Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04304-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Los requisitos generales de procedencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04304-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04304-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
13 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04304-00
Demandante: EDELMIRA GUTIÉRREZ HERRERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL - Se pretende usar la tutela como instancia adicional del
proceso de origen / SUBSIDIARIEDAD – la parte actora contaba con otro
mecanismo judicial idóneo y eficaz para garantizar la protección de los derechos
fundamentales que consideró vulnerados, esto es, la solicitud de adición de la
providencia cuestionada.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Edelmira Gutiérrez
Herrera contra el Tribunal Administrativo del Huila.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 15 de agosto de 20241, la señora Edelmira Gutiérrez Herrera presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):
PRIMERO: Prodigarme la protección de AMPARO DE TUTELA por violación
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, frente a la entidad
judicial demandada, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DEL HUILA, con
ocasión del auto del 28 de mayo de 2024, mediante el cual niega un “recurso
de apelación” y confirma el auto calendado 30 de agosto de 2023 proferido
por el Juzgado 3 Administrativo Oral de Neiva, que “niega librar mandamiento
de pago” en el proceso ejecutivo bajo el radicado 41-001-33-33-003-2023-
00206-00; lo que configuró un “defecto procedimental absoluto” por
contravenir el artículo 328 del CGP y un “defecto fáctico”.
SEGUNDO: Ordenándosele que dentro de las 48 horas siguientes al fallo
CONFORME A LAS ORIENTACIONES DADAS POR LA ORDEN DE
AMPARO que emita Honorable Consejo de Estado, se deje sin efectos el auto
1 Se advierte que, el 3 de septiembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04304-00
Demandante: Edelmira Gutiérrez Herrera
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
del 28 de mayo de 2024 proferido por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL
DEL HUILA con ponencia del magistrado Dr. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
dentro del “proceso ejecutivo” bajo el radicado 41-001-33-33-003-2023-00206-
01 y, en su lugar, se ordene al Despacho judicial accionado que profiera una
nueva decisión, ordenando librar mandamiento de pago del proceso ejecutivo
de la referencia, de conformidad con la legislación procesal y jurisprudencial
vigente.
TERCERO: Cualquier otra orden que el Honorable CONSEJO DE ESTADO
considere pertinente.
1.2. Hechos y argumentos de la tutela
Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:
La señora Edelmira Gutiérrez Herrera lleva 14 años esperando que Enel S.A. junto
con la Agencia Nacional de Tierras y la ANLA den cumplimiento a los numerales
3.3. y 3.5. del artículo 10 y los numerales 2 y 6 del artículo 12 de la Licencia
Ambiental que se otorgó mediante la Resolución 0899 de 2009 para construir,
llenar y operar la Hidroeléctrica del Quimbo en el Huila, en la cual «me reconocen
como beneficiaria para que se me adjudiquen 5 HA con riego».
Por lo anterior, la aquí accionante y 44 personas más presentaron demanda
ejecutiva por obligación de hacer contra la Nación – Ministerio de Agricultura, la
Agencia Nacional de Tierras, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y
EMGESA S.A. E.S.P., con el fin de que se adjudicaran y escrituraran las cinco
hectáreas con riego en el área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico a
cada uno de los demandantes, y se les pagara la suma de $250.000.000, por
concepto de los perjuicios moratorios causados desde el 30 de junio de 2020
hasta que se materialice la adjudicación y titulación.
Mediante providencia del 30 de agosto de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo
de Neiva negó el mandamiento de pago, porque no se aportó el censo para
determinar que efectivamente cada uno de los demandantes es parte del grupo
poblacional señalado en la Resolución 0899 de 2009, aunado al hecho de que la
sentencia T-135 de 2013, proferida por la Corte Constitucional sostuvo que la
inclusión en «ese registro poblacional, per se, no otorgaba el derecho a la
compensación establecida en la licencia ambiental», toda vez que la persona
censada debía acreditar la condición de beneficiaria a través de los documentos
que tuviera para el efecto, calidad que no acreditó ninguno de los accionantes.
Contra la anterior decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y
en subsidio de apelación. Mediante auto del 28 de mayo de 2024, el Tribunal
Administrativo del Huila confirmó la decisión recurrida.
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Demandante: Edelmira Gutiérrez Herrera
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En criterio de la accionante, la autoridad judicial demandada negó el decreto de la
prueba documental en segunda instancia, con fundamento en que sólo resulta
posible decretar pruebas en esa instancia cuando se trata de sentencias, pero lo
pudo incorporar como «una prueba de oficio, facultad que tiene el ad quem en
aras de esclarecer la verdad».
Señaló que se incurrió en defecto procedimental absoluto, por desconocimiento
de lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, toda vez que
cuando se trata de apelante único, el juez debe pronunciarse únicamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante. Para tal efecto, citó los reproches
concretos que presentó en el recurso de apelación y los comparó con las
consideraciones utilizadas por el Tribunal Administrativo del Huila, y concluyó que
«no hizo ningún pronunciamiento en absoluto a ningún reparo de los que contenía
la apelación». Asimismo, reprochó que el tribunal no podía proferir una decisión en
la que se pronunciara sobre aspectos que no fueron solicitados por las partes.
Adicionalmente, manifestó que incurrió en defecto fáctico porque los argumentos
utilizados por el tribunal no tienen nada que ver con los reparos de la apelación.
Para tal efecto, indicó que la autoridad judicial demandada omitió referirse a que
en el expediente obra la prueba documental denominada documento de
cooperación, «insertado como obligaciones a cumplir, en la licencia ambiental», y
en el artículo 12 de la licencia ambiental se incorporaron todas las obligaciones de
carácter ambiental contraídas por EMGESA S.A. E.S.P., lo que evidencia que los
referidos documentos sí acreditan la existencia de las obligaciones que se están
ejecutando.
Adujo que en la página 79 de la licencia ambiental se transcribió un aparte del plan
de manejo ambiental presentado por EMGESA, en el cual se estableció que «los
predios cuya extensión sea menor a 5 ha, se repondrán todos y cada uno de ellos
con parcelas de 5 ha, para los poseedores que pierdan su vivienda y fuente de
empleo, se les adjudicarán 5 ha y para los predios con áreas menores de 5 ha,
que tendrían afectación parcial por el proyecto se restituirán 5 ha».
Expuso que, en esos términos, el tribunal efectuó una valoración por «completo
equivocada» al desconocer el contenido de la licencia ambiental sin ninguna
justificación.
En cuanto al contenido de la escritura pública 1045 del 27 de diciembre de 2010,
señaló que el censo de afectados tenía como única finalidad identificar a las
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Demandante: Edelmira Gutiérrez Herrera
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personas que se verían beneficiadas con las obligaciones fijadas en la licencia
ambiental. Manifestó que «con la simple lectura del encabezado de dicha
escritura, ese instrumento público tenía como único fin censar a un grupo de
personas que pueden ser beneficiarias de las obligaciones de la licencia
ambiental».
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 21 de agosto de 2024, se admitió la tutela y se ordenó notificar
a los magistrados que integran la Sala 1 del Tribunal Administrativo del Huila,
como parte demandada, y, en calidad de terceros con interés, a las personas que
junto con la aquí actora conformaron el extremo activo del proceso ejecutivo, al
ministro de Minas y Energía, al gobernador del Huila, al representante legal de la
sociedad EMGESA S.A.S. E.S.P. y a los alcaldes de los Municipios de Agrado,
Garzón, Altamira, Gigante, Paico y Tesalia (Huila), como terceros con interés.
Asimismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
2.1. El Tribunal Administrativo del Huila indicó que la tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, toda vez que, si bien se hizo referencia a
irregularidades fácticas y sustantivas contenidas en el auto de segunda instancia,
lo cierto es que pretende retomar el debate litigioso que ya culminó en el proceso
ejecutivo.
Expuso que no se señaló con claridad y precisión las falencias precisas y
concretas de estirpe constitucional que contiene la decisión de segunda instancia,
pues sólo se refirió a la existencia del título ejecutivo contenido en la licencia
ambiental para adelantar el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, sin referirse y
desestimar desde el punto de vista constitucional, las razones que tuvo para
descartarlo.
Manifestó que el escrito de tutela es similar al de la demanda ejecutiva, en el que
pretende el pago de la indemnización o compensación de los perjuicios causados
con el proyecto hidroeléctrico, de ahí que, en su criterio, se trata de un asunto
meramente económico.
Sostuvo que la parte actora indicó que no se resolvieron los reparos que planteó
en el recurso de apelación, por lo que, en esas condiciones, contaba con otro
mecanismo judicial para subsanar tal irregularidad, esto es, la solicitud de adición
de la decisión, en los términos del artículo 287 del Código General del Proceso.
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Adujo que no se configuró el defecto procedimental, puesto que en la providencia
cuestionada se determinó que el título complejo no reunía los requisitos para que
la obligación fuera clara, expresa y exigible, al concluir que existía duda acerca de
la calidad de los damnificados.
Explicó que también se indicó implícitamente que el censo fue aportado y se
valoró para concluir que ese documento no acreditaba a los demandantes como
acreedores de las obligaciones de hacer deprecadas.
Respecto del defecto fáctico alegado manifestó que el tribunal abordó cada uno
de los elementos aportados como título ejecutivo complejo con el fin de
dimensionar el alcance de las obligaciones objeto de ejecución.
Por último, aclaró que en ninguno de los documentos aportados como título
ejecutivo se menciona a ninguno de los demandantes como beneficiarios
específicos de adjudicación de tierras, sino que esos documentos se refieren en
abstracto a las personas afectadas con el PHEQ.
2.2. El Ministerio de Minas y Energía indicó que no es parte del extremo pasivo de
la demanda ejecutiva y, por tanto, no se pronunciaría en el presente proceso, toda
vez que las pretensiones de la tutela están encaminadas a que sean satisfechas
por los despachos judiciales que tuvieron a cargo el conocimiento y trámite del
proceso ejecutivo.
2.3. El representante legal para asuntos judiciales y administrativos de Enel
Colombia S.A. E.S.P. explicó las actuaciones que se han adelantado con el fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el documento de cooperación del 9 de marzo
de 2009, en el cual se convino la adquisición de 2.700 hectáreas en la que se
construiría la infraestructura de riego por gravedad, para adelantar una reforma
agraria en la cual se incluyeran las comunidades vulnerables de la zona de
ejecución del proyecto que no fueran propietarias.
Señaló que los predios que adquirió el INCODER, hoy Agencia Nacional de
Tierras, no reunían las condiciones necesarias para la adecuación de riego por
gravedad, por lo que remitió el informe de evaluación de predios y un listado con
426 postulantes para el proceso de reforma agraria.
Expuso que para poder cumplir con su obligación de adecuar con riego por
gravedad las 2.700 hectáreas debe recibir la totalidad de las tierras con la
correspondiente parcelación, definición del plan productivo y sus respectivos
permisos ambientales, condiciones que no se han cumplido.
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Informó que se presentó una modificación a la licencia ambiental, con la anuencia
de la mayoría de los beneficiarios incluidos en el censo como población residente
no propietaria, en el que se estructuraron propuestas alternativas como obligación
sustitutiva hasta por un monto equivalente a $42.500.000, y la accionante lo
aceptó el 4 de junio de 2022; no obstante, dicha modificación fue negada por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Adicionalmente, la señora Gutiérrez Herrera fue beneficiaria del auxilio de
emprendimiento y capital semilla propio del programa «Emprendedores con
Energía».
Informó que no se han cumplido las obligaciones de adquirir por parte del
Gobierno Nacional, a través de la ANT, para que Enel Colombia pueda asumir los
costos de adecuar con riego por gravedad, las 2.700 hectáreas con destinos a la
recuperación de la productividad de los municipios afectada por la implantación
del proyecto hidroeléctrico.
Lo anterior, por cuanto el gobernador del Departamento del Huila y los alcaldes de
los municipios del área de influencia del proyecto manifestaron no estar de
acuerdo con la propuesta de modificación e insistieron en el cumplimiento de la
obligación tal y como quedó consignada en el documento de cooperación y la
licencia ambiental.
Señaló que la Procuraduría 11 Judicial Ambiental y Agraria del Huila interpuso
acción de tutela contra la ANLA y otras entidades, la cual fue seleccionada por la
Corte Constitucional para revisión y se encuentra pendiente de que se profiera la
respectiva sentencia.
Finalmente, indicaron que las decisiones proferidas por las autoridades judiciales
accionadas son correctas, por cuanto la obligación de adecuar con riego por
gravedad las 2.700 hectáreas está sujeta a una condición, que actualmente no se
ha cumplido y, por tanto, no es exigible.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema jurídico
Lo primero que la Sala analizará es si la acción de tutela cumplió con los requisitos
generales de la tutela, particularmente, los de relevancia constitucional y
subsidiariedad, y si se configura un perjuicio irremediable que amerite la
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intervención inmediata del juez constitucional, al punto de flexibilizar dicha
exigencia.
Sólo en el evento de superar tales requisitos, la Sala descenderá al análisis de
fondo que corresponde, para establecer si la autoridad demandada vulneró o no
los derechos fundamentales invocados por la señora Edelmira Gutiérrez Herrera.
2. Caso concreto y solución del problema jurídico
Del análisis detenido del escrito de tutela en concordancia con los informes
rendidos por las autoridades demandadas, la Sala advierte que la inconformidad
de la parte actora radica en la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del
Huila, mediante la cual confirmó el auto que negó el mandamiento de pago.
La parte actora argumentó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental absoluto y en defecto fáctico, porque, en su criterio, están dadas
las condiciones para que se profiriera el mandamiento de pago en el referido
proceso ejecutivo, toda vez la obligación de hacer contenida en el título ejecutivo
complejo que aportó en la demanda ejecutiva es clara, expresa y exigible.
En primer lugar, la Sala advierte que la solicitud de amparo, respecto del defecto
procedimental absoluto, no cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto
la señora Edelmira Gutiérrez Herrera contaba con otros instrumentos judiciales
para obtener la protección de sus derechos fundamentales.
De la lectura del escrito de tutela, se observa que la accionante argumentó que el
Tribunal Administrativo del Huila incurrió en defecto procedimental al desconocer
lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, porque no hizo
ningún pronunciamiento relacionado con los reparos concretos que incluyó en el
recurso de apelación que interpuso contra el auto de primera instancia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 287 del Código General del Proceso,
los autos sólo podrán adicionarse de oficio o a solicitud de parte dentro del
término de ejecutoria, cuando «omita resolver sobre cualquiera de los extremos
de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser
objeto de pronunciamiento».
Así las cosas, para el cumplimiento de este requisito, se exige que la parte actora
despliegue de manera diligente las acciones judiciales que estén a su disposición,
siempre y cuando estas sean idóneas y efectivas para la protección de los
derechos que se consideran vulnerados o amenazados. Entonces, como la
accionante categóricamente afirmó que el Tribunal Administrativo del Huila no se
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pronunció sobre ninguno de los argumentos que presentó en el recurso de
apelación contra la providencia de primera instancia, lo procedente en ese asunto
era que presentara en la oportunidad procesal respectiva la solicitud de adición
con el fin de que la autoridad judicial accionada determinara si efectivamente
omitió pronunciarse sobre los reparos presentados en el mecanismo de alzada y,
en caso de comprobarse, profiriera la providencia complementaria.
En esas condiciones, la solicitud de adición era el mecanismo procesal idóneo y
eficaz con el que contaba la parte actora para garantizar los derechos
fundamentales que consideró vulnerados en el escrito de tutela. Se advierte que
la exigencia en la presentación de ese instrumento procesal no resulta
desproporcionada, si se tiene en cuenta que en el proceso ejecutivo en el que se
profirió la providencia cuestionada, la señora Gutiérrez Herrera estaba
representada por un profesional del derecho.
A pesar de lo anterior, la accionante no acreditó la interposición de esa figura
procesal y prefirió acudir directamente a la solicitud de amparo como si se tratara
de un mecanismo principal, desconociendo de esta manera su carácter residual y
subsidiario.
De hecho, la Sala advierte que tampoco están dadas las condiciones para que
proceda el mecanismo de amparo como mecanismo transitorio o, en otros
términos, que se esté en presencia de la configuración de un perjuicio
irremediable, puesto que en el escrito de tutela no se observan argumentos
tendientes a justificar las razones por las cuales, a pesar de que se contaba con
ese mecanismo, no se hizo uso del mismo.
De otra parte, en relación con el defecto fáctico, la Sala considera que la solicitud
de amparo no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la
accionante pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los
derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso ejecutivo con
radicado 41001-33-33-003-2023-00206-01.
En efecto, el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva profirió el auto del 30 de
agosto de 2023, mediante el cual negó el mandamiento de pago al considerar que
los documentos que integraban el título ejecutivo complejo no contenían una
obligación clara, expresa y exigible en contra de las demandadas y en favor de
cada uno de los demandantes.
La anterior determinación la adoptó en consideración a que no se aportó el censo
para identificar a cada uno de los demandantes como integrantes del grupo
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Demandante: Edelmira Gutiérrez Herrera
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
poblacional denominado residentes no propietarios ni poseedores, quienes serían
los potenciales beneficiarios de las compensaciones que se impusieron en la
licencia ambiental y, aunque la sentencia T-135 de 2013 dispuso actualizar dicho
censo, la inclusión en el mismo no otorga el derecho a la compensación, teniendo
en cuenta que cada persona debe acreditar la condición de beneficiaria a través
de los documentos que tuviera para tal efecto, situación que no ocurrió con
ninguno de los actores.
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante la apeló y argumentó lo
siguiente:
(i) Que el censo sí fue aportado en los anexos de la demanda, esto es, la escritura
pública 1945 de 2010, suscrita en la Notaría Primera de Garzón, en la cual se
podía evidenciar que cada uno de los demandantes hacía parte de dicho grupo
poblacional.
(ii) Que no es cierto que la sentencia T-135 de 2013 consideró que la inclusión de
los demandantes en el censo del año 2010, per se, no otorgaba el derecho a la
compensación establecida en la licencia ambiental.
(iii) No es cierto que la Resolución 00590 del 22 de mayo de 2017 establece que
la inclusión en el censo no otorga el derecho a la compensación establecida en la
licencia ambiental, pues en el folio 150 de la referida resolución textualmente
indica que las compensaciones se derivan del censo, y, al ser reconocida una
persona dentro del mismo, por ende, es beneficiaria de las compensaciones a las
que hace referencia la licencia ambiental.
(iv) No es cierto que la obligación carezca de claridad en cuanto a la calidad de
beneficiarios de los demandantes, por cuanto basta con leer la parte resolutiva de
la Resolución 00590 de 2017 en la que «está claro que EMGESA debía enviar a
la ANLA un listado con los nombres de quienes habían sido compensados y
quienes no», por lo que descontextualizaron el requerimiento hecho por la ANLA,
haciendo parecer que los censos del año 2013 dejaron sin efecto los censos del
año 2010, lo cual nunca ocurrió.
Asimismo, solicitó que se incorporara como prueba la respuesta dada por la ANLA
a una petición que presentó la señora Edelmira Gutiérrez, la cual aclara la
condición de beneficiarios de las familias residentes no propietarias en el área de
influencia del proyecto hidroeléctrico, lo que acredita la legitimación por activa
para solicitar la compensación.
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Los anteriores argumentos fueron resueltos razonablemente por el Tribunal
Administrativo del Huila, mediante auto del 28 de abril de 2014. Consideró lo
siguiente:
• Que, según la demanda ejecutiva, el título ejecutivo estaba integrado por los
siguientes documentos:
(i) El documento de cooperación celebrado entre el Departamento del Huila,
los Municipios de Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el
Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y la empresa EMGESA
S.A. E.S.P
Expuso que en los artículos 1.1.3., 1.1.7., 1.1.12 y 1.5.6 se estableció como
obligación a cargo de EMGESA S.A. (a) asumir los costos de escrituración de los
predios que le sean transferidos; (b) asumir el costo de adecuar 2.900 hectáreas
de riego adicionales a las contempladas en el plan de manejo ambiental, hasta
completar 5.200 hectáreas, y (c) adquirir 2.700 hectáreas previa presentación del
estudio por EMGESA S.A. de los predios sobre los que construirá la
infraestructura de riego por gravedad, para adelantar allí una reforma agraria en la
que se incluyan las comunidades vulnerables de la zona de ejecución del
proyecto que no sean propietarias.
Además, sostuvo que el artículo séptimo estableció que el título complejo estará
complementado con la certificación del Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda
sobre el incumplimiento que se demanda.
(ii) La Resolución 0899 de 2009 (artículo 12, numerales 2 y 6, modificado por
el artículo 2 de la Resolución 590 del 22 de mayo de 2017).
Allí se estableció que EMGESA S.A. debía adecuar con riego por gravedad 5.200
hectáreas, de las cuales compraría y utilizaría 2.500 para la realización de los
programas de reubicación y compensación de unidades familiares.
En la Resolución 590 de 2017 se aclaró que el costo de la adecuación es sobre
2.700 hectáreas de riego y no de 2.900 hectáreas.
(iii) La escritura pública 1045 del 27 de diciembre de 2010, mediante el cual se
protocolizó el «censo de familias residentes en predios ubicados en el área de
influencia del proyecto hidroeléctrico el Quimbo» -este último no fue mencionado
en la demanda como parte del título, pero lo aportó-.
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Expuso que la parte demandante aportó respuesta de la ANLA a la petición
presentada por la señora Mayra Alejandra Marín, en la cual se indicó que en la
licencia ambiental no se estipularon fechas puntuales o específicas para dar
cumplimiento a las obligaciones por la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., a través
del documento de cooperación suscrito. Asimismo, que la verificación se realiza a
través del seguimiento y control ambiental del proyecto, en los que se han hecho
los requerimientos.
Indicaron también que el último control y seguimiento realizado culminó con el
Auto 6116 del 30 de junio de 2020, en el cual se requirió a la sociedad EMGESA
S.A. E.S.P. que presentara los soportes documentales que permitieran verificar el
cumplimiento de las obligaciones en el informe de cumplimiento ambiental: 1.
Asumir el costo de la adecuación de 2.700 hectáreas de riego adicionales a las
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, en cumplimiento del numeral 2 del
artículo décimo segundo de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009,
modificada por el artículo segundo de la Resolución 590 del 22 de mayo de 2017.
• Luego de valorar los referidos documentos, sostuvo que las obligaciones referidas
no están a cargo de los entes territoriales, ni de los ministerios, ni de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, por lo que no constituyen título ejecutivo en
su contra, lo cual impide librar el mandamiento de pago incoado.
• En ninguno de los documentos fueron concebidas obligaciones para adjudicar y
escriturar a cada uno de los demandantes un predio de 5 hectáreas con riego, por
lo que la obligación no es clara ni expresa, y dado que no fija un término o plazo
para el cumplimiento, ni mucho menos se surtió el requerimiento al deudor para
que le dé cumplimiento «por eso la obligación no es exigible».
• La escritura pública 1045 del 27 de diciembre del 2010, mediante la cual se
protocolizó el censo de familias residentes en predios ubicados en el área de
influencia directa del proyecto hidroeléctrico el Quimbo, no aparece a favor de
ninguno de los demandantes la adjudicación de alguna zona de terreno a cargo
de las demandadas y en favor de los actores, de ahí que no exista la obligación
de hacer por la cual se formuló la demanda ejecutiva, y mucho menos la
obligación de pagar perjuicios compensatorios.
• Concluyó razonablemente que los documentos aportados no contenían a favor de
los demandantes ni a cargo de las demandadas obligación alguna de adjudicar
una zona específica de terreno como medida compensatoria derivada de los
perjuicios que pudieron haber sufrido con la construcción del proyecto
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Demandante: Edelmira Gutiérrez Herrera
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
hidroeléctrico El Quimbo, por lo que no contenían una obligación clara, expresa y
exigible de adjudicar y escriturar un inmueble o pagar perjuicios compensatorios.
• En relación con la solicitud probatoria en segunda instancia la negó por
inconducente, toda vez que no se circunscribe a lo dispuesto por el artículo 212
de la Ley 1437 de 2011, puesto que en esa etapa procesal sólo pueden
decretarse pruebas cuando se trate de apelación de sentencias.
A juicio de la Sala, las consideraciones que sirvieron de fundamento a la decisión
censurada, en criterio de la Sala, resultan razonables y no merecen reproche
alguno desde el punto de vista constitucional. El hecho de que la parte
demandante no las comparta, no significa que por ese motivo la autoridad judicial
haya incurrido en el defecto fáctico alegado, ni habilita al juez constitucional para
reabrir el debate, convirtiendo la acción de tutela en una instancia adicional.
En suma, la solicitud de amparo encaminada a cuestionar la providencia judicial
proferida el 28 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Huila, además
del incumplimiento del requisito de subsidiariedad, debe declararse improcedente
porque tampoco satisface la exigencia de relevancia constitucional, en la medida
en que la parte actora busca revivir la discusión planteada, que ya fue
razonablemente decidida en la providencia censurada, con el claro propósito de
crear una instancia adicional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora
Edelmira Gutiérrez Herrera contra el Tribunal Administrativo del Huila, de
conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04304-00
Demandante: Edelmira Gutiérrez Herrera
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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