Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04278-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04278-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04278-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
17 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202404278-00
Actor: Jhon Jairo Serna Guisao
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros1
Temas: Improcedencia de la tutela contra sentencia de tutela
Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general
de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Intimidad y ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jhon Jairo Serna Guisao contra
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Valle del Cauca, el Juzgado Once de Pequeñas Causas y Competencia
Múltiple de Cali y el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “2ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404278-00
Actor: Jhon Jairo Serna Guisao
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del
Cauca, el Juzgado Once de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali y el
Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali, porque, a su juicio: i) la Comisión
Nacional y la Comisión Seccional, con ocasión al trámite “[…] EN PRIMERA Y
SEGUNDA INSTANCIA DEL PROCESO DISCIPLINARIO 2021-01734-01 […]”; y
ii) los juzgados, con ocasión al trámite “[…] DE PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA TUTELA 760014189011201900921-01 […]”: vulneraron sus derechos
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, interpuso acción de tutela contra la Unidad Residencial El Dorado,
la cual se identificó con el número único de radicación 760014189011201900921-
01, con el fin ordenar, “[…] “…A LA UNIDAD RESIDENCIAL EL DORADO A
TRAVES (sic) DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, QUE
DE (sic) RESPUESTA CLARA, PRECISA Y DE FONDO AL DERECHO DE
PETICIÓN RADICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD RESIDENCIAL
EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 […]”.
4. Adujo que, el Juzgado Once Municipal de Pequeñas Causas y Competencia
Múltiple de Cali, mediante sentencia de 7 de noviembre de 2019, resolvió:
“[…] PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE AL CONFIGURARSE LA COSA
JUZGADA EN LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL, PROPUESTA POR EL
SEÑOR JOHN JAIRO SERNA GUISAO, EN CONTRA DEL SEÑOR […]
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD RESIDENCIAL EL
DORADO SEGÚN LO EXSPUESTO (sic) EN LINEAS (sic) ANTERIORES.
SEGUNDO: SANCIONAR AL SEÑOR JOHN JAIRO SERNA GUISAO EN SU
CALIDAD DE ACCIONANTE CON UNA MULTA DE -1- SALARIO MÍNIMO LEGAL
MENSUAL VIGENTE, POR SU ACTUAR TEMERARIO CONFORME AL ARTICULO
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Núm. único de radicación: 110010315000202404278-00
Actor: Jhon Jairo Serna Guisao
(sic) 38 DEL DECRETO 2591 DE 1991 EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO
(sic) 44 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO…” […]”
5. Indicó que, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali, mediante sentencia
proferida, en sentencia de segunda instancia, el 6 de diciembre de 2019, resolvió
confirmar lo resuelto por el A quo.
6. Manifestó que, el Juez Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali, mediante auto de 20 de octubre de 2021, compulsó copias
en su contra, lo cual dio origen al proceso disciplinario identificado con el número
único de radicación 760012502000202101734-00.
7. Afirmó que, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca,
mediante sentencia de 25 de enero de 2023, resolvió declararlo disciplinariamente
responsable por considerar que infringió el deber descrito en el numeral 7 del
artículo 28 de la Ley 1123 de 20072, e incursionó a título de dolo, en la falta prevista
en el artículo 32 ibidem, sancionándolo por dos (2) meses con suspensión en el
ejercicio de la profesión.
8. Sostuvo que, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante sentencia de
10 de abril de 2024, resolvió:
“[…] PRIMERO: NEGAR las solicitudes de nulidad elevadas por el investigado,
conforme a lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de enero de 2023 por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, en la cual se
sancionó al abogado JHON JAIRO SERNA GUISAO, con una suspensión en el
ejercicio de la profesión por el término de dos meses, tras incurrir a título de dolo,
en la falta consagrada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, y desconocer el
deber previsto en el artículo 28 numeral 7° ibidem [...]".
8.1. Como fundamento de su decisión, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
consideró que:
“[…] ejecutó el comportamiento en calidad de profesional del derecho, por tanto, a
pesar de no encontrarse agenciando derechos de una persona natural o jurídica, era
sujeto disciplinable, luego no existe mérito para nulitar la decisión de primera
instancia, como tampoco por la supuesta “causa y objeto ilícitos de la investigación”,
pues lejos de constituir irregularidad alguna, las manifestaciones relacionadas con
2 “Por la cual se establece el código disciplinario del abogado”.
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Actor: Jhon Jairo Serna Guisao
la imposibilidad de acusar a funcionarios judiciales en actuaciones que nos sean
destinadas exclusivamente a investigarlos.[…]”
[…]
“[…] los magistrados no desconocieron los postulados de los artículos 92 Superior y
441 del Código Penal, contrario sensu, reconocen la facultad que tienen los
profesionales del derecho de denunciar ante la jurisdicción competente, los
presuntos delitos o faltas disciplinarias cometidas por los servidores públicos, no
obstante, este caso, las manifestaciones se efectuaron en curso de una actuación
penal donde los sujetos pasivos eran los miembros del Consejo de Administración
de la Unidad Residencial El Dorado, por el presunto delito de fraude procesal, lo que
contrarió el deber de observar mesura, seriedad, ponderación y respeto en su
relación con la servidora pública, que habría conocido una acción de tutela
interpuesta por aquel, contra la referida propiedad horizontal […]”
[…]
“[…] Respecto de las consecuencias que generará la suspensión por el término de
dos meses, debe anotarse que en reciente oportunidad, esta Corporación estableció
que “(…) la sanción no es en sí misma un perjuicio, sino la consecuencia de la
declaratoria de responsabilidad ante el ejercicio legítimo del ius puniendi estatal, toda
vez que la abogacía exige el acatamiento a precisos deberes profesionales”55, por
tanto, no puede calificar el correctivo de “injusto”, sobre la base de que causará un
menoscabo económico, en tanto es el resultado de la violación al mandato ético
forense que le era exigible, siendo este además el único reparo que elevó contra la
dosificación sancionatoria. […]”
[…]
“[…] las afirmaciones sobre el “sicariato judicial en Cali”, los procesos donde los
magistrados Luis Hernando Castillo Restrepo y Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez
profirieron sentencias condenatorias contra otros abogados, y los diecisiete
documentos que pretenden probar la supuesta responsabilidad penal y disciplinaria
de aquellos, no atacan de forma alguna la decisión recurrida, por lo que no ameritan
pronunciamiento alguno. […]”
La solicitud de tutela
Pretensiones
9. El actor solicitó en su escrito de tutela3:
“[…] “[…] PRIMERO. “TUTELAR”. MI DERECHO FUNDAMENTAL INHERENTE AL
DEBIDO PROCESO DE SER DISCIPLINADO POR UN JUEZ AUTONOMO.
INDEPENDIENTE E IMPARCIAL ART. 29 CN. AFECTADO DE FORMA
SUSTANCIAL EL DIA 10 DE ABRIL/2024. POR LA COMISION NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL. COMO COSECUENCIA DIRECTA LA INDEBIDA
INJERENCIA MAQUIAVELICA EN LA DECISION JUDICIAL DE TURNO DE LA
MANO NEGRA DEL CARTEL DE TUTELAS CALI. AL MOMENTO MISMO DE
3 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404278-00
Actor: Jhon Jairo Serna Guisao
ESTOS. A TITULO DE DOLO EVENTUAL. EN EL ENTENDIDO. SE DEJA EXPRESA
CONSTANCIA EN EL ESCRITO DE APELACION QUE EL A QUO. DE FORMA
FAVORECEDORA AL CARTEL DE TUTELAS CALI. SANCIONA DE FORMA
MANIFIESTAMENTE CONTRARIA A LOS PRESUPUESTOS LEGALES DEL ART.
19 DE LA LEY 1123/2007. ESTO ES. CON SOLO HECHOS INDICADORES DE LA
CALIDAD DE ABOGADO DEL DISCIPLINADO. OMITIENDO DESTAPAR LOS
HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES SUBSUMIDOS EN LA NORMA LEGAL
COMO LO ES. QUE EL PROFESIONAL DEL DERECHO EN EJERCICIO DE SU
PROFESION CUMPLA CON LA MISION DE ASESORAR. PATROCINAR O
ASISTIR A PERSONA NATURAL O JURIDICA. SITUACION DE HECHO. LA CUAL
PARA NUESTRO CASO EN PARTICULAR BRILLA POR SU AUSENCIO. EN
RAZON DEL ACTOR DE TURNO ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION
PERSONAL EN INVESTIGACION PENAL POR EL DELITO DE CORRUPCION
PRIVADA ART. 250 A DEL CP. CON TEMA DE PRUEBA. EL NAUSEABUNDO
ENTRAMADO DE CORRUPCION JUDICIAL TECNICA EXISTENTE DESDE LA
DECADA PASADA CON LA BENDICION JUDICIAL DEL CONTUBERNIO
EXISTENTE ENTRE LA JUDICATURA. LA FISCALIA Y EL MINISTERIO PUBLICO.
EN LOS TERMINOS ANTERIORES. DE ACUERDO CON EL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL SENTENCIAS C-543/1992, C-590/2005, C-069/2009, T-
014/2011, T-429/2011 Y SU 1185/2001 QUE TRATA PRECISAMENTE SOBRE
DECISIONES JUDICIALES RESUELTAS EN EVIDENTE VIA JUDICIAL DE HECHO.
EN ESTRICTA CONCORDANCIA CON EL ART. 455 DEL CPP. “NULIDAD
DERIVADA DE LA PRUEBA ILICITA”. DECLARE LA NULIDAD DE LA DECISION
JUDICIAL DE ABRIL 10/2024. RAD. 2017-01734-01. CON ACTA DE APROBACION
No 024. SUSCRITA POR LA COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL.
SEGUNDO. “TUTELAR”. MI DERECHO FUNDAMENTAL INHERENTE AL DEBIDO
PROCESO DE SER DISCIPLINADO POR UN JUEZ AUTONOMO.
INDEPENDIENTE E IMPARCIAL ART. 29 CN. AFECTADO DE FORMA
SUSTANCIAL EL DIA 4 DE MARZO/2020. EN TRES DIFERENTES
OPORTUNIDADES. POR LA COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
DEL VALLE DEL CAUCA MAGISTRADOS DR. […] Y DR. […]. COMO
COSECUENCIA DIRECTA LA INDEBIDA INJERENCIA MAQUIAVELICA EN LA
DECISION JUDICIAL DE TURNO DE LA MANO NEGRA DEL CARTEL DE
TUTELAS CALI. AL MOMENTO MISMO DE ESTOS. A TITULO DE DOLO
EVENTUAL. EN EL ENTENDIDO. SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA EN LOS
ALEGATOS DE CONCLUSION. DE ACTUAR EL A QUO. DE FORMA
FAVORECEDORA AL CARTEL DE TUTELAS CALI. SANCIONANDO DE FORMA
MANIFIESTAMENTE CONTRARIA A LOS PRESUPUESTOS LEGALES DEL ART.
19 DE LA LEY 1123/2007. ESTO ES. CON SOLO HECHOS INDICADORES DE LA
CALIDAD DE ABOGADO DEL DISCIPLINADO. OMITIENDO DESTAPAR LOS
HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES SUBSUMIDOS EN LA NORMA LEGAL
COMO LO ES. QUE EL PROFESIONAL DEL DERECHO EN EJERCICIO DE SU
PROFESION CUMPLA CON LA MISION DE ASESORAR. PATROCINAR O
ASISTIR A PERSONA NATURAL O JURIDICA. SITUACION DE HECHO. LA CUAL
PARA NUESTRO CASO EN PARTICULAR BRILLA POR SU AUSENCIA. EN
RAZON DEL ACTOR DE TURNO ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION
PERSONAL EN INVESTIGACION PENAL POR EL DELITO DE CORRUPCION
PRIVADA ART. 250 A DEL CP. CON TEMA DE PRUEBA. EL NAUSEABUNDO
ENTRAMADO DE CORRUPCION JUDICIAL TECNICA EXISTENTE DESDE LA
DECADA PASADA CON LA BENDICION JUDICIAL DEL CONTUBERNIO
EXISTENTE ENTRE LA JUDICATURA. LA FISCALIA Y EL MINISTERIO PUBLICO.
EN LOS TERMINOS ANTERIORES. DE ACUERDO CON EL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL SENTENCIAS C-543/1992, C-590/2005, C-069/2009, T-
014/2011, T-429/2011 Y SU 1185/2001 QUE TRATA PRECISAMENTE SOBRE
DECISIONES JUDICIALES RESUELTAS EN EVIDENTE VIA JUDICIAL DE HECHO.
EN ESTRICTA CONCORDANCIA CON EL ART. 455 DEL CPP. “NULIDAD
6
Núm. único de radicación: 110010315000202404278-00
Actor: Jhon Jairo Serna Guisao
DERIVADA DE LA PRUEBA ILICITA”. DECLARE LA NULIDAD DE LOS
SIGUIENTES INCIDENTES POR SUPUESTA TEMERIDAD DE MARZO 4/2020.
POR MEDIO DE LOS CUALES SE SANCIONA AL ACTOR POR TEMERIDAD AL
PAGO DE 15 SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS. CINCO SALARIOS
DIARIOS MINIMOS LEGALES POR CADA UNO DE LOS TRES INCIDENTES.
2.1.- RAD. 7600111102000201701566-00 QUEJA INTERPUESTA EN CONTRA
DEL INTERPRETE POR AUTORIDAD CONTAMINADO POR EL CARTEL. SICARIO
JUDICIAL. DR. […] JUEZ 21 PENAL DEL CIRCUITO DE CALI. SUPUESTAMENTE
AGOTADA EN EL TRAMITE DEL PROCESO RADICADO
760016000199201200303- 01 -FRUTO DEL ARBOL PROHIBIDO- PROCESO EN
EL CUAL ES CONDENADO EL ACTOR DE TURNO A 64 MESES DE PRISION
INTRAMURAL. ES DECIR. LA QUEJA SE INTERPONE EN EJECUCION DE LA
DEFENSA MATERIAL DEL CONDENADO.
2.2.- RAD. 7600111102000201700397-00 QUEJA INTERPUESTA EN CONTRA DE
LA INTERPRETE POR AUTORIDAD CONTAMINADA POR EL CARTEL. DRA. […]
FISCAL 74 SECCIONAL CALI SUPUESTAMENTE AGOTADA EN EL TRAMITE DEL
PROCESO RADICADO 760016000199201200303-01 -FRUTO DEL ARBOL
PROHIBIDO- PROCESO EN EL CUAL ES CONDENADO EL ACTOR DE TURNO A
64 MESES DE PRISION INTRAMURAL. ES DECIR. LA QUEJA SE INTERPONE EN
EJECUCION DE LA DEFENSA MATERIAL DEL CONDENADO.
2.3.- RAD. 7600111102000201700396-00 QUEJA INTERPUESTA EN CONTRA DE
LA INTERPRETE POR AUTORIDAD CONTAMINADA POR EL CARTEL. DRA. […]
JUEZ SEXTA PENAL MUNICIPAL DE CALI SUPUESTAMENTE AGOTADA EN EL
TRAMITE DEL PROCESO RADICADO 760016000193201122658-00 -ARBOL
PROHIBIDO- PROCESO EN EL CUAL COMPULSA COPIAS LA INTEREPRETE
POR AUTORIDAD CONTAMINADA DRA. [...] FISCAL 70 SECCIONAL CALI.
FINALMENTE, EN EL PROCESO 7600160001992012-00303-00 -FRUTO DEL
ARBOL PROHIBIDO- ES CONDENADO EL ACTOR DE TURNO A 64 MESES DE
PRISION INTRAMURAL. ES DECIR. LA QUEJA SE INTERPONE EN EJECUCION
DE LA DEFENSA MATERIAL DEL CONDENADO.
TERCERO. “TUTELAR”. MI DERECHO FUNDAMENTAL INHERENTE AL DEBIDO
PROCESO DE SER DISCIPLINADO POR UN JUEZ AUTONOMO.
INDEPENDIENTE E IMPARCIAL ART. 29 CN. AFECTADO DE FORMA
SUSTANCIAL TANTO EN PRIMERA INSTANCIA NOV 7/2019 COMO EN
SEGUNDA INSTANCIA EL DIA 6 DE DIC/2019. POR LOS JUZGADOS 11
MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE CALI Y
JUZGADO SEPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI. PROCESO DE TUTELA
760014189011201900921-01 COMO COSECUENCIA DIRECTA LA INDEBIDA
INJERENCIA MAQUIAVELICA EN LA DECISION JUDICIAL DE TURNO DE LA
MANO NEGRA DEL CARTEL DE TUTELAS CALI. MATERIALIZANDO UNA
EVIDENTE COSA JUZGADA FRAUDULENTA. AL MOMENTO MISMO DE ESTOS.
A TITULO DE DOLO EVENTUAL. POR LA SOLA PETICION DEL LIDER DEL
CARTEL DE TUTELAS CALI. SEÑOR [...]. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMON. COMPULSA COPIAS EN CONTRA DEL ACTOR POR SUPUESTA
TEMERIDAD. EN LOS TERMINOS ANTERIORES. DE ACUERDO CON EL
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL SENTENCIAS C-543/1992, SU 627/2015,
T072/2018 Y. SU 627/2015. QUE TRATA PRECISAMENTE SOBRE LA
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL. DE TUTELA EN CONTRA DE SENTENCIAS DE
TUTELA SIN SER FUENTE LEGAL LA CORTE CONSTITUCIONAL. FRAUDE
PROCESAL. COSA JUZGADA FRAUDULENTA EN ESTRICTA CONCORDANCIA
CON EL ART. 455 DEL CPP. “NULIDAD DERIVADA DE LA PRUEBA ILICITA”.
DECLARE LA NULIDAD DE LA DECISION CONSTITUCIONAL DE DIC 6/2019.
RADICADO PROCESO 760014189011201900921-01 POR MEDIO DE LA CUAL DE
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Núm. único de radicación: 110010315000202404278-00
Actor: Jhon Jairo Serna Guisao
FORMA INJUSTA COMO ARBITRARIA ABUSANDO DE LA FUNCION PUBLICA ES
SANCIONADO EL ACTOR POR SUPUESTA TEMERIDAD AL PAGO DE UN
SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE. SUSCRITA EN PRIMERA
INSTANCIA POR LA SEÑORA JUEZ 11 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE DE CALI. DRA CLAUDIA PATRICIA RAMON MUÑOZ.
EN SEGUNDA INSTANCIA SUSCRITA POR EL DR. LIBARDO ANTONIO BLANCO
JUEZ SEPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI.
CUARTO. “TUTELAR”. MI DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD. HABEAS
DATA. ART. 15 CN AFECTADO DE FORMA SUSTANCIAL DESDE EL DIA 10 DE
ABRIL/2024. HASTA LA FECHA PRESENTE. CUATRO MESES DESPUES. MAS
CONCRETAMENTE AGOSTO 12/2024. POR LA COMISION NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL. COMO COSECUENCIA DIRECTA LA INDEBIDA
INJERENCIA MAQUIAVELICA EN LA DECISION JUDICIAL DE TURNO DE LA
MANO NEGRA DEL CARTEL DE TUTELAS CALI. AL MOMENTO MISMO DE
ESTOS. A TITULO DE DOLO EVENTUAL. DE FORMA FAVORECEDORA AL
CARTEL DE TUTELAS CALI. DE FORMA DESLEAL COMO TEMERARIA
RESUELVEN SUSPENDER. SIN FECHA DE INICIO Y MENOS DE FINALIZACION.
POR DOS MESES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION AL ABOGADO
LITIGANTE PERFILADO JOHN JAIRO SERNA GUISAO EN LOS TERMINOS
ANTERIORES. DE ACUERDO CON EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
SENTENCIAS C-543/1992, C-590/2005, C-069/2009, T-014/2011, T-429/2011 Y SU
1185/2001 QUE TRATA PRECISAMENTE SOBRE DECISIONES JUDICIALES
RESUELTAS EN EVIDENTE VIA JUDICIAL DE HECHO. EN ESTRICTA
CONCORDANCIA CON EL ART. 455 DEL CPP. “NULIDAD DERIVADA DE LA
PRUEBA ILICITA”. EN ARAS EXCLUSIVAMENTE DE TUTELAR EL DERECHO
FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD. HABEAS DATA DE LA PARTE ACCIONANTE.
ART. 15 CN. ORDENAR A LA PARTE ACCIONADA COMISION NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL. EN EL TERMINO DE LA DISTANCIA. BAJAR LA
INFORMACION TEMERARIA DE LA PAGINA WEB DEL CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA DE SUSPENCION EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION POR
DOS MESES POR TEMERIDAD EN CONTRA DEL ABOGADO LITIGANTE JOHN
JAIRO SERBA GUISAO […]”. (Resaltado del texto original)
10. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que i) la Comisión Nacional
y la Comisión Seccional, con ocasión al trámite “[…]EN PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA DEL PROCESO DISCIPLINARIO 2021-01734-01 […]”; y ii) los
juzgados, con ocasión al trámite “[…] DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA
TUTELA 760014189011201900921-01 […]”: vulneraron sus derechos invocados
supra.
Actuación
11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 22 de agosto de 2024 4, inadmitió
la solicitud de tutela, la cual fue corregida dentro del término legal5.
4 Cfr. Índice núm. 4 de SAMAI. Documento denominado “25Autoqueinadmi_ACaNUR20240427800Jho(.pdf)
NroActua 4”. Archivo aportado en forma digital.
5 Cfr. Índice núm. 9 de SAMAI. Documento denominado
“28RECIBEMEMORIAL_T00077B1ACLARACIONES(.pdf) NroActua 9”. Archivo aportado en forma digital.
8
Núm. único de radicación: 110010315000202404278-00
Actor: Jhon Jairo Serna Guisao
12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de septiembre de 2024: i)
admitió la acción de tutela respecto del proceso adelantado en ejercicio de la acción
de tutela identificado con el número único de radicación 760014189011201900921-
01 y el “[…] PROCESO DISCIPLINARIO 2021-01734-01 […]”; ii) ordenó notificar a
los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, al Juez Once de Pequeñas
Causas y Competencia Múltiple de Cali y al Juez Séptimo Civil del Circuito de Cali;
y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo, al Juzgado Primero Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali y a la Unidad Residencial El
Dorado, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre
el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
13. El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali
solicitó que, al momento de emitir la correspondiente decisión, sea desvinculado del
proceso. Además, instó para que se investigue la conducta, al considerar que sus
acusaciones afectan la administración de justicia de la ciudad de Cali, al ser una
conducta reiterada por parte del tutelante. Adujo que en el juzgado el actor ha
presentado tres acciones de tutela que ya se encuentran tramitadas, sin que tenga
procesos pendientes por resolver con el actor, y consideró que no se le ha violado
derecho alguno al accionante, lo que le daría los elementos para que se configure
la legitimación en la causa por pasiva.
14. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó negar la solicitud de tutela,
al considerar que el proceso 760012502000202101734-01, no transgredió los
derechos fundamentales del actor:
“[…] no se denota evidente que el asunto esté revestido de relevancia constitucional,
pues versa sobre aspectos que ya quedaron zanjados en la jurisdicción disciplinaria,
y tampoco puede considerarse que la decisión adoptada por esta Corporación
transgredió sus derechos constitucionalmente protegidos, pues el trámite se adelantó
en su contra por ser destinatario del régimen regulado en la Ley 1123 de 2007, al
ostentar la calidad de abogado, procedimiento en el que se respetaron las garantías
procesales de las que goza como sujeto disciplinable, y si bien el proceso concluyó
con sanción, esto obedeció exclusivamente a que se acreditó que en el ejercicio de
la profesión, desconoció sus deberes e incurrió en falta disciplinaria. […]”
9
Núm. único de radicación: 110010315000202404278-00
Actor: Jhon Jairo Serna Guisao
[…]
“[…] puede colegirse que no se inobservó ninguna norma aplicable al caso ni se
asumió una interpretación opuesta a los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica, por el contrario, se observa que el accionante aspira por medio del presente
mecanismo constitucional imponer su propia visión acerca de la solución que debió
darse por esta Superioridad, sin que dicho propósito se acompase con la finalidad del
mismo, cuyo objetivo no fue servir de tercera instancia para discutir los fundamentos
de la autoridad jurisdiccional en el ámbito de sus competencias. […]”.
15. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva. Igualmente señaló que:
“[…] sea indicar que con ocasión a la legitimidad de la sanción disciplinaria que
pretende controvertir el accionante, su señoría, se pregona que el accionante contó
con todas las garantías procesales de contradicción y defensa a fin de ser
escuchado dentro del proceso disciplinario antes referenciado; incluso, le fue
garantizada la segunda instancia, donde tuvo la oportunidad de presentar ante la
Superioridad funcional, las razones por las cuales no estaba de acuerdo con la
sanción proferida, entidad que se entiende según consulta realizada a la página de
antecedentes disciplinarios, confirmo la sanción proferida por el suscrito. En sentir
de este servidor, el abogado JHON JAIRO SERNA GUSAO, sin fundamento alguno
y con su característico lenguaje impropio, inadecuado e incorrecto, para dirigirse
ante las autoridades judiciales y especialmente su Juez Natural, impetra una acción
de tutela en contra de providencias judiciales, pretendiendo con la misma perpetuar
una discusión que fue debidamente dilucidada en su momento al interior de la causa
disciplinaria seguida en su contra, tanto por la primera, como por la segunda
instancia, buscando reabrir el debate y utilizar la acción constitucional de tutela como
una tercera instancia. […]”
[…]
“[…] Lo dicho, no hace procedente el trámite especial y excepcional que sería la
única razón por la cual pudo haber interpuesto la presente acción de tutela, el
abogado JHON JAIRO SERNA GUSAO (sic), para que se admita la procedibilidad
de este medio exceptivo, cuando al interior de la causa judicial que subyace a la
misma -76001-25-02-00-2021-01734-00-, ya fue juzgado el asunto, lo que deja
entrever que se busca la excusa de alegar una persecución por parte de
Magistratura, para sacar avante la única pretensión que tiene la accionante, esto es,
el que se deje sin efecto la sanción que le fue impuesta con observancia del debido
proceso contemplado por le (sic) Ley 1123 de 2007, lo que, se itera, torna
improcedente el amparo deprecado por pretender interponer la acción de tutela, no
como mecanismo excepcional y subsidiario, sino, como una tercera instancia para
trasladar en sede constitucional, discusiones que fueron debidamente clausuradas
al interior de los procedimientos ordinarios. […]”.
16. El Juzgado Once de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali, indicó
que el proceso radicado con el número 76001-41-89-011-2019-00921-00 se
encuentra archivado, por ser un proceso de 2019. Consideró que no hay quebranto
10
Núm. único de radicación: 110010315000202404278-00
Actor: Jhon Jairo Serna Guisao
a los derechos constitucionales invocados por el actor, que el actor manifiesta la
inconformidad con las decisiones judiciales que se han proferido en los diferentes
trámites constitucionales, procesos penales, disciplinarios en los que ha sido parte,
e insiste en que no hay autonomía, imparcialidad e independencia en las decisiones
de los funcionarios, sin que esas afirmaciones tengan sustento jurídico, siendo
apreciaciones subjetivas en relación con la administración de justicia, sin que haya
trámite alguno sin resolver por parte de ese juzgado. Señaló que:
“[…] al trámite constitucional radicado 76001-41-89-011-2019- 00921-00, este
despacho dictó sentencia conforme a derecho, teniendo en cuenta los supuestos
fácticos y probatorios allegados al plenario, y dispuso negar la acción de amparo por
improcedente al configurarse la cosa juzgada, toda vez que el actor presentó varias
acciones de tutela con los mismos argumentos, que diferentes despachos judiciales
tramitaron, de lo que se determinó un actuar temerario y se dispuso sancionar con un
(1) salario mínimo legal mensual vigente al actor.
El hoy accionante, en ejercicio del derecho fundamental de defensa y contradicción y
debido proceso, en su oportunidad hizo uso de los medios de impugnación y presentó
impugnación en contra de la sentencia de primera instancia, de la que en sede de
segunda instancia el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali, decidió confirmar la
decisión del A quo.
Por tanto, es claro que esta judicatura en todo momento ha actuado bajo el marco legal
y constitucional, y no existe actuación que represente vulneración al derecho
fundamental al debido proceso del señor SERNA GUISAO, además el expediente de
tutela 2019-00921 actualmente se encuentra archivado y sin trámite pendiente de
resolver. […]”
16.1. Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por no existir
vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor y remite el enlace
del expediente 760014189011201900921-00.
17. El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali y la Unidad Residencial El Dorado
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916, por el
6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
11
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cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20217 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20188
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 9, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
20. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
21. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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22. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 200610, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[11].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
23. La Sala advierte que el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle de
Cauca solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio, ningún derecho le ha
sido violado al actor.
10 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
11 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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24. Al respecto, frente al Juzgado, la Sala advierte que, si bien se vinculó como
tercero con interés legítimo, lo cierto es que, de conformidad con el acervo
probatorio y los informes rendidos por las partes, dicha autoridad judicial no participó
en los procesos cuestionados por el actor, por lo que no le asiste interés.
25. Sin embargo, frente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del
Cauca, la Sala advierte que, si le asiste interés en la decisión de tutela, comoquiera
que es la autoridad judicial que conoció en primera instancia del proceso
disciplinario cuestionado por el actor.
26. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que al Juzgado Primero Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Cali no le asiste interés en la decisión de tutela
que esta Sala profiera, en tanto que a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Valle del Cauca si le asiste.
27. En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva formulada por el Juzgado Primero Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Cali y no probada respecto de la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial del Valle del Cauca.
Problemas jurídicos
28. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en establecer: i) si, en efecto, frente al proceso adelantado en ejercicio de
la acción de tutela identificado con el número único de radicación
760014189011201900921-01, es procedente la acción de tutela acreditándose el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general
de que no se trate de una acción de tutela contra sentencia de tutela; y ii) si, respecto
del “[…] PROCESO DISCIPLINARIO 2021-01734-01 […]” es procedente la acción
de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
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29. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la intimidad; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; v) análisis del caso concreto y finalmente
las vi) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
30. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena12, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
31. Esta Sección adoptó13 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200514, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
32. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
14 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
33. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”15 que encaje en dichos parámetros.
34. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
35. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el
caso concreto
36. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales consistente en que la solicitud de tutela no controvierta una
tutela, dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, además del cumplimiento del requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
15 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Procedencia excepcional de la acción de tutela contra tutela
37. Por regla general, este mecanismo judicial de origen constitucional resulta
improcedente en el evento en que se le atribuya la vulneración de los derechos
fundamentales a las decisiones adoptadas por los jueces de tutela.
38. No obstante, lo anterior, la Corte Constitucional, mediante sentencia de
unificación SU – 627 de 1 de octubre de 201517, fijó la excepción de la precitada
regla jurisprudencia, recopilando, para tal efecto, una serie de criterios de
procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca
en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela o respecto de una actuación
previa o posterior a la mencionada providencia.
39. En el primer escenario, la solicitud de amparo constitucional procede si: i) la
sentencia de tutela es proferida por un juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional; ii) se presenta el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta; iii) se
cumplen con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales; iv) la acción de tutela presentada no comparte identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; v) se demuestre de manera clara
y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y, vi) no existe otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
40. En el segundo escenario la Corte Constitucional contempló dos eventos de
procedibilidad, estos son:
“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional
[…]”18.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de
Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
Referencia Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.
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41. De conformidad con lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación,
mediante sentencia proferida el 14 de marzo de 201919, consideró que al efectuar
el análisis de procedibilidad de la acción de tutela en contra de una providencia
judicial cuyo origen emana de un proceso de tutela, al juez constitucional le
corresponde identificar, en primer momento, en qué escenario se profirió la
providencia judicial cuestionada, para así cerciorarse del cumplimiento de los
parámetros excepcionales previstos en cada escenario.
42. Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia SU- 627 de 2015 frente al
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta consideró que:
“[…] 4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de
que la tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El
principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues
en ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus
omnia corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material,
a partir del cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que
tiene la decisión del juez. En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva,
es posible distinguir dos partes constitutivas: “(i) la decisión de amparo y (ii) la orden
específica y necesaria para garantizar el goce del derecho protegido”. Respecto de
la decisión, “el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos conforme
a la inimpugnabilidad que la caracteriza”, mientras que respecto de la orden, “se ha
dicho que puede ser complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo”. En
este contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con
todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio
fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a
terceros y a la comunidad”. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es
cometido directamente por el juez o con su anuencia. Con este fundamento, al
constatar la existencia de fraude en una sentencia de tutela que no fue objeto de
revisión, para evitar que esta se materialice, este tribunal advirtió que si bien “no
puede revocar esa providencia, lo que implicaría hacer un análisis de fondo de la
misma y transgredir las consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite
de revisión en esta Corporación”, si puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104
de 2007, “hacer que esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor jurídico,
respetando la prohibición del non bis in ídem, fundamentando su actuación en el
precepto fraus omnia corrumpit”, pues
Esta medida – dejar sin efecto la sentencia del dos mil seis (2006) -, para este caso
particular, no supondría una afectación desproporcionada a la cosa juzgada, pues la
decisión disciplinaria adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico, data del diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). Así, han
pasado menos de cinco años entre esa resolución y la presente decisión.
Igualmente, pasaron menos de cinco años entre el momento de exclusión de revisión
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Dr. Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 14 de marzo de 2019. Núm. único de radicación: 52001 23 33 000 2018 00550
01.
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de la sentencia proferida por el juzgado de Magangué y la fecha de selección para
revisión de la acción de tutela instaurada en el dos mil nueve (2009). En efecto, el
auto de exclusión fue proferido el diez (10) de abril de dos mil siete (2007), mientras
que esta causa fue seleccionada el once (11) de junio de dos mil diez (2010). Como
se observa, ambos términos son muy inferiores al máximo que la legislación permite
para el recurso extraordinario de revisión en materia civil. Por lo mismo, a juicio de
esta Sala, no existe fundamento para considerar que esta medida, que protege al
erario y a la dignidad de justicia de un evidente fraude, sea excesiva frente a la cosa
juzgada. Finalmente, la Sala no se está refiriendo a si les asiste o no derecho a
recibir la pensión gracia a los demandantes, solo se pronuncia sobre una causa
específica en la cual se evidencia la necesidad de aplicar el precepto que establece
que el fraude lo corrompe todo.
4.4.2. En la Sentencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró la
procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de “revertir o de detener
situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una
orden proferida en un proceso de amparo”. En la primera de ellas precisó que
la cosa juzgada, incluso la constitucional, “no es un fin en sí mismo, sino un
medio para alcanzar el valor de la justicia”, de tal suerte que “las instituciones
del Estado Social de Derecho, establecidas para la promoción de los valores
democráticos, basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no
pueden permitir que se consoliden situaciones espurias20, bajo el argumento
de la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son
producto de la cosa juzgada fraudulenta […]”. (Resaltado por la Sala).
43. En ese orden de ideas, para que proceda excepcionalmente la acción de tutela
contra una sentencia de tutela debe acreditarse de manera clara y suficiente, que la
providencia adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación
de fraude, que afecta el ideal de justicia presente en el derecho.
Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
44. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201421, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
20 Entiéndase como situaciones ilegales, fraudulentas, carentes de autenticidad.
21 Ut supra página 6.
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El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [22]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [23].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [24].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [25].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
[22] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[23] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[24] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[25] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
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constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [26]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [27].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [28]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
45. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado29:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”30
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
[26] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[27] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[28] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
29 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
30 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Actor: Jhon Jairo Serna Guisao
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”31
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
46. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.
47. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202232 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
31 Ibidem.
32
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Actor: Jhon Jairo Serna Guisao
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
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Actor: Jhon Jairo Serna Guisao
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
intimidad
48. Visto el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De
igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que
se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas […]”.
49. Atendiendo a que, la Corte Constitucional33 ha definido el derecho a la
intimidad, como: “[…] aquel derecho que garantiza en los asociados, el poder
contar con una esfera o espacio de vida privada no susceptible de la
interferencia arbitraria de las demás personas. Igualmente, ha señalado que la
intimidad comprende el espacio exclusivo de cada uno, aquella órbita reservada
para cada persona y de que toda persona debe gozar, que busca el aislamiento
o inmunidad del individuo frente a la necesaria injerencia de los demás, dada la
sociabilidad natural del ser humano. Adicionalmente, ha destacado que el
derecho a la intimidad tiene dos dimensiones: (i) la negativa, como secreto de
la vida privada; y (ii) la positiva, como libertad. En su dimensión negativa,
prohíbe cualquier injerencia arbitraria en la vida privada e impide la divulgación
ilegítima de hechos o documentos privados. En su dimensión positiva, protege
el derecho de toda persona a tomar las decisiones que conciernen a la esfera
de su vida privada. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
50. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
33 Corte Constitucional, Sentencia C-094 de 3 de marzo de 2020, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
51. Atendiendo a que, la Corte Constitucional34 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Análisis del caso concreto
52. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Valle del Cauca, el Juzgado Once de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple
de Cali y el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali porque, a su juicio: i) la
Comisión Nacional y la Comisión Seccional, con ocasión al trámite “[…]EN
PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA DEL PROCESO DISCIPLINARIO 2021-
01734-01 […]”; y ii) los juzgados, con ocasión al trámite “[…] DE PRIMERA Y
34 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Actor: Jhon Jairo Serna Guisao
SEGUNDA INSTANCIA TUTELA 760014189011201900921-01 […]”: vulneraron
sus derechos invocados supra.
53. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
54. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
55. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
55.1. Anexos allegados por el actor.
55.2. Informes rendidos por las partes, junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de la tutela
contra sentencia de tutela
56. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Juzgado Once de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali y el Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Cali porque, a su juicio, con ocasión al trámite “[…] DE PRIMERA Y
SEGUNDA INSTANCIA TUTELA 760014189011201900921-01 […]”: vulneraron
sus derechos invocados supra.
57. En ese orden se evidencia que el actor interpuso la acción de tutela contra las
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Actor: Jhon Jairo Serna Guisao
sentencias proferidas en primera y segunda instancia en el proceso adelantado en
ejercicio de la acción de tutela identificada con el número único de radicación
760014189011201900921-01, por lo que, con fundamento en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional se debe declarar improcedente.
58. En ese sentido, resulta preciso indicar que, en los términos de la sentencia SU
– 627 de 201535, la presente solicitud de amparo cuestiona las sentencias proferidas
dentro del trámite de tutela mencionada supra. Al respecto, se advierte que, aun
cuando la providencia la profirió un juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional,
no se acreditó el requisito de procedibilidad excepcional de la solicitud de tutela
contra tutela consistente en que se presente el fenómeno de cosa juzgada
fraudulenta, por cuanto no se acreditó de manera clara y suficiente que la decisión
adoptada en la anterior acción de tutela fuera producto de una situación de fraude.
59. Finalmente, la Sala considera que, sin perjuicio de lo anterior, la solicitud de
tutela tampoco fue interpuesta dentro de un término razonable.
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
60. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del
Cauca, porque, a su juicio, con ocasión al trámite “[…] EN PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA DEL PROCESO DISCIPLINARIO 2021-01734-01 […]”, vulneraron sus
derechos invocados supra.
61. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente36:
“[…] SANCION DISCIPLINARIA ABOGADO JOHN JAIRO SERNA GUISAO RAD.
760012502000202101734-01. MP. COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL. DR. CARLOS ARTURO RAMIREZ VASQUEZ. - EN SALA CON LOS
MAGISTRADOS: DR. ALFONSO CAJIAO CABRERA. DR. MAURICIO FERNANDO
35 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 del 1. ° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
36 Transcripción literal del texto.
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Actor: Jhon Jairo Serna Guisao
RODRIGUEZ TAMAYO. DRA. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS. DR.
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PRESENTE CODIGO SE APLICARÁ A SUS DESTINATARIOS CUANDO
INCURRAN EN FALTA DISCIPLINARIA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL
Y EXTRANJERO… CAPITULO III. SUJETOS DISCIPLINABLES. ARTICULO 19.
DESTINATARIOS. SON DESTINATARIOS DE ESTE CODIGO LOS ABOGADOS
EN EJERCICIO DE SU PROFESION QUE CUMPLAN CON LA MISION DE
ASESORAR. PATROCINAR Y ASISTIR. A LAS PERSONAS NATURALES O
JURIDICAS TANTO DE DERECHO PRIVADO COMO DE DERECHO PUBLICO.
EN LA ORDENACION Y DESENVOLVIMIENTO DE SUS RELACIONES
JURIDICAS ASI SE ENCUENTREN EXCLUIDOS O SUSPENDIDOS DEL
EJERCICIO DE LA PROFESION Y QUIENES ACTUEN CON LICENCIA
PROVISIONAL…”- A TITULO DE DOLO EVENTUAL. EL 10 DE ABRIL/2024. RAD.
2021-01734-01. “CONFIRMAN” LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA DE
SUSPENSION DE DOS MESES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION
PROFERIDA POR LOS PADRES ILUSTRES DE LA CATASTROFICA PARA UN
SISTEMA DEMOCRATICO. “UNIDAD” DE CRITERIO JUDICIAL EXISTENTE
DESDE LA DECADA PASADA EN CALI. INTERPRETES POR AUTORIDAD
CONTAMINADOS POR EL CARTEL DE TUTELAS CALI. DR. LUIS HERNANDO
CASTILLO RESTREPO Y DR. GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ QUIÑONEZ.
[…]”.
62. Para la Sala el asunto controvertido por el actor, ya fue objeto de estudio por las
autoridades judiciales accionadas, y la acción de tutela contra providencia judicial
no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración de los derechos fundamentales.
63. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso
disciplinario objeto de estudio y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.
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64. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.
65. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales cuya competencia se encuentran
en cabeza del juez disciplinario.
66. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.
67. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal y probatorio concluido que escapa
de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor alega
la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
68. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y al
debido proceso enunciados por el actor, no se evidencian en el caso sub examine,
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toda vez que el proceso se adelantó ante el juez competente, en respeto de las
formas propias del proceso, y se respetó el derecho de presentar y controvertir las
pruebas allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna causal
de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional, no se trata de
amparar el derecho fundamental de un sujeto de especial protección constitucional.
69. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.
70. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor
enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales a la intimidad y al debido
proceso, esa presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal
y probatorio.
Conclusiones de la Sala
71. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
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SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó el actor
contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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