Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04259-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04259-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04259-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de septiembre de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04259-00
Accionante: Deicy Sánchez Patiño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04259-00
Accionante: Deicy Sánchez Patiño
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Temas: Acción de tutela en contra de providencias judiciales, emitidas en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda y
se confirmó esa decisión.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Deicy Sánchez Patiño en
contra del Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Deicy Sánchez Patiño, por intermedio de su apoderada judicial, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
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Accionante: Deicy Sánchez Patiño
Como consecuencia de lo anterior, solicitó declarar sin valor y sin
efectos las sentencias proferidas el 14 de agosto de 2023 y el 16 de mayo de 2024 por
el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, respectivamente,
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-
33-35-024-2019-00150-00/01; para, en su lugar, ordenarle a la última autoridad
mencionada emitir una nueva decisión, en la que se acoja el precedente jurisprudencial
establecido «dentro de las acciones» de la naturaleza del caso que aquí se discute.
1.1.2. Hechos de la solicitud
La apoderada de la parte accionante narró, como hechos relevantes, los siguientes:
i) La señora Deicy Sánchez Patiño se vinculó en carrera a la Defensoría del Pueblo en
el cargo de auxiliar administrativo, grado 10.
ii) El 17 de agosto de 2012, mediante la Resolución núm. 1059, fue encargada como
Técnico Administrativo (Código 4020, Grado 15), perteneciente al nivel técnico,
adscrito al Grupo de Registro de Selección de Operadores de la Dirección Nacional de
Defensoría Pública; cargo que en su momento estaba en vacancia definitiva, mientras
se proveía el concurso de méritos.
iii) Sin embargo, el 29 de octubre de 2018, a través de la Resolución núm. 1256, se
dio por terminado, sin motivación legal alguna, el encargo referido y, además, se
ordenó la reincorporación de la señora Sánchez Patiño al cargo, grado 10, lo que
generó un detrimento en sus ingresos mensuales.
iv) Por lo anterior, la señora Deicy Sánchez Patiño interpuso acción de tutela, en la
cual el 31 de enero de 2019 el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá amparó los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, ordenó a la Defensoría del Pueblo emitir nuevamente el acto
administrativo debidamente motivado. Decisión que fue confirmada el 14 de marzo de
2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
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v) En atención al término que se concedió para interponer la demanda
ordinaria, la señora Sánchez Patiño, por conducto de su apoderado, incoó el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Defensoría
del Pueblo, con el fin de obtener la nulidad de las resoluciones precitadas y,
adicionalmente, la Resolución núm. 186 del 4 de febrero de 2019, por medio de la cual
la entidad confirmó su decisión administrativa inicial. Adicionalmente, a título de
restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro sin solución de continuidad al mismo
empleo que desempeñaba en encargo Técnico Administrativo, código ,3020 grado 15,
y que le paguen las diferencias salariales debidamente indexadas y se condene a la
entidad demandada a pagar los emolumentos por concepto de costas procesales y
agencias en derecho.
v) El 14 de agosto de 2023, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, por lo cual la parte demandante
interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión.
vi) El 16 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, confirmó la sentencia de primera instancia.
1.1.3. Fundamentos de derecho
La accionante consideró que Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, con ocasión de la expedición de las sentencias del 14 de agosto de
2023 y 16 de mayo de 2024, vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
Para el efecto, afirmó que aquellas autoridades incurrieron en desconocimiento del
precedente judicial, con respecto a motivar los actos administrativos de retiro y a
reconocer una especie de estabilidad relativa frente a la figura del encargo, la cual no
termina «sino teniendo como causa suplir el empleo de que se trata por quien haya
concursado y ganado el derecho a dicho empleo».
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Concretamente, citó las sentencias proferidas por (i) el Consejo de
Estado, en los procesos con radicados 0439-2005, 0562-2012, 4192-2017 y el 5 de
julio de 2018 en el expediente 11001-03-25-000-2010-00064-00; (ii) el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, el 20 de noviembre de 2020; (iii)
el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá el
31 de enero de 2019, en primera instancia, y por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Penal, el 14 de marzo de 2019, en segunda instancia, en la
acción de tutela con radicado 11001-31-09-027-2019-00002-00/01; (iv) el Tribunal
Administrativo de Santander el 27 de noviembre de 2019, en el proceso promovido por
la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo; (v) el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C, el 19 de marzo de 2021; (vi) el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó el 16 de abril de 2021; (vii) el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, el 4 de mayo de 2021; (viii) el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, el 11 de
junio de 2021, y (ix) el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá el 29 de septiembre de 2021.
Adicionalmente, manifestó que se transgredió su derecho a la igualdad, puesto que
existe unidad de materia por parte de los jueces y magistrados, frente a los temas
relacionados con la motivación de los actos administrativos, la discrecionalidad del
nominador y el derecho preferencial de carrera, por lo que en las sentencias
controvertidas se le estaría dando un trato diferenciado.
1.2. Actuación procesal
El 27 de agosto de 2024, el despacho del magistrado sustanciador de la presente
decisión (i) admitió la acción de la referencia en contra del Juzgado Veinticuatro
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A; (ii) vinculó, como tercero interesado
en los resultados del proceso, a la Nación, Defensoría del Pueblo; (iii) requirió al
Juzgado precitado para que remitiera copia digital del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-024-2019-00150-00/01; y (iv)
reconoció personería jurídica a la abogada María Isabel Hernández Fernández para
para actuar como apoderada de la parte accionante.
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1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A.
El magistrado José María Armenta Fuentes afirmó que los argumentos expuestos por
la accionante están orientados a atacar el criterio interpretativo del juez, lo cual, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, vicia la acción de tutela de
improcedente, pues esta no puede convertirse en una instancia adicional para que las
partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o
expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer
oportunamente.
Adicionalmente, indicó que en el caso no es factible alegar la ocurrencia de una vía de
hecho, cuando la providencia judicial encuentra fundamento en un determinado criterio
jurídico o en una razonable interpretación de las normas que son aplicables al caso,
por cuanto tal situación afectaría de manera grave los principios constitucionales de
autonomía e independencia judicial que habilitan al juez para aplicar la ley, fijarle en
concreto su verdadero sentido y alcance y valorar las pruebas allegadas al proceso de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y según los parámetros de la lógica.
Finalmente, manifestó que la providencia objeto de reproche expone ampliamente las
razones que la fundamentaron, por lo que requirió darle alcance a ese texto. En esos
términos, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia, ante la ausencia de
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
1.3.2. El 4 de septiembre de 2024, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá remitió, por correo electrónico, el expediente de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-024-2019-00150-00/01. Sin
embargo, no expuso ningún pronunciamiento frente a los hechos planteados en el
escrito de tutela.
2. Consideraciones
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2.1. Competencia
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para
conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 5.º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto
333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».
2.2. Cuestión previa
Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, la Sala aclara que solo realizará el
análisis de la decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, al ser el órgano de cierre en el
presente asunto y, por tanto, el que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 16 de mayo
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-33-35-024-2019-00150-00/01. En caso afirmativo, se analizará,
en segundo lugar, si se configuró el defecto de desconocimiento del precedente judicial
y, por ende, si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante.
2.3. Marco normativo
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2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho
de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-024-2019-00150-00/01, la
Sala de decisión establece lo siguiente:
2.4.1. La señora Deicy Sánchez Patiño se vinculó a la Defensoría del Pueblo desde el
11 de febrero de 2003 en el cargo de auxiliar administrativo, grado 6. Posteriormente,
el 5 de abril de 2010, fue nombrada en propiedad en el puesto de auxiliar
administrativo, grado 10, cargo en el que permaneció hasta el 16 de agosto de 2012,
pues, a través de Resolución núm. 1059 del 17 del mismo mes y año la entidad
demandada resolvió encargarla en el cargo de Técnico Administrativo (Código. 4020,
Grado 15), perteneciente al Nivel Técnico, adscrito a la Unidad Operativa de Registro
y Selección de Operadores.
2.4.2. El 29 de octubre de 2018, la Defensoría del Pueblo, mediante la Resolución
núm. 1256, decidió terminar a partir de esa fecha el encargo efectuado a la señora
Sánchez, lo que llevó a que ésta tuviera que volver a asumir el cargo de Auxiliar
Administrativo (Grado 10), del cual es titular.
2.4.3. En atención a la decisión adoptada, la señora Deicy Sánchez Patiño instauró
acción de tutela en contra de la entidad precitada, con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, que se dejara sin efectos el acto
administrativo precitado y, en ese sentido, fuera reintegrada al cargo de técnico
administrativo, código. 4020, grado 15, donde estuvo encargada.
2.4.4. El 31 de enero de 2019, el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá, en la acción de tutela con radicado 11001-31-09-027-
2019-00002-00, amparó el derecho fundamental de la accionante y dejó sin efectos la
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Resolución núm. 1256 del 29 de octubre de 2018. Con fundamento en
los siguientes argumentos:
«[…] En el presente caso, si bien es cierto, la actora se encuentra vinculada a un cargo
de carrera administrativa en la Defensoría del Pueblo al que regresó una vez se terminó
su encargo, esto es, como acertadamente lo señala la accionada no está vulnerando
su mínimo vital, pues se encuentra devengando el salario que percibe como Auxiliar
Administrativo Grado 10, está afiliada al sistema general de seguridad social en salud
y realiza aportes en pensión, con lo cual se descarta que esté en riesgo su derecho a
lo adquirir su pensión de jubilación, pero lo que si pudo constatar este despacho es que
se vulneró su derecho al debido proceso administrativo, por cuanto la Resolución No.
1256 del 31 de octubre de 2018, mediante la cual el señor Defensor del Pueblo decidió
terminar el encargo que la aquí tutelante venía desempeñando carece de motivación
que le permitiera a la misma conocer las razones por las cuales se le separó de ese
cargo y permitírsele controvertirlas, ya que como ha decantado la Corte Constitucional
ello es necesario para evitar arbitrariedades […]».
2.4.5. La entidad accionada interpuso recurso de impugnación en contra del fallo de
primera instancia. El 14 de marzo de 2019, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá confirmó el fallo de primera instancia.
2.4.6. En cumplimiento de la orden constitucional impartida, el 4 de febrero de 2019,
la Defensoría del Pueblo expidió la Resolución núm. 186, mediante la cual ratificó el
contenido de los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución núm. 1256 del 29 de octubre de
2018, esto es: (i) terminar el encargo efectuado a la demandante; (ii) que la actora
asumiera nuevamente el cargo de su propiedad; y (iii) terminar el nombramiento
provisional de la señora Yennifer Alexandra Bermúdez Gómez, quien venía ejerciendo
el cargo del cual es titular la demandante.
Para fundamentar los motivos de la terminación del encargo, la entidad precitada
indicó que, en aplicación de la facultad discrecional que trata el artículo 138 de la Ley
201 de 1995, resultaba procedente terminar el encargo. Adicionalmente, citó la
sentencia T-65608 del 20 de marzo de 2013, en la que la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, en sede de tutela, afirmó que el funcionario por ser de carrera
«[…] no le da el derecho a ser designado de manera preferente en los cargos de carrera
vacantes de manera definitiva, por cuanto los nombramientos son del resorte excluido
del nominador, en este caso, la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, ello en atención
a las facultades expresas en materia de selección de personal, claro está, con la
verificación de los requisitos respectivos, la idoneidad, etc.».
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2.4.7. La señora Deicy Sánchez Patiño presentó recurso de reposición en contra del
anterior acto administrativo; sin embargo, la entidad mencionada, a través de la
Resolución núm. 358 del 11 de marzo de 2019, confirmó en su integridad la decisión
recurrida.
2.4.8. La señora Sánchez Patiño, por conducto de su apoderado, interpuso el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Defensoría
del Pueblo, con el fin de obtener la nulidad de las resoluciones precitadas y,
adicionalmente, de la Resolución núm. 186 del 4 de febrero de 2019, por medio de la
cual la entidad confirmó su decisión administrativa inicial. Adicionalmente, a título de
restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro sin solución de continuidad al mismo
empleo que desempeñaba en encargo Técnico Administrativo, código ,3020 grado 15,
y que se le paguen las diferencias salariales debidamente indexadas y se condene a
la Entidad demandada a pagar los emolumentos por concepto de costas procesales y
agencias en derecho.
2.4.9. El 14 de agosto de 2023, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la decisión
particular y concreta tomada respecto de la actora, por la entidad demandada, se fundó
en una decisión discrecional que se encuentra sustentada en el artículo 138 de la Ley
201 de 1995, el cual permite a la Defensoría del Pueblo encargar un empleo de carrera
mientras se efectúa la selección para ocuparlo, para lo cual la mencionada disposición
exige que el encargo lo efectúe preferiblemente los servidores públicos inscritos en el
escalafón de esa entidad, si cumplen los requisitos para su desempeño, hasta por
cuatro (4) meses prorrogables por una sola vez y máximo por el mismo término.
Adicionalmente, aclaró que la Defensoría del Pueblo cuenta con una reglamentación
especial, por lo que la Ley 909 de 2004 solo resulta aplicable de manera supletoria en
caso de presentarse vacíos normativos, los cuales no existen en el caso concreto,
porque la Ley 201 de 1995, su artículo 138, sí reguló de forma expresa la situación
administrativa del encargo.
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Al respecto, precisó que la norma dice que mientras se efectúa la
selección para ocupar un empleo de carrera, los servidores públicos inscritos en el
escalafón de la carrera de la Defensoría del Pueblo «podrán» ser encargados de dichos
empleos, si llenan los requisitos para su desempeño, hasta por cuatro (4) meses
prorrogables por una sola vez y máximo por el mismo término. Resaltó que ese vocablo
expresa un margen de discrecionalidad. Aunado a ello, indicó que la disposición
claramente señala que la situación administrativa del encargo es temporal y que fue
en esas condiciones que la demandante aceptó su designación.
De igual forma, advirtió que la calificación satisfactoria de servicios es una obligación
a cargo de todos los servidores públicos, de manera que en modo alguno se constituye
en factor determinante para la terminación o no del encargo. Finalmente, aseguró que
el extremo pasivo respetó los derechos de carrera que ostenta la demandante, porque
en el mismo acto estableció que ella retornara al cargo en el cual fue nombrada en
propiedad.
2.4.10. La parte demandante interpuso recurso de apelación.
2.4.11. El 16 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, confirmó la sentencia de primera instancia, con fundamento
en los argumentos que se expondrán más adelante.
2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
2.5.1. El asunto objeto de estudio goza de relevancia constitucional, toda vez que el
debate planteado por la parte accionante gira en torno a la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, con ocasión de la expedición de la sentencia del 16 de mayo
de 2024, comoquiera que, en su criterio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, incurrió en desconocimiento del precedente judicial,
evento que de hallarse acreditado conduciría a encontrar lesionados los intereses de
la parte actora.
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2.5.2. Se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, por cuanto
la decisión cuestionada es una sentencia que puso fin a la discusión planteada dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.5.3. Se cumple la exigencia de inmediatez, puesto que la providencia objeto de
censura fue proferida el 16 de mayo de 2024 y la acción de tutela fue instaurada el 14
de agosto de 2024, esto es, en el término de los seis meses previstos
jurisprudencialmente como plazo prudencial para el ejercicio de la tutela en contra de
providencias judiciales
2.5.4. En el presente asunto no se cuestiona una irregularidad procesal, sino el hecho
de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis jurisprudencial.
2.5.5. En el escrito de tutela se identificaron razonablemente los hechos y argumentos
con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales.
2.5.6. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza, puesto que
la providencia que pretende controvertirse en esta sede fue proferida dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.6. Caso concreto.
2.6.1. Desconocimiento del precedente judicial
En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —
horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente3, vale decir,
desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en la que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
3 Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
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En esa lógica, en la Sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los
siguientes criterios a tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente
judicial: a) que la ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una
regla judicial relacionada con el caso a decidir posteriormente4; b) que se trate de un
problema jurídico o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del
asunto o las normas juzgadas en la sentencia sean similares o planteen un punto de
derecho parecido al que se debe resolver con posterioridad.5
Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o magistrado
a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente horizontal, que
hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o
por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente vertical, que se relaciona
con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.6
En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligatorio cumplimiento por
los funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.7 Sin embargo,
en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de las
autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los criterios
hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.8
En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
4 Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa
de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes
y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de
argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión
adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el
precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido
por los jueces».
5Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
6Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
7Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
8Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
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eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla
admite una excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso
presenta situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.
Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención
a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las siguientes reglas:
«(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que significa que no
pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido
(principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga argumentativa seria,
mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada, los motivos por los cuales
consideran que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas
por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».9
En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales, en
virtud del acatamiento de los principios al debido proceso, igualdad y buena fe. 10
2.6.2. Análisis de la decisión adoptada por el Tribunal accionado
La señora Deicy Sánchez Patiño solicitó la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, los cuales
estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, al expedir la sentencia del 16 de mayo de 2024, comoquiera que incurrió
en desconocimiento del precedente judicial, puesto que no tuvo en cuenta los
diferentes pronunciamientos con respecto a la motivación de los actos administrativos
y a reconocer una especie de estabilidad relativa frente a la figura del encargo,
comoquiera que la terminación de este solo opera cuando el empleo vacante sea
provisto mediante la designación de quien concurso y superó todas las etapas de un
proceso de selección por méritos.
9Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
10Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.
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Para el efecto, trajo a colación las sentencias proferidas por (i) el
Consejo de Estado, en los procesos con radicados 0439-2005, 0562-2012, 4192-2017
y el 5 de julio de 2018 en el expediente 11001-03-25-000-2010-00064-00; (ii) el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, el 20 de noviembre de
2020; (iii) el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Bogotá el 31 de enero de 2019, en primera instancia, y por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, el 14 de marzo de 2019, en segunda instancia,
en la acción de tutela con radicado 11001-31-09-027-2019-00002-00/01; (iv) el
Tribunal Administrativo de Santander el 27 de noviembre de 2019, en el proceso
promovido por la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo; (v)
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, el 19 de marzo de 2021; (vi) el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó el 16 de abril de 2021;
(vii) el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, el 4 de mayo de
2021; (viii) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B, el 11 de junio de 2021, y (ix) el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá el 29 de septiembre de 2021.
Pues bien, para resolver la anterior inconformidad resulta imperioso analizar los
argumentos en que se cimentó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, para confirmar la decisión adoptada por el Juzgado
Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá de negar las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la aquí
accionante. Así, se advierte que la corporación judicial precitada, en la sentencia del
16 de mayo de 2024, textualmente, sostuvo lo siguiente:
«[…] Agotadas las distintas etapas propias de la instancia y sin que se adviertan motivos
de nulidad que puedan invalidar total o parcialmente lo actuado, procede el juzgador
colectivo a realizar el estudio de las diversas piezas del expediente, para a partir de allí,
adoptar la decisión que en derecho y justicia corresponda, atendidas las pruebas
arrimadas al expediente.
De acuerdo con el artículo 125 de la Constitución Política, los empleos públicos en
Colombia, pertenecen al régimen de carrera administrativa, siendo la excepción, cuáles
tienen la condición de cargos de libre nombramiento y remoción. La carrera administrativa
se encuentra regulada por medio de la Ley 909 de 2.004. Conforme esa regulación
jurídica, a los cargos de carrera se accede y asciende mediante concursos de méritos; a
los segundos, mediante actos administrativos discrecionales de la autoridad administrativa
correspondiente.
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De acuerdo con el expediente, la demandante – recurrente, ingresó a la carrera
administrativa a un empleo del nivel técnico administrativo, de Auxiliar, grado 6, adscrito
a la Oficina de Control Interno. Posteriormente, en el de Auxiliar grado 10. Luego, en el
empleo de técnico administrativo código 4020 grado 15. Lo asumió en calidad de
encargada. El encargo en un empleo público, de manera alguna le adscribe derecho de
carrera a quien lo ejerce en esa temporalidad.
En ese empleo de técnico administrativo 4020 grado 15, fue nombrada otra persona
distinta de quien venía encargada por lo que esta servidora pública debió regresar a su
empleo del que era titular del derecho de carrera y asumió las funciones propias de ese
empleo. Por lo que la entidad pública ahora demandada, debió expedir el acto
administrativo que ahora se demanda en nulidad, dando por terminada la vinculación que
por encargo se había ordenado en relación con la demandante, en el cargo de técnico
administrativo 4020, grado 15, por tanto, era viable y discrecional que la Defensora del
Pueblo diera por terminado el encargo ora, porque se encontraba vencido el término legal
de esa situación administrativo o porque en ejercicio de esa facultad discrecional podría
vincular a otra persona en el que venía vinculada la ahora demandante.
Es claro, que cuando la demandante se le termina el encargo y regresa al empleo del cual
era titular y con derechos de carrera, advierte que el salario de este empleo es inferior al
del empleo del encargo. Ello, no significa de manera alguna, que se haya operado
desmejoramiento de salario en virtud de la terminación de la situación administrativa del
encargo. En efecto, los derechos de carrera que ostenta u ostentaba la demandante, no
se extienden al empleo que por encargo temporalmente desempeñó.
Es claro, que el encargo hecho a la demandante, no le atribuye derechos de carrera ni
salariales posteriores, en relación con el empleo de técnico 4020 grado 15, que sirvió
temporalmente. En consecuencia, habrá de confirmarse la providencia impugnada […]».
De la anterior transcripción, se desprende que el Tribunal accionado determinó que
era viable que la Defensoría del Pueblo diera por terminado el encargo, a través del
acto administrativo demandado, comoquiera que había finalizado el término legal
previsto para esa situación administrativa.
En esa medida, la Sala considera que la decisión adoptada por la corporación judicial
accionada no refleja una actuación caprichosa o arbitraria, comoquiera que aquella,
en su condición de juez natural y en virtud de su autonomía e independencia judicial,
consideró que la terminación del encargo se encontraba debidamente motivada
comoquiera esta se produjo en razón a que ya había finalizado el plazo fijado en la ley
para esa figura de empleo y, en ejercicio de la facultad discrecional consagrada en el
artículo 138 de la Ley 201 de 1995.
Ahora bien, se observa que la señora Deicy Sánchez Patiño invocó como
desconocidas las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, en los procesos con
radicados 0439-2005, 0562-2012, 4192-2017 y el 5 de julio de 2018 en el expediente
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11001-03-25-000-2010-00064-00. Sin embargo, se advierte que estas
no constituyen precedente judicial, en los términos de la Ley 1437 de 2011 11, por lo
que no podría exigírsele a la autoridad judicial accionada el acatamiento de dichas
providencias.
En todo caso, se repara en que las sentencias proferidas el 5 de julio de 2018, en el
expediente 11001-03-25-000-2010-00064-00, y el 8 de agosto de 2019, en el proceso
con radicado interno 4192-2017, no guardan similitud fáctica con el caso aquí
analizado, pues, en la primera, se estudió una demanda de nulidad, para que se
anulara el artículo 24 del Decreto 2355, por medio del cual se reglamentó la
contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales
certificada y, en la segunda, se examinó la reliquidación de la pensión de jubilación de
un docente bajo la Ley 33 de 1985.
Adicionalmente, se aprecia que la accionante también invocó como desconocidas las
providencias emitidas por (i) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, el 20 de noviembre de 2020; (ii) el Tribunal Administrativo de Santander el
27 de noviembre de 2019, en el proceso promovido por la Asociación Nacional de
Empleados de la Defensoría del Pueblo; (iii) el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección C, el 19 de marzo de 2021; (iv) el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Quibdó el 16 de abril de 2021; (v) el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad, el 4 de mayo de 2021; (vi) el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, el 11 de junio de 2021, y (vii) el
Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el 29 de septiembre
de 2021.
Sin embargo, no allegó copia de las referidas providencias y tampoco identificó el
número de radicado para consultarlas en el sistema de gestión judicial SAMAI, por lo
que a la Sala no le es posible emitir un pronunciamiento con respecto a esos proveídos.
En todo caso, se precisa que aquellos tampoco constituyen precedente de obligatorio
11 1. Sentencias de unificación, 2. Mecanismo de extensión de jurisprudencia, 3. Mecanismo de revisión eventual o
4. Avocación oficiosa de procesos que cursan en las secciones del Consejo de Estado o en los Tribunales. Ver
ensayo del Consejero de Estado, de la Sección Cuarta, doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez “El precedente
judicial”. Publicación del Consejo de Estado “Justicia contenciosa administrativa: avances, retos y metas”, pág. 90.
Bogotá, 2015.
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acatamiento, por lo que la autoridad accionada no estaría obligada a
acoger los lineamientos allí trazados.
Finalmente, con respecto a los fallos de tutela proferidos el 31 de enero de 2019 y el
14 de marzo de 2019 por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Penal, respectivamente, en la acción de tutela con radicado 11001-31-09-027-2019-
00002-00/01, se aclara que en ellas se determinó que la Resolución núm. 1256 del 29
de octubre de 2018 carecía de motivación, puesto que no expuso ninguna razón para
dar por terminado el encargo efectuado a la señora Deicy Sánchez Patiño; no obstante,
en las sentencias controvertidas se examinó la legalidad de la Resolución núm. 186
del 4 de febrero de 2019, en las que se expusieron las razones para terminar el
encargo, precisamente, en cumplimiento de los fallos constitucionales mencionados.
Así las cosas, al no encontrarse estructurada la causal específica de procedencia aquí
estudiada, se negará el amparo solicitado por la señora Deicy Sánchez Patiño, a través
de la acción de tutela instaurada en contra del Juzgado Veinticuatro Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
concluye que en el sub lite no se estructuró la causal específica de procedibilidad de
desconocimiento del precedente judicial y, en ese sentido, negará el amparo solicitado
por la señora Deicy Sánchez Patiño.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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F A L L A:
Primero: Negar el amparo solicitado por la señora Deicy Sánchez Patiño, a través de
la acción de tutela instaurada en contra del Juzgado Veinticuatro Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A. R. F.
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