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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04292-00

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04292-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Douglas Alfredo Guardo Díaz, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Radicado: 11001-03-15-000-2024-04292-00 .

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04292-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de septiembre de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04292-00
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04292-00
Accionante: Douglas Alfredo Guardo Díaz
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Temas: Acción de tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al buen nombre, habeas data e intimidad, por no
ocultar al público anotaciones judiciales de proceso penal.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Douglas Alfredo Guardo
Díaz, mediante apoderado, en contra del Consejo Superior de la Judicatura, el
Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá, Sala
Penal.

ANTECEDENTES

El señor Douglas Alfredo Guardo Díaz instauró acción de tutela, en aras de que
se amparen sus derechos fundamentales al habeas data, al buen nombre y a la
intimidad, los cuales considera vulnerados por las entidades antes mencionadas.

HECHOS

Manifestó que fue declarado inocente dentro del proceso penal con radicado
11001-31-04-050-2006-00386-01 [02].

Afirmó que es un “reconocido comerciante, socio de empresas farmacéuticas” y
que sus clientes le han pedido explicaciones sobre la información que aparece
de los procesos penales antes mencionados en la búsqueda del sistema
SAGRILAFT.

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Considera que la información que aparece en la página web de la Rama Judicial
le afecta su buen nombre, reputación, parte emocional y puede llegar a interferir
en el ejercicio de su actividad comercial, pues “es una persona honorable y sin
ningún tipo de deuda con la justicia”.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos ya invocados y se ordene a las entidades
accionadas eliminar toda la información que aparezca en relación con el proceso
penal identificado 11001-31-04-050-2006-00386-01 [02].

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 20 de agosto de 2024 se dispuso la admisión y se ordenó notificar a las
entidades accionadas.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Consejo Superior de la Judicatura- Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ) allegó informe donde señaló que funge como un administrador
funcional del portal web de la Rama Judicial y tiene a su cargo la responsabilidad
de garantizar el espacio para la publicación de la información administrativa y
judicial que producen las diferentes dependencias de la Rama Judicial.

Indica que al revisar las anotaciones relacionadas en los procesos 11001-31-04-
050-2006-00386-01 y 11001-31-04-050-2006-00386-02 se encuentra, que éstas
obedecen al registro realizado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Penal; aclara que el sistema judicial siglo XXI es un registro de
actuaciones judiciales que tiene como finalidad dar publicidad y facilitar la
consulta de los usuarios. Que en ningún momento esto se puede tener como
antecedentes penales y/o disciplinarios; sino que, como lo establece el artículo
248 de la Constitución Política, tiene la calidad de antecedentes penales y
contravencionales únicamente las condenas proferidas en sentencia judicial.

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Además, expuso que tal y como lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia1
el ocultamiento y/o modificación de la información le corresponde a los
despachos y corporaciones judiciales, pues CENDOJ “no tiene usuario, permisos,
facultad, ni competencia para registrar, diligenciar o modificar información en el
sistema de gestión procesal en la consulta de procesos nacional unificada”.

El 27 de agosto de 2024 la Secretaría General del Consejo de Estado notificó la
acción de tutela al Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá y al Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Penal; sin embargo, éstos guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) derechos fundamentales a la honra, al
buen nombre y al habeas data; III) antecedentes, anotaciones penales y derecho
al olvido y IV) caso concreto.

I) Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

II) Derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al habeas data

El artículo 15 de la Constitución Política permite identificar la existencia de tres
derechos fundamentales: la intimidad, el buen nombre y el habeas data, los
cuales gozan de autonomía.

1 Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal SP081-2023, radicación 130278, magistrado ponente

Diego Eugenio Corredor Beltrán, de 15 de marzo de 2023

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El derecho al buen nombre se entiende como la imagen o reputación que un
ciudadano ostenta frente a la comunidad de la cual hace parte, implica “la
protección constitucional frente a expresiones ofensivas, oprobiosas,
denigrantes, falsas o tendenciosas que generen detrimento de su buen crédito o
la pérdida del respeto de su imagen personal”.

Por su parte, el derecho al habeas data “busca proteger el dato personal, en tanto
información que tiene la posibilidad de asociar un determinado contenido a una
persona natural en concreto”2. La jurisprudencia ha considerado que este
derecho está compuesto por las siguientes dimensiones: a) conocer o acceder a
la información que está recogida en las bases de datos sobre el titular; b) incluir
nuevos datos con el fin de que se provea una imagen completa del titular; c)
actualizar la información; d) que la información contenida en las bases de datos
sea corregida, y e) el excluir o suprimir información de una base de datos3.

Los derechos ya citados buscan proteger a las personas contra información que
se causa o se propaga de manera falsa o errónea, pero también excediendo los
límites del tratamiento de la información y distorsionando el concepto que la
sociedad se pueda formar de la persona4. De ahí, es posible que con una sola
acción u omisión se afecten simultáneamente los derechos a la honra, al buen
nombre y al habeas data, como es el caso de la publicación que vincula a una
persona a un proceso penal, teniendo en cuenta que, con este solo dato, se
disminuye su capital reputacional, afectando prima facie los derechos a la honra
y al buen nombre.

Por otra parte, en “relación con la protección al habeas data, la Corte ha señalado
que la acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para solicitar la
supresión de información contenida en bases de datos, siempre y cuando, el
interesado lo haya solicitado previamente ante el sujeto responsable de su
administración, conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012”.5

2 Corte Constitucional, Sentencia SU-139 de 2021.
3 Corte Constitucional, Sentencia SU-458 de 2012.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-509 de 2020.
5 Corte Constitucional, Sentencias T 176A de 2014, T-490 de 2018, T 509 de 2020 y T-398 de 2023, entre

otras

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III) Antecedentes, anotaciones penales y derecho al olvido

El artículo 248 de la Constitución establece que tienen la calidad de antecedentes
penales y contravenciones únicamente las condenas proferidas en sentencias
judiciales. La información relativa a los antecedentes constituye datos personales
dado que asocia una situación y una persona natural determinada.

Asimismo, tiene una calidad de dato negativo por su connotación de perjudicial,
socialmente reprobadas o sencillamente desfavorables. Razón por la cual, la
Corte Constitucional ha reconocido el derecho al olvido o el principio de
caducidad del dato negativo; los mecanismos de protección son: a) la facultad de
supresión con el objeto de hacer desaparecer por completo de la base de datos
la información personal respectiva y b) la supresión de la información que está
sometida a circulación, caso en el cual, la información se suprime solo
parcialmente y se mantiene la posibilidad de conservarla y, bajo un escenario
restringido, circularla6.

El derecho al olvido se ha establecido principalmente respecto de las bases de
datos crediticias y financieras, la Ley Estatutaria 1266 de 2008 señala el tiempo
máximo que puede permanecer un dato negativo en un banco de información.

Por otro lado, la Corte7 ha señalado que no todos los datos que se consignan en
virtud de un proceso penal constituyen antecedentes, sino que también pueden
ser anotaciones o registros, los cuales se refieren a la información sobre el
desarrollo de las actuaciones penales, por ejemplo, el estado procesal y la
autoridad competente a cargo de la actuación.

El derecho al olvido se predica con mayor razón, respecto de las anotaciones
judiciales que se insertan en los procesos penales que no alcanzan a constituir
antecedentes penales y que cumplen una función instrumental al proceso.

La Corte Constitucional a través de la sentencia SU 355 de 2022 le ordenó al
Consejo Superior de la Judicatura – Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ) reglamentar de forma específica, clara y completa las condiciones en

6 En este sentido véase por todas la SU-458 de 2012.
7 Corte Constitucional, sentencia T 398 de 2023

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que se deben realizar las publicaciones en el portal web de la Rama Judicial y
actualizar la normativa a las nuevas necesidades de publicación en la página.

Mediante la Circular DEAJC19-9 de 2019 CENDOJ dio cumplimiento a la orden
antes mencionada respecto al tiempo durante el cual debe quedar expuesta al
público la información de una persona vinculada al proceso penal, para lo cual
adujo que “las bases de datos en las que se registrarán los datos personales
tendrán una vigencia igual al tiempo en que se mantenga y utilice la información
para las finalidades descritas en este lineamiento”.

Al respecto, la Corte considera que, la disposición antes mencionada se refiere a
la función de conservar la información; sin embargo, no hay lineamiento del
Consejo Superior de la Judicatura que indique a los administradores secundarios8
por cuánto tiempo debe quedar expuesta -no almacenada- la información
personal de los sujetos que se encuentren vinculados a las anotaciones judiciales
ni, de manera particular en procesos penales.

IV) Caso concreto

El señor Douglas Alfredo Guardo Díaz solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al buen nombre, a la intimidad y al habeas data, los cuales
considera transgredidos por el Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá y el
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, quienes no han suprimido las
anotaciones judiciales que lo vinculan al proceso penal con radicado 11001-31-
04-050-2006-00386-01 [02] y que reposan de manera pública en la página web de
la Rama judicial.

Al respecto, el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012 9contempla:

“(…) Artículo 15. Reclamos. El Titular o sus causahabientes que consideren que la
información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección,
actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de
cualquiera de los deberes contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo
ante el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento (…)”

8 son los juzgados los encargados de alimentar el sistema con la información y verificar la procedencia del

ocultamiento de la información.
9 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”

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La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha establecido que para obtener la
protección del habeas data el interesado debe acreditar que de manera previa
solicitó ante la autoridad judicial respectiva la supresión de información en base
de datos.

Pues bien, del informe que rindió el Consejo Superior de la Judicatura- Centro de
Documentación Judicial (CENDOJ) se desprende que el Tribunal Superior de
Bogotá, Sala Penal fue quien realizó las anotaciones en la página de la Rama
Judicial del proceso penal antes referenciado.

Por otro lado, no obra en el expediente prueba de que el accionante haya
presentado petición previa ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal,
tendiente a la supresión de la información que sobre él aparece en la página de
la Rama Judicial.

Conforme a lo anterior, se declarará improcedente la acción de tutela, por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Douglas Alfredo Guardo Díaz, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC

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