Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04355-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04355-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04355-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
10 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04355 00
Demandante: María Luz Dary López Vélez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa.
Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Contabilización de la
caducidad de la acción. Delitos de lesa humanidad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
Los señores María Luz Dary López Vélez, Alba Nubia López Vélez, Héctor Fabio López
Vélez, Luis Aníbal Lozano obrando en nombre propio y como sucesor de Blanca Inés
Vélez Zamora, Claudia Yineth Ovalle López, Yenny Lorena Vásquez López, Mayerlin
Ovalle López en nombre propio y como sucesora de Teresa de Jesús López Vélez y,
Alexander Minchael López, promueven acción de tutela contra la providencia del 25
de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, que confirmó el auto del 22 de septiembre de 2023, dictado
por el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante
el cual rechazó la demanda por caducidad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: María Luz Dary López Vélez y otros
1.2. Pretensiones
Los accionantes formulan las siguientes súplicas:
PRIMERA.- AMPARAR a los suscritos nuestros derechos fundamentales al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva, a la indemnización de víctimas de violaciones
graves a los Derechos Humanos e igualdad, vulnerados con el proferimiento de las
providencias judiciales aquí acusadas.
SEGUNDA.- Consecuencialmente, ORDENAR al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que dentro del término improrrogable de diez (10) días contados a
partir de la notificación del fallo que así lo disponga, profiera nueva providencia
revocando la decisión de primer grado, y ordenándole dar trámite al proceso objeto
de la presente tutela.
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, los accionantes señalan los siguientes:
i) El 10 de mayo de 2023, a través de apoderado judicial interpusieron medio de
control de reparación directa contra la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional) para que se declarara la responsabilidad administrativa y extracontractual
del Estado por la muerte de Luis Alberto López Vélez en hechos acaecidos el 9 de
noviembre de 2003, en zona rural del corregimiento La Gabarra en el municipio de
Tibú (Norte de Santander), que fue presentada como baja en combate, tras una
operación militar defensiva planeada y ejecutada por el Batallón de Contraguerrillas
número 45.
ii) Mediante auto del 22 de septiembre de 2023, el Juzgado Treinta y Dos
Administrativo del Circuito de Bogotá, al que se le asignó el proceso bajo el radicado
11001 33 36 032 2023 00130 00, declaró de oficio la caducidad, pues estimó que
respecto de los señores Blanca Inés Vélez Zamora, Luis Aníbal Lozano, Teresa de
Jesús López Vélez, Claudia Yineth Ovalle López, Yenny Lorena Vásquez López y
Mayerlin Ovalle López se había superado el término para demandar en un año, un mes
y cuatro días, y en relación con los demás, esto es, María Luz Dary López Vélez, Alba
Nubia López Vélez, Héctor Fabio López Vélez y Alexander Michael López excedía en
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dos años, cinco meses y ocho días.
iii) Contra esa decisión propusieron apelación con la convicción de que en estos
asuntos no hay caducidad. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, confirmó lo resuelto por el a quo, con fundamento en la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, porque
estimó que al 26 de noviembre de 2020, fecha en la que se le comunicó a la señora
Teresa de Jesús López Vélez, madre de la víctima, la investigación que se adelantaba
por la muerte del señor Luis Alberto López Vélez, todos los accionantes tuvieron
conocimiento de que miembros del Ejército Nacional habían asesinado a su pariente
«en circunstancias de ejecución extrajudicial», por ello el plazo para incoar la demanda
contencioso-administrativa concluyó el 27 de noviembre de 2022, pese a que se radicó
solicitud de conciliación extrajudicial; por consiguiente, operó el fenómeno de la
caducidad.
1.4. Fundamentos jurídicos
Los accionantes alegan que con las providencias objeto de censura se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la
indemnización de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y a la
igualdad y se configuran los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, por lo siguiente:
i) Los despachos accionados no efectuaron el control oficioso de convencionalidad, así
como tampoco realizaron análisis alguno de las pruebas obrantes dentro del
expediente frente a la gravedad de los delitos de lesa humanidad de que fue víctima
directa Luis Alberto López Vélez, comoquiera que, para establecer el momento desde
el cual tuvieron conocimiento de la participación de miembros del Ejército Nacional en
los hechos y consecuentemente advertir la posibilidad de imputarle al Estado
responsabilidad, se limitaron a señalar que fue el 27 de noviembre de 2020, cuando
fue informada su hoy madre fallecida, sin estudiar las circunstancias inequívocas,
específicas y de posibles autores o partícipes que debe resolver la justicia penal.
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ii) Al respecto pueden consultarse las sentencias del 7 de julio de 2022 y del 29 de
septiembre de 2022, dictadas en las acciones de tutela con radicados 11001 03 15 000
2022 01694 01, promovida por José Barón Uribe y otros contra el Tribunal
Administrativo de Casanare y 11001 03 15 000 2022 01814 01 impetrada por Dora
Cecilia Forero de Achagua y otros vs. el Tribunal Administrativo del Casanare,
respectivamente.
iii) En cuanto a la violación del derecho fundamental a la igualdad, y como referente
entre otros, el fallo del 13 de febrero de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso de reparación
directa con radicación 11001 33 36 036 2013 00248 00, incoado por Ivonne Maritza
Escobar Gómez y otros contra la Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional), donde no se aplicó la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, sino
la Convención Americana de Derechos Humanos.
iii) Por los hechos expuestos en la demanda de tutela, los militares investigados
penalmente por la Fiscalía General de la Nación Alejandro Camacho Pinzón, Jhon
Alexander León Torres, Jorge Humberto Calderón Menza, Luis Eduardo Barragán
Saavedra, Otoniel Reyes García, Romaneli Barbosa Reinales y Sabel Rodrigo
Quintero Quintero, se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEF), que
emitió las resoluciones 6769 del 31 de octubre de 2019 y 2323 del 26 de julio de 2023
de la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas.
1.5. Actuación procesal
1.5.1. Mediante auto del 29 de agosto de 2024, se requirió a los señores Luis Aníbal
Lozano y Mayerlin Ovalle López para que allegaran las copias correspondientes a las
actas de defunción de las señoras Blanca Inés Vélez Zamora y Teresa de Jesús López
Vélez, así como la documental necesaria para acreditar la calidad de sucesores
procesales. El 3 de septiembre de 2024, se radicó memorial de subsanación.
1.5.2. La acción de tutela se admitió mediante auto del 19 de septiembre de 2024, que
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Sección Tercera, Subsección A y al Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación a la
Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional), que actuó como parte
accionada en el medio de control de reparación directa que se tramitó con el radicado
11001 33 36 032 2023 00130 00 [01] como tercero con interés en las resultas de este
proceso, para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa,
rindieran el respectivo informe.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A. La magistrada Beatriz Teresa Galvis Bustos solicita se nieguen las
pretensiones de la acción, por las siguientes razones:
i) Establecidas las reglas de unificación para el conteo de la caducidad en eventos de
daños causados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y con base en la
documental allegada con el expediente se concluyó que no era procedente contabilizar
el término de caducidad desde el 7 de septiembre de 2019 como lo indicó el Juzgado
Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá, fecha en que el señor Luis Aníbal
Lozano, padrastro de la víctima directa, asistió a entrevista ante la Fiscalía 102
Especializada de Derechos Humanos de Cúcuta, al considerar que se desconocían
los alcances de lo informado en aquella. Además, era una diligencia judicial y no de
información directa y cierta sobre la existencia de la investigación por la muerte de su
familiar y de los involucrados, por tanto, consideró que en esa oportunidad los
accionantes no tenían elementos para deducir que el Estado estuvo involucrado en los
hechos y que estaba llamado a responder patrimonialmente.
ii) No obstante, como se plasmó en la decisión cuestionada, al advertir que con la
demanda se había aportado el Oficio 000961 del 26 de noviembre de 2020 suscrito
por la Fiscalía 102 Especializada de Derechos Humanos de Cúcuta, por medio del cual
se informó a la señora Teresa de Jesús López Vélez, madre de la víctima directa, que
se encontraba en curso investigación penal contra varios uniformados miembros de la
Contraguerrilla número 45 del Ejército Nacional por el punible de homicidio en persona
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protegida en hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2003, siendo víctimas entre otros,
Luis Alberto López Vélez, se concluyó que el término de caducidad de la demanda
debía contabilizarse a partir del 26 de noviembre de 2020.
iii) Lo anterior, en la medida en que en esa fecha se comunicó por parte de la autoridad
judicial a la progenitora de la víctima, la existencia de la investigación penal en la que
se daba cuenta de la participación de agentes del Estado en la muerte de su familiar;
por consiguiente, resultaba plenamente aplicable la regla de unificación, según la cual,
si un grupo familiar conoce la muerte de uno de sus miembros, pero no cuenta con
elementos para inferir que el Estado estuvo involucrado y era el llamado a responder
patrimonialmente, la caducidad se cuenta desde que tuvo la posibilidad de advertir que
la pretensión de reparación directa resultaba procedente para los fines previstos en el
artículo 90 de la Constitución Política.
iv) Fue así que, al comunicarse a la madre de la víctima directa y por ende, a los
familiares del señor Luis Alberto López Vélez de la investigación adelantada contra
varios uniformados miembros del Ejército Nacional, la parte actora contaba con
elementos para demandar al Estado, por lo que, el término de dos años previsto en el
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 para acudir en reparación directa transcurrió entre
el 27 de noviembre de 2020 y el 27 de noviembre de 2022, encontrándose caducada.
v) Se indicó además que, si bien los recurrentes y hoy accionantes afirmaron que en
los términos de la sentencia de unificación, aún no había iniciado el plazo para
demandar, debido a que el proceso penal aún se estaba tramitando ante la Fiscalía
102 Especializada de Cúcuta y no existía fallo en firme o ejecutoriado, se estimó tal
como se plasmó en la decisión cuestionada, que la sentencia de unificación también
había previsto dicha situación indicando que los demandantes no debían esperar a
que se adelantara todo el juicio penal para formular sus pretensiones, pues para tal fin
lo que debían hacer era acudir ante la jurisdicción dentro de los dos años siguientes al
momento en que estuvieron al tanto de la participación y eventual responsabilidad del
Estado, lo que para el caso ocurrió el 26 de noviembre de 2020.
vi) Cabe precisar que la decisión acusada analizó los argumentos del recurso de
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apelación, y aplicó las reglas establecidas en la sentencia de unificación sobre el
término de caducidad de las acciones derivadas de delitos de lesa humanidad y
crímenes de guerra, aclarando que, a partir de ellas, en estos eventos, el término de
caducidad es aplicable, en este orden no se configura defecto sustancial en la decisión.
vii) Lo anterior por cuanto se aplicó el artículo 164, numeral 2, literal i) del CPACA y las
reglas previstas en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el
22 de octubre de 2020 Radicado 61.767, para determinar el punto de partida del
término de caducidad en casos de daños producto de delitos de lesa humanidad, la
cual le resulta aplicable al caso dado que la demanda fue radicada con posterioridad;
esto es, el 9 de diciembre de 2022, además de su carácter vinculante en los términos
del artículo 270 de la Ley 1437 de 2011.
viii) En virtud de lo expuesto, se considera que la providencia que se objeta en este
proceso no incurrió en los defectos advertidos y menos afectó los derechos
fundamentales invocados, por tanto, no puede ser utilizada como una instancia
adicional a las establecidas por el legislador; además, no se acreditó que haya sido
caprichosa ni arbitraria o que al proferirse se desconociera o violara los derechos
fundamentales alegados.
1.6.2. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), por medio de apoderada,
pide se declare la legalidad de las actuaciones de esa entidad y de no acceder a ello,
se ordene su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al efecto
alega lo siguiente:
i) No obstante está adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, es un establecimiento
público del orden nacional que cuenta con autonomía fiscal y administrativa y ejerce
su objeto y naturaleza de manera independiente y autónoma a la que realizan las
demás entidades que componen el ramo del sector defensa, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 1.º del Decreto 2342 del 3 de diciembre de 1971, en consecuencia, no
existe legitimación en la causa por pasiva. Además, como se trata de un derecho de
índole legal sus actuaciones gozan de presunción de legalidad.
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ii) Ahora bien, se informa que el Ministerio le notificó de la acción de tutela impetrada
por la señora María Luz Dary López Vélez y otros, pero al verificar tanto el auto de
admisión como los sujetos procesales en Samai se advierte que no fue vinculada al
presente tramite, toda vez que, las solicitudes de los accionantes versan sobre el
desacuerdo con un fallo judicial, proceso en el que no fue parte.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces
o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada» y conforme al inciso
segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 que dispone que «las tutelas que
sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
2.2. Cuestión previa
La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), al contestar la acción de tutela
alega que no está legitimada en la causa por pasiva, porque es un establecimiento
público del orden nacional que cuenta con autonomía fiscal y administrativa y ejerce
su objeto y naturaleza de manera independiente y autónoma a la que realizan las
demás entidades que integran el ramo del sector defensa, según lo dispuesto en el
artículo 1.º del Decreto 2342 del 3 de diciembre de 1971. Además, porque no fue
vinculada ni figura como sujeto procesal en el presente proceso ni existe conexidad
entre las pretensiones y sus funciones, pues la solicitud se dirige contra un fallo judicial,
que se emitió en un medio de control en el que no fue parte; en consecuencia, pide su
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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desvinculación del trámite constitucional.
La Sala considera que no se debe acceder a lo solicitado por la mencionada entidad,
teniendo en cuenta que como lo señala no fue vinculada a ningún título en el auto de
admisión de la solicitud de tutela ni aparece como parte procesal en el Sistema Samai,
tampoco fue notificada de la actuación por esta corporación, sino por el Ministerio de
Defensa Nacional.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantean los
accionantes contra el auto del 25 de abril de 2024, que profirió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, dentro del medio de
control de reparación directa con radicación 11001 33 36 032 2023 00130 01.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
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cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante, lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 20053, donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4.2 De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos
interlocutorios
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional6 el concepto de providencia judicial
comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades
judiciales.
En materia de decisiones adoptadas en autos interlocutorios, la Corte Constitucional
ha señalado que estos, por regla general, deben ser discutidos por medio de los
recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto, a excepción de que
en el caso objeto de estudio: (i) se evidencie una vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada mediante otros
medios de defensa judicial. En este evento, la acción constitucional no será procedente
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6 Ver sentencias T-125 de 2010 y SU-817 de 2010, entre otras.
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cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte
afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; (ii)
a pesar de que existen otros medios, no resultan idóneos para proteger los derechos
afectados o amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es urgente para
evitar un perjuicio irremediable7
En todo caso, para que proceda, deberán reunirse los «requisitos generales de
procedencia» de la acción de tutela y al menos uno de los «requisitos especiales de
procedibilidad» de la tutela fijados por la Corte Constitucional.
2.5. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.5.1. El 10 de mayo de 2023, la señora María Luz Dary López Vélez y su grupo
familiar, por medio de apoderado, impetraron medio de control de reparación directa
para que se declarara la responsabilidad administrativa y extracontractual de la Nación
(Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional) por la muerte del señor Luis Alberto
López Vélez, quien fue asesinado el 9 de noviembre de 2003 por tropas del Batallón
de Contraguerrillas 45, en zona rural del municipio de Tibú (Norte de Santander) y
presentado como «baja en combate por agentes del Estado».8
2.5.2. El 22 de septiembre de 2023, el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá dictó auto dentro del proceso con radicación 11001 33 36
032 2023 00130 00, en el que resolvió lo siguiente:9
PRIMERO: Declarar que en el presente caso se ha configurado el fenómeno jurídico
de la CADUCIDAD del medio de control de reparación directa.
SEGUNDO: RECHAZAR la presente demanda.
TERCERO: Por Secretaría ARCHÍVESE el expediente y déjense las constancias a que
haya lugar.
7 Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
8 Índice 16, del expediente electrónico.
9 Índice 16, del expediente electrónico.
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Demandante: María Luz Dary López Vélez y otros
2.5.3. El 25 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, al desatar el recurso de apelación incoado por la parte actora
contra la providencia anterior, decidió lo siguiente:10
PRIMERO: Confirmar el auto proferido el 22 de septiembre de 2023 por el Juzgado
Treinta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que rechazó la
presente demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Notifíquese Electrónicamente la presente decisión a las partes y al
agente del Ministerio Público.
[…]
2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.6.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia
2.6.1.1. El asunto en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez
que el debate planteado por los accionantes gira en torno a la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la
indemnización de víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos e igualdad.
2.6.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en cuanto
se censura la providencia que resolvió el recurso de apelación que se interpuso contra
el auto que declaró la caducidad en el medio de control de reparación directa con
radicación 11001 33 36 032 2023 00130 01.
2.6.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», por cuanto la decisión objeto de
reproche constitucional data del 25 de abril de 2024, se notificó por estado el 29 de
abril de 2024,11 quedó ejecutoriada el 7 de mayo de 2024 y la presente acción de tutela
se radicó en la Secretaría General el 20 de agosto de 2024,12 es decir, dentro del
término de los seis meses que señaló esta corporación como prudencial para el
ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.
10 Índice 2, del expediente electrónico.
11 Índice 7, del expediente electrónico 11001 33 36 032 2023 00130 01.
12 Índice 1, del expediente electrónico.
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Demandante: María Luz Dary López Vélez y otros
2.6.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».
2.6.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos frente a los que se alega vulneración».
2.6.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la providencia
que se cuestiona es aquella que rechazó el medio de control de reparación directa.
Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que
habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir el proveído del 25 de abril de 2024,
que emitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A.
2.6.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela
2.6.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo
La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
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horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.13
2.6.2.2. Del desconocimiento del precedente judicial
La Corte ha sostenido que se configura este vicio cuando se desacata aquella
sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de 1) patrones fácticos y 2) problemas jurídicos, y en
las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que
sirve también para solucionar la nueva cuestión.
En la providencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para
identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: 1) la ratio
decidendi del fallo que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente; 2) se trata de un problema jurídico
similar o de una cuestión constitucional semejante y 3) los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia son análogos o plantean un punto de derecho
idéntico al que se debe resolver posteriormente.14
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes, en los que se tiene en cuenta la autoridad que profiere la providencia
previa, a saber, el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias
fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial y el
precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o
en el marco constitucional.15
Para la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los
13 Corte Constitucional. Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
14 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
15 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
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funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción, 16 y en los casos
en los que no son susceptibles de revisión por las autoridades mencionadas, son los
tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores
judiciales inferiores.17
Así las cosas, para los jueces es de obligatorio cumplimiento acoger las decisiones
que profieren los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas
constituyan precedentes y/o sus propias sentencias en casos idénticos; regla que solo
permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con
anterioridad en otros fallos judiciales.
En esa medida, las autoridades judiciales se pueden apartar de los precedentes
judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se cumplan
las siguientes reglas: «(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que
significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una
carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada
los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».18
De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin
debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación
de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios al debido proceso, a la
igualdad y a la buena fe.19
2.5.2.3. Desarrollo jurisprudencial del defecto procedimental
16 Corte Constitucional. Sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
17 Corte Constitucional. Sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
18 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
19 Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.
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Ha dicho la Corte Constitucional con respecto al defecto procedimental,20 que este
puede ser de dos tipos:
a) De carácter absoluto, que se presenta cuando el funcionario judicial se aparta del
proceso legalmente establecido, ya sea porque sigue un trámite ajeno al autorizado o
porque omite una etapa sustancial de éste, caso en el cual afecta directamente el
derecho al debido proceso, o cuando escoge arbitrariamente las normas procesales
aplicables a un caso concreto.
b) Por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando un funcionario utiliza o concibe
los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esa
vía, sus actuaciones se convierten en una denegación de justicia habida cuenta que
sacrifica el derecho de acceso a la administración de justicia y las garantías
sustanciales, so pretexto de preferir el tenor de las formas procesales. En otras
palabras, el juez asume una ciega obediencia a la ley procesal en abierto
desconocimiento de los derechos sustanciales que le asisten a las partes en contienda.
2.5.2.4. Desarrollo jurisprudencial del defecto fáctico
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005, establece que se está en
presencia de un defecto fáctico cuando al examinarse la providencia judicial objeto de
la tutela «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».21
En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa —omisiva— de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera, comprende estimaciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
la apreciación de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la
valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar
20 Sentencia T-213 de 2012.
21 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
18
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una acción de tutela en este cuando se observa que es manifiestamente arbitraria. En
palabras de la Corte:
[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de
la evaluación probatoria del juez de conocimiento.22 [Negrillas fuera del texto]
En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico cuando, pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica
de manera tan evidente que su decisión se muestra forzada y contradictoria con la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.
2.6.3. Los defectos alegados
Advierte la Sala que, no obstante, los señores María Luz Dary López Vélez, Alba Nubia
López Vélez, Héctor Fabio López Vélez, Luis Aníbal Lozano obrando en nombre propio
y como sucesor de Blanca Inés Vélez Zamora, Claudia Yineth Ovalle López, Yenny
Lorena Vásquez López, Mayerlin Ovalle López en nombre propio y como sucesora de
Teresa de Jesús López Vélez, y Alexander Minchael López formulan censuras contra
el auto de primera instancia, el estudio del asunto se centrará en las objeciones que
plantean contra la providencia del 25 de abril de 2024, mediante la cual se decidió el
recurso de apelación contra el proveído del 23 de septiembre de 2023, emitido por el
Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
En ese contexto la parte actora somete a juicio lo resuelto en sede ordinaria, pues
alega que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, a la indemnización de víctimas de violaciones graves a los derechos
humanos e igualdad en cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, confirmó la declaración de caducidad del medio de control de
reparación directa que interpusieron contra la Nación (Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional), para que fuera declarada administrativa y extracontractualmente
responsable por los perjuicios que les ocasionó la muerte del señor Luis Alberto López
22 Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005.
19
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Vélez, quien fue presentado como baja en combate por agentes del Estado. Así mismo,
señalan que se incurrió en los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial; sin embargo, sus argumentos se dirigen
especialmente, a discutir la valoración probatoria y la aplicación de la sentencia de
unificación.
Pues bien, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo del 29 de enero de
202023 unificó la jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaración
de responsabilidad patrimonial del Estado.
La Sala de Decisión de la Sección Tercera procedió a determinar si la
imprescriptibilidad que opera en materia penal cuando se trata de las aludidas
conductas punibles daba lugar a interferir en el cómputo del término de caducidad para
demandar en reparación directa frente a tales conductas.
Así, luego de citar la legislación y jurisprudencia interna en materia de
imprescriptibilidad penal y aplicación de la caducidad en los procesos de reparación
directa, señaló que esa figura opera en el ámbito penal mientras no haya sujetos
individualizados y se mantiene hasta que se les identifique y se les vincule a las
diligencias, y que, en el campo de la reparación directa, no corre hasta tanto se cuente
con elementos para deducir la participación del Estado en los hechos antijurídicos y se
advierta la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.
Por tanto, concluyó que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes
de guerra se encuentran previstas en materia de lo contencioso-administrativo al
amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y, en virtud de lo cual, el
término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se
observe que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Expediente radicado 85001 33 33 002 2014 00144
01.
20
Radicado: 11001 03 15 000 2024 04355 00
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tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los
términos del artículo 90 de la Constitución Política.
De esta forma, señaló que: i) en lo referente a los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaración
de responsabilidad patrimonial al Estado, resulta aplicable la oportunidad para
demandar establecido por el legislador; ii) el plazo, salvo en el caso de la desaparición
forzada que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; y iii) que el término
pertinente no se emplea cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a
correr el plazo de ley.
Así mismo, concluyó que la caducidad en este tipo de eventos delictuosos sí operaba
«pero si el interesado estaba en condiciones de inferir tal situación y, pese a ello no
acudió a esta jurisdicción, el juez de lo contencioso-administrativo debe declarar que
el derecho de acción no se ejerció en tiempo, bien sea al analizar la admisión de la
demanda, al resolver las excepciones en la audiencia inicial o al dictar sentencia,
según el caso».
En la decisión objeto de censura, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, al analizar si se impetró oportunamente el medio de control de
reparación directa trajo a colación la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
en la que esta corporación concluyó que la caducidad en el tipo de eventos delictuosos
antes mencionados sí operaba, y si el interesado estaba en condiciones de inferir el
hecho dañoso y no acudió a la jurisdicción, el juez debe declarar que el derecho de
acción no se ejerció en tiempo, bien sea al estudiar la admisión de la demanda, al
resolver las excepciones en la audiencia inicial o al dictar sentencia.
Al respecto, en primer lugar, se debe precisar que si bien en anteriores oportunidades
según la posición mayoritaria de la Subsección se debía tener en cuenta la fecha de
presentación de la demanda para examinar la aplicabilidad del precedente judicial
21
Radicado: 11001 03 15 000 2024 04355 00
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fijado en la sentencia del 29 de enero de 2020 por la Sección Tercera de esta
corporación, a partir del fallo del 23 de mayo de 2024 emitido dentro del expediente de
tutela 11001 03 15 000 2023 07406 01, se rectificó esa postura, con fundamento en
las siguientes razones:
En las providencias citadas se consideró que ante la falta de modulación de los
efectos en el tiempo de la sentencia de unificación de 20 de enero de 2019, (sic)
se debía acoger la posición mayoritaria vigente para la época, según la cual la
acción para reclamar la reparación de daños derivados de delitos de lesa
humanidad es imprescriptible.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta la que (sic) en la sentencia T-044 de 14
de febrero de 2022, (sic) La Corte Constitucional analizó un caso en el que se
cuestionó la aplicación de los efectos en el tiempo de la referida sentencia de
unificación, que permite replantearse la decisión de dar por demostrado el
desconocimiento del precedente. Al respecto señaló:
«78. Efectos temporales de la sentencia de unificación del Consejo de Estado, para
los efectos del presente proceso. En el fallo de unificación nada se dijo sobre los
efectos temporales de la decisión. (…)
79. Ante el silencio en el que incurrió el Consejo de Estado, la Sala considera que,
para los efectos del presente caso, el fallo de unificación tiene efectos
retrospectivos, al menos, por cuatro razones. Primero, porque darle efectos
retroactivos a las sentencias de unificación es una práctica que está prima facie
proscrita; segundo, porque, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la
regla general es que los cambios en el precedente judicial tienen efectos generales
e inmediatos; tercero, debido a que, según la práctica jurisprudencial del Consejo
de Estado, los efectos prospectivos del cambio en el precedente judicial deben ser
declarados explícitamente en la respectiva providencia judicial; y, cuarto, porque,
esa fue la intención de la mayoría de los miembros de la Sala Plena de la Sección
Tercera. A continuación, la Sala se referirá a cada uno de estos argumentos
80. La jurisprudencia [contencioso-administrativa] y ordinaria coinciden en que, por
regla general, no es posible otorgar efectos retroactivos a las sentencias (primer
argumento). Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que “la
retroactividad del precedente viola la cláusula de Estado de Derecho y el deber
general del Estado de respeto a las garantías judiciales, debido proceso, libertad
e igualdad y, por contera, a la confianza legítima creada de manera objetiva por
las autoridades estatales en el desarrollo de sus actos”. Así, salvo en material
penal, está proscrito el carácter retroactivo del precedente. Lo anterior, sin perjuicio
de la competencia excepcional que les asiste a los jueces de disponer
expresamente lo contrario, siempre que la ley los habilite para tales fines, como
ocurre con las sentencias proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional
en desarrollo del control abstracto de constitucionalidad, cuyos efectos pueden ser
modulados retroactivamente, en ejercicio de la potestad que establece el artículo
45 de la Ley 270 del año 1996.
(…)
22
Radicado: 11001 03 15 000 2024 04355 00
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82. En la Sentencia SU-406 del año 2016, la Corte se refirió explícitamente al
cambio del precedente jurisprudencial y su aplicación en el tiempo. En esta
decisión, luego de precisar que “el cambio de una determinada posición
jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre, implica una modificación en la
interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de determinada
disposición”, esta Corporación señaló que los nuevos precedentes deben aplicarse
de forma “general e inmediata”; en otras palabras, retrospectivamente. Con todo,
en la misma decisión esta Corporación aclaró que, “no obstante que la aplicación
general e inmediata de un nuevo precedente fijado por un órgano de cierre de la
jurisdicción vincula a la administración de justicia como una garantía del principio
de igualdad, tal regla general no puede pasar por alto el contenido material de la
misma igualdad al que se hizo referencia anteriormente, y que conduce a que cada
situación sea observada a la luz de las circunstancias particulares”.
83. Se trata, entonces, de una regla, en virtud de la cual el cambio de precedente
debe aplicarse de forma inmediata –retrospectivamente–, que impone a los jueces
el deber de valorar las circunstancias particulares de cada caso en el que
pretenden aplicar el cambio jurisprudencial, sobre todo cuando la modificación
supone imponer nuevas cargas procesales, argumentativas o probatorias, así
como también cuando esta tiene incidencia directa en los términos procesales,
notificaciones que se están surtiendo o términos que ya habrían empezado a
correr, entre otros eventos en los que se ha creado para las partes y terceros una
expectativa de actuar de una determinada manera o de no hacerlo. (…)
7.8.2.5. En este contexto, puede resultar que los sujetos procesales actúen con la
confianza legítima de que serán aplicadas ciertas reglas jurisprudenciales
vigentes, que luego serían modificadas. Por lo tanto, la aplicación inmediata del
nuevo precedente, sin consideración alguna a esta circunstancia, podría derivar en
el desconocimiento de derechos fundamentales. Esto, en el supuesto de que en
aplicación del cambio jurisprudencial, no se den consecuencias jurídicas a
actuaciones iniciadas bajo el precedente anterior, o que, se atribuyan
consecuencias jurídicas desfavorables en razón a reglas que en su momento no
existían y por tanto no se pudieron evitar.
84. La línea de argumentación transcrita tiene como fundamento los principios de
legalidad y confianza legítima, así como el mandato de tutela judicial efectiva.
Además, como se dijo en la Sentencia SU-406 de 2016, así como el artículo 624
del CGP establece reglas para aplicar los cambios legislativos y reconoce eventos
en los que no es posible aplicar dichos cambios, aún ante el silencio del legislador;
resulta razonable que, igualmente, los jueces tengan el deber de valorar si la
aplicación de la nueva regla sacrifica intensamente las garantías procesales y
sustanciales, aun ante el silencio en el que incurrió quien determinó el cambio de
jurisprudencia. Así, ante una sentencia de unificación con efectos retrospectivos –
generales e inmediatos–, bien porque así se dispuso en el fallo o en virtud de la
regla sobre los efectos del cambio de jurisprudencia, el cumplimiento del deber de
valorar los parámetros vigentes debe hacerse compatible con los principios
constitucionales, incluso, si ello supone interpretar tales reglas de otra manera o,
incluso, no aplicarlas.
85. Según la práctica jurisprudencial del Consejo de Estado, el silencio en el que
se incurre al cambiar las reglas jurisprudenciales supone que el cambio tiene
efectos retrospectivos –generales e inmediatos–, pues los efectos prospectivos del
cambio en el precedente judicial han sido declarados explícitamente (tercer
argumento). En efecto, las cinco secciones de la referida Corporación han optado
23
Radicado: 11001 03 15 000 2024 04355 00
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por aplicar retrospectivamente los cambios jurisprudenciales y, excepcionalmente,
lo han hecho de forma prospectiva, caso en el cual se hace explícitamente. En este
último caso, algunas de las secciones acuden formalmente a la doctrina
denominada como “precedente anunciado”.
(…)
89. Nótese que las secciones del Consejo de Estado han optado por hacer explícita
su intención de darle efectos prospectivos a sus decisiones de unificación.
Igualmente, esta Sala considera necesario resaltar que la Sección Tercera,
particularmente, ha optado por guardar silencio cuando considera que las
decisiones unificadoras deben tener efectos retrospectivos –generales e
inmediatos– . De allí que, en criterio de la Corte, el silencio en el que se incurrió al
dictar la sentencia de 29 de enero de 2020, deba ser asumido según la referida
práctica jurisprudencial, sobre todo si se tiene en cuenta lo dicho sobre la regla
fijada en la Sentencia SU-406 de 2016 (supra fj. 83).
90. La mayoría de la Sala Plena de la Sección Tercera consideró que la sentencia
de unificación tiene efectos retrospectivos (cuarto argumento). Pese a que en la
parte motiva del fallo se guardó silencio sobre sus efectos temporales, lo cierto es
que uno de los salvamentos de voto permite suponer cuál fue la tesis mayoritaria
de la Sección Tercera. En efecto, en el salvamento de voto que presentó la
magistrada María Adriana Marín, se lee la siguiente argumentación:
(…) 7. Por lo anterior, no comparto que hoy se aplique de forma retroactiva o
ultractiva la regla unificada, en relación con el conocimiento del daño o la
posibilidad de reclamar, siempre que se hubieran expuesto las razones que los
llevaron a no presentar la demanda dentro del término de caducidad de la acción.
Considero que la decisión de la Sala debió adoptarse como jurisprudencia
anunciada, con efectos hacia el futuro y permitiendo que se reiniciaran los
cómputos de caducidad como lo hizo la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte
Constitucional para los casos de desplazamiento forzado. En otros términos,
brindar un plazo razonable a las víctimas para que pudieran presentar las
correspondientes demandas, una vez conocido el cambio jurisprudencial, más aún
si la posición unificada tiene como propósito fijar una regla que tiende a ser
restrictiva en el acceso a la administración de justicia, puesto que tiende a
privilegiar la seguridad jurídica por encima de otros principios o valores
constitucionales.
Lo anterior, toda vez que una decisión sorpresiva que busca aplicar de forma
exegética la norma de caducidad y, por tanto, restringe su flexibilidad, solo podía
ser aplicada, sin lesionar el derecho de acceso a la administración de justicia,
otorgando un plazo razonable para que las víctimas comprendan las implicaciones
de la unificación.
[…]
92. La autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente
judicial, pero no por las razones expuestas por el juez de tutela de segunda
instancia. El ad quem concluyó que “se incurrió en desconocimiento del precedente
alegado, no solo porque se aplicó una postura jurisprudencial que afectó un
presupuesto procesal como el de la caducidad del medio de control que no puede
ni debe verse afectado con los cambios repentinos de la jurisprudencia”
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 04355 00
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(negrillas propias) y, con fundamento en eso, dejó sin efectos la decisión tutelada.
La Sala se aparta de esa decisión, debido a que el Tribunal Administrativo de
Casanare, como se explicó en esta providencia, no desconoció el precedente
judicial. Además, porque, como se dijo previamente, la sentencia de unificación
aplica desde el momento en el que fue proferida, esto es, a los casos que se
encontraban en curso y a los iniciados luego de la sentencia de unificación –efectos
retrospectivos–, mas no solo a los procesos iniciados con posterioridad al fallo de
unificación –efectos prospectivos–, como parece haberlo considerado el juez de
tutela ad quem.
93. Sin embargo, más allá de la razonabilidad de los argumentos expuestos por
los magistrados que fungieron como jueces de tutela, tales reflexiones no dan
cuenta de la configuración del defecto por desconocimiento del precedente judicial.
Sus consideraciones jurídicas, de un lado, ya habían sido expuestas en los
salvamentos de voto del fallo de unificación y, del otro, no tuvieron acogida en la
mayoría de sus colegas de la Sala Plena de la Sección Tercera. Una cosa es que
los funcionarios mantengan sus disidencias con la decisión mayoritaria e, incluso,
que persistan en que su tesis sea derrotada en los procesos en los que son
ponentes, y otra, diferente, que califiquen la decisión tutelada, en la cual se plasma
el criterio mayoritario de la Sección Tercera, como violatoria del precedente judicial,
pues, es la posición de la mayoría y no la disidente la que constituye precedente
para los efectos del caso en particular, ya que los salvamentos de voto no tienen
fuerza vinculante, claro está, siempre que la misma Corporación,
mayoritariamente, no altere las reglas que ha unificado.
[…]
La Subsección consideró que como se determinó en la aludida decisión de tutela, en
la cual se analizaron ampliamente los efectos en el tiempo de las sentencias de
unificación, la regla general es que se deben usar de forma inmediata y retrospectiva,
salvo que se establezca expresamente un efecto distinto, bien sea prospectivo o
retroactivo, lo cual debe advertirse en el texto de la providencia; por consiguiente,
resulta dable la aplicación de forma inmediata del criterio que se fija en el fallo
unificador.
En segundo lugar, la Sala señaló que era indispensable atender las directrices que la
Corte Constitucional traza en la Sentencia SU-406 de 2016, en los casos en que se
produce un cambio de la línea jurisprudencial. Al respecto se pronunció así:
Sin embargo, se precisa que la Corte Constitucional hizo énfasis en que el cambio
de línea jurisprudencial no se puede aplicar sin tener en cuenta las consideraciones
expuestas en la sentencia de unificación SU 406 de 2016, en la que se señaló que
para efectos de proteger a las partes es necesario realizar un análisis concreto, en
el que se determine si los efectos en el tiempo perjudican de forma
desproporcionada a los ciudadanos, puesto que esta situación puede considerarse
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Demandante: María Luz Dary López Vélez y otros
contraria al derecho fundamental al debido proceso. En efecto, en el mencionado
pronunciamiento señaló lo siguiente:
[…]
En este orden de ideas, resulta admisible que, en aquellos casos en que los sujetos
procesales actuaron al amparo del precedente vigente, y con la confianza legítima
de que surtirían los efectos en él previsto, no se apliquen los cambios que deriven
en una afectación de sus derechos fundamentales.
7.8.2.7. La conclusión presentada comparte, en cierto sentido, la posición
sostenida por el Consejo de Estado -Sección Tercera- en relación con el derecho
de acceso a la administración de justicia en los casos en que un órgano de cierre
ha modificado el criterio sobre la acción idónea para reclamar un derecho. Al
respecto, dicha Corporación definió que “es claro que luego de presentada la
demanda no es razonable ni proporcionado que se sorprenda al demandante con
un intempestivo cambio de criterio”.
[…]
7.8.2.9. Con base en todo lo expuesto, esta Corte concluye que, si bien la regla
general indica que la jurisprudencia rige con efectos inmediatos y en este sentido
vincula a los operadores judiciales que deben tenerla en cuenta en sus decisiones,
la autoridad judicial tampoco puede pasar por alto que, en ciertos escenarios
concretos, la actuación de los sujetos procesales pudo estar determinada por la
jurisprudencia vigente para entonces, por lo que el fallador, al momento de proferir
su decisión, debe establecer, a partir de una análisis fáctico, si el cambio de
jurisprudencia resultó definitivo en una posible afectación de derechos
fundamentales al modificar las reglas procesales con base en las cuales,
legítimamente, habían actuado los sujetos procesales y, en este sentido, el juez de
conocimiento puede, como excepción a la regla general de aplicación de la
jurisprudencia, inaplicar un criterio jurisprudencial en vigor al momento de proferir
el fallo, pero contrario a uno anterior que resultó determinante de la conducta
procesal de las partes»24.
En tal sentido, la Sala estima que para la fecha en que se emitió la providencia del 25
de abril de 2024, objeto de reproche, ya existía un criterio definido en torno a la
caducidad del medio de control de reparación directa, en casos relacionados con
delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, que se halla
previsto en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y, por tanto, puede
concluirse prima facie que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, estaba en la obligación de aplicarla dado su carácter
vinculante, en términos de lo dispuesto en el artículo 270 del Código de Procedimiento
24 «Corte Constitucional, sentencia SU 406 de 4 de agosto de 2016, magistrado ponente: Luis Guillermo
Guerrero Pérez».
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en la Sentencia C-836 de
2001.
Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a que las pretensiones se relacionan con
la reparación de los perjuicios por el asesinato del señor Luis Alberto López Vélez el 9
de noviembre de 2003, según consta en el registro civil de defunción y en el acta de
inspección del cadáver y que mediante Oficio 000961 del 26 de noviembre de 2020,
suscrito por la fiscal 102 especializada de derechos humanos de Cúcuta, se le informó
a la señora Teresa de Jesús López Vélez, madre de la víctima directa, que se
adelantaba investigación contra varios uniformados miembros de la Contraguerrilla
número 45 del Ejército Nacional por el punible de homicidio en persona protegida, el
Tribunal procedió a examinar el caso concreto para establecer la presentación dentro
del término legal del medio de control de reparación directa, al efecto hizo las
siguientes consideraciones:
32. Para la Sala, es a partir del 26 de noviembre de 2020 que debe contabilizarse
el término de caducidad en el presente asunto, pues si bien la muerte del señor
Luis Alberto López Vélez presuntamente a manos de miembros del Ejército
Nacional, podría ser considerada como un caso de violación a los Derechos
Humanos, en los términos de la Sentencia de Unificación proferida por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 22 de octubre de 2020 Rad.
61.767 para tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido
por el legislador, computándose desde cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.
33. Para la Sala no es de recibo contabilizar el término de caducidad desde el 7 de
septiembre de 2019 como lo indicó el a quo, fecha en que el señor Luis Aníbal
Lozano surtió entrevista ante la Fiscalía 102 Especializada de DD.HH. de Cúcuta,
en tanto se desconocen los alcances de lo informado en la misma. Además, era
una diligencia judicial y no de información directa y cierta sobre la existencia de la
investigación por la muerte de su familiar y de los involucrados, de manera que los
demandantes no tenían elementos para deducir que el Estado estuvo involucrado
en la muerte de su familiar y que, además, estaba llamado a responder
patrimonialmente.
Con fundamento en lo anterior, señaló que desde el 26 de noviembre de 2020, cuando
se comunicó formalmente a la progenitora del señor López Vélez y, por tanto, al grupo
familiar de la investigación y de la eventual participación de agentes del Estado en la
muerte de su parientes, contaban con elementos para demandar, entonces, el término
de dos años establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 para acudir en
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reparación directa transcurrió entre el 27 de noviembre de 2020 y el 27 de noviembre
de 2022. Al efecto, hizo el siguiente análisis:
35. Ahora, respecto a los demandantes Blanca Inés Vélez Zamora, Luis Aníbal
Lozano, Teresa de Jesús López Vélez, Claudia Yineth Ovalle López, Yenny
Lorena Vásquez López y Mayerlin Ovalle López, el término de caducidad se
suspendió el 10 de diciembre de 2020 (restaba 1 año, 11 meses y 17 días) hasta
el 24 de febrero de 2021 ante el trámite de conciliación prejudicial, por lo que una
vez reanudado el 25 de febrero de 2021, contaban hasta el 13 de febrero de 2023
para demandar, y al haberse radicado la demanda el 10 de mayo de 2023, operó
la caducidad del medio de control.
36. De otra parte, frente a los demandantes María Luz Dary López Vélez, Nubia
López Vélez, Héctor Fabio López Vélez y Alexander Minchael López, se tiene
que al haberse radicado la demanda el 10 de mayo de 2023 también operó la
caducidad del medio de control, toda vez que la radicación de la solicitud de
conciliación prejudicial no suspendió el término de caducidad, en tanto fue radicada
el 9 de diciembre de 2022, cuando ya había vencido la oportunidad del medio de
control (27 de noviembre de 2022).
[…]
38. Adicionalmente, se adujo por la recurrente que para el presente caso no hay
término de caducidad dado el carácter imprescriptible de los delitos de lesa
humanidad y crímenes de guerra. La sentencia de unificación antes citada
señaló que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los
crímenes de guerra, se encuentran previstas bajo la hipótesis del
conocimiento del hecho dañoso y el término de caducidad sí debe exigirse a
partir de que se advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir
que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser
demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, lo que a
criterio de la Sala acaeció el 26 de noviembre de 2020.
A partir de esas consideraciones el Tribunal indicó que contrario a lo aducido por la
parte actora en el sentido de que no había iniciado el plazo para demandar, porque el
proceso penal aún se está tramitando ante la Fiscalía 102 Especializada de Cúcuta, lo
cierto era, que según lo dispuesto en la sentencia de unificación adoptada por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 29 de enero de 2020, los
accionantes no deben esperar a que se adelante la causa penal para formular sus
pretensiones, sino que deben acudir dentro de los dos años siguientes al «momento
en que estuvieron al tanto de la participación y eventual responsabilidad del Estado en
estos, lo que en el caso concreto ocurrió el 26 de noviembre de 2020, al comunicarse
por el ente investigador de la participación de miembros del [Ejército] en la muerte de
su familiar».
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Igualmente, estimó que no era de recibo el argumento de los demandantes según el
cual no era posible la contabilización desde el 7 de septiembre de 2019, pues no se
podía colegir que todos conocieron en la misma fecha, sobre el particular se pronunció
así:
39. Finalmente, si bien la recurrente alegó que de contabilizarse la caducidad
desde el 7 de septiembre de 2019, no podía inferirse que todos los demandantes
tuvieran conocimiento en la misma fecha, lo cierto es que al referirse en la
demanda que los demandantes integran un mismo grupo familiar en calidad de
hermanos, sobrinos y padrastro, en los términos de la ya referencia[da] sentencia
de unificación, el hecho que durante el plazo para ejercer la pretensión de
reparación directa solo se hubiese informado a uno de los demandantes por parte
de las autoridades penales, no quiere decir que solo respecto de él sea predicable
la posibilidad de ejercer el derecho de acción, pues se considera que está cobija a
los demás afectados, de manera que cuando uno se enterara de la muerte y de las
circunstancias en qué ocurrió la misma, era susceptible de ser conocido por todos,
debido a los lazos fraternales predicables de un grupo familiar.
Con fundamento en lo anterior, concluyó la autoridad demandada que debía aplicar la
regla general de caducidad establecida en dos años, dado que se acreditó que los
accionantes, conocían la posible atribución del daño reclamado al Estado, desde el 26
de noviembre de 2020, cuando se le comunicó a la madre de la víctima de la
participación de miembros del Ejército en la muerte del señor Luis Alberto López Vélez,
por tanto, podían incoar la demanda; sin embargo, solo lo hicieron el 10 de mayo de
2023, lo que significa que cuando decidieron acudir a la jurisdicción, ya había operado
la caducidad; por consiguiente, se debía confirmar el auto apelado a través del cual se
rechazó el medio de control de reparación directa.
Bajo dichos derroteros, la Sala considera que, no están llamadas a prosperar las
causales de procedibilidad de defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial
alegadas por la parte actora.
Así las cosas, la Sala estima que la actuación del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, no está incursa en una vía de hecho
que vulnere los derechos fundamentales de los accionantes, pues resolvió el asunto
que se sometió a su examen con fundamento en la normativa en relación con el
fenómeno jurídico de la caducidad, y en ejercicio de las facultades de autonomía e
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independencia judicial de las que está investido el juez de la causa, para decidir los
asuntos que se someten a su arbitrio.
Y es que el fallador constitucional no puede tomar posición en juicios de interpretación,
pues ello compete estrictamente al juez natural. El oficio del juez de tutela, cuando se
trata de providencias judiciales, es revisar que la decisión no sea manifiestamente
arbitraria y desproporcionada, lo que no ocurre en el asunto sub examine.
Igualmente, considera la Sala que la motivación expuesta por la autoridad demandada
para dar solución a la litis no es arbitraria, pues trajo a colación el caudal probatorio
encontrado en el plenario, procedió a su efectiva valoración y explicó las razones por
las cuales estimaba que los accionantes no acudieron oportunamente a la jurisdicción
para reclamar los perjuicios que les ocasionó la muerte del señor Luis Alberto López
Vélez.
En tal sentido, no se configura un defecto fáctico, en tanto es justamente en el ámbito
valorativo donde el juez, a partir de los cánones de la sana crítica, cuenta con una
mayor libertad de análisis para alcanzar la verdad de los hechos que interesan al caso.
El no estar de acuerdo con las apreciaciones que efectúa el operador judicial, como
ocurre en el sub examine, no justifica el uso de la acción de tutela para su contradicción
como si se tratara de una tercera instancia.
Igualmente, la Sala encuentra que en la providencia enjuiciada no se incurrió en los
yerros aducidos por la parte demandante, ya que precisamente en obedecimiento a la
norma que establece la caducidad del medio de control de reparación directa y en
atención a los parámetros fijados por la jurisprudencia de esta corporación, rechazó la
demanda, lo que por ningún motivo desconoce los artículos 29 y 229 de la
Constitución; además, la providencia se profirió por el juez competente, el trámite se
surtió mediante el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico y en el que
pudo hacer uso del recurso de apelación para discutir lo resuelto por el a quo.
3. Conclusión
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La Sala concluye, entonces, que en la providencia del 25 de abril de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
mediante la cual confirmó el auto del 22 de septiembre de 2023, dictado por el Juzgado
Treinta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que rechazó el medio de
control de reparación directa porque operó el fenómeno jurídico de caducidad, no se
incurrió en los defectos alegados por los accionantes.
En tal sentido, la Sala procederá a denegar el amparo deprecado por los señores
señores María Luz Dary López Vélez, Alba Nubia López Vélez, Héctor Fabio López
Vélez, Luis Aníbal Lozano obrando en nombre propio y como sucesor de Blanca Inés
Vélez Zamora, Claudia Yineth Ovalle López, Yenny Lorena Vásquez López, Mayerlin
Ovalle López en nombre propio y como sucesora de Teresa de Jesús López Vélez, y
Alexander Minchael López.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: No acceder a la solicitud de desvinculación que formula la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares (CREMIL), por las razones expresadas en la parte motiva de la
presente providencia.
Segundo. Denegar el amparo que solicitan los señores María Luz Dary López Vélez,
Alba Nubia López Vélez, Héctor Fabio López Vélez, Luis Aníbal Lozano obrando en
nombre propio y como sucesor de Blanca Inés Vélez Zamora, Claudia Yineth Ovalle
López, Yenny Lorena Vásquez López, Mayerlin Ovalle López en nombre propio y como
sucesora de Teresa de Jesús López Vélez, y Alexander Minchael López, conforme a
la parte considerativa que antecede.
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Demandante: María Luz Dary López Vélez y otros
Tercero. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIERREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO VARGAS SUÁREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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