Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04381-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04381-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-04381-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
5 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202404381-01
Actor: Reinaldo Huertas
Demandada: Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y otro1
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia y
ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de 30 de
septiembre de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “1ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en
forma digital.
2
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04381-01
Actor: Reinaldo Huertas
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, porque, a su juicio: i) la Corte Suprema, al proferir la sentencia
de 24 de abril de 2024; y ii) el Tribunal, al proferir la sentencia de 30 de octubre de
2023, en el proceso penal identificado con el número único de radicación
110016000092201600211-03: vulneraron sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, en agosto de 2015 Hyundai Motor Company retiró el derecho
de distribución exclusivo de sus vehículos en Colombia a la empresa Hyundai
Colombia Automotriz, cuyo mayor accionista era el empresario Carlos José Mattos
Barrero.
4. Adujo que, en octubre de 2025 Carlos José Mattos Barrero contactó a
Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Bogotá y a él, como Juez titular de ese Despacho, para manipular una demanda
contra Hyundai Motor Company y acordó el pago de una suma de dinero por el
decreto de una medida cautelar a favor de su empresa.
5. Señaló que, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
profirió sentencia, en primera instancia, el 30 de octubre de 2023, contra él, por los
delitos de cohecho impropio (a título de autor), en concurso heterogéneo y sucesivo
con utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema
informático agravado y daño informático agravado (a título de determinador).
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Actor: Reinaldo Huertas
6. Indicó que, su Defensor y el Ministerio Público interpusieron recurso de
apelación, frente al cual, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante
sentencia de 24 de abril de 2024, resolvió:
“[…] Primero: CONFIRMAR el fallo del 30 de octubre de 2023 por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual condenó a
REINALDO HUERTAS por los delitos de cohecho impropio, utilización ilícita de redes
de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño
informático agravado.
Segundo: Contra la presente decisión no proceden recursos. […]”
6.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] 148.- De las pruebas del proceso es claro que REINALDO HUERTAS y
CARLOS JOSÉ MATTOS BARRERO pactaron, en el apartamento de este último, la
suma de $700 millones de pesos con ocasión de la medida cautelar que favorecería
a la empresa HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ. Así lo narró en el juicio oral el
oficial mayor DAGOBERTO RODRÍGUEZ NIÑO, lo cual se muestra concordante con
lo descrito por LUIS DAVID DURÁN ACUÑA, quien además detalló que estuvo
encargado de realizar algunas de las entregas de este dinero.
149.- Pero la suma con destino al juez fue apenas un monto inicial y todo indica que
reclamó uno superior. Al respecto, DAGOBERTO RODRÍGUEZ y LUIS DAVID
DURÁN aludieron a una «prima de éxito» pactada con MATTOS BARRERO por valor
de $1.000 millones de pesos, repartida en proporciones de 60% para el titular del
despacho y 40% para el oficial mayor. Además, con ese mismo racero acordaron, el
16 de julio de 2016 en un viaje que hicieron todos ellos a la ciudad de Medellín, la
repartición de $100 millones de pesos que el empresario les enviaría mensualmente.
150.- De ahí que la Corte estime razonada la conclusión del tribunal, según la cual,
REINALDO HUERTAS recibió por parte de MATTOS BARRERO entre $1.000 a
$1.200 millones de pesos por cuenta de la medida cautelar que profirió en el «caso
HYUNDAI» y por mantenerla en el tiempo durante buena parte del año 2016. Y así
las pruebas practicadas en el proceso no permitan determinar con exactitud la
cantidad de dinero producto de cohecho, esta situación no descarta la ocurrencia de
dicha conducta. […]”.
[…]
“[…] 162.- La prueba de si REINALDO HUERTAS participó como determinador en
estos delitos acusados tiene asiento en el testimonio del oficial mayor DAGOBERTO
RODRÍGUEZ NIÑO, quien aseguró que, a finales del año 2015, luego del acuerdo
sobre la medida cautelar en la demanda de HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ,
el señor CARLOS JOSÉ MATTOS BARRERO no había logrado contactar a la
persona o personas que manipularan el reparto para que el proceso le fuera
asignado al aquí acusado, por lo que el juez le dijo a su oficial mayor que para esa
labor contactara a EDWIN FABIÁN MACÍAS CASTAÑEDA.
[…]
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Actor: Reinaldo Huertas
“[…] 169.- Una vez establecido que la participación de REINALDO HUERTAS en el
entramado criminal no se circunscribió a la venta de su función como juez, sino que,
además, indujo a EDWIN FABIÁN MACÍAS CASTAÑEDA para que estableciera los
contactos necesarios con el fin de lograr la manipulación del reparto de la Rama
Judicial –como en efecto lo hizo–, la consecuencia evidente es que su grado de
participación fue como determinador.
170.- Así las cosas, no está llamado a prosperar el alegato del recurso de la defensa,
según el cual, el funcionario judicial no participó en los delitos acusados de (i)
utilización ilícita de redes de comunicación, (ii) acceso abusivo a un sistema
informático y (iii) daño informático. Tampoco prospera la apelación del ministerio
público referida a que el acusado fue determinador del primero de estos delitos, pero
no de los restantes. […]”.
[…]
“[…] 198.- En concreto, se concluye la responsabilidad penal de REINALDO
HUERTAS como autor y determinador de estas conductas, la cual fue probada más
allá de duda razonable. También se advierte que el tribunal no incurrió en
irregularidad alguna al dosificar cada una de las penas y apartarse del mínimo dentro
del primer cuarto de movilidad, pues lo hizo fundadamente siguiendo las
particularidades del presente asunto […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. El actor solicitó en su escrito de tutela2:
“[…] 1. Por las razones expuestas, encamino mi petición ante los honorables
Magistrados, para que se tutelen y respeten los derechos invocados y consagrados
en la Constitución y la ley, especialmente el derecho al debido proceso, el derecho
de acceso a la administración de justicia, el derecho a la legitima defensa, la
presunción de inocencia ante la ausencia de prueba, procediendo a dejar sin efecto
la sentencia proferida el 24 de abril de 2024 por la SALA PENAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA, dentro del proceso penal con radicación
11001600009220160021103, la cual confirmó la sentencia de primera instancia
proferida por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, y en su
lugar se ordene mi absolución, por cuanto se ha violado el principio legal de la
presunción de inocencia, sin desvirtuarla por medio probatorio dentro del proceso, lo
que constituye un error protuberante de las accionadas, en contra de mis derechos
constitucionales que se deben proteger.
2. Corregir la vía de hecho que se configura por la injusta condena proferida en
contravía de los medios probatorios obrantes dentro del proceso, porque contrario a
lo probado, se me ha condenado por tres delitos informáticos de los cuales en modo
alguno soy responsable al no ser determinador, ni coparticipe, ni cómplice, ni autor o
coautor, habiéndose demostrado en realidad que tales determinadores y autores son
otras personas como lo demuestra el acervo probatorio. Del mismo modo tampoco
2 Transcripción literal del texto.
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Actor: Reinaldo Huertas
soy determinador ni autor, ni coparticipe del delito de cohecho impropio, porque los
medios probatorios lo que indican es que los testigos DAGOBERTO RODRIGUEZ
NIÑO y LUIS DAVID DURAN ACUÑA faltaron a la verdad para tratar de respaldar
sus intereses particulares de obtener beneficios en el tratamiento punitivo de ellos y
de terceros como responsables de estos delitos aquí investigados. […]”.
7.1. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente3:
“[…] CUARTO: La conclusión a la que arribó la SALA PENAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA y también la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE BOGOTA, son totalmente infundadas y carentes de verdad, toda vez que los
medios probatorios al interior de este proceso son muy claros y concluyentes en
cuanto a que no fui yo como Juez Sexto Civil del Circuito de Bogotá, quien ordenó,
sugirió, recomendó, o suministró el nombre del señor EDWIN FABIAN MACIAS
CASTAÑEDA, para que se encargara de manipular el reparto de la Rama Judicial.
QUINTO: Por el contrario, los medios probatorios contundentemente establecen que
quien por su iniciativa, por su propia cuenta y sin otra intervención o sugerencia,
nombró, mencionó y recomendó la persona de EDWIN FABIAN MACIAS
CASTAÑEDA, como el indicado para la manipulación del reparto, lo fue el señor
DAGOBERTO RODRIGUEZ NIÑO.
SEXTO: A continuación se traen los respectivos apartes de los medios probatorios
que obran al interior del proceso, puntualmente, las declaraciones rendidas en
sesiones de audiencias del juicio oral, en donde se evidenció que fue el señor
DAGOBERTO RODRIGUEZ NIÑO, quien por su propia cuenta recomendó a EDWIN
FABIAN MACIAS CASTAÑEDA, y aunque en sus respuestas inicialmente de forma
malintencionada dice que fui yo quien le ordenó buscar al señor MACIAS, luego en
el decurso del interrogatorio y contrainterrogatorio, reconoció categóricamente y sin
lugar a dudas, que realmente fue él quien directamente ante el señor CARLOS
MATTOS recomendó a quien se encargó de manipular el reparto, lo que dejó al
descubierto que falsamente trató de involucrarme con esa actividad.
SEPTIMO: Tan evidente es mi ajenidad con la manipulación del sistema de reparto
de la rama judicial, que el Ministerio Público interpuso el recurso de apelación para
que se me absolviera por lo menos por dos de los delitos informáticos, denotando
que en modo alguno intervine en dichos hechos, porque probatoriamente no se
encontró respaldo de ello al interior del proceso, más sin embargo el señor
Procurador Judicial también cayó en la trampa tendida por el señor testigo
DAGOBERTO RODRIGUEZ cuando en su declaración de entrada dijo que había sido
yo quien le ordenó la vinculación del señor EDWIN MACIAS CASTAÑEDA como la
persona que estaba dispuesta a manipular el reparto, ello por cuanto no se percató
que de la lectura de los apartes de las subsiguientes declaraciones el precitado
testigo se desmintió al contestar varias veces que fue él directamente quien hizo por
su propia iniciativa la recomendación del manipulador del reparto.
OCTAVO: En particular, como defensa material, tanto en alegaciones finales, como
también al sustentar el recurso de apelación, como puede verse del escrito que lo
contiene, me esforcé por traer cada una de las declaraciones dadas por el señor
RODRIGUEZ NIÑO, y luego también por otros testigos como el señor LUIS DAVID
DURAN ACUÑA y el mismo EDWIN FABIAN MACIAS CASTAÑEDA, quienes
corroboraron que ninguna intervención tuve en recomendar a persona alguna para
3 Transcripción literal del texto.
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Actor: Reinaldo Huertas
manipular el reparto y mucho menos en participar en reuniones o actividades para tal
propósito, de tal forma que mal pudo haberse concluido que soy el determinador de
tales delitos informáticos. Para el efecto, resulta de suma importancia, verificar en las
actas de sesión de audiencia de pruebas, las declaraciones ofrecidas por el mismo
EDWIN FABIAN MACIAS CASTAÑEDA, quien fue la persona encargada de hacer la
manipulación del reparto, quien fue muy claro en sus respuestas y dijo que el Juez
REINALDO HUERTAS, no lo recomendó, ni tampoco se enteró, ni supo, ni participó
en reuniones para manipular el reparto, y que apenas vino a enterarse y conocer la
demanda cuando le llegó a su despacho por reparto […]”.
[…]
“[…] DECIMOTERCERO: La honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
ha incurrido en error sustancial cuando en el numeral 126 de su sentencia, al analizar
la estipulación probatoria número 5, dice que finalmente fue el señor DAGOBERTO
RODRIGUEZ NIÑO y no el escribiente ANGEL ALBERTO AGUILAR, quien sustanció
el auto que desató los recursos interpuestos contra la medida cautelar. La
Corporación ha incurrido en el error de confundir que uno es el auto interlocutorio que
inicialmente decreta la medida cautelar pero otro es el auto también interlocutorio que
resolvió el recurso de reposición y en subsidio apelación contra dicha providencia. La
defensa material lo que alegó es que si bien el sustanciador DAGOBERTO
RODRIGUEZ NIÑO sustancio el auto que decretó la medida cautelar, cuya fecha es
del 6 de abril de 2016, no fue él quien sustanció el auto que resolvió el recurso de
reposición, cuya fecha fue del 30 de septiembre de 2016, sino que fue un escribiente,
en este caso el señor ANGEL ALBERTO AGUILAR BERNATE, tal como quedó
totalmente probado con su declaración. Con ello se pretendía argumentar que no
pudo existir acuerdo entre el Juez y el sustanciador para presuntamente mantener
en el tiempo la medida cautelar, porque de haber sido asi, a quien le hubiere asignado
la sustanciación del recurso habría sido necesariamente al mismo RODRIGUEZ
NIÑO y no a un tercero que lo sustanció según su propio criterio jurídico y de quien
en modo alguno se ha vinculado con estos hechos. Además si hubiese sido cierto
como lo informó DAGOBERTO RODRIGUEZ NIÑO a la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, ante pregunta del señor Procurador, acerca del dinero por él
recibido de manos del señor MATTOS, afirmó que el propósito fue el de ayudarle al
Juez a sostener o mantener la medida cautelar, es decir, a resolver favorablemente
el recurso de reposición, entonces por qué razón el Juez no le asignó la sustanciación
de dicho auto al mismo sustanciador RODRIGUEZ NIÑO, sino que acudió a un
escribiente, a quien ninguna orden o sugerencia le impartió para resolver?. […]”.
Actuación
8. El Despacho sustanciador de la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 22 de agosto de 2024: i) admitió la acción
de tutela; ii) ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas; y iii) vinculó,
como tercero con interés legítimo, a la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a las Procuradurías Primera y Segunda
delegadas ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y al
Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá con Función de
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Actor: Reinaldo Huertas
Conocimiento, concediéndoles el término de dos (2) días para rendir informe sobre
el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
9. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá rindió
informe en los siguientes términos:
“[…] Revisada la demanda, se advierte que la pretensión principal del accionante se
dirige a que se despliegue una nueva valoración de las pruebas debatidas en la causa
penal que se adelantó en su contra, en sede de primer y segundo grado. Desde esa
óptica, no se satisface la totalidad de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por el máximo órgano de
cierre constitucional, entre ellos, la relevancia constitucional del asunto. Lo anterior,
por cuanto (i) la controversia versa sobre un asunto legal; (ii) a pesar de que involucra
un debate que gira en torno al goce de un derecho fundamental, en este caso, la
libertad; (iii) tiene como objeto dar lugar a una tercera instancia y a reabrir debates,
como se mencionó, meramente legales.
Sobre este último presupuesto, la H. Corte Constitucional ha referido que, en materia
de tutela contra providencias judiciales, el juez de tutela se restringe a «a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales
y no a problemas de carácter legal (…) exige valorar si la decisión se fundamentó en
una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial y que
derive la trasgresión de las garantías básicas del derecho al debido proceso. Solo de
esta forma se garantiza “la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales como
de los de las demás jurisdicciones”».
Tampoco se demostró cuál fue la irregularidad procesal que pueda causar un efecto
decisivo o determinante en la decisión impugnada y que afecte los derechos
fundamentales del actor. Máxime cuando en todas las fases de la causa penal
conocida por esta instancia, se veló por el respeto de sus derechos fundamentales y
garantías procesales, y se le permitió controvertir las diferentes actuaciones
judiciales, en sede de primera y segunda instancia […]”.
10. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitó declarar
la improcedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, negar el amparo
solicitado por el actor. Para tal efecto, manifestó lo siguiente:
“[…] Contrario a lo manifestado por el accionante, la Sala no incurrió en un defecto
fáctico al fundamentar la responsabilidad penal por los delitos de utilización ilícita de
redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño
informático agravado, pues tuvo como soporte la valoración de las pruebas de la
actuación, en concordancia con lo decidido en la sentencia de primera instancia. Lo
mismo ocurre con el delito de cohecho impropio, que se sustentó en estas y otras
pruebas (testimoniales y documentales), como se advierte en los considerandos 124
a 156.
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Actor: Reinaldo Huertas
3.6. La labor funcional realizada por la Sala es concordante con el ejercicio de la
apreciación racional de la prueba y la validez de la misma en tanto fue hecha por el
juez natural en el marco de los principios de autonomía e independencia judicial (Cfr.
CC T-453-2017 y T-221-2018), por ende, respetuosamente solicito se sirva declarar
que la sentencia objeto de cuestionamiento no configura ninguna causal específica
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en
consecuencia, se niegue el amparo solicitado por la parte actora.[…]”.
11. El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá
solicitó negar la acción de tutela, al considerar lo siguiente:
“[…] Descendiendo al libelo de la demanda y en lo referente a las pretensiones
alegadas por el actor, mismas que se dirigen a la nulidad de lo actuado al interior del
proceso penal que cursa en su contra, no están llamadas a prosperar frente a esta
sede, en el entendido que conforme al Acuerdo No. 2779 del 23 de diciembre de
2004 “Por el cual se crea el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales
de Bogotá, con ocasión de la implantación del nuevo Sistema Acusatorio.”; el Centro
de Servicios Judiciales fue creado con el propósito de gestionar las ordenes (sic)
emanadas de los Juzgados Penales del Circuito, Municipales de Conocimiento y
Municipales de Garantías de Bogotá, ejecutando bajo ese precepto, funciones
netamente administrativas.
Por lo que resulta claro, los pedimentos del accionante no pueden ser atendidos por
este Centro de Servicios pues no es dable hacer pronunciamiento de fondo respecto
a las pretensiones aquí invocadas, máxime, cómo se menciona en el ruego
constitucional, las inconformidades del accionante se dirigen en contra de las
determinaciones adoptadas por el H. Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal – y
la H. Corte Suprema de Justicia – Sala Penal –, decisiones en la que no tiene
injerencia esta sede.
Por otra parte, revisadas nuestras bases de datos y la correspondencia física, se
logra establecer que el accionante, a la fecha, no han elevado petición formal alguna,
solicitando lo alegado, por lo que se deja constancia que no existen pendientes por
resolver al accionante, hasta la fecha, por lo que cabe resaltar, no se avizora en este
momento vulneración de garantía fundamental alguna y en consecuencia la presente
acción de tutela deberá ser negada, en lo que respecta a esta sede judicial. […]”.
12. La Fiscalía Doce Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá y las Procuradurías Primera y Segunda delegadas ante la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia guardaron silencio en esta oportunidad
procesal.
La sentencia impugnada
13. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 30 de septiembre de 2024, resolvió lo siguiente:
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Actor: Reinaldo Huertas
“[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad
con las razones ut supra. […]”.
13.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] 4.2.- En el caso concreto, el tutelante cuestiona, en esencia, la valoración
probatoria desplegada por la Corte Suprema de Justicia; considera que no hubo un
correcto estudio de los testimonios practicados al interior del proceso penal,
particularmente, de las declaraciones rendidas por Dagoberto Rodríguez Niño y
Edwin Macías.
4.3.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que los cargos aludidos no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no estar debidamente
justificados, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico
efectuado por el juez natural, como si este mecanismo fuera una instancia adicional
al proceso ordinario, según se explicará.
4.4.- Al verificar los argumentos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se
dilucida el siguiente análisis textual: […]”.
[…]
“[…] 4.5.- En atención a lo anterior, se observa que la colegiatura censurada hizo un
análisis minucioso de las pruebas testimoniales que obraban en el expediente e,
incluso, notó que existían inconsistencias respecto a algunas afirmaciones realizadas
en el marco de esos medios demostrativos, sin embargo, observó que las
declaraciones eran consistentes en la mayoría de las circunstancias descritas y, bajo
las reglas de la sana crítica y en atención a su autonomía judicial, optó por darles
credibilidad a esos elementos.
4.6.- Resulta claro, entonces, que el peticionario pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si la tutela se tratara de una instancia adicional, pues, como se
vio, los aspectos probatorios del caso sub judice fueron analizados por el juez natural
de la causa, por lo cual resulta diáfano que los cargos elevados por la parte actora
buscan reabrir un debate resuelto en el trámite jurisdiccional penal, con el fin de que
prevalezca su interpretación sobre la prohijada por la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia. En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
4.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario […]”.
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Actor: Reinaldo Huertas
La impugnación
14. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó siguiente4:
“[…] Con el respeto más profundo por la distinguida Colegiatura, debo precisar que
el objeto de esta acción constitucional en procura de salvaguardar mis derechos
fundamentales, no son otros que acudir a esta última posibilidad contemplada en el
ordenamiento jurídico de nuestro Estado de Derecho, por cuanto como se expuso en
el escrito genitor, se me atribuyó la responsabilidad penal como determinador de tres
delitos informáticos, sin que dentro del debate en las instancias exista realmente una
prueba que así lo establezca. Dicha falencia y carencia probatoria no es menos que
una flagrante vulneración, violación y desconocimiento al principio fundamental del
debido proceso, en este caso del derecho penal, por cuanto para atribuirle
responsabilidad penal al proceso y luego proferir condena en su contra, debe existir
una prueba suficiente para romper la presunción de inocencia.
Al leerse este argumento se preguntará la Honorable Sala, pero si existe un
argumento y razonamiento probatorio que realizó la Jurisdiccion Penal a cargo del
citado juicio en contra del accionante; entonces en donde está la cuestión
constitucional que debe protegerse?. La cuestión se resuelve revisando nuevamente
los hechos y pruebas allegadas a la accion de tutela. En efecto claramente se expuso
que la prueba bajo la cual se me responsabiliza de estos tres delitos informáticos no
es otra que el testimonio del oficial mayor DAGOBERTO RODRIGUEZ; sin embargo,
el testigo finalmente en su declaración lo que dijo es que realmente fue él (
DAGOBERTO RODRIGUEZ NIÑO ), quien mencionó, sugirió y recomendó al señor
EDWIN FABIAN MACIAS CASTAÑEDA ante el señor Carlos Jose Mattos Barrero,
cuando en una ocasión fue visitado por el citado Mattos Barrero estando
RODRIGUEZ NIÑO en atención médica en la Clínica de Occidente. Puntualmente se
expuso que en dicha visita y oportunidad fue cuando al oficial mayor RODRIGUEZ
NIÑO se le preguntó que si él tenía conocidos en la Oficina de Reparto, y allí sin
hacer averiguaciones (mucho menos con el Juez Huertas ), le respondió que conocía
al señor EDWIN FABIAN MACIAS CASTAÑEDA y le dio referencias de ser la persona
adecuada porque alardeaba de tener contactos con el personal de la oficina de
reparto. Pero la otra cuestión es encontrar esa prueba tan contundente y clara al
respecto. Para ello en la acción constitucional se recurrió al acta de la prueba
legalmente recaudada en la primera instancia, esto es, la prueba de testimonio
rendida por el señor DAGOBERTO RODRIGUEZ NIÑO, el dia 10 de mayo de 2022,
en donde puntualmente dijo: […]”.
[…]
“[…] Si el precitado testimonio del señor RODRIGUEZ NIÑO dice que quien hizo
dicha recomendación para la manipulación del reparto fue él, ello entonces significa
que no fue el señor REINALDO HUERTAS el referenciador, y si es con base en esa
declaración que se estructuró la prueba en contra del acusado REINALDO
HUERTAS, entonces lo que ha decaido en esa construcción de la sentencia es la
prueba, o sea, no existe prueba que determine mi responsabilidad penal. […]”.
[…]
4 Transcripción literal del texto .
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04381-01
Actor: Reinaldo Huertas
“[…] No se trata como lo señala la Honorable Sala del Consejo de Estado en esta
providencia impugnada, que el accionante simplemente pretende una nueva
valoración probatoria, o reabrir una tercera instancia. En modo alguno; lo que se
pretende es que a la luz de nuestra Constitución Politica y prevalido de la clausula
fundante de ser el nuestro un Estado Social de Derecho, se me proteja el derecho
fundamental del debido proceso, de la presuncion de inocencia y de acceso a la
administración de justicia, porque como se reitera, en este juicio oral, se ha proferido
una sentencia condenatoria en mi contra carente de prueba respecto a la comisión
de los injustos a que hace referencia la precitada sentencia de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
17. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Reinaldo Huertas
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional.
18. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo
posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
19. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
20. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio
de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Actor: Reinaldo Huertas
21. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.
22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.
23. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
14
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Actor: Reinaldo Huertas
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
25. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
26. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201413, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
consideró lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [14]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [15].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [16].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
13 Ut supra página 6.
[14] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[15] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
15
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Actor: Reinaldo Huertas
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [17].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [18]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [19].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [20]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
[17] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[19] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[20] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actor: Reinaldo Huertas
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
27. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró21:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”22
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
21 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
22Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
17
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Actor: Reinaldo Huertas
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”23
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
28. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.
29. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202224 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
23 Ibidem.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
18
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Actor: Reinaldo Huertas
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
30. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
19
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04381-01
Actor: Reinaldo Huertas
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional25 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
32. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”
25 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04381-01
Actor: Reinaldo Huertas
33. Atendiendo a que, la Corte Constitucional26 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
Análisis del caso concreto
34. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, porque, a su juicio: i) la Corte Suprema, al proferir la sentencia de 24 de
abril de 2024; y ii) el Tribunal, al proferir la sentencia de 30 de octubre de 2023, en el
proceso penal identificado con el número único de radicación
110016000092201600211-03: vulneraron sus derechos fundamentales invocados
supra.
35. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
36. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
26 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
21
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04381-01
Actor: Reinaldo Huertas
Acervo y análisis probatorios
37. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
37.1. Copia digital del proceso penal identificado con el número único de radicación
110016000092201600211-03.
Solución del caso concreto
38. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional.
39. Como fundamento de su solicitud, el actor en su escrito de tutela señaló que27:
“[…] CUARTO: La conclusión a la que arribó la SALA PENAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA y también la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE BOGOTA, son totalmente infundadas y carentes de verdad, toda vez que los
medios probatorios al interior de este proceso son muy claros y concluyentes en
cuanto a que no fui yo como Juez Sexto Civil del Circuito de Bogotá, quien ordenó,
sugirió, recomendó, o suministró el nombre del señor EDWIN FABIAN MACIAS
CASTAÑEDA, para que se encargara de manipular el reparto de la Rama Judicial.
QUINTO: Por el contrario, los medios probatorios contundentemente establecen que
quien por su iniciativa, por su propia cuenta y sin otra intervención o sugerencia,
nombró, mencionó y recomendó la persona de EDWIN FABIAN MACIAS
CASTAÑEDA, como el indicado para la manipulación del reparto, lo fue el señor
DAGOBERTO RODRIGUEZ NIÑO.
SEXTO: A continuación se traen los respectivos apartes de los medios probatorios
que obran al interior del proceso, puntualmente, las declaraciones rendidas en
sesiones de audiencias del juicio oral, en donde se evidenció que fue el señor
DAGOBERTO RODRIGUEZ NIÑO, quien por su propia cuenta recomendó a EDWIN
FABIAN MACIAS CASTAÑEDA, y aunque en sus respuestas inicialmente de forma
malintencionada dice que fui yo quien le ordenó buscar al señor MACIAS, luego en
el decurso del interrogatorio y contrainterrogatorio, reconoció categóricamente y sin
lugar a dudas, que realmente fue él quien directamente ante el señor CARLOS
MATTOS recomendó a quien se encargó de manipular el reparto, lo que dejó al
descubierto que falsamente trató de involucrarme con esa actividad.
SEPTIMO: Tan evidente es mi ajenidad con la manipulación del sistema de reparto
de la rama judicial, que el Ministerio Público interpuso el recurso de apelación para
que se me absolviera por lo menos por dos de los delitos informáticos, denotando
27 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04381-01
Actor: Reinaldo Huertas
que en modo alguno intervine en dichos hechos, porque probatoriamente no se
encontró respaldo de ello al interior del proceso, más sin embargo el señor
Procurador Judicial también cayó en la trampa tendida por el señor testigo
DAGOBERTO RODRIGUEZ cuando en su declaración de entrada dijo que había sido
yo quien le ordenó la vinculación del señor EDWIN MACIAS CASTAÑEDA como la
persona que estaba dispuesta a manipular el reparto, ello por cuanto no se percató
que de la lectura de los apartes de las subsiguientes declaraciones el precitado
testigo se desmintió al contestar varias veces que fue él directamente quien hizo por
su propia iniciativa la recomendación del manipulador del reparto.
OCTAVO: En particular, como defensa material, tanto en alegaciones finales, como
también al sustentar el recurso de apelación, como puede verse del escrito que lo
contiene, me esforcé por traer cada una de las declaraciones dadas por el señor
RODRIGUEZ NIÑO, y luego también por otros testigos como el señor LUIS DAVID
DURAN ACUÑA y el mismo EDWIN FABIAN MACIAS CASTAÑEDA, quienes
corroboraron que ninguna intervención tuve en recomendar a persona alguna para
manipular el reparto y mucho menos en participar en reuniones o actividades para tal
propósito, de tal forma que mal pudo haberse concluido que soy el determinador de
tales delitos informáticos. Para el efecto, resulta de suma importancia, verificar en las
actas de sesión de audiencia de pruebas, las declaraciones ofrecidas por el mismo
EDWIN FABIAN MACIAS CASTAÑEDA, quien fue la persona encargada de hacer la
manipulación del reparto, quien fue muy claro en sus respuestas y dijo que el Juez
REINALDO HUERTAS, no lo recomendó, ni tampoco se enteró, ni supo, ni participó
en reuniones para manipular el reparto, y que apenas vino a enterarse y conocer la
demanda cuando le llegó a su despacho por reparto […]”.
[…]
“[…] DECIMOTERCERO: La honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
ha incurrido en error sustancial cuando en el numeral 126 de su sentencia, al analizar
la estipulación probatoria número 5, dice que finalmente fue el señor DAGOBERTO
RODRIGUEZ NIÑO y no el escribiente ANGEL ALBERTO AGUILAR, quien sustanció
el auto que desató los recursos interpuestos contra la medida cautelar. La
Corporación ha incurrido en el error de confundir que uno es el auto interlocutorio que
inicialmente decreta la medida cautelar pero otro es el auto también interlocutorio que
resolvió el recurso de reposición y en subsidio apelación contra dicha providencia. La
defensa material lo que alegó es que si bien el sustanciador DAGOBERTO
RODRIGUEZ NIÑO sustancio el auto que decretó la medida cautelar, cuya fecha es
del 6 de abril de 2016, no fue él quien sustanció el auto que resolvió el recurso de
reposición, cuya fecha fue del 30 de septiembre de 2016, sino que fue un escribiente,
en este caso el señor ANGEL ALBERTO AGUILAR BERNATE, tal como quedó
totalmente probado con su declaración. Con ello se pretendía argumentar que no
pudo existir acuerdo entre el Juez y el sustanciador para presuntamente mantener
en el tiempo la medida cautelar, porque de haber sido asi, a quien le hubiere asignado
la sustanciación del recurso habría sido necesariamente al mismo RODRIGUEZ
NIÑO y no a un tercero que lo sustanció según su propio criterio jurídico y de quien
en modo alguno se ha vinculado con estos hechos. Además si hubiese sido cierto
como lo informó DAGOBERTO RODRIGUEZ NIÑO a la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, ante pregunta del señor Procurador, acerca del dinero por él
recibido de manos del señor MATTOS, afirmó que el propósito fue el de ayudarle al
Juez a sostener o mantener la medida cautelar, es decir, a resolver favorablemente
el recurso de reposición, entonces por qué razón el Juez no le asignó la sustanciación
de dicho auto al mismo sustanciador RODRIGUEZ NIÑO, sino que acudió a un
escribiente, a quien ninguna orden o sugerencia le impartió para resolver?. […]”.
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40. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las autoridades
accionadas incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales.
41. Además de lo anterior, para la Sala, el actor planteó la afectación de sus
derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente
legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso penal y fue decidido
por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional
hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el
principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
42. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es la Corte
Suprema de Justicia, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedencia
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente28:
“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en
el ejercicio del poder público”29, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con
autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas
del ordenamiento jurídico”30. Por tanto, en el evento en que se cuestione una
sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional
debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos,
la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
29 Sentencia SU-050 de 2018.
30 Sentencia SU-354 de 2017.
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43. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de
lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
44. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte en
la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa carece
de relevancia constitucional porque la discusión planteada por el actor no gira en
torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo que se
agrega que el actor no justificó el motivo por el cual dicha decisión constituye una
afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.
45. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien el actor aduce que fueron
desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, lo cierto es que no existe una mayor explicación acerca
de las razones por las cuales se afectó, en forma desproporcionada, el núcleo
esencial de los derechos fundamentales del actor con ocasión de la sentencia de
24 de abril de 2024 proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y la
sentencia de 30 de octubre de 2023 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá.
46. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos legales y probatorios cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
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47. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, sea absuelto en el proceso penal, sin que de esta
discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia constitucional.
48. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien
el actor enuncia la trasgresión de sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, esa presunta afectación tiene su origen en
un debate estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
49. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de 30 de septiembre de
2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de septiembre de 2024 proferida por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Actor: Reinaldo Huertas
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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