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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04412-01

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04412-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 26 de septiembre de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-04412-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de noviembre de 2024

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 41 2- 0 1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04412-01
Accionante: Álvaro Amaya Marchesiello
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, y otro

Tema: Acción de tutela contra sentencia dictada en un proceso de igual naturaleza.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 26 de septiembre de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

El señor Álvaro Amaya Marchesiello pretende que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción y al acceso a la
administración de justicia, los cuales considera vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

HECHOS

La parte actora narró que instauró acción de tutela en contra del tribunal de
arbitramento denominado Comité de Reclamos de Bogotá, conformado por la Unión

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Sindical Obrera de la Industria de Petróleo (USO) y ECOPETROL S.A., por la
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, petición y acceso a la
administración de justicia, en atención a i) la falta de trámite de la solicitud que
presentó el 2 de mayo de 2024, consistente en el reconocimiento de una
indemnización de despido injusto y de una pensión convencional, con el argumento
de que no se había materializado su retiro, el cual supuestamente estaba
supeditado al proceso de levantamiento de fuero sindical que se adelantaría ante la
jurisdicción ordinaria laboral; ii) que no tenía competencia para decidir sobre el
reconocimiento pensional y iii) la no entrega del acta de la decisión adoptada frente
a la controversia.

Que el 25 de junio de 2024, el Juzgado Trece Administrativo de Bogotá negó el
amparo solicitado porque determinó que efectivamente su despido no se había
concretado y el Comité no podía tramitar la petición de indemnización formulada;
además, aclaró que no podía accederse a la pretensión de designar a un
representante del Ministerio del Trabajo porque no era necesario hasta que se
declarara fracasada la oportunidad de conciliar de que trata el artículo 90 de la
Convención Colectiva.

Que interpuso impugnación en contra de la anterior decisión y el 26 de julio de 2024,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
confirmó la sentencia recurrida, por la falta de competencia del Comité referido para
resolver lo pretendido por el accionante.

Considera que las autoridades judiciales aquí accionadas no se pronunciaron sobre
la inobservancia del debido proceso arbitral por parte del Comité de Reclamos, sino
que se limitaron a analizar lo afirmado por aquel para fundamentar la negativa de
acceder a las pretensiones, sin tener en cuenta que ni en la Constitución ni en la ley
se otorgaron facultades de administrar justicia a particulares que no se hayan
integrado como un tribunal de arbitramento y menos aún para que adopten una
decisión de fondo sin garantizar el debido proceso.

PRETENSIONES

Solicitó dejar sin efectos las sentencias del 25 de junio y 26 de julio de 2024
proferidas por el Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y

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el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
respectivamente, en la acción de tutela con radicado 11001-33-35-013-2024-00186-
01, y las decisiones adoptadas por el Comité de Reclamos.

En consecuencia, pidió ordenar a dicho Comité y al Ministerio del Trabajo incluir la
designación del representante del ministerio como quinto miembro del Comité
mencionado para que, una vez posesionado, se designe el secretario y se realice el
trámite procedente a la controversia, conforme al debido proceso, a la Convención,
a la Ley 1563 de 2012 y al Código General del Proceso, y decida mediante laudo
arbitral, para lo cual debe conformar un expediente digital de libre consulta por las
partes.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

El 23 de agosto de 2024 el magistrado sustanciador de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción mediante auto en el que
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, y al Juzgado Trece Administrativo de Bogotá como accionados; y a
la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, al Comité de Reclamos Uso
de Ecopetrol y al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, como terceros con
interés.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, por conducto del magistrado ponente de la sentencia cuestionada en esta sede,
manifestó su oposición a las pretensiones e indicó que debe declararse la
improcedencia de la acción, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
porque se dirige contra un fallo de tutela.

Agregó que los errores que afectan el debido proceso en los que pudieran incurrir
los jueces de instancia pueden ser conocidos y corregidos por el máximo tribunal
de la jurisdicción constitucional en sede de revisión.

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Adujo que el accionante no impetró la tutela por encontrar demostrada alguna de
las excepciones previstas para discutir una sentencia de igual naturaleza, sino que
la fundamentó en los mismos argumentos expuestos en la acción inicial.

Precisó que, si bien el actor afirmó que con las decisiones judiciales se vulneró su
derecho fundamental al debido proceso, lo cierto es que no atacó las actuaciones
adelantadas en el proceso de tutela, sino que únicamente señaló su desacuerdo
con lo fallado.

Sostuvo que, aun en caso de admitirse la procedencia de la acción, debe negarse
el amparo porque en esa oportunidad encontró demostrado que el Comité de
Reclamos conocería, según la Convención Colectiva, los conflictos relacionados
con despidos, pero en el caso la negativa de la autoridad para conocer de la
reclamación estuvo fundamentada en que el accionante aún no estaba despedido,
en tanto ello estaba supeditado a la solicitud de levantamiento del fuero sindical.

Señaló que en la sentencia de segunda instancia se concluyó que la controversia
planteada por el actor no era de competencia del Comité de Reclamos de Bogotá,
en atención a lo establecido en la Convención, por lo que no era procedente su
integración ni la aplicación de la conciliación previa regulada en el artículo 90 ibidem
ni el procedimiento arbitral regulado en la Ley 1563 de 2012.

Solicitó, en consecuencia, declarar improcedente la acción por no fundamentarse
en alguna de las excepciones de procedencia cuando se discute una sentencia de
tutela o, en su defecto, negar el amparo pedido.

El Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, a través
de su titular, expuso que la sentencia que dictó está ajustada a derecho y a los
principios de objetividad, imparcialidad e independencia del juez y en ella quedaron
consignadas todas las razones fácticas, jurídicas y jurisprudenciales que la
sustentaron.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Ministerio del Trabajo, por medio del coordinador del Grupo Interno de Trabajo
de Atención Jurídica de la Dirección Territorial Bogotá, afirmó que no ha vulnerado

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algún derecho fundamental, como se observa de las actuaciones adelantadas en la
acción constitucional y que no le corresponde pronunciarse sobre las pretensiones
que deben ser resueltas por el Comité de Reclamos de Bogotá.

Informó que el funcionario de esa cartera ministerial que fungía como quinto árbitro
dentro de dicho Comité está pensionado desde hace aproximadamente un mes, sin
que hasta la fecha se haya nombrado su reemplazo, debido a que el director
territorial de Bogotá falleció el 6 de junio de 2024, y quien ocupará ese cargo
provisionalmente está a la espera de su nombramiento en propiedad.

Indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva porque no es ni fue el
empleador del accionante y por ello no existen obligaciones ni derechos entre
ambos.

Solicitó declarar la improcedencia de la acción en relación con esa entidad y
desvincularlo.

Los demás vinculados guardaron silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 26 de septiembre de 2024 la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción, puesto que i) no se superaron la totalidad
de los requisitos generales de procedencia, concretamente, la relevancia
constitucional, en la medida que el accionante no cumplió con una carga
argumentativa suficiente y su pretensión era reabrir el debate jurídico; ii) existía
identidad procesal con la acción cuestionada y iii) no se probó que las sentencias
de tutela fueron producto de una situación de fraude.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia, para lo cual afirmó que lo debatido es el
derecho laboral a la pensión convencional denominada Plan 70 que adquirió como
trabajador de Ecopetrol desde el 8 de noviembre de 2009.

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Afirmó que presentó varias solicitudes ante dicha sociedad para lograr el
reconocimiento pensional, pero esta le desconoció su derecho legalmente
adquirido, porque supuestamente el tiempo trabajado en misión no correspondía a
la labor contratada por Ecopetrol, por lo cual instauró demanda laboral ordinaria, la
cual fue favorable a sus intereses, en tanto las autoridades judiciales declararon la
existencia de una relación laboral ininterrumpida desde el 9 de noviembre de 1987,
pese a lo cual la sociedad tampoco le reconoció la pensión.

Adujo que el 6 de marzo de 2024 Ecopetrol le comunicó la terminación del contrato
de trabajo en atención a que Colpensiones le otorgó la pensión de vejez por petición
de esa sociedad y condicionada a la finalización del proceso de levantamiento del
fuero sindical y a su inclusión en la nómina de pensionados.

Que desde el 2001 Ecopetrol y la USO, así como otros sindicatos, han pactado que
las diferencias entre la empresa y los trabajadores se deben dirimir a través de un
tribunal de arbitramento denominado Comité de Reclamos de Bogotá, el cual en el
caso no se integró con 5 de sus miembros, por lo que no podía deliberar y decidir
válidamente, pese a lo cual el 20 de mayo de 2024, un funcionario no identificado,
quien firmó como si conformara dicho Comité, decidió de fondo el conflicto, en el
sentido de que el despido no se había producido y sin pronunciarse sobre la
pensión, decisión que fue confirmada al resolver el recurso de reposición.

Indicó que por lo anterior instauró acción de tutela, la cual fue resuelta el 25 de junio
y el 26 de julio de 2024, por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bogotá
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
quienes no se pronunciaron sobre la inobservancia del debido proceso arbitral y se
limitaron a examinar lo sostenido por el Comité, lo que viola sus derechos
fundamentales reclamados en protección.

Insistió en la ausencia de facultades de un particular que no se integró al tribunal de
arbitramento para administrar justicia, por lo cual formuló esta acción contra las
decisiones de la tutela instaurada.

Agregó que es deber del juez laboral y constitucional aplicar el principio de la
condición más beneficiosa al trabajador, el cual no se tuvo en cuenta en su caso,
pues se desconoció el debido proceso arbitral, para el que no resulta relevante la

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decisión final adoptada, esto es, si operó o no el despido o si el Comité es
competente para definir el derecho pensional.

Precisó que el problema radicaba en que el debido proceso exige el cumplimiento
de las formalidades propias del juicio, lo que incluye su derecho de defensa y
contradicción, lo cual no se garantizó en el asunto, máxime cuando en la tutela no
comparecieron los supuestos árbitros.

Afirmó que el juez constitucional tiene facultades extra y ultra petita y la tutela no
está sujeta a formalidades y se rige por el principio de oficiosidad, conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, por lo que no resulta de recibo que se
haya declarado improcedente la acción por no haberse demostrado que las
sentencias de tutela fueron producto de una situación de fraude, con mayor razón
si se tiene presente que esa no es la única razón que hace procedente la tutela
contra tutela, sino que también puede conocerse de fondo cuando existe una
vulneración de un derecho fundamental, según las sentencias T-1009/99 y T-072/18
de la Corte Constitucional y T-103438 de la Corte Suprema de Justicia, lo que
ocurrió en el caso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

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“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

Frente al último de los requisitos generales, la Corte Constitucional en la Sentencia
SU1219/01, estableció la regla jurisprudencial de no admitir el amparo
constitucional contra las sentencias de tutela3, pues de lo contrario se prolongaría
indefinidamente la resolución de conflictos en quebranto de la seguridad jurídica y
el goce efectivo de los derechos fundamentales4. Sin embargo, en la sentencia
SU627/155, consideró que de manera excepcional procede en los siguientes casos,
veamos:

«[C]uando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta Corporación, se
ha admitido de forma excepcional su procedencia, cuando (i) exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii)
la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación».

3 Regla reiterada en las sentencias: T-021, T-174, T-192, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y

T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de
2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2003. Ver también
la sentencia SU-627 de 2015.
4 Corte Constitucional sentencia SU 116 de 2018 y en este sentido las sentencias T-162 de 1997 y T-1009 de

1999.
5 La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, se refirió al tema en los siguientes términos:

“4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte
Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede
el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se
debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con
su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso
si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las
órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección
de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional”. (Resaltado de la Sala).

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Así las cosas, por regla general, no procede la acción de tutela contra sentencia de
tutela; empero, existe la excepción de cosa juzgada fraudulenta, la cual, por tratarse
del cuestionamiento que se hace de una providencia judicial, es preciso que el
interesado la alegue y demuestre tal situación en la nueva solicitud de amparo,
satisfaciendo, en todo caso, y, en primer lugar, los demás requisitos de
procedibilidad establecidos en la jurisprudencia constitucional.

II. Caso concreto

El accionante, a través de este mecanismo, pretende que se dejen sin efectos las
sentencias del 25 de junio y del 26 de julio de 2024 proferidas por el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, respectivamente, en la acción de tutela que
instauró en contra del Comité de Reclamos de Bogotá, y, en consecuencia, se
ordene a dicho Comité y al Ministerio del Trabajo incluir la designación del
representante de este último como quinto miembro del primero de los mencionados
y realizar el trámite procedente para resolver la controversia relacionada con su
despido y su derecho pensional.

A esta Subsección, entonces, le corresponde determinar si se cumplen los
requisitos previstos jurisprudencialmente por la Corte Constitucional para estudiar
el yerro que, a juicio del actor, se presentó en los fallos de tutela.

De las pruebas obrantes en el expediente, se observa que mediante la sentencia
de segunda instancia de tutela antes referida la autoridad judicial confirmó la
decisión de negar el amparo solicitado porque consideró que i) la razón por la que
el Comité no tramitó el caso del accionante es porque su despido no se había
efectivizado, situación que deslegitimaba la competencia de ese cuerpo colegiado
e impedía la procedencia de la conciliación previa, ii) el tribunal de arbitramento
tampoco tenía competencia para el reconocimiento pensional; y iii) el actor podía
insistir en la entrega del acta en la que constara la decisión adoptada, la cual fue
negada con fundamento en su reserva, lo cual no efectuó.

Aclarado lo anterior, se advierte que la acción de la referencia no comparte
identidad procesal con la solicitud de amparo, cuyas decisiones se cuestionan, pues
no existe identidad de partes, de objeto ni de causa petendi, si se tiene en cuenta

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que los demandados no son los mismos; las pretensiones en este caso se dirigen
a dejar sin efectos el fallo de la tutela primigenia; y el fundamento de la presente
acción, en últimas, es el yerro cometido en la tutela inicial por negar el amparo de
los derechos fundamentales alegados como vulnerados.

Sin embargo, no se denota el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
generales de procedencia de la tutela para discutir una providencia judicial,
concretamente, el de la relevancia constitucional y la exigencia de identificar
claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos,
ya que se advierte que lo pretendido es revivir una discusión que ya fue definida en
otra acción de igual naturaleza a la presente, con lo cual se desconoce la autonomía
e independencia judicial, y, además, el accionante no indicó los defectos en que
estimaba se incurrió en esa decisión.

Ahora, como el actor pretende cuestionar una sentencia de tutela, también debe
verificarse si la decisión adoptada fue producto de un fraude y, por tanto, existe
cosa juzgada fraudulenta, pues solo de ser así esta acción resultaría procedente.

Al respecto, no se observa que se haya configurado una cosa juzgada fraudulenta,
pues no se denota que las decisiones se adoptaran con fines ilegales ligados a una
actuación dolosa o con fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa
abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial.

En la impugnación el accionante afirmó que la existencia de un fraude procesal no
es el único evento excepcional en que es procedente la acción de tutela contra una
sentencia dictada en un proceso de igual naturaleza, pues, de acuerdo con las
decisiones T-1009/99 y T-072/18 de la Corte Constitucional y T-103438 de la Corte
Suprema de Justicia, también pueden analizarse los fallos de tutela cuando existe
una vulneración de un derecho fundamental.

Sin embargo, dichos pronunciamientos fueron proferidos con anterioridad a la
Sentencia SU-627/15, en la cual el máximo tribunal constitucional unificó su
jurisprudencia sobre la procedencia de la tutela contra actuaciones realizadas en
acciones de igual naturaleza y contra las sentencias allí proferidas, en la que
estableció «[s]i la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la

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República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta».

Además, los principios que rigen esta acción, como la informalidad y oficiosidad, no
impiden definir si se cumplió el requisito previamente mencionado para la
procedencia de la tutela en contra de un fallo dictado en un proceso igual, como se
examinó en este caso.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 26 de septiembre de 2024
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Álvaro Amaya Marchesiello, dado que no se cumplió con el requisito general de
procedibilidad de que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela y no
se demostraron las exigencias para su procedencia excepcional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 26 de septiembre de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

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12

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 41 2- 0 1

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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