RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04400-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04400-00

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04400-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Manuel Sánchez Ordóñez, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00 Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04400-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

24 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00
Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-04400-00
Demandante MANUEL SÁNCHEZ ORDÓÑEZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales y
especiales de procedibilidad. Defectos: fáctico, de desconocimiento
del precedente y sustantivo. Medio de control de reparación directa-
privación injusta de la libertad. Legalidad y razonabilidad de la medida
de aseguramiento. Presupuestos de la medida de aseguramiento en
la Ley 906 de 2004.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia, la acción de tutela incoada por Manuel Sánchez Ordóñez, de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 20 de agosto de 20241, Manuel Sánchez Ordóñez, a través de apoderada judicial,
interpuso acción de tutela contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila porque considera que vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y de acceso a la administración de
justicia. Esto, con ocasión a la sentencia del 20 de febrero de 2024, en la que esa
autoridad judicial revocó la decisión de condena de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda en el proceso de reparación directa nro.
41001-33-33-001-2015-00433-01.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, AL MÍNIMO VITAL, toda
vez que el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA, revocó el fallo el 20
de febrero de 2024 incurrieron en defecto fáctico y sustantivo pues se observa que, de manera
errada, desconocieron las pruebas aportadas durante el debate procesal.
SEGUNDO: Que se tengan en cuenta las pruebas aportadas, declaraciones y sentencia de
preclusión del JUZGADO PENAL de conocimiento, para que se valoren en conjunto y se dé
el correspondiente valor probatorio.
TERCERO: Que una vez valoradas las pruebas por el Señor Juez Constitucional, DECLARE
que tanto A RAMA JUDICIAL como la FISCALIA GENERALDE LA NACIÓN son
patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales y morales, causados a los
demandantes, por la injusta privación de la libertad de que fue objeto el señor MANUEL
SÁNCHEZ conforme a las pruebas existentes en el proceso adelantado en el JUZGADO
SEPTIMO ADMINITRATIVO DE NEIVA y la omisión de análisis realizado por el TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN.

1 Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai (índice 2).
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00
Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez

CUARTO: Se ORDENE al JUZGADO SEPTIMO ADMINITRATIVO DE NEIVA y al TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA- SALA SEGUNDA DE DECISIÓN, dar
traslado integral, completo y legible de los folios y grabaciones que integral el expediente del
radicado No. 41001 33 33 001 2015 00433 00 y 41001 33 33 001 2015 00433 01, tramitados
en estas instancias y conocidos por los titulares de estos dos Despachos Judiciales.
QUINTO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia de fecha 20 de febrero de 2024, proferida
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA - SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN.
SEXTO: ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA, que, en
el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso de privación
injusto de la libertad, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la
jurisprudencia que versa sobre la presente Litis»2 (Sic para toda la cita)

2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 15 de octubre de 2014, agentes de la Policía Nacional, Seccional de Tránsito
y Transporte del Huila, pararon una motocicleta de servicio particular que era
conducida por el señor Manuel Sánchez Ordóñez y en la que iba como
parrillero el señor Deiner Sánchez. Los policiales realizaron el correspondiente
registro y hallaron en el filtro de la motocicleta una maleta plástica envuelta en
cinta transparente que contenía una sustancia con características similares a
la base de coca y en la llanta delantera siete tiras de sustancias envueltas en
una cinta transparente con características similares a la coca. En razón a ello,
se incautó la sustancia y el conductor y el parrillero fueron capturados.
Estas personas fueron presentadas ante el Juzgado Penal Municipal con
Funciones de control de Garantías de Neiva quien legalizó la captura, formuló
imputación por el delito de tráfico de estupefacientes y les impuso medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario.
También decretó la legalidad de la incautación con fines de decomiso de la
motocicleta.
El 9 de diciembre de 2014, Deiner Sánchez suscribió preacuerdo con la
Fiscalía General de la Nación en el que aceptó los cargos y la condena a 98
meses de prisión.
Posteriormente, el 10 de marzo de 2015, el Juez Penal del Circuito de
Descongestión de Neiva celebró audiencia de preclusión de la investigación
penal, por petición del fiscal 19 Seccional del Circuito de Neiva, en la que
accedió a la solicitud y dispuso la preclusión de la investigación penal respecto
del señor Manuel Sánchez Ordóñez, dada la ausencia de pruebas para
declararlo responsable de la conducta punible endilgada.
2.2. Consecuencia de lo anterior, el señor Manuel Sánchez Ordóñez y sus
familiares promovieron demanda de reparación directa contra la Nación, Rama
judicial y la Fiscalía General de la Nación para que se declarara su
responsabilidad administrativa y patrimonial por el daño antijurídico que
padecieron con ocasión a la privación de la libertad antes expuesta y para que
se las condenara al pago de perjuicios materiales e inmateriales.
2.3. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Juzgado
Séptimo Administrativo de Neiva bajo el radicado nro. 41001 33 33 001 2015
00433 00. En audiencia de alegaciones y juzgamiento celebrada el 6 de junio
de 2018, esa autoridad judicial accedió a las pretensiones de la demanda y
condenó a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar
indemnización a favor de los demandantes. En la audiencia, la autoridad

2 Páginas 8 y 9 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00
Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez

judicial también descartó la excepción del hecho exclusivo de la víctima debido
a que no se probó.
La responsabilidad extracontractual del Estado en el caso sub examine fue
estudiada bajo el régimen objetivo de responsabilidad, de manera que,
probada la imposición de la medida privativa de la libertad y la preclusión de
la investigación con fundamento en la imposibilidad de desvirtuar la presunción
de inocencia del procesado, se concluyó la responsabilidad de las
demandadas.
2.4. Las entidades condenadas apelaron la sentencia de primera instancia. La
Rama judicial manifestó que la falla en el servicio que evidenció el juez a quo
era atribuible exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación y al actuar de
la víctima.
Por su parte, el ente investigador dijo que la solicitud de la medida de
aseguramiento se ajustó a lo establecido en el artículo 250 de la Constitución
Política y al artículo 306 de la Ley 906 de 2004 y quien la consideró procedente
fue el juez con funciones de control de garantías, por lo que la eventual
responsabilidad en este caso está en cabeza de la Rama Judicial.
La Fiscalía también manifestó que el daño alegado derivó del actuar de la
víctima, dado que fue encontrada en flagrancia transportando estupefacientes.
2.5. En sentencia del 20 de febrero de 2024, la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Huila revocó la decisión de primera instancia, para
negar las pretensiones de la demanda. La autoridad judicial argumentó que la
medida de aseguramiento de detención preventiva estuvo ajustada a derecho
y fue proporcional, necesaria y razonable, lo que descarta la concreción de
una falla en el servicio atribuible a las demandadas.
Precisó que el análisis sobre la legalidad y razonabilidad de la imposición de
la medida de aseguramiento era suficiente para negar las pretensiones de la
demanda, sin que fuera necesario pronunciarse sobre la culpa exclusiva de la
víctima, pues solo es procedente ese análisis cuando se logra atribuir la
responsabilidad al Estado.
3. Fundamentos de la acción
El actor argumentó que la acción de tutela supera el examen general de
procedibilidad porque: agotó todos los recursos judiciales disponibles
(subsidiariedad), la acción se interpuso dentro de un término razonable (inmediatez) y
la situación presenta una relevancia constitucional debido a la grave violación de
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y de
acceso a la administración de justicia. Agregó que requiere el amparo de sus
derechos fundamentales ante el capricho y arbitrariedad del Tribunal Administrativo
del Huila en la decisión del caso sub examine.
En cuanto al fondo del asunto, los actores estiman que la sentencia del 20 de febrero
de 2024 incurrió en defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial y en
defecto sustantivo.
3.1. Defecto fáctico: El actor alegó la indebida valoración de las pruebas del
proceso penal, como las declaraciones de los testigos y la aceptación de la
responsabilidad por el hecho delictivo investigado que hizo el señor Deiner
Sánchez, las cuales daban cuenta de la inocencia del aquí accionante.
En específico, dijo que se omitió la valoración de las siguientes pruebas y
hechos:

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00
Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez

(i) Los testimonios de las siguientes personas que en el proceso penal dieron
cuenta de la inocencia del señor Manuel Sánchez Ordóñez: Luis Gabriel
Ordóñez, Jaime Sánchez Ordóñez y Jesús Leonardo Marín.
(ii) El señor Manuel Sánchez Ordóñez no era el propietario de la motocicleta, sino
su sobrino Deiner Sánchez.
(iii) Deiner Sánchez firmó preacuerdo con la FGN en el que aceptó la
responsabilidad exclusiva por los hechos. A pesar de esto, el aparato
jurisdiccional profirió la sentencia de preclusión hasta el 11 de marzo de 2015.

3.2. Desconocimiento del precedente judicial y defecto sustantivo. Se
fundamentó en el indebido entendimiento de la jurisprudencia constitucional y
contenciosa sobre la responsabilidad del Estado por privación injusta de la
libertad.

El accionante reprochó que la sentencia se hubiera fundamentado en las
sentencias SU072 de 2018 y SU037 de 1997, ya que, aunque son importantes
no consultan la postura reciente sobre el asunto. Dijo que debió considerarse
para ese efecto la sentencia de unificación 00133 de 2019 del Consejo de
Estado y la sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida en el medio de
control de reparación directa nro. 68001- 23-31-000-2002- 02548-01 (36149).

Dijo que, según el precedente pertinente, estos casos deben decidirse en
aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por tratarse de asuntos
donde el procesado es absuelto o en los que se precluye la investigación a su
favor.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 23 de agosto de 2024, el despacho sustanciador solicitó a la parte
accionante que indicara de manera precisa cómo se configuraban en el caso
propuesto los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.

También se le pidió que individualizara las partes y terceros que participaron
en el proceso de reparación directa nro. 41001-33-33-001-2016-00108-00/01
y que informara sus direcciones de notificación con el objetivo de realizar las
vinculaciones correspondientes.

4.2. El actor allegó memorial de subsanación en el que indicó que las partes del
proceso eran los señores: Manuel Sánchez Ordóñez, Claudia Brigitte Sunz
Ramírez, Angi Paola Sánchez Sunz, Zully Milena Sánchez Sunz, Leydy
Tatiana Sánchez Sunz, Yuliana Valentina Sánchez, Breiner Estiven Sánchez
Sunz, Daniel Sneider Sánchez Sunz, James Manuel Sánchez Sunz, Jaider
Andrés Sánchez Sunz, Jaime Sánchez Ordóñez, Mercedes Sánchez Ordóñez,
Senith Sánchez Ordóñez, Luz Aurora Sánchez Ordóñez, Marleny Sánchez
Ordóñez, Elizander Sánchez Ordóñez. También informó su correo electrónico
para efectos de notificaciones.

Adicional a lo anterior, expuso cuales eran las causales generales y especiales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que se
concretaron en la sentencia del 20 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión.

4.3. En auto del 9 de septiembre de 2024, el despacho ponente admitió la acción
de tutela interpuesta por Manuel Sánchez Ordóñez, quien actúa a través de
apoderada judicial, contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00
Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez

Además, vinculó, en calidad de terceros, (i) a la Rama Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación (autoridades que actuaron como demandadas dentro del proceso
de reparación directa); (ii) a los señores Manuel Sánchez Ordóñez, Claudia
Brigitte Sunz Ramírez, Angi Paola Sánchez Sunz, Zully Milena Sánchez Sunz,
Leydy Tatiana Sánchez Sunz, Yuliana Valentina Sánchez, Breiner Estiven
Sánchez Sunz, Daniel Sneider Sánchez Sunz, James Manuel Sánchez Sunz,
Jaider Andrés Sánchez Sunz, Jaime Sánchez Ordóñez, Mercedes Sánchez
Ordóñez, Senith Sánchez Ordóñez, Luz Aurora Sánchez Ordóñez, Marleny
Sánchez Ordóñez, Elizander Sánchez Ordóñez (quienes actuaron como
demandantes en dicho proceso); (iii) al Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva
(autoridad que dictó sentencia de primera instancia dentro del proceso); y (iv) a los
demás demandantes, demandados y terceros que participaron dentro del
proceso Nro. 41001-33-33-001-2015-00433-00/01, entregándoles copia de la
demanda y de los anexos.

En el auto también se dispuso la vinculación de los señores Jhon Eduar Cleves
Bastidas, Juan Felipe Cleves Cardozo, Norberto Claves Calderón, Fernanda
Patricia Bastidas y Johan Andrés Bastidas, quienes conformaron la parte
activa en el proceso de reparación directa nro. 41001-33-33-001-2016-00108-
00. Esto porque, en audiencia de alegaciones y juzgamiento se dictó sentencia
respecto de este proceso y del proceso donde fueron demandantes el señor
Manuel Sánchez Ordóñez y otros.

En el auto se ofició al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva
para que surtiera la notificación de los terceros y para que remitiera la copia
digitalizada del proceso ordinario analizado. También se ordenó a la Secretaría
General de esta Corporación que fije un aviso en el que indique a los
intervinientes del proceso nro. 41001-33-33-001-2015-00433-00/01 la
existencia de esta tutela.

4.4. La Fiscalía General de la Nación, a través de profesional especializada de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, argumentó que la petición de amparo no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, ya que busca retrotraer
actuaciones procesales de un asunto ya tramitado, lo cual desconoce la
naturaleza subsidiaria de la acción de tutela. Además, consideró que no se
demostró la vulneración de ningún derecho fundamental.

En la misma línea de improcedencia, advirtió que la acción de tutela no supera
el presupuesto de subsidiariedad, dado que los accionantes cuentan con
recursos ordinarios y extraordinarios para cuestionar la decisión judicial y
procurar la protección de sus derechos, pero no los promovieron. Tampoco se
expuso un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez
constitucional.

Finalmente, la Fiscalía dijo que la acción de tutela no cumple con la carga
argumentativa mínima porque el actor no acreditó la configuración de los
defectos fáctico ni sustantivo. Y requirió que se le desvincule de la acción de
tutela porque no tiene legitimación en la causa por activa ya que esa entidad
se limitó a solicitar la imposición de la medida de aseguramiento, pero la
decisión fue adoptada por el juez de control de garantías.

4.5. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, por
conducto de apoderado judicial, solicitó que se desestime la acción de tutela
porque no comporta relevancia constitucional. Dijo que el actor no cumplió con
la carga argumentativa mínima para fundamentar el defecto fáctico, pues no
identificó las pruebas omitidas ni explicó cómo se concretó la indebida
valoración que afectó sus derechos fundamentales. A su juicio, la verdadera
pretensión del actor es tomar la acción de tutela como una instancia adicional
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00
Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez

para insistir en un debate probatorio que ya fue debidamente concluido en el
curso del proceso ordinario.

De manera subsidiaria, expuso que las actuaciones judiciales se desarrollaron
en cumplimiento del marco legal aplicable, el análisis de las pruebas aportadas
y con respeto de las garantías del debido proceso.

4.6. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva, por conducto de
la secretaria del despacho, relacionó la gestión de notificación del auto
admisorio de esta acción de tutela a todas las personas que conformaron la
parte activa del proceso de reparación directa nro. 41001-33-33-001-2015-
00433-00/01. Los soportes obran en los índices 19 y 32 de Samai.

También aportó el enlace web para acceder al expediente ordinario analizado.

4.7. En memorial del 25 de septiembre de 2024, la apoderada de la parte
accionante aclaró que el proceso nro. 41001-33-33-001-2016-00108-00 no fue
acumulado al que ahora se analiza, sino que el juez de la primera instancia
decidió fallarlos de manera simultánea por economía procesal, por lo que los
sujetos procesales de ese medio de control no deben ser vinculados a esta
acción de tutela.

En similar sentido se pronunció el apoderado de la parte actora dentro del
proceso nro. 41001-33-33-001-2016-00108-00. En memorial del 26 de
septiembre del año en curso, explicó que el juez de la primera instancia estimó
que podía acumular para el fallo los dos procesos debido a que se trataba de
los mismos demandados y de casos que debían ser fallados en aplicación del
régimen objetivo de responsabilidad, pero «sin que los hechos de una demanda y
la otra tuvieran algún tipo de relación.». En todo caso, allegó la dirección física de
notificación de los demandantes ya que era el único dato de contacto que
tenía.

4.8. El 30 de septiembre de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado
emitió constancia en la que informó que en el índice 28 de Samai obra la
gestión de notificación de la tutela que surtió esa dependencia respecto de los
sujetos procesales en el medio de control de reparación directa nro. 41001-33-
33-001-2015-00433-00/01.

También informó que la notificación de la parte activa en el proceso nro. 41001-
33-33-001-2016-00108-00 se surtió por oficio, según consta en el índice nro.
33 de Samai.
Finalmente, en el índice 35 de Samai obra notificación por aviso a las
siguientes personas: Claudia Brigitte Sunz Ramírez, Angi Paola Sánchez
Sunz y Yuliana Valentina Sánchez.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las

3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00
Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez

autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

3.1. Antes de plantear el problema jurídico, la Sala debe señalar que en este caso
se cumplen todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Esto se debe a que la acción de tutela: (i)
tiene relevancia constitucional, ya que acusa la indebida valoración de los
medios de prueba aportados al proceso y el desconocimiento del precedente
judicial vigente y aplicable; (ii) realizó una descripción clara de los hechos y
pretensiones; (iii) contra la providencia no proceden recursos ordinarios ni
extraordinarios que permitan procurar la protección de los derechos; (iv) la
petición de amparo se presentó en un plazo razonable, considerando que la
sentencia acusada se profirió el 20 de febrero de 2024 y el amparo se promovió
el 20 de agosto de 2024; y (v) no se discute una sentencia de tutela.

En cuanto a la relevancia constitucional, es importante señalar que la
sentencia de primera instancia condenó a la Fiscalía General de la Nación y a
la Rama Judicial por la privación de la libertad del señor Manuel Sánchez
Ordóñez, por lo que la apelación fue promovida únicamente por las entidades
condenadas. Así, lo que se discute en esta acción de tutela es la decisión de
la segunda instancia, que declaró que la medida de aseguramiento fue legal y
razonable, y por ello negó las pretensiones de la demanda. En este contexto,

4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00
Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez

no se puede argüir una reiteración de argumentos ni que la acción de tutela se
haya utilizado como una tercera instancia.

3.2. Dicho esto, corresponde ahora esta Sección establecer, si la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, al proferir la sentencia del 20 de
febrero de 2024, en el marco del medio de reparación directa tramitado bajo el
radicado 41001-33-33-001-2015-00433-01, incurrió en defecto fáctico por
indebida valoración probatoria y en desconocimiento del precedente judicial
relativo a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad para eventos
de privación injusta de la libertad.

4. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial: alcance y
análisis en el caso particular

4.1. Los cargos por defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial
serán estudiados de manera conjunta porque se fundamentaron en la
aplicación del precedente vigente y el marco jurídico pertinente para los
eventos donde se analiza la responsabilidad extracontractual del Estado por
privación injusta de la libertad.

4.2. El defecto sustantivo es un vicio relacionado con la interpretación y aplicación
de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico para decidir un caso
concreto, que debe analizarse por el juez de tutela si tiene una incidencia
directa en la decisión y lesiona derechos fundamentales.

La jurisprudencia constitucional ha considerado que este defecto se produce
cuando: (i) la providencia carece por completo de fundamento jurídico, por
ejemplo, si toma una decisión con base en normas inexistentes o
inconstitucionales7; (ii) la norma aplicada requería una interpretación
sistemática con otras normas, pero el juez soslayó su estudio8; (iii) la norma
que se empleó es constitucional, pero inaplicable al caso concreto 9; (iv) la
providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la
decisión10; (v) la interpretación de la norma aplicada, desconoce sentencias
con efectos erga omnes11; (vi) la normas no son interpretadas con enfoque
constitucional12; (vii) el precedente judicial fue desconocido sin ofrecer
explicación razonable13; y (viii) el juez de la causa se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una norma que desconoce de manera
flagrante y evidente la Constitución Política, siempre que se solicite la
aplicación de esta figura por algunas de las partes14.

A su vez, el precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto
en el pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.

Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia
del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes para la
autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por

7 Corte Constitucional. Sentencia SU 159 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-510 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio.
9 Corte Constitucional. Sentencia SU-174 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-100 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 790 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU- 632 de 2017. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
13 Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda), SU-640 de 1998 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre)
14 Corte Constitucional. Sentencia T-047 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00
Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez

tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la decisión judicial
que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al precedente vinculante
(contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el juez de instancia no
presente una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.

A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical,
que proviene de la autoridad encargada de unificar jurisprudencia en cada
jurisdicción, como el precedente horizontal que es el emitido por el mismo
funcionario o autoridades del mismo nivel jerárquico y que está cimentado en
los principios de igualdad y seguridad jurídica.

4.3. Ahora, con el propósito de establecer si la autoridad accionada incurrió en
defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial, es necesario
determinar cuál era la jurisprudencia vigente al momento de proferirse la
sentencia acusada.

Visto el histórico de actuaciones del caso y el expediente ordinario digitalizado
remitido, se tiene que la sentencia acusada se profirió el 20 de febrero y se
notificó el 18 de marzo de 2024, lo que indica que para el momento en que se
profirió la providencia acusada, el marco jurídico para el análisis de la privación
injusta de la libertad estaba determinado por la Sentencia de unificación de la
Corte Constitucional SU-072 de 201815, que retomó lo indicado por esa misma
Corte en la Sentencia C-037 de 1996 , relativo a que el artículo 68 de la Ley
270 de 1996 no establece un título de imputación único bajo el cual deban
analizarse los casos de privación injusta de la libertad, sino que corresponde
al juez de la causa en cada caso determinarlo.

En relación con la elección del régimen de responsabilidad que debe aplicarse
en eventos de privación injusta, se destacan los apartes pertinentes de la
sentencia de unificación en la jurisdicción constitucional:
«108. Lo anterior permite afirmar que establecer el régimen de imputación, sin ambages y
como regla definitiva de un proceso de reparación directa por privación injusta de la libertad,
contraviene la interpretación contenida en la sentencia C-037 de 1996 que revisó el artículo
68 de la Ley 270 de 1996, el cual debe entenderse como una extensión del artículo 90 superior,
dado que así fue declarado en la correspondiente sentencia de constitucionalidad.
(...)
109. Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial-- del
artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución
y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó
de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas
preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones
del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del
principio iura novit curia, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se
establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que
le asiste al demandante.»

4.4. La Sala observa que, en la sentencia acusada, el Tribunal Administrativo del
Huila recordó que, en sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013,
la Sección Tercera del Consejo de Estado optó por aplicar de manera
preferente el régimen objetivo de responsabilidad para decidir los casos de
privación injusta de la libertad. Pero, posteriormente, la Corte Constitucional,
en sentencia SU072 de 2018, retomando la argumentación de la C-037 de
1996, determinó que no hay fundamento normativo que justifique aplicar
preferentemente el régimen objetivo a los casos de privación injusta de la

15 Reiterada en las siguientes sentencias recientes de la Corte Constitucional: T-220 de 2023, M.P. Natalia
Ángel Cabo; T-171 de 2023, M.P. Jorge Enrique Ibáñez; T-342 de 2022, M.P. Jorge Enrique Ibáñez y T-045
de 2021, M.P. José Fernando Reyes cuartas.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00
Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez

libertad y que corresponde al juez de la causa determinar, en cada caso, si la
medida restrictiva de la libertad fue apropiada, razonable y proporcionada.

Precisó que en sentencia del 15 de agosto de 2018 la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado unificó criterio frente a los eventos de
responsabilidad del Estado por privación de la libertad, pero la providencia fue
dejada sin efectos en sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019 (Rad.
2019-00169).

Establecido lo anterior, concluyó:
«(…) se debe aplicar en materia de privación injusta de la libertad personal la tesis de la Corte
Constitucional de la sentencia SU 072 de 201817, ciñéndose exclusivamente al texto
normativo y teniendo en cuenta las dos premisas señaladas, i.) que el artículo 90 de la
Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso, ii.) la falla en el servicio es
el título de imputación preferente, como concluyó en el análisis de constitucionalidad del
artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la sentencia C-037 (C-0287) de 5 de febrero de 1996
que determinó su exequibilidad condicionada, que el significado de la expresión "injusta"
necesariamente implica definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a
una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la
verificación de su conformidad a derecho.
(…)
Con relación al título de imputación aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, el
órgano de cierre de esta jurisdicción16, ha sido enfático en afirmar que al operador judicial le
corresponde escoger aquel (falla del servicio, desequilibrio de las cargas públicas, riesgo
excepcional o cualquier otro) que más se ajuste a la realidad probatoria del caso que se
somete a su consideración (…)
En conclusión, de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, SU 037 de 1996 y
SU 072 de 2018, se establece que, en eventos de privación injusta de la libertad no se
determina en el artículo 90 de la Constitución Política un régimen único de responsabilidad
subjetivo u objetivo; no obstante, se privilegia el de la Falla del Servicio, en virtud del cual y
frente al caso concreto, el Juez administrativo deberá examinar si la medida de aseguramiento
privativa de la libertad personal fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria,
pues, tales circunstancias demarcan la antijuridicidad de daño y la responsabilidad del Estado;
en caso contrario, deberá analizarse bajo el régimen objetivo por daño especial cuando el
hecho no ha existido o la conducta es objetivamente atípica o se discutan otras circunstancias
anexas.»

4.5. Ahora bien, como el estudio del asunto se adelantó a la luz del régimen
subjetivo de responsabilidad, y por lo tanto se centró en el análisis de la
razonabilidad, legalidad y necesidad de la medida a la luz de las exigencias
del código procesal penal aplicable al caso particular, argumentación acorde
con la jurisprudencia constitucional y contenciosa vigente en asuntos de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, considera la
Sala que la premisa jurisprudencial de la sentencia del 20 de febrero de 2024,
no comporta desconocimiento del precedente invocado por la parte
accionante.
Más aún si se considera que la accionada cumplió con el deber de motivar su
sentencia en relación con el régimen de responsabilidad que estimaba era el
aplicable para resolver el litigio. Respecto del marco jurídico, se expusieron los
fundamentos legales adecuados y las reglas de decisión vigentes para eventos
de privación injusta de la libertad que están determinadas, por las sentencias
SU 072 de 2018 y C-037 de 1996.
Conforme a lo expuesto, se tiene que la aplicación para el caso concreto del
régimen subjetivo de responsabilidad atiende a (i) las reglas establecidas por
la jurisprudencia constitucional y contenciosa vigente y aplicable al caso
concreto; (ii) a la aplicación razonable y motivada del principio iura novit curia;

16 «Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. C.P. Nicolás Yepes Corrales. Sentencia proferida el
22 de noviembre de 2021, dentro del expediente 50001-23-31-000-2008-00447-01 (50247)»
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00
Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez

y (iii) a la debida consideración de las particularidades del caso. Luego, esta
determinación no comporta la vulneración de los derechos fundamentales de
la parte demandante.
4.6. Relativo a la aplicación de la sentencia de unificación 00133 del 2019, aunque
el actor no identificó debidamente el fallo, fue posible ubicarlo al integrar la
búsqueda con la temática que abordó: el reconocimiento y liquidación de los
perjuicios en eventos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la
libertad. Así pues, la sentencia que se acusa desconocida fue emitida por la
Sala Plena del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa
nro. 73001-23-31-000-2009-00133-01 (44572), que data del 18 de junio de
2019.

En esa providencia la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su
jurisprudencia «en materia de indemnización del perjuicio material solicitado por quien
fue privado injustamente de la libertad y su familia».

Como esta sentencia se invoca en la tutela para justificar el reconocimiento de
los perjuicios materiales e inmateriales, aparece claro su falta de pertinencia
para resolver el caso particular. Esto, comoquiera que el reconocimiento y
tasación de perjuicios es un análisis que deriva de la declaración de
responsabilidad del Estado, pero en el caso particular, se negaron las
pretensiones de la demanda porque el Tribunal estimó que no se probó la
antijuridicidad del daño; luego, la sentencia mencionada no se erige como
precedente vinculante para resolver el caso particular.

Además, se tiene que, en la sentencia invocada como precedente, se analizó
el caso objeto de litigio bajo el régimen subjetivo de responsabilidad y los
elementos de legalidad, razonabilidad y necesidad de la medida de
aseguramiento en el marco de los requisitos de la Ley procesal penal aplicable,
estudio que se acompasa con el desarrollado por el Tribunal Administrativo del
Huila.

4.7. El accionante también invocó como desconocida la sentencia del 28 de agosto
de 2014 (exp. 36149), proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en la que se indicó que debía aplicarse el régimen objetivo
de responsabilidad en los eventos en los que el procesado fue privado de su
libertad y fue posteriormente absuelto o se precluye la investigación a su favor,
porque se determinó, entre otros, que el sindicado no cometió el delito.

Sin embargo, la anterior providencia no era aplicable para resolver el caso en
cuestión, ya que no se trata de un precedente vigente. Por el contrario,
contiene una tesis que ha sido modificada posteriormente en las sentencias
mencionadas por el Tribunal Administrativo del Huila en el apartado que definió
el marco jurídico en su sentencia del 20 de febrero de 2024.

5. Defecto fáctico: su alcance y análisis en el caso individual

5.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto, práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
efecto, la Corte Constitucional17 ha dicho que el defecto fáctico es un error
relacionado con asuntos probatorios y, además, reconoce que tiene dos
dimensiones: una dimensión negativa y una positiva.

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria

17 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00
Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez

determinante en el desenlace del proceso18; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión19; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo20.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión21;
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia22.
5.2. La Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que la protección
constitucional por defecto fáctico sólo es posible cuando se identifique que el
juez de la causa en el ejercicio probatorio incurrió en un error ostensible y
flagrante que tenga indiscutible repercusión en el sentido de la decisión 23. En
suma, el defecto fáctico, para ser declarado debe superar los requisitos de
razonabilidad y trascendencia24.

Bajo la anterior premisa, la jurisprudencia constitucional ha indicado que, en
razón a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
del juez de tutela en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico
debe ser de carácter «extremadamente reducida», dado que es en el juicio de
valoración probatoria donde adquieren mayor trascendencia estos principios25.

5.3. El cargo por defecto fáctico se fundamentó en la omisión y la indebida
valoración de los medios de prueba presentados en el proceso los cuales
evidenciaban, a juicio del actor, su inocencia y la ilegalidad de la medida de
aseguramiento. Entre estas pruebas se incluyen testimonios relevantes, el
hecho probado de que la motocicleta involucrada en el delito pertenecía al
señor Deiner Sánchez Tapiero y el preacuerdo firmado por este último, en el
que aceptó la responsabilidad por los hechos delictivos investigados.

5.4. Para decidir si se concretó el alegado defecto fáctico deberá la Sala relacionar
el juicio probatorio expuesto por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila, en la sentencia del 20 de febrero de 2024, para
concluir la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida de
aseguramiento, veamos.
«Para la época de los hechos que fundamentan la demanda, la norma procesal penal vigente
era la Ley 906 del 2004 (…)
Aclarado lo anterior, la Sala estima que para determinar la responsabilidad patrimonial de la
Fiscalía General de la Nación y la Nación Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, es necesario establecer si la imposición de la medida de aseguramiento resultó
irracional, ilegal, desproporcionada o innecesaria, al margen de la decisión de fondo que se
adoptó en el proceso penal (…).
Luego se llevó a cabo la Audiencia de Solicitud de imposición de Medida de Aseguramiento
(minuto 67 CD), para lo cual se le concedió la palabra la fiscal del caso, quien, conforme a lo
manifestado en la audiencia de imputación, hizo relación a lo sucedido enfatizando que fue en
flagrancia; luego se corrió traslado a la apoderada defensora, insiste como lo dijera en la
audiencia de legalización de captura que, luego de entrevistarse con sus representados (…)
que aceptaba la medida intramural para Deiner pero que la del señor Manuel Sánchez
Ordóñez, lo fuera en su residencia. Seguidamente el señor juez le corrió traslado al señor
fiscal para lo que estimara pertinente quien manifestó que los actos urgentes no revelan la
versión de la señora defensora, y de otro, que escuchado personalmente el agente captor,

18 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
19 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
20 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
21 Ibidem.
22 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-226 de 2013. C.P. Alexei Julio Estrada.
23 Corte Constitucional. Sentencia SU 251 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
24 Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
25 Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00
Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez

Deiner le manifestó que había recogido al tío en la ciudad de Neiva, pero también es evidente
que ambos habían llegado de la ciudad de Bogotá. Retoma la palabra al señor juez – Hora
1:33:58 CD – quien (…) precisó que en el informe de policía no se hizo aseveración alguna
respecto a la participación de cada uno en la conducta, que se debe valorar el delito, que en
este caso es grave; se puede dar la continuación de la actividad delictiva, al señor Manuel se
le está investigando por otras conductas: hurto calificado, receptación, lo que le da la idea que
puede continuar en la actividad delictiva, podría darse la vinculación a grupos delictivos y
estaban utilizando un bien motor para transportar el estupefaciente (art. 310 CPP), encontró
necesaria la medida, se torna necesaria, pese a lo pedido por la defensora, dadas las
situaciones especiales referenciadas; pues su arraigo es la ciudad de Bogotá, de manera
abstracta, según indicó a los agentes captores y ya en la diligencia dio una dirección precisa
en la ciudad de Neiva, encontrando que los argumentos de la defensa no son tan idóneos para
establecer que el señor Manuel no estuviera desarrollando la conducta y que será en otra
etapa procesal que la defensa deberá establecerlo; Además, la versión de Deiner en que es
el único responsable, no resulta de peso, pues si no tenía documentos como condujo la moto
del Caquetá hasta Neiva y como antes de desplazó desde Bogotá; por lo que, Manuel Sánchez
Ordóñez, iba conduciendo la motocicleta, por los que se les debía dar el mismo tratamiento
de reclusión intramuros, además la pena supera los 4 años de prisión, que pudiera ser de 8
años, resolvió imponer la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, al
encontrarla razonable, proporcional y legal. Concedida la palabra al apoderado defensor
respecto al recurso procedente indicó: “sin recurso alguno.
Encuentra la Sala del acervo probatorio descrito in extenso, que se puede colegir, que Manuel
Sánchez Ordóñez, estaba en el deber jurídico de soportar la privación de su libertad, y que
fueron debidamente enlistadas en la audiencia de imputación de cargos y los enunciados para
la solicitud de la medida de aseguramiento, comoquiera que la misma se sustentó en la
realidad probatoria vigente al momento de su imposición (realidad, que no podía desconocerse
y que al contrario, le permitía al funcionario judicial inferir razonablemente la autoría del señor
Manuel y su sobrino Deiner como los autores del hecho, que dio para que le imputara el delito
de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes. Además, que, no resultaba aceptable el
argumento de la defensa de pretender que la detención del señor Manuel sea domiciliaria,
dada la manifestación que hizo su sobrino Deiner de aceptar su responsabilidad, pues
encontró que el señor Manuel tenía otras investigaciones vigentes traídas en los antecedentes,
que no le permitían acceder a lo pedido.
Para la Sala, la medida precautoria estuvo debidamente justificada y en los términos del
precedente judicial citado, fue legal porque se ajustó a los requisitos objetivos y subjetivos
descritos en el procedimiento penal (artículos 308 y 313 CPP); fue razonable por la gravedad
de los hechos denunciados: flagrancia, gravedad de la conducta punible y haber utilizado un
velomotor para ello; fue proporcional porque la conducta se encuentra tipificada con pena
privativa intramural de más de 8 años; y fue necesaria para brindar protección a la comunidad
dada la gravedad del delito imputado.» (subraya la Sala)

Relativo a la providencia penal en la que se accedió a la preclusión de la
investigación y a las pruebas aportadas en el curso del proceso que, a juicio
del accionante, probaban su inocencia y la ilegalidad de la medida privativa de
la libertad, el Tribunal Administrativo del Huila razonó:
«Ante esta situación, el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Neiva, en providencia
del 10 de marzo de 2015, al resolver la solicitud de preclusión, señaló que el señor Fiscal
Delegado ante los Juzgados Penales del Circuito, invocó la causal contenida en el Numeral 6º
del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, “Imposibilidad de desvirtuar la presunción
de inocencia” fundamentada en (…).
Lo que muestra y dada la premura con que la apoderada judicial de la defensa en audiencia
de imposición de la medida de aseguramiento intramuros solicitó que le fuera sustituida por la
domiciliaria, que, y como lo sustentó el juez de control de garantías, requería de pruebas
contundentes para aceptar la teoría de la defensa dirigida a comprometer únicamente a Deiner
y mostrar que el señor Manuel Sánchez no sabía que la moto iba cargada con el
estupefaciente, hubo la necesidad de ampliar los interrogatorios al punto que Deiner terminó
firmando preacuerdo con la fiscalía, por lo que, no se puede desconocer que, esa decisión, se
adoptó con fundamento en las pruebas practicadas y arrimadas con posterioridad a las
audiencias preliminares de legalización de captura e imposición de la medida de
aseguramiento.
Teniendo entonces que, fue con posterioridad a la imposición de la medida preventiva (es
decir, al 16 de octubre de 2014) y a través de las referidas pruebas, que se evidenció y llevó
al juez de control de garantías a acceder a la solicitud de preclusión de la investigación seguida
contra Manuel Sánchez Ordóñez, sin que ello comporte o deslegitime la decisión adoptada
por el juez con funciones de control de garantías de haber impuesto la medida de
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00
Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez

aseguramiento restrictiva de la libertad en establecimiento carcelario, pues ,esta decisión se
adoptó con las pruebas inicialmente allegadas, actuación que ya fue objeto de valor y de la
que se concluyó, fue necesaria, razonable y ponderada.
(…) De otro lado, el hecho que, con las pruebas practicadas con posterioridad a la imposición
de la medida de aseguramiento se hubiera llevado al convencimiento al juez de conocimiento
de proferir sentencia absolutoria ante la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia
del acusado, ello no puede tenerse como un daño especial que genere responsabilidad de las
entidades demandadas, pues como se dijo y en aplicación de la jurisprudencia de unificación,
son decisiones posteriores tomadas luego de la legalidad de la imposición de la medida de
aseguramiento, que en nada la puede deslegitimar..»

5.5. Considerando lo anterior, esta Sala concluye que no se ha configurado el
defecto fáctico alegado, ya que la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila valoró de manera razonable las pruebas presentadas
en el proceso de reparación directa sub examine.

La autoridad judicial accionada estudió los presupuestos de la medida de
aseguramiento a partir de lo establecido en los artículos 306 y 308 de la Ley
906 de 2004, normativa procesal penal aplicable para la época de los hechos.

En la sentencia acusada, se expusieron las razones y los medios de prueba
que respaldaron la solicitud e imposición de la medida de aseguramiento.
Dicha medida estuvo fundamentada en los elementos materiales probatorios
y en la evidencia física que permitieron construir una inferencia razonable
sobre la responsabilidad del procesado en los hechos delictivos investigados.
Además, se concluyó que era necesaria para proteger a la comunidad ante la
gravedad del delito imputado y que resultaba proporcional, dado que la
conducta estaba tipificada con una pena privativa de libertad superior a ocho
años. Todo esto en el contexto de los presupuestos establecidos por la
normativa procesal aplicable en el momento en que ocurrieron los hechos.

5.6. En la providencia también se analizaron los argumentos tendientes a
evidenciar la antijuridicidad del daño con fundamento en los medios de prueba
recaudados y practicados en el proceso penal que, a juicio de los
demandantes, acreditaban con claridad la inocencia del señor Manuel
Sánchez Ordóñez, como la prueba testimonial y el acta de preacuerdo, pero
se estimó que ellos no refutaban la tesis de legalidad y razonabilidad de la
medida de aseguramiento debido a que se trata de etapas diferentes del
proceso penal con requerimientos probatorios también disímiles.

Es cierto, como lo dijo la autoridad judicial accionada, que el estándar fáctico
exigido para la imposición de la medida de aseguramiento es diferente al del
juicio oral. Para el caso de la Ley 906 de 2004, en el artículo 308 el Legislador
estableció que la medida de aseguramiento se podría decretar cuando los
elementos materiales probatorios y evidencia física permitieran erigir una
inferencia razonable de responsabilidad y si se acredita alguno de los
escenarios descritos en los numerales 1 a 326 de esa disposición. Mientras que,
en la etapa de juicio se requiere el conocimiento más allá de toda duda
razonable acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado
en las pruebas debatidas en juicio (Arts. 372 y 381). Luego, se insiste, se trata de
etapas diferentes del proceso penal y por ello, en principio, la razonabilidad de
la medida de aseguramiento no se analiza con fundamento en pruebas
recaudadas de manera posterior y bajo un estándar más exigente al dispuesto
por el Legislador.

26 Artículo 308. Requisitos. (...)
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el
debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00
Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez

Así las cosas, se descarta en el caso concreto el alegato de los accionantes
relativo a la omisión e indebida valoración probatoria frente las pruebas que
fueron recaudadas en otras etapas del proceso penal y su aptitud para refutar
la tesis fáctica defendida en las audiencias preliminares por el ente acusador.

Se insiste, en principio, la razonabilidad y la legalidad de la medida de
aseguramiento se analiza, como lo hizo la autoridad accionada, de cara a los
presupuestos regulados en el código de procedimiento penal aplicable y a la
evidencia física y elementos materiales probatorios aportados por las partes en
esa etapa del proceso penal.

5.7. Visto lo anterior, es claro para la Sala que el juez de segunda instancia procedió
con la valoración de los medios de prueba de manera individual y conjunta, y
que en su juicio aplicó las reglas de la sana crítica. Además, en el cuerpo de la
sentencia está debidamente consignado el examen crítico que realizó la
autoridad judicial, así como la explicación razonada del valor de convicción que
otorgó a los medios de prueba.

Tenemos que en la sentencia se analizaron los elementos de legalidad,
necesidad y la razonabilidad de la medida, a la luz de los medios de convicción,
cuya información justificó la solicitud e imposición de la medida de
aseguramiento, dada la probabilidad de que el imputado fuera autor o partícipe
de la conducta delictiva que se investigaba.

Entonces, es dable concluir que, la decisión de calificar como razonable la
detención preventiva, no derivó del capricho del juez de lo contencioso
administrativo ni se trató de una determinación deliberada o arbitraria, sino de
la valoración de las pruebas del proceso penal a la luz de las exigencias del
Código de Procedimiento Penal para imponer estas medidas de cautela.

5.8. Es del caso indicar que la simple discrepancia en cuanto a la valoración
probatoria que adelantó el juez natural de la causa no se traduce en un defecto
fáctico reclamable a través de la acción de tutela, sino que corresponde al
interesado exponer el escenario de presunta vulneración de sus derechos
fundamentales y evidenciar la arbitrariedad relativa al juicio de valoración
probatoria que contiene la providencia acusada, lo cual no se evidencia en el
caso concreto.

6. Conclusión

Por todo lo expuesto, la Sala negará las pretensiones formuladas en la acción de
tutela al considerar que la sentencia del 20 de febrero de 2024, proferida por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila se fundamentó (i) en una
premisa jurídica que atiende al desarrollo jurisprudencial contencioso y constitucional
relativo al régimen de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de
la libertad, y (ii) en la valoración razonable, conjunta y motivada de los medios de
prueba que fueron aportados al proceso.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Manuel
Sánchez Ordóñez, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04400-00
Accionante: Manuel Sánchez Ordóñez

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.