información solicitada ni de las respuestas
brindadas parte de la entidad […]”.

iv) Frente a las solicitudes núm. 4, 5, 6 y 7, le precisó a la actora que la
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario no ha realizado auditoria a
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) para la vigencia 2023
y que la última vigencia auditada fue en el año 2022; sin embargo, le compartió
el enlace “[…] donde puede accederse al último informe de auditoría liberado
[…]”.

60. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, teniendo en cuenta
que la respuesta de la Contraloría General de la República se dio con anterioridad
al trámite de la acción de tutela34 y que, contrario a lo expuesto por la actora, dicha
respuesta resolvió de fondo y de manera clara, precisa y congruente la petición de
27 de febrero de 2024, habrá lugar a negar la solicitud de tutela.

Conclusiones de la Sala

61. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 26 de
septiembre de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por

34 La acción de tutela se presentó el 13 de agosto de 2024.

30

Núm. único de radicación: 110010315000202404241-01
Actora: Andrea Rincón Carrillo

medio de la cual resolvió i) declarar la improcedencia de la solicitud de tutela frente
a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; y ii) negar el amparo del derecho fundamental de petición respecto
de la Contraloría General de la República.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 26 de septiembre de 2024
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.