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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04347-00

Fecha
8 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04347-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Gloria Patricia Cáceres Becerra contra la Sala Especial de Decisión No. 7 del Consejo de Estado, por las razones aquí presentadas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin23. TERCERO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 22 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018. 23 secgeneral@consejodeestado.gov.co. 10 de 11 Radicación: 11001-03-15-000-2024-04347-00 Demandante: Gloria Patricia Cáceres Becerra Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 7 Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Confirma ______________________________________________________________________________________________________________ CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-04347-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

8 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 8 de noviembre de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04347-00
Demandante: Gloria Patricia Cáceres Becerra
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 7
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia que declaró fundado un recurso
extraordinario de revisión y, en consecuencia, revocó las sentencias de primera y segunda
instancia en un proceso de nulidad y restablecimiento de derecho en materia pensional
de un ex servidor de la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala2 a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Gloria Patricia
Cáceres Becerra contra la Sala Especial de Decisión No. 7 del Consejo de
Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados . 1.3. Trámite en primera instancia.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 16 de agosto de 2024, Gloria Patricia Cáceres Becerra, a través de
apoderado judicial, presentó una acción de tutela en contra de la Sala
Especial de Decisión No. 7 del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
seguridad social, así como de los principios seguridad jurídica, cosa
juzgada, confianza legitima, buena fe y legalidad, con ocasión de la
Sentencia de 8 de marzo de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2019-05294-00.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

1 El artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Integrada por los conjueces Jesús Marino Ospina Mena y Luis Hernando Parra Nieto y el consejero Alberto

Montaña Plata (ponente).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04347-00
Demandante: Gloria Patricia Cáceres Becerra
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 7
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, COSA JUZGADA, CONFIANZA LEGÍTIMA,
BUENA FE, SEGURIDAD SOCIAL Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que el
consejo de Estado, Sala Séptima de Decisión, en sentencia del 18 de marzo
de 2024 incurrió en un defecto sustantivo por interpretación errónea de las
sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional y al
cambio jurisprudencial adoptado por la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la sentencia de 11 de junio de 2020, y por
desconocimiento del precedente judicial, pues de manera errada interpretó
los efectos de la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda de fecha 11 de junio de 2020, y a la aplicación del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y lo establecido en el
artículo 53 de la Constitución Política, y la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010, de la Sala Plena de la Sección Segunda.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 18 de marzo de 2024,
proferida por la Sala Séptima Especial de Decisión dentro del recurso
Extraordinario de Revisión propuesto por la UGPP.

TERCERO: ORDENAR a la UGPP que mantenga la liquidación de la pensión de
la señora Gloria Patricia Cáceres Becerra de conformidad con la sentencia
del Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección A del 10 de julio de 2014
que confirmó la decisión de ordenar la reliquidación de la pensión proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 28 de agosto de 2012
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y la Resolución
31346 del 30 de julio de 2015, que le dio cumplimiento al fallo.

CUARTO: ORDENAR a la UGPP que reintegra todos los emolumentos dejados
de percibir con ocasión de la sentencia de revisión de la Sala Séptima de
Revisión del 18 de marzo de 2024. ”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron narrados los siguientes:

4. 1) Gloria Patricia Cáceres Becerra nació el 22 de julio de 1957 y
trabajó al servicio de la Procuraduría General de la Nación desde el 1 de
julio de 1985 hasta el 30 de agosto de 2010. El último cargo desempeñado
fue el de procuradora judicial II.

5. 2) Mediante Resolución No. 14650 de 23 de septiembre de 2010, le
fue reconocida una pensión de vejez por valor de $4.893.518,94, efectiva a
partir del 1 de septiembre del mismo año y, a través de Resolución No. 465
de 1 de julio de 2011, dicha prestación se reliquidó3 para incrementar el
monto a $ 12.530.898.

6. 4) La señora Cáceres Becerra presentó demanda4, orientada a
obtener la reliquidación de la pensión reconocida a su favor.

7. 4) La Subsección E (Sala de Descongestión) de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante Sentencia de 28
de agosto de 2012, accedió a las pretensiones de la demanda y, en
3 En cumplimiento de una orden de tutela.
4 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04347-00
Demandante: Gloria Patricia Cáceres Becerra
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 7
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Confirma
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consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión reconocida a favor
de Gloria Patricia Cáceres Becerra, con fundamento en el Decreto 546 de
1971, es decir, sobre el 75% del salario más lato devengado en el último
año de servicio, con inclusión de todos los factores salariales5. Decisión que
fue confirmada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 10 de julio de 2014.

8. 5) Por Resolución No. 31346 de 30 de julio de 2015, la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) dio cumplimiento de la anterior orden judicial6.

9. 6) La UGPP presentó recurso extraordinario de revisión contra la
Sentencia de 10 de julio de 2014, con fundamento en la causal prevista en
el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, así como la causal de
abuso del derecho, de conformidad con el Acto Legislativo No. 1 de 2005 y
la Sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, comoquiera que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado omitió aplicar
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y desconoció el precedente de la
Corte Constitucional sobre la forma de liquidar el IBL de aquella personas
amparadas por el régimen de transición pensional y los factores de
liquidación a incluir.

10. 7) La Sala Especial de Decisión No. 7 del Consejo de Estado,
mediante Sentencia de 8 de marzo de 2024, declaró fundado el recurso
extraordinario de revisión, tras considerar que (se trascribe) “la sentencia
recurrida ordenó el pago de una pensión con cargo a fondos de
naturaleza pública y la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido
de acuerdo con la ley”.

11. Para llegar a esa conclusión, señaló que, contrario a lo ordenado por
los jueces de la nulidad y el restablecimiento del derecho, la liquidación de
la pensión de la demandante debió tener como IBL el promedio de lo
devengado en los últimos 10 años. Por tal razón, el reconocimiento
pensional ordenado en la Sentencias de 28 de agosto de 2012 y 10 de julio
de 2014 se enmarcó dentro de aquellas situaciones definidas por la
jurisprudencia como constitutiva de abuso del derecho.

12. 8) Mediante Auto de 8 de mayo de 2024, se negaron solicitudes de
aclaración y adición de sentencia.

5 “Asignación básica, prima de antigüedad mensual (96%), gastos de representación, prima especial de servicios

salarial, bonificación judicial mensual, doceava parte de la bonificación año de servicios y de las primas de
servicios, de navidad y de vacaciones”.
6 La parte actora adujo que, previamente, por Resolución No. 15074 de 20 de abril de 2015, la UGPP negó la

solicitud de cumplimiento de la anterior orden judicial.

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Demandante: Gloria Patricia Cáceres Becerra
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 7
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Confirma
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13. El fundamento de la vulneración radicó en que, a juicio de la parte
actora, la providencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo y
desconoció el precedente.

14. Adujo que (1) para la época en la que fue resuelta la controversia
pensional, estaba vigente tesis jurisprudencial de la Sentencia de 4 de
agosto de 2010 (0112-2009) de la Sección Segunda del Consejo de Estado;
(2) las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte
Constitucional se refirieron al régimen de los congresistas y magistrados de
altas cortes y no al régimen especial del Ministerio Público que le era
aplicable a la señora Cáceres Becerra; y (3) la Sentencia de 11 de junio de
2020, Rad. 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017), de la Sección
Segunda del Consejo de Estado indicó que sus efectos solo eran
vinculantes respecto asuntos similares que estuvieran en trámite ante la
administración o la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y no sobre
aquellos casos donde existiera sentencia ejecutoriada amparada por cosa
juzgada.

15. Alegó que se el cambio de jurisprudencia no puede entenderse
como un abuso del derecho o fraude a la ley, (se trascribe) “pues la tesis
jurisprudencial de 2010 tenía fundamentos sólidos y garantistas de los
principios de favorabilidad, inescindibilidad de la ley y seguridad jurídica,
frente a la contradicción de los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de
1993”.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados7

19. La UGPP presentó informe en el que, después de hacer una relación
de los antecedentes administrativos del caso y poner de presente que dio
cumplimiento a la Sentencia de 8 de marzo de 2024, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05294-00, mediante Resolución No. 12799 de 31 de julio de 2024,
señaló que la solicitud de amparo de la referencia no cumplió con el
requisito de perjuicio irremediable o afectación al mínimo vital y seguridad
social. Adujo que lo pretendido por la parte actora no fue otra cosa que
someter su pleito a una instancia adicional y la decisión judicial enjuiciada
fue acertada, ya que la reliquidación de la pensión debía hacerse con
base en los factores realmente aportados al sistema y certificados y IBL no
fue objeto de transición8.

7 Mediante Auto de 12 de septiembre de 2024, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela en contra

de la Sala Especial de Decisión No. 7 del Consejo de Estado, (2) negó una prueba solicitada por la parte actora y
(3) vinculó a Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —
UGPP, al Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda - Subsección E - Sala de Descongestión, como terceros con interés en el asunto.
8 Para soportar su tesis, invocó las Sentencias SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, T-039 de 2018 de la Corte

Constitucional; de 25 de febrero de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-00103-00; de 30 de octubre de 2017, Rad.
11001-03-15-000-2017-02454-00; y de 8 de marzo de 2018, Rad. 11001-03-15-000-2017-02798-01, del Consejo de
Estado, así como la Circular Conjunta No. 21 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación.

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Demandante: Gloria Patricia Cáceres Becerra
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 7
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Confirma
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20. El consejero Martín Bermúdez Muñoz, en calidad de ponente de la
providencia enjuiciada, manifestó que acatará lo que se defina en la
presente acción de tutela.

21. La Subsección E (Sala de Descongestión) de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, pese a que fueron debidamente
notificadas, guardaron silencio.

1.3. Trámite en primera instancia

22. Por reparto, el proceso fue asignado al despacho del consejero
Fredy Ibarra Martínez.

23. El 23 de agosto de 2024, los consejeros Fredy Ibarra Martínez y Martín
Bermúdez Muñoz manifestaron estar impedidos para conocer del asunto,
con fundamento en los numerales 1 y 6 del artículo 56 de la Ley 906 de
20049.

24. El 5 de septiembre de 2024, se llevó a cabo diligencia de sorteo de
conjueces, en la que resultaron designados los conjueces Jesús Marino
Ospina Mena y Luis Hernando Parra Nieto.

25. Mediante Auto de 12 de septiembre de 2024, la Sala10 declaró
fundado los impedimentos manifestados por los consejeros Fredy Ibarra
Martínez y Martín Bermúdez Muñoz11.

9 “Lo anterior, debido a que con la acción de tutela de la referencia se cuestiona la providencia proferida por la

Sala Séptima Especial de Decisión del Consejo de Estado por medio de la cual se declaró fundado un recurso
extraordinario de revisión presentado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP en contra de la sentencia del 10 de julio de 2014
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se confirmó la
providencia de 28 de agosto de 2012 expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la
cual se ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de la señora Cáceres Becerra. // Respecto del magistrado
Martín Bermúdez Muñoz, la manifestación de impedimento en esta oportunidad se invoca en atención a que
dictó, suscribió, hizo parte de la Sala de Decisión e incluso fue el magistrado ponente de la providencia proferida
por la Sala Séptima Especial de Decisión motivo de cuestionamiento a través de la acción de tutela de la
referencia. // Al propio tiempo, en lo atinente al magistrado Fredy Ibarra Martínez, la causal se invoca porque la
controversia central en este caso gira en torno a la liquidación de la pensión de los funcionarios del Ministerio
Público, puntualmente para el caso de los Procuradores Judiciales II, que es el cargo que ocupaba la actora. //
Así entonces, en atención a que la cónyuge del suscrito magistrado se desempeñó durante varios años en
calidad de asesora, grado 24 de la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado y, actualmente,
sin solución de continuidad de esa vinculación laboral, funge como Procuradora Judicial II ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la decisión que se tome puede tener un impacto directo sobre sus
expectativas pensionales.”
10 Integrada por los conjueces Jesús Marino Ospina Mena y Luis Hernando Parra Nieto y el consejero Alberto

Montaña Plata (ponente).
11 “En virtud de lo anterior, la Sala advierte que las causales sobre las cuales los magistrados sustentaron su

impedimento resultan fundadas, toda vez que la presente tutela enjuicia la providencia de 18 de marzo de 2024
a) que declaró fundado el recurso extraordinario de revisión en el proceso No. 11001-03-15-000-2019-05294-00 y,
en consecuencia, revocó las decisiones de nulidad y restablecimiento del derecho relacionadas con la
liquidación pensional de una empleada de la Procuraduría General de Nación, entidad con la que la cónyuge
del magistrado Ibarra Martínez tiene una vinculación laboral, y b) cuyo ponente fue el magistrado Martín
Bermúdez Muñoz. En esa medida, ambos deben ser apartados del conocimiento del proceso de la referencia.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04347-00
Demandante: Gloria Patricia Cáceres Becerra
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 7
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Confirma
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

26. Le corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, si la Sala Especial de Decisión No. 7 del Consejo de Estado, como
juez de la revisión, incurrió en un defecto sustantivo y/o desconoció el
precedente, relativos a las normas y jurisprudencia sobre la liquidación de
las pensiones sometidas al régimen de transición y amparadas bajo el
Decreto 546 de 1971.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

27. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por falta
de relevancia constitucional.

28. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo
se convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter
legal. En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han
sido identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional12.

29. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental13.

30. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
12 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
13 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Confirma
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de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto14; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario15 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad16.

31. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202317,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir
debates concluidos.

32. Bajo este entendido, la Sala estima que en el presente caso no se
cumplió con el mencionado requisito, por las razones que pasan a
explicarse:

33. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que la parte
actora pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre una
situación definida y consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de
tutela, se estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir, utilizarla como
una instancia adicional. Además, se evidenció que la acción de tutela
careció de la carga argumentativa necesaria para justificar por qué era
necesaria la intervención del juez de tutela en el asunto,

34. Lo anterior obedece a que los reparos de la parte actora se
presentaron como simples diferencias o discrepancias interpretativas
respecto la decisión del juez natural de la causa.

35. En el escrito de tutela, la señora Cáceres Becerra, por conducto de
su abogado, alegó que hubo una indebida aplicación del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, así como de las reglas jurisprudenciales de las Sentencias
C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional. Aunado a ello,
señaló que la autoridad judicial omitió tener en cuenta la Sentencia de 4
de agosto de 2010 (0112-2009) de esta corporación. Estos argumentos

14 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El

primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
15 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia

procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
16 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
17 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

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Demandante: Gloria Patricia Cáceres Becerra
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
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coinciden con aquellos que fueron presentados por ella misma, en la
oposición18 que se hizo al recurso extraordinario de revisión.

36. Esos reparos fueron abordados y resueltos por la Sala Especial de
Decisión No. 7 del Consejo de Estado, a través de la Sentencia de 8 de
marzo de 2024, en la cual la referida autoridad judicial hizo referencia al
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el alcance de
dicha norma de cara a las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de
la Corte Constitucional, concretamente, al hecho de que el IBL no era
objeto de dicha transición19.

18 “Procede señalar que, distinto a lo que sostiene la UGPP [(i) de la pág. 6], el fallo cuestionado no transgedió el

debido proceso, en términos del artículo 29 de la Carta, ni con el alcance que esta le otorga, por,
supuestamente, no haberse ceñido a los principios de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 6, 121, 123,
inciso 2, y 124 superiores, pues lo correcto, en decir de la glosadora, es que se tuvieran en cuenta los artículos 36
y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto del IBL y factores que deben considerarse al liquidar la prestación, afirmación
que tampoco se ajusta a la realidad.
(…) En segundo término, frente al alcance extendido que se pretende dar por la UGPP al debido proceso, por
supuesto quebrantamiento de los mencionados preceptos de la Carta, se tiene que, como se adelantó, los fallos
criticados aplicaron las normas vigentes y jurisprudencia reiterada y pacífica de esa época, en las que estos se
produjeron, vale insistir, el Decreto 546 de 1971 y las sentencias del Consejo de Estado 4 de agosto de 2010, Rad.
25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, y de 28 de octubre de 1993, Rad.
5244, M.P. Dolly Pedraza, entre otras.
Estas decisiones son relativas, en su orden, a la liquidación del IBL con el 75% del salario más alto del último año, y
a que por asignación mensual debe entenderse no solo la remuneración básica, sino todo lo que el servidor
percibe, cabe decir, todo lo que devengue como retribución por sus servicios.
(…) Recordemos, la reiterada y pacífica de esa época, el Decreto 546 de 1971 y las sentencias, entre otras, del
Consejo de Estado 4 de agosto de 2010, Rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09), M.P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila, y de 28 de octubre de 1993, Rad. 5244, M.P. Dolly Pedraza, inherentes, en su orden, a la
liquidación del IBL con el 75% del salario más alto del último año, y a que por asignación mensual debe
entenderse no solo la remuneración básica, sino todo lo que el servidor percibe, esto es, todo lo que devengue
como retribución por sus servicios.
(…) Con estos argumentos, sería suficiente para desvirtuar el alcance que pretende darle la UGPP a las
sentencias C-168-95, C-258-13, SU-230-15, SU-427-16, SU-210-17, SU-395-17, SU-631-17 y a los autos 326-14 y 229-17,
providencias de las cuales transcribe apartes (págs.11 a 15). Sin embargo, en adición a lo demostrado, procede
señalar por el suscrito que la aplicación de la segunda de las sentencias, columna vertebral de la recurrente,
también fue descartada por el fallo cuestionado de 10 de julio de 2014, y que las demás, mal podían ser
consideradas, por ser inexistentes, toda vez que fueron expedidas con posterioridad a este, con excepción de la
C-168-95, de menor importancia, pues las que introdujeron el nuevo panorama fueron la C-258-13 y la SU-230-15.
Vale mencionar que, el criterio expuesto sobre la sentencia C-258-13 en el fallo acusado fue prohijado en
providencia de tutela de 16 de octubre de 2016, recordando, entre otros puntos, que los destinatarios de aquella
son los congresistas, cargo que, como ya se anotó, nunca ocupó mi cliente(…)”
19 “14.- De la norma citada se desprende que las condiciones para acceder al derecho a la pensión de vejez de

las personas beneficiarias del régimen de transición no estaban exentas de la aplicación parcial de la nueva ley.
El texto de la norma dejó claro que <<las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para
acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.>>
(…) 15.- Por su parte, los aspectos de la pensión de vejez que quedaron sometidos al régimen de transición
fueron los asociados con la edad, tiempo de servicios y el monto de la pensión.
16.- En cuanto al IBL, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no lo estableció como uno de los requisitos que debían
regirse por la legislación anterior o que haría parte del régimen de transición. El propio artículo dispuso que el IBL
debía calcularse teniendo en cuenta el promedio de lo devengado en el tiempo que faltara para adquirir el
derecho a la pensión cuando faltaren menos de diez (10) años, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere
superior. Lo anterior contrasta con la regla aplicada en el caso sometido a examen, que consistió en liquidar la
pensión de la demandante de acuerdo con el promedio de todos los ingresos devengados en el último año.
17.- En cuanto a lo que debe entenderse como el monto de la pensión, la jurisprudencia ha precisado que
corresponde al porcentaje del salario al cual el aportante tiene derecho como pensión de jubilación. Así, las
nociones de <<monto de la pensión>> e <<ingreso base de liquidación>> no quieren decir lo mismo, pese a que
el cálculo del IBL determina el <<monto de la pensión>>.
18.- El entendimiento conforme con el cual el IBL para las personas beneficiarias del régimen de transición está
sujeto a lo previsto en la Ley 100 de 1993 fue expresamente adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia
C-258 de 2013. Esta providencia declaró inexequible el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 que disponía que las
pensiones de los congresistas se liquidaban teniendo en cuenta el ingreso mensual promedio que hubiesen
devengado <<durante el último año, y por todo concepto>>. La Corte concluyó que debía aplicarse el IBL
previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, porque a dicha norma estaban sujetas las personas amparadas
por el régimen de transición del artículo 36 de la misma ley.
(…) 20.- Las sentencias citadas hicieron una interpretación clara del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a partir de
su tenor literal. Con todo, la Sección Segunda del Consejo de Estado adoptó durante varios años una posición
jurisprudencial conforme con la cual las nociones de monto de la pensión e IBL conforman una unidad
conceptual. Según dicho entendimiento, como el artículo 36 dispuso que a las personas beneficiarias del

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04347-00
Demandante: Gloria Patricia Cáceres Becerra
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 7
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

37. Asimismo, en lo que respecta a la Sentencia de 11 de junio de 2020,
Rad. 2016-00630-01 (4083-2017), la autoridad accionada hizo un análisis del
cambio jurisprudencial introducido a través de la Sentencia de Unificación
28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado (esto es, el abandono de la
tesis de la Sentencia de 4 de agosto de 2010 (0112-2009)), y su aplicación
en el tiempo, para concluir, de manera razonable, que las subreglas de la
Sentencia de 11 de junio de 2020 podían aplicarse de forma retroactiva o
retrospectiva comoquiera que con ellas se desarrolló una disposición legal
y no se modificó de forma alguna las condiciones de acceder a un
derecho o la forma de ejercerlo20.

38. Finalmente, frente al alegato relacionado con el abuso del derecho
y el fraude a la ley, la Sala logró advertir que no se desarrolló carga alguna
que justificara la intervención del juez de tutela más allá de una simple
afirmación, cuando se advierte, igualmente, que la Sala Especial de
Decisión No. 7 del Consejo de Estado estudió, razonablemente, la
existencia de una vinculación precaria al último cargo desempeñado por
la parte actora, en el caso concreto, de cara al concepto que la
jurisprudencia constitucional ha dado de aquellas figuras21.

39. De las razones plasmadas en el escrito de tutela, no se evidenció
alegato alguno que permitiera establecer en qué consistió el yerro en el
que presuntamente incurrió la Sección Segunda del Consejo de Estado al
declarar fundado el recurso extraordinario de revisión por encontrar
configuradas las causales alegadas por la UGPP, más allá de la
inconformidad frente a la decisión.

40. En ese orden, correspondía a la parte actora explicar, con rigor, los
argumentos con los que pretendió demostrar la vulneración
desproporcionada y/o arbitraria de las garantías constitucionales

régimen de transición se les aplicaría el régimen anterior respecto del monto de la pensión, debía entenderse
que también se estaba haciendo referencia al IBL. (…)”
20 “No se trata de una regla jurisprudencial que modifique las condiciones para adquirir un derecho o para

ejercerlo judicialmente; el justiciable no puede afirmar que, ateniéndose a la subregla equivocada realizó
determinada actuación o ejerció determinado derecho.
28.- De otra parte, no sería admisible considerar, en desarrollo del principio de igualdad, que un ciudadano
tenga derecho a que una interpretación equivocada de una norma, con base en la cual se resolvieron los casos
anteriores, deba obligatoriamente ser aplicada a todos los casos.
29.- Además, en la parte resolutiva de la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado
del 11 de junio de 2020 referida anteriormente, se dispuso: <<Advertir a la comunidad en general que las
consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el tema que se unifica jurisprudencia tienen
aplicación retrospectiva>>”.
21 “36.- En el presente caso, la Sala encuentra que se configura una situación de abuso del derecho porque la

demandante obtuvo entre 2009 y 2010 un incremento significativo de sus ingresos que no guardaba
correspondencia con su vida laboral, y esto fue producto de vinculaciones precarias que no reflejaban la historia
laboral de la servidora pública. En el expediente está probado que el último cargo que tuvo la señora Cáceres
Becerra en la Procuraduría General de la Nación fue el de Procuradora Judicial II, cuya asignación mensual más
alta correspondió a $15.652.942 (quince millones seiscientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y dos
pesos). Esta asignación mensual era muy superior a la recibida en el cargo inmediatamente anterior,
correspondiente a $4.898.112 (cuatro millones ochocientos noventa y ocho mil ciento doce pesos), y al promedio
de los salarios devengados en los últimos diez años, a saber, $6.524.691 (seis millones quinientos veinticuatro mil
seiscientos noventa y un pesos).”

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04347-00
Demandante: Gloria Patricia Cáceres Becerra
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 7
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Confirma
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invocadas (derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
seguridad social, así como de los principios seguridad jurídica, cosa
juzgada, confianza legitima, buena fe y legalidad) por parte de una alta
corte, de cara a los principios de seguridad jurídica y autonomía judicial.

41. Debe recordarse que las diferencias interpretativas que existieren
entre la parte demandante y el juez natural de la causa, no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por
qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una
tutela contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un
mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de
carácter excepcional22.

2.3. Conclusión

42. La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Gloria Patricia Cáceres Becerra contra la Sala Especial de Decisión No. 7
del Consejo de Estado, por las razones aquí presentadas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin23.

TERCERO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

22 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
23 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04347-00
Demandante: Gloria Patricia Cáceres Becerra
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 7
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Confirma
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CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JESÚS MARINO OSPINA MENA LUIS HERNANDO PARRA NIETO
Conjuez Conjuez

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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