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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04408-00

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04408-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04408-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04408-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: AROLDO ENRIQUE RINCONES ÁVILA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL,
COMOQUIERA QUE LO PRETENDIDO POR EL ACTOR ES REABRIR EL DEBATE
SURTIDO DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL Y USAR LA ACCIÓN
DE TUTELA COMO UNA TERCERA INSTANCIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL TRABAJO Y AL MÍNIMO VITAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA1.

1
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04408-00
Actor: AROLDO ENRIQUE RINCONES ÁVILA

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor AROLDO ENRIQUE RINCONES ÁVILA, actuando a través

de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo,

al mínimo vital y a los principios de buena fe, confianza legítima,

legalidad y seguridad jurídica, los cuales estima vulnerados por el

TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 19 de junio de 2024,

dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el

número único de radicación 44001-23-40-000-2024-00036-00.

I.2.- Hechos

Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de

nulidad electoral con el fin de que se declarara la nulidad del acto

administrativo por medio del cual la señora MARÍA AUXILIADORA

MEDINA PITRE, fue elegida personera del municipio de Fonseca (La

Guajira, Colombia).

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04408-00
Actor: AROLDO ENRIQUE RINCONES ÁVILA

Anotó que a la demanda de única instancia le fue asignado el número

único de radicación 2024-00036-00 y le correspondió por reparto al

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 19 de junio de 2024, denegó

las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que, posteriormente, presentó solicitud de aclaración de la

sentencia, la cual fue denegada en auto de 6 de agosto de 2024, al

considerar que los argumentos allí expuestos estaban encaminados

a controvertir la decisión y no a alegar aspectos que no ofrecían

claridad.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en

desconocimiento del precedente jurisprudencial de la sentencia

de 27 de octubre de 20212, proferida por la Sección Quinta del

Consejo de Estado, en la cual se consideró que la ausencia de

idoneidad de la entidad que apoya la realización del proceso de

selección trae consigo la nulidad del acto de elección.

2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre
de 2021, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, identificada con el número único de radicación 76001-23-
33-000-2020-00895-03 (76001-23-33-000-2020-00835-00 acumulado).

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Para lo anterior, señaló que la Corporación Universitaria de la Costa

– CUC-, no tenía facultad para realizar el concurso de méritos para

escoger personero municipal de Fonseca para el período 2024-2028,

toda vez que la denominación de este cargo es diferente a la prevista

en el artículo 1° de la Resolución 12408 de 29 de diciembre de 20203,

expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues este era

un cargo de período fijo y no en carrera administrativa.

Afirmó que la facultad otorgada a la CUC en la Resolución 12408 de

2020 para realizar concurso de méritos feneció el 19 de noviembre

de 2023, mientras que la entrevista realizada a la señora MARÍA

AUXILIADORA MEDINA PITRE se llevó a cabo el 2 de enero de

2024, por lo que era claro que se estaba en presencia de un proceso

que no estaba acorde con el principio de legalidad y que vulneraba

el debido proceso.

Precisó que el TRIBUNAL también incurrió en defecto sustantivo

al realizar una interpretación errada del artículo 83 de la Ley 136 de

3
“Por la cual se acredita a la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, como entidad idónea para
adelantar los procesos de selección que realiza la CNSC para proveer las vacantes definitivas de los
empleos pertenecientes a los Sistemas de Carrera Administrativa que administra y vigila”

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2 de junio de 19944 y del artículo 6° del Acuerdo 011 de 29 de

noviembre de 2019, que contiene el reglamento interno del Concejo

Municipal de Fonseca, pues el acta 013 que recoge la proposición de

fecha 21 de febrero de 2023, no fue suscrita por la mesa directiva

del Concejo de Fonseca, sino únicamente por el presidente y la

secretaria, lo cual constituye un vicio en la formación del acto.

Indicó que tampoco se aplicó lo señalado en el artículo 84 del Acuerdo

011 de 2019, pues cuando el Concejo Municipal de Fonseca eligió a

la señora MARÍA AUXILIADORA MEDINA PITRE, en los volantes

de votación no se les brindó a los concejales las opciones de “[…] a-

voto positivo, b-voto negativo c-voto en blanco […]”, de tal forma

que dicho procedimiento fue llevado a cabo de manera anormal, lo

que vicia gravemente el documento contentivo de la elección de la

personera municipal para el período 2024-2028.

Adujo que el Acta núm. 004 de 10 de enero de 2024, tampoco fue

suscrita por la mesa directiva del Concejo de Fonseca, tal como lo

exige el artículo 83 de la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo 011 de 2019,

situación que pasó por alto el TRIBUNAL, incurriendo así en un

4
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”.

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defecto procedimental absoluto.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDO: Se sirva dejar sin efecto la sentencia proferida
por el honorable Tribunal Administrativo de La Guajira mediante
de fecha del día 19 de junio de 2024, dentro del proceso de
Nulidad Electoral Radicado con el Numero
44001234000020240003600.

TERCERO: Ordenar al honorable Tribunal Administrativo de La
Guajira, proferir una nueva sentencia, dentro del proceso de
Nulidad Electoral Radicado con el Numero
44001234000020240003600, que corrija los yerros cometidos
en la sentencia del 19 de junio de 2024 y que se ajuste al debido
proceso […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1- El TRIBUNAL advirtió que la solicitud de amparo de la

referencia resulta improcedente, comoquiera que carece del requisito

general de la relevancia constitucional en la medida en que el actor

plantea desacuerdos que son propios de la dinámica del litigio y

surgidos en curso de un debate en el que no se han afectado

garantías fundamentales, sino que se aplicaron de manera fundada

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en claros principios constitucionales.

Adujo que, contrario a lo mencionado por el actor, la providencia

cuestionada tuvo en cuenta la jurisprudencia vertical actual atinente

al caso concreto, así como las normas que regulan el procedimiento

de elección de personeros, sin que se adviertan las circunstancias

alegadas en el escrito tutelar.

Finalmente, señaló que la providencia judicial acusada no accedió a

las pretensiones de nulidad, debido a que el acto acusado se realizó

en cumplimiento de las atribuciones constitucionales otorgadas por

el Concejo Municipal y del análisis de las pruebas no se encontraron

probados los cargos expuestos por el actor.

I.5.2.- La señora MARÍA AUXILIADORA MEDINA PITRE,

vinculada en calidad de tercera interesada en las resultas del

proceso, sostuvo que lo pretendido por el actor no es otra cosa que

convertir la acción de tutela en una instancia adicional del proceso

de nulidad electoral, desconociendo así los principios de cosa juzgada

y seguridad jurídica.

Así las cosas, refirió que la intención del accionante es revivir un

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litigio que ya fue zanjado y que se agotó por el juez natural del

asunto, sin que se observe vulneración alguna de los derechos

fundamentales invocados, razón por la cual solicitó que denegar el

amparo deprecado.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

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asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos

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fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez

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actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la

providencia de 19 de junio de 2024 proferida por el TRIBUNAL,

por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda dentro

del medio de control de nulidad electoral identificado con el número

único de radicación 2024-00036-00.

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La presente controversia tiene origen en la elección de la señora

MARÍA AUXILIADORA MEDINA PITRE como Personera electa del

municipio de Fonseca (Guajira, Colombia) para el período 2024-

2028, actuación contra la cual el actor promovió demanda dentro del

medio de control de nulidad electoral, por estimar que el acto

administrativo por medio del cual se surtió la elección estaba viciado

de nulidad.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al mínimo

vital y a los principios de buena fe, confianza legítima, legalidad y

seguridad jurídica, habida cuenta que, a juicio del actor, la autoridad

judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo,

desconocimiento del precedente jurisprudencial y procedimental

absoluto, toda vez que se pasó por alto que el acto de elección

demandado estaba viciado de nulidad.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

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establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos fundamentales

invocados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras

6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”

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jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías

[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

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esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos

[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

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las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

controversia que propone el actor implica la reapertura de un asunto

que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir

una instancia adicional.

En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las

inconformidades que ahora trae el actor a esta sede constitucional

ya fueron resueltas de forma admisible por el TRIBUNAL, así:

“[…] Así pues, en atención a los argumentos esbozados por la
parte demandante, este refiere una serie de irregularidades a lo
largo del proceso de convocatoria y elección, que se sintetizan
en los cargos que se enuncian a continuación:

(i) La Resolución que convoca y reglamenta el concurso, no
cumple con los estándares de divulgación; (ii) la Corporación
Universitaria de la Costa (CUC) no contaba con la idoneidad
requerida para adelantar procesos de selección; (iii) los estudios
previos del proceso para contratar a la Universidad -Corporación
Universitaria de la Costa- que realizó las pruebas no fueron
cargados oportunamente en la plataforma SECOP; (iv) no se
realizó un proceso competitivo para contratar a la CUC, en los
términos del Decreto 092 de 2017; (v) no se otorgó el término
de cinco (5) días para la etapa de inscripciones, términos que
resulta aplicable por analogía de los procesos que adelanta la
Comisión Nacional del Servicio Civil; (vi) no se garantizó la
reserva de la prueba de conocimiento; (vii) el acta en la cual se

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realizó la autorización de la expedición de la convocatoria no fue
suscrita por la mesa directiva del Concejo tal como lo indica el
artículo 83 de la Ley 136 de 1994, sino únicamente por el
presidente y secretaria de la corporación; (viii) fue
desproporcional la exigencia de realizar la prueba de
conocimiento en la ciudad de Riohacha; (ix) no se brindó la
oportunidad de acceder al resultado de las pruebas y presentar
las reclamaciones.
2.4.1. De los cargos 2, 3 y 4

Para empezar, es imperante mencionar que respecto de los
cargos Nos. 2, 3 y 4, el objeto que se estudia en estos, no es el
acto de elección ni tampoco el concurso previo, adelantado por
el Concejo municipal de Fonseca, sino que su pretensión va
dirigida a controvertir el proceso de contratación y la suscripción
del contrato con la Corporación Universitaria de la Costa (CUC),
entidad que realizó las pruebas del concurso en cuestión.

[…]

Se concluye entonces, que el juez electoral no tiene la posibilidad
de analizar la legalidad de actos de contenido pre-contractual,
contractual o post-contractual, dado que como bien se
evidenció, no es la finalidad del medio de control que se ventila
en la presente causa, de modo que, mal se haría en ahondar en
los precitados cargos, cuando, éstos desbordan la capacidad del
juez electoral y se encuentran por fuera del campo del medio de
control invocado.

Así lo señaló el Consejo de Estado, dentro de un proceso igual al
que nos ocupa, seguido contra la elección del personero de
Uribia- La Guajira, período 2020/2024, donde se cuestionó la
vialidad jurídica del convenio celebrado entre el concejo
municipal de Uribia y la Corporación Universitaria de la Costa
CUC, veamos:

[…]

2.4.2. De los cargos 6 y 9

[…]

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En primera medida, es menester hacer la acotación que
conforme el artículo 167 del Código General del Proceso, es
deber de las partes probar las situaciones de hecho en que
sustentan sus pretensiones en aras de que el juez, en este caso,
el juez electoral, realice el juicio de valor y determine si hay
lugar a la declaratoria del efecto jurídico que se pretende.

De este modo, no se advierte en el plenario, material que
sustente (i) el cargo de violación del autor respecto de la omisión
de la reserva de la prueba de conocimiento en el concurso para
escoger al Personero municipal, (ii) que no se dio la publicación
de los resultados de la prueba; y (iii) que no se permitieran hacer
las reclamaciones a que hubiera lugar.

Tampoco se advierte en el apartado de cargos y violaciones, que
el actor desarrollara los argumentos en sustento de la teoría de
que la presunta omisión, condujo al desmedro del resultado de
algún concursante o en su defecto, el beneficio de otro.

De hecho, si se invirtiera la carga probatoria, y el deber fuera de
demostrar que se cumplieron con las ritualidades de
conservación y custodia –tesis del Ministerio Público- y no se
allegase al material probatorio, algún documento que indicara a
los contratistas la forma de asegurar la seguridad de los
documentos del concurso, sobre todo de las pruebas y sus
resultados, tampoco configuraría el vicio suficiente para concluir
la irregularidad del acto de elección del Personero municipal16,
toda vez que tal situación no tendría el peso suficiente para
afectar dicho proceso de elección y además, porque podría ser
verificada con otros documentos, tales como las pruebas
mismas.

Aunado a lo anterior, salta a la vista que la parte actora en su
proceso argumentativo no alegó una situación fáctica puntual,
en la que se evidencie la falta de aplicación de medidas de
seguridad al momento de la ejecución de las pruebas, es decir,
en la que las pruebas hubiesen sido vulneradas por algún motivo
o que algún concursante alegara no haber podido ver los
resultados de su examen.

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Contrario sensu, se aprecia en la Resolución No. 021 del 26 de
diciembre de 202317, que en su artículo 1, se hace la publicación
de los resultados de la prueba de conocimiento y en su artículo
2 segundo se regula el proceso de reclamación:

[…]

Así las cosas, se debe tener entonces como indicio la falta de
reclamaciones y/o alegaciones tanto del proceso de la prueba de
conocimiento, como de los resultados, de que el proceso se llevó
conforme el principio de transparencia y en atención a la reserva
que requería la prueba y que se observaron todas las garantías
legales contempladas en la normatividad que regula el proceso
de escogencia del Personero municipal.

[…]

A juicio de este Tribunal, no se advierte yerro alguno por parte
del Concejo municipal en la difusión de la convocatoria, por
cuanto los medios señalados en la Resolución que contiene las
reglas del concurso permiten concluir que sí se logró una debida
difusión del mismo.

[…]

2.4.5. El acta en la cual se realizó la autorización de la
expedición de la convocatoria no fue suscrita por la mesa
directiva del Concejo tal como lo indica el artículo 83 de
la Ley 136 de 1994, sino únicamente por el presidente y
secretaria de la corporación.

El acta es la constancia del acuerdo de la sesión del concejo
municipal de Fonseca cuando se autoriza el trámite de la
convocatoria, pues, dicha actuación es competencia del concejo,
no de su mesa directiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo
313.8 superior, por ende, tal acto administrativo y su constancia
en el acta no debían ser realizados por dicha mesa, razón por la
cual el cargo carece de vocación jurídica para prosperar.

Por ello, no se advierte que el proceso haya resultado en
contravención de la Ley 136 de 1994, en tanto se tiene que la

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ausencia de cualquier miembro de la mesa directiva y la
constancia en la decisión no afecta la legalidad del resultado del
proceso, pues, no participaban como miembros de la mesa
directiva, sino como concejales en ejercicio de facultades
constitucionales, lo cual se hace constar mediante acta realizada
por el secretario de la Corporación, como lo ordena el artículo
26 de la ley 136 de 1994 […]”.

De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que

las inconformidades expuestas en el escrito de tutela de la referencia,

además de que carecen de una perspectiva constitucional, en la

medida en que su solución deriva de la interpretación que la parte

actora pretende que se dé a las normas y a la jurisprudencia

dispuesta para el asunto, fueron resueltas por la autoridad judicial

accionada en la sentencia cuestionada.

Significa lo precedente que lo pretendido por la parte actora es que

el juez de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos

expuestos en la demanda de nulidad electoral, con la finalidad de que

se haga una corrección al análisis que hizo la autoridad judicial

accionada y se acoja la interpretación que propone, como si el

mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a los

previstos en el trámite ordinario.

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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia que obedece a la interpretación dada por el juez

natural del asunto a las normas y la jurisprudencia, en el cual el juez

constitucional no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción

de tutela el carácter de un recurso adicional para controvertir las

decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el

amparo solicitado, por carencia del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de septiembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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