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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04424-00

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04424-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: TENER como coadyuvante de la parte demandante a la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: RECHAZAR las solicitudes de coadyuvancia instauradas por la Universidad Nacional, Asojuntas Mocoa y Asociación Minga, por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, como agentes oficiosos, de los señores Jorge Andrés Cancimance López y José Luis Cediel Castillo, para presentar la acción de tutela de la referencia en representación de la comunidad del Departamento de Putumayo y del Municipio de Mocoa, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04424-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

26 de septiembre de 2024

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 04424 00
Demandante: Jorge Andrés Cancimance López y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 11001 03 15 000 2024 04424 00
Accionante: Jorge Andrés Cancimance López y José Luis Cediel Castillo
Accionado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A
Tesis: No se encuentran legitimados, como agentes oficiosos de la comunidad que
representan a través de su curul, los servidores públicos de elección popular, para
instaurar una acción de tutela en contra de una providencia judicial dictada en el
medio de control de simple nulidad.

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por los señores Jorge Andrés
Cancimance López y José Luis Cediel Castillo en contra de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Mediante escrito de 21 de agosto de 20241, los señores Jorge Andrés
Cancimance López y José Luis Cediel Castillo, quienes obran como Representante
a la Cámara del Departamento de Putumayo y Concejal del Municipio de Mocoa,
respectivamente, en calidad de agentes oficiosos de las poblaciones que
representan, interpusieron acción de tutela en contra de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, invocando la protección de los derechos al
debido proceso “en torno al juez natural y a la doble instancia”, los cuales consideran
vulnerados con ocasión de la sentencia del 31 de julio de 2024, que resolvió declarar
la nulidad del Acuerdo No. 020 del 6 de diciembre de 2018, “Por medio del cual se

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Demandante: Jorge Andrés Cancimance López y otro

dictan medidas para la preservación y defensa de patrimonio ecológico y cultural
del Municipio de Mocoa Putumayo y se dicta otras disposiciones”2.

Para el efecto, formularon las siguientes pretensiones:

“ll. Pretensiones

l. Principales

1. Se reconozca que la sentencia expedida por la Sección Tercera, Subsección
A, del Consejo de Estado en el proceso con radicado
11001032600020210010200 incurrió en vicios sustanciales, así como en
violación directa de la Constitución y del precedente judicial.

2. Se deje sin efectos la sentencia proferida en única instancia en el proceso
con radicado 11001032600020210010200.

3. Con base en los vicios sustanciales demostrados se decida, en
consecuencia, de fondo sobre la legalidad del acuerdo 020 de 2018,
rechazando la pretensión de la demanda de nulidad simple del Acuerdo y
ratificando la legalidad y vigencia del mismo.

ll. Subsidiarias

Solicitamos de manera secundaria o subsidiaria, en caso de no acceder a las
pretensiones principales, atendiendo a los vicios de procedimiento señalados
que:

1. Se declare la nulidad de lo actuado en el proceso
11001032600020210010200 y se devuelva el expediente al Juzgado
Administrativo correspondiente hasta la etapa procesal previa al auto del
Consejo de Estado que avocó conocimiento del proceso.

2. Se garantice la doble instancia en el proceso que se continúe respecto al
Acuerdo 020 de 2018”3.

1.2. En primer lugar, en el acápite de hechos señalaron que el Concejo Municipal
de Mocoa expidió el Acuerdo nro. 020 de 6 de diciembre de 2018, en el que se
establecieron las medidas para proteger el patrimonio ecológico y cultural del
municipio.

Afirmaron que, el 18 de febrero de 2019, la Agencia Nacional de Minería instauró
demanda a través del medio de control de nulidad, en contra del citado acto
administrativo, la cual fue repartida al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Mocoa.

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Ibídem.
3
Ibidem.

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Indicaron que la mencionada autoridad judicial admitió el libelo introductorio y llevó a
cabo su trámite hasta la etapa de la audiencia del artículo 180 del CPACA. Sin
embargo, el 19 de abril de 2021, en cumplimiento de un fallo de tutela, envió el
proceso al Consejo de Estado por competencia.

Resaltaron que la Sección Tercera de esta Corporación avocó conocimiento del
proceso de nulidad, lo que generó que se le impartiera el trámite de única instancia.
Informó que mediante sentencia del 31 de julio de 2024, la autoridad judicial
demandada declaró la nulidad del Acuerdo nro. 020 de 2018.

1.3. Por otro lado, expusieron que se encontraban legitimados para interponer la
presente acción de tutela, teniendo en cuenta que ostentaban la calidad de servidores
públicos de elección popular, por el Departamento de Putumayo y del Municipio de
Mocoa, territorios objeto de estudio por parte del Acuerdo nro. 020 de 2018. Agregaron
que actuaban como agentes oficiosos de la población que representaban desde sus
curules.

Argumentaron que, dado a que la sentencia trataba asuntos de interés general y
público de especial importancia para la comunidad de Mocoa, la agencia oficiosa era
la figura permitida para superar la barrera de participación que surgió en el proceso de
única instancia.

1.4. Ahora bien, como fundamentos de la vulneración, indicaron que, el citado fallo
había vulnerado los artículos 29, 31, 287, 288, 311, 313 numerales 7 y 9 y el 332 de
la Constitución Política, puesto que desconoció la competencia que ostentan las
autoridades territoriales para definir el uso de los recursos naturales no renovables,
trasladándosela a la Nación.

Asimismo, afirmaron que se transgredió, el precedente judicial de la Corte
Constitucional previsto en las sentencias C- 983 de 2010, C-395 de 2012, C-123 de
2014 y C-035 de 2016, ya que estas establecían que los Concejos Municipales tenían
la posibilidad de participar en las decisiones relacionadas con los permisos de las
actividades mineras en el territorio correspondiente.

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1.5. Mencionaron que, el Consejo de Estado interpretó de forma errónea la finalidad
del Acuerdo nro. 020 de 2018, pues entendió que con este se pretendía prohibir todo
tipo de minería en el Municipio de Mocoa, lo cual carecía de certeza, ya que se permitía
la artesanal y de pequeña escala. Aspecto que, generó la configuración del defecto
fáctico resultando viciada la sentencia aquí demandada.

1.6. Por otro lado, expusieron que las normas aplicables al medio de control de
nulidad simple eran los artículos 137, 153 y 155 de la Ley 1437 de 2011, que
establecen que la competencia para conocer de las pretensiones de nulidad en contra
de un acuerdo municipal, en primera instancia, recae sobre los Juzgados
Administrativos y, en segunda instancia, en los Tribunales Administrativos;
garantizando de esta forma el derecho a la doble instancia.

Adujeron que se vulneraron las reglas de competencia y el principio de juez natural,
ello por una errónea interpretación del artículo 295 del Código de Minas, ya que se
consideró que, como la Agencia Nacional de Minería es una entidad del orden
nacional, debía conocer del proceso el Consejo de Estado; sin embargo, esa entidad
actuó como demandante, no como demandado.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. El expediente fue sometido a reparto el 21 de agosto de 20244 y allegado al
Despacho Sustanciador el 22 del mismo mes y año5.

2.2. El 29 de agosto de 20246, se admitió la acción de tutela y se ordenó comunicar el
trámite de la referencia a los Magistrados de la Sección Tercera, Subsección A, del
Consejo de Estado, la Agencia Nacional de Minería, al Municipio de Mocoa y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.3. El 3 de septiembre de 20247, el Magistrado José Roberto Sáchica Méndez
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que el
asunto carecía de relevancia constitucional. Sostuvo que el objetivo de los
demandantes era promover una segunda instancia frente a una decisión judicial

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proferida en el marco de un proceso del cual no participaron, razón por la cual “no
se releva la titularidad de los derechos fundamentales que se invocan”.

Asimismo, indicó que la competencia del Consejo de Estado para decidir en única
instancia no había sido cuestionada judicialmente, lo cual generaba la
improcedencia de la demanda constitucional por incumplimiento del requisito de
inmediatez. Resaltó que, de aceptarse lo contrario, se estaría validando la regla del
interés aparente de la legalidad, en el que la sentencia judicial no legitima a quien
la emite en tanto no beneficia los intereses de un grupo de ciudadanos.

2.4. El 4 de septiembre de 20248, María del Rosario Rojas Robles directora de
Instituto de Estudios Ambientales- IDEA de la Universidad Nacional de
Colombia- Sede Bogotá, requirió ser tenida como coadyuvante de la parte actora.
Afirmó que con la decisión de esta Corporación se estaban afectando los derechos
fundamentales de las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos
mineros en el Departamento de Putumayo.

Informó que, la Corte Constitucional en la sentencia SU-095 de 2018, le ordenó al
Estado desarrollar alternativas para implementar los principios de coordinación y
concurrencia en la toma de las decisiones sobre el ordenamiento territorial y minería,
con el fin de evitar que las decisiones sobre el subsuelo o los recursos naturales fueran
tomadas exclusivamente por el nivel central o territorial y, en su lugar, asegurar que
se adoptaran medidas que equilibraran los intereses nacionales y territoriales.

Por último, señaló que el Acuerdo nro. 020 de 2018, no debía interpretarse como un
“veto”9, sino como un instrumento transitorio para salvaguardar los derechos
fundamentales. Por lo que era necesario que, permaneciera dentro del ordenamiento
jurídico protegiendo el derecho de participación y asegurando la armonía entre el
principio de estado unitario y la autonomía territorial, hasta que se implementen los
mecanismos adecuados.

2.5. Por su parte, los señores Sigifredo Arciniegas, Sirley Cely Duarte, Carolina
Fuertes y José Fernando Proaños, afirmaron actuar como representantes legales de

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Ibídem.

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Asojuntas Mocoa y solicitaron, ser tenidos como coadyuvantes de la parte
demandante.

Afirmaron que, la sentencia acusada iba en contra vía del precedente judicial y
violaba la Constitución, ya que desconocía las competencias del Concejo Municipal.
Recalcaron que, la nulidad del acuerdo no resuelve la problemática existente, sino
que agrava la crisis al eliminar una herramienta crucial para la protección ambiental y
la gestión de riesgos en Mocoa.

2.6. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –
CORPOAMAZONÍA, requirió ser tenida como coadyuvante, al considerar que le
asistía un interés en las resultas de este proceso, debido a que ostenta la calidad
de autoridad ambiental, la cual debe velar por la protección y manejo de los recursos
naturales renovables.

2.7. La Agencia Nacional de Minería, el día 5 de septiembre de 202410, se
pronunció frente a la acción de tutela, indicando que debía ser declarada su
improcedencia, ya que carecía de relevancia constitucional pues los actores no
lograron demostrar la vulneración del derecho al debido proceso.

Arguyo que el tema relacionado con la competencia para conocer del trámite
ordinario por parte del Consejo de Estado, fue altamente debatido y, en su
momento, los aquí accionantes no se pronunciaron al respecto. Asimismo, expuso
que el artículo 295 de la Ley 685 de 2011, facultaba a la citada Alta Corte, para que
conociera de las demandas que se promovieran contra asuntos mineros y en las
que la Nación o una entidad estatal fuera parte.

Además, manifestó que el recurso de amparo carecía del requisito de subsidiariedad
toda vez que, los accionantes no utilizaron todos los recursos de defensa judicial
disponibles ni demostraron la existencia de un perjuicio irremediable, pues contaban
con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión.

Por otro lado, expuso que, la sentencia del 31 de julio de 2024, no incurrió en defecto
sustantivo o material, toda vez que, fue fundamentada y dictada conforme a

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derecho.

2.8. El Municipio de Mocoa, mediante memorial del 5 de septiembre de 202411,
informó que, han estado trabajando para cumplir la sentencia “STC 4360 de 2018”12,
que reconoce a la Amazonía Colombiana como sujeto de derechos, de protección
y de conservación. En respuesta a esto y al crecimiento alarmante de la
deforestación en la región, se promulgó el Acuerdo nro. 020 de 2018.

Manifestó que, en el proceso motivo de controversia se alegó un error en la
competencia, pues quien debía conocer del medio de control de nulidad contra el
acto expedido por una entidad del orden territorial, eran los Juzgados
Administrativos. Ello en virtud de lo previsto en el artículo 155 del CPACA.

2.9. El señor Javier Marín, miembro de la Asociación Minga, manifestó su intención
de coadyuvar la demanda constitucional. Señaló que, les asistía interés en el resultado
del proceso, ya que ellos velaban por la protección del patrimonio ecológico y la
defensa de los derechos humanos.

Argumentó que, el fallo acusado incurrió en un defecto material y fáctico al desconocer
el precedente judicial sobre la competencia que recae en las entidades territoriales
para cuidar el medio ambiente.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral séptimo del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 202113, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de

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Visible índice 17 ibídem
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Ibídem.
13
“Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.

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estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.

3.2. Hechos relevantes

3.2.1. El 6 de diciembre de 2018, el Concejo Municipal de Mocoa expidió el Acuerdo
nro. 020, en el que se establecieron las medidas para proteger el patrimonio ecológico
y cultura de ese territorio.

3.2.2. Contra esa decisión, la Agencia Nacional de Minería instauró demanda a través
del medio de control de nulidad simple. De este conoció, en principio, el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Mocoa; posteriormente, fue remitido por
competencia al Consejo de Estado, correspondiéndole a la Sección Tercera,
Subsección “A”.

3.2.3. Mediante sentencia del 31 de julio de 2024, esta Corporación resolvió declarar
la nulidad del Acuerdo.

3.2.4. Inconforme con dicha decisión, los señores Jorge Andrés Cancimance López y
José Luis Cediel, Representante a la Cámara y Concejal de Mocoa, respectivamente,
en calidad de agentes oficiosos de los habitantes del Departamento del Putumayo y
del Municipio de Mocoa, interpusieron demanda de tutela por considerar vulnerado el
derecho al debido proceso “en torno al Juez natural y a la doble instancia”.

3.3. Cuestión previa

3.3.1. De la coadyuvancia

3.3.1.1. Ahora, respecto de la procedencia de las solicitudes de coadyuvancia
allegadas, es preciso indicar que el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991,
señala lo siguiente:

“Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes.

(…)

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Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en
el cómo coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien
se hubiere hecho la solicitud.”

En relación con la interpretación de la mencionada disposición, la Corte
Constitucional en sentencia T-1062 de 2010, sostuvo lo siguiente:

“La reglamentación procesal de la acción de tutela prevé, en el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991, las figuras de la coadyuvancia y de la agencia oficiosa
como dos instituciones procesales distintas. Respecto de la primera de estas, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que el coadyuvante “es un tercero
que tiene con una de las partes una relación sustancial que, indirectamente,
puede verse afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo
desfavorable.”14

En este orden de ideas, la misma jurisprudencia indica que “el coadyuvante,
entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permitidas y, en
todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de la coadyuvancia
es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda instancia, para
prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias.” 15

Frente a este planteamiento, es claro entonces que la coadyuvancia surge en
los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el
resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos
expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda
realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una
nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la
coadyuvancia.”16 (Subrayas de la Sala)

De ahí que, tratándose de la figura de coadyuvancia en el procedimiento de una
acción de tutela, únicamente es exigido que el interviniente acredite tener un interés
legítimo para participar en el trámite judicial. Ahora bien, sobre el alcance del escrito
de intervención, se observa que dicho tercero debe compartir los argumentos que
expone la parte a la que busca ayudar.

En ese sentido, se pronunció esta Sección en providencia de 9 de abril de 2019,
indicando lo siguiente:

“Sobre el particular y para resolver el asunto, la Sala estima pertinente resaltar que,
dentro del trámite de las acciones de tutela, son considerados sujetos procesales:
i) el actor o actores, que son los titulares de los derechos fundamentales
presuntamente afectados o amenazados por las conductas que se debaten; ii) las
personas o entidades públicas contra quienes se dirige la acción y; iii) los terceros

14
Ver sentencia T-304 de 1996.
15
Ibidem.
16
Corte Constitucional, sentencia T-1062 del 16 de diciembre de 2010. Magistrado Ponente: Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.

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que tengan interés legítimo en el resultado del proceso, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2591 de 199117.
De acuerdo con ésta última disposición, los terceros con interés pueden actuar
como coadyuvantes de alguna de las partes; por lo que las facultades para su
intervención en el proceso se limitan, como lo establece la figura de la
coadyuvancia, a apoyar las razones o argumentos para la determinación y
protección de un derecho ajeno18.

Ello es así, porque, por definición, los coadyuvantes son aquellos terceros que no
reclaman un derecho propio para que sobre él haya decisión en el proceso, sino
que tienen un interés personal en la suerte que corra la parte que coadyuva.

Por tanto, si bien pueden realizar distintas actuaciones dentro del proceso, no les
es permitido intervenir para presentar sus propias pretensiones, aunque la cuestión
que alegue o pretenda, guarde similitud con la situación fáctica demandada de
alguna de las partes.”19 (Subrayas de la Sala).

Así entonces, se tendrá como coadyuvante de la parte demandante a la Corporación
Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia.

Ahora, en lo que tiene que ver con la Universidad Nacional, Asojuntas Mocoa y la
Asociación Minga, lo que advierte la Sala de la revisión de los memoriales, es que
no vienen acompañados de los documentos que certifica a las personas solicitantes
como representantes de dichas entidades y asociaciones, lo que impide evidenciar
si cuenta o no con la facultad para participar en el proceso de la referencia. Por
estas razones, serán rechazadas tales peticiones de coadyuvancia.

3.4. Análisis de la Sala

3.4.1. Le corresponde a la Sala determinar si se encuentran legitimados, como
agentes oficiosos de la comunidad que representan a través de su curul, los servidores
públicos de elección popular, para instaurar una acción de tutela en contra de una
providencia judicial dictada en el medio de control de simple nulidad.

17
“Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad
pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental.
Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción
se tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso
podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien
se hubiere hecho la solicitud” (Negrillas fuera de texto).
18
El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales permitidos a la
parte a la que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de ésta.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 9 de
abril de 2019. Proceso radicado número: 11001 03 15 000 2019 00329 00. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Al respecto, el inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política establece
que toda persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante
apoderado para obtener la protección de sus derechos fundamentales; veamos:

“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública. (…)” (Subrayas de la Sala)

Frente a la legitimación por activa dentro del marco de la acción de tutela, el artículo
10 del Decreto 2591 de 1991 establece:

“Artículo 10. Legitimidad e Interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
(Subrayado por la Sala)

Como se puede evidenciar, la acción de tutela puede ser interpuesta directamente
por: i) el titular de los derechos fundamentales; ii) mediante apoderado donde se
acredite el respectivo poder y iii) por medio de la figura de la agencia oficiosa.

Ahora bien, dado que en el libelo introductorio los demandantes afirman que actúan
como agentes oficiosos, la Sala analizará el caso bajo los requisitos de esa figura y
de acuerdo con el desarrollo que la jurisprudencia ha efectuado; veamos:

“6. Ahora bien, con respecto a la legitimación del agente oficioso, en
las sentencias T-452 de 2001, T-372 de 2010, y la T-968 de 2014, este Tribunal
estableció que se encuentra legitimada para actuar la persona que cumpla los
siguientes requisitos: (i) la manifestación que indique que actúa en dicha
calidad; (ii) la circunstancia real de que, en efecto, el titular del derecho no se
encuentra en condiciones físicas o mentales para interponer la acción, ya sea
dicho expresamente en el escrito de tutela o que pueda deducirse del contenido
de la misma; y (iii) la ratificación de la voluntad del agenciado de solicitar el
amparo constitucional.

En concordancia con lo anterior, en la sentencia SU-173 de 2015, reiterada en
la T-467 de 2015, la Corte indicó que, por regla general, el agenciado es un
sujeto de especial protección y, en consecuencia, la agencia oficiosa se

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 04424 00
Demandante: Jorge Andrés Cancimance López y otro

encuentra limitada a la prueba del estado de vulnerabilidad del titular de los
derechos.”20(Subrayas de la Sala)

Expuesto lo anterior, la Sala observa el cumplimiento de los parámetros que logren
connotar a los señores Jorge Andrés Cancimance López y José Luis Cediel Castillo,
como agentes oficiosos de los habitantes del Departamento de Putumayo y del
Municipio de Mocoa, ya que, si bien manifiestan que actúan en dicha calidad, de la
demanda no se deduce y tampoco existe prueba alguna en el expediente que
acredite: i) la razón por la cual los habitantes de los citados territorios se encuentran
en la imposibilidad física o mental de acudir directamente ante el juez constitucional
para invocar la salvaguarda de sus derechos y ii) la ratificación de los agenciados
que para el caso resulta ser un colectivo de personas.

Adicionalmente, cabe resaltar que aunque en el curso del presente proceso la
Asociación Minga y Asojuntas Mocoa, que hacen parte de la comunidad
presuntamente afectada con el fallo demandado, manifestaron su intención de
participar como coadyuvantes y tal como quedó expuesto en párrafos anteriores no
cumplieron con los presupuestos previstos para ello; de haber surgido la posibilidad
de estudiar las mencionadas solicitudes, se advierte que de allí no se desprende
alguna razón que permitiera validar como agentes oficiosos de la comunidad a los
accionantes.

Bajo tal perspectiva, la Sala debe rechazar por improcedente la acción instaurada,
debido a que no cumple con los requisitos del agente oficioso. De igual forma, se
advierte que no es claro cuál es el interés legítimo que les asiste a los actores para
promover la demanda en contra de la providencia del 31 de julio de 2024, proferida
por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el expediente con número de
radicado 11001 03 26 000 2021 00102 00, teniendo en cuenta que estos no
conformaban ninguna de las partes del proceso.

Por último, se pone de presente que, al tratarse del medio de control de nulidad
simple, ellos contaban con la posibilidad de acudir a este, oponiéndose al trámite
impartido por la autoridad demandada, por lo que no les asiste razón, cuando
afirman que se le pusieron barreras de participación.

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Corte Constitucional T-511 del 8 de agosto de 2017 M.P Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 04424 00
Demandante: Jorge Andrés Cancimance López y otro

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

IV. FALLA

PRIMERO: TENER como coadyuvante de la parte demandante a la Corporación
Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECHAZAR las solicitudes de coadyuvancia instauradas por la
Universidad Nacional, Asojuntas Mocoa y Asociación Minga, por lo expuesto en la
parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa, como agentes oficiosos, de los señores Jorge Andrés Cancimance López
y José Luis Cediel Castillo, para presentar la acción de tutela de la referencia en
representación de la comunidad del Departamento de Putumayo y del Municipio de
Mocoa, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 26 de septiembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 04424 00
Demandante: Jorge Andrés Cancimance López y otro

Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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