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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04436-01

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04436-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de septiembre de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 25 Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01 Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04436-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

14 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo
Demandados: Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia.

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 26 de septiembre de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de
tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, al proferir sentencia de 21 de marzo de 2024, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único
de radicación 110013343060202200168-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el
fin de que se declararan responsables por los perjuicios derivados de la privación
de la libertad que sufrió desde el 17 de octubre al 22 de diciembre de 2009.

4. Indicó que, el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá conoció en
primera instancia del proceso y mediante sentencia de 4 de julio de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO: Denegar las pretensiones de la demanda […]”.

5. Señaló que, interpuso recurso de apelación, frente al cual, el 21 de marzo de
2024, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia de fecha cuatro (4)
de julio del dos mil veintitrés (2023), proferida por el Juzgado Sesenta (60)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con las
consideraciones expuestas […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró:

“[…] Encuentra la sala en el presente asunto, que la parte actora en su escrito de
demanda y apelación realiza un análisis de manera subjetiva, de los fundamentos

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Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

tenidos en cuenta por parte de las autoridades involucradas en la decisión de
imponer la medida de aseguramiento, ello con el fin de demostrar que, al proferirse
esta decisión, no se cumplió con los postulados legales y que no se contaba con los
medios de prueba para su imposición.

No obstante, observa la sala que la parte interesada no acreditó haber interpuesto
los respectivos recursos de ley contra la imposición de esta medida punitiva, como
tampoco se evidencia que en la primera o en esta instancia se haya acreditado
probatoriamente su cuestionamiento, o que se haya determinado con posterioridad
que esos fundamentos hayan sido infundados o desmentidos por parte de otra
autoridad a instancia. […]”.

[…]

“[…] 4.2. En cuanto a la Fiscalía General de la Nación, se advierte que bajo las
reglas de la Ley 906 de 2004, sus competencias legales se concretan, en lo que
interesa al caso concreto, en: (i) la obligación de adelantar el ejercicio de la acción
penal (formular acusación si es del caso) y (ii) solicitar la imposición de la medida
de aseguramiento, de conformidad con el artículo 306 del C.P.P. […]”.

[…]

“[…] 4.5. Así las cosas, considera la Sala que no era factible esperar otro actuar
diferente de la Fiscalía General de la Nación, al tener conocimiento de un caso como
el que fue denunciado por las declaraciones rendidas, que: (i) iniciar las
investigaciones pertinentes, a efectos de verificar la existencia material de los
hechos; (ii) en caso de advertir que los hechos sucedieron, solicitar la medida de
aseguramiento contra los presuntos infractores de la ley penal y; (iii) formular
acusación contra el/los sujeto (s) activo (s) de la presunta conducta punible.

4.6. En el mismo sentido, advierte la Sala que en el presente asunto la parte
demandante en su escrito de impugnación, no precisó, detalló o acreditó en qué
consistió la presunta falla del servicio imputada a la Fiscalía al solicitar la imposición
de esta medida punitiva, por tanto, no se puede desprender así responsabilidad
extracontractual alguna en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, por la
privación de la libertad que soportó el señor Héctor Antonio Angulo Angulo. […]”.

[…]

“[…] De otra parte, debe aclarar la Sala que, si bien en el asunto fue declarada la
preclusión a favor del demandante, ello no se traduce per se en una responsabilidad
por parte de las entidades aquí demandadas, tal como lo pretende la parte
demandante, o que ello convierta de manera automática el asunto en un régimen
objetivo de responsabilidad. […]”.

[…]

“[…] En síntesis, no se demostró de manera alguna en el presente caso, que se
hubiere presentado una mora injustificada dentro del proceso penal adelantado en
contra del ahora demandante, ni se acreditó perjuicio alguno en este sentido.

En conclusión, evidencia la Sala que, en el presente asunto la parte demandante no
acreditó los argumentos aducidos en el recurso de apelación, como tampoco
desvirtuó los fundamentos expuestos en la sentencia de primera instancia, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, dado que no se encontró demostrado que la Fiscalía General de
la Nación ni la Rama Judicial, hayan incurrido en la responsabilidad endilgada por

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Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

la parte demandante, la Sala procederá a CONFIRMAR la sentencia de primera
instancia, de conformidad con las razones aquí expuestas. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se tutele el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y AL
ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

2. Se deje sin efecto la providencia mediante la cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – M.P. […] confirmó la sentencia de
primera instancia expedida por el JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE JUDICIAL DE BOGOTÁ, negando las pretensiones de la demanda dentro del
proceso de reparación directa con radicado 11001-33-43-060- 2022-00168-00,
iniciado por el señor HECTOR ANTONIO ANGULO ANGULO Y OTROS contra la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA RAMA JUDICIAL - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

3. Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – M.P. […],
proferir una nueva sentencia de reemplazo teniendo en cuenta las pruebas obrantes
en el proceso de reparación directa, y realizando una valoración acertada de estas,
y por ende revocar la sentencia proferida por el JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE JUDICIAL DE BOGOTÁ, que negó las pretensiones de la
demanda dentro del proceso de reparación directa con radicado 11001-33-43-060-
2022-00168-00, iniciado por el señor HECTOR ANTONIO ANGULO ANGULO Y
OTROS contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA RAMA JUDICIAL-
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. […]”.

6.1 El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente:

“[…] 34. La sentencia atacada por vía de tutela adolece a todas luces del defecto
fáctico, en su dimensión negativa, al valorar caprichosa y arbitrariamente las pruebas
presentadas, y decidir no dar por probado unos hechos que aparecen claramente
demostrados en el proceso. Así lo indicó el Tribunal en la providencia: […]”.

[…]

“[…] 38. Es que las pruebas que tenía la FISCALÍA al momento de solicitar la captura,
que reposan en el expediente penal que se aportó como prueba al proceso de
reparación directa, no eran suficientes para establecer la existencia de una inferencia
razonable de la autoría o participación de HECTOR ANTONIO, pues para ese
momento solo tenía suposiciones, así: […]”.

[…]

“[…] Por otro lado, cuando el TRIBUNAL manifestó que “la parte interesada no
acreditó haber interpuesto los respectivos recursos de ley contra la imposición de
esta medida punitiva” efectuó una valoración arbitraria de la prueba, pues al
evidenciar que no se había interpuesto recurso de apelación contra la imposición de
esta medida, concluyó que no había error jurisdiccional, a pesar que de acuerdo con

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Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, el afectado por el error jurisdiccional “deberá
haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70,
excepto en los casos de privación de la libertad del imputado” [negrillas y subrayas
fuera de texto], por lo que la no interposición de los recursos de ley en contra de la
medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario, no desdibuja la
responsabilidad de la FISCALÍA y de la JUDICATURA en la privación injusta de la
libertad de HECTOR (sic) ANTONIO ANGULO ANGULO, como interpretó
erróneamente el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. […]”.

[…]

“[…] 44. No es cierto que en el proceso de reparación directa no se haya demostrado
la mora injustificada dentro del proceso penal, ni los perjuicios ocasionados por esta.
Esto es así, porque al proceso de reparación directa se allego (sic) copia del
expediente penal, con el que se prueba, entre otras cosas, que la FISCALÍA no
presentó el escrito de acusación oportunamente; que sólo hasta el 8 de febrero de
2012 se citó a audiencia de formulación de imputación para abril del mismo año,
estando el proceso inactivo por casi dos años; las múltiples solicitudes de
aplazamiento de la audiencia preparatoria y de la audiencia de juicio oral efectuadas
por la FISCALÍA, que prolongaron injustificadamente el proceso penal hasta el 2020.
Hechos que demuestran la mora injustificada dentro del proceso penal adelantado
en contra del ahora demandante y los perjuicios que se ocasionaron en virtud de ella,
pues se evidencia como los delegados de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
torpedearon flagrantemente el desarrollo del proceso penal, sometiendo a HECTOR
(sic) ANTONIO ANGULO ANGULO a estar por más de once (11) años vinculado a
un proceso penal sin que se le resolviera de fondo su situación. […]”.

[…]

“[…] La observancia del debido proceso en relación con las pruebas, tiene íntima
relación el acceso a la administración de justicia, el derecho de defensa y de
contradicción, derechos estos que, como se ha indicado y demostrado hasta la
saciedad, han sido conculcados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – M.P. […], toda vez que valoración (sic) real de las pruebas
debidamente aportadas al proceso de reparación directa, y no se realiza una análisis
de las mismas con el que se pueda concluir si efectivamente existió o no una falla en
la prestación del servicio al no haberse acreditado la existencia de una inferencia
razonable de autoría o participación, así como los demás requisitos que impone la
ley procesal penal, para la solicitud y posterior imposición de una medida de
aseguramiento intramural. […]”.

Actuación

7. El Despacho de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante auto de 26 de agosto de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó como terceros con interés legítimo al
Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá, a la Nación – Rama Judicial,
a la Fiscalía General de la Nación, a Santos Angulo de Angulo, a Jorge Enrique
Angulo Angulo, a Luis Arturo Angulo Angulo, a Margarita Castillo de Angulo, a Enis
Bolivia Correa Castañeda, a Juan Carlos Angulo Correa, a Dulce Anahi Angulo
Riasco, a Mayra Alejandra Angulo Correa, a Tania Liliana Angulo Castillo, a Héctor

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Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

Leonardo Angulo Castillo, a María Salome Angulo Mejía, a Harold Antonio Angulo
Castillo, a Mariana Angulo Molina, a Santos Alexandra Angulo Castillo, a Fabiana
Catharina Amalia Cortes Angulo, a Fabio Mateo Cortes Angulo, a Aron Samuel
Cortes Angulo, a Karen Alexandra Cortes Angulo, a Paola Gicela Angulo Obando,
a Claudia Marcela Angulo Murcia, a Víctor Luis Angulo Tovar, a Juan Camilo Angulo
Angulo, a María del Rosario Angulo Angulo, a Ronald Jair Góngora Angulo, a Fedra
del Carmen Pay Angulo y a Betty Sugey Casanova Angulo, concediéndoles el
término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó i) declarar improcedente la acción de tutela; o, en su defecto,
ii) negar las pretensiones de la acción de tutela. Para tal efecto, argumentó lo
siguiente:

“[…] c) De conformidad con lo expuesto, se advierte que LA ACCIÓN DE TUTELA
EN EL CASO CONCRETO ES IMPROCEDENTE puesto que: i) no se evidencia la
configuracióndeunperjuicioirremediablequejustifiquelaintervencióndel Juez de
tutela; ii) el caso carece de relevancia constitucional y; iii) los argumentos de la parte
accionante no se orientan a evidenciar la vulneración de sus derechos
fundamentales, sino a que el Juez de tutela se constituya en una tercera instancia
dentro del medio de control de reparación directa, fin para el cual no fue previsto el
amparo constitucional.

Sin desconocer lo anterior, se procederá a dar respuesta a los argumentos
expuestos por el accionante en el escrito de tutela, con el propósito de evidenciar
ante el Juez constitucional que los mismos no están llamados a prosperar. […]”.

[…]

“[…] b) Obsérvese que la demanda de reparación directa que correspondió conocer
a esta jurisdicción contenciosa administrativa, tanto en primera como en segunda
instancia, no se relacionaba en estricto sentido con el subtema de defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia como daño antijurídico reclamado.
Al respecto, debe resaltarse, que inclusive los fundamentos de derecho y la
jurisprudencia citadas en la demanda de reparación directa, se relacionaban
exclusivamente con el supuesto de privación injusta de la libertad, no con defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia. […]”.

[…]

“[…] e) Adviértase igualmente, que a la fecha de la declaratoria de la prescripción
penal (2 de marzo de 2020), el accionante gozaba de libertad, desde hacía más de
diez años, cuestión diferente es que continuara vinculado al proceso penal (lo cual
no se alegó como daño antijurídico). […]”

[…]

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Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

“[…] g) Cobra igualmente gran importancia la conducta asumida dentro del proceso
penal, por cuanto tal y como se señaló en la sentencia que resolvió esta causa: la
parte accionante dentro del propio proceso penal no utilizó los mecanismos, es decir
no impugnó la medida de privación de la libertad, si la consideraba totalmente ilegal.
[…]”

[…]

“[…] a) En esencia el recurso de apelación se centró en aspectos relacionados con
principios del derecho penal (principio de excepcionalidad de la prisión preventiva),
que no fueron discutidos mediante los respectivos recursos dentro del propio
proceso penal. Aun aceptando esa argumentación, no puede perderse de vista que
en el caso concreto se respetó el indicado principio, por cuanto a los dos meses de
estar privado de la libertad se concedió al accionante la libertad condicional.

b) En estricto sentido, el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia del juez contencioso administrativo, se centró en: (i) cuestionar la no
demostración de los elementos que se han aceptado para la imposición de la medida
de aseguramiento y (ii) cuestionar el régimen de responsabilidad bajo el cual debía
estudiarse el caso, sosteniendo que debía tratarse de un régimen objetivo. […]”.

[…]

“[…] e) Para concluir, se debe resaltar igualmente: a) que el accionante en sede de
tutela no ha demostrado en qué consistió la vulneración del debido proceso por parte
de esta Corporación Judicial: (i) Se admitió el recurso de apelación; (ii) se realizó el
trámite correspondiente al mismo; (iii) se resolvió el recurso de apelación con base
en los propios cuestionamientos directos contra la sentencia apelada; y (iv) se
realizó la valoración probatoria correspondiente; b) tampoco se encuentra
demostrado cuál es la conducta por acción u omisión de esta Corporación Judicial,
que amenace o viole el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, por cuanto, no existe ningún argumento del accionante en este sentido.
Cuestión diferente es que se haya respetado el debido proceso y el derecho a
acceso a la administración de justicia y sencillamente haya una disconformidad del
accionante en tutela, respecto a la valoración probatoria y al trámite otorgado al
recurso de apelación. […]”.

9. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó declarar improcedente
la acción de tutela. Para tal efecto, señaló que:

“[…] En conclusión, como lo advierte la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca que, en el presente asunto la parte demandante no acreditó los
argumentos aducidos en el recurso de apelación, como tampoco desvirtuó los
fundamentos expuestos en la sentencia de primera instancia, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

En este aspecto relacionado con la privación injusta, no hay lugar a revocar la
decisión de segunda instancia proferida por la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por lo que, debe declararse INFUNDADO el
amparo deprecado. […]”.

10. La Fiscalía General de la Nación solicitó i) su desvinculación, al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva; y ii) declarar improcedente la acción
de tutela, por las siguientes razones:

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Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

“[…] En el presente caso, la Fiscalía General de la Nación no ostenta ninguna de las
características mencionadas. Esto es, de ella no se predica la vulneración de los
derechos en pugna. Pero tampoco ha hecho u omitido algo, ni puede hacerlo, para
que cese la violación de los derechos o se refuerce la protección requerida por la
parte accionante. […]”.

[…]

“[…] En el presente caso, se advierte que para cuestionar la decisión judicial de
segunda instancia que resolvió el proceso de reparación directa con radicado No.,
la Ley 1437 de 2011 prevé diferentes recursos para solicitar el amparo de sus
derechos accionados. No obstante lo anterior, en el escrito de la presente acción de
tutela, se advierte que la parte tutelante no da cuenta de por qué, a pesar de existir
otros mecanismos judiciales idóneos para ventilar la controversia objeto de esta
acción, no hizo uso de estos para controvertir el fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el medio de control de radicado No. 11 001 3343 060 2022-00168-
00.

Por lo anterior, para esta Dirección de Asuntos Jurídicos es claro que el requisito de
subsidiariedad que exigen la Ley y la jurisprudencia para que proceda el amparo
constitucional cuando medie una decisión judicial no se cumple en el caso objeto de
estudio, en atención a que la parte accionante no justificó por qué el recurso
extraordinario de revisión no resultaba idóneo para amparar sus derechos
fundamentales. […]”.

[…]

“[…] En el presente asunto se observa que las sentencias de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, respetó cada una de las garantías del accionante, en consecuencia,
la Fiscalía General de la Nación encuentra que en el caso examinado no hay una
violación del derecho fundamental al debido proceso. […]”

[…]

“[…] En todo caso, identificando que el amparo de derechos que se afirman como
vulnerados, se centra en que la parte accionante se encuentra inconforme con el
análisis que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, realizó frente al proceder
en la acción penal por parte de las entidades demandadas en el medio de control
de reparación directa – radicado No. 11 001 3343 060 2022- 00168-00 - se vislumbra
que el asunto por el cual se afirma vulneración de derechos fundamentales, trata de
un debate sin relevancia constitucional, pues con los argumentos con los que
sustenta el actor la acción de tutela, permite considerar que busca una instancia
adicional de la Litis de reclamación de perjuicios, no así un amparo de derechos
fundamentales, sin que se avizore un defecto factico (sic) por apreciación probatoria,
pues a la Fiscalía General de la Nación no se le podría pretender una actuación
diferente ante los elementos materiales probatorios con los que contaba al momento
de la imputación, ello son contar con que no es su competencia la imposición de una
medida de aseguramiento, dado que constituye una función jurisdiccional. […]”.

11. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca –
Amazonas solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que:

“[…] En consecuencia, me opongo a las pretensiones de la accionante por cuanto
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas,
reconoce la importancia y trascendencia de los derechos fundamentales citados en

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Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

la presente acción, los cuales son amparados por normas constitucionales y de
orden legal, siendo claro que no se han vulnerado directa o indirectamente por esta
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca, por cuanto los
hechos narrados y las pretensiones relacionadas en el escrito no involucran a la
misma […]”.

12. El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección A de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca allegaron copia
digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
110013343060202200168-01.

13. Santos Angulo de Angulo y las demás personas mencionadas en el numeral 7
de esta providencia guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 26 de septiembre de 2024, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela presentada
por Héctor Antonio Angulo Angulo.

SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por la Fiscalía General
de la Nación. […]”.

14.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 12.- La sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional, en la medida en que se reiteran los mismos argumentos
que fueron planteados y resueltos en el proceso ordinario. […]”.

[…]

“[…] 13.- En primer lugar, la sala advierte que, pese a que el actor indicó que se
incurrió <<en una vía de hecho, desconocimiento de precedentes judiciales, de
unificación por demás>>, lo cierto es que dicho cargo no fue sustentado amplia y
razonablemente, en tanto no especificó qué sentencias fueron desconocidas en la
providencia cuestionada. Por consiguiente, se evidencia la falta de carga mínima de
argumentación frente al desconocimiento del precedente.

13.1.- Por otra parte, el actor alegó la configuración de un defecto fáctico, toda vez
que, en su concepto, no existían elementos materiales probatorios suficientes para
tener una inferencia razonable de autoría o participación, ni se cumplía ninguno de
los requisitos previstos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Alegó
que no se analizaron en conjunto los hechos y los elementos probatorios que
obraban en la investigación penal.

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Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

13.2.- Sin embargo, la sala evidencia que la autoridad judicial accionada realizó una
valoración razonable e integral de las pruebas aportadas al proceso de reparación
directa, de las cuales concluyó, en un primer lugar, que la Fiscalía General de la
Nación estaba en la obligación legal de adelantar la acción penal contra el actor e,
incluso, de solicitar la medida de aseguramiento en su contra, debido a (i) la
gravedad del delito; (ii) la declaración de un ciudadano mantenida en reserva con el
fin de proteger su seguridad personal; (iii) el material probatorio y evidencia física
que tuvo como soporte para fundamentar la solicitud de medida de aseguramiento,
específicamente: a) la versión rendida por la afectada del atentado y objeto de
investigación y b) la incautación de varios celulares, dentro de los cuales se
encontraba uno de propiedad del demandante, del cual se hicieron llamadas
relativas al caso objeto de estudio <<y que originaron sospechas para los
investigadores>>. […]”.

[…]

“[…] 13.6.- El juzgado expuso que existían medios de prueba que no podían
descartarse de plano, como las declaraciones que lo reconocían como autor
intelectual del atentado, por lo que era indispensable adelantar la investigación
respectiva a fin de dar cumplimiento a los fines del procedimiento penal.

13.7.- Por lo anterior, ambas autoridades judiciales sostuvieron que la providencia
en virtud de la cual se impuso la medida de aseguramiento no era producto de una
actuación inidónea, irrazonable o desproporcionada del juez de función de
garantías. […]”.

[…]

“[…] 13.9.- Además, si bien la autoridad judicial accionada indicó que la parte
interesada no acreditó haber interpuesto los respectivos recursos de ley contra la
medida de aseguramiento, analizó la responsabilidad de las entidades demandadas.

13.10.- Ahora bien, frente a la mora judicial en el proceso penal, el tribunal accionado
señaló que los demandantes no solicitaron impulso procesal o petición alguna para
culminar con dicha situación. Es decir, durante el término que el caso permaneció
sin movimiento procesal, no se presentó interés de parte del procesado para finalizar
dicha situación.

13.11.- Igualmente, afirmó que no era suficiente que los demandantes aportaran las
piezas del proceso penal para evidenciar la configuración de una mora judicial, pues
debían demostrar o señalar en qué consistió la mora y por qué no se justificó.

13.12.- Así las cosas, no se advierte vulneración alguna a los derechos
fundamentales invocados por el actor.

14.- Finalmente, la sala negará la solicitud de desvinculación elevada por la Fiscalía
General de la Nación, pues fue vinculada al presente proceso de tutela en calidad
de tercero con interés por obrar como demandada en el proceso ordinario. […]”.

La impugnación

15. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente:

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Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

“[…] En el caso concreto, la grave violación del derecho a la defensa comporta la
vulneración al derecho fundamental al debido proceso. Transgresión materializada
en el desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en lo
relativo al régimen de imputación aplicable a los casos de privación injusta de la
libertad, pues si bien en la actualidad no privilegia un régimen de imputación
especifico (sic) en los casos como el que hoy nos ocupa, el Consejo de Estado ha
determinado que cuando la privación de la libertad se entienda como un daño
“desproporcionado en relación con las cargas que normalmente deben asumir otros
ciudadanos que se encuentran en su situación”, debe aplicarse el título de
imputación objetivo de daño especial, pues ante esa situación, “surge la necesidad
de reequilibrar las cargas públicas”, en virtud de la cláusula general de
responsabilidad patrimonial del Estado consagrada en el artículo 90 de la
Constitución. […]”.

[…]

“[…] Así, se afirma que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
incurrió en un defecto fáctico en su dimensión negativa, al valorar caprichosa y
arbitrariamente las pruebas presentadas, y decidir no dar probados hechos que
aparecen claramente en el proceso, como es que la medida de aseguramiento
privativa de la libertad impuesta a HECTOR (sic) ANTONIO ANGULO ANGULO, es
un daño antijurídico que él no estaba en la obligación de soportar, y que, además,
es imputable a FISCALÍA y a la JUDICATURA. […]”.

[…]

“[…] En el caso concreto, la FISCALÍA y la JUDICATURA ignoraron los requisitos
para solicitar y decretar la medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra
del señor HECTOR (sic) ANTONIO ANGULO ANGULO, pues del material probatorio
aportado al proceso, especialmente del expediente penal en el que reposan los
audios de las audiencias preliminares, no se extrae que, al momento de la solicitud
y decreto de la medida, las demandadas tuvieran inferencia razonable de autoría o
participación, el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el artículo 308
del Código de Procedimiento Penal, ni mucho menos, la proporcionalidad de la
medida. […]”.

[…]

“[…] Así pues, no se trata de que la parte actora no comparta lo decidido por la
Corporación, en cuanto a si encuentra probada o no la falla en la prestación del
servicio o el daño especial sufrido por el accionante; sino que se trata de que la
accionada valoró de manera irracional e injustificada, pruebas determinantes para
el sentido del fallo, como el audio de audiencia preliminar de medida de
aseguramiento. Por esto, lo que se pretende con la acción de tutela no es reabrir el
proceso de reparación directa, sino que se ordene al TRIBUNAL ADMNISTRATIVO
(sic) DE CUNDINAMARCA proferir sentencia de reemplazo, que interprete de
manera racional el acervo probatorio aportado al proceso y tenga en cuenta el
presedente (sic) jurisprudencial vigente.

Esto, pone de presente la relevancia constitucional de la acción de tutela impetrada
en contra del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, pues se
discuten vulneraciones al derecho fundamental al debido proceso, por
desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en lo relativo
al régimen de imputación aplicable a los casos de privación injusta de la libertad y,
la arbitraria e irracional interpretación de la realidad probatoria determinante en el
sentido del fallo.

Teniendo en cuenta lo esbozado anteriormente, aunado a lo analizado en el escrito
de tutela inicial, le solicito al Juez de segunda instancia se sirva REVOCAR el

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Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

contenido del fallo de primera instancia y se proceda de conformidad a lo solicitado
en las pretensiones de la acción de tutela. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20194, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

18. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

19. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo
posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

21. Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

14

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23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.

24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

27. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201410, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
10 Ut supra página 6.

15

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Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [12].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [13].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [14].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una
instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se
derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o declararla
improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de
relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia

[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50
(“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón
de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),
respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

16

Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es
necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el
desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra
decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [17]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la
acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como
lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]”.
(Resaltado por la Sala)

28. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado18:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”19

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
18 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”20

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

29. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.

30. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202221 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de

20 Ibidem.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala)

19

Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

31. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

33. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

22 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”

34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Análisis del caso concreto

35. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, al proferir sentencia de 21 de marzo de 2024, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único
de radicación 110013343060202200168-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

36. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

37. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela y en la impugnación.

23 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

Acervo y análisis probatorios

38. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

38.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de radicación
110013343060202200168-01.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

39. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente:

“[…] La sentencia atacada por vía de tutela adolece a todas luces del defecto fáctico,
en su dimensión negativa, al valorar caprichosa y arbitrariamente las pruebas
presentadas, y decidir no dar por probado unos hechos que aparecen claramente
demostrados en el proceso. Así lo indicó el Tribunal en la providencia: […]”.

[…]

“[…] Es que las pruebas que tenía la FISCALÍA al momento de solicitar la captura,
que reposan en el expediente penal que se aportó como prueba al proceso de
reparación directa, no eran suficientes para establecer la existencia de una inferencia
razonable de la autoría o participación de HECTOR (sic) ANTONIO, pues para ese
momento solo tenía suposiciones, así: […]”.

[…]

“[…] Por otro lado, cuando el TRIBUNAL manifestó que “la parte interesada no
acreditó haber interpuesto los respectivos recursos de ley contra la imposición de
esta medida punitiva” efectuó una valoración arbitraria de la prueba, pues al
evidenciar que no se había interpuesto recurso de apelación contra la imposición de
esta medida, concluyó que no había error jurisdiccional, a pesar que de acuerdo con
el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, el afectado por el error jurisdiccional “deberá
haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70,
excepto en los casos de privación de la libertad del imputado” [negrillas y subrayas
fuera de texto], por lo que la no interposición de los recursos de ley en contra de la
medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario, no desdibuja la
responsabilidad de la FISCALÍA y de la JUDICATURA en la privación injusta de la
libertad de HECTOR (sic) ANTONIO ANGULO ANGULO, como interpretó
erróneamente el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. […]”.

[…]

22

Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

“[…] 44. No es cierto que en el proceso de reparación directa no se haya demostrado
la mora injustificada dentro del proceso penal, ni los perjuicios ocasionados por esta.
Esto es así, porque al proceso de reparación directa se allego (sic) copia del
expediente penal, con el que se prueba, entre otras cosas, que la FISCALÍA no
presentó el escrito de acusación oportunamente; que sólo hasta el 8 de febrero de
2012 se citó a audiencia de formulación de imputación para abril del mismo año,
estando el proceso inactivo por casi dos años; las múltiples solicitudes de
aplazamiento de la audiencia preparatoria y de la audiencia de juicio oral efectuadas
por la FISCALÍA, que prolongaron injustificadamente el proceso penal hasta el 2020.
Hechos que demuestran la mora injustificada dentro del proceso penal adelantado
en contra del ahora demandante y los perjuicios que se ocasionaron en virtud de ella,
pues se evidencia como los delegados de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
torpedearon flagrantemente el desarrollo del proceso penal, sometiendo a HECTOR
(sic) ANTONIO ANGULO ANGULO a estar por más de once (11) años vinculado a
un proceso penal sin que se le resolviera de fondo su situación. […]”.

[…]

“[…] La observancia del debido proceso en relación con las pruebas, tiene íntima
relación el acceso a la administración de justicia, el derecho de defensa y de
contradicción, derechos estos que, como se ha indicado y demostrado hasta la
saciedad, han sido conculcados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – M.P. […], toda vez que valoración (sic) real de las pruebas
debidamente aportadas al proceso de reparación directa, y no se realiza una análisis
de las mismas con el que se pueda concluir si efectivamente existió o no una falla en
la prestación del servicio al no haberse acreditado la existencia de una inferencia
razonable de autoría o participación, así como los demás requisitos que impone la
ley procesal penal, para la solicitud y posterior imposición de una medida de
aseguramiento intramural. […]”.

40. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el
debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad
judicial accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.

41. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación de derechos
fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente legal y
probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de reparación directa y fue
decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría
el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.

42. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración

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Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales […]”. (Resaltado por la Sala)

43. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios, cuya competencia
se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

44. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.

45. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal y probatorio concluido que escapa
de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor alega
la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración de los
mismos, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

46. Los supuestos de vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia enunciados por el actor, no se
evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de reparación directa
se adelantó ante el juez competente, en respeto de las formas propias del proceso,
y respetó el derecho de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además,
no concurre una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que

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Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

amerite la actuación del juez constitucional, no se trata de amparar los derechos
fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional.

47. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.

48. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el
actor enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, esa presunta afectación tiene su origen en
un debate estrictamente legal y probatorio.

Conclusiones de la Sala

49. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de 26 de septiembre de 2024
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de septiembre de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Núm. único de radicación: 110010315000202404436-01
Actor: Héctor Antonio Angulo Angulo

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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