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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04384-01

Resuelven incidente de desacato: niega amparo constitucional

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04384-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE MODIFICAR la sentencia proferida el 11 de octubre de 2024, por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, la cual quedará así: PRIMERO: DENEGAR la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, al mínimo vital, a la igualdad y a la reparación administrativa invocada por Carolina Medellín Medellín en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04384-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04384-01
Accionante: CAROLINA MEDELLÍN MEDELLÍN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: REQUISITOS ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS QUE
RESUELVEN INCIDENTE DE DESACATO – niega amparo constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta1 por la parte accionante
contra la sentencia del 11 de octubre de 2024, mediante la cual la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado, declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia2.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 21 de agosto de 20243, Carolina Medellín Medellín, en nombre propio,
presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, al mínimo vital, a la
igualdad y a la reparación administrativa, que le atribuyó al Tribunal Administrativo
de Antioquia al haber proferido el auto del 5 de agosto de 2024 que revisó en grado
jurisdiccional de consulta la sanción impuesta por el Juzgado Veinticinco
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, dentro del incidente de desacato de la
tutela Rad. N° 05001-33- 33-025- 2024-00033-01.

Hechos relevantes

2. A la señora Carolina Medellín Medellín y su núcleo familiar se le reconoció
la indemnización administrativa a través de Resolución No. 04102019-1028846 del

1
“Artículo 1°. (…) Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se
produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (…) Las acciones de tutela dirigidas contra
los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.”
2
Sentencia de tutela de primera instancia. Ver Índice SAMAI 014. Documento 001. PP 1 a 7.
3
Fue admitida a través de auto admisorio de la tutela 28 de agosto de 2024. Ver SAMAI. Índice 005.
Documento 001. PP 1.
1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04384-01
Accionante: Carolina Medellín Medellín
Accionado: Tribunal Administrativo De Antioquia
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

19 de abril de 2021, dada su condición de víctima del conflicto armado. La actora
afirmó que la misma no ha sido materializada por la aplicación del método técnico
de priorización desarrollada por la Unidad Administrativa para la Atención y
Reparación de Integral a las Víctima- UARIV.4

3. El 28 de agosto de 2023, radicó una petición encaminada a que se le
informara sobre una fecha determinada para el pago oportuno de la reparación
administrativa. Al no haber obtenido respuesta alguna, instauró acción de tutela
contra la UARIV con el fin de obtener protección del derecho fundamental en
comento.

4. A través de fallo del 19 de febrero de 2024 el Juzgado Veinticinco (25)
Administrativo de Medellín, amparó el derecho fundamental de petición y ordenó a
UARIV que, en las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia le informara
a la afectada el resultado del método técnico de priorización, y en caso de que
llegara a arrojar un resultado negativo, se le comunicara el plazo o la fecha cierta
en la que se le haría la entrega de la medida de indemnización.

5. Indicó que la UARIV no dio cumplimiento a la misma; en consecuencia, la
accionante el 26 de junio de 2024 instauró incidente de desacato en su contra, con
el fin que se le informen los plazos aproximados del pago de la indemnización.

6. El 9 de julio de 2024, la jefe de la oficina jurídica de la UARIV en respuesta a
la apertura del incidente de desacato señaló que la Subdirección de Reparación
Individual de la Unidad emitió la Resolución No. 04102019- 1028846 del 19 de abril
de 2021, por la cual se reconoce el derecho a recibir la indemnización administrativa
a la accionante. Sin embargo, señaló que no es posible indemnizar a todas las
víctimas en un mismo momento pues realizar las entregas de tales recursos sin
cumplir con el procedimiento respectivo, atenta contra los derechos de las otras
víctimas. Finalmente informó que mediante la comunicación enviada a la accionante
le fue anexado el resultado del método técnico de priorización para el año 2023.

7. Por lo anterior, el 29 de julio de 2024, el despacho judicial por medio de auto
interlocutorio impuso sanción a Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de
directora de reparaciones de La UARIV y a Lilia Clemencia Solano Ramírez, en
calidad de directora general de la misma entidad. La anterior decisión fue sometida
a consulta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, sala segunda de oralidad.

8. El 05 de agosto de 2024, dicha Corporación judicial resolvió revocar la
decisión, al tener en cuenta que “La respuesta explica en forma concreta los
factores y puntaje obtenidos por la accionante para obtener la indemnización
administrativa”.

4
En adelante UARIV.
2

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04384-01
Accionante: Carolina Medellín Medellín
Accionado: Tribunal Administrativo De Antioquia
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

Pretensiones

9. Fueron formuladas las siguientes: (se transcribe in extenso, incluyendo los
posibles errores)

“PRIMERO: Solicito señores magistrados del CONSEJO DE ESTADO, que
se protejan los derechos constitucionales y fundamentales de la señora
CAROLINA MEDELLÍN MEDELLÍN con cédula de ciudadanía
N°1.067.090.367 de Buenavista.

SEGUNDO: Les solicito muy encarecidamente señores magistrados del
CONSEJO DE ESTADO que, se revoque la decisión tomada por la
Magistrada ponente Beatriz Elena Jaramillo Muñoz del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA SEGUNDA DE ORALIDAD de la
fecha 05 de agosto de 2024, por medio de la cual, “RESUELVE. PRIMERO:
REVOCAR la decisión consultada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.”, sin haberse demostrado el cumplimiento del
fallo de tutela que fué dado a mi favor en la fecha 19 de febrero de 2024.

TERCERO: Que se le ordene a la UARIV que le dé cumplimiento eficaz al
fallo de tutela que fué dado a mi favor por el JUZGADO 25
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN con radicado 05001 33
33 025 2024 00033 00 de la fecha 19 de febrero de 2024, para que mis
derechos constitucionales no sigan siendo conculcados o vulnerados, como
está sucediendo a la fecha de hoy.

CUARTO: Consecuencialmente les solicito señores Magistrados del
CONSEJO DE ESTADO que, se amparen todas las garantías
constitucionales y sea tenido en cuenta el debido proceso, para que se
amainen y cesen tantas irregularidades presentadas durante el proceso toda
vez que se han presentado vulneraciones a los derechos de las víctimas del
conflicto armado; reconocidas como tal por el Estado y que se les reconoció
la medida de indemnización a través de la resolución 04102019- 1028846
del 19 de abril de 2021, sin solución de fondo a la fecha de hoy; aunque se
tiene un fallo de tutela a favor en primera instancia”5

Fundamentos de la demanda de tutela

10. La parte actora argumentó que la decisión tomada por el tribunal, no tuvo en
cuenta lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional en las sentencias T-450
de 2019, auto 331 de 2019, sentencia T-205 de 2021, T-248 de 2021, T-377 de
2022, donde señaló que “aunque la persona no resulte priorizada, tiene derecho a
conocer un plazo aproximado para conocer la medida de indemnización”.

11. De igual manera, indicó que el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró
los derechos constitucionales que fueron amparados en el fallo de tutela proferido
por el Juzgado 25 Administrativo Oral de Medellín, desconociendo lo ordenado en
la sentencia C-367 de 2014, en la que se consideró que incumplir una providencia

5
Escrito de tutela primera instancia. Ver Índice SAMAI N° 002. Documento 001. Pág. 05.
3

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04384-01
Accionante: Carolina Medellín Medellín
Accionado: Tribunal Administrativo De Antioquia
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

judicial, además de afectar el acceso a la justicia, desconoce la prevalencia del
orden constitucional y la realización de los fines del estado y además, vulnera los
principios de confianza legítima, de buena fe, de seguridad jurídica y de cosa
juzgada. Argumentó que a su juicio no se satisfizo de manera oportuna lo ordenado
en la tutela del 19 de febrero de 2024.

12. En ese sentido reiteró la accionante que el Tribunal dio plena credibilidad a
la respuesta dada por la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación
Integral de las Víctimas, sin tener en cuenta que en el fallo de tutela no se ordena
un pago inmediato, sino que “se le debe informar en esa misma oportunidad el plazo
o fecha aproximada en la cual se le hará entrega a la indemnización, acorde con los
lineamientos expuestos en la parte motiva”.

13. Por último, concluyó que, el método técnico de priorización desde su
perspectiva es inconstitucional, al ser usado como una talanquera jurídica que
evade obligaciones y responsabilidad de las Entidades de orden público.

Trámite en primera instancia

14. Mediante auto emitido el 28 de agosto de 20246, el despacho del consejero
sustanciador en primera instancia admitió la acción de tutela. En este auto se
dispuso la notificación a la solicitante, los Magistrados del Tribunal Administrativo
de Antioquia - Sala Segunda de Oralidad, que dictaron el auto del 5 de agosto de
2024, Rad. N° 05001-33-33-025-2024-00033-01 y a la Unidad Administrativa para
la Atención y Reparación de Integral a las Víctimas-UARIV. Se requirió al Juez
Veinticinco (25) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, para que
remitiera copia digital del expediente Rad. N° 05001-33-33-025- 2024-00033-01.
Por último, se tuvieron como pruebas las allegadas al proceso. 7

Intervenciones

15. El Tribunal Administrativo de Antioquia8 se pronunció e indicó que se
pudo verificar por el despacho judicial que la entidad accionada tuvo el ánimo de
cumplir el fallo y que en efecto otorgó 6 respuesta de fondo a la petición de la
accionante, motivo por el cual no es procedente imponer sanción alguna por
desacato. Además, no se observó conducta dolosa ni culposa por parte del
encargado del cumplimiento, toda vez que otorgó respuesta a la petición presentada
por la accionante.

6
Auto admisorio de la tutela. Ver SAMAI. Índice 005. Documento 001. PP 1. Se notificó el auto
admisorio de la Tutela, el 07 de septiembre de 2024. Ver SAMAI. Índice 007. Documento 002. PP 1
a 7.
7
El despacho judicial remitió el expediente de la tutela proferida el 19 de febrero de 2024. Ver SAMAI.
Índice 019. Documento 001, 002.
8
Ver SAMAI. índice 010. Documento 002. PP 1 a 6
4

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04384-01
Accionante: Carolina Medellín Medellín
Accionado: Tribunal Administrativo De Antioquia
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

16. La UARIV9 consideró que la Entidad aplicó el método técnico de priorización,
el 08 de mayo de 202410. Para el caso de la accionante, afirmó que el resultado fue
no favorable, es decir, que no resultaba procedente entregar de manera priorizada
en dicha vigencia la medida de indemnización reconocida a los integrantes
relacionados en la solicitud. Por lo anterior, informó que la Unidad para las Víctimas
aplicará el Método Técnico de Priorización en el transcurso del año 2025 y, una vez
efectuado, informará el resultado de este proceso, de tal manera que, si el resultado
es favorable, la entrega de la indemnización administrativa será de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal de la entidad.

17. Concluyó que la accionante no incurrió en ninguna de las causales para que
la indemnización fuera priorizada, y el llegar a indicarle un plazo aproximado de
entrega de la medida, causaría un impacto negativo, no solo en las finanzas
públicas, sino en los derechos de las demás víctimas que se encuentren en las
mismas circunstancias.

La sentencia de primera instancia

18. El 11 de octubre de 2024, la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de
Estado, declaró improcedente el amparo constitucional invocado11, argumentando
que no cumplió con los requisitos de procedencia de tutela contra sentencia de
tutela para controvertir el auto de 5 de agosto de 2024, por el cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia revocó la decisión adoptada por el Juez Veinticinco (25)
Administrativo Oral del Circuito de Medellín.

19. Enfatizó el juez a quo que, La Corte Constitucional ha establecido que de
aceptarse la procedencia de acciones de tutela contra sentencias de la misma
naturaleza ésta perderá su efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para
amparar los derechos fundamentales, en este sentido si la acción de tutela,
procediera contra fallos de tutela, siempre sería posible postergar la resolución
definitiva de la petición objeto de tutela.

La impugnación

20. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación12
solicitando su revocatoria, al considerar que no se tuvo en cuenta su condición de
víctima del conflicto armado, siendo enfática en que no ha obtenido una resolución
de fondo por parte de la UARIV, a pesar de contar con una decisión del despacho
judicial emanada por parte del Juez Veinticinco (25) Administrativo Oral del Circuito
de Medellín.

9
Ver SAMAI Índice 015. Documento 01-02. Pp 1 a 16.
10
Destacó las Sentencia del 2 de abril de 2009, expediente 66001 23 31 000 2003 00039 01 (9258-
05), M.P., Víctor Hernando Alvarado Ardila, Sentencia del 12 de febrero de 2015, expediente 25000
23 25 000 2010 00725 01 (1046-13), M.P., Gerardo Arenas Monsalve:
11
Sentencia de tutela de primera instancia. Ver índice 024 Documento 01. PP 1 a 16. Notificada el
15 de noviembre de 2024. Ver SAMAI. índice 017. Documento 001 y 002.
12
Se presentó impugnación el día 15 de noviembre de 2024. Ver índice SAMAI 018. Documento 01.
PP. 1 a 10.
5

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04384-01
Accionante: Carolina Medellín Medellín
Accionado: Tribunal Administrativo De Antioquia
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

21. Además adujo que acudió a la acción de tutela con el fin de buscar la
protección de sus derechos fundamentales, que reitera se han vulnerados por la
UARIV, Entidad que a su juicio no le ha dado cumplimiento a la orden judicial
proferida a su favor por el Juzgado Veinticinco (25) Administrativo de Medellín, toda
vez que la entidad accionada alegó la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento
a la orden judicial al pretender someter a las víctimas del conflicto armado al método
técnico de priorización, utilizándolo como “Talanquera Jurídica”, que impide el
acceso de las víctimas del conflicto armado a la medida de reparación.

22. En igual sentido, arguye el no haberse tenido en cuenta lo ordenado en la
sentencia C-367 de 2014, donde se discurrió que incumplir una providencia judicial,
además de afectar el acceso a la justicia, desconoce la prevalencia del orden
constitucional y la realización de los fines del estado, vulnera los principios de
confianza legítima, de buena fe, de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Más, sí se
trata de una sentencia de tutela en la cual se garantizan derechos fundamentales

23. Por medio de auto el 2 de diciembre de 2024 13 se concedió impugnación y
se remitió el expediente de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado y
se comunicó a las partes.14

II. C O N S I D E R A C I O N E S

24. La Sala modificará la decisión adoptada por el a quo, pues considera que los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones
judiciales proferidas en el marco de incidentes de desacato sí se cumplen. No
obstante, estima que la decisión adoptada por el Tribunal accionado no vulnera los
derechos fundamentales invocados por la tutelante.

25. Con el fin de sustentar la anterior premisa, la Sala se pronunciará frente a las
siguientes categorías jurídicas, a saber: (i) procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales que ponen fin al trámite incidental de desacato;
(i) requisitos generales y causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (iv) caso en concreto.

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
que ponen fin al trámite incidental de desacato.

26. La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha indicado que la
acción de tutela no procede contra sentencias de tutela, pues “el mecanismo
constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces
constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión

13
Auto que concede el recurso de impugnación. Ver índice SAMAI No. 020. Documento 01. PP 1.
14
Se notificó el 31 de octubre de 2024. Ver índice SAMAI No. 24.
6

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04384-01
Accionante: Carolina Medellín Medellín
Accionado: Tribunal Administrativo De Antioquia
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

del propio Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte Constitucional”15
En este sentido, los errores de los jueces de instancia son susceptibles de ser
conocidos y corregidos por la Corte Constitucional en sede de revisión.

27. En ese sentido, ha dicho La Corte que para enervar mediante acción de tutela
la providencia que resuelve una consulta frente a un incidente de desacato, es
preciso que se reúnan los siguientes requisitos:

“i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es
decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado
el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–; ii) se
acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las
causales específicas (defectos); iii) los argumentos del promotor de la acción
de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones
nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede
solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del
desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio.” 16

28. Como se vio, tratándose de solicitudes de amparo en contra decisiones
proferidas en el trámite de un incidente de desacato, la Corte Constitucional en la
precitada sentencia, -SU-034 de 2018- reiteró que el auto que pone fin al incidente
de desacato no es susceptible de apelación17–recurso que en nuestro ordenamiento
es numerus clausus–. Sin embargo, en caso de que la decisión consista en
sancionar al conminado, forzosamente el superior funcional del juez evaluará en
grado jurisdiccional de consulta la determinación adoptada por el a quo y, si no
existe reparo alguno, aquella quedará en firme.

29. En suma, la tutela contra la decisión que resuelve el incidente de desacato
tiene por objeto determinar si el juez del incidente en cuestión ha tomado una
decisión en respeto del derecho al debido proceso, el cual comprende el derecho
de acceso a la administración de justicia, al cumplimiento de las providencias
judiciales, a la debida valoración probatoria, a la contradicción y defensa, entre
otros.18

15
Sentencia SU-1219 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
16
Al respecto véase la Sentencia SU 034 de 2018.
17
En la sentencia C-243 de 1996 se estableció: “La correcta interpretación y alcance del artículo 52
del Decreto 2591 de 1991, parcialmente demandado de inexequibilidad, no puede ser otro que el
que se deduce de su tenor literal y del sentido natural y obvio de sus palabras: es decir, consagra un
trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible del recurso de
apelación, pero que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de jurisdicción llamado
consulta, cuyo objeto consiste en que el superior jerárquico revise si está correctamente impuesta la
sanción, pero que en sí mismo no se erige como un medio de impugnación. Y ello es así por cuanto
el trámite de la acción de tutela es un trámite especial, preferente y sumario que busca la protección
inmediata de los derechos fundamentales, lo cual implica una especial relevancia del principio de
celeridad.”
18
Ver, Sentencia T 013 de 2022.
7

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04384-01
Accionante: Carolina Medellín Medellín
Accionado: Tribunal Administrativo De Antioquia
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

30. Ahora bien, en este contexto, previo a ventilar mediante acción de tutela
cualquier eventual vulneración acaecida en la instrucción de un desacato, es
condición sine qua non que el auto que pone fin al trámite esté debidamente
ejecutoriado: “Tal exigencia tiene que ver tanto con las amplias facultades con que
cuenta la autoridad judicial para materializar las órdenes de protección impartidas y
garantizar los derechos fundamentales de quienes intervienen en el trámite
incidental como con el hecho de que las partes puedan hacer valer sus argumentos
y reclamar la práctica de las pruebas que correspondan en ese escenario. Para esta
Corporación, tales aspectos hacen inadmisibles las tutelas que se dirigen contra
decisiones distintas a las que le ponen fin al incidente.” 19

31. Bajo este entendimiento, como presupuesto formal de procedencia –
tratándose del requisito de subsidiariedad–, la Corte ha establecido que para
censurar por vía de tutela una providencia dictada al interior de un incidente de
desacato, es necesario que el respectivo trámite haya culminado, teniendo en
cuenta que, como ya se dijo, el grado jurisdiccional de consulta es la instancia
obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza.20

32. Aunado a lo anterior, en la jurisprudencia se ha consignado, como
presupuesto material, que la acción de tutela sólo procede de forma excepcional
cuando se materializa una vulneración del debido proceso de las partes. Ello tiene
lugar, por ejemplo, cuando “el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento
de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando
impone una sanción arbitraria”21, incursionando el funcionario judicial, por esa vía,
en alguna de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

33. En tal sentido, el juez constitucional que asuma el conocimiento de una
acción de tutela enfilada contra providencia dictada en el curso de un incidente de
desacato sólo está autorizado para examinar la observancia del debido proceso al
interior del trámite y la adecuación de la decisión adoptada en virtud del mismo, mas
no puede revisar, cuestionar y/o modificar la decisión de tutela, el alcance o
contenido sustancial de las órdenes impartidas por el juez de la tutela primigenia –
salvo que aquella sea de imposible cumplimiento o ineficaz para garantizar la
efectividad del derecho fundamental amparado22–, pues se trata de un debate que
ya fue zanjado, por ello el juez ha de ceñirse al trámite incidental objeto de estudio.

Requisitos generales y causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.

34. A partir de la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional estableció los
requisitos generales y causales específicos de procedencia de este mecanismo

19
Sentencia T-254 de 2014, M.P: Luis Ernesto Vargas Silva
20
Ver, Sentencia T-086 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa
21
Sentencia T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño
22
Sentencia T-086 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa
8

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04384-01
Accionante: Carolina Medellín Medellín
Accionado: Tribunal Administrativo De Antioquia
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

residual de defensa de los derechos en tales casos. Como requisitos generales de
procedencia, también denominados por la jurisprudencia como requisitos formales,
la referida providencia desarrolló seis supuestos, a saber: (a) relevancia
constitucional; (b) subsidiariedad (c); inmediatez (d) existencia de una regularidad
procesal; e) razonabilidad- no versar contra sentencias de Tutela.23.

(iii) Caso concreto:

35. Procede la Sala a evaluar la satisfacción de los requisitos generales y
causales específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, conforme a lo dispuesto en la sentencia C-590 de 2005 y a la
jurisprudencia vigente sobre la materia.

36. Relevancia constitucional. En primer lugar, es evidente que el caso bajo
estudio reviste la relevancia constitucional necesaria para ser examinado en esta
sede, habida cuenta de que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los
derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, al mínimo vital,
a la igualdad y a la reparación administrativa. Por otra parte, la cuestión relativa a
la naturaleza y los alcances del incidente de desacato es también un asunto que
suscita el interés de la Sala, por cuanto está directamente asociado al derecho al
cumplimiento del fallo y a la justiciabilidad de los derechos fundamentales mediante
la acción de tutela, la cual es un mecanismo de protección de raigambre superior al
tenor del artículo 86 de la Constitución.

37. Agotamiento de todos los mecanismos de defensa judicial: A la luz de la
doctrina constitucional sobre la subsidiariedad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub júdice la Sala encuentra satisfecha tal exigencia,
teniendo en cuenta que la accionante no contaba con otros medios de impugnación

23
(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que
excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución corresponde a los
jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión
trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto ordinarios como
extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la consumación de
un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela
sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a
partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de
inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y determinante sobre
el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-
591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la protección
de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar
a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa
humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó
la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se prolonguen
indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos fundamentales; máxime
si tales fallos están sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas
las providencias excluidas de revisión.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04384-01
Accionante: Carolina Medellín Medellín
Accionado: Tribunal Administrativo De Antioquia
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

para rebatir las decisiones que le fueron adversas, pues el auto que pone fin al
incidente de desacato no es plausible del recurso de alzada, al paso que el grado
jurisdiccional de consulta debe surtirse de manera obligatoria por mandato legal en
los casos en que se impone una sanción.

38. Inmediatez, la providencia acusada por la actora data del 5 de agosto de
2024, decisión que resolvió revocar la sanción impuesta a las funcionarias de la
UARIV, impuesta por el Juzgado Veinticinco (25) Administrativo Oral de Medellín el
cual se estableció el 29 de julio de 2024, a raíz del presunto incumplimiento al fallo
de Tutela del 19 de febrero de 2024. Por su parte, la acción de tutela fue radicada
el 21 de agosto de 2024. Por lo que se observa que la demanda de Tutela, fue
incoada en un término no mayor a 6 meses, desde la ocurrencia de los hechos.

39. Incidencia directa y determinante de la irregularidad procesal en el
sentido de la decisión. En el caso bajo estudio no se ventila una vulneración de
derechos fundamentales acaecida a raíz de una irregularidad de naturaleza
procesal.

40. Identificación de los hechos que generan la vulneración y oportuna
alegación de los mismos al interior del proceso. La accionante expuso con
detalle cuáles son y en qué consistió aquella decisión judicial a la que endilga la
vulneración de sus derechos fundamentales. Los mismos argumentos en que se
sustentan sus inconformidades fueron puestos de presente en el marco del
incidente de desacato conocido por Juzgado 25 Administrativo Oral de Medellín.

41. La acción no se dirige contra una sentencia de tutela. Si bien la
providencia acusada tiene como génesis el fallo de tutela dictado a favor de la
accionante, la cual proferida el 19 de febrero de 2024; es necesario diferenciar dicha
sentencia –en las que se ordenó dar respuesta en los términos oportunos en lo
referente a la reparación administrativa– del auto contra el cual se dirige la presente
censura constitucional –cuyo objeto fue la revocatoria de las sanciones por
desacato impuestas a dos funcionarias de la UARIV-.

42. Una vez esgrimido lo anterior, se permite la Sala dilucidar el cumplimiento de
los requisitos establecidos para que proceda la tutela contra el auto que revoca el
incidente de desacato:

A) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentra ejecutoriada. En
efecto, la providencia a la cual la accionante atribuye la vulneración de sus garantías
constitucionales está en firme y fue dictada luego de culminar los respectivos
trámites incidentales. Lo anterior a través del auto proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 05 de agosto de 2024, por el que se resolvió revocar
la sanción impuesta a las funcionarias de la UARIV, impuesta por el Juzgado
Veinticinco (25) Administrativo Oral de Medellín el 29 de julio de 2024, a raíz del
presunto incumplimiento al fallo de Tutela del 19 de febrero de 2024. Por lo que
resulta acreditado.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04384-01
Accionante: Carolina Medellín Medellín
Accionado: Tribunal Administrativo De Antioquia
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

B) Los argumentos de la accionante son consistentes con lo planteado en el
trámite de los incidentes de desacato, en tanto a) no trajo a colación alegaciones
nuevas, y b) no solicitó nuevas pruebas. La accionante sustentó su reclamo en dos
premisas específicas i) la falta de respuesta de fondo por parte de la UARIV a su
solicitud; ii) la ineficiencia del sistema del método técnico de priorización. Y en la
solicitud de incidente de desacato fue enfática en indicar que “la entidad accionada
uariv no le ha dado cumplimiento de manera eficaz a esta orden judicial, que su
dependencia dió a mi favor. ya que, la entidad accionada UARIV no le ha dado
cumplimiento a esta orden judicial.”24 Así pues, la Sala concluye que al exponer
sus argumentos en la acción de tutela el accionante no trajo a colación alegaciones
nuevas, ni solicitó nuevas pruebas. Por el contrario, los hechos narrados se limitan
a reiterar las actuaciones que tuvieron lugar al interior del incidente de desacato a
que se alude.

C) Se acreditan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se alega la configuración de al menos una de
las causales específicas (defectos). Una vez revisado el escrito de tutela y en
cumplimiento del principio Iura Novit Curia, se arguye que el defecto alegado por el
accionante corresponde a un defecto sustantivo, pues a juicio de la accionante, no
se le ha dado cumplimiento a una providencia judicial, desconociendo el acceso a
la justicia, la prevalencia del orden constitucional y la realización de los fines del
estado, vulnerando los principios de confianza legítima, de buena fe, de seguridad
jurídica y de cosa juzgada, con base en una interpretación que contraría los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica, no se ha dado una respuesta de
fondo respecto a la fecha en que se le pagará la correspondiente indemnización
administrativa. Además, arguye el desconocimiento del precedente constitucional
en virtud del cual es válida la asignación de un turno y una fecha aproximada para
el pago de la indemnización administrativa, en vista de que no puede hacerse un
pago simultáneo a todo el universo de víctimas del conflicto.

43. Revisado lo anterior, se observa que en el fallo de tutela proferido el 19 de
febrero de 2024, El Juzgado Veinticinco (25) Administrativo de Medellín ordenó lo
siguiente:

“Evidenciado entonces que se configura la vulneración al derecho fundamental
de petición de la señora Carolina Medellín Medellín, amparado en el artículo 23
de la Constitución, resulta menester brindar la protección constitucional
solicitada, pues se reitera, someter a las víctimas del conflicto armado a la
aplicación del método técnico de priorización año tras año, o sea de manera
indefinida, sin determinar la fecha en que se hará la entrega de la
indemnización, pues en este evento específico desde el 19 de abril de 2021 se
le reconoció el derecho, sin que se materialice la entrega, lo que vulnera su
derecho fundamental a tener una respuesta concreta y de fondo, pues aunque
la respuesta no comporta que el sentido deba ser positivo, es indudable que
frente a las circunstancias de la accionante, evadir el cumplimiento del acto
administrativo que reconoce el derecho a recibir la indemnización

24
Incidente de descato. Ver SAMAI. Índice 019. Documento 001, 002.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04384-01
Accionante: Carolina Medellín Medellín
Accionado: Tribunal Administrativo De Antioquia
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

administrativa, sin definir la fecha concreta de entrega de la misma, afecta de
forma directa su derecho de petición, pues darle respuestas dilatorias sin duda
afecta el núcleo esencial de este derecho fundamental ya que cuando se trata
de víctimas del conflicto armado colombiano, debe indicarse una fecha concreta
de entrega de la indemnización”

44. Debido a la aducida falta de cumplimiento por parte de la demandada a la
referida tutela, se dio como resultado la apertura de incidente de desacato, por lo
que el 9 de julio de 2024, la UARIV, tuvo oportunidad de pronunciarse de la siguiente
manera:

“Respecto a la aplicación del método técnico, la accionante fue incluida
en el mismo, por cuanto no se acreditó una situación de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad de las establecidas en el artículo 4
de la Resolución 1049 de 2019 y primero de la Resolución 582 de 2021,
esto es: i) tener más de 68 años de edad, o, ii) tener enfermedad
huérfana, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo definidas como
tales por el Ministerio de Salud y Protección Social, o iii) tener
discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e
instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de
Salud y Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud.
Téngase en cuenta que, para los actos administrativos emitidos en los
años 2019, 2020 y 2021, 2022 (sin acreditación de situaciones de
vulnerabilidad manifiesta y con oficio de no favorabilidad) y 2023, el
Método Técnico de Priorización se aplicará en el transcurso del año 2024,
la Unidad para las Víctimas informará su resultado con posterioridad.
Ahora bien, si conforme a los resultados de la aplicación del Método no
resulta viable el acceso a la medida de indemnización en 2024, la Unidad
le informará las razones por las cuales no fue priorizado y la necesidad
de aplicar nuevamente el Método para el año siguiente.

En ese orden de ideas, la Unidad para las Víctimas aplicó el Método
Técnico de Priorización, con el propósito de determinar el orden de
entrega de la indemnización a las víctimas de manera proporcional a los
recursos presupuestales asignados en el año 2023; así las cosas,
conforme el resultado obtenido se concluye que NO es procedente
materializar la entrega de la medida de indemnización reconocida a lo(s)
integrante(s) relacionado(s) en la solicitud con radicado 3100189-
13757268, por el hecho victimizante de Desplazamiento Forzado.

No obstante, es oportuno resaltar al despacho, que, si la accionante
llegase a contar con una de las situaciones de urgencia manifiesta o
extrema vulnerabilidad contenidos en el artículo 4 de la Resolución 1049
de 2019 o primero de la Resolución 582 de 2021, podrá adjuntar en
cualquier tiempo, la certificación y los soportes necesarios para priorizar
la entrega de la medida.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04384-01
Accionante: Carolina Medellín Medellín
Accionado: Tribunal Administrativo De Antioquia
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

Finalmente, nos permitimos indicar al despacho, que mediante la
comunicación enviada a la accionante le fue anexado el resultado
del método técnico de priorización del año 2023”.

45. Sin embargo, el Juzgado 25 Administrativo Oral de Medellín a través de auto
interlocutorio del 29 de julio de 2024, sancionó a las funcionarias de la UARIV con
multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a cada una, indicando lo
siguiente:

“Como se puede constatar tanto a través del auto que ordenó requerir previo a
dar apertura al presente incidente como en el auto que dio apertura al mismo,
se indicó que la UARIV debía informar un plazo razonable en el cual la
accionante tendría acceso a la medida de indemnización administrativa de la
cual es beneficiaria. No obstante, como se señaló en líneas precedentes, la
Unidad de Víctimas únicamente se limitó a informar que el Método Técnico de
Priorización aplicado a la accionante ha dado resultado negativo, cuando la
orden impuesta era la de informar el plazo razonable en el cual la accionante
tendría acceso a la medida de indemnización”

46. La anterior decisión fue remitida a consulta por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia, quien decidió revocarla a través de pronunciamiento
del 5 de agosto de 2024, en punto de referencia a la sanción impuesta, más no,
como lo interpreta la accionante, frente a lo fallado en sentencia de tutela del 19 de
febrero. El Tribunal Indicó lo siguiente:

“La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas en el incidente de desacato, respondió a la señora
Carolina Medellín Medellín, en el sentido de indicar el componente
demográfico, estabilización socioeconómica, características del hecho
victimizante y el avance en la ruta de reparación con la puntuación
correspondiente. Indicó expresamente que “NO es procedente
materializar la entrega de la medida indemnizatoria”, conforme a la
ponderación de los componentes, que arrojó como resultado el valor de
20.0788 y el puntaje mínimo para obtener la medida fue de 38.9898. La
respuesta explica en forma concreta los factores y puntaje obtenidos por
la accionante para obtener la indemnización administrativa. De otro lado,
mediante comunicación del 1º de agosto de 2024, la Unidad
Administrativa Especial para la Reparación y Atención Integral a las
Víctimas indica que la señora Lilia Clemencia Solano Ramírez no es la
funcionaria competente para dar cumplimiento al fallo de tutela.

En consecuencia, se impone revocar la providencia objeto de consulta,
por encontrarse acreditado que la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas respondió las razones por
las cuales, la señora Carolina Medellín Medellín no recibió la medida
indemnizatoria y demostró acciones positivas para cumplir la orden”

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04384-01
Accionante: Carolina Medellín Medellín
Accionado: Tribunal Administrativo De Antioquia
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

47. En esos términos cabe advertir que el Tribunal, no desconoció la decisión
proferida el 19 de febrero de 2024,25 sino que revocó la decisión consultada, es
decir el auto que impuso la sanción. Y por el contrario a lo alegado por la accionante,
se infiere que la UARIV dio respuesta en los términos requeridos, frente a la fecha
estimada o razonable para la eventual entrega de la indemnización administrativa,
de la siguiente manera:

“Teniendo en cuenta que en el presente caso de la accionantes no
fue posible realizar la entrega de la medida de indemnización en la
vigencia 2024 la Unidad procederá a aplicarle a la accionante el
Método Técnico de Priorización en el año de 2025, aclarando que,
en ningún caso, el resultado obtenido en una vigencia será
acumulado para la siguiente, cuyo resultado le será notificado
personalmente a la accionante una vez se expidan los oficios de
resultados tras la aplicación que se realizara en el transcurso del
año 2025.

No obstante, es oportuno resaltar al despacho, que, si la accionante
llegase a contar con una de las situaciones de urgencia manifiesta o
extrema vulnerabilidad contenidos en el artículo 4 de la Resolución 1049
de 2019 o primero de la Resolución 582 de 2021, podrá adjuntar en
cualquier tiempo, la certificación y los soportes necesarios para priorizar
la entrega de la medida”

Finalmente, nos permitimos indicar al despacho, que mediante la
comunicación enviada a la accionante le fue anexado el resultado del
método técnico de priorización del año 2024.”26

48. De acuerdo a lo expuesto, y en concordancia con diferentes
pronunciamientos del Consejo de Estado, se precisa que, “es viable la aplicación
de criterios e instrumentos de priorización, así como el agotamiento del
procedimiento previsto por la ley para la entrega de la indemnización administrativa
por los hechos sufridos en el contexto del conflicto, con miras a viabilizar la
adecuada reparación integral de las víctimas, conforme a los principios de igualdad,
gradualidad y progresividad. Así lo ha dejado en claro en los distintos Autos de
Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, entre ellos, el Auto 206 de 2017, en el
que exhortó a los jueces de la República a que se abstuvieran de impartir

25
Al evaluar el alcance de la decisión del juez que resuelve la consulta en el marco de un incidente
de desacato, la Corte Constitucional ha establecido que en esta etapa del trámite la autoridad
competente deberá verificar los siguientes aspectos: (i) si hubo incumplimiento y si este fue total o
parcial, apreciando en ambos casos las circunstancias del caso concreto –la causa del
incumplimiento– con el fin de identificar el medio adecuado para asegurar que se respete lo
decidido;(ii) si existe incumplimiento, deberá analizar si la sanción impuesta en el incidente de
desacato es la correcta, en esta etapa, se corrobora que no haya una violación de la Constitución o
de la Ley y que la sanción es adecuada, dadas las circunstancias específicas de cada caso, para
alcanzar el fin que justifica la existencia misma de la acción de tutela, es decir, asegurar el goce
efectivo del derecho tutelado por la sentencia. Sentencia T-086 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda
Espinosa.
26
Oficio remitido por la UARIV el 01 de agosto de 2024. Ver SAMAI. Índice 002. PP 1 a 26.
14

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04384-01
Accionante: Carolina Medellín Medellín
Accionado: Tribunal Administrativo De Antioquia
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

temporalmente órdenes de reconocimiento de indemnización administrativa y
sanciones por desacato, dado el número de tutelas que desbordaban la capacidad
de la entidad competente para atenderla” 27

49. Del anterior recuento es dable concluir que, en el marco del derecho a la
reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de indemnizaciones
administrativas que imparten los jueces de tutela deben tomar en consideración las
medidas adoptadas por el Ejecutivo con la finalidad de indemnizar al universo de
víctimas, ante la imposibilidad financiera de hacerlo al mismo tiempo, y en aras de
garantizar los principios generales de progresividad y sostenibilidad fiscal, en un
contexto de igualdad material a través del establecimiento de criterios de
priorización, de acuerdo al procedimiento administrativo avalado por la Corte
Constitucional en el Auto 206 de 2017.

50. En suma, en estos términos, se observa que el actor reprochó el auto
proferido en virtud del incidente de desacato pues a su juicio la entidad accionada,
no dio la respuesta en las condiciones solicitadas. Sin embargo, considera la Sala
que la accionada ha cumplido con el núcleo esencial del derecho de petición 28, pues,
exigirle una fecha cierta, generaría una vulneración a las víctimas que se encuentran
en la misma situación fáctica y desconocería la regla fiscal. Por ello la entidad de
manera reiterativa precisó:

“el Método Técnico de Priorización es un proceso técnico aplicable al universo
total de las víctimas con decisión de reconocimiento de la indemnización
administrativa, que determina los criterios y lineamientos para priorizar el
desembolso de la medida de indemnización administrativa y así, generar el
orden para el pago de manera proporcional a los recursos apropiados en la
respectiva vigencia fiscal, conforme al Marco de Gasto de Mediano Plazo del
Sector. La entrega de los recursos de la indemnización estar· definida por el
resultado de un análisis objetivo de variables: (i) demográficas, (ii)
socioeconómicas, (iii) de caracterización del daño, (iv) de avance en el proceso
de reparación integral de las víctimas, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal anual asignada a la Unidad”

51. Es decir que el pago de dicha indemnización se encuentra supeditado a la
disponibilidad de los recursos que se disponga para tal fin y del puntaje obtenido a
partir del método de priorización según el criterio para clasificar a la población
desplazada de acuerdo con su nivel de vulnerabilidad. Por lo que resulta de difícil
cumplimiento, dar una fecha cierta a las víctimas.

52. En cumplimiento de lo anterior, como se vio, la Entidad aplicó el método
técnico de priorización, el 08 de mayo de 2024 y para el caso de la accionante el

27
Sala de lo contencioso administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de febrero de 2021.
Radicación 11001-03-15-000-2020-04776-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón
28
El núcleo esencial del derecho fundamental de petición supone: 1) una respuesta que provea una
solución concreta al caso planteado, 2) la solución debe estar acorde con la solicitud planteada
(elemento sustancial) y 3) la respuesta debe proferirse dentro del término que la ley señala para el
efecto (elemento temporal). Ver sentencia, 05001-23-31-000-2009-01116-01. Consejo de Estado.
15

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04384-01
Accionante: Carolina Medellín Medellín
Accionado: Tribunal Administrativo De Antioquia
Referencia: Acción De Tutela (Impugnación)

resultado fue no favorable, es decir, que no resultaba procedente entregar de
manera priorizada en dicha vigencia la medida de indemnización reconocida a los
integrantes relacionados en la solicitud. Sin embargo, advirtió la Entidad que “para
la vigencia 2025 se volverá a realizar”, para así garantizar a plenitud los derechos
de las víctimas.

53. Por lo anterior, la Sala modificará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia del trámite constitucional, para denegar la protección de los
derechos aludidos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

MODIFICAR la sentencia proferida el 11 de octubre de 2024, por la Sección Tercera,
Subsección C, del Consejo de Estado, la cual quedará así:

PRIMERO: DENEGAR la protección de los derechos fundamentales a la dignidad
humana, al debido proceso, al mínimo vital, a la igualdad y a la reparación
administrativa invocada por Carolina Medellín Medellín en contra del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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