Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04427-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04427-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-04427-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
5 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-04427-01
Accionante: JHON HAIDER TÁQUEZ CHÁVEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA
Tema: CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se confirma el fallo impugnado. Se
declara improcedente el mecanismo de amparo, pero por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
30 de septiembre de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Jhon Haider Táquez Chávez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la participación política y a la igualdad, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 18 de julio de 2024, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad electoral identificado
con el número único de radicación 52001-23-33-000- 2023-00375-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que fue elegido alcalde del Municipio Iles en las elecciones de autoridad
territorial, llevadas a cabo el 29 de octubre de 2023.
2.2. Indicó que el señor José Francisco Oviedo Mora interpuso la demanda de nulidad
electoral núm. 52001-23-33-000- 2023-00375-01 contra el acto de su elección como
alcalde del Municipio de Iles (Nariño), con fundamento en la causal prevista en el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20111, en razón a que
su madre se desempeñaba como rectora en la Institución Educativa (IE) San
Francisco de Asís.
2.3. Señaló que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo
de Nariño, autoridad judicial que, mediante providencia de 10 de abril de 2024, negó
las pretensiones de la demanda.
2.4. Refirió que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que la
Sección Quinta del Consejo de Estado revocó, mediante sentencia de 18 de julio de
2024, el fallo de primera instancia y en su lugar declaró la nulidad de su elección.
2.5. Afirmó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales a la
participación política y a la igualdad, al incurrir en un defecto fáctico y en
desconocimiento del precedente.
2.6. Expuso, frente al defecto fáctico, que la Sección Quinta del Consejo de Estado no
constató que las funciones que le fueron encargadas a su madre no tenían la
posibilidad de incidir en el electorado y tampoco ejercía como autoridad
administrativa en el municipio.
2.7. Advirtió que hubo un desconocimiento del precedente judicial porque la Sección
Quinta del Consejo de Estado se apartó de la regla contenida en la sentencia SU-207
de 2022, en razón a que “[…] (a) le bastó que la madre del accionante ejerciera su
trabajo en el municipio de las elecciones, y por lo mismo, (b) fundamentó su
decisión en normas genéricas que ignoraron las particularidades del caso concreto,
sin que existiera una constatación —si quiera sumaria—, de que realmente estas
normas que contemplaban las funciones del cargo, realmente se las hubieran
encargado o, en su defecto, las hubiera ejercido […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Primero. Se TUTELEN los derechos fundamentales a la participación en
política, en su modalidad ser elegido, y la aplicación del precedente, como
garantía del derecho fundamental a la igualdad del señor Jhon Haider Táquez
Chávez, consagrados en los artículos Constitucionales 40.1. y 13,
respectivamente.
Segundo. En tal virtud, REVOCAR el fallo adoptado por la Sección Quinta del
Consejo de Estado el 18 de julio de 2024, que revocó el fallo de la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño y declaró la nulidad de la
elección del señor Jhon Haider Táquez Chávez como alcalde del municipio de
Iles, Nariño.
Tercero. En su lugar, DEJAR EN FIRME la sentencia de primera instancia del
proceso de nulidad electoral con radicado No. 52001-23-33-000-2023-00375-
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“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ”.
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Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
00(01), la cual negó las pretensiones de la demanda […]. [Negrilla y Mayúscula
original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 28 de agosto de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de
tercero con interés directo en el resultado del proceso al señor José Francisco
Oviedo Mora, al Municipio de Iles, al Departamento de Nariño, a la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, al Consejo Nacional Electoral y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a las vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. LaSección Quinta del Consejo de Estado, por conducto del consejero
ponente de la providencia cuestionada, solicitó declarar improcedente la acción de
tutela por carecer de relevancia constitucional, en la medida en que el accionante
pretende controvertir asuntos de mera legalidad que ya fueron decididos por el juez
natural con fundamento en la ley y la jurisprudencia que rigen la materia.
5.2. Indicóque, en caso de que el juez constitucional encuentre satisfecho los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, solicitaba que se negara
el amparo solicitado porque no se configuraron los defectos enunciados y no fueron
vulnerados sus derechos fundamentales.
5.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través del jefe de la oficina
jurídica de la entidad, manifestó que no tiene injerencia en la decisión que adoptó
la Sección Quinta del Consejo de Estado y solicitó su desvinculación del presente
proceso.
5.4. El Consejo Nacional Electoral, mediante la profesional adscrita a la oficina de
asesoría jurídica y de defensa judicial de la entidad, indicó que carece de
legitimación en la causa por pasiva porque no tiene participación directa o indirecta
en los hechos que sustentan la inconformidad del accionante.
5.5. El
Departamento de Nariño, por intermedio del secretario de gobierno
departamental, señaló que se abstenía de pronunciarse sobre las pretensiones de
amparo.
5.6. Precisó que no ha adelantado ninguna actuación relacionada con los hechos y
pretensiones de la acción de tutela que afecte los derechos del accionante, y que
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Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
solo ha realizado las acciones que son de su competencia después de la
declaratoria de nulidad de la elección.
5.7. Elseñor José Francisco Oviedo Mora solicitó negar el amparo porque la
Sección Quinta del Consejo de Estado no vulneró los derechos fundamentales del
accionante y la decisión judicial cuestionada se fundamentó en las normas y
jurisprudencia aplicable.
5.8. Los señores Camila Stephania Escobar, Silvia Rosario Inga, Miriam Garreta
Vitery, Ángel Leonardo Pantoja Rosero e Hilda del Tránsito Guzmán, por
conducto de apoderado judicial, coadyuvaron las pretensiones de la acción de
tutela.
5.9. Manifestaron que dentro del proceso de nulidad electoral no existe una prueba
que evidencie “[…] SOBRE LA INCIDENCIA DEL ELECTORADO CON LA
SUPUESTA GESTIÓN DE LA MADRE DEL ALCALDE ANULADO, COMO
RECTORA DE UNA ENTIDAD EDUCATIVA PERTENECIENTE AL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, LO QUE NO ES SUFICIENTE SEGÚN LA
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SU-207 DE 2022 […]”.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de tutela de 30 de septiembre de 2024, la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, se ordenó reconocer como
coadyuvantes a “[…] Camila Stephania Escobar, Silvia Rosario Inga, Miriam
Garreta Vitery, Ángel Leonardo Pantoja Rosero e Hilda Del Transito Guzmán y las
más de 2000 personas que solicitaron ser tenidas en cuenta en el presente trámite
como coadyuvantes, sustentaron su interés legítimo con las resultas del trámite de
tutela en su condición de electores y en que se ve afectado su derecho al voto. Sin
embargo, no pidieron el amparo y protección de sus propios derechos
fundamentales, sino que se accediera a las pretensiones formuladas por Jhon
Haider Táquez Chávez y a la petición de medida cautelar […]”, y se declaró
improcedente la solicitud de amparo al concluir que no supero los requisitos de
relevancia constitucional y de subsidiariedad.
7. Respecto del requisito de relevancia constitucional, señaló que la accionada al
analizar las “[…] pruebas aportadas al expediente […] determinó que la madre de
Jhon Haider Táquez Chávez, efectivamente, desempeñó el cargo de rectora de la
IE San Francisco de Asís, que está ubicada en el municipio de Iles, Nariño, y, por
tanto, todas sus funciones las desarrolló y ejecutó en tal territorio. Sobre este punto,
cabe precisar que, no es posible comprender de qué forma el rector de una
institución educativa que presta sus servicios de manera física en un plantel, no
ejerce sus funciones en dicho espacio […]”.
8. En relación a la falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad señaló que
“[…] si la Sección Quinta del Consejo de Estado no se pronunció sobre la ausencia
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Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
de autoridad administrativa en las funciones de rector con ocasión de la reserva de
facultades por parte del departamento, la parte demandante debió solicitar la
adición del fallo, en los términos del artículo 287 del Código General del Proceso
33, dado que, al ser un argumento de defensa frente a las pretensiones de la
demanda y los cargos del recurso de apelación, era objeto de la litis […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, argumentando que
el juez de tutela “[…] cometió un error al considerar que la solicitud de adición era
necesaria para cumplir con el requisito de subsidiariedad en la acción de tutela.
Según la Corte Constitucional, el cumplimiento de este requisito depende del
agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios, ya que solo estos protegen
efectivamente los derechos fundamentales del accionante. Las solicitudes
menores, como la adición, aclaración o corrección de sentencias, no modifican la
decisión judicial principal ni representan un medio de defensa real, por lo que no
son exigibles […]”.
10. Asimismo, que el Juez de tutela de primera instancia “[…] erró al desestimar la
relevancia constitucional del caso. La tutela no pedía verificar el ejercicio efectivo
de funciones de autoridad administrativa, sino analizar las funciones asignadas en
la práctica a la madre del accionante, algo que la Sección Quinta no evaluó. Este
análisis probatorio específico es esencial para cumplir con el precedente de la SU-
207 de 2022, que demanda una valoración probatoria y específica de casa caso
concreto que se estudia en nulidad. Al omitirlo, el juez de instancia ignoró la
alegación constante, jamás probada en contra, según la cual las decisiones de
autoridad administrativa dependían de la Secretaría de Educación Departamental
y no de la madre del accionante […]”.
11. Por último, reitero que la tutela se “[…] centró en la violación del precedente y en
el defecto fáctico, demostrando que el análisis probatorio y específico era
inexistente en la sentencia de la Sección Quinta. En cambio, la sentencia se amparó
en una interpretación normativa general, sin atender a la situación específica del
caso, que requería examinar las funciones encargadas de manera concreta y no
abstracta, como exige el precedente de la Corte Constitucional […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
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Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195.
VIII.2. Cuestión previa
VIII.2.1. De las solicitudes de desvinculación
13. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
14. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
6
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006 , señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
15. Asílas cosas, y teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil fueron parte dentro del medio de control de
nulidad electoral en el que se profirió la providencia que es objeto del presente
mecanismo de amparo, la Sala considera que a estas entidades sí les asiste el
interés jurídico para ser vinculadas a esta acción constitucional.
16. Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
VIII.2.2. De la medida provisional solicitada por el accionante
17. El accionante, mediante escrito de impugnación radicado el 28 de octubre 2024,
insistió7 en que se decrete la medida provisional solicitada en el escrito de tutela,
con fundamento en lo siguiente:
“[…] si bien la solicitud es idéntica a la expresada al juez de primera instancia
mediante memorial del 06 de septiembre de 2024, esta es procedente por
cuanto la solicitud elevada no fue resuelta, al preferir el a quo resolver de fondo
el asunto mediante sentencia, por lo que no hay una decisión que pueda ser
objeto de recursos al respecto de la solicitud de medida provisional. Como se
puede ver en el considerando 2.4.1, el juez de primera instancia expresó que
omitiría un análisis de lo solicitado como medida provisional, pues entraría a
resolver directamente el caso.
[…]
En síntesis, la medida provisional solicitada busca evitar perjuicios irreparables
al alcalde Jhon Haider Táquez Chávez y al interés público en el municipio de
Iles, Nariño, suspendiendo la convocatoria a nuevas elecciones hasta que se
resuelvan las pretensiones de amparo en curso. Esta intervención es esencial
para prevenir daños económicos y administrativos que afectarían tanto al erario
como al proceso electoral, los cuales se generan desde la vigencia del Decreto
287 de 2024 y la Resolución 9673 de 2024, ya que el llamamiento a elecciones
requiere de esfuerzos logísticos inmediatos y enormes […]”
18. Teniendo en cuenta que el juez constitucional de primera instancia no se
pronunció respecto a la solicitud de medida provisional presentada por el
accionante, esta Sección decidirá y resolverá dicha solicitud.
19. El artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, prevé que las medidas provisionales son
una herramienta excepcional del juez constitucional para la protección de derechos
fundamentales presuntamente afectados, siempre que se advierta la necesidad y
urgencia de su adopción; o la posibilidad de evitar un daño más gravoso, de tal
manera que la decisión adoptada en el fallo de tutela resulte eficaz.
20. La Corte Constitucional, en sentencia T-103 de 2018, al resolver una medida
provisional en el trámite de una revisión eventual, señaló lo siguiente:
“[…] Ante la necesidad de una decisión que resuelva la causa objeto de revisión
con efectos de cosa juzgada, la Sala considera pertinente emitir una
determinación definitiva en el asunto de la referencia y no resolverlo
provisionalmente. Se trata de imprimir celeridad en este caso y fallarlo de
manera expedida. En la causa analizada se encuentran en disputa de manera
inmediata el derecho a la consulta previa de una comunidad étnica; y de forma
mediata el derecho a la salud de 210.000 personas, por lo que se requiere una
pronta respuesta por parte de la administración de justicia […]”8.
7
Cabe poner de relieve que el aquí accionante presentó escrito de medida provisional solicitando la suspensión del Decreto
287 y la Resolución 967 del 5 de septiembre de 2024, la cual le fue negada mediante sentencia de tutela de 30 de septiembre
de 2024.
8
Corte Constitucional, sentencia T-103 de 23 de marzo de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
8
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Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
21. Con fundamento en lo anterior y en razón a que la finalidad de la medida provisional
es adoptar una medida antes de que se profiera sentencia, la Sala estima que no hay
lugar a emitir un pronunciamiento frente a la solicitud de la parte accionante porque a
través de la presente decisión se resolverá la controversia planteada.
VIII.3. Problemas jurídicos
22. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto fáctico y en desconocimiento del precedente.
23. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.
VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
24. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
25. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
26. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
9
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
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decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
27. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.
28. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en dichos
parámetros.
29. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
30. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.5. El caso concreto
11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04427-01
Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
31. Elseñor Jhon Haider Táquez Chávez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la participación política y a la igualdad, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 18 de julio de 2024, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad electoral identificado
con el número único de radicación 52001-23-33-000- 2023-00375-00/01.
32. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.
VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
33. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental14 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones15.
34. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales16, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces17.
35. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación18, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
14
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
15
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
16
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
17
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
36. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202219 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas
contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de
derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos
arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la
Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se
advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la
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Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante
los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
37. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202320.
38. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales21.
39. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
40. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales a la participación política y a la igualdad por haber
incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico y en desconocimiento del
precedente.
41. Expuso, frente al defecto fáctico, que la Sección Quinta del Consejo de Estado no
constató que las funciones que le fueron encargadas a su madre no tenían la
posibilidad de incidir en el electorado y tampoco ejercía como autoridad
administrativa en el municipio.
42. Advirtió que hubo un desconocimiento del precedente judicial porque la Sección
Quinta del Consejo de Estado se apartó de la regla contenida en la sentencia SU-207
de 2022, en razón a que “[…] (a) le bastó que la madre del accionante ejerciera su
trabajo en el municipio de las elecciones, y por lo mismo, (b) fundamentó su
decisión en normas genéricas que ignoraron las particularidades del caso concreto,
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Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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sin que existiera una constatación —si quiera sumaria—, de que realmente estas
normas que contemplaban las funciones del cargo, realmente se las hubieran
encargado o, en su defecto, las hubiera ejercido […]”.
43. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional, ii) el caso involucra un debate jurídico eminentemente legal y iii) la
parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia.
44. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
45. En el caso sub examine se considera que la parte accionante no está exponiendo
que la providencia cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que
el motivo de su inconformidad consiste en que la decisión adoptada por el juez que
resolvió la segunda instancia del medio de control de nulidad electoral revocó la
decisión del Tribunal Administrativo de Nariño y en su lugar declaró la nulidad de
su elección.
46. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante providencia de 18 de julio
de 2024, señaló lo siguiente:
“[…] En otros términos, la señora Chávez Muñoz desde una perspectiva formal
pertenece a la planta de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño,
hecho que se encuentra demostrado con las certificaciones aportadas y no
existe prueba en contrario que indique que hace parte de la planta del municipio
de Iles
Sin embargo, como el desempeño de su cargo se ejerció en la municipalidad
donde resultó electo como alcalde su hijo demandado, entonces, el análisis de
incidencia, como lo exige la sentencia SU – 207 de 2022, en el territorio se
encuentra probado.
Incluso, desde el criterio jurisprudencial de esta Sección, que data de antes de
la expedición de la referida sentencia de unificación, es factible concluir que,
comoquiera que la institución tiene sede en el municipio de Iles y la rectora
ejerce sus funciones materialmente en ese territorio, el ejercicio de autoridad,
para este preciso caso, tuvo lugar en el mismo nivel territorial.
Por ello, lo que ahora corresponde será determinar si con la prueba aportada
al expediente se puede determinar, con suficiencia, si la señora Chávez Muñoz,
en su calidad de rectora de la referida institución educativa, ejerció autoridad
administrativa en el respectivo municipio.
Desde el escenario anterior, en este caso particular, aplicando el criterio de la
sentencia SU-207 de 2022 y aun acudiendo al lineamiento jurisprudencial
aplicable antes de que se expidiera dicha sentencia constitucional – como se
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detallará más adelante -, la Sala encuentra que el demandado está inmerso en
el supuesto de la inhabilidad del ordinal 4.º del artículo 95 de la Ley 136 de
1994 (modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000).
En efecto, luego de una valoración probatoria (concreta y ajustada a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad) de las certificaciones del
encargo y del desempeño laboral de la señora Chávez Muñoz, se encontró que
aquella ejerció el cargo de rectora en la referida institución educativa desde el
2 de junio de 2021 al 29 de diciembre de 2023 (2 años, 6 meses y 20 días
aproximadamente), circunstancia que, por sí sola, denota la probabilidad real -
más allá de potencialde que aquella ejerció autoridad administrativa en el
municipio de Iles (Nariño)
Para efectos de sustentar lo anterior, es pertinente anotar que los rectores de
las instituciones educativas de naturaleza pública, por ministerio de la ley,
tienen en su cabeza la función de la ordenación del gasto – criterio funcional –
y, con ello, no resulta menos importante señalar que, según el artículo 190 de
la Ley 136 de 1994, dicha atribución implica el ejercicio de autoridad
administrativa, así lo prescribe la norma:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad […]. También comprende a los
empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar
gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no
remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o
verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular
personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.
[…]
Por todo lo expuesto hasta acá se tiene que: i) la Institución Educativa San
Francisco de Asís de Iles es del orden departamental; ii) que su rectora dentro
del período inhabilitante fue la señora Chávez Muñoz, quien es la madre del
demandado; iii) el ejercicio de su cargo como rectora se dio materialmente en
el mismo nivel territorial, esto es, en Iles Nariño donde resultó elegido su hijo
demandado; iv) en calidad de rectora, por ministerio de la ley, tenía la función
de ordenadora del gasto, puntualmente, del fondo de servicios educativos y,
por ello, v) conforme con la valoración concreta y ajustada a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad de las certificaciones aportadas, y a la
jurisprudencia de esta Corporación, se acreditó el aspecto relacionado con la
probabilidad real de ejercer tal atribución.
En conclusión, se encontró demostrado que el demandado estaba inhabilitado
para ser inscrito y elegido Alcalde de Iles Nariño periodo 2024-2027, por cuenta
de la configuración del supuesto previsto ordinal 4.º del artículo 95 de la Ley
136 de 1994 (modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000). Por lo
anterior, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su defecto, se
declarará la nulidad de la elección […]”.
47. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la Sección Quinta del Consejo de Estado y no se
observa que la decisión proferida en sede ordinaria hubiese sido arbitraria o, se
hubiesen desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el
trámite del medio de control de nulidad electoral.
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48. De hecho, lo que se aprecia es que el juez al analizar las pruebas conforme a las
reglas de la sana crítica concluyó que “[…] se encontró demostrado que el
demandado estaba inhabilitado para ser inscrito y elegido Alcalde de Iles Nariño
periodo 2024-2027, por cuenta de la configuración del supuesto previsto ordinal 4.º
del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el artículo 37 de la Ley 617
de 2000) […]”.
49. En este punto, vale la pena señalar que de conformidad con los principios de libre
valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de
la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para valorar las
pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la causa a quien le
corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, bajo las reglas de la sana
crítica.
50. De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la decisión
contenga errores graves, que desconozcan los principios de la sana crítica. Esta
oportunidad lo perseguido por el accionante es controvertir el análisis probatorio
efectuado por el juez contencioso, lo que claramente constituye una desnaturalización
de este mecanismo, en tanto que está siendo utilizado como una tercera instancia.
51. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”22.
52. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”23. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”24.
53. En razón que los argumentos de la presente acción de tutela no superan el
requisito de la relevancia constitucional, la Sala se abstendrá de analizar los demás
presupuestos de procedencia del mecanismo de amparo.
54. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado, pero
por las razones expuestas, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
decisión.
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
23
Ibidem.
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Accionante: Jhon Haider Táquez Chávez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la medida provisional solicitada por la parte accionante, por
las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de septiembre de 2024, proferida por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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