Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04376-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04376-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04376-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
18 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04376-01
Accionantes: Orlando Carrillo Carrillo y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04376-01
Actores: Orlando Carrillo Carrillo y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Tema 1: Tutela contra providencia judicial. Subtema 1.1. Incumplimiento del requisito de inmediatez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que formuló la parte accionante en contra de la
sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, el tres (3) de octubre
de dos mil veinticuatro (2024), que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Orlando Carrillo Carrillo, Diana Paola Moreno Delgado y Diana Valentina Carrillo
Moreno presentaron escrito1 de tutela en procura de la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa, a la dignidad humana,
a la seguridad jurídica, a la “cumplida administración de justicia”, al “cumplimiento
de fallos judiciales” y de acceso a la administración de justicia, garantías que
consideraron vulneradas por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección
B y por el Tribunal Administrativo de Santander con ocasión de las providencias
dictadas el treinta (30) de noviembre y el once (11) de mayo de dos mil veintitrés
(2023), respectivamente, en el curso del proceso ejecutivo identificado con el
radicado núm. 68001-23-31-000-2000-01872-00.
1.2. Hechos probados
1 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
54B15FEE69147571 04AD94DB9B307E6C 439E7E7CC2B41C00 F6D87FF5E50D62BA, ubicado en el índice
2 de SAMAI.
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Accionantes: Orlando Carrillo Carrillo y otros
1.2.1. Orlando Carrillo Carrillo y otras personas radicaron demanda ejecutiva en
contra de la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira y del Departamento de
Santander2, con el fin de que se ordenara el cumplimiento de la sentencia proferida
por el Consejo de Estado, el catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018), al
interior de un proceso de reparación directa, así como el pago de perjuicios
moratorios y compensatorios.
1.2.2. Luego de múltiples actuaciones llevadas a cabo en el trámite ejecutivo, y en
consideración a que, a juicio de los actores, la E.S.E. Hospital Regional de García
Rovira no había acatado la obligación de hacer consignada en la sentencia
condenatoria de reparación directa, solicitaron dar aplicación al artículo 428 del
Código General del Proceso3.
1.2.3. El Tribunal Administrativo de Santander, en auto del once (11) de mayo de
dos mil veintitrés (2023) 4 , negó la petición formulada por los demandantes.
Particularmente, estimó que los ejecutantes no efectuaron el requerimiento en la
oportunidad que prescribe la norma, esto es, con la demanda inicial y en forma
subsidiaria. La anterior decisión fue objeto de recurso de reposición y, en subsidio,
de apelación5.
1.2.4. El Tribunal Administrativo de Santander, en proveído del siete (7) de
septiembre de dos mil veintitrés (2023)6, resolvió no reponer el auto del once (11)
de mayo de dos mil veintitrés (2023).
1.2.5. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, en providencia del
treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) 7 , confirmó la decisión del
Tribunal Administrativo de Santander que negó librar mandamiento ejecutivo por
concepto de los perjuicios compensatorios. En concreto, expuso que el demandante
debió solicitar los perjuicios compensatorios de manera subsidiaria en la demanda
y no en la etapa procesal en la que se encontraba el trámite.
1.3. Pretensiones y argumentos de la solicitud de amparo
2 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
6AE669A32D8D05F3 0B5F668DA872787C A525569C86ED6718 9A031DE986CFB0CC, ubicado en el índice
11 de SAMAI, carpeta “001. DEMANDA”, archivo “001.folios 01-80”.
3 Índice 300 de SAMAI, proceso con radicado número 68001-23-31-000-2000-01872-00.
4 Índice 306 de SAMAI, proceso con radicado número 68001-23-31-000-2000-01872-00.
5 Índice 314 de SAMAI, proceso con radicado número 68001-23-31-000-2000-01872-00.
6 Índice 319 de SAMAI, proceso con radicado número 68001-23-31-000-2000-01872-00.
7 Índice 4 de SAMAI, proceso con radicado número 68001-23-31-000-2000-01872-04.
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Accionantes: Orlando Carrillo Carrillo y otros
Los accionantes solicitaron al juez constitucional que ampare sus derechos
fundamentales y que deje sin efectos los autos proferidos por el Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección B y por el Tribunal Administrativo de Santander.
Como fundamento de sus pedimentos, adujeron que ambas corporaciones
incurrieron en un defecto sustantivo por interpretar erróneamente el artículo 428 del
Código General del Proceso. En su criterio, las normas procesales no deben
analizarse de “manera exclusiva bajo la exegesis de una norma especial, sino que
debe (sic) interpretarse de manera sistemática bajo la óptica de las otras normas
que la integran, máxime si son normas posteriores y especiales”.
Aseguraron que en modo alguno el legislador impuso una restricción para formular
pretensiones relativas a los perjuicios compensatorios, sino que, por el contrario,
únicamente dispuso que debía hacerse de manera subsidiaria a la demanda en que
se piden perjuicios por una obligación de hacer o no hacer, pero jamás indicó que
era obligatorio incluir tales súplicas en la única o en la primera demanda ejecutiva.
Acotaron que es muy distinto que el legislador, al regular la institución de
acumulación de demandas, limitara expresamente la ejecución de perjuicios
compensatorios a la primera demanda ejecutiva. Afirmaron que, tratándose de
sentencias judiciales, su ejecución no requiere una demanda ejecutiva según lo
preceptuado en el artículo 306 del Código General del Proceso.
Finalmente, explicaron que las autoridades accionadas desconocieron la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
1.4. Trámite en primera instancia e intervenciones
1.4.1. La magistrada ponente, en auto del veintidós (22) de agosto de dos mil
veinticuatro (2024)8, admitió la acción de tutela, ordenó realizar las notificaciones
correspondientes 9 y solicitó que los demandados remitieran copia del proceso
ejecutivo con radicado núm. 68001-23-31-000-2000-01872-00.
8 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
65CACACBC0A1B8FA E111945BE1D57CB3 0A11179C7C40ACA8 8150769BD66DE911, ubicado en el índice
5 de SAMAI.
9 Parte accionante, autoridades judiciales demandadas, Nación – Ministerio de Salud y Protección Social,
Superintendencia Nacional de Salud, Departamento de Santander, E.S.E. Hospital Regional de García Rovira
de Málaga y Esperanza Sánchez.
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Accionantes: Orlando Carrillo Carrillo y otros
1.4.2. La Superintendencia Nacional de Salud, en informe rendido el veintinueve
(29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)10, pidió su desvinculación del presente
trámite constitucional. Puso de presente que la transgresión de derechos
fundamentales alegada por los tutelantes no devino de una acción u omisión
atribuible a dicha entidad.
1.4.3. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, a través del
magistrado sustanciador del auto censurado11, arguyó que la petición de amparo es
improcedente por las siguientes razones: (i) la providencia enjuiciada se notificó
mediante estado electrónico el quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023),
mientras que el escrito de tutela fue presentado el veinte (20) de agosto de dos mil
veinticuatro (2024), esto es, fuera del término establecido por la jurisprudencia
constitucional para controvertir decisiones judiciales; y (ii) los accionantes pretenden
usar la acción de tutela como una tercera instancia.
1.4.4. La E.S.E. Hospital Regional de García Rovira12 afirmó que no tiene relación
alguna con los hechos objeto de estudio.
1.5. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado – Sección Cuarta, en sentencia del tres (3) de octubre de dos
mil veinticuatro (2024)13, declaró improcedente la acción de tutela al no encontrar
satisfecho el requisito de inmediatez.
Explicó que la decisión objeto de controversia se notificó por estado el quince (15)
de diciembre de dos mil veintitrés (2023), en tanto que la solicitud de amparo fue
promovida el veinte (20) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), es decir,
transcurrieron ocho (8) meses y cinco (5) días entre el momento de la notificación y
el de la interposición de la acción constitucional, término que desborda el plazo
10 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
6F49494FF25A3D6B FE6632A558253F26 D358226FCAB0B5E9 9A6D010FA192110D, ubicado en el índice 12
de SAMAI.
11 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
B71351F7A5072896 7838E09749C2A109 7157B2797E488031 DC0656247D860BFB, ubicado en el índice 14
de SAMAI.
12 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
AF5A6D0E2B05210D 1D5856D70A07B17C C1A8455C03CD9BF2 BB24F269D242445C, ubicado en el índice
22 de SAMAI.
13 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
9D00EDF7F0A95254 E7548FEBAF8E7ACD 98619048B2965617 64CC688358FBDB4F, ubicado en el índice
26 de SAMAI.
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Accionantes: Orlando Carrillo Carrillo y otros
razonable fijado jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación,
acogido igualmente por la Corte Constitucional.
Resaltó que, en el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales que
justifiquen la formulación tardía de la acción de tutela, o que demuestren que el
hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental sea permanente, persistente
en el tiempo y actual.
Por último, aclaró que no es viable contabilizar el plazo para ejercer la acción de
tutela a partir del auto de obedézcase y cúmplase, proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander, pues es el conocimiento de la providencia que se
enjuicia lo que debe tenerse en cuenta como hito inicial del término, suceso que se
produce desde la notificación.
1.6. Impugnación
La parte accionante impugnó el fallo dictado por el Consejo de Estado – Sección
Cuarta. En su escrito14, indicó que, “en su oportunidad”, remitiría la sustentación
correspondiente.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala tiene competencia para conocer de la impugnación presentada, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y 32 del
Decreto 2591 de 1991.
2.2. Cuestión previa
En la etapa pertinente, los tutelantes se limitaron a expresar que impugnaban la
sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta. Posteriormente,
cuando el expediente ya había sido repartido por la Secretaría General a esta
Subsección para resolver el asunto en segunda instancia, radicaron un escrito en el
14 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
AB7DB597602B8B21 4F670E88F33AACEC 0B483332103D4648 E93A69685C89C224, ubicado en el índice
30 de SAMAI.
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que expusieron las razones por las que no estaban de acuerdo con la mentada
decisión.
Ha de recordarse que el artículo 31 15 del Decreto 2591 de 1991 establece que,
dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del fallo, este podrá ser
impugnado. A su vez, el artículo 32 16 ibidem prescribe que, presentada
debidamente la impugnación, el juez remitirá el expediente dentro de los dos (2)
días siguientes al superior jerárquico, y que la autoridad judicial que conozca de la
impugnación estudiará el contenido de esta, cotejándola con el acervo probatorio y
con el fallo.
Como puede observarse, quien desee impugnar un fallo de tutela deberá hacerlo
dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la respectiva providencia17,
y ello incluye la posibilidad de realizar la sustentación que considere apropiada. En
el trámite de tutela no está prevista una oportunidad adicional a los tres (3) días ya
referidos para exponer los reparos concretos y las inconformidades derivadas del
fallo de primera instancia.
En ese orden, el escrito presentado por la parte accionante no puede ser tenido en
cuenta como la sustentación de la impugnación. En todo caso, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha destacado que ninguna norma constitucional ni legal
exige que la impugnación deba ser sustentada 18, de ahí que, en aquellos casos en
los que el tutelante se ciña a expresar que impugna la decisión sin acompañar a esa
manifestación los motivos de disenso, la autoridad judicial deberá considerar la
solicitud inicial y los demás elementos que aparezcan en el expediente para
fundamentar en ellos su decisión.
2.3. Procedibilidad de la acción
15 “Artículo 31. Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser
impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano
correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato. Los fallos que no sean impugnados serán enviados
al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión”.
16 “Artículo 32. Tramite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el
expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la
impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de
oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro
de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá
a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos
casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión”.
17 Se tienen dos (2) días adicionales por notificación electrónica según la Ley 2213 de 2022.
18 Sentencias T-501 de 1992 y T-538 de 2017, Corte Constitucional.
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Accionantes: Orlando Carrillo Carrillo y otros
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
mecanismo preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los
casos que establece la ley19.
La jurisprudencia constitucional ha precisado que, cuando una solicitud de amparo
está dirigida en contra de una providencia judicial, el juez de tutela debe, de forma
preliminar, analizar los requisitos generales de procedibilidad de la acción. Así, una
vez verificada la observación de los presupuestos que la determinan, procede el
pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que la parte accionante
plantea en función de los defectos en que incurre la actuación acusada y conforme
a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Luego, en primera medida, la Sala analizará si, en el caso concreto, se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, para lo
cual iniciará con aquel que encontró insatisfecho el a quo, y que fue la causa para
declarar improcedente la solicitud de amparo.
2.3.1. En relación con el requisito de inmediatez, es preciso resaltar que, si bien la
acción de tutela puede ser presentada en cualquier momento y lugar, su finalidad
es la protección inmediata de los derechos fundamentales. Por esta razón, debe
ejercerse dentro de un plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y
lugar del caso concreto, para asegurar la protección oportuna del derecho
vulnerado; de lo contrario, la urgencia y la necesidad de intervención del juez de
tutela quedarían desvirtuadas20.
19 “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en
reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política,
resaltando que la acción judicial en él contemplada, además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene
por principal objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los
ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho contemplados en la ley”.
Sentencia T-867 de 2013, Corte Constitucional.
20 “(…) Desde esta perspectiva, es necesario interponer la acción de tutela contra providencias judiciales tan
pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque
de lo contrario la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que no se
entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan perentoria, no se acudió al mecanismo
constitucional con anterioridad. Permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación
constitucional contra una providencia judicial, puede afectar además la seguridad jurídica; de manera tal que la
inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
(…)”. Sentencia T-879 de 2012, Corte Constitucional; reiterada en la Sentencia SU-184 de 2019.
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Accionantes: Orlando Carrillo Carrillo y otros
Cuando la solicitud de amparo se presenta en contra de una providencia judicial, el
requisito de inmediatez también se traduce en una garantía de seguridad jurídica y
de los intereses de terceros, pues la sentencia o auto que se censura ha definido
previamente un litigio y una situación jurídica en particular. En virtud de lo anterior,
este tipo de acciones exige una mayor rigurosidad 21 , al punto que la doctrina
constitucional ha definido la razonabilidad, en principio, en un lapso de seis (6)
meses22.
En el presente asunto, Orlando Carrillo Carrillo, Diana Paola Moreno Delgado y
Diana Valentina Carrillo Moreno presentaron escrito de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Santander y del Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B, puesto que consideraron vulnerados sus derechos fundamentales
con motivo de las providencias dictadas el once (11) de mayo y el treinta (30) de
noviembre de dos mil veintitrés (2023), respectivamente, en el curso del proceso
ejecutivo identificado con radicado núm. 68001-23-31-000-2000-01872-00.
Sobre el particular, la Sala pone de presente que, aunque la parte actora enfiló
argumentos en contra de las decisiones proferidas tanto por el Tribunal
Administrativo de Santander como por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B, circunscribirá su análisis al auto del treinta (30) de noviembre de dos
mil veintitrés (2023), por cuanto este resolvió los argumentos planteados por los
accionantes en el recurso de apelación y fue el que puso fin al debate sobre la
oportunidad para solicitar los perjuicios compensatorios.
Pues bien, está demostrado que el auto censurado fue dictado el treinta (30) de
noviembre de dos mil veintitrés (2023)23 y fue notificado por estado del quince (15)
de diciembre de la misma anualidad 24 , mientras que el escrito de tutela fue
presentado el veinte (20) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) 25, esto es, ocho
(8) meses y cinco (5) días después. Entonces, forzoso es concluir que la acción de
21
Consultar, entre otras, las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594 de 2008, T-410
de 2013, T-206 de 2014 y T-246 de 2015.
22 Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones, lo
han definido como razonable. Por ejemplo, en la Sentencia T-246 de 2015, se alude a este criterio a partir de la
sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, el 5 de agosto de 2014, en la que, explícitamente,
“(...) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales
se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también en las sentencias T-
269 de 2018 y T-079 de 2018.
23 Índice 4 de SAMAI, proceso con radicado número 68001-23-31-000-2000-01872-04.
24 Índice 6 de SAMAI, proceso con radicado número 68001-23-31-000-2000-01872-04.
25 Índice 2 de SAMAI, primera instancia de tutela.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04376-01
Accionantes: Orlando Carrillo Carrillo y otros
tutela fue ejercida fuera del plazo que ha establecido la jurisprudencia como
razonable.
Tal como lo explicó el a quo, la afectación de derechos fundamentales que se deriva
de una providencia judicial es visible cuando el interesado tiene conocimiento de
esta, es decir, desde la notificación de la decisión, de ahí que no sea adecuado
tomar como hito inicial del plazo el auto del Tribunal Administrativo de Santander en
el que resuelve obedecer y cumplir lo decidido por el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección B.
No huelga mencionar que no fue posible observar circunstancias excepcionales que
permitan flexibilizar la oportunidad para interponer la acción de tutela o la eventual
configuración de un perjuicio irremediable.
Aun cuando el tutelante esgrimió, en memorial del ocho (8) de noviembre de dos mil
veinticuatro (2024)26, que no tiene los conocimientos tecnológicos necesarios para
acceder a las providencias de su interés y al expediente digital, y que ese fue el
motivo que le impidió acudir a la jurisdicción dentro de los seis (6) meses dispuestos
por la jurisprudencia, esa justificación no es de recibo para la Sala. En primer lugar,
porque el proceso en el que fue proferida la decisión enjuiciada ha sido desarrollado,
en gran medida, haciendo uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y allí ha quedado demostrado que sí es viable estar al tanto del
transcurrir del litigio; en segundo término, dado que el tutelante está representado
por un profesional del derecho al interior del proceso ejecutivo, quien le debió
informar sobre el acontecer del proceso; y, tercero, en vista de que no está probado
algún obstáculo para que el interesado concurriera a la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander a consultar lo que requiriera27.
2.3.2. En todo caso, de encontrar satisfecho el presupuesto de inmediatez, la acción
de tutela devendría en improcedente por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional. La anterior conclusión surge por la insistencia que hiciere la parte
accionante en la interpretación que, en su criterio, debe darse al artículo 428 del
26 Documento contenido en el expediente digital de tutela de segunda instancia con certificado
75E2B541536BF334 C7BE1C1EB37B6782 95AE96EECCD187C5 911E09B178B7A4B0, ubicado en el índice
4 de SAMAI.
27 Ley 2213 de 2022. “Artículo 2. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. (…) La
población rural, los grupos étnicos, las personas con discapacidad y las demás personas que tengan alguna
dificultad para hacer uso de los medios digitales, podrán acudir directamente a los despachos judiciales
y gozarán de atención presencial en el horario ordinario de atención al público; adicionalmente, las
autoridades judiciales adoptarán las medidas necesarias para asegurar a dichas personas el acceso y la
atención oportuna por parte del sistema judicial. (…)” (negrillas fuera del texto).
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04376-01
Accionantes: Orlando Carrillo Carrillo y otros
Código General del Proceso, específicamente, lo relativo a la oportunidad para
solicitar la ejecución de los perjuicios compensatorios por el desacatamiento del
mandamiento ejecutivo, controversia que ya fue resuelta por los jueces naturales de
la causa.
Por consiguiente, la sentencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta será
confirmada.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sección
Cuarta, el tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR, por el medio más expedito, la presente decisión a las
partes.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado (E) Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CAOP
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