Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04340-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04340-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04340-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
13 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: Dr. FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04340-00
Accionante: OSCAR ENRIQUE GRANADOS DOMÍNGUEZ
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO AL
HABEAS DATA Y EL DERECHO AL OLVIDO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
1. El pasado 21 de agosto de 2024, Oscar Enrique Granados Domínguez promovió
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura y el juzgado décimo de
ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de Bogotá, pues considera
que estas entidades vulneraron sus derechos fundamentales de petición, de habeas
data, y a la honra y buen nombre como consecuencia de los siguientes hechos:
2. El 26 de abril de 2024, el actor presentó una petición ante el Consejo Superior de
la Judicatura, en el área de dirección del centro de documentación judicial
(CENDOJ), en el cual solicitó “la anonimización y ocultamiento de la información en
el sistema justicia XXI y portales de la rama judicial en el proceso penal
11001310401620050008400 y 11001310401620050008401”, actuaciones
judiciales relacionadas con la investigación y juzgamiento del actor, y en las que, el
4 de octubre de 2013, se profirió providencia de “extinción de la pena principal de
prisión y de las accesorias”.
3. Indicó que el 15 de mayo recibió respuesta por parte del director administrativo
de División de Infraestructura de Software del Consejo Superior de la Judicatura, en
la que le informa que el trámite de anonimización y ocultamiento de información lo
debe realizar el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá. En la respuesta, también se le indicó que, el Consejo Superior de la
Judicatura remitió al juzgado “los manuales con el procedimiento para ocultar
sujetos procesales o procesos en justicia XXI”.
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Accionante: Oscar Enrique Granados Domínguez
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Referencia: Primera instancia acción de tutela
4. Con esta información, el 28 de mayo, el actor se dirigió al Juzgado Décimo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, con el fin de solicitar el
impulso del trámite de anonimización y ocultamiento de información.
Adujo que no ha recibido respuesta de fondo a su petición y en esa medida, estima
violados sus derechos constitucionales al derecho de petición, habeas data, honra
y buen nombre. Solicita al juez de tutela que, se ordene a las entidades accionadas
dar respuesta de fondo, eficaz, oportuna, coherente y congruente con lo solicitado,
y en consecuencia, se actualice y se aplique la anonimización y ocultamiento de la
información en el sistema justicia XXI y portales de la rama judicial en los radicados
11001310401620050008400 y 11001310401620050008401, procesos de primera y
segunda instancia respectivamente.
5. En providencia de 23 de agosto de 2024, se admitió para trámite la solicitud de
amparo, se corrió traslado a las dos entidades accionadas: Consejo Superior de la
Judicatura y al Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del
Circuito de Bogotá. Además, se vinculó al Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de
Bogotá, al Tribunal Superior de Bogotá, y al Director Administrativo de la División
de Infraestructura de Software del Consejo Superior de la Judicatura.
Informes de las autoridades
6. La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura (DEAJ) intervino1 con el fin de solicitar se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva de esa dependencia, pues conforme el artículo
98 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la administración de justicia), esa unidad
del Consejo Superior de la Judicatura tiene funciones de soporte y apoyo técnico
frente a los diferentes informáticos. Respecto al aplicativo “Consulta de Procesos
Nacional Unificada” publicada en la página de la Rama Judicial, la Unidad de
Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no es responsable
de la información que reposa en estas bases de datos, sino que depende de cada
unidad seccional adscrita a cada Consejo Seccional de la Judicatura. Finalizó
precisando que, conforme al Acuerdo PSAA 11-9109 de 2011 proferido por el
Consejo Superior de la Judicatura:
“(…) corresponde a los Despachos Judiciales alimentar la base de datos del
sistema, ya que corresponde a los administradores secundarios, ingresar o modificar
y mantener actualizados los diferentes contenidos publicados en el portal Web de la
Rama Judicial, esto quiere decir que la función asignada por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura para realizar la inclusión en los Sistemas de
Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental Justicia XXI y Justicia
XXI Web, en el registro de personas emplazas, como en los demás aplicativos,
corresponde a los diferentes despachos judiciales”
7. El Juzgado Sesenta y Cinco Penal del circuito de Bogotá (antes Juzgado
Dieciséis Penal del Circuito de Bogotá) intervino2 dentro del proceso de tutela e
informó que, en providencia de 31 de julio de 2007, el actor fue condenado a la pena
de 24 meses de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones
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Índice 014 Samai.
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Referencia: Primera instancia acción de tutela
públicas por un lapso igual. En providencia de 1 de febrero de 2008, la Sala de
decisión penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia condenatoria.
Asimismo, informó que “el proceso fue remitido a los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad (reparto) el 25 de marzo de 2010. Como última
anotación, se advierte que la actuación se remitió al Juzgado 16 Penal del Circuito
Adjunto mediante oficio 3212 de conformidad con el Acuerdo PSAA11-8453 y
CSBTA12-106.”3 Advierte que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva
dentro de la petición de amparo constitucional del actor pues, actualmente, no tiene
conocimiento de las actuaciones judiciales contra el actor en tutela.
8. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal4, indicó que
en febrero de 2008, profirió sentencia de segunda instancia contra el actor. Una vez
esto ocurrió, se remitió el expediente al Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de
Bogotá. Adicionalmente indicó que el tutelante no ha elevado petición alguna ante
el despacho del tribunal. Concluyó precisando que, en su criterio no se ha cumplido
con el requisito de subsidiariedad pues el peticionario en tutela “no ha presentado
solicitud de ocultamiento”, lo que debía hacer previo a acudir a la acción de tutela.
Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela contra esta
Corporación.
9. El juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
intervino dentro del proceso de amparo5 con el fin de informar que, esa autoridad
judicial vigiló el proceso penal con radicado “11001-31-04-016-2005-00084-01 –
60039, en el que el 31 de Julio de 2007, el Juzgado 016 Penal del Circuito de esta
ciudad, condenó a OSCAR ENRIQUE GRANADOS DOMÍNGUEZ a la pena
principal de dos (02) años de prisión, a las accesorias de interdicción de derechos
y funciones públicas correspondientes”.
10. Expresó que el 4 de octubre de 2013 se decretó la extinción de la sanción penal
y el 19 de octubre de 2018 se entregó el expediente al archivo definitivo. Indicó que
el 6 de diciembre de 2017, el juzgado libró las comunicaciones a diferentes
autoridades a las que se les comunicó las decisiones judiciales dentro del proceso
penal, pero indicó que “es cada una de las entidades la encargada de actualizar la
decisión de extinción y archivo definitivo del proceso”. Por último, precisó:
“En la fecha, el despacho dispone el ocultamiento del proceso e informe del mismo
a las demás jurisdicciones que hayan conocido de las diligencias, se advierte que
esta jurisdicción únicamente posee el manejo de la página web de estos despachos,
lo demás reflejado en consulta web unificada, debe ser actualizada por el Consejo
Superior de la Judicatura.”
11. En efecto, acompañó la constatación de la acción de tutela con un auto de 30
de agosto de 2024, en el que ordenó al área de sistemas del centro de servicios
adscrito a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad al
ocultamiento del “proceso de la página web de la rama judicial para que no pueda
3
Folio 1 de la intervención del juzgado.
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Índice 022 de Samai
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Referencia: Primera instancia acción de tutela
ser consultado por el público en general y a la secretaría que expida certificación
del estado actual del proceso, e igualmente se ordenó informar de la extinción
decretada a las autoridades que conocieron de la causa, para que ordene ocultar la
información del sistema Justicia XXI”.
12. La directora del centro de documentación judicial, CENDOJ, del Consejo
Superior de la Judicatura intervino6 dentro del proceso de la referencia e indicó que
no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, pues el centro de documentación
no maneja información sobre el avance de los procesos judiciales del país, y la
actualización de las plataformas de información corresponden a cada despacho
judicial.
CONSIDERACIONES
Competencia
13. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para conocer de esta acción de tutela conforme el artículo 37 del decreto 2591 de
1991.
Cuestión previa
14. El artículo 6 del decreto 2591 de 1991 prescribe que serán improcedentes las
peticiones de amparo constitucional en las que se presente el fenómeno de la
carencia actual de objeto. Conforme la jurisprudencia constitucional está situación
procesal se presenta cuando entre el momento de la formulación de la acción de
tutela y el momento procesal de proferir sentencia han variado los hechos que
motivaron el amparo. Se ha indicado que, la carencia actual de objeto puede adoptar
tres posibilidades: el hecho superado, el daño consumado, o el hecho sobreviniente
o hecho de un tercero. La primera hipótesis se presenta cuando la entidad o persona
natural accionada satisface el ejercicio del derecho fundamental invocado, lo cual
trae como consecuencia que, al momento de proferir el fallo resulta innecesario el
amparo.
15. En el caso del daño consumado se presenta cuando la amenaza o vulneración
de los derechos fundamentales invocados es consumada al punto que, la autoridad
judicial solo puede declarar la necesidad de indemnizar económicamente el daño,
pues ya no es posible proferir una orden judicial que permita volver al accionante
ejercer el derecho constitucional invocado. Finalmente, el hecho sobreviniente se
relaciona con la satisfacción del derecho constitucional invocado, pero no por
decisión de la parte accionada, sino por hecho de un tercero que, decide garantizar
la libertad constitucional amenazada o vulnerada.
16. En el caso sub judice, resulta relevante que, en el desarrollo del proceso de
tutela, el Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá al conocer la petición de amparo del actor, resolvió dar respuesta a la
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Índice Samai 27
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petición y proferir el auto que ordena el ocultamiento de los procesos judiciales que
solicitó el actor7. En esa medida, la Sala concluye que se presenta el fenómeno del
hecho superado, solo en relación con el ejercicio del derecho de petición y habeas
data referidos al radicado 11001310401620050008400, pues la entidad accionada,
el 30 de agosto en curso no solo contestó la petición del actor, sino que una vez
consultado el portal de consulta de procesos judiciales, ese específico radicado no
aparece a la vista del público.
17. Diferente situación se presenta en relación con el proceso radicado
11001310401620050008401, el cual, examinado a la fecha de adopción de la
providencia, aún resulta visible para el público en general. En esa medida, el
problema jurídico se formulará en relación con dicho radicado del proceso judicial,
el cual, conforme a las respuestas a las acciones de tutela, es responsabilidad del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal.
Problema jurídico
18. La subsección debe establecer si se ha vulnerado el derecho al habeas data y
el derecho de petición del actor, en relación con el radicado
11001310401620050008401, el cual, aún es visible en la página web de la rama
judicial para el control de los procesos judiciales, a pesar que en providencia del 4
de octubre de 2013, el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad
competente declaró extinta la pena proferida en contra del tutelante, y a que este,
en derecho de petición de 26 de abril de 2024, solicitó ante el CENDOJ, el
ocultamiento de sus datos personales en la causa penal mencionada.
19. Con el objeto de resolver el problema jurídico, a continuación, se reiterará el
precedente constitucional sobre el derecho al olvido, puntualmente en bases de
datos que contienen antecedentes penales, y su relación con el derecho al habeas
data. Con base en las anteriores reglas se resolverá el caso concreto.
20. El artículo 15 de la constitución señala que, todas las personas tienen derecho
a actualizar y rectificar las informaciones que tengan los archivos de las entidades
públicas. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que este derecho
“busca proteger el dato personal, en tanto información que tiene la posibilidad de
asociar un determinado contenido a una persona natural en concreto” 8. Tras un
amplio desarrollo jurisprudencial, se entiende actualmente que el derecho al habeas
data está compuesto de las siguientes dimensiones: (i) conocer o acceder a la
información que está recogida en las bases de datos sobre el titular; (ii) incluir
nuevos datos con el fin de que se provea una imagen completa del titular; (iii)
actualizar la información; (iv) que la información contenida en las bases de datos
sea corregida, y (v) el excluir o suprimir información de una base de datos9.
7
Oficio No. 3377
8
SU-139 de 2021 (M.P. Jorge Enrique Ibáñez)
9
SU-458 de 2012. (M.P. Adriana Guillén Arango)
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21. En desarrollo de esta previsión, se expidió la ley 1581 de 2012, ley estatutaria
de habeas data, conforme a la cual, todas las personas tienen el derecho
constitucional a actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en las bases de datos o archivos. El artículo 15 prescribe que todos los titulares
de la información o sus causahabientes que consideren que la información
contenida en una base de datos deber ser objeto de corrección, actualización o
supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de los deberes previstos
en la ley, motivo por el cual podrá presentar un reclamo ante el responsable del
tratamiento o el encargado del tratamiento el cual será tramitado bajo las reglas allí
previstas. Los numerales primero y segundo prevén el procedimiento para solicitar
la actualización de la información. Prescribe la mencionada norma:
“1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del
Tratamiento o al Encargado del Tratamiento, con la identificación del Titular, la
descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando
los documentos que se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se
requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del
reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha
del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se
entenderá que ha desistido del reclamo.
En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará
traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e
informará de la situación al interesado.
(…)
El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible
atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos
de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá
superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.”
22. En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional ha proferido decisiones en
las que ha tutelado el derecho de titulares de datos e informaciones imprecisas
contenidas en bases de datos puestas a disposición del público. Puntualmente ha
estudiado casos en las que, usuarios de la administración de justicia han acudido a
los jueces de tutela para solicitar que la información personal contenida en procesos
judiciales y que están a disposición del público para el control del avance de los
procesos sea ocultada, pues el proceso judicial llega a su fin lo que plantea una
tensión con los derechos al buen nombre, honra o intimidad. Se trata de decisiones
en las que la Corte resolvió peticiones de ocultamiento en procesos de naturaleza
civil o del derecho de familia y en la que se exponía virtualmente, aspectos de la
intimidad de las personas10. En esas providencias, en desarrollo del derecho al
habeas data, se conceptualizó el derecho al olvido. Sobre este punto:
“(…) la Corte señaló que el derecho al olvido se traduce en la imposibilidad
de que informaciones negativas acerca de una persona tengan vocación de
perennidad, razón por la cual, después de algún tiempo, deben desaparecer
totalmente del banco de datos respectivo.”
10
T-699 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo)
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23. De ahí que este derecho, también conocido como el principio de la caducidad
del dato negativo, haya sido entendido como aquel derecho que tiene el titular de la
información a que, por el decurso del tiempo, se eliminen los datos negativos que
reposen en las centrales de riesgo11. Este derecho al olvido del dato negativo se
aplica a bases de datos públicas y privadas y no se restringe a información
financiera, por lo cual, se aplica a registros de procesos judiciales de carácter penal
o disciplinaria12.
24. Recientemente en la T-398 de 202313, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional resolvió una petición de amparo en la que un ciudadano solicitó que
fueran ocultados los registros de los procesos penales en los que estuvo vinculado,
específicamente de las bases de datos que tiene la rama judicial para permitir el
control del avance de los procesos judiciales. En esa ocasión, el ciudadano actor
había sido condenado penalmente, pero la sanción había sido declarada extinta por
los jueces de ejecución de penas. El actor desconocía qué autoridad judicial debía
ocultar el registro de los dos procesos penales en los que estuvo vinculado, motivo
por el cual en cumplimiento del artículo 15 de la Ley 1581 de 2012 elevó petición
ante el Consejo Superior de la Judicatura para ocultar dicha información. En la
respuesta, la dependencia del Consejo Superior no supo guiar adecuadamente al
actor, pues no se conocía qué autoridad judicial tenía la competencia para
anonimizar u ocultar el registro de la base de datos de procesos de la Rama Judicial.
25. En esa oportunidad, la Corte Constitucional reiteró varias reglas
jurisprudenciales relevantes para el caso en concreto. Indicó que, en efecto, en
virtud del acuerdo 1591 de 2002, el Consejo Superior de la Judicatura es el
administrador del software que permite que la ciudadanía haga seguimiento al
avance de los procesos judiciales de todos los despachos del país. Asimismo,
explicó que, dado que en dicha controversia no sabía a qué autoridad judicial debía
dirigir su solicitud de ocultamiento de información negativa, el actor la presentó
correctamente ante el Consejo Superior de la Judicatura. La Corte precisó que esta
solicitud cumplía con el requisito establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de
2012.
26. Adicional a lo anterior, la providencia indicó que la información contenida en las
bases de datos de la rama judicial referidas al desarrollo de los procesos penales
está sometida al principio de caducidad, conforme al cual “la información que resulte
desfavorable al titular debe ser retirada de las bases de datos siguiendo criterios de
razonabilidad y oportunidad, de forma que queda prohibida la conservación
indefinida de los datos después que han desaparecido las causas que justificaron
su acopio y administración”. Respecto a la existencia de datos negativos,
puntualmente por la vinculación a un proceso penal en una base de datos de acceso
público, la Corte explicó, en abstracto, la eventual tensión y vulneración de derechos
fundamentales:
11
SU-082 de 1995 (M.P. Jorge Arango Mejía)
12
C-1006 de 2002.
13
M.P. Antonio José Lizarazo.
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“Es claro entonces que la vinculación a un proceso penal -más allá de la
sentencia condenatoria- genera en el investigado la calificación negativa. Así lo
ha descrito ampliamente la criminología14 al exponer que los efectos del
ejercicio del poder punitivo que se ciernen sobre el procesado desde el
momento en que es llamado a comparecer en un proceso penal con
independencia de las resultas del proceso. De ahí que la etiqueta de
“delincuente” cumple con una función social de connotación negativa para quien
la recibe15. Esta afectación puede ocurrir cuando se publica, indefinidamente, la
mera vinculación de una persona con un proceso penal.”
27. Para garantizar el derecho al olvido, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido dos mecanismos de protección. En primer lugar, es posible ejercer la
facultad de supresión con el objeto de hacer desaparecer por completo de la base
de datos la información personal respectiva. En este caso, la información además
de ser suprimida no puede ser conservada ni siquiera de manera restringida, esta
es la idea original del llamado derecho al olvido. En segundo lugar, está la supresión
de la información que está sometida a circulación, caso en el cual, la información se
suprime solo parcialmente y se mantiene la posibilidad de conservarla y, bajo un
escenario restringido, circularla16. Esta última modalidad permite conciliar varios
elementos normativos que concurren en el caso de la administración de información
personal sobre antecedentes penales.
28. En aquella providencia se declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado, pues en el lapso de la revisión del fallo de instancia, la autoridad
accionada ocultó el dato negativo. Sin embargo, tuvo ocasión de explicar en qué
había consistido la vulneración al derecho fundamental al habeas data, pues a pesar
que el actor de esa oportunidad había solicitado el ocultamiento de la información
negativa, la misma no fue atendida de fondo por el CENDOJ del Consejo Superior
de la Judicatura, pues esta instancia no tenía claro cuál era la entidad judicial que
debía ordenar el ocultamiento del dato negativo. La Corte precisó que si el propio
administrador de la base de datos de procesos judicial no tenía claro a qué autoridad
judicial debía elevarse la petición de que trata el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012,
dicho conocimiento no le era exigible al actor. Concluyó la Corte:
"Tal vulneración ocurre en la página web de la Rama Judicial, que, a diferencia del
registro que hace la fiscalía en su plataforma SPOA -que identifica el expediente por el
número de radicado pero no por el nombre del investigado-, incluye el nombre de la
persona preliminarmente vinculada. La misma tiene origen en la falta de claridad de la
información sobre quién es el administrador secundario competente para adelantar la
anonimización. Dado que es el CENDOJ el encargado de administrar los perfiles,
usuarios y contraseñas de los administradores secundarios, para que éstos alimenten
el sistema, al CENDOJ le corresponde aclarar por qué es el Juzgado 20 el que aparece
14
En particular la teoría del etiquetamiento o “labelling approach” que propone un cambio de
paradigma para entender el delito como una respuesta al control social y en esa medida, el
“desviado” es aquel a quien se le ha aplicado la etiqueta de desviado o delincuente. El desarrollo e
influencia de la teoría del etiquetamiento se puede encontrar en E., Larrauri, La herencia de la
criminología crítica, segunda edición. Siglo Veintiuno Editores, 1992.
15
La criminología ha puesto de presente la diversidad de funciones sociales que se puedan atribuir,
desde reafirmar los valores que se protegen y cohesionan a la sociedad (Durkheim), reafirmar la
solidaridad social (Mead) o imponer una visión moral del mundo (Becker). Ibid.
16
En este sentido véase por todas la SU-458 de 2012.
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como quien realizó la diligencia en cuestión y quien, por tanto, habría alimentado la
información de la misma, cuando fue el Juzgado 29 quien la adelantó. Asimismo, el
DEAJ es el encargado del sistema de información de la Consulta Nacional Unificada
de Procesos que integra la base de datos de Justicia XXI.
En atención a los principios de necesidad, utilidad, circulación restringida y caducidad
que rigen la administración de los datos, esta Sala ordenará que el nombre del
accionante sea ocultado de la página web de la Rama Judicial, pues no se trata de un
dato útil a la finalidad de la publicidad del proceso ni de cara a los sujetos procesales,
ni a la comunidad y, en cambio, es un dato producido hace 14 años que, en lugar de
cumplir una finalidad constitucionalmente legítima, vulnera los derechos fundamentales
a la honra, al habeas data y al buen nombre del accionante.”
29. En atención a lo anterior, entre otras cosas, tuteló el derecho a la honra, buen
nombre y habeas data del actor, y ordenó al CENDOJ en calidad de administrador
principal de la plataforma web de consulta de procesos de la Rama Judicial, y al DEAJ
en calidad de administrador de la Consulta Nacional Unificada de Procesos,
ACLARAR la indeterminación frente a la autoridad judicial competente y administrador
secundario en el expediente y N.º 12345, y por su conducto, OCULTAR la información
correspondiente al nombre del accionante en el radicado de la referencia teniendo en
cuenta las razones expuestas en la presente providencia.
30. Con base en las normas constitucionales, estatutarias y el precedente
constitucional reiterado se resuelve el caso concreto.
Caso concreto
31. Con el fin de resolver los problemas jurídicos formulados, a continuación, se
examinará si se satisfacen los requisitos de legitimación, subsidiariedad e
inmediatez. En caso afirmativo, se examinará si las entidades accionadas
vulneraron los derechos fundamentales al derecho de petición y al habeas data.
Legitimación en la causa por activa y por pasiva
32. Legitimación por activa. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, y en concordancia con el artículo 10 del decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela la podrá formular el titular de los derechos constitucionales amenazados o
conculcados. Este requisito se satisface, pues el actor es el titular del dato negativo
contenido en las bases de datos de la rama judicial sobre el desarrollo de los
procesos judiciales. Además, fue la persona que suscribió el derecho de petición
que elevó el 26 de abril de 2024 ante el CENDOJ, con el fin de solicitar la protección
de su derecho al habeas data. En tal sentido, se encuentra acreditada la legitimación
en la causa por activa.
33. El requisito de legitimación por pasiva hace referencia a la aptitud legal de la
entidad pública contra quien se dirige el amparo, para ser llamado a responder por
la alegada vulneración o amenaza del derecho fundamental. El precitado artículo
86, en concordancia con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, establece que la
tutela procede contra la acción u omisión de cualquier autoridad pública. En este
caso, se reprocha que el Consejo Superior de la Judicatura, a través de sus
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unidades, tiene la competencia estatutaria de administrar las bases de datos de
procesos de la rama judicial17, la cual fue desarrollada por varios acuerdos, tal como
se indicó en las contestaciones de la demanda. Puntualmente el Acuerdo 1591 de
2002 “por el cual se establece el sistema de información de gestión de procesos y
manejo documental (Justicia XXI)”.
34. La DEAJ indicó que, la actualización de la información de dicho sistema es
competencia de cada despacho judicial del país, apoyado por las oficinas
informáticas de los consejos seccionales de la judicatura en cada distrito judicial y
que el Consejo Superior de la Judicatura, a través de su unidad DEAJ “es
meramente de soporte y apoyo técnico frente a los diferentes programas técnicos
y/o, informáticos asignados a esta unidad.”18. En esa medida, el Consejo Superior
de la Judicatura, a través de la unidad encargada de la administración de las bases
de datos, es pasible de la acción de tutela, pues en todo caso tiene
responsabilidades respecto a la actualización de dicho instrumento tecnológico. En
el caso del CENDOJ, unidad del Consejo Superior de la Judicatura, también tiene
vocación de participar en el proceso de tutela, pues fue ante esta entidad que se
elevó la petición del pasado 26 de abril de 2024, y fue su respuesta la que direccionó
la solicitud del actor al Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá. Sin embargo, no redireccionó copia de la misma petición al
Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Penal, autoridad judicial responsable del
expediente judicial radicado con número 11001310401620050008401. Registro
sobre el que aún es posible acceder a la información negativa del actor. Por lo
anterior, se reprocha una omisión de dicha unidad del Consejo Superior de la
Judicatura. Además, el CENDOJ es el administrador principal del portal web
www.ramajudicial.gov.co19.
35. Finalmente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal es
pasible de la actual acción de tutela, pues es la autoridad judicial competente para
ordenar el ocultamiento del dato negativo contenido dentro del proceso radicado
con número 11001310401620050008401. En la respuesta de la acción de tutela, el
tribunal indicó que el actor no ha elevado petición ante dicha autoridad judicial. Sin
embargo, para esta Subsección resulta claro, que el actor sí elevó la petición ante
la autoridad que considera competente para resolver la solicitud de ocultamiento.
Se trata de la petición de 26 de abril de 2024.
36. Si la autoridad que recibió la petición no era competente para atenderla, por
disposición estatutaria debía remitirla a la que sí lo era, situación que parcialmente
hizo el CENDOJ, cuando remitió la petición al juzgado décimo de ejecución de
penas y medidas de seguridad de Bogotá. Sin embargo, omitió remitirlo también al
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal. En esa medida, la
17
El artículo 107 de la Ley 270 de 1996 creó el Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales. Entre
dichas tareas se encuentra la de “llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos
judiciales”. La norma indica que: “La coordinación del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales
estará a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, el cual acopiará, procesará y reproducirá toda
la información que sea requerida por las entidades usuarias para la adopción de políticas
relacionadas con el sector.”
18
Folio 4 de la constatación de la acción de tutela.
19
Acuerdo PSAA119109 de 2011.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04340-00
Accionante: Oscar Enrique Granados Domínguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Subsección concluye que el actor cumple el requisito previsto en el artículo 15 de la
Ley 1581 de 2012, con el derecho de petición elevado el 26 de abril de 2024, y la
omisión del CENDOJ en remitir por competencia la misma al tribunal superior del
distrito, no afecta la situación que actualmente, la autoridad judicial que está llamada
a proferir la orden de ocultamiento es el tribunal vinculado.
Inmediatez
37. El presupuesto de inmediatez se refiere a que la tutela debe haberse interpuesto
en un plazo razonable desde la afectación del derecho fundamental invocado. En
este caso, el accionante presentó una petición el 26 de abril de 2024, solicitando la
ocultación de su nombre en los radicados 11001310401620050008400 y
11001310401620050008401, correspondientes a la primera y segunda instancia,
respectivamente, dado que la extinción de la pena principal de prisión y de las
accesorias había sido declarada el 4 de octubre de 2013.
38. El 15 de mayo de 2024, el CENDOJ remitió la petición del actor al Juzgado de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, considerando que era la
instancia competente para dictar la orden judicial de ocultamiento. Sin embargo,
como se indicó anteriormente: (i) el juzgado no era la autoridad competente; solo al
presentar la acción de tutela se verificó que el órgano judicial encargado del
conocimiento del radicado 11001310401620050008400 era el Juzgado Veintinueve
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, y (ii) se omitió remitir la
petición al Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Penal, que era la autoridad
competente para ordenar la ocultación del radicado 11001310401620050008401.
En consecuencia, se concluye que la acción de tutela se presentó dentro de un
plazo razonable desde la radicación del derecho de petición.
39. Respecto a la vulneración del derecho al habeas data, presuntamente afectado
por la publicación de la información, debe considerarse que esta constituye una
acción continua mientras la publicación se mantenga, lo que habilita el cumplimiento
del requisito de inmediatez para la presentación de la tutela.
Subsidiariedad
40. El requisito de subsidiariedad exige que el actor agote todos los procedimientos
judiciales a su disposición. En el caso concreto, como se indicó más arriba, el
tribunal estima que el requisito de subsidiariedad no se satisface pues, el actor no
ha elevado petición ante aquel despacho judicial, tal como lo indica el artículo 15 de
la Ley 1581 de 2012. Sin embargo, esta subsección la exigencia prevista en el
artículo estatutario se cumplió con el derecho de petición de 26 de abril de 2024,
elevado por el actor ante el CENDOJ. Esto por dos motivos. El primero pues el
CENDOJ, es la unidad del Consejo Superior de la Judicatura que administra las
bases de datos de la rama judicial, y en segundo lugar, pues el actor no tenía la
obligación de conocer las autoridades judiciales que deben ocultar la información
del proceso judicial en el que aparece cómo condenado. Téngase en cuenta que,
incluso el CENDOJ cuando remitió el derecho de petición al juzgado décimo de
ejecución de penas y medidas de seguridad, no tuvo información actualizada sobre
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04340-00
Accionante: Oscar Enrique Granados Domínguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
la autoridad judicial competente para ordenar el ocultamiento.
41. Como afirma el Consejo Superior de la Judicatura, los administradores
secundarios son los propios juzgados competentes y dentro de sus funciones se
encuentran la de alimentar el sistema con la información y verificar la procedencia
del ocultamiento de la información. Con todo, tras la contestación de la acción de
tutela, esta subsección concluye que el CENDOJ no tenía claro las autoridades a
las que debía remitir la petición del actor, y por tanto tampoco podía exigirse que el
actor sí tuviera esa claridad.
42. En punto al examen de fondo, la Subsección concluye que, en relación con los
datos negativos dentro del radicado 11001310401620050008401, el Consejo
Superior de la Judicatura a través del CENDOJ vulneran los derechos
fundamentales de petición y del habeas data del actor, pues debía tener la
información actualizada y precisa sobre las autoridades judiciales competentes para
ordenar el ocultamiento de los dos radicados de procesos judiciales solicitados por
el actor. En su respuesta de 15 de mayo de 2024 se omitió remitir la petición del
actor al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, en los términos
del artículo 15 numeral 2 de la Ley 1581 de 2012, conforme a la cual, “En caso de
que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a
quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la
situación al interesado.”
43. El CENDOJ atendió parcialmente la anterior disposición normativa, pues remitió
la petición al juzgado décimo de ejecución de penas y medidas de seguridad de
Bogotá, autoridad competente respecto del radicado 11001310401620050008400,
pero no realizó lo mismo respecto del otro radicado (el
11001310401620050008401). En esta omisión estriba la vulneración del derecho
de petición y al habeas data del actor, pues se formuló una petición en los términos
de la ley 1755 de 2015, la cual no obtuvo respuesta de fondo, y del derecho de
habeas data, pues por la omisión en la remisión de la petición de ocultamiento,
actualmente la información dentro del radicado terminado en 01, aún está visible
para todo el público.
44. Por lo anterior, como remedio judicial, esta Subsección ordenará que se dé cabal
cumplimiento al artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, y en esa medida, además de
tutelar los derechos constitucionales de petición y al habeas data, se ordenará que,
en los términos del artículo 15 de la ley 1581 de 2012 remita la petición de
ocultamiento del radicado 11001310401620050008401, a la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, para que esta autoridad judicial proceda a resolver lo solicitado
por el actor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04340-00
Accionante: Oscar Enrique Granados Domínguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia por carencia actual de objeto por hecho
superado en relación con la protección del derecho de petición y de habeas data
referido al expediente radicado con número 11001310401620050008400.
SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición y al habeas data de
Oscar Enrique Granados Domínguez conforme la parte motiva de la providencia. En
consecuencia, ordenar al Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), del
Consejo Superior de la Judicatura que en el término de dos (2) días desde la
notificación de esta providencia, remita la petición de ocultamiento formulada por el
actor, al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, puntualmente al despacho que
intervino dentro del proceso de tutela, para que dentro de los plazos previstos en el
artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, dicha autoridad judicial resuelva sobre la
solicitud de ocultamiento del radicado 11001310401620050008401.
TERCERO: Contra esta providencia procede el recurso de impugnación. En caso
de no ser impugnada, remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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