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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04386-01

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04386-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, dentro de la acción interpuesta por el señor Harold Joselín Bravo Rodríguez y otros, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04386-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

7 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04386-011
Accionante: Harold Joselín Bravo Rodríguez y otros
Accionado: Gustavo Petro Urrego, presidente de la República.

Tema: Tutela contra el presidente de la República de Colombia por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, la libertad de
expresión, la protesta, la participación política, la oposición de los ciudadanos, la
honra, la presunción de inocencia y el buen nombre, con ocasión del discurso
público pronunciado por el mandatario en desarrollo de la II Asamblea Nacional
del Partido Político Colombia Humana, en el que utilizó la expresión de
«asesinos» para referirse a los ciudadanos que en diferentes eventos han gritado
«fuera Petro».

Decisión: Se declara la carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada tanto por la parte accionante como por la accionada
contra la providencia del 19 de septiembre de 2024 proferida por la Sección
Quinta de esta corporación, mediante la cual se ampararon los derechos
fundamentales a la libertad de expresión, a la protesta, a la participación política
y al ejercicio del derecho a la oposición de los ciudadanos que han utilizado la
expresión «fuera Petro» como acto de inconformidad política, y en la que se
ordenó al señor presidente de la República ofrecer disculpas públicas por haber
usado la expresión de «asesinos» para referirse a las personas que han gritado
«fuera Petro» en diferentes eventos.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos2

De los escritos de tutela visibles se advierte que el 17 de agosto del presente
año, el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en el marco de

1
Acumulado con los radicados: 11001-03-15- 000-2024-04515-00, 11001-03-15-000-2024-
04517-00 y 11001-03-15-000- 2024-04771-00.
2
Índice 2 del aplicativo SAMAI.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04386-01 acumulado con
los radicados: 11001-03-15- 000-2024-04515-00, 11001-03-
15-000-2024-04517-00 y 11001-03-15-000- 2024-04771-00.
Accionante: Harold Joselín Bravo Rodríguez y otros

la II Asamblea Nacional del partido político Colombia Humana, pronunció un
discurso en el que utilizó la expresión de «asesinos» para referirse a las personas
que han manifestado sus inconformidades hacia el Gobierno en diferentes
manifestaciones públicas en las que han recurrido a la arenga de «fuera Petro».

2.2. Fundamento jurídico

Los accionantes fundamentaron su acción en los artículos XVII y XIX del capítulo
primero de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de
1948, los artículos 1º., 15, 20, 21 y 29 de la Constitución Política de Colombia, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, el Decreto 2591 de
1991, el Decreto 306 de 1992 y las demás normas concordantes.

2.3. Pretensiones

Los accionantes solicitaron la protección de los derechos fundamentales
invocados, y exigieron que se le ordene al señor presidente de la República que
se retracte de sus palabras.

2.4. Trámite

La acción de tutela fue admitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante auto del 23 de agosto de 20243, en el que se ordenó notificar al señor
presidente de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República (DAPRE).

Mediante los autos del 29 de agosto, 13 y 16 de septiembre de 2024, se asumió
el conocimiento de las acciones de tutela 11001-03-15-000-2024- 04515-00,
11001-03-15-000-2024-04517-00 y 11001-03-15-000-2024-04771-00 y se
dispuso su acumulación al expediente principal.

2.5. Intervenciones

2.5.1. El presidente4 de la República, a través de la coordinadora del Grupo
Gerencia de Defensa Judicial, solicitó declarar la improcedencia de la acción y
negar las pretensiones, para lo cual argumentó que las declaraciones del
presidente están protegidas constitucionalmente5 y no vulneraron los derechos
fundamentales de los accionantes.

Adicionalmente, señaló que estos no están legitimados en la causa por activa,
toda vez que el discurso del mandatario no individualizó a ningún ciudadano en
particular.

3
Índice 4 del aplicativo SAMAI.
4
Índice 10 del aplicativo SAMAI.
5
Corte Constitucional, sentencia T-155 de 2019.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04386-01 acumulado con
los radicados: 11001-03-15- 000-2024-04515-00, 11001-03-
15-000-2024-04517-00 y 11001-03-15-000- 2024-04771-00.
Accionante: Harold Joselín Bravo Rodríguez y otros

Por otra parte, expuso que en ninguna de las demandas se satisfizo el requisito
de subsidiariedad, pues no se solicitó la rectificación de forma previa a la
presentación de la acción de tutela.

Por último, sostuvo que las opiniones del presidente de la República son
discursos especialmente protegidos de acuerdo con la sentencia T – 155 de
2019, por lo que se debe declarar la improcedencia de la acción de tutela.

2.6. Sentencia Impugnada6

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 19 de
septiembre de 2024 protegió los derechos fundamentales a la libertad de
expresión, a la protesta, a la participación política y al ejercicio de la oposición y
le ordenó al señor presidente de la República que en el término de cinco días
contados a partir de la notificación del fallo ofreciera disculpas públicas a los
ciudadanos que han gritado «fuera Petro» por haberlos llamado «asesinos», las
cuales tendrían que publicarse tanto en las redes sociales de la Presidencia de
la República como en la cuenta personal de la red social X de «@petrogustavo».

En la providencia se reconoció la legitimidad en la causa por activa de los
accionantes, ya que afirmaron haber proclamado la frase: «fuera Petro» y por tal
razón consideran vulnerados sus derechos fundamentales al ser llamados
«asesinos» por el accionado.

Adicionalmente, puso de presente que no es necesario presentar una solicitud
de rectificación en casos como en el presente, puesto que este requisito solo es
exigible en los eventos en los que se interponga la acción de tutela frente a la
información proporcionada por medios de comunicación o por particulares en
ejercicio del periodismo.

En todo caso, expuso que en el expediente 2024-04771-00 se hizo la solicitud de
retractación y esta fue negada.

Por otra parte, en relación con la subsidiariedad de la acción de tutela por la
posibilidad de denunciar penalmente los delitos de injuria y calumnia indicó que
tanto la Corte Constitucional como esta Corporación han señalado que esta no
es un mecanismo idóneo para proteger los derechos fundamentales al buen
nombre y la honra.

Ahora bien, en la providencia se indicó que el mandatario en sus declaraciones
hizo uso de su libertad de opinión y no de información, pero que al tratarse de un
funcionario público de tan alta dignidad, la jurisprudencia7 ha establecido unos
límites que debe respetar.

6
Índice 32 del aplicativo SAMAI, expediente 11001-03-15-000-2024-04386-00.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-263 de 2010.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04386-01 acumulado con
los radicados: 11001-03-15- 000-2024-04515-00, 11001-03-
15-000-2024-04517-00 y 11001-03-15-000- 2024-04771-00.
Accionante: Harold Joselín Bravo Rodríguez y otros

En ese entendido, explicó que estos existen toda vez que las actividades de los
agentes del Estado implican un alto compromiso social e institucional, por lo que
sus manifestaciones y opiniones deben ser más prudentes y respetuosas de los
derechos fundamentales de los particulares y, por tanto, las posibles
extralimitaciones que puedan cometer deben ser objeto de un control más estricto
por parte de las autoridades judiciales8.

Con respecto a la manifestación del presidente objeto de censura, se consideró
que no se vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y
a la presunción de inocencia de las personas que interpusieron las tutelas puesto
que las afirmaciones reprochadas fueron realizadas de manera genérica, sin
individualizar a ninguna persona en particular.

Sin embargo, sí vulneran los derechos fundamentales a la libertad de expresión,
a la protesta y a la participación política puesto que el presidente de la república,
como símbolo de la unidad nacional, no puede pronunciar discursos y arengas
con una carga valorativa negativa que fracturen la unidad que él representa.

A ello agregó que las personas a las que se refirió el señor presidente son
ciudadanos que en ejercicio de sus derechos fundamentales a la libertad de
expresión, protesta, participación política y oposición se han manifestado en
contra del primer mandatario y de sus políticas lo cual debe permitirse en un
estado democrático, y no deben ser estigmatizadas, y que si bien es posible que
se ejerza la defensa, esto se debe hacer de una forma que contribuya a la
deliberación y al debate público.

En ese sentido, señaló que:

«(i) La expresión no fue formulada a partir del mínimo de justificación fáctica
real y de criterios de razonabilidad porque no existe prueba, indicio o
argumento que permita equiparar de manera generalizada a los ciudadanos
que han utilizado el eslogan con personas que han cometido el delito de
homicidio. Por ende, esta equiparación es desproporcionada.

(ii) La frase tiene un alto contenido discriminatorio porque intenta excluir a
un sector de la población, especialmente protegido como lo es la oposición.
De hecho, como se explicó, al tildar de «asesinos» a los críticos del gobierno
se intenta excluir a estas personas y a sus argumentos del debate público,
ya que se les margina de la deliberación colectiva, dado que sus propuestas
y puntos de vista no son válidos moral ni éticamente ya que sus autores son
«asesinos».

(iii) La expresión no contribuye a la defensa de los derechos fundamentales
de las personas, sino que pone en grave riesgo el ejercicio de las garantías
a la libertad de expresión, participación política y a la oposición».

8
Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2020.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04386-01 acumulado con
los radicados: 11001-03-15- 000-2024-04515-00, 11001-03-
15-000-2024-04517-00 y 11001-03-15-000- 2024-04771-00.
Accionante: Harold Joselín Bravo Rodríguez y otros

2.7. Impugnación

Se recibieron los siguientes pronunciamientos contra la decisión de primera
instancia:

2.7.1. El señor Harold Joselín Bravo Rodríguez9, impugnó la decisión y
simultáneamente formuló un incidente de desacato contra esta. En su escrito
solicitó la modificación del numeral tercero de su parte resolutiva en el sentido de
ordenar al presidente de la República que:

«[…] adelante todas las gestiones administrativas, presupuestales,
logísticas y de seguridad correspondientes para que en particular me
brinde a mí y toda mi familia, plena seguridad física y personal, así como
absolutas garantías para ejercer mis Derechos Fundamentales Tutelados
a la Libertad de Expresión, a la Protesta, a la Participación Política y a la
Oposición dentro del Departamento del Putumayo y Colombia. […]». (Sic
en toda la cita)

Lo anterior, porque manifestó que al solicitar el amparo tutelar, se volvió una
persona visible para el Gobierno y los actores armados de la zona del Putumayo
donde reside, con lo que pueden estar en riesgo su vida e integridad física y la
de su familia, por lo que responsabiliza al Estado de cualquier ataque en su
contra.

El actor promovió el desacato al sentirse inconforme con las disculpas públicas
dadas por el presidente, porque en su criterio, con estas los actores pasaron de
ser «asesinos» a «asesinar la democracia» y al equiparar la expresión «fuera
Petro» con el «mismo grito», que incitó crímenes como el de la Unión Patriótica,
persistía la percepción de estigmatización en su contra, así como al considerar
que un «fuera Petro», era equivalente a «matar a Petro».

2.7.2. La Presidencia de la República, solicitó revocar la decisión de primera
instancia, declarar la improcedencia de la acción de tutela y con lo anterior, negar
el amparo de los derechos fundamentales invocados por los accionantes.

En ese sentido, reiteró que no se tuvo en cuenta la obligación de solicitar la
rectificación de las aseveraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
20 constitucional y de la jurisprudencia y que no aplicaba solamente para medios
de comunicación y particulares en ejercicio del periodismo.

Adujo que la sentencia T-386 de 2021 a la que se recurrió en la providencia
impugnada para justificar la protección de los derechos amparados no se puede
a la situación de los accionantes, dado que estos no pueden ser considerados
como población altamente vulnerable.

9
Índice 37 del aplicativo SAMAI, expediente 11001-03-15-000-2024-04386-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04386-01 acumulado con
los radicados: 11001-03-15- 000-2024-04515-00, 11001-03-
15-000-2024-04517-00 y 11001-03-15-000- 2024-04771-00.
Accionante: Harold Joselín Bravo Rodríguez y otros

Manifestó que la primera instancia se contradijo en su fallo pues, por una parte,
indicó que en el debate político se permitía la expresión de ideas: «inusuales,
alternativas o diversas» e incluso ofensivas y por la otra, reprochó las
declaraciones del accionado, a pesar de que consideró que con la expresión
«asesinos», éste no imputó directamente ningún delito a los accionantes.

Afirmó que, a pesar de su desazón con la decisión, al considerar que al
judicializar la política se estaba utilizando el amparo constitucional
indebidamente, el 19 de septiembre de 2024, en respeto a lo decidido por Sección
Quinta de esta corporación, el presidente dio cumplimiento a la orden impartida
a través de sus redes sociales.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si con ocasión al discurso público proferido por el presidente la República, en
desarrollo de la II Asamblea Nacional del Partido Político Colombia Humana, en
el que el accionado utilizó la expresión de «asesinos» para referirse a quienes
han proclamado la expresión: «fuera Petro», se vulneraron los derechos
fundamentales a libertad de expresión, a la protesta y a la participación política
de los accionantes.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3.4. La carencia actual de objeto en la jurisprudencia constitucional

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los radicados: 11001-03-15- 000-2024-04515-00, 11001-03-
15-000-2024-04517-00 y 11001-03-15-000- 2024-04771-00.
Accionante: Harold Joselín Bravo Rodríguez y otros

La carencia actual de objeto es el fenómeno procesal que se presenta cuando la
acción de tutela pierde su razón de ser, debido a la “alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la presunta
vulneración de los derechos”10 . Ello implica que cualquier orden del juez caería
en el vacío.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que el juez constitucional no es
«no es un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una
vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos,
consumados o ya superados». De ello se infiere que la intervención del juez de
tutela solo procederá cuando sea necesario desde un punto de vista
constitucional. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

La jurisprudencia constitucional ha identificado tres hipótesis en las cuales se
configura el fenómeno de la carencia actual de objeto: (i) cuando existe un
hecho superado, (ii) cuando se presenta un daño consumado, y (iii) cuando
acaece una situación sobreviniente11. (Negrilla fuera de texto).

Hecho superado. Se presenta cuando, entre la interposición de la acción de
tutela y la decisión del juez constitucional12, desaparece la vulneración o
amenaza al derecho fundamental cuya protección se invoca y se satisfacen las
pretensiones del accionante como producto de la conducta de la entidad
accionada.

En el supuesto del hecho superado, el juez de tutela debe verificar: (i) que, en
efecto, se ha satisfecho por completo la pretensión de la demanda de tutela13;
y (ii) que, dependiendo del caso, la accionada haya actuado o cesado su
conducta de forma voluntaria14.

Sobre la satisfacción específica de las pretensiones de los tutelantes, la Corte ha
precisado que “lo determinante para establecer si existió hecho superado es
constatar la garantía del derecho fundamental cuya protección se pretendía
con la acción de tutela, mas no el grado de satisfacción de las pretensiones
específicas elevadas por el accionante en su solicitud de tutela”15 . (Negrilla
y subrayado fuera de texto).

El daño consumado se configura cuando “se ha perfeccionado la afectación que
con la tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer

10
Corte Constitucional, Sentencia T-070 de 2023
11
Corte Constitucional, Sentencia T-302 de 2024
12
Sentencias T-238 de 2017 y T-047 de 2016. Asimismo, ver, Sentencia T-358 de 2014: “entre el
momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo
la pretensión contenida en la demanda de amparo”.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013.
14
Corte Constitucional, sentencia T-403 de 2018.
15
Corte Constitucional, sentencia T-414 de 2021.

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Accionante: Harold Joselín Bravo Rodríguez y otros

cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el
juez de tutela dé una orden para retrotraer la situación”16

La situación sobreviniente se presenta en aquellos eventos en los cuales
cualquier otra circunstancia implique que «la orden del juez de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga
al vacío»17. Ello puede ocurrir cuando (i) el accionante es quien asume la carga
que no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero logró
que la pretensión de la tutela se satisficiera en lo fundamental; (iii) resulta
imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad
demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la
litis.

El análisis de la configuración de la carencia actual de objeto ya sea por hecho
consumado, hecho sobreviniente o hecho superado, se realizará a continuación,
en el caso concreto.

4. Análisis del caso concreto

Los actores consideraron vulnerados sus derechos fundamentales a libertad de
expresión, a la protesta y a la participación política por parte del presidente de la
República, puesto que durante el discurso público que pronunció en la II
Asamblea Nacional del Partido Político Colombia Humana, se refirió a las
personas que han proclamado la frase: «fuera Petro», como «asesinos».

En ese sentido, se advierte que el discurso del señor presidente fue del siguiente
tenor:

«[…] y hay un hecho simbólico ahí que, aunque aún no se ha desarrollado
a cabalidad tiene retumbe de la historia profunda de Colombia, los jovencitos
después de tanta lucha, de tantos errores y victorias, de tanta gente que se
perdió en el camino, derogaron la Constitución de 1886, “quién nos quita lo
mandado”. Por eso, esa historia la quieren quitar, borrar, “uy como se atreve
el presidente a hablar de nuevo de esos terroristas” … - terroristas, la
mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente - … terroristas son ustedes,
los que asesinaron los miles de jóvenes como falsos positivos o pusieron
presos tres mil, simplemente por protestar (…) - en las cárceles -. Nosotros
venimos de ahí, entonces no podemos pensar que la historia no continúa,
que se pierden las raíces, que se cortan porque un poder oligarca quiere
que nosotros no hablemos, acostumbrados a asesinarnos a nosotros, uno
por uno por miles, para callarnos, para que no pudiéramos expresarnos
dentro de la sociedad colombiana, acostumbrados a asesinar, ahora que les
cuesta ya el asesinato porque saben lo que se produciría en Colombia,
entonces igualmente quieren silenciarnos, quieren censurarnos por eso
interceptaron las comunicaciones de Colombia Humana, por eso el

16
Sentencia SU-522 de 2019. Igualmente, pueden revisarse las sentencias SU-540 de 2007, SU-
255 de 2013 y SU-655 de 2017. Recientemente, fue aplicado en las sentencias T-002 de 2022,
T-009 de 2022, T-014 de 2022, T-043 de 2022, T-053 de 2022, T-070 de 2022, T-120 de 2022, T-
143 de 2022 y T-200 de 2022.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-070 de 2023

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Accionante: Harold Joselín Bravo Rodríguez y otros

presidente sufre todos los días un embate, que no tiene como función la
sana crítica, la construcción colectiva de una política pública, sino que se
cierre definitivamente en Colombia el mal suceso para la oligarquía, de que
por primera vez una fuerza popular gobierne a Colombia. (…) Quieren que
se acabe, ese es el momento actual, ellos quieren que esa pesadilla que se
llama para ellos, que se llama democracia popular, se acabe y no vuelva
más en la historia de Colombia, porque quieren seguir a través de las
generaciones de sus hijos, nietos y bisnietos enriqueciéndose con este país
tan rico y excluyendo como han excluido, como descendientes de
esclavistas a las mayorías de Colombia. (…) Engañándolas,
manipulándolas, igual que van a comprar los votos de cada elección de
pobres, que terminan eligiendo sus verdugos. Igual quieren manipular el
pueblo a través de la información, la comunicación, la mentira, una dos y
tres veces repetida, tal como decía Goebbels (…) el comunicador de Hitler
en el partido nazi: “repite y repite la calumnia”, porque lo que se intenta es,
que no volvamos a ser mayoría. Y entonces aquí tenemos que enfrentar
esta, no con pequeñeces, no con estupideces, no con egolatrías, ¿no le
gritan a Petro los ricos del país fuera Petro?, ¿no están reproduciendo el
mismo mensaje que mandaron cuando mataron cinco mil militantes de la
Unión Patriótica?, son los asesinos los mismos que gritan: ¡fuera Petro!,
porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la
piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni
conquistarse una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, ni
comprar sus acciones que les ha exigido hablar de tú a tú y mirando a los
ojos y de frente y no con la puñalada trapera a la que estaban
acostumbrados, no se lo aguantan como presidente de la República. ¡Uy
ese Petro ¿cómo es que pudo llegar a la Presidencia? ¡fuera Petro!. Y en
esta asamblea entonces…oiga, miren la contradicción, “mientras la idea de
la oligarquía colombiana y su poder acostumbrado al asesinato y la
exclusión” es: ¡fuera Petro!, ¡aquí también se grita fuera!, esto que es (…)
¿no es lo mismo? los movimientos progresistas cuando se acercan al poder,
porque nosotros no tenemos aún el poder, se pueden degradar así mismos
y yo creo que esto hay que analizarlo a fondo, el señor Olmedo salió de la
formación de la Colombia Humana […]». (Sic en toda la cita).

Ahora bien, una vez impartida la orden de tutela, el señor presidente procedió a
ofrecer disculpas en la cuenta @petrogustavo el día 19 de septiembre en los
siguientes términos:

«Las personas que gritan "Fuera Petro" no son asesinos disculpen. Pero sin
ser mis electores, quieren que se pase por encima del voto popular
mayoritario en Colombia y eso es asesinar la Democracia.
Yo no le dije asesinos a ellos sino a quienes con el mismo grito de acabar la
izquierda y el progresismo hicieron la masacre de la UP y del gaitanismo en
Colombia.
Matar a Petro es también un "Fuera Petro".
El debate político debe darse en las plazas y el parlamento y no en los
estrados judiciales»18.

Adicionalmente, el día 27 de septiembre de 2024, compartió en su cuenta
personal de la red social X, el siguiente comunicado:

18
Índice 39 del aplicativo SAMAI.

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04386-01 acumulado con
los radicados: 11001-03-15- 000-2024-04515-00, 11001-03-
15-000-2024-04517-00 y 11001-03-15-000- 2024-04771-00.
Accionante: Harold Joselín Bravo Rodríguez y otros

«La sentencia de tutela 2024-04386 emitida por el H. Consejo de Estado el
19/09/2024, me ordenó ofrecer disculpas públicas porque presuntamente
llamé "asesinos" a quienes han expresado "fuera Petro". El 19/09/2024 me
disculpé mediante una publicación en X, en la que afirmé: "las personas que
gritan 'fuera Petro' no son asesinos, disculpen".

Ofrecí disculpas antes del pronunciamiento judicial de primera instancia, con
el propósito de corregir rápidamente una interpretación errónea de mis
expresiones y, además, reafirmar mi compromiso con el diálogo y la
reconciliación. Esta respuesta fue una medida proactiva para proponer el
debate político y reflejar una actitud de apertura hacia la crítica, el
entendimiento y el respeto por todas las voces en nuestra sociedad. Mi
objetivo es fomentar siempre un ambiente democrático en el que todos se
sientan escuchados y respetados, independientemente de sus opiniones.

Además, al reconocer públicamente que las voces disidentes no deben ser
descalificadas, busco promover un diálogo constructivo que trascienda la
polarización. Este tipo de interacción no solo responde al espíritu de la orden
de la sentencia de tutela; sino que también, actúa como un baluarte para la
construcción de una nación más inclusiva, donde el respeto y la convivencia
pacífica sean principios fundamentales.

En conclusión, considero que mi publicación en la red social X cumple con
la orden impartida por el Consejo de Estado y, al mismo tiempo, representa
un esfuerzo sincero por fomentar la reconciliación genuina en nuestra
sociedad».

Para la Sala, con la rectificación proporcionada por el señor presidente de la
República se cumple con la orden de tutela, motivo por el cual se está frente a
un hecho superado.

Es importante resaltar que la carencia actual de objeto por hecho superado puede
presentarse cuando la circunstancia que reporta la conculcación del derecho
desaparece, situación en la cual, cualquier medida que adopte el juez de tutela
carece de efecto, pues nada contrariaría más la lógica que proferir una orden
frente a una circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o
contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en instancias diferentes
a la del juez constitucional.

En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes
términos:

«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de
la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de
la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de
los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04386-01 acumulado con
los radicados: 11001-03-15- 000-2024-04515-00, 11001-03-
15-000-2024-04517-00 y 11001-03-15-000- 2024-04771-00.
Accionante: Harold Joselín Bravo Rodríguez y otros

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que
considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus
acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y
procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la
decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto
resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción»19.

Lo anterior bajo la excepción de aquellos casos en los que, aunque las pruebas
aportadas al proceso de tutela demuestren que en apariencia el hecho generador
de la acción ha sido superado, en el fondo este se encuentra aún vulnerado o no
totalmente agotado a la luz de las garantías constitucionales, de acuerdo con la
interpretación que en derecho realice el juez de tutela de la situación en concreto
y su «posible superación».

En ese orden de ideas, no es procedente impartir una orden al señor presidente
puesto que ha rectificado sus expresiones, y se considera que con las
publicaciones a las que se hizo referencia se atiende a las limitaciones a la
libertad de expresión, que se reitera tiene ciertos límites tratándose de la máxima
autoridad del país.

Ahora bien, es necesario señalar que no hay lugar a acceder a las pretensiones
de la impugnación presentada por el señor Harold Joselín Bravo Rodríguez, en
atención a que no se trata de pretensiones que haya incluido en el escrito de
tutela, y por lo tanto de las que se haya defendido el accionado.

Tampoco hay lugar a acceder a revocar el fallo de primera instancia, pues para
la Sala es claro que el señor presidente excedió los límites para ejercer la libertad
de opinión, y se precisa, tal como se hizo en la providencia impugnada, que la
orden impartida no tiene relación con el derecho a la información sino con el
ejercicio de la libertad de opinión, por lo que no resulta aplicable lo dispuesto en
el artículo 20 de la Constitución Política.

Sin perjuicio de lo resuelto en la presente providencia, la Sala exhorta al señor
presidente para que ejerza la libertad de opinión dentro de cauces que preserven
la concordia y la unidad nacional que su investidura simboliza.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

19
Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04386-01 acumulado con
los radicados: 11001-03-15- 000-2024-04515-00, 11001-03-
15-000-2024-04517-00 y 11001-03-15-000- 2024-04771-00.
Accionante: Harold Joselín Bravo Rodríguez y otros

FALLA

Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, dentro de la
acción interpuesta por el señor Harold Joselín Bravo Rodríguez y otros, por lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
186 del CPACA.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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