Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04296-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04296-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04296-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04296-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: FRANCISCO JAVIER NAVARRO ORTIZ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. EL ACTOR PRETENDE QUE SE ACOJA LA
INTERPRETACIÓN QUE PROPONE, CON FUNDAMENTO EN UNA
JURISPRUDENCIA QUE FUE PRECISAMENTE OBJETO DE
PRONUNCIAMIENTO POR EL TRIBUNAL DE CONOCIMIENTO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL MÍNIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el
JUZGADO DIECISÉIS ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE BOGOTÁ D.C.1 y la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “D”-
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2.
1
En adelante el JUZGADO.
2
En adelante el TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04296-00
Actor: FRANCISCO JAVIER NAVARRO ORTIZ
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor FRANCISCO JAVIER NAVARRO ORTIZ, actuando a través
de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo
vital y a la seguridad social, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL al proferir las
sentencias de 15 de noviembre de 2023 y 9 de mayo de 2024,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 11001-33-35-016-2022-00460-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que laboró como docente al servicio de la Secretaría de
Educación de Bogotá D.C. vinculado al FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG-3 desde
el 31 de agosto de 1990.
3
En adelante el FOMAG.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04296-00
Actor: FRANCISCO JAVIER NAVARRO ORTIZ
Sostuvo que mediante la Resolución núm. 6919 de 10 de diciembre
de 20204, el FOMAG reconoció y ordenó el pago de su pensión de
jubilación a partir del 15 de abril de 2019, con la inclusión únicamente
de los factores salariales de asignación básica y bonificación mensual.
Adujo que presentó solicitud ante el FOMAG con el fin de que se le
reconociera y pagara la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicios, incluyendo la prima de
vacaciones, además, de aquellos factores a los que no se les hubiese
realizado los descuentos de seguridad social.
Arguyó que mediante la Resolución núm. 9472 de 1o. de septiembre
de 20225, el FOMAG reliquidó su pensión de jubilación, pero sin la
inclusión de la prima de vacaciones.
Indicó que solicitó realizar el pago de los aportes a seguridad social
sobre los factores salariales a los que no se les realizó dichas
cotizaciones y que, a su vez, se realizaran los trámites necesarios a
efecto de trasladar los mismos al FOMAG, la cual fue denegada por
la Secretaría de Educación de Bogotá mediante Oficio núm. S-2022-
4
“Por la cual se reconoce y ordena el pago de una Pensión Vitalicia de Jubilación”.
5
“Por la cual se reliquida una Pensión Vitalicia de Jubilación”.
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Actor: FRANCISCO JAVIER NAVARRO ORTIZ
108109 de 21 de marzo de 2022.
Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Educación- FOMAG-
Fiduciaria La Previsora y Secretaría de Educación de Bogotá, con el
fin de que se ordenaran los descuentos a seguridad social sobre la
totalidad de los factores salariales devengados, así como el reajuste
de la liquidación de la pensión de jubilación teniendo en cuenta todos
los factores salariales devengados en el último año de servicios,
incluida la prima de vacaciones.
Advirtió que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2022-00460-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO que, en sentencia de 15 de noviembre de 2023, denegó
las pretensiones.
Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación
ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 9 de mayo de 2024,
confirmó la decisión del a quo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
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Resaltó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales, especialmente a la igualdad, pues en los
siguientes casos, en los cuales se presentaron situaciones fácticas
similares a la presente, el TRIBUNAL accedió a las pretensiones de
la demanda:
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “F”, sentencia de 11 de julio de 2024, M.P. Beatriz
Helena Escobar Rojas. Expediente 11001-33-35-029-2021-
00343-01.
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E”, sentencia de 22 de septiembre de 2023, M.P.
Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon. Expediente 11001-33-35-
030-2022-00086-01.
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “F”, sentencia de 26 de septiembre de 2023, M.P.
Luis Alfredo Zamora Acosta. Expediente 11001-33-35-021-
2022-00042-01.
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, sentencia de 4 de octubre de 2023, M.P.
Amparo Oviedo Pinto. Expediente 11001-33-35-013-2021-
00251-01.
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Actor: FRANCISCO JAVIER NAVARRO ORTIZ
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, sentencia de 11 de octubre de 2023, M.P.
Samuel José Ramírez Poveda.
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, sentencia de 15 de noviembre de 2023, M.P.
Samuel José Ramírez Poveda. Expediente 11001-33-42-050-
2022-00445-01.
Manifestó que las decisiones judiciales cuestionadas desconocieron el
precedente establecido por el Consejo de Estado, pues tomaron una
decisión que no resultaba razonable, máxime cuando existe un rango
constitucional como el bloque de constitucionalidad que para estos
efectos es el Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que para la
liquidación de pensiones debe tenerse en cuenta las cotizaciones
realizadas por el aportante al sistema pensional, de tal forma que se
debió incluir la prima de vacaciones.
Adujo que las accionadas incurrieron en el desconocimiento del
precedente establecido en las sentencias de 25 de abril de 20196,
proferida por el Consejo de Estado y C-258 de 7 de mayo de 20137,
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
de 25 de abril de 2019, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 68001-23-33-000-
2015-00569-01.
7
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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SU-230 de 29 de abril de 20158 y SU-395 de 22 de junio de 20179,
emanadas de la Corte Constitucional, toda vez que establecen que
los factores salariales que se deben tener en cuenta para la
liquidación de la pensión de jubilación son sobre los que
efectivamente se realizaron aportes al sistema de seguridad social.
Así las cosas, resaltó que se le debió ajustar la mesada pensional con
los factores salariales de: asignación básica, bonificación decreto,
bonificación pedagógica y prima de vacaciones, devengados en el
año anterior al cumplimiento del status pensional, dado que no
fueron incluidos como factores salariales dentro de la pensión, pese
a que sobre estos se realizaron aportes a la seguridad social, por lo
que se está desconociendo lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de
2005, norma que estableció que las mesadas pensionales serán
liquidadas con los factores sobre los cuales se realizaron los
correspondientes aportes.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende lo
siguiente:
8
ibid.
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M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Actor: FRANCISCO JAVIER NAVARRO ORTIZ
“[…] PRETENSIONES
PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para
la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN
EFECTOS las sentencias emitidas por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN "D" en la providencia de fecha 09 de mayo del 2024,
que CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia proferida por el
JUZGADO Dieciséis (16) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN SEGUNDA de
fecha 15 de noviembre de 2023 mediante la cual, se negaron las
súplicas de la demanda, dentro del proceso con radicado No.
1100133350162022006000.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito
respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se ORDENE al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN “D” a proferir sentencia de fondo
ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO a reliquidar la pensión vitalicia de jubilación
del señor FRANCISCO JAVIER NAVARRO ORTIZ, incluyendo los
factores salariales devengados y que fueron COTIZADOS,
entre ellos la (PRIMA DE VACACIONES), a la fecha del
CUMPLIMIENTO DEL STATUS PENSIONAL, además de los ya
reconocidos mediante la resolución No 6919 del 10 de
diciembre de 2020 acto administrativo que ajusta la pensión
vitalicia de jubilación […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El JUZGADO realizó un recuento de las actuaciones
impartidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho objeto de debate y solicitó declarar improcedente la
solicitud de amparo de la referencia o, en su defecto, denegar las
pretensiones por no haberse vulnerado derecho fundamental alguno
del accionante.
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I.5.2.- La FIDUPREVISORA S.A., vinculada en calidad de tercero
con interés directo en las resultas del proceso, solicitó declarar
improcedente la solicitud de amparo ante la ausencia de las causales
genéricas y específicas de procedibilidad, pues las accionadas
actuaron conforme a la normativa prevista para el asunto.
Por último, solicitó su desvinculación de la presente solicitud de
amparo por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
I.5.3.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, vinculado en
calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,
solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia
por carecer del requisito general de la relevancia constitucional, pues
la controversia gira en torno a un debate de naturaleza estrictamente
económica, situación que excede la competencia del juez de tutela.
Sumado a lo anterior, resaltó que no se acreditó la vulneración de
las garantías procesales ni de los derechos fundamentales.
I.5.4.- La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE
BOGOTÁ D.C. solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la
referencia, toda vez que es el TRIBUNAL el llamado a contestar la
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solicitud de amparo de la parte actora, al haber proferido la
providencia que le denegó la reliquidación pensional.
I.5.5.- El TRIBUNAL pese a ser notificado en debida forma, guardó
silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
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sentencia.
La Sala advierte que la FIDUPREVISORA S.A. y la SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE BOGOTÁ D.C., formularon
petición de desvinculación en la presente acción de tutela, por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández,
dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones
de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal
que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o
controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la
demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar
un instrumento judicial carente de garantías procesales, en
donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez
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debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los
principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas,
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal
se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna
circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación,
o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado
de la Sala).
Ahora bien, la Sala advierte que teniendo en cuenta que la
FIDUPREVISORA S.A. y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO DE BOGOTÁ D.C. actuaron como parte demandada
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 11001-33-35-016-
2022-00460-01, objeto del presente estudio, en calidad de terceras,
les asiste interés en la decisión de la acción constitucional de la
referencia, razón por la que se denegará sus solicitudes de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
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la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
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probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las sentencias de 15 de noviembre de 2023 y 9
de mayo de 2024, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,
respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 11001-
33-35-016-2022-00460-01.
La controversia tiene origen en un proceso ordinario promovido por
el actor contra la NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN-
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FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y la ALCALDÍA
MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DISTRITAL, en el cual se le denegó la reliquidación de su pensión
de jubilación, teniendo en cuenta los factores salariales devengados
en el último año de servicios.
A las citadas providencias el accionante le atribuye la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
mínimo vital y a la seguridad social, habida cuenta que, a su juicio,
la autoridad judicial accionada incurrió en un desconocimiento del
precedente.
El disenso del actor radica en que las decisiones cuestionadas
incurrieron en desconocimiento del precedente establecido en las
sentencias de 25 de abril de 201910 , proferida por el Consejo de
Estado y C-258 de 201311, SU-230 de 201512 y SU-395 de 201713,
emanadas de la Corte Constitucional, por cuanto las autoridades
judiciales demandadas no incluyeron la totalidad de los factores
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
de 25 de abril de 2019, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 68001-23-33-000-
2015-00569-01.
11
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12
ibid.
13
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Actor: FRANCISCO JAVIER NAVARRO ORTIZ
salariales sobre los cuales efectivamente se realizaron aportes al
sistema de seguridad social, para la liquidación de su pensión de
jubilación.
Afirmó que en casos similares al presente el TRIBUNAL accedió a
las pretensiones de la demanda; sumado a ello, que se pasó por alto
el Acto Legislativo 01 de 2005, que estableció que las mesadas
pensionales serán liquidadas con los factores sobre los cuales se
realizaron los correspondientes aportes, por lo que también se
incurrió en violación directa de la Constitución, específicamente,
del artículo 48 de la Carta Política.
Es del caso advertir que si bien la acción de tutela se presentó contra
el JUZGADO y el TRIBUNAL lo cierto es que las pretensiones de la
demanda van dirigidas a dejar sin efecto la providencia de 9 de
mayo de 2024, razón por la que la Sala realizará únicamente el
análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados a la sentencia proferida por el ad quem, máxime si ésta
fue la que dio por terminado el proceso.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
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ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados
e incurrió en el desconocimiento del precedente deprecado y en
violación directa de la Constitución.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 14, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
14
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».15
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación16, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [17]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [18].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
15
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[17] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[18] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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Actor: FRANCISCO JAVIER NAVARRO ORTIZ
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [19].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [20].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
[19] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[20] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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Actor: FRANCISCO JAVIER NAVARRO ORTIZ
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [21]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [22].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [23]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
[21] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[22] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[23] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que en la
providencia 9 de mayo de 2024 proferida por el TRIBUNAL, aquí
cuestionada, se tuvo en cuenta la sentencia de unificación de 25 de
abril de 201924, en las cual se precisó que: i) el ingreso base de
liquidación previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 25,
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 25 de
abril de 2019, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 2015-00569-01.
25
“[…] El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior
que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en
el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
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hace parte del régimen de transición para aquellas personas que se
pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del Régimen General de Pensiones previsto en la Ley 33 de 29 de
enero de 198526 y; ii) los factores salariales que se deben incluir para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado
los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.
En efecto, en la sentencia censurada, el TRIBUNAL consideró lo
siguiente:
“[…] Frente al tema del régimen especial de los docentes vinculados al
servicio público educativo oficial afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en la Sentencia de Unificación
jurisprudencial SUJ-014 -CE-S2- 2019, proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado, de fecha 25 de abril de 2019, con ponencia del
Consejero Ponente: César Palomino Cortés, dentro del expediente con
radicado No. 68001233300020150056901, número Interno: 0935-
2017, actora: Abadía Reynel Toloza, demandados: Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se consideró:
«En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Segunda, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE […]”.
26
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones
sociales para el Sector Público.”
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Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido
de precisar lo siguiente:
De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de
2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812
de 2003, son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho
a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo
oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada
a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada
docente, así:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de
jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado
los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de
prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994
sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de
unificación, constituyen precedente obligatorio en los términos de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en
discusión tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los
efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos, en
atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. (…).»
(Negrillas para destacar).
De tal forma, al revisar el Formato Único para Expedición de Certificado
de Historia Laboral (Folio 18 del archivo 04 denominado anexos de la
demanda del expediente digital) de Francisco Javier Navarro Ortiz,
expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá, da cuenta la Sala
que su vinculación en el sector docente oficial fue a partir del 31 de
agosto de 1990. De tal forma, atendiendo a la literalidad del artículo
81 de la Ley 812 de 2003, el demandante tiene derecho a que le
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apliquen las disposiciones contenidas en la Ley 91 de 1989, pues, a la
fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se encontraba
vinculado. Por lo tanto, procede la aplicación de la Leyes 91 de 1989 y
33 de 1985 […]”.
Frente a lo pretendido en la demanda en relación con la reliquidación
de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio, el TRIBUNAL
señaló:
“[…] Respecto a la reliquidación con la inclusión de los factores de
“prima especial, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de
navidad”, la Sala precisa que de conformidad con el Formato Único
para Expedición de Certificado de Salarios que obra a folio 19 del
archivo 04 del expediente digital, el demandante devengó los
siguientes conceptos: sueldo, prima especial, bonificación pedagógica,
prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad. En la
mencionada certificación, se hace la siguiente observación. “FACTORES
DE APORTE: ***Factores sobre los cuales cotizan los Docentes de esta
Secretaría para Seguridad Social” y los factores que traen este (***)
señalamiento son los de: sueldo y prima de vacaciones.
[…]
Luego, observa la Sala que el demandante pretende la inclusión de los
factores salariales denominados “prima especial, prima de servicios,
prima de vacaciones y prima de navidad”, en el cálculo de la mesada
pensional. No obstante, al acoger esta Corporación la postura de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, transcrita líneas
atrás, y al no estar estos conceptos dentro de los factores enlistados
en el artículo 1º de La Ley 62 de 1985, no es dable incluir estos
emolumentos. Razón por la cual, no le asiste razón a la parte actora,
en cuanto pretende que su pensión se calcule con el promedio de lo
cotizado.
Frente al argumento del demandante relacionado con los descuentos
de la seguridad de los factores antes mencionados, observa la Sala que
a través de la Resolución 6919 del 10 de diciembre de 2020, se
incluyen en la liquidación de la mesada pensional los factores de:
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asignación básica y bonificación mensual, como se observa a
continuación.
[…]
Luego, al no estar incluidos los factores denominados “prima
especial, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de
navidad”, en las Resoluciones que reconocen y ajustan la
prestación, ni estar enlistadas en el artículo 1° de la Ley 62 de
1985, no hay lugar a efectuar los descuentos en seguridad
social sobre estos factores.
Lo anterior, fundamentado en el parágrafo transitorio del Acto
Legislativo 01 de 2005, en el que se mencionó que existen dos
regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial, el cual, como se
mencionó en la parte considerativa de esta providencia dependerá de
la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada
docente, tal y como se mencionó en la Sentencia 44001-23-33-000-
2015-00090-01(1888- 17) del treinta (30) de abril de dos mil veinte
(2020), M.P. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ:
[…]
En este orden de ideas, en armonía con la precitada jurisprudencia y
la mentada sentencia de unificación, es claro que los factores tenidos
en cuenta para la liquidación pensional del demandante, son los
establecidos para el caso de estudio. Por lo que habrá de confirmarse
la sentencia apelada en cuanto negó las pretensiones de la demanda.
[…]”. (Destacado fuera de texto).
De los apartes transcritos, la Sala observa que el TRIBUNAL para
adoptar su decisión, tuvo en cuenta la sentencia de unificación de 25
de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en la que se determinó la interpretación que debe darse al
artículo 3° de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de la
Ley 62 de 1985, en el sentido de señalar que para el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación, solo pueden incluirse los
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factores salariales con fundamento en los cuales se realizaron
aportes al sistema de seguridad social en pensiones.
En este sentido, el TRIBUNAL sustentó su decisión en que para la
liquidación de las pensiones sólo se podían tener en cuenta los
factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
respectivas cotizaciones, lo cual resulta conforme a la regla
jurisprudencial vigente, fijada en la sentencia de unificación 25 de
abril de 2019.
De igual forma, la Sala destaca que en la citada providencia, así como
en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 201827, la Sección
Segunda del Consejo de Estado estableció una regla aplicable en
relación con la liquidación de las pensiones bajo la interpretación del
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, según el cual
para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los
factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones, lo que en nada contradice los argumentos expuestos
por el actor en el escrito de la acción de tutela, como tampoco las
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sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, que
estudiaron casos similares.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la acción de tutela de la
referencia es improcedente por falta del requisito general de la
relevancia constitucional, porque a través de ésta el accionante lo
que pretende es cuestionar una decisión judicial como si este
mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso
ordinario, sin que en todo caso se vislumbre que la autoridad judicial
accionada pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o
desbordado los límites del principio de la autonomía judicial.
En efecto, la divergencia planteada por el actor subyace del hecho de
que, en su sentir, de una adecuada aplicación de la jurisprudencia y
la normativa dispuesta para el asunto se podía advertir el derecho
que tenía a ser reliquidada su pensión de vejez incluyendo el factor
salarial denominado: “[…] PRIMA DE VACACIONES […]”, devengada
durante el último año de servicios.
Lo anterior significa que lo pretendido por el accionante es que el
juez de tutela haga un nuevo examen integral del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, con la finalidad de que se corrija el
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análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la
interpretación que propone, como si el mecanismo de amparo fuera
una instancia o recurso adicional a los previstos en el trámite
ordinario.
Sumado a lo anterior, las inconformidades que ahora alega el actor
en esta sede constitucional fueron ampliamente atendidas por el
TRIBUNAL, con fundamento en el análisis que realizó de las normas
jurídicas y la jurisprudencia aplicable al caso concreto y,
especialmente, las pruebas obrantes en el proceso que daban cuenta
que el factor salarial denominado prima de vacaciones no estaba
enlistado en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
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competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se encuentra que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad judicial que conoce un
asunto, se debe respetar por el juez de tutela, quien no puede
desconocer la decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito
de sus competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran
derechos fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró
probado.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción
de tutela por carecer del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por la
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FIDUPREVISORA S.A. y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO DE BOGOTÁ D.C., por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por no cumplirse el requisito general
de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de octubre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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