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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04437-00

Fecha
17 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04437-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental de petición de Daniel Felipe Imbachi Sánchez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, comunique al actor el contenido de la respuesta brindada el 2 de septiembre de 2024, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones. TERCERO. ADVERTIR a la entidad indicada en el ordinal anterior, que el incumplimiento de lo dispuesto en este fallo dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. QUINTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04437-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 11001-03-15-000-2024-04437-001
Demandante : Daniel Felipe Imbachi Sánchez
Demandado : Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”
Acción : Tutela
Tema : Solicitud de información relacionada con concurso de méritos
de la Rama Judicial
Derecho : Petición
Decisión : Sentencia de primera instancia – accede a amparo

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de
tutela2 incoada por Daniel Felipe Imbachi Sánchez contra el Consejo Superior de la
Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, por la presunta vulneración de
su derecho fundamental de petición.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y,
finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

Daniel Felipe Imbachi Sánchez, quien actúa en nombre propio, interpuso el
presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de su derecho
fundamental de petición, presuntamente vulnerado por el Consejo Superior de la

1
Expediente digital disponible en Samai.
2
Cabe precisar que viene remitida por competencia, a través de auto de 21 de agosto del 2024, proferido por el Juzgado 002
Laboral de Tuluá (Valle del Cauca).

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-04437-00
Demandante: Daniel Felipe Imbachi Sánchez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”

Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

En consecuencia, solicitó ordenar a la autoridad accionada responder la petición
que formuló el 24 de junio del año en curso, encaminada a que se le brindara
información relacionada con el desarrollo de la Subfase General del IX Curso de
Formación Judicial Inicial.

Hechos.

Daniel Felipe Imbachi Sánchez relata que, se encuentra inscrito en el IX Curso de
Formación Judicial de Jueces y Magistrados de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla” en cuyo contenido académico y desarrollo se han presentado diversas
incongruencias y errores.

Aduce que, el 24 de junio de 2024 solicitó se le informara “-1) Cu[á]ntas
modificaciones se ha realizado al contenido de cada programa de la subfase
general. – 2) Los motivos por los cuales los webinar se hicieron con posterioridad
a la terminación de cada programa, sin tener en cuenta el tiempo dispuesto y
estipulado […] y su relación en tiempo a ser desarrollado […]. - 3) [C]uál ha sido
el trámite a los errores advertidos en los programas y las fechas en las cuales se
han aceptado los mismos” (sic); sin embargo, desde ese momento hasta la fecha
de presentación de la tutela no se le ha suministrado respuesta alguna, lo que
conlleva a que se le vulnere su derecho fundamental de petición.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 27 de
agosto de 2024, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se ordenó
notificar al Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestación de la acción.

2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-04437-00
Demandante: Daniel Felipe Imbachi Sánchez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”

2.1.1 Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”3. Sostuvo que “la petición del discente fue resuelta por medio de oficio
EJO24-1526 del 2 de septiembre de 2024” y fue debidamente notificada al correo
electrónico: daniel183_5@hotmail.com, aportado con ese propósito, razón por la
que solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, al
configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.

3.2 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico.

Le corresponde a esta Subsección determinar si la autoridad demandada ha
vulnerado el derecho fundamental de petición del tutelante, al no dar respuesta a
su solicitud formulada el 24 de junio del año en curso, encaminada a que se le
brindara información relacionada con el desarrollo de la Subfase General del IX
Curso de Formación Judicial Inicial.

3
Índice 00009 de Samai.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-04437-00
Demandante: Daniel Felipe Imbachi Sánchez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”

3.4 Derecho fundamental de petición. Consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política en los siguientes términos:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.

Por su parte, la Corte Constitucional, respecto del derecho de petición, ha
sostenido:

Frente a las características esenciales del derecho de petición, ha sido abundante y
reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al considerar que el núcleo
esencial de este derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la solicitud.

En este sentido, esta Corporación ha manifestado:

(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la
libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo,
de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta
debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible;
(v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre
en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades
estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo,
entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial,
no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el
contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado
el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía
gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la
exonera del deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad
pública debe notificar su respuesta al interesado.

De los anteriores componentes jurisprudenciales cabe destacar que el derecho de
petición exige, por parte de las autoridades competentes, una decisión de fondo a lo
requerido por el ciudadano, lo cual implica la prohibición de respuestas evasivas o
abstractas, sin querer decir con ello que la respuesta deba ser favorable. La respuesta
de fondo implica un estudio sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con
las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición 4.

Asimismo, la aludida Corporación ha expresado que “una respuesta es suficiente
cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del
solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a sus pretensiones; es
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209
constitucionales); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo
pedido, de tal manera que la respuesta a lo solicitado verse acerca de lo preguntado
y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que

4
Sentencia T-1130 del 13 de noviembre de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra

4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-04437-00
Demandante: Daniel Felipe Imbachi Sánchez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”

se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre
relacionada con la solicitud formulada”5.

De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, el derecho de petición es
vulnerado cuando la autoridad (i) no resuelve de fondo lo pedido o (ii) no emite una
pronta respuesta, conforme a los términos que directamente fija el legislador.

3.5 Solución al caso concreto.

En el presente asunto la inconformidad del tutelante consiste en que a la fecha de
presentación de la acción de tutela (21 de agosto de 2024) el Consejo Superior de
la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” no se había pronunciado
frente a la solicitud que formuló el 24 de junio del mismo año, lo que quebranta su
garantía superior de petición.

Por su parte, la autoridad accionada, en su escrito de contestación, indicó que el
aludido requerimiento del actor ya fue atendido por medio de “oficio EJO24-1526
del 2 de septiembre de 2024”, por lo que sería procedente declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado.

Ahora bien, el material probatorio traído al plenario, en lo pertinente, da cuenta de
la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente acción de
tutela. En tal virtud, se destaca:

a) Petición formulada el 24 de junio de 2024 por el actor, ante la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla”, orientada a obtener la siguiente información:

“- Cu[á]ntas modificaciones se ha realizado al contenido de cada programa de la
subfase general. - Los motivos por los cuales los webinar se hicieron con posterioridad
a la terminación de cada programa, sin tener en cuenta el tiempo dispuesto y
estipulado para cada uno y su relación en tiempo a ser desarrollado […]. - Indicar
cu[á]l ha sido el tr[á]mite a los errores advertidos en los programas y las fechas en las
cuales se han aceptado los mismos. Esto teniendo en cuenta que seg[ú]n registro
documental y verificaciones, [se] evidenci[a] que a pesar del desarrollo de los talleres
y el control de lectura jurisprudencial, la EJRLB realizo improvisaciones incumpliendo
el acuerdo y las reglas, ha existido un pírrico, minio o casi ausencia total de
acompañamiento pedagógico al proceso formativo, ya que no se ha contado con
tutorías ni retroalimentaciones oportunas respecto de las temáticas abordadas,
además de modificar el material de estudio y de las lecturas obligatorias subidas al
campus virtual a última hora después de fenecidas las fechas para consumo de los

5
Ver las sentencias T-669 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-350 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño y T-
682 de 20 de noviembre de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-04437-00
Demandante: Daniel Felipe Imbachi Sánchez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”

mismos, sin notificación oficial [a los] discentes […]”. (Sic).
b) Oficio EJO24-1526 de 2 de septiembre de 2024, en cuyo encabezado figura el
correo electrónico daniel183_5@hotmail.com, reportado por el accionante en su
escrito de 24 de junio de ese año, a través del cual la autoridad accionada informa
que dio respuesta, así:

En atención a la solicitud recibida el 24 de junio del presente año, nos permitimos
responderla en el mismo orden que se presentó en su petición, de la siguiente manera:

Solicitud: “1. Cuantas modificaciones se ha realizado al contenido de cada programa
de la subfase general.”

Respuesta: Se precisa que no se realizó cambio alguno frente al contenido de los
programas de la Subfase General de IX Curso de formación Judicial Inicial. El actuar
de la Escuela Judicial, se ha efectuado dentro del marco legal y con el debido sustento
jurídico, de acuerdo a las facultades otorgadas al Consejo Superior de la Judicatura
para reglamentar la carrera judicial y los procesos de selección, por la Ley 270 de
1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y los acuerdos correspondientes,
incluidos el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 y el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019.
La Escuela Judicial siempre que ha garantizado la transparencia, igualdad de
condiciones de los participantes. Se agrega que en cumplimiento del principio de
publicidad siempre se ha informado a todos los participantes de la convocatoria 27
sobre los ajustes que se han realizado a lo largo de la Curso de Formación Judicial
Inicial.

Solicitud: “2) Los motivos por los cuales los webinar se hicieron con posterioridad a
la terminación de cada programa, sin tener en cuenta el tiempo dispuesto y estipulado
para cada uno y su relación en tiempo a ser desarrollado dentro década (sic)
programa.”

Respuesta: Las actividades sincrónicas se incluyeron como parte de un refuerzo
académico a los discentes del IX Curso de Formación Judicial Inicial. El referido Curso
de Formación Judicial Inicial hace parte del Programa de Ingreso del Plan de
Formación de la Rama Judicial y fue diseñado a partir del modelo pedagógico y
conforme al enfoque curricular de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, así como
de la evaluación de los planes educativos y de los programas de formación y
actualización impartidos por la Escuela Judicial, que también integran el Plan de
Formación de la Rama Judicial.

Se recuerda que este tipo de actividades no hacían parte del material académico a
evaluar, es por ello que los discentes podían decidir si participaban esos encuentros
sincrónicos desarrollados durante la Subfase General o los consultaban con
posterioridad como material de refuerzo.

Solicitud: “3) Indicar cual ha sido el trámite a los errores advertidos en los programas
y las fechas en las cuales se han aceptado los mismos. Esto teniendo en cuenta que
según registro documental y verificaciones, evidenciar (sic) que a pesar del desarrollo
de los talleres y el control de lectura jurisprudencial, la EJRLB realizo (sic)
improvisaciones incumpliendo el acuerdo y las reglas, ha existido u (sic) pírrico, minio
(sic) o casi ausencia total de acompañamiento pedagógico al proceso formativo, ya
que no se ha contado con tutorías ni retroalimentaciones oportunas respecto de las
temáticas abordadas, además de modificar el material de estudio y de las lecturas
obligatorias subidas al campus virtual a última hora después de fenecidas las fechas
para consumo de los mismos, sin notificación oficial a nosotros como discentes, para
lo que se ilustran algunos de ellos en los siguientes términos y que fueran el insumo
para abordar el examen virtual en la sede que la escuela nos dio a escoger.”

Respuesta:

6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-04437-00
Demandante: Daniel Felipe Imbachi Sánchez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”

Frente a sus aseveraciones relacionadas con supuestas incongruencias y errores en
el contenido académico y desarrollo del IX Curso de Formación Judicial Inicial, estas
se consideran apreciaciones subjetivas de su parte, dado que la actuación de la
Escuela Judicial ha estado en todo momento enmarcada en los principios
consagrados en la Constitución y la ley. Se precisa que los cambios que ha tenido el
curso se publicaron para el conocimiento de todos los discentes y se refieren a ajustes
de forma que no modificaron el contenido, como puede verse en su petición la
numeración de las lecturas fue aclarada y definida a la paginación de los archivos, sin
que esto llegara a cambiar el contenido de los programas o resultara en errores
inadvertidos. Sus afirmaciones no concuerdan con la verdad, pues para garantizar la
calidad en el desarrollo del contenido del curso y la evaluación, en términos de
complejidad, coherencia, pertinencia y veracidad, se contrató a un aliado estratégico
especializado que tiene a su cargo la parte técnica y no es cierto que se hayan
presentado problemas en los contenidos del curso, dado que la actuación de la
Escuela Judicial ha estado en todo momento enmarcada en los principios
consagrados en la Constitución y la ley”.

Frente a lo anterior, observa la Sala que, si bien es cierto que por conducto de oficio
de 2 de septiembre de la presente anualidad la autoridad accionada atendió en su
totalidad la solicitud formulada por el actor el 24 de junio del mismo año, también lo
es que no adjuntó constancia alguna de notificación o comunicación de dicha
respuesta, por lo que se considera acreditada la vulneración de su garantía superior
de petición.

Al respecto, cabe anotar que como lo ha precisado la Corte Constitucional “[…] no
basta que se expida la respuesta, sino que además, es necesario que ésta se
notifique de manera oportuna al interesado. En efecto, hace parte del núcleo
esencial del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Carta, el hecho
de que la respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, pues no puede
tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad de
quien se solicita la información”6. (Énfasis propio).

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que se encuentra
acreditada la vulneración del derecho fundamental de petición del demandante por
parte del Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, se accederá a la solicitud de amparo invocada.

6
Corte Constitucional, sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-04437-00
Demandante: Daniel Felipe Imbachi Sánchez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:

PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental de petición de Daniel Felipe
Imbachi Sánchez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura -
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” que, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, comunique al actor el
contenido de la respuesta brindada el 2 de septiembre de 2024, de acuerdo con lo
expuesto en las consideraciones.

TERCERO. ADVERTIR a la entidad indicada en el ordinal anterior, que el
incumplimiento de lo dispuesto en este fallo dará lugar a las sanciones establecidas
en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

8

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