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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04332-00

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04332-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa. 20 Sentencia T-1190 de 2004 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. Reiterada en Sentencia T-161 de 2005 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Harold Hernán Moreno Cardona Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-04332-00 SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por el señor Harold Hernán Moreno Cardona por lo expuesto en la parte motiva. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04332-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

26 de septiembre de 2024

Demandante: Harold Hernán Moreno Cardona
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04332-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04332-00
Demandante: HAROLD HERNÁN MORENO CARDONA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS.

Tema: Tutela contra actos administrativos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Mediante escrito presentado el 21 de agosto de 20241 a través de la ventanilla
virtual, el señor Harold Hernán Moreno Cardona, en nombre propio, promovió
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura; el Consejo Seccional
de la Judicatura del Valle del Cauca y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali, deprecando el amparo de sus derechos
fundamentales «al trabajo, habeas data, mínimo vital, confianza legítima, debido
proceso, abuso del derecho y poder, seguridad jurídica y legalidad».

El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la decisión adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura,
mediante Resolución No. DESAJCLGCC24-8723 «Por medio de la cual se decreta

1 Acción de tutela promovida a través de correo electrónico.

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Demandante: Harold Hernán Moreno Cardona
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04332-00

el embargo de sumas de dinero por honorarios de un contrato de prestación de
servicios profesionales».

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

«…3. Ordenar a las accionadas Jurisdicción Coactiva –, dejar sin efecto
“resolución No. DESAJCLGCC24-8723 del Consejo Superior de la Judicatura “Por
medio de la cual se decreta el embargo de sumas de dinero por honorarios de un
contrato de prestación de servicios profesionales”, hasta que haya un
pronunciamiento definitivo por parte del despacho del Juzgado doce Administrativo
de Cali Valle, proceso de Rad 760013333 012 2022 00257 00.

4. Subsidiariamente o complementario, dar aplicación a la excepción de
inconstitucional o inaplicar la resolución y norma fiscal, para garantizar los derechos
fundamentales y humanos.

5. Subsidiariamente o de la forma que lo considere el despacho, ordenar la
aplicación de la suspensión o prejudicialidad del cobro coactivo o permitir los
abonos citados hasta que se produzca sentencia de fondo en el proceso
administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho que cursa en el TCA
VALLE»2.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:

Mediante auto del 17 de octubre de 2017, proferido al interior del proceso 76890-
40-89-001-2016-0076-00, adelantado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de
Yocoto (Valle del Cauca), se impuso al señor HAROLD HERNÁN MORENO
CARDONA, multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, correspondientes a $3.688.585, en razón a su inasistencia como
apoderado de la parte actora a la audiencia prevista en el artículo 372 del CGP, la
cual fue llevada a cabo el día 19 de julio de 20173.

La anterior decisión fue recurrida por el accionante, y resuelta por la referida
autoridad judicial mediante proveído del 1º de noviembre de 2017, quien decidió
no reponer el auto proferido y rechazar por improcedente el recurso de apelación
formulado.

2 Transcripción literal que puede contener errores.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04332-00

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, a través de la
Resolución DESAJCLGCC20-13521 del 30 de diciembre de 2020, libró
mandamiento de pago en favor de la Nación – Rama Judicial, contra el señor
Harold Hernán Moreno Cardona por valor de $3.688.585, más los intereses
moratorios causados desde que se hizo exigible la obligación hasta el día que se
efectúe su pago total; mismo que fue realizado por el actor el 12 de mayo de 2022,
por valor de $ 1.855.793.

Con escrito dirigido al Consejo Suprior de la Judicatura – Seccional Cali, el señor
Harold Hernán adjuntó copia de la consignación efectuada por el valor indicado,
aduciendo que el mismo correspondía al valor del capital reducido al 50%
conforme al beneficio contemplado en los artículos 640 y 804 del Estatuto
Tributario.

Con ocasión de lo anterior, la entidad accionada profirió el Oficio
DESAJCLGCC22-2924 del 27 de mayo de 2022 en el que le manifestó al actor lo
siguiente:

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali profirió la
Resolución DESAJCLGCC22-5781 del 27 de septiembre de 2022, en la que
declaró no probadas las excepciones formuladas por el actor, y la Resolución
DESAJCLGCC23-224 del 23 de enero de 2023, con la que ordenó seguir adelante
con la ejecución contra el señor Harold Hernán Moreno Cardona, decisión que le
fue notificada el 9 de marzo de la misma anualidad4.

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Índice 13 del aplicativo Samai.

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En virtud de lo expuesto, el accionante promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en la que solicitó la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones 13521 del 30 de diciembre de 2020 a través de la cual se libró
mandamiento de pago, 5781 del 27 de septiembre de 2022, por medio de la cual
se resolvieron las excepciones formuladas y ordena seguir adelante, y la
Resolución No. 71514 del 26 de octubre de 2022, por medio de la cual se resuelve
un recurso de reposición.

El mencionado mecanismo de control correspondió por reparto al Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali bajo radicado
76001333301220220025700, quien mediante auto del 13 de octubre de 2023,
negó la suspensión provisional de los actos administrativos mencionados, al
estimar que las pruebas revisadas en dicha etapa procesal acreditaban un trámite
alineado a las facultades de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que
no advertían la transgresión de las normas genéricamente citadas por la parte
actora para suspender los actos acusados.

Luego, mediante Resolución DESAJCLGCC24-8723 del 26 de julio de 20245, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, decretó el
embargo y retención de las sumas de dinero que a título de honorarios percibía el
señor Moreno, por el Contrato de Prestación de Servicios No. SHM-1700-1007-
2024, suscrito con la Alcaldía de Guadalajara de Buga, incluyendo sus prorrogas,
Otro si, renovaciones futuras y/o cualquiera otra denominación contractual o
laboral, limitando el embargo a la suma de $14.000.000, conforme a los límites
establecidos en el artículo 838 del E.T.

Posteriormente, el actor solicitó la suspensión de la anterior decisión, sin embargo
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali profirió el Oficio
DESAJCLGCC24-9337 el 20 de agosto de 20246,en la que se le indicó que, para
que se puedan aplicar los artículos 161 y 162 del CGP, el proceso de cobro
coactivo debe depender de las resultas de otro proceso y debe estar en la etapa
procesal para dictar sentencia (seguir adelante con la ejecución), por lo que no es
procedente acceder a la misma, máxime, cuando mediante auto del 13 de octubre
de 2023 el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Cali, negó la
medida cautelar solicitada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 76001-33-33-012-2022-00257-00.

1.4. Fundamentos de la vulneración

El actor indicó que, los antecedentes y consideraciones plasmadas en la

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Índice 11 del aplicativo Samai.
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Índice 11 del aplicativo Samai.

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Resolución No. DESAJCLGCC24-8723 que ordenó el embargo de sus honorarios
en el contrato de servicios profesionales por él suscrito proferida por el Consejo
Superior de la Judicatura, se alejan de la realidad y omiten la aplicación de la
norma especial al caso referido.

Así mismo, consideró que ante la falta de respuesta a la petición elevada el 29 de
julio de 2024, en la que solicitó la regulación de la medida y la suspensión por
prejudicialidad de dicho acto, hasta tanto termine el proceso administrativo, se
trasgreden sus derechos fundamentales al mínimo vital y móvil.

De igual forma señaló que al no tenerse en cuenta los beneficios de la sanción
reducida al 50%, consagrada en el artículo 640 y siguientes del E.T. y 48 y
siguientes de la Ley 2155 de 2021 se trasgreden los derechos fundamentales
aducidos.

Refiere que, contra los actos administrativos citados, no existe defensa judicial y
aun existiendo no se evitaría el perjuicio irreparable de atentar contra sus derechos
fundamentales y humanos.

1.5. Trámite de la acción de tutela

La magistrada ponente de esta decisión mediante auto del 2 de septiembre de
2024, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante y al
Consejo Superior de La Judicatura7; al Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle del Cauca8 y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cali9; y como terceros interesados al Juzgado Doce Administrativo del Circuito
Judicial de Cali10, a la Procuraduría General de la Nación11 y a la Defensoría
Pública del Pueblo12.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Procuraduría General de la Nación13

Allegó escrito en el que manifestó que a dicha entidad no le ha sido endilgada

7 Notificación efectuada al correo electrónico: presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
8 Notificación efectuada al correo electrónico: ssadmvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
9 Notificación efectuada al correo electrónico: dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
10 Notificación efectuada al correo electrónico: adm12cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
11 Notificación efectuada al correo electrónico: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
12Notificación efectuada al correo electrónico: juridica@defensoria.gov.co
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Índice 9 de Samai.

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ninguna responsabilidad legal o constitucional, como tampoco ha tenido injerencia
en las decisiones adoptadas por la autoridad administrativa, y en dicho entendido
solicitó que se declare la falta de legitimación por pasiva respecto de dicha entidad.

1.6.2. Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Cali

En documento allegado el 6 de agosto del presente año14, indicó que en dicho
Despacho se tramita el proceso radicado 76001333301220220025700, en el que
funge como demandante el señor Harold Hernán Moreno Cardona, y como
demandado la Nación - Rama Judicial – DEAJ, el cual está pendiente de fijar fecha
para audiencia inicial o auto que ordena sentencia anticipada.

1.6.3. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle
del Cauca)

A través de su abogada ejecutora, allegó escrito15 en el que señaló que, en virtud
de la facultad legal establecida en el artículo 136 de la Ley 6 de 1992, en la Ley
1066 de 2066, reglamentada por el Decreto 4473 del 2006 y, teniendo en cuenta
que el sancionado Harold Hernán Moreno Cardona no canceló la multa por
inasistencia a una audiencia conforme el artículo 372 CGP, la cual fue impuesta
por el Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Yotoco (Valle del Cauca), en el proceso
radicado 001-2016-00076-00, se inició y adelantó el respectivo proceso de cobro
coactivo, el cual se adelanta bajo las normas establecidas en el Estatuto Tributario.

Así mismo, refirió que si bien el obligado realizó un abono por el valor de $
1.855.793 el 12 de mayo de 2022, lo cierto es que el mismo no realizó un acuerdo
de pago, de lo que se colige que el accionante no efectuó el pago total de la
obligación.

Indicó que, producto de la búsqueda de bienes que realiza la DESAJ Cali- Valle
en el portal PACO SECOP, se encontró un contrato de prestación de servicios,
motivo por el cual fue decretada y comunicada una medida cautelar a la Alcaldía
de Buga (Valle del Cauca), mediante Resolución No. DESAJCLGCC22-8723 de
26 de julio de 2024 teniendo en cuenta los límites establecidos en el artículo 838
del Estatuto Tributario.

Por último, señaló que frente a los mismos hechos de la tutela se brindó respuesta
a la petición del accionante mediante Oficio No. DESAJCLGCC24-9337 del 20 de
agosto de 2024 y anteriormente mediante Oficio DESAJCLGCC22-2924 del 27 de
mayo de 2022, por lo que solicitó su desvinculación de la presente acción.

14 Índice 10 de Samai.
15 Índice 13 de Samai.

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1.6.4. Consejo Superior de la Judicatura

A través de la magistrada auxiliar de la Oficina del Despacho de la Presidencia,
allegó memorial16 en el que manifestó que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial a través de la División de Cobro Coactivo de la Unidad de Asistencia Legal,
es a quien le corresponde ejercer la defensa dentro del presente trámite
constitucional teniendo en cuenta los hechos aducidos por la parte actora.

Señaló que conforme a las competencias que le fueron otorgadas por ley, dicha
entidad no es la llamada a responder o cumplir las órdenes que se expidan con el
fin de amparar las garantías constitucionales del accionante y mucho menos
atribuirle responsabilidad solidaria por actuaciones u omisiones tanto de los
Consejos Seccionales de la Judicatura como de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y sus seccionales, máxime cuando la resolución
DESAJCLGCC22-5781 y que es objeto de reproche, fue expedida por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, según se logra extraer de
lo consultado en el Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de
Documentos Oficiales -SIGOBIUS.

Por lo anterior solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva,
respecto de dicha Corporación y como consecuencia, se desvincule del presente
trámite tutelar.

1.6.5. Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca

Compareció al plenario mediante escrito allegado el 6 de septiembre de 202417,
en el que manifestó que dicha autoridad no es competente para resolver
solicitudes sobre asuntos de cobros coactivos, los cuales escapan a las
atribuciones funcionales que establece el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, por
lo que no puede endilgarse a dicha entidad vulneración de derecho fundamental
alguno, máxime cuando no existe petición por parte del accionante radicada ante
dicha Corporación, como tampoco trámite alguno pendiente de adelantar.

En razón a lo anterior, solicitó que se le desvincule de la presente acción, toda vez
que las actuaciones objeto de reclamo no están en cabeza de esta Corporación y
no existe de nuestra parte ningún trámite pendiente.

1.6.6. La Defensoría del Pueblo pese a ser debidamente notificada de la
existencia del presente asunto18, guardó silencio.

16 Índice 14 de Samai.
17 Índice 15 del aplicativo Samai.
18 Dado que su notificación se efectuó al correo electrónico establecido en el sitio web de la entidad

para tal fin, esto es, juridica@defensoria.gov.co índice 7 del expediente de Samai.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto No. 2591 de 1991,
en concordancia con el Decreto No. 1069 de 2015 modificado por el Decreto No.
333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

Tanto la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del
Cauca), como el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca solicitaron la desvinculación del presente trámite
constitucional, toda vez que a su juicio carecen de legitimación en la causa por
pasiva para soportar las pretensiones elevadas por la parte actora; frente a lo cual,
advierte la Sala que no se accederá a la solicitud, comoquiera que su vinculación
al proceso obedeció a que el reparo señalado por el accionante se encuentra
dirigido contra dichas entidades, motivo por el cual dicho aspecto será analizado
en el caso concreto.

Así mismo, tampoco se accederá a la solicitud de desvinculación realizada por la
Procuraduría General de la Nación, comoquiera que su vinculación al proceso se
dio en calidad de tercero con interés.

2.3. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y el informe presentado, el problema jurídico a resolver en
el caso concreto es el siguiente:

• ¿Mediante el presente asunto resulta procedente ordenar la suspensión de
la Resolución No. DESAJCLGCC24-8723 del 26 de julio de 2024 a través
de la cual se decretó el embargo de las sumas de dinero percibidas por el
actor, por concepto de honorarios de un contrato de prestación de servicios
profesionales?

Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela, (ii) naturaleza subsidiaria de la acción de
tutela e improcedencia de esta cuando existen otras vías judiciales disponibles y
eficaces, y (iii) el caso concreto.

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2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable19.

2.5. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de esta
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial».
Dicho precepto fue reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo
su competencia. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de
donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales
no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela. Todos los
mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.

Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son la
esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2.º del

19 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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artículo 2.º de la Constitución. De ahí que, la garantía de los derechos
fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que
es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado
y en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.

2.6. Caso concreto

2.6.1. Mediante el presente asunto, la parte actora pretende le sean amparados
sus derechos fundamentales al «debido proceso administrativo y coactivo,
violación al principio de legalidad y confianza legítima», los cuales estimó
trasgredidos en virtud de la decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cali, mediante Resolución No. DESAJCLGCC24-
8723 del 26 de julio de 2024 «Por medio de la cual se decreta el embargo de sumas
de dinero por honorarios de un contrato de prestación de servicios profesionales».

Acorde con lo analizado en el marco normativo, advierte la Sala que la acción de
tutela presentada por el señor Harold Hernán Moreno Cardona no cumple con el
requisito de subsidiariedad, toda vez que la misma tiene como finalidad la
protección de los derechos fundamentales cuando éstos se vean amenazados o
vulnerados con la actividad u omisión de las autoridades públicas o particulares.

En este orden de ideas, y si bien lo pretendido por la parte actora es que se deje
sin efectos la Resolución No. DESAJCLGCC24-8723 del 26 de julio de 2024, ha
de precisare que dicha actuación desnaturalizaría el carácter residual del
mecanismo constitucional instaurado, y contrariaría el principio de subsidiaridad
de la misma.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que la acción de tutela no está instituida como un
mecanismo judicial alterno por medio del cual se tramiten de forma más célere los
conflictos propios de la administración o de las desavenencias en ella originadas,
toda vez que su procedencia se debe ceñir a los estrictos lineamientos legales y
jurisprudenciales para alcanzar la consecución de su objeto.

Por lo expuesto, al juez constitucional no le es dable pronunciarse de fondo sobre
los argumentos planteados por el actor y acceder a su petición, ya que a través de
este mecanismo no se pueden desplazar los trámites administrativos y demás
actuaciones y acciones establecidas al interior de cada procedimiento; máxime
cuando en la actualidad continúa en curso el proceso de cobro coactivo que le fue
adelantado, con ocasión a la multa que le fue impuesta por el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Yotocó mediante providencia del 17 de octubre de 2017.

Previsión que corresponde al requisito de subsidiariedad que descarta la utilización
de la acción de tutela como vía preferente para el restablecimiento de los derechos,

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de lo que se infiere entonces, que la tutela está reservada para enfrentar la
inoperancia de los distintos mecanismos dispuestos para la protección de los
derechos, no para suplirlos.

Así, y comoquiera que a través del presente mecanismo no se pueden desconocer
las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para debatir lo
solicitado, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del
funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia,
se declarará la improcedencia de la acción de tutela impetrada por el actor.

Aunado a lo anterior, advierte la Sala que tampoco es procedente la acción
constitucional impetrada, porque no se aportó prueba que acredite la existencia de
un perjuicio irremediable, el cual surge cuando la persona afectada se enfrenta al
detrimento grave de un derecho fundamental, «que por cuya seriedad exige de
medidas de neutralización urgentes e impostergables»20 cumpliéndose los
siguientes supuestos: i) que el perjuicio sea inminente, ii) que las medidas que se
requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes, iii) que éste sea
grave, y, iv) que sea impostergable.

Así, y comoquiera que la sola manifestación realizada en dicho sentido, no
constituye un criterio suficiente que haga parte de las características que revisten
la existencia de dicho perjuicio, y que posibiliten al juez constitucional actuar
transitoriamente con el fin de salvaguardar intereses de orden superior, se
declarará la improcedencia de la presente acción; máxime si se tiene en cuenta
que no se trata de un sujeto de especial protección constitucional.

Por último, advierte la Sala que revisado el proceso de cobro coactivo adelanto por
el actor se avizora que dentro del mismo no obra constancia que contra el acto
administrativo acusado se hubieren interpuesto los recursos de ley.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, el Consejo Superior de la
Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, conforme
a las razones expuestas en la parte considerativa.

20 Sentencia T-1190 de 2004 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. Reiterada en Sentencia T-161 de

2005 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.

11

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Harold Hernán Moreno Cardona
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04332-00

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por el
señor Harold Hernán Moreno Cardona por lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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