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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04428-00

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04428-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04428-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04428-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: NADEYDA ROSA BARRIOS GUZMÁN

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN
QUE DENEGÓ LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL DE
ABOGADO DE LA ACTORA AÚN NO HA SIDO RESUELTO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL TRABAJO Y A LA LIBERTAD DE ESCOGENCIA DE
PROFESIÓN Y/U OFICIO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA1 y la UNIDAD DE

REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA

JUSTICIA2.

1
En adelante el Consejo Superior.
2
En adelante la Unidad.

2

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Actora: NADEYDA ROSA BARRIOS GUZMÁN

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora NADEYDA ROSA BARRIOS GUZMÁN, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo

y a la libertad de escogencia de profesión y/u oficio, los cuales, a su

juicio, le fueron vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR y la

UNIDAD por cuanto no ha recibido una respuesta a la solicitud que

les envió, vía electrónica, el 29 de julio de 2024, en la que requirió

la expedición de su tarjeta profesional como abogada.

I.2.- Hechos

Manifestó lo siguiente: “[…] Soy persona de trato Especial en

Condición de Desplazamiento Forzado, igualmente por ser Madre

Cabeza de Familia por lo que tengo la obligación de ver por mi hogar

que incluye un (1) hijo menor de edad y lo he hecho recurriendo a

trabajos no formales en razón a que no me contrataban por mi edad

[…]”.

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Actora: NADEYDA ROSA BARRIOS GUZMÁN

Señaló que obtuvo el grado de abogado de la Institución Universitaria

de Colombia el 24 de julio de 2024 y, por consiguiente, le solicitó a

la UNIDAD la expedición de la tarjeta profesional de abogado, para

lo cual realizó la preinscripción en el portal web de la misma el 29 de

julio de 2024 y le fue asignado el radicado núm. 26648.

Sostuvo que al verificar el estado del referido trámite en la página

web oficial de la UNIDAD, encontró la siguiente información:

“[…] Con el fin de continuar con el trámite de Inscripción de la Tarjeta
Profesional Abogado, le comunico que la Universidad no ha enviado
la información correspondiente de la fecha de inicio de la carrera de
derecho y de su Título de Abogado a esta Unidad. Una vez se allegue
el listado de graduados por parte de la Universidad a los correos
regnakcendoj. ramajudicial. gov. co y wrinconsendoj. ramajudicial. go
y. co, continuaremos con la gestión de su trámite […]”.

Indicó que, teniendo en cuenta lo anterior, le solicitó esa información

a la Institución Universitaria de Colombia, la cual le indicó que el

listado de profesionales graduados del programa de derecho ya había

sido enviado al día siguiente de haberse cerrado la ceremonia de

grado, esto es, el 25 de julio de 2024.

Puso de presente que ha consultado periódicamente el portal web de

la UNIDAD y actualmente no ha recibido una respuesta a su

solicitud, por lo que, a su juicio, se le han vulnerado los derechos

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fundamentales deprecados.

I.3. Fundamentos de derecho

Advirtió que, teniendo en cuenta lo anterior, actualmente no ha

recibido una respuesta frente a su solicitud, razón por la cual, a su

juicio, se han desconocido los términos legales y constitucionales y,

como consecuencia de ello, se le vulneraron sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la

libertad de escogencia de profesión y/u oficio.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como vulnerados, en los siguientes términos:

“[…] 8. PRETENSIONES

Con base en el Preámbulo, el Artículo 1°, 3° y 230 de la Constitución
Política de Colombia y con el apoyo en todo en cuanto se ha dejado
dicho, sirva, Señor Juez, acceder a las siguientes peticiones:

8.1. Tutelar los Derechos Constitucionales Fundamentales al Debido
Proceso Administrativo, al Trabajo, al Trato Igualitario y al Libre
Ejercicio de la Profesión y a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que me asisten, acorde a los supuestos facticos referidos
en los anteriores acápites, los cuales vienen siendo vulnerados en las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que se dejaron descritas en
esta acción por la accionada.

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8.2. A consecuencia de lo anterior, Ordenar a la accionada para que
en el término improrrogable de Cuarenta y Ocho (48) Horas, proceda
a Incorporar a la Accionante en el Registro Nacional de Abogados.

8.3. A consecuencia de lo anterior, Ordenar a la accionada para que
de Manera Perentoria Remita al Lugar Indicado por la aquí Accionante
la Correspondiente Tarjeta Profesional de Abogado(a).

8.4. Ordenar las Acciones que Considere Pertinentes el Despacho
Ultra y Extra Petita según Sentencias SU-484 del 2008 y T-634 del
2017. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD indicó que la actora realizó la preinscripción del

trámite de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de

abogado el 26 de julio de 2024, a través del Sistema del Registro

Nacional de abogados -SIRNA- y, posteriormente, mediante correo

electrónico de 29 del mismo mes y año, allegó la documentación

requerida para adelantar dicho trámite.

Afirmó que la Institución Universitaria de Colombia a través del Oficio

de 29 de julio de 2024, suscrito por la Coordinadora de Registro y

Control Académico, le reportó la información de fecha de grado y

fecha de inicio de la carrera de los estudiantes de derecho, en la cual

pudo evidenciar que la actora inició el referido programa académico

el 29 de octubre de 2021 y obtuvo el título de abogado el 24 de julio

de 2024.

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Sostuvo que con base a la información suministrada por la Institución

Educativa, expidió la Resolución núm. 8420 de 20 de agosto de

20243, notificada el 28 del mismo mes y año, mediante la cual le

denegó la expedición de la tarjeta profesional de abogado a la actora,

toda vez que es destinataria de la Ley 1905 de 28 de junio de 20184,

por lo que debe presentar el examen estado de idoneidad de

abogados y no cumple con los presupuestos establecidos en la

sentencia de unificación SU-128 de 20245, proferida por la Corte

Constitucional, que inaplicó por inconstitucionalidad el artículo 11

transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 20246, por

cuanto su solicitud fue radicada con posterioridad a las “[…] 3:40

p.m. del 21 de mayo de 2024 -fecha y hora de la notificación de la

referida sentencia-, para la expedición de la tarjeta profesional de

abogado […]”.

Por lo anterior, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho

superado, comoquiera la solicitud de la actora ya fue resuelta.

I.5.2.- La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA,

vinculada como tercera con interés directo en las resultas del

3
“Por la cual se niega la expedición de la tarjeta profesional de abogado”.
4
“Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”.
5
M.P. Natalia Ángel Cabo.
6
“Por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados, expedición
de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras disposiciones”.

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proceso, pese a ser notificada en debida forma, guardó silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19917. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el caso bajo examen, la actora pretende obtener el amparo de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo

y a la libertad de escogencia de profesión y/u oficio, los cuales, a su

juicio, le fueron vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR y la

UNIDAD por cuanto no ha recibido una respuesta frente a la solicitud

que les envió, vía electrónica, el 29 de julio de 2024, en la que

requirió la expedición de su tarjeta profesional como abogada.

En ese orden de ideas, seria del caso entra a estudiar si las

autoridades accionadas vulneraron o no los derechos fundamentales

deprecados por la parte actora al no expedirle la tarjeta profesional

de abogado; sin embargo, la Sala observa que, estando en trámite

la presente acción de tutela, mediante memorial de 4 de septiembre

de 2024 visible en el índice núm. 10 del expediente digital, la actora

informó que contra la Resolución núm. 8420 de 20 de agosto de

20248, por medio de la cual se denegó la expedición de su tarjeta

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“Por la cual se niega la expedición de la tarjeta profesional de abogado”.

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profesional de abogado, interpuso recurso de reposición.

Por lo precedente, la Sala advierte que la presente acción de tutela

no cumple con el requisito general de la subsidiariedad, teniendo en

cuenta que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como

causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios

de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto

a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el

solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando la interesada no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

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idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»9 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que,

como ya se dijo antes, la parte actora interpuso recurso de

reposición, vía electrónica el 4 de septiembre de 2024, contra la

Resolución núm. 8420 de 20 de agosto de 202410, expedida por la

UNIDAD, acto administrativo que precisamente denegó la solicitud

de la actora frente a la expedición de la tarjeta profesional de

abogado, objeto de la presente acción constitucional.

9 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
10
“Por la cual se niega la expedición de la tarjeta profesional de abogado”.

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Por tanto, para la Sala resulta evidente que la acción de tutela de la

referencia no cumple con el requisito general de la

subsidiariedad, toda vez que el recurso de reposición

interpuesto contra la citada Resolución aún no ha sido resuelto, lo

que da cuenta que la actuación administrativa se encuentra en

trámite y, por ende, la intervención del juez constitucional se

encuentra vedada. Ello, por cuanto, aún no hay una decisión final por

parte de las autoridades accionadas frente a la inconformidad

planteada por la accionante.

Aunado a lo anterior, en los argumentos de la solicitud de amparo la

actora puso de presente que: “[…] Soy persona de trato Especial en

Condición de Desplazamiento Forzado, igualmente por ser Madre

Cabeza de Familia por lo que tengo la obligación de ver por mi hogar

que incluye un (1) hijo menor de edad y lo he hecho recurriendo a

trabajos no formales en razón a que no me contrataban por mi edad

[…]”.

Al respecto, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio

irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia

como mecanismo transitorio, pues la edad de la actora no es un

hecho que por sí solo configure un perjuicio irremediable que haga

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procedente el estudio del fondo del asunto, además, porque de los

elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible

establecer las circunstancias alegadas por aquella.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el

amparo solicitado por no cumplirse el requisito general de la

subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de septiembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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