Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04297-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04297-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04297-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
31 de octubre de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04297 00
Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04297 00
Accionantes: JHON HADER AMÉZQUITA VALENCIA, COMO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA VEREDA LA COCA DEL MUNICIPIO DE
TULUÁ, Y OTROS
Accionados: DIRECCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE CULTVOS
ILÍCITOS, ADSCRITA A LA ALTA CONSEJERÍA
PRESIDENCIAL PARA EL POSTCONFLICTO DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA, Y OTROS
Tesis: No hay lugar a amparar los derechos fundamentales a la
vida, la intimidad, la familia, la salud, el mínimo vital, el
debido proceso y la consulta previa, cuando se ha suscrito
un acuerdo colectivo para la sustitución de cultivos ilícitos,
pero no está acreditada la suscripción de los acuerdos o
formularios individuales para que los núcleos familiares
sean beneficiarios del PNIS y los municipios en los que
habitan los accionantes no fueron priorizados en los PDET.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Jhon Hader
Amézquita Valencia, en calidad de representante legal de la Junta de
Acción Comunal de la vereda La Coca del Municipio de Tuluá, Valle del
Cauca, y los señores Ana María Silva Martínez, Joaquín Emilio Sánchez
Giraldo, Raúl Rodríguez, Adán Herrera García, Arnulfo Carvajal Tibana,
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 04297 00
Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
Alexander Carvajal Rodríguez, Fabio Alexander Barragán Arias,
Circunsición Herrera García, Clariza Sánchez Arias, Deisy Lorena
Lancheros Luna, Víctor Alfonso Giraldo Llanos y Brito Cardemio Apraez
Diaz, como habitantes de las veredas La Coca, Ventiaderos, La Diadema,
La Grecia y Maraveles de los municipios de Tuluá y San Pedro, en contra
del Municipio de Tuluá, del Municipio de San Pedro, del Departamento del
Valle del Cauca y de la Dirección para la Sustitución de Cultivos de Uso
Ilícito, adscrita a la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Los accionantes promovieron acción de tutela en contra de las precitadas
entidades y para ello formularon las siguientes pretensiones1:
“[…] 1°) Que se le AMPAREN los derechos a LA VIDA, INTEGRIDAD,
INTIMIDAD, FAMILIA, SALUD, MÍNIMO VITAL, DEBIDO PROCESO,
ASÍ COMO LA SALVAGUARDA DE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, EL
CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO, LA PAZ Y EL
PRINCIPIO DE DISTINCIÓN Y OTRAS REGLAS DEL DIH -EN
RELACIÓN CON LA VIDA E INTEGRIDAD DE LA POBLACIÓN CIVIL de
las comunidades de las veredas la Coca, Ventiaderos, la Diadema,
la Grecia y Maraveles del Municipio de Tuluá y la vereda la Ciria del
Municipio de San Pedro Valle del Cauca respectivamente, y como
consecuencia de tal declaración se ordene la aplicación de acuerdo
colectivo firmado el 30 de octubre de 2017 en el corregimiento de
La Marina, municipio de Tuluá Valle del Cauca, durante el gobierno
del presidente Juan Manuel Santos.
2º) ORDENAR la implementación del punto 4 del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera – AFP– privilegiando la sustitución voluntaria de cultivos
de uso ilícito sobre la erradicación forzada; (iii) ordenar el
cumplimiento integral de los acuerdos de sustitución voluntaria
suscritos con las comunidades accionantes; (iv) garantizar el
derecho a la participación y consulta previa de comunidades
campesinas, afrodescendientes e indígenas; y (v) ordenar medidas
de protección en favor de los accionantes, líderes, lideresas y
organizaciones sociales y defensores de derechos humanos,
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
amenazados por su defensa del territorio y participación en el
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
3°) Que se ordene a las autoridades competentes cumplir de manera
inmediata con las medidas acordadas en el acuerdo firmado el 30 de
octubre de 2017, garantizando así el derecho de las familias
firmantes a un medio ambiente sano y a condiciones de vida dignas.
4°) Que se adopten las medidas necesarias para proteger la vida e
integridad de las familias firmantes y de la población civil en general,
ante el riesgo generado por la falta de cumplimiento del acuerdo en
materia de sustitución de cultivos ilícitos y que se establezcan
mecanismos efectivos de seguimiento y control por parte de las
autoridades competentes, a fin de garantizar el cumplimiento
continuo y sostenible de las medidas acordadas en beneficio de las
comunidades afectadas […]”. (Mayúsculas originales del escrito de
tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Los accionantes informaron que en septiembre de 2015 el Presidente de
la República de aquella época hizo un nuevo enfoque estratégico para
enfrentar el problema de las drogas ilícitas en el país, orientado en el
respeto a los derechos humanos, la salud pública y el desarrollo humano.
Manifestaron que, por medio del Decreto 672 de 2017 se modificó la
estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República - DAPRE, y se creó la Dirección para la Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito, con la función de apoyar el diseño de estrategias nacionales
para la ejecución de programas relacionados con la sustitución de dichos
cultivos.
Agregaron que “(…) dentro del proceso de diálogo y negociación
adelantado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC-EP, se
firmó el ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA, que en su punto 4°
establece la “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” lo cual implica
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
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el compromiso de todas las partes para trabajar de manera conjunta en
la solución definitiva al programa de las drogas ilícitas (…)”2.
Señalaron que “(…) el 27 de enero de 2017, el Gobierno Nacional y las
FARC-EP inició el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito -PNIS, que tiene el firme propósito de contribuir a una
solución definitiva al problema de las drogas ilícitas. Con este Programa
se inicia la implementación del punto 4 del Acuerdo Final, que permitirá a
las comunidades participar activamente en la construcción y desarrollo de
los proyectos productivos para la sustitución (…)”3.
Expusieron que, entre los objetivos del PNIS se establecieron los
siguientes: (i) superar las condiciones de pobreza de las comunidades
campesinas, y en particular de los núcleos familiares que las conforman,
afectados por los cultivos de uso ilícito, mediante la creación de
condiciones de bienestar y buen vivir en los territorios; (ii) promover la
sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, mediante el impulso
de planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y
desarrollo alternativo, diseñados en forma concertada y con la
participación directa de las comunidades involucradas; (iii) fortalecer la
participación y las capacidades de las organizaciones campesinas,
incluyendo a las organizaciones de mujeres rurales para el apoyo (técnico,
financiero, humano, entre otros) de sus proyectos, y (iv) lograr que el
territorio nacional esté libre de cultivos de uso ilícito teniendo en cuenta
el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir.
Indicaron que, el 30 de octubre de 2017, en el corregimiento La Marina,
del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca, se suscribió un acuerdo colectivo
entre la Dirección para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, la
Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, el alcalde del
2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
3
Ibidem.
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
Municipio de Tuluá, Valle del Cauca, el alcalde de San Pedro, Valle del
Cauca y representantes de la comunidad.
Destacaron que “(…) previo a la suscripción de este acuerdo colectivo, se
realizaron actividades de socialización, información a las comunidades,
entes territoriales y organizaciones sociales del municipio de Tuluá y San
Pedro, Valle del Cauca, a fin de dar a conocer el alcance del PNIS (…)”4.
Resaltaron que el Gobierno Nacional se comprometió a cumplir con los
componentes del Plan de Atención Inmediata y Desarrollo de Proyectos
Productivos, así como los demás componentes relacionados con el Plan
para la comunidad en general, los cuales serían concertados con la
comunidad misma, según lo dispuesto en el numeral 4.1.3.6 del Acuerdo
Final de Paz.
Frente a dichos componentes, citaron algunos de los compromisos
adquiridos, tales como:
-) Plan de Atención Inmediata para los Núcleos Familiares de cultivadores,
que durante el primer año implicaba: i) realizar la entrega de la asistencia
alimentaria inmediata para desarrollar actividades de sustitución
voluntaria de cultivos de uso ilícito, preparación de tierras para siembras
legales o trabajos de interés comunitario, hasta por 12 meses por valor
de $1.000.000 mensuales, el cual se entregará a cada familia de manera
bimestral por valor de $2.000.000; ii) invertir por familia para el proyecto
de auto sostenimiento y seguridad alimentaria la suma de $1.800.000,
por una sola vez; iii) invertir por familia para el proyecto de ciclo corto e
ingreso rápido la suma de $9.000.000 por una sola vez.
Afirmaron que, a la fecha de presentación de esta acción constitucional,
el precitado acuerdo no se ha implementado. En igual sentido,
argumentaron que “(…) a pesar de que el acuerdo fue firmado hace más
de 6 años, las autoridades aún no han cumplido con las medidas
4
Ibidem.
5
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
acordadas para la sustitución de cultivos ilícitos, dejando a las familias
firmantes en una situación de vulnerabilidad y sin las garantías necesarias
para su bienestar, adicionalmente, esta comunidad de manera constante
seguía solicitando el cumplimiento del acuerdo a través de oficios a la
Gobernación y Dirección de sustitución (…)”5.
Aseveraron que “(…) el incumplimiento del acuerdo afecta gravemente a
nuestras familias, quienes han confiado en el mismo para mejorar sus
condiciones de vida y promover su desarrollo integral. La falta de
cumplimiento por parte de las autoridades competentes genera un
impacto negativo en la estabilidad y el bienestar de estas comunidades,
poniendo en riesgo su seguridad y su futuro. Por otro lado, la falta de
firma de las actas individuales vulnera el derecho a la participación
efectiva de las comunidades en decisiones que les afectan directamente,
tal como lo reconoce la jurisprudencia constitucional colombiana (…)”6.
Reprocharon que “(…) algunos: (i) no han ingresado formalmente al
programa; (ii) no han podido suscribir los formularios individuales luego
haber firmado los colectivos; y (iii) no han recibido los apoyos para
desarrollar proyectos productivos de conformidad con lo acordado, a
pesar de ser actuales beneficiarios del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS-. Además (…) las entidades
estatales venían realizando operaciones de erradicación forzosa sin agotar
las etapas de participación con las comunidades involucradas y sin
verificar los acuerdos suscritos en el marco del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (…)”7.
Alegaron que “(…) la existencia de actas de reuniones con el director
evidencia que se han llevado a cabo comunicaciones y gestiones previas
con la autoridad competente, lo cual refuerza la legitimidad y seriedad de
las reclamaciones de las comunidades. Las reuniones sobre un programa
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
6
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
hecho a medida que no se materializó pero que mantenían a las personas
con expectativas generan una situación de vulnerabilidad y afectación de
derechos fundamentales (…). Por tanto, es necesario que este Honorable
despacho tome cartas en el asunto y ordene a las autoridades pertinentes
que cumplan con lo acordado, garantizando así el respeto y la protección
de los derechos fundamentales de estas familias y de la población civil en
general (…)”8.
Precisaron que “(…) las administraciones municipales y departamentales
no han direccionado ni acompañado la implementación de medidas
PISDA, lo que limita la posibilidad de priorización del sector y la inversión
en el mismo; dicha situación vulnera el derecho a la vida, integridad,
intimidad, familia, salud, mínimo vital, debido proceso, así como la
salvaguarda de la autonomía territorial, el consentimiento libre, previo e
informado, la paz y el principio de distinción y otras reglas del DIH -en
relación con la vida e integridad de la población civil (…)”9.
Añadieron que la Resolución nro. 54 del 28 de septiembre de 2020
establece la obligación de implementar medidas PISDA, lo que implica un
deber jurídico de las autoridades competentes; sin embargo, anotaron
que las autoridades no han adoptado las medidas necesarias para su
cumplimiento, lo que configura un acto u omisión contrario a la
Constitución.
Explicaron que las comunidades en proceso de sustitución han sido
históricamente afectadas por la violencia, la pobreza y la estigmatización
debido a su relación con los cultivos ilícitos; sin embargo, anotaron que
la nueva política de drogas ha generado expectativas de cambio, ya que
se ha enfocado en ofrecer alternativas económicas sostenibles, acceso a
servicios básicos y programas de desarrollo integral para dichas
comunidades.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
Advirtieron que “(…) se debe hacer relación de la sentencia SU-545/23 de
la Corte Constitucional que amparó los derechos fundamentales de
comunidades campesinas y étnicas de los departamentos de Cauca,
Nariño, Norte de Santander y Putumayo, vulnerados por el
incumplimiento de obligaciones adquiridas por el gobierno en el marco del
programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS) (…)”10.
Al hacer un análisis de la precitada providencia, adujeron que “(…) los
acuerdos colectivos suscritos entre las comunidades y el Estado son
acuerdos vinculantes para las partes respecto del contenido allí pactado
en tanto se deriva del cumplimiento de buena fe de lo pactado en el AFP
[Acuerdo Final de Paz], y particularmente de lo consagrado en el Decreto
896 de 2017. No son actos administrativos, ni se adecúan a la concepción
típica de los contratos administrativos, en cambio se trata de pactos
plurilaterales vinculantes (…)”11.
Agregaron que la Corte Constitucional “(…) resaltó que todos los puntos
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera se encuentran íntimamente relacionados
entre sí y, en particular, el punto 4 del que se desprende el PNIS está
estrechamente vinculado con el punto 1 que contempla la Reforma Rural
Integral. De ahí que se hayan previsto mecanismos como los PISDA y los
PDET, que propenden por un (sic) generar un relacionamiento equitativo
entre el campo y la ciudad, mejorar las condiciones sociales y de vida de
quienes se comprometen a sustituir los cultivos de uso ilícito, y de esa
forma contribuir a acabar con las economías ilegales como única fuente
de ingresos. En consecuencia, ordenó a las entidades del orden nacional
y territorial según las competencias asignadas en el Plan Marco de
Implementación, acelerar el proceso de implementación de los PDET, los
Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral y demás
10
Ibidem.
11
Ibidem.
8
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
instrumentos creados por el acuerdo final de paz en los departamentos
objeto de la tutela (…)”12.
En ese sentido, anotaron que la extensión de la jurisprudencia de una
sentencia de unificación implica que sus efectos se apliquen en casos
similares, por ello, resaltaron que, si un caso presenta similitudes
sustanciales con la sentencia de unificación, los jueces están obligados a
aplicar el criterio establecido en dicha providencia al caso en cuestión.
Finalmente, arguyeron que “(…) se hace imperativo presentar esta acción
constitucional debido al incumplimiento del acuerdo firmado entre las
partes. Dicho incumplimiento afecta al total de las familias firmantes, que
ascienden a 215 (…). En consecuencia, nos encontramos frente a una
flagrante vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la
vida, la integridad, la intimidad, la familia, la salud, el mínimo vital, el
debido proceso y la consulta previa (…)”13.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 13 de agosto de 202414 a través del
aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama
Judicial, y correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del
26 de agosto de 202415 la admitió y dispuso notificar16 al Municipio de
Tuluá, Valle del Cauca, al Municipio de San Pedro, Valle del Cauca, al
Departamento del Valle del Cauca y a la Dirección para la Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito, adscrita a la Alta Consejería Presidencial para el
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
15
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
16
Esta orden se cumplió el 2 de septiembre de 2024. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
04297 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 04297 00
Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
post conflicto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, como partes accionadas, así como vincular17 a la Agencia
Nacional de Tierras, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la
Agencia de Desarrollo Rural, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
a la Agencia de Renovación del Territorio, al Ministerio de Defensa
Nacional y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como
terceros interesados en el resultado del proceso.
3.2. La jefe de la oficina jurídica de la Agencia de Desarrollo Rural radicó
escrito18 en el que manifestó que “(…) no tiene competencias en la gestión
del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y no ha
firmado acuerdos colectivos relacionados con este plan, por lo tanto, no
debe ser vinculada (…)”.
Explicó que “(…) la Agencia de Desarrollo Rural opera en un ámbito
distinto, centrado en el desarrollo rural integral y no en la sustitución de
cultivos ilícitos. Por lo tanto, la acción de tutela debería centrarse en la
Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (…), que es la entidad
responsable de la implementación del Plan Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos Ilícitos, (…) y de la firma de acuerdos colectivos
pertinentes (…)”.
Anotó que la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) está
encargada de la ejecución del Plan Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que incluye la asignación de subsidios,
asistencia técnica y supervisión de los programas de sustitución, mientras
que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) se dedica a la promoción del
desarrollo rural integral, que abarca proyectos de infraestructura,
estímulo de actividades económicas sostenibles y fortalecimiento de
capacidades locales.
17
Ibidem.
18
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 04297 00
Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
En consecuencia, solicitó que (i) se declare la improcedencia de la acción
de tutela respecto de la Agencia de Desarrollo Rural, comoquiera que el
objeto de la solicitud de amparo gira en torno a un asunto que no es de
su competencia, y (ii) se desvincule a dicha entidad del presente trámite
tutelar.
3.3. El apoderado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
rindió informe19 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela y subsidiariamente, que se nieguen las pretensiones de
la solicitud de amparo o que se ordene la desvinculación de dicha entidad,
debido a que no ha vulnerado ni amenazado ningún derecho fundamental
de los accionantes.
Señaló que “(…) tal y como lo manifiestan los accionantes, los reparos
puntuales que realiza se ciñen única y exclusivamente a un aparente
incumplimiento de compromisos adquiridos por entes territoriales del
orden departamental y municipal en el Valle del Cauca y por la Dirección
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del
Territorio - ART, dentro del marco de un Acuerdo entre comunidades y
representantes de las mencionadas instituciones, con las cuales, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no posee relación funcional
o jerárquica (…)”.
Aseveró que “(…) el accionante no aporta una sola prueba del daño o
afectación a sus derechos fundamentales, siendo enfáticos de que se trata
de presuntas acciones que vulneran los derechos no adquiridos, sin
realizar ninguna conexión o vinculación con algún derecho fundamental,
así las cosas no se cumple con los requisitos de procedencia de la acción
de tutela, por lo cual le corresponde al accionante acudir a otros trámites
o mecanismos expeditos y eficaces regulados para la defensa de los
19
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
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derechos e intereses que encuentra vulnerados pero que a juicio de esta
defensa no posee (…)”.
3.4. El contratista adscrito a la Consejería Comisionada de Paz presentó
escrito20 en el que solicitó la desvinculación de dicha entidad del presente
trámite tutelar por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, indicó que “(…) la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
actualmente denominada Consejería Comisionada para la Paz, no es
responsable, ni por acción ni por omisión, de la supuesta vulneración de
derechos mencionada por el accionante. Esto se debe a que, en el
momento de los hechos, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos se
encontraba adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, bajo la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto. Por
lo tanto, cualquier gestión relacionada con la sustitución de cultivos ilícitos
correspondería a la Alta Consejería, y no a la Consejería Comisionada para
la Paz. No existe una relación causal entre la actuación de la Consejería y
la presunta vulneración de derechos. Además, es relevante señalar que
la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en el contexto de
implementación de los Acuerdos de Paz, está ahora bajo la Agencia de
Renovación del Territorio (…). Esta dependencia tiene la obligación de
aplicar los acuerdos relacionados con la sustitución voluntaria de cultivos
ilícitos, firmados el 30 de octubre de 2017 (…)”.
3.5. La jefe de la oficina asesora jurídica del Municipio de Tuluá allegó
informe21 en el que sostuvo que, desde la firma del acuerdo colectivo del
30 de octubre de 2017, la Alcaldía Municipal de Tuluá ha estado presente
en las reuniones realizadas en aras del cumplimiento de dicho acuerdo;
sin embargo, aclaró que la estabilización y consolidación del proceso para
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos es competencia de la Dirección
para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Anotó que “(…) el programa de erradicación de cultivos ilícitos en la
jurisdicción del municipio de Tuluá tiene su génesis directamente en una
entidad del orden nacional y, es esta, la que tiene autonomía
administrativa y presupuestal para ejecutar los recursos con destinación
específica al cumplimiento de esta meta de orden nacional. No obstante,
el municipio de Tuluá ha realizado lo concerniente en brindar asistencia
técnica, agropecuaria y jornadas de vacunación a especies menores y
bovinos, así como implementación de proyectos productivos
agropecuarios en las veredas de la Coca, Maraveles, la Diadema,
Ventiaderos, entre otras, con recursos propios provenientes de ICLD
(Ingresos Corrientes de Libre Destinación), los cuales se aforan de
acuerdo a los planes de desarrollo de cada administración (…)”.
Agregó que la entidad llamada a cumplir con el acuerdo, no solo a los
accionantes, sino también a las entidades territoriales es la Dirección para
la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, razón por la que solicitó la
desvinculación del Municipio de Tuluá de este trámite constitucional.
Sin perjuicio de lo anterior, expuso que la acción de tutela es
improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Al efecto,
advirtió que “(…) la solicitud que debieron elevar los tutelantes es la
acción popular, la que es regulada por la Ley 472 de 1998 y procede
cuando se vulneran derechos e intereses colectivos, ya sea por acción o
por omisión de autoridades públicas o de particulares, es decir, que
estamos frente a hechos y pretensiones que tienen relación directa con
intereses colectivos y generales (…)”.
3.6. El jefe de la oficina asesora jurídica de la Agencia de Renovación del
Territorio rindió informe22 en el que solicitó que se declare la
22
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
improcedencia de la acción de tutela ante la ausencia del requisito de
inmediatez, el incumplimiento del requisito de subsidiariedad y la falta de
legitimación en la causa por pasiva al no acreditarse el componente
volitivo del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos
(PNIS) establecido en el numeral 4.1.1 del Acuerdo Final de Paz, los
artículos 1 y 6 del Decreto Ley 896 de 2017 y lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-493 de 2017, lo que, bajo su
consideración, hace inexigible el acuerdo colectivo suscrito en los
Municipios de Tuluá y San Pedro, Valle del Cauca, los cuales, según
afirmó, no se encuentran priorizados.
Explicó que, conforme las disposiciones del Acuerdo Final de Paz y del
Decreto Ley 893 de 2017, para la Agencia de Renovación del Territorio no
pueden hacerse exigibles los acuerdos colectivos suscritos con municipios
que no fueron priorizados para la atención del PNIS, porque eso afectaría
la intervención priorizada y los avances que se desarrollan en los
municipios que sí fueron priorizados de acuerdo con sus condiciones, en
relación con los grados de afectación derivado del conflicto, cultivos de
uso ilícito, pobreza multidimensional, y frente a los cuales se viene
avanzando en su atención.
Precisó que “(…) los municipios enmarcados dentro del objeto de la
presente acción constitucional no son municipios que se encuentran
dentro de los criterios de priorización o focalización de acuerdo con los
criterios establecidos en el Acuerdo de Paz en relación con su inicio e
implementación priorizada sobre los cuales se está adelantando el
desarrollo del PNIS suscritos de manera voluntaria en concordancia con
el punto No. 4° del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, como tampoco frente a los
criterios de priorización enmarcados dentro de la normativa que regula el
PNIS (…)”.
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
Aclaró que “(…) en virtud del componente volitivo del PNIS, el acuerdo
colectivo suscrito en los Municipios de Tuluá y San Pedro, del
Departamento de Valle del Cauca, no tiene, por sí mismo, una forma de
hacerse efectivo; pues esto solamente puede realizarse a través de la
manifestación individual de voluntad que se exterioriza cuando los
titulares de cada núcleo familiar suscriben los respectivos acuerdos de
vinculación, en representación de los núcleos familiares que atiende el
PNIS. Dicho en otras palabras, la mera suscripción del acuerdo colectivo
de sustitución no tiene la posibilidad de establecer responsabilidades
individualizadas de cara a los compromisos que se adquieren al hacerse
parte del programa; por lo que se impide su implementación material, sin
perjuicio de que para el caso concreto tampoco se cumplen los criterios
de priorización territorial (…)”.
Agregó que “(…) los compromisos que pactó el Gobierno Nacional en la
época de suscripción del acuerdo colectivo solamente podían ejecutarse
con la suscripción de los acuerdos celebrados por los titulares, en
representación de cada núcleo familiar que manifestaba que cumplía con
los requisitos para ser atendido por el PNIS, y, que a la vez manifestaban
de manera libre y voluntaria su cumplimiento de los compromisos
adquiridos en virtud del Programa. Esta condición, necesaria para el
cumplimiento del PNIS, se cumplía si y solo si se suscribían los formularios
de vinculación de cada núcleo familiar, representado por su titular, todo
ello, en desarrollo del componente volitivo del PNIS previsto en el numeral
4.1.1. del Acuerdo Final de Paz, los artículos 1° y 6° del Decreto Ley 896
de 2017 y lo considerado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-
493/17, la cual, sobre el componente volitivo del PNIS permite entender
que el cumplimiento en un municipio no PNIS tampoco puede hacerse
exigible en virtud de las disponibilidades presupuestales con las cuales se
está desarrollando los componentes en los municipios que cuentan con
priorización, definida de acuerdo con los criterios antes mencionados. La
exigibilidad del acuerdo señalado por los accionantes se pretende para
municipios no priorizados y, por lo tanto, que no son objeto del programa
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PNIS y no se cumple con el componente volitivo mencionado
anteriormente (…)”.
Resaltó que “(…) la sola suscripción del acuerdo colectivo suscrito en el
Municipio Tuluá y San Pedro Valle del Cauca, no es condición suficiente
del carácter vinculante u obligatorio del acuerdo colectivo, sino que, para
revestirle de este carácter vinculante resultaba necesaria la suscripción
de los acuerdos de sustitución por los núcleos familiares representados
por sus titulares, en los territorios priorizados (…)”.
Por otra parte, en cuanto a la procedencia de la acción de tutela,
manifestó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
inmediatez comoquiera que el acuerdo colectivo objeto de debate fue
suscrito en octubre de 2017, por lo que han transcurrido casi 7 años para
hacer exigible sus pretensiones.
En igual sentido, aseveró que tampoco se cumple con el requisito de
subsidiariedad teniendo en cuenta que “(…) el accionante pretende el
cumplimiento de los acuerdos colectivos, pero, para el cumplimiento de
estos instrumentos él dispone de las acciones de cumplimiento (Ley 393
de 1997) o las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo si se trata de un acuerdo firmado por una entidad estatal
en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de
Uso Ilícito, toda vez que dicho acuerdo no puede hacerse exigible a la
fecha esto teniendo en cuenta los criterios de priorización territorial,
seguridad Jurídica y sostenibilidad financiera (…)”.
Anotó que “(…) aducen los accionantes que la DSCI le ha vulnerado sus
derechos fundamentales “LA VIDA, INTEGRIDAD, INTIMIDAD, FAMILIA,
SALUD, MÍNIMO VITAL, DEBIDO PROCESO, ASÍ COMO LA SALVAGUARDA
DE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, EL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO
E INFORMADO, LA PAZ Y EL PRINCIPIO DE DISTINCIÓN Y OTRAS REGLAS
DEL DIH -EN RELACIÓN CON LA VIDA E INTEGRIDAD DE LA POBLACIÓN
CIVIL”, sin explicar ni ofrecer argumento alguno, de hecho o de derecho,
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
ni tampoco pruebas que acrediten cuáles acciones u omisiones de la DSCI
han conculcado los derechos fundamentales que, según los accionantes,
se encuentran vulnerados; ni menos aún, cómo la DSCI vulneró tales
derechos fundamentales con la falta de cumplimiento del acuerdo
colectivo suscrito en el Municipio de Tuluá y San Pedro, Valle del Cauca
(…)”.
Frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva, expuso que este
requisito tampoco se cumple ante la ausencia de vinculación de cada
familia. Al respecto, insistió en que “(…) los compromisos adquiridos por
el Gobierno Nacional al suscribir el acuerdo colectivo solo podían
ejecutarse si los titulares, en representación de cada núcleo familiar,
firmaban los acuerdos individuales, manifestando su cumplimiento libre y
voluntario de los requisitos del PNIS. Esta condición, esencial para la
ejecución del programa, dependía de la firma de los formularios de
vinculación por cada familia, conforme al componente volitivo del PNIS
establecido en el numeral 4.1.1 del Acuerdo Final de Paz, los artículos 1
y 6 del Decreto Ley 896 de 2017 y lo señalado por la Corte Constitucional
en la sentencia C-493 de 2017 (…)”.
3.7. El apoderado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio radicó
escrito23 en el que solicitó que se denieguen las pretensiones porque dicha
entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes.
Señaló que “(…) revisado el Sistema de Gestión documental de este
Ministerio – Gesdoc – el ciudadano JHON HADER AMÉZQUITA VALENCIA
(…), no ha presentado solicitudes relacionadas con el incumplimiento de
los acuerdos colectivos para la sustitución voluntaria y concertada de
cultivos de uso ilícito del programa PNI ante esta entidad (…)”.
Agregó que también se consultó información “(…) del señor accionante
JHON HADER AMÉZQUITA VALENCIA y otros que aparecen en listado de
23
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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la tutela y no aparecen postulados en las convocatorias de subsidio de
vivienda ante Fonvivienda, por lo que mal podría predicarse vulneración
al derecho a la vivienda digna y otros por parte de este Ministerio (…)”.
3.8. La apoderada de la Agencia Nacional de Tierras allegó memorial24 en
el que solicitó que se nieguen las pretensiones de los accionantes ante la
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados y la
falta de competencia de dicha entidad para pronunciarse sobre la
actuación de las accionadas. En consecuencia, solicitó su desvinculación
del presente trámite tutelar.
Indicó que la Agencia Nacional de tierras es la autoridad máxima en la
custodia de los predios rurales baldíos de la nación, mientras que la
entidad encargada de realizar el acompañamiento institucional de la
sustitución de cultivos de uso ilícito es la Agencia de Renovación del
Territorio.
3.9. La directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional presentó escrito25 en el
que informó que las actividades relacionadas con el diseño de los
lineamientos de funcionamiento y puesta en marcha de los procesos para
la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), corresponden por Decreto 1223 de 2020 a
la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Advirtió que, al analizar de fondo el asunto que comprende la acción
constitucional, y conforme la competencia, misionalidad y funciones del
Ministerio de Defensa Nacional, a dicha entidad no se le puede atribuir
acción u omisión alguna, para aseverar que amenazó o vulneró los
derechos fundamentales de los accionantes.
24
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
25
Visto en los índices 16 y 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
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Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
En consecuencia, solicitó que se desvincule al Ministerio de Defensa
Nacional del presente trámite tutelar ante la falta de legitimación en la
causa por pasiva, comoquiera que carece de competencia y aptitud legal
para atender lo pretendido por la parte actora con relación a la
implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito (PNIS).
3.10. La gobernación del Valle del Cauca, a través de su Secretaría de
Convivencia y Seguridad Ciudadana, rindió informe26 en el que solicitó su
desvinculación del presente trámite tutelar, destacando que las
encargadas de dar solución a los hechos y pretensiones planteados en la
solicitud de amparo es la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos
y la Junta de Direccionamiento Estratégico, como instancias responsables
de la ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos (PNIS).
Expuso que “(…) la Gobernación del Valle del Cauca acompañó desde la
dirección y coordinación de la acción administrativa del departamento, en
el marco de la complementariedad y coadyuvancia al Gobierno Nacional,
en los procesos de firma colectiva con las comunidades de los municipios
de San Pedro y Tuluá; tal como lo señala la Ley, de acompañamiento, sin
toma de decisiones para priorizar e implementar el Programa PNIS,
reiterando respetuosamente que, quien la responsabilidad de priorizar y
ejecutar los PNIS en los territorios es la Junta de Direccionamiento
Estratégico (…)”.
3.11. La delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República – DAPRE, rindió informe27 en el que solicitó que (i) se
desvincule a dicha entidad del trámite tutelar, (ii) se declare la
improcedencia de la solicitud de amparo y (iii) se nieguen las pretensiones
26
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
27
Visto en los índices 18, 19 y 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
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Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
de los accionantes ante la inexistencia de una acción u omisión imputable
a la Presidencia de la República que pudiese generar alguna vulneración
a los derechos fundamentales invocados.
Argumentó que “(…) de acuerdo con el Decreto 1784 de 2019, se
estableció que las referencias a la Alta Consejería Presidencial para el
Postconflicto se debían entender dirigidas a la Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación. De igual forma de acuerdo con
el Decreto 2647 de 2022, en su artículo 23, párrafo 2, se ordenó la
transferencia de las funciones previamente asignadas a la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación a otras dependencias
no suprimidas en dicho decreto. Las únicas funciones de dicha Consejería
que quedaron dentro del DAPRE fueron las asignadas a la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz (OACP) y a la Unidad de Implementación del
Acuerdo Final de para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz estable y Duradera, y las otras funciones fueron trasladadas a
entidades como la ART o la ARN (…)”.
Sostuvo que “(…) mi representada no es la entidad competente para
analizar los reclamos presentados por el accionante, ya que dichas
peticiones recaen sobre organismos con autonomía administrativa como
lo es la ARN, la cual es la entidad encargada de acuerdo con el Decreto
1230 de 2023 de gestionar, implementar, coordinar y evaluar las políticas
de inclusión en la vida civil para exintegrantes de grupos armados
organizados y miembros de la Fuerza Pública bajo el régimen de
condicionalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto incluye la
reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en aspectos económicos,
sociales y políticos, de acuerdo con el Acuerdo Final de Paz (…)”.
3.12. El Municipio de San Pedro y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural guardaron silencio.
20
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Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
3.13. El expediente ingresó al despacho para fallo el 11 de septiembre de
202428.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199129 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,30 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202131, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201932 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto está acreditado lo siguiente33:
4.2.1. El 30 de octubre de 2017, en el corregimiento La Marina del
Municipio de Tuluá, entre la Secretaría de Ambiente y Agricultura del
Departamento del Valle del Cauca, la Secretaría de Paz Territorial y
Reconciliación del departamento del Valle del Cauca, la Alcaldía Municipal
de Tuluá, la Alcaldía Municipal de San Pedro, el delegado de la Dirección
para la Sustitución de Cultivos Ilícitos y representantes de las veredas La
28
Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
29
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
30
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
31
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
32
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
33
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por los accionantes junto con el escrito
de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
21
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
Coca, El Vergel, Ventiaderos, Maraveles, La Diadema, La Siria y La
Esmeralda, suscribieron, en el marco de la implementación del punto 4
del Acuerdo Final de Paz, el “Acuerdo colectivo para la sustitución
voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito del Programa Nacional
Integral de sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS) y el Desarrollo
Territorial, en el marco de la implementación del acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Municipios de Tuluá y San Pedro Departamento del Valle del Cauca”.
En el numeral 4 de dicho acuerdo colectivo, se dispusieron, entre otros,
los siguientes compromisos:
“[…] 4.1. De las comunidades
1) Realizar el levantamiento total de los cultivos de uso ilícito,
incluida la raíza, en un plazo máximo de 60 días calendario contados
a partir del primer desembolso por concepto de la asistencia
alimentaria inmediata.
2) No resembrar, ni cultivar ni involucrarme (sic) en labores
asociadas a los cultivos de uso ilícito, ni participar en la
comercialización ilegal de las materias primas derivadas de estas.
3) Participar activamente en la construcción, ejecución y
seguimiento del Plan Integral de Sustitución de Cultivos de Uso
Ilícito y Desarrollo alternativo - PISDA.
4) Participar en las actividades relacionadas con la asistencia
técnica.
5) Desarrollar las actividades que se requieran en el predio para el
establecimiento de los proyectos de auto sostenimiento, generación
de ingresos y el proyecto productivo con visión de largo plazo,
económica y ambientalmente sostenible, de acuerdo a la vocación
del uso del suelo y a los lineamientos ambientales de la asistencia
técnica integral.
6) Hacer buen uso de las herramientas, recursos, materiales e
insumos entregados por el programa.
7) Promover y participar en las veedurías de control social y en pro
del cumplimiento del acuerdo colectivo suscrito.
8) Suministrar información veraz en los procesos de vinculación y
caracterización familiar.
22
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
9) Informar oportunamente las situaciones que puedan afectar el
cumplimiento de los compromisos aquí señalados.
10) Impulsar la promoción de la cultura de integración social y paz
en su comunidad en pro del cumplimiento del presente acuerdo.
11) Participar en el impulso de estrategias asociativas tales como
cooperativas y redes de productores.
Este acuerdo colectivo se suscribe sobre el reconocimiento por parte
de la comunidad de que en el territorio hay en la actualidad
aproximadamente 215 familias afectadas por los cultivos de uso
ilícito y se estiman 158 hectáreas de cultivos de uso ilícito
relacionados así:
4.1.1. Identificación de núcleos veredales o veredas, número de
familias involucradas y número de has estimadas.
4.2. Del Gobierno Nacional:
El Gobierno Nacional se compromete a cumplir con los componentes
del Plan de Atención Inmediata y Desarrollo de Proyectos
Productivos, así como los demás componentes relacionados con el
Plan para la comunidad en general los cuales serán concertados con
la comunidad misma, según lo contemplado en el numeral 4.1.3.6
del Acuerdo Final de Paz.
(…)
También son compromisos del Gobierno Nacional:
4) Promover el desarrollo y fortalecimiento de las Asambleas
comunitarias, las comisiones de planeación participativa y los
consejos de evaluación y seguimiento de los planes de sustitución y
desarrollo alternativo. En todo caso, las Asambleas Comunitarias son
el centro y la base de este proceso de construcción participativa.
5) Priorizar y desarrollar, de manera concertada con las
comunidades, los componentes estructurales del PISDA, tales como
las obras de infraestructura social de ejecución rápida, sostenibilidad
y recuperación ambiental, acceso y formalización de la propiedad,
ejecución de planes para zonas apartadas, con cronogramas metas
e indicadores. Los recursos serán ejecutados a partir de la
priorización concertada con las comunidades organizadas (Juntas de
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Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
Acción Comunal, asociaciones y organizaciones de productores) y los
gobiernos departamental y local, o quien se defina.
6) Garantizar las condiciones de seguridad y protección de Derechos
Humanos en los territorios donde se desarrollen estos acuerdos, en
el marco del punto 3.4.8 del Acuerdo Final, “Programa Integral de
Seguridad y Protección para las comunidades y las Organizaciones
en los territorios”.
7) El Gobierno Nacional, a través de las instancias de
Direccionamiento del PNIS, pondrá en marcha una estrategia de
comunicaciones para promover los acuerdos de sustitución y motivar
a las comunidades y generar confianza para participar en los
procesos de construcción conjunta de los planes integrales
municipales y comunitarios de sustitución, que deben contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida y del buen vivir y a la
solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito; así como
para resaltar el compromiso del Gobierno Nacional y de las FARC-EP
de contribuir y apoyar este propósito. La difusión del PNIS y de los
mecanismos de participación comunitaria en las diferentes fases, se
hará directamente a través de encuentros comunitarios e
indirectamente a través de los medios de comunicación, en especial
los medios locales y comunitarios.
8) Los proyectos productivos del proceso de sustitución voluntaria,
de acuerdo a la viabilidad que estudie y presente la asistencia
técnica, contarán con una línea de comercialización y transformación
de los productos campesinos para asegurar los ingresos de las
familias que hacen parte del programa.
4.3. De las Autoridades Regionales:
A modo de ejemplo se proponen los siguientes compromisos, los
siguientes compromisos, pero estos deberán adecuarse a las
posibilidades y voluntad política de las autoridades territoriales:
1. Brindar el acompañamiento a los representantes de las
comunidades para ejercer el control social en pro del cumplimiento
del presente acuerdo.
2. Apoyar el desarrollo de procesos participativos con las
comunidades directamente involucradas para socializar la estrategia
y alcanzar la firma de acuerdos colectivos e individuales que
formalicen los Planes Integrales de Sustitución de Cultivos de uso
ilícito y Desarrollo Alternativo – PISDA –
3. Una vez suscrito el Acuerdo Colectivo, se comprometen con las
comunidades de las zonas afectadas por el problema de cultivos de
uso ilícito, de manera coordinada con el Gobierno Nacional, las
entidades públicas y privadas, la participación y el acompañamiento
de la comunidad internacional pública y privada, a participar de
manera real y efectiva en el diseño de todas las políticas, planes,
programas, proyectos y acciones concertadas para garantizar el
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Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
desarrollo y ejecución de los programas y proyectos de sustitución
voluntaria de cultivos de uso ilícito.
4. Fomentar los procesos de participación comunitaria y control
social en la comunidad y hacer parte de las mesas de trabajo.
5. Acompañar la verificación del cumplimiento de los compromisos
adquiridos por las partes.
6. Brindar toda la información relacionada con los Planes de
Desarrollo Municipal y Departamental, el Esquema de Ordenamiento
Territorial – EOT (población inferior a los 30.000 hab) y/o el Plan de
Vida Concertado con la Comunidad, según el caso.
7. Apoyar los procesos productivos y de desarrollo territorial en el
marco de los Planes Integrales de Sustitución de Cultivos de Uso
Ilícitos y Desarrollo Alternativo – PISDA –
8. Participar activamente de los mecanismos de planeación, y de
seguimiento y evaluación establecidos en la ejecución del Plan
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo
Alternativo.
9. Articularse a las demás instituciones en torno a la gestión de
proyectos de desarrollo dirigidos a familias vinculadas al proceso de
sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito […]”.
4.2.2. El 28 de noviembre de 2017, en el corregimiento La Marina del
municipio de Tuluá, se llevó a cabo una reunión para la conformación de
la Comisión Municipal de Planeación Participativa (CMPP) y el Consejo
Municipal de Evaluación y Seguimiento (CMES) en los municipios de Tuluá
y San Pedro. El acta correspondiente de dicha reunión fue suscrita por
representantes de las veredas La Coca, Ventiaderos, Maraveles, El Vergel,
La Diadema, La Siria y La Esmeralda. No está acreditado que en dicha
reunión hayan participado representantes de las entidades accionadas.
4.2.3. El 3 de abril de 2018, en la gobernación del Departamento del Valle
del Cauca, se llevó a cabo una reunión de instalación del Consejo Asesor
Territorial del Valle del Cauca, en la que participaron miembros y/o
representantes de la gobernación del Valle del Cauca, de la Agencia de
Renovación del Territorio, de la Comisión Municipal de Planeación
Participativa (CMPP) y del Consejo Municipal de Evaluación y Seguimiento
(CMES).
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
4.2.4. El 27 de septiembre de 2020, los señores Víctor A. Giraldo y Brito
Cardemio Apraez Díaz, junto con otros habitantes de las veredas La Coca,
Ventiaderos, y La Siria, de los municipios de Tuluá y San Pedro, radicaron
una petición ante la Personería Municipal de Tuluá en el que manifestaron
lo siguiente:
“[…] Asunto. Incumplimiento del acuerdo colectivo firmado en el
municipio de Tuluá y San Pedro sobre el PNIS (Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito).
(…)
Por medio de la presente acudimos a ustedes los abajo firmantes y
habitantes del municipio de Tuluá y San Pedro, para que por medio
de esta acta sobre el incumplimiento que hemos tenido sobre el
acuerdo colectivo que se firmó el 30 de octubre del 2017, sobre el
PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso
Ilícito) y que no hemos tenido hasta la fecha por parte del gobierno
ninguna noticia positiva sobre estos acuerdos. Por lo tanto,
queremos hacer las siguientes peticiones:
Primero
Que seguimos en la voluntad de continuar el proceso de la
sustitución voluntaria de estos cultivos
Segundo
Que las comunidades en estos tres años hemos abandonado más del
90% de los cultivos que había en esta zona
Tercero
Que si el gobierno nacional encabeza (sic) del presidente Iván Duque
no muestra voluntad de seguir en este proceso, nos veremos en la
obligación de retomar estos cultivos y de resembrarlos por el
abandono de tantos años […]”. (Mayúsculas, negrillas y resaltado
originales del escrito).
4.2.5. El 20 de octubre de 2020, mediante oficio identificado con el
radicado nro. 20200060342815741, la defensora del pueblo regional Valle
del Cauca, remitió el precitado escrito a la Dirección de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito, señalando:
“[…] La Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca, en el marco
de lo establecido en el artículo 13 del decreto 25 de 2014, recibió
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
por parte de la comunidad campesina de los corregimientos La
Diadema, San Lorenzo de Tuluá y de las veredas La Esmeralda y La
Siria del Municipio de San Pedro, firmantes del acuerdo colectivo de
sustitución de cultivos de uso ilícitos en el año 2017 han estado a la
espera de la implementación del Programa Nacional Integral de
Sustitución – PNIS, sin que a la fecha se les haya brindado una
respuesta que permita un desarrollo alternativo a estas
comunidades.
En virtud de lo anterior, se han dirigido a esta entidad del Ministerio
Público para solicitar acompañamiento con el propósito de tener una
información clara y precisa de los pasos a seguir para continuar con
su voluntad de entrar a la legalidad productiva. Teniendo en cuenta
que hemos conocido desde esta entidad que por temas
presupuestales se ha propuesto generar el programa hecho a la
medida como alternativa para familias que no quedaron en el PNIS,
solicitamos a usted se pueda establecer una reunión con los líderes
de estas comunidades para socializar la medida propuesta desde el
Gobierno Nacional y se atiendan las diferentes inquietudes de la
comunidad para establecer procesos reales de sustitución.
Agradecemos la atención prestada a esta solicitud, quedando
atentos de su respuesta oportuna, la cual solicito se envíe en los
términos establecidos en el artículo 15 de la ley 25 de 1992, esto es
durante los 5 días después de recibir esta comunicación […]”.
(subrayas ajenas)
4.2.6. El 27 de octubre de 2020, mediante oficio identificado con el
radicado nro. 20202300114301, el director técnico encargado, de la
Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dio respuesta a la
defensora del pueblo regional Valle del Cauca, en los siguientes términos:
“[…] Sea lo primero señalar que la petición elevada por la comunidad
fue respondida de conformidad con las manifestaciones realizadas
en su escrito en la cual, en líneas generales, se les indicó:
a. La suscripción de acuerdos colectivos se dio en la etapa de
alistamiento de la hoja de ruta metodológica de intervención del
PNIS diseñada por la primera autoridad encargada del desarrollo del
programa, de manera que tales instrumentos corresponden a
socializaciones de la estrategia de sustitución y de captura de
información para la planeación de la ejecución de la política pública.
b. El Decreto Ley 896 de 2017 define como beneficiarios a los
núcleos familiares que cumplan con los requisitos del artículo 6
ibidem, que corresponde con los componentes temporal, volitivo y
situacional. Conforme a lo anterior, la inscripción al programa se
realiza mediante el diligenciamiento de los formularios de
vinculación individual por parte del titular del núcleo familiar con el
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
fin de verificar el cumplimiento de requisitos para ser incluido, y de
esa manera, establecer con una persona determinada los
compromisos que se deben observar con el fin de ejecutar los
beneficios que prevé la ruta de atención.
c. La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la ART – DSCI
recibió la operación del PNIS a partir de la vigencia del Decreto 2107
de 2019, es decir, a partir del 1 de enero de 2020. De acuerdo con
lo anterior, el programa se recibió en etapa de implementación con
los beneficiarios que se relacionaron en los documentos soporte
entregados por parte de la Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación. En consecuencia, la ejecución de
los beneficios se continuó con quienes figuran en los registros
administrativos incluidos como beneficiarios, teniendo en cuenta
que, conforme al mencionado decreto, y al artículo 5 del Decreto Ley
896 de 2017, la ejecución de nuevos acuerdos de sustitución
requiere de la certificación de disponibilidad presupuestal para el
efecto.
(…)
Ahora bien, en cuanto a su solicitud de socializar e implementar la
estrategia de “Hecho a la Medida” ante la falta de presupuesto para
el PNIS, nos permitimos informar lo siguiente:
En cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto 1223
de 2019, la DSCI ha diseñado la estrategia de articulación y gestión
denominada “Hecho a la Medida - HAM”, la cual enfocará sus
esfuerzos en la sustitución de cultivos ilícitos con familias o
comunidades que no se encuentren vinculadas al PNIS.
Dicha estrategia tiene como objetivo central acompañar a las
Alcaldías y Gobernaciones en los procesos de sustitución integral,
buscando la construcción conjunta y participativa de iniciativas
público – privadas, entre los diferentes actores económicos, sociales
e institucionales, que permitan la transformación del territorio a
intervenir, con el concurso y aportes de todos, incluyendo la
Cooperación Internacional y la vinculación de todas las entidades
cuya competencia sea requerida para el óptimo diseño y desarrollo
de la iniciativa.
Los recursos para la financiación y ejecución de las iniciativas que
se diseñen serán igualmente gestionados de manera conjunta en la
fase de diseño, con el concurso del Gobierno Nacional, los Gobiernos
Departamentales y locales; así como del sector empresarial, la
cooperación internacional, las comunidades o cualquier otra fuente
que se encuentre en el marco de la legalidad.
De esta manera, y ante la solicitud que precede, la Coordinación
Regional de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos iniciara
las gestiones respectivas ante la Gobernación del Valle del Cauca y
las Alcaldías de Tuluá y San Pedro para que, a través de su
coordinación y liderazgo, podamos dar inicio a las mesas de diálogo
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
con las comunidades los corregimientos La Diadema, San Lorenzo y
las veredas La Esmeralda y la Siria […]”. (Se destaca).
4.2.7. El 21 de abril de 2021, en la alcaldía municipal de Tuluá, Valle del
Cauca, se llevó a cabo una reunión de “Socialización de la estrategia de
sustitución voluntaria Hecho A la Medida “HAM””, en la que participaron
representantes de la Secretaría de Paz Territorial de la gobernación del
Valle del Cauca, de la alcaldía municipal de Tuluá y el coordinador de la
Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos – DSCI en el
departamento del Valle del Cauca.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la parte actora pretende el amparo de los
derechos fundamentales invocados con fundamento en que no se ha
cumplido el acuerdo colectivo suscrito el 30 de octubre de 2017 entre la
Dirección para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, la gobernación del
Departamento del Valle del Cauca, el alcalde del Municipio de Tuluá, Valle
del Cauca, el alcalde de San Pedro, Valle del Cauca y los representantes
de la comunidad.
Las autoridades accionadas alegaron que la acción de tutela es
improcedente por no cumplir los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez.
En ese escenario, la Sala examinará los (i) requisitos para la procedencia
de la acción de tutela, y, de estar superados, abordará el (ii) examen del
caso concreto, en el que se pronunciará sobre el Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS y, luego, dará
solución al caso concreto.
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4.3.1. Requisitos para la procedencia de la acción de tutela
La jurisprudencia de la Corte Constitucional34 ha explicado que conforme
el artículo 86 de la Constitución Política los requisitos para la procedencia
de la acción de tutela (cuando no se promueve contra una providencia
judicial) son: (i) la legitimación en la causa por activa y pasiva; (ii)
inmediatez y (iii) subsidiariedad. En ese contexto, comoquiera que las
autoridades accionadas controvierten la legitimación por pasiva, la
inmediatez y la subsidiariedad, la Sala examinará cada uno de los
requisitos controvertidos.
4.3.1.1. Legitimación en la causa por pasiva
La Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa por
pasiva en la acción de tutela “(…) hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental
(…)”35.
Así mismo, en la sentencia T-1001 de 2006, al citar la T-519 de 2001, la
Corte Constitucional expuso que “(…) la legitimación por pasiva de la
acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de
realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño (…)”.
En este caso, la acción de tutela se promovió contra la Dirección para la
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos36 que, conforme con lo dispuesto
por el artículo 1 del Decreto 896 de 2017, es la entidad a cargo del
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos
34
Al respecto, puede verse: Corte Constitucional. Sentencia T – 022 del 23 de enero de
2017. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
35
Corte Constitucional. Sentencia T-1015 del 30 de noviembre de 2006. M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
36
Adscrita a la Agencia de Renovación del Territorio. Conforme lo establecido en el
artículo 2 del Decreto 1223 del 2020, “por el cual se modifica la estructura de la Agencia
de Renovación del Territorio”.
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Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
(PNIS), y que, además, a través de un delegado, suscribió el acuerdo
colectivo objeto de debate en esta sede constitucional, por lo tanto, se
encuentra legitimada en la causa por pasiva en la medida que la parte
actora reclama el cumplimiento del referido acuerdo colectivo del 30 de
octubre de 2017.
Por otra parte, en el auto admisorio del 26 de agosto de 2024, se vinculó
a este trámite tutelar a varias entidades por solicitud de los accionantes,
de las cuales, la Agencia de Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la Oficina del Alto comisionado para la Paz, hoy
Consejería Comisionada para la Paz, el Municipio de Tuluá, la Agencia
Nacional de Tierras, el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento
del Valle del Cauca y el DAPRE, solicitaron su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
En ese sentido, sobre las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Agencia de Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Oficina del Alto comisionado para la Paz, hoy Consejería
Comisionada para la Paz, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de
Defensa Nacional, y el DAPRE, la Sala las negará teniendo en cuenta lo
siguiente:
(i) El Decreto 896 de 2017, por el cual se creó el Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), indicó en su
artículo 1 que dicho programa estará a cargo de la Dirección para la
Sustitución de Cultivos Ilícitos, adscrita a la Agencia de Renovación del
Territorio conforme lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1223 del
2020.
(ii) El Decreto 1223 de 2020, por medio del cual se modificó la estructura
de la Agencia de Renovación del Territorio, en su artículo 2 estableció que
la estructura de dicha entidad incluiría, entre otros, un Consejo Directivo
y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
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Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
A su turno, el artículo 1 del Decreto 159 de 2023, modificó el artículo 3
del precitado Decreto 1223 de 2020, en cuanto a la composición del
Consejo Directivo de la Agencia de Renovación del Territorio, y determinó
lo siguiente:
“[…] Artículo 1°. Modificar el artículo 3° del Decreto 1223 de
2020, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 3°. Consejo Directivo. El Consejo Directivo de la
Agencia para la Renovación del Territorio ART, estará integrado por
los siguientes miembros:
1. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, quien lo presidirá.
2. El Alto Comisionado para la Paz.
3. El Director de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera.
4. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
5. El Ministro de Defensa Nacional.
6. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
7. El Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
8. El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social (DPS).
9. El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP).
10. El Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
11. El Director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) […]”.
Bajo dicho contexto, se advierte que la Agencia de Desarrollo Rural, a
través de su presidente; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, a través del ministro; el Alto comisionado para la Paz, hoy
Consejería Comisionada para la Paz; la Agencia Nacional de Tierras, a
través de su director; el Ministerio de Defensa Nacional, a través del
ministro; y el DAPRE, a través de su director, hacen parte del Consejo
Directivo de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad que, a través
de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos, tiene a su cargo
el PNIS, por lo tanto, las precitadas entidades tienen interés en el
resultado de este proceso, comoquiera que están relacionadas con el
objeto de debate de esta solicitud de amparo constitucional, que gira en
torno al presunto incumplimiento de un acuerdo colectivo suscrito “para
la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito del
Programa Nacional Integral de sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS)
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Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
y el Desarrollo Territorial, en el marco de la implementación del acuerdo
final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera. Municipios de Tuluá y San Pedro Departamento del Valle del
Cauca”.
Finalmente, en cuanto a las solicitudes de desvinculación del Municipio
de Tuluá y del Departamento del Valle del Cauca, la Sala también las
negará comoquiera que dichas entidades territoriales suscribieron el
acuerdo colectivo objeto de debate en esta acción constitucional.
En este punto, no sobra advertir que la Corte Constitucional, en la
sentencia SU-545 de 2023 en la resolvió un asunto similar al que es
objeto de examen, anotó que “(…) la competencia de implementación del
PNIS, no solo depende de la ART, sino de varias entidades a nivel nacional
y territorial que están obligadas, según sus competencias, a ejecutar los
diferentes componentes del PNIS (…)”.
4.3.1.2. Inmediatez
La jefe de la oficina asesora jurídica de la Agencia de Renovación del
Territorio alegó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
inmediatez comoquiera que el acuerdo colectivo objeto de debate fue
suscrito en octubre de 2017, por lo que han transcurrido 7 años para
hacer exigible sus pretensiones.
Al respecto, la Sala recuerda que este requisito de procedencia de la
acción de tutela implica que la solicitud de amparo se promueva en un
plazo razonable desde el momento en que se originó la amenaza o
vulneración alegada; ello, debido al carácter excepcional de la tutela y
que se trata de un instrumento previsto para la protección urgente e
inmediata de los derechos fundamentales.
En este caso, la Sala considera que el hecho generador de la presunta
transgresión de los derechos fundamentales radica en el alegado
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Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
incumplimiento del acuerdo colectivo suscrito entre los accionantes y las
entidades accionadas en octubre de 2017, por lo que en ese escenario el
requisito de inmediatez está acreditado, dado que, la eventual
vulneración de los derechos fundamentales es actual, porque el alegado
incumplimiento permanece en el tiempo.
En efecto, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 545 de 2023, al
revisar unos casos similares al que es objeto de estudio, adujo que “(…)
el presunto incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado
con la implementación del PNIS, según los hechos narrados en las
demandas, persiste, haciendo que la vulneración de sus derechos
fundamentales sea actual (…)”37.
4.3.1.3. Subsidiariedad
El Municipio de Tuluá y la Agencia de Renovación del Territorio alegaron
la falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad con fundamento
en que los accionantes cuentan con otros mecanismos idóneos de defensa
como la acción de cumplimiento y/o la acción popular.
En cuanto a la acción de cumplimiento, la Corte Constitucional ha
señalado que “(…) es un mecanismo judicial mediante el cual se pretende
obtener cumplimiento a mandatos expresos contenidos en normas con
fuerza material de ley o actos administrativos. Se trata de una acción
subsidiaria respecto de la acción de la tutela, de manera que esta última
es prevalente cuando lo que se busca es la protección directa de derechos
constitucionales fundamentales que pueden verse vulnerados o
amenazados por la omisión de una autoridad (…)”38. (Se destaca).
37
Corte Constitucional. Sentencia SU 545 del 6 de diciembre de 2023. M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas.
38
Corte Constitucional. Sentencia SU 077 del 8 de agosto de 2018. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
34
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Adicionalmente, en la sentencia SU-545 de 202339, al estudiar la
naturaleza jurídica de los acuerdos colectivos suscritos en el marco del
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos –
PNIS, la Corte Constitucional concluyó que dichos acuerdos no son actos
administrativos, por lo que aseguró que la acción de cumplimiento no es
procedente en estos casos.
Ahora, frente a la acción popular, la Corte Constitucional en la precitada
sentencia, al analizar un caso similar al que es objeto de estudio en este
trámite tutelar, señaló expresamente que “(…) la acción popular tampoco
resulta idónea ni eficaz para detener la vulneración a derechos
fundamentales denunciada por los accionantes dada su dimensión
personal. Ello, es así por dos razones. En primer lugar, la acción popular
resulta inidónea debido a que se alegan vulneraciones a derechos
fundamentales individuales, los cuales deben ser protegidos mediante la
acción de tutela. En segundo lugar, la acción popular resulta ineficaz,
dada la urgencia de proteger esos derechos (…)”40.
En aquella oportunidad, la Corte Constitucional, concluyó que “(…)
teniendo en cuenta las dificultades que enfrenta la implementación del
PNIS, no se advierte otro mecanismo idóneo para garantizar la efectiva
protección de los derechos afectados (…)”41.
En ese orden de análisis, la acción de tutela resulta procedente
comoquiera que los accionantes no cuentan con otro mecanismo idóneo
y eficaz para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales que
estiman están siendo vulnerados.
39
Corte Constitucional. Sentencia SU 545 del 6 de diciembre de 2023. M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas.
40
Ibidem.
41
Ibidem.
35
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4.3.2. Examen del caso concreto
Descendiendo al examen de fondo, se tiene que, la parte actora alegó que
los derechos fundamentales invocados están siendo vulnerados debido a
que no se ha dado cumplimiento al “Acuerdo colectivo para la sustitución
voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito del Programa Nacional
Integral de sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS) y el Desarrollo
Territorial, en el marco de la implementación del acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Municipios de Tuluá y San Pedro Departamento del Valle del Cauca”
suscrito el 30 de octubre de 2017.
Por consiguiente, la Sala estima pertinente referirse al Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, para luego
abordar la solución del caso concreto.
4.3.2.1. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito - PNIS
En el año 2016, el Gobierno Nacional de la época suscribió con las FARC-
EP el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera”, el cual está compuesto de seis ejes
temáticos: 1. la reforma rural integral, 2. la participación política, 3. el fin
del conflicto, 4. la solución al problema de las drogas ilícitas, 5. las víctimas
del conflicto, y 6. los mecanismos de implementación, verificación y
refrendación del acuerdo.
En el desarrollo del punto número cuatro del Acuerdo Final de Paz, esto
es, la solución al problema de las drogas ilícitas, se consideró lo
siguiente42:
42
Consultado en
https://www.jep.gov.co/Documents/Acuerdo%20Final/Acuerdo%20Final.pdf
36
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“[…] 4. Solución al Problema de las Drogas ilícitas
(…)
Que un aspecto de la solución al problema de las drogas ilícitas es
la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito, para
lo cual es necesario poner en marcha un nuevo programa que, como
parte de la transformación estructural del campo que busca la RRI,
contribuya a generar condiciones de bienestar y buen vivir para las
poblaciones afectadas por esos cultivos.
Que se deben buscar nuevas opciones centradas en procesos de
sustitución de cultivos de uso ilícito y la implementación de Planes
Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo que harán parte
de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito que tendrá una nueva institucionalidad.
Que la solución definitiva es posible si es el resultado de una
construcción conjunta entre las comunidades —hombres y
mujeres— y las autoridades mediante procesos de planeación
participativa, que parten del compromiso del gobierno de hacer
efectiva la Reforma Rural Integral y los Planes Integrales de
Sustitución y Desarrollo Alternativo y el compromiso de las
comunidades de avanzar en los procesos de sustitución voluntaria.
Este compromiso de sustitución voluntaria de las comunidades es un
factor fundamental para el logro de los objetivos.
(…)
4.1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Planes integrales de desarrollo con participación de las
comunidades —hombres y mujeres— en el diseño, ejecución
y evaluación de los programas de sustitución y recuperación
ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.
En el marco del fin del conflicto y de la construcción de la paz, y con
el fin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar
y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito,
en particular para las comunidades campesinas en situación de
pobreza que en la actualidad derivan su subsistencia de esos
cultivos, y de esa manera encontrar también una solución sostenible
y definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito y a todos los
problemas asociados a ellos en el territorio, el Gobierno Nacional
creará y pondrá en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
El nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de
Uso Ilícito, será la autoridad nacional competente, en cabeza de la
Presidencia de la República, en coordinación con las autoridades
departamentales y municipales y tendrá un carácter civil sin
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
perjuicio de su coordinación con las autoridades estatales que se
requieran para garantizar su pleno desenvolvimiento, incluyendo las
responsables de la seguridad y protección de las comunidades según
la concepción de seguridad contemplada en el Acuerdo Final.
El PNIS pondrá en marcha un proceso de planeación participativa
para garantizar la participación activa y efectiva de las comunidades
—hombres y mujeres— en el proceso de toma de decisiones y en la
construcción conjunta de las soluciones. Las FARC-EP luego de la
firma de Acuerdo Final y en los términos que se acuerde en los
puntos 3 y 6 de la Agenda del Acuerdo General participarán en el
Programa y contribuirán a la solución de los problemas de los
cultivos de uso ilícito.
[…]”. (Negrillas originales, subrayas ajenas).
En ese contexto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado
que el Acuerdo Final de Paz señaló que “para encontrar una solución
estable y duradera al fenómeno de los cultivos de uso ilícito, es
indispensable que el Gobierno Nacional adopte un nuevo Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Este
programa deberá tener el propósito de “generar condiciones materiales e
inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por
cultivos de uso ilícito, en particular para las comunidades campesinas en
situación de pobreza que en la actualidad derivan su subsistencia de esos
cultivos”. Lo anterior, a partir de un enfoque integral, que no se centre de
forma exclusiva en la eliminación física de cultivos de uso ilícito a partir de
estrategias represivas, sino que esté basado en los derechos humanos de
los cultivadores y recolectores, reconozca las dimensiones de salud pública
del fenómeno y propenda por la inclusión de “modelos de economía lícita
en los territorios afectados, que respondan a las causas históricas que
permitieron en primer lugar la expansión de los cultivos de uso ilícito en
los territorios” (…)”43.
43
Corte Constitucional. Sentencia T- 146 del 2 de mayo de 2024. M.P.: Paola Andrea
Meneses Mosquera.
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Cabe destacar que el Acuerdo Final de Paz dispuso que el PNIS “hace parte
de la Reforma Rural Integral (…) [y que] además de los principios
acordados en el marco de dicha reforma”44 se regirá por los siguientes
principios: (i) integración a la Reforma Rural Integral; (ii) construcción
conjunta, participativa y concertada; (iii) enfoque diferencial de acuerdo a
las condiciones de cada territorio; (iv) respeto y aplicación de los principios
y las normas del estado social de derecho y convivencia ciudadana, y (v)
sustitución voluntaria.
En cuanto al primer principio, integración a la Reforma Rural Integral, el
Acuerdo Final de Paz estableció que “el PNIS es un componente de la
Reforma Rural Integral. Atiende unas poblaciones y territorios con
características específicas, que por eso requieren de unas medidas
adicionales y particulares respecto de las demás comunidades rurales. Los
territorios afectados con cultivos de uso ilícito pueden coincidir con zonas
priorizadas en las que se implementen los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial - PDET en cuyo caso las acciones y ejecución del
Programa deben adelantarse en el marco del Plan de Acción para la
Transformación Regional del respectivo territorio”45. (Se destaca)
En relación con el segundo principio, esto es, la construcción conjunta,
participativa y concertada, el Acuerdo Final de Paz, dispuso que “(…) la
construcción conjunta toma como base la decisión de las comunidades —
hombres y mujeres— de abandonar estos cultivos y transitar mediante la
sustitución hacia otras actividades económicas. La concertación con las
comunidades es prioritaria para planificar y establecer los lineamientos de
ejecución y control del Programa en el territorio (…)”46.
44
Consultado en
https://www.jep.gov.co/Documents/Acuerdo%20Final/Acuerdo%20Final.pdf
45
Ibidem.
46
Ibidem.
39
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Por su parte, frente al principio de sustitución voluntaria, el Acuerdo Final
de Paz indicó que “a partir de la decisión y compromiso de los cultivadores
y cultivadoras de abandonar los cultivos de uso ilícito, la sustitución
voluntaria es un principio fundamental del Programa, para generar
confianza entre las comunidades y crear condiciones que permitan
contribuir a la solución del problema de los cultivos de uso ilícito, sin
detrimento de la sostenibilidad económica, social y ambiental de las
comunidades y de los respetivos territorios”47.
En cumplimiento de lo pactado en el punto cuatro del Acuerdo Final de
Paz, el 29 de mayo de 2017, se expidió el Decreto 896 de 2017, por medio
del cual se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito (PNIS).
En el artículo primero del Decreto 896 de 2017 se estableció “el Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), a cargo
de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos adscrita a la Alta
Consejería Presidencial para el Posconflicto del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República”.
Seguidamente, el artículo segundo del Decreto 896 de 2017 dispuso que
el PNIS tiene por objeto promover la sustitución voluntaria de cultivos de
uso ilícito “a través del desarrollo de programas y proyectos para
contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de
las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso
ilícito”.
Por su parte, el artículo 6 ibidem determinó que “son beneficiarios del
PNIS las familias campesinas en situación de pobreza que derivan su
subsistencia de los cultivos de uso ilícito, que voluntariamente se
comprometan a las sustituciones de los cultivos de uso ilícito, la no
47
Ibidem.
40
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resiembra, ni estar involucradas en labores asociadas a estos, y que no
hayan realizado siembras posteriores al 10 de julio de 2016”. (Se destaca)
A su turno, el artículo 7 ibidem dispuso:
“[…] Artículo 7°. Elementos para el desarrollo del PNIS. Para
efectos de lograr que el desarrollo integral del PNIS tenga unas
condiciones adecuadas y garantizar que su ejecución cumpla con su
objeto, entre otros, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
1. Las condiciones de seguridad para las comunidades y los
territorios afectados por los cultivos de uso ilícito.
2. Planes de Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y
Desarrollo Alternativo (PISDA).
3. Los acuerdos de sustitución celebrados con las comunidades.
4. Priorización de territorios.
5. Tratamiento Penal Diferencial.
(…)
Parágrafo 2°. Los acuerdos suscritos en el marco del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS),
implican la formalización del compromiso tanto de las comunidades
con la sustitución voluntaria y concertada, la no resiembra, el
compromiso pleno de no cultivar ni estar involucrado en labores
asociadas a los cultivos de uso ilícito ni de participar en la
comercialización ilegal de las materias primas derivadas de estos,
como el compromiso del Gobierno con la ejecución del plan de
atención inmediata y la puesta en marcha del proceso de
construcción conjunta participativa y concertada de los planes
integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo
alternativo.
Los acuerdos celebrados con las comunidades serán objeto de la
definición técnica que para el efecto señale la Dirección para la
Sustitución de Cultivos Ilícitos, y deberán integrarse cuando ello
corresponda a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
(…)
Parágrafo 3°. El PNIS tiene una cobertura nacional pero su
implementación iniciará por los territorios priorizados según los
siguientes criterios:
1. Zonas priorizadas en el marco de los PDET.
2. Densidad de cultivos de uso ilícito y de población.
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3. Parques Nacionales Naturales según la normatividad vigente.
4. Comunidades que se hayan acogido al tratamiento penal
diferencial.
(…)
Parágrafo 5°. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de
Uso Ilícitos (PNIS) será cumplido de acuerdo con los objetivos fijados
en el Acuerdo Final de Paz, de manera concertada y descentralizada.
Los beneficiarios podrán renegociar la operación de proyectos
productivos de ciclo corto y de ciclo largo, por una sola vez y de
forma concertada con el Gobierno nacional. teniendo en cuenta los
beneficios que ya les fueron otorgados en el marco del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Las modificaciones a los acuerdos de sustitución serán aprobadas
mediante acto administrativo emitido por la Dirección de Sustitución
de Cultivos de Uso Ilícito, o quien haga sus veces […]”. (Se destaca).
De la precitada disposición, se advierte que entre los elementos que
componen el desarrollo del PNIS están, entre otros, (i) los acuerdos de
sustitución celebrados con las comunidades y (ii) la priorización de
territorios, los cuales serán examinados a continuación.
(i) Los acuerdos de sustitución celebrados con las comunidades
Como se viene mencionando, el numeral 3 del artículo 7 del Decreto 896
de 2017 estableció dentro de los elementos para el desarrollo del PNIS
los acuerdos de sustitución celebrados con las comunidades.
Asimismo, el parágrafo segundo del artículo 7 ibidem dispuso que los
acuerdos suscritos en el marco del PNIS implican la formalización del
compromiso “tanto de las comunidades con la sustitución voluntaria y
concertada, la no resiembra, el compromiso pleno de no cultivar ni estar
involucrado en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni de
participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas
de estos, como el compromiso del Gobierno con la ejecución del plan de
atención inmediata y la puesta en marcha del proceso de construcción
42
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Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
conjunta participativa y concertada de los planes integrales municipales y
comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo”.
Cabe mencionar que, en la sentencia SU-545 de 2023, la Corte
Constitucional definió la naturaleza y el carácter vinculante de los
acuerdos colectivos de sustitución. Allí consideró que, “conforme al punto
4.1 del AFP [Acuerdo Final de Paz] y el parágrafo 2 del artículo 7 del
Decreto 896 de 2017, los acuerdos colectivos de sustitución son pactos
plurilaterales vinculantes. Esto, con fundamento en tres
premisas. Primero, en los acuerdos colectivos de sustitución “no
interviene únicamente la voluntad de la administración pública”. Por el
contrario, en ellos intervienen las comunidades, el Gobierno Nacional, las
entidades territoriales y, en algunos casos, representantes de las
EXFARC-EP. Segundo, los acuerdos colectivos de sustitución “pretenden
materializar el carácter voluntario y concertado a la salida definitiva del
problema de los cultivos de uso ilícito”, conforme al punto 4.1 del AFP
[Acuerdo Final de Paz]. Tercero, los acuerdos colectivos son jurídicamente
vinculantes porque son el resultado de un “proceso de participación de las
comunidades con el Gobierno Nacional, enmarcado en el principio de la
buena fe, [que] crean obligaciones para las partes que los suscriben, en
virtud del Decreto Ley 896 de 2017”. En particular, en estos acuerdos se
plasma el compromiso de las comunidades con la sustitución voluntaria y
concertada de cultivos ilícitos, así como el compromiso del Gobierno con
la ejecución de cada uno de los componentes del PNIS”48.
Ahora, con la finalidad de comprender en su totalidad este elemento del
PNIS, sobre los acuerdos de sustitución celebrados con las comunidades,
la Sala considera pertinente precisar que, de conformidad con el artículo
6 del Decreto 896 de 2017, los beneficiarios del PNIS son las familias
campesinas en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los
48
Corte Constitucional. Sentencia T-146 de 2024. M.P.: Paola Andrea Meneses
Mosquera.
43
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Accionantes: Jhon Hader Amézquita Valencia, como representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
cultivos de uso ilícito y que voluntariamente se comprometan a las
sustituciones de los cultivos de uso ilícito, la no resiembra, ni estar
involucradas en labores asociadas a estos, y que no hayan realizado
siembras posteriores al 10 de julio de 2016.
En la sentencia C-493 de 2017, la Corte Constitucional señaló que el
artículo 6 ibidem prevé tres componentes para determinar los
beneficiarios del PNIS: “(…) el situacional, el volitivo y el temporal.
El componente situacional “impone que para ser beneficiario del PNIS se
requiere [ser] una familia, que sea campesina, que esté en situación de
pobreza y que derive su subsistencia de los cultivos de uso ilícito”. De otro
lado, el componente volitivo “exige la suscripción voluntaria de tres
compromisos: sustituir los cultivos de uso ilícito, no volverlos a sembrar
y no estar involucrados en labores asociadas a esos cultivos ilícitos”. Por
último, el componente temporal “consiste en no haber realizado siembras
de cultivos ilícitos posteriores al 10 de julio de 2016 (…)”49.
Ahora, para establecer cómo un núcleo familiar es beneficiario y, por lo
tanto, está vinculado al PNIS, vale la pena traer a colación lo explicado
en la sentencia T- 146 de 2024 proferida por la Corte Constitucional, así:
“[…] 89. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala
encuentra que conforme al AFP [Acuerdo Final de Paz], el Decreto
Ley 896 de 2017, el Acuerdo Colectivo de Sustitución y la
jurisprudencia constitucional, (i) los núcleos familiares que cumplían
con los requisitos previstos en el artículo 6 del Decreto 896 de 2017
tenían derecho a ser incluidos en el PNIS, (ii) para vincularse al
programa, estos núcleos familiares debían manifestar su voluntad a
las entidades competentes y suscribir los acuerdos colectivos o
individuales de sustitución; y (iii) el Gobierno Nacional debía
adelantar acciones y campañas de promoción de la vinculación al
programa y sólo estaba facultado para negar la inclusión por el
incumplimiento de los requisitos previstos en la ley.
90. La sección 3.1 del Acuerdo Colectivo de Sustitución de
Miraflores, Guaviare, señala que “el acuerdo colectivo se suscribe
49
También puede verse: Corte Constitucional. Sentencia T-146 de 2024. M.P.: Paola
Andrea Meneses Mosquera.
44
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por el reconocimiento por parte de la comunidad [de que] en el
territorio hay en la actualidad aproximadamente 1294 núcleos
familiares afectados por los cultivos de uso ilícito y se estiman en
2547 hectáreas de cultivos de uso ilícito […]”. Asimismo, el acuerdo
identificó las 34 veredas del municipio de Miraflores en los que
estaban ubicados cada uno de los núcleos familiares. La Sala
reconoce que como lo afirma la ART, esto no implicaba que los 1294
núcleos quedaron automáticamente vinculados al PNIS, debido a
que el universo de beneficiarios era un estimativo y, además, los
núcleos familiares no fueron completamente individualizados. Por
esta razón, la formalización de la vinculación estaba supeditaba a la
suscripción de los formularios o acuerdos individuales de sustitución,
a través de los que el Gobierno Nacional podía conocer información
indispensable para establecer si las familias postulantes tenían o no
el derecho de vincularse al PNIS […]”. (Se destaca).
Conforme con lo expuesto, es claro que los beneficiarios del PNIS son las
familias campesinas que cumplan con los requisitos previstos por el
artículo 6 del Decreto 896 de 2017 y hayan manifestado la voluntad de
abandonar los cultivos de uso ilícito a través de la suscripción de los
formularios o acuerdos individuales de sustitución, por lo que el acuerdo
celebrado con las comunidades no implica per se el ingreso al PNIS.
(ii) La priorización de territorios
En precedencia se indicó que el artículo 7 del Decreto 896 de 2017
estableció entre los elementos para lograr el desarrollo integral del PNIS
la priorización de territorios. En concordancia con ello, el parágrafo 3 de
la misma disposición indicó que el PNIS tiene una cobertura nacional, pero
su implementación iniciaría por los territorios priorizados, según los
siguientes criterios: “1. zonas priorizadas en el marco de los PDET; 2.
densidad de cultivos de uso ilícito y de población; 3. Parques Nacionales
Naturales según la normatividad vigente y 4. comunidades que se hayan
acogido al tratamiento penal diferencial”.
No sobra advertir en este punto que, como se explicó en los acápites
anteriores, en el Acuerdo Final de Paz se señaló que el PNIS hace parte
de la Reforma Rural Integral y como uno de los principios aplicables está
la integración a la Reforma Rural Integral, lo que supone que “los
45
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territorios afectados con cultivos de uso ilícito pueden coincidir con zonas
priorizadas en las que se implementen los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial-PDET”50.
En el escenario hasta aquí descrito, debe tenerse en cuenta que el 28 de
mayo de 2017 se expidió el Decreto 893 de 2017, por medio del cual se
crearon los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.
Conforme con el artículo 1 del precitado decreto, los PDET son un
instrumento de planificación y gestión para implementar de manera
prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma
Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo
Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios
priorizados en el presente Decreto de conformidad con los criterios
establecidos en el Acuerdo Final. Además, precisó que “los PDET se
formularán por una sola vez y tendrán una vigencia de diez (10) años”.
En el artículo 3 ibidem, se determinó la siguiente cobertura geográfica de
los PDET:
“[…] Artículo 3°. Cobertura Geográfica. Se desarrollarán 16 PDET,
en 170 municipios agrupados así:
50
Consultado en:
https://www.jep.gov.co/Documents/Acuerdo%20Final/Acuerdo%20Final.pdf
46
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Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
[…]”.
4.3.2.2. Solución al caso concreto
Los accionantes solicitan el amparo de sus derechos fundamentales a la
vida, la integridad, la intimidad, la familia, la salud, el mínimo vital, el
debido proceso y la consulta previa, los cuales estiman les han sido
conculcados por las autoridades accionadas, con ocasión del presunto
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incumplimiento del “Acuerdo colectivo para la sustitución voluntaria y
concertada de cultivos de uso ilícito del Programa Nacional Integral de
sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS) y el Desarrollo Territorial, en
el marco de la implementación del acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Municipios de
Tuluá y San Pedro Departamento del Valle del Cauca”, el cual se suscribió
en el marco del desarrollo del PNIS.
Como sustento de lo anterior, en el escrito de tutela alegaron que “(…) a
pesar de que el acuerdo fue firmado hace más de 6 años, las autoridades
aún no han cumplido con las medidas acordadas para la sustitución de
cultivos ilícitos, dejando a las familias firmantes en una situación de
vulnerabilidad y sin las garantías necesarias para su bienestar (…)”51.
Agregaron que “(…) algunos: (i) no han ingresado formalmente al
programa; (ii) no han podido suscribir los formularios individuales luego
haber firmado los colectivos; y (iii) no han recibido los apoyos para
desarrollar proyectos productivos de conformidad con lo acordado, a
pesar de ser actuales beneficiarios del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS-. Además (…) las entidades
estatales venían realizando operaciones de erradicación forzosa sin agotar
las etapas de participación con las comunidades involucradas y sin
verificar los acuerdos suscritos (…)”52.
Para resolver, la Sala precisa que está acreditado que, en octubre de
2017, se suscribió el acuerdo colectivo para la sustitución voluntaria de
cultivos de uso ilícitos en el marco del PNIS, entre las autoridades
accionadas y miembros de las comunidades pertenecientes a las veredas
La Coca, Ventiaderos, El Vergel, Maravelez, La Diadema del municipio de
Tuluá, y La Esmeralda y La Siria del Municipio de San Pedro,
51
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
52
Ibidem.
50
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Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
representadas en esta acción de tutela a través de los accionantes que
allí habitan.
No obstante, como se explicó en precedencia, los beneficiarios del PNIS
son los núcleos de familias campesinas que cumplan con los requisitos
previstos en el artículo 6 del Decreto 896 de 2017, y, además, hayan
manifestado la voluntad de abandonar los cultivos de uso ilícito a través
de la suscripción de los formularios o acuerdos individuales de sustitución.
En este caso, en el acuerdo colectivo que se alega incumplido se explicó53:
“[…] Este acuerdo colectivo se suscribe sobre el reconocimiento por
parte de la comunidad de que en el territorio hay en la actualidad
aproximadamente 215 familias afectadas por los cultivos de uso
ilícito y se estiman 158 hectáreas de cultivos de uso ilícito
relacionados así:
4.1.1. Identificación de núcleos veredales o veredas, número de
familias involucradas y número de has estimadas.
[…]”.
Lo anterior, quiere significar que en dicho acuerdo se estimó que
aproximadamente 215 familias estaban afectadas por los cultivos de uso
ilícito en la vereda San Lorenzo y La Diadema del Municipio de Tuluá, así
como en el Municipio de San Pedro en el Departamento del Valle del
Cauca; sin embargo, los accionantes no allegaron o acreditaron que
suscribieron los formularios o acuerdos individuales de sustitución para
ser beneficiarios del PNIS, por lo tanto, la Sala considera que no es posible
predicar la vulneración de los derechos fundamentales invocados
53
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
51
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alegando el incumplimiento del acuerdo colectivo y, de contera, los
beneficios del PNIS, cuando la parte actora no logró acreditar que en
efecto son beneficiarios e ingresaron al programa.
En este punto, se pone de presente que en el escrito de tutela la parte
actora alegó que “(…) algunos: (i) no han ingresado formalmente al
programa; (ii) no han podido suscribir los formularios individuales luego
de haber firmado los colectivos (…)”; sin embargo, no refirieron
específicamente quiénes de los accionantes no suscribieron los
formularios individuales, a lo que se suma que tampoco explicaron, ni
acreditaron ni siquiera de manera sumaria en esta solicitud de amparo, la
razón por la que no han podido suscribir dichos formularios individuales.
Al respecto, como lo ha señalado la Corte Constitucional, pese al carácter
informal de la acción de tutela, rige el principio “onus probandi incumbit
actori”, según el cual, la carga de la prueba incumbe al actor. En
consecuencia, quien pretenda el amparo de un derecho fundamental debe
demostrar los hechos en que se funda su pretensión, a fin de que la
determinación del juez, obedezca a la certeza y convicción de que se ha
violado o amenazado el derecho54, no obstante, existen situaciones
excepcionales en las que se invierte la carga de la prueba, por las
circunstancias especiales de indefensión en las que se encuentra el
peticionario, teniendo la autoridad pública accionada el deber de
desvirtuarla o incluso el juez la potestad de solicitar pruebas de oficio 55;
en este evento, los accionantes no explican razón alguna por la que no
han suscrito los acuerdos individuales, por ende, no se trata de una
prueba que esté al alcance del juez constitucional pedirla, teniendo en
cuenta que tales acuerdos individuales deben suscribirlos los solicitantes
de manera voluntaria.
54
Corte Constitucional. Sentencia T- 131 de 2007.
55
Corte Constitucional. Sentencia T- 571 de 2015.
52
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Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
Cabe señalar que el PNIS se fundamenta, entre otros principios, en la
construcción conjunta, participativa y concertada lo que implica la
decisión de las comunidades -hombres y mujeres- de abandonar los
cultivos ilícitos y transitar a otras actividades económicas. A su vez, el
principio que la sustitución es voluntaria implica la decisión y compromiso
de los cultivadores y cultivadoras de abandonar los cultivos de uso ilícito.
En línea con lo expuesto, la Sala recuerda que en el informe rendido por
la Agencia de Renovación del territorio explicó que “(…) los compromisos
adquiridos por el Gobierno Nacional al suscribir el acuerdo colectivo solo
podían ejecutarse si los titulares, en representación de cada núcleo
familiar, firmaban los acuerdos individuales, manifestando su
cumplimiento libre y voluntario de los requisitos del PNIS. Esta condición,
esencial para la ejecución del programa, dependía de la firma de los
formularios de vinculación por cada familia (…)”56.
Sumado a lo dicho, como ya se indicó, el artículo 7 del Decreto 896 de
2017 dispuso como elementos para el desarrollo del PNIS, los acuerdos
de sustitución celebrados con las comunidades y en este evento no está
acreditado la suscripción de los acuerdos o formularios individuales de
sustitución para ingresar al PNIS.
Adicionalmente, otro de los elementos para el desarrollo del PNIS es la
priorización de territorios. En cuanto a este elemento, se recuerda que el
parágrafo 3 del citado artículo 7 ibidem estableció que el PNIS tiene una
cobertura nacional, pero su implementación iniciará en los territorios
priorizados acorde con los siguientes criterios: 1. zonas priorizadas en el
marco de los PDET; 2. densidad de cultivos de uso ilícito y de población;
3. Parques Nacionales Naturales según la normatividad vigente; 4.
comunidades que se hayan acogido al tratamiento penal diferencial.
56
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
53
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Del marco normativo expuesto, específicamente del Decreto 893 de 2017,
por medio del cual se crearon los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET), se evidencia que se crearon 16 PDET en 170
municipios, en los que no están relacionados los municipios de Tuluá y
San Pedro, por lo que, tal como lo indicó la Agencia de Renovación del
Territorio, en el informe rendido con destino a este trámite tutelar, dichos
municipios no se encuentran priorizados en el PNIS.
Por lo tanto, de los elementos expuestos en el artículo 7 del Decreto 896
de 2017 para el desarrollo del PNIS no están acreditados dos de ellos,
estos son, los acuerdos de sustitución celebrados con las comunidades,
en el entendido que no se aportaron los acuerdos individuales para que
los núcleos familiares sean beneficiarios del PNIS y tampoco la
priorización del territorio para la implementación del programa, por
cuanto los accionantes manifiestan ser habitantes de los municipios de
Tuluá y San Pedro en el Departamento del Valle del Cauca, los cuales no
están incluidos en los PDET.
En consecuencia, la Sala considera que no se evidencia una afectación a
los derechos fundamentales invocados, dado que el reproche de los
accionantes está encaminado a cuestionar la falta de cumplimiento de los
compromisos adquiridos por las autoridades accionadas al suscribir, en el
marco del PNIS, el acuerdo colectivo para la sustitución voluntaria de
cultivos de uso ilícito y de contera que no han sido beneficiarios de los
componentes del PNIS; sin embargo, la parte actora no acreditó, que en
efecto, sean beneficiarios del PNIS lo que implicaba demostrar no solo la
suscripción del acuerdo colectivo, sino también el acuerdo o los
formularios individuales de sustitución por cada núcleo familiar, además,
tampoco se alegó o probó los motivos por los que no se han podido
suscribir los acuerdos individuales. A todo ello, se suma que los
accionantes están ubicados en municipios que no están incluidos en los
PDET y el PNIS se desarrolla a través de criterios de priorización, entre
los que se encuentra los PDET.
54
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Por otra parte, en el escrito de tutela, los accionantes también aseveraron
que “(…) las entidades estatales venían realizando operaciones de
erradicación forzosa sin agotar las etapas de participación con las
comunidades involucradas y sin verificar los acuerdos suscritos (…)”57; sin
embargo, no relataron en qué fecha se llevaron a cabo tales operaciones,
ni aportaron prueba alguna que demostrara tal actuación.
Por lo anotado, la Sala negará la solicitud de amparo deprecada, dado
que no se advierte ni está acreditada la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por los accionantes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Agencia de Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Consejería Comisionada para la Paz, el municipio de Tuluá,
la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Defensa Nacional, el
departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República – DAPRE, conforme lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Jhon Hader
Amézquita Valencia, en calidad de representante legal de la Junta de
Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, Valle del
Cauca, y los señores Ana María Silva Martínez, Joaquín Emilio Sánchez
Giraldo, Raúl Rodríguez, Adán Herrera García, Arnulfo Carvajal Tibana,
57
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04297 00.
55
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Junta de Acción Comunal de la vereda La Coca del municipio de Tuluá, y Otros
Alexander Carvajal Rodríguez, Fabio Alexander Barragán Arias,
Circunsición Herrera García, Clariza Sánchez Arias, Deisy Lorena
Lancheros Luna, Víctor Alfonso Giraldo Llanos y Brito Cardemio Apraez
Diaz, conforme lo señalado en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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