Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04428-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04428-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04428-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04428-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: NADEYDA ROSA BARRIOS GUZMÁN
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN
QUE DENEGÓ LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL DE
ABOGADO DE LA ACTORA AÚN NO HA SIDO RESUELTO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL TRABAJO Y A LA LIBERTAD DE ESCOGENCIA DE
PROFESIÓN Y/U OFICIO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA1 y la UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA2.
1
En adelante el Consejo Superior.
2
En adelante la Unidad.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04428-00
Actora: NADEYDA ROSA BARRIOS GUZMÁN
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora NADEYDA ROSA BARRIOS GUZMÁN, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo
y a la libertad de escogencia de profesión y/u oficio, los cuales, a su
juicio, le fueron vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR y la
UNIDAD por cuanto no ha recibido una respuesta a la solicitud que
les envió, vía electrónica, el 29 de julio de 2024, en la que requirió
la expedición de su tarjeta profesional como abogada.
I.2.- Hechos
Manifestó lo siguiente: “[…] Soy persona de trato Especial en
Condición de Desplazamiento Forzado, igualmente por ser Madre
Cabeza de Familia por lo que tengo la obligación de ver por mi hogar
que incluye un (1) hijo menor de edad y lo he hecho recurriendo a
trabajos no formales en razón a que no me contrataban por mi edad
[…]”.
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Actora: NADEYDA ROSA BARRIOS GUZMÁN
Señaló que obtuvo el grado de abogado de la Institución Universitaria
de Colombia el 24 de julio de 2024 y, por consiguiente, le solicitó a
la UNIDAD la expedición de la tarjeta profesional de abogado, para
lo cual realizó la preinscripción en el portal web de la misma el 29 de
julio de 2024 y le fue asignado el radicado núm. 26648.
Sostuvo que al verificar el estado del referido trámite en la página
web oficial de la UNIDAD, encontró la siguiente información:
“[…] Con el fin de continuar con el trámite de Inscripción de la Tarjeta
Profesional Abogado, le comunico que la Universidad no ha enviado
la información correspondiente de la fecha de inicio de la carrera de
derecho y de su Título de Abogado a esta Unidad. Una vez se allegue
el listado de graduados por parte de la Universidad a los correos
regnakcendoj. ramajudicial. gov. co y wrinconsendoj. ramajudicial. go
y. co, continuaremos con la gestión de su trámite […]”.
Indicó que, teniendo en cuenta lo anterior, le solicitó esa información
a la Institución Universitaria de Colombia, la cual le indicó que el
listado de profesionales graduados del programa de derecho ya había
sido enviado al día siguiente de haberse cerrado la ceremonia de
grado, esto es, el 25 de julio de 2024.
Puso de presente que ha consultado periódicamente el portal web de
la UNIDAD y actualmente no ha recibido una respuesta a su
solicitud, por lo que, a su juicio, se le han vulnerado los derechos
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fundamentales deprecados.
I.3. Fundamentos de derecho
Advirtió que, teniendo en cuenta lo anterior, actualmente no ha
recibido una respuesta frente a su solicitud, razón por la cual, a su
juicio, se han desconocido los términos legales y constitucionales y,
como consecuencia de ello, se le vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la
libertad de escogencia de profesión y/u oficio.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como vulnerados, en los siguientes términos:
“[…] 8. PRETENSIONES
Con base en el Preámbulo, el Artículo 1°, 3° y 230 de la Constitución
Política de Colombia y con el apoyo en todo en cuanto se ha dejado
dicho, sirva, Señor Juez, acceder a las siguientes peticiones:
8.1. Tutelar los Derechos Constitucionales Fundamentales al Debido
Proceso Administrativo, al Trabajo, al Trato Igualitario y al Libre
Ejercicio de la Profesión y a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que me asisten, acorde a los supuestos facticos referidos
en los anteriores acápites, los cuales vienen siendo vulnerados en las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que se dejaron descritas en
esta acción por la accionada.
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8.2. A consecuencia de lo anterior, Ordenar a la accionada para que
en el término improrrogable de Cuarenta y Ocho (48) Horas, proceda
a Incorporar a la Accionante en el Registro Nacional de Abogados.
8.3. A consecuencia de lo anterior, Ordenar a la accionada para que
de Manera Perentoria Remita al Lugar Indicado por la aquí Accionante
la Correspondiente Tarjeta Profesional de Abogado(a).
8.4. Ordenar las Acciones que Considere Pertinentes el Despacho
Ultra y Extra Petita según Sentencias SU-484 del 2008 y T-634 del
2017. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La UNIDAD indicó que la actora realizó la preinscripción del
trámite de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado el 26 de julio de 2024, a través del Sistema del Registro
Nacional de abogados -SIRNA- y, posteriormente, mediante correo
electrónico de 29 del mismo mes y año, allegó la documentación
requerida para adelantar dicho trámite.
Afirmó que la Institución Universitaria de Colombia a través del Oficio
de 29 de julio de 2024, suscrito por la Coordinadora de Registro y
Control Académico, le reportó la información de fecha de grado y
fecha de inicio de la carrera de los estudiantes de derecho, en la cual
pudo evidenciar que la actora inició el referido programa académico
el 29 de octubre de 2021 y obtuvo el título de abogado el 24 de julio
de 2024.
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Sostuvo que con base a la información suministrada por la Institución
Educativa, expidió la Resolución núm. 8420 de 20 de agosto de
20243, notificada el 28 del mismo mes y año, mediante la cual le
denegó la expedición de la tarjeta profesional de abogado a la actora,
toda vez que es destinataria de la Ley 1905 de 28 de junio de 20184,
por lo que debe presentar el examen estado de idoneidad de
abogados y no cumple con los presupuestos establecidos en la
sentencia de unificación SU-128 de 20245, proferida por la Corte
Constitucional, que inaplicó por inconstitucionalidad el artículo 11
transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 20246, por
cuanto su solicitud fue radicada con posterioridad a las “[…] 3:40
p.m. del 21 de mayo de 2024 -fecha y hora de la notificación de la
referida sentencia-, para la expedición de la tarjeta profesional de
abogado […]”.
Por lo anterior, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, comoquiera la solicitud de la actora ya fue resuelta.
I.5.2.- La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA,
vinculada como tercera con interés directo en las resultas del
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“Por la cual se niega la expedición de la tarjeta profesional de abogado”.
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“Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”.
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M.P. Natalia Ángel Cabo.
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“Por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados, expedición
de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras disposiciones”.
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proceso, pese a ser notificada en debida forma, guardó silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19917. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el caso bajo examen, la actora pretende obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo
y a la libertad de escogencia de profesión y/u oficio, los cuales, a su
juicio, le fueron vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR y la
UNIDAD por cuanto no ha recibido una respuesta frente a la solicitud
que les envió, vía electrónica, el 29 de julio de 2024, en la que
requirió la expedición de su tarjeta profesional como abogada.
En ese orden de ideas, seria del caso entra a estudiar si las
autoridades accionadas vulneraron o no los derechos fundamentales
deprecados por la parte actora al no expedirle la tarjeta profesional
de abogado; sin embargo, la Sala observa que, estando en trámite
la presente acción de tutela, mediante memorial de 4 de septiembre
de 2024 visible en el índice núm. 10 del expediente digital, la actora
informó que contra la Resolución núm. 8420 de 20 de agosto de
20248, por medio de la cual se denegó la expedición de su tarjeta
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“Por la cual se niega la expedición de la tarjeta profesional de abogado”.
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profesional de abogado, interpuso recurso de reposición.
Por lo precedente, la Sala advierte que la presente acción de tutela
no cumple con el requisito general de la subsidiariedad, teniendo en
cuenta que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como
causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando la interesada no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
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idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»9 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que,
como ya se dijo antes, la parte actora interpuso recurso de
reposición, vía electrónica el 4 de septiembre de 2024, contra la
Resolución núm. 8420 de 20 de agosto de 202410, expedida por la
UNIDAD, acto administrativo que precisamente denegó la solicitud
de la actora frente a la expedición de la tarjeta profesional de
abogado, objeto de la presente acción constitucional.
9 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
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“Por la cual se niega la expedición de la tarjeta profesional de abogado”.
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Por tanto, para la Sala resulta evidente que la acción de tutela de la
referencia no cumple con el requisito general de la
subsidiariedad, toda vez que el recurso de reposición
interpuesto contra la citada Resolución aún no ha sido resuelto, lo
que da cuenta que la actuación administrativa se encuentra en
trámite y, por ende, la intervención del juez constitucional se
encuentra vedada. Ello, por cuanto, aún no hay una decisión final por
parte de las autoridades accionadas frente a la inconformidad
planteada por la accionante.
Aunado a lo anterior, en los argumentos de la solicitud de amparo la
actora puso de presente que: “[…] Soy persona de trato Especial en
Condición de Desplazamiento Forzado, igualmente por ser Madre
Cabeza de Familia por lo que tengo la obligación de ver por mi hogar
que incluye un (1) hijo menor de edad y lo he hecho recurriendo a
trabajos no formales en razón a que no me contrataban por mi edad
[…]”.
Al respecto, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
como mecanismo transitorio, pues la edad de la actora no es un
hecho que por sí solo configure un perjuicio irremediable que haga
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procedente el estudio del fondo del asunto, además, porque de los
elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible
establecer las circunstancias alegadas por aquella.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado por no cumplirse el requisito general de la
subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de septiembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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