Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04445-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04445-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-04445-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
30 de enero de 2025
Demandante: Marlene Flórez Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04445-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04445-01
Demandante: MARLENE FLÓREZ ROJAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Agotamiento de los medios
de defensa judicial. Violación al principio de congruencia.
Defecto procedimental. Relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte demandante contra el fallo
de 31 de octubre de 2024, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró la improcedencia del mecanismo constitucional de la referencia
respecto del cargo de incongruencia y, negó el amparo en relación con el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora Marlene Flórez Rojas, a través de apoderada judicial, presentó acción de
tutela el 22 agosto de 2024, con el fin de que se le amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, al mérito y «al ascenso en la carrera administrativa».
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de
la sentencia de 24 de agosto de 2023, que revocó la del 5 de noviembre de 2021,
del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que
había negado las pretensiones de la demanda, así como del auto de 30 de abril de
2024, que negó la solicitud de aclaración de la primera providencia, dictados por el
Tribunal Administrativo de Santander, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado contra la Comisión Nacional del Servicio
Civil, identificado con el radicado 11001-03-25-000-2012-00711-00/01.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones son las siguientes:
PRIMERA. Se conceda el amparo de los derechos fundamentales al ACCESO A LA
JUSTICIA, AL DEBIDO PROCESO, AL MERITO, AL ASCENSO EN CARRERA
ADMINISTRATIVA Y A LA IGUALDAD a favor de MARLENE FLOREZ ROJAS.
SEGUNDA: Se ordene inaplicar lo concerniente a la parte motiva y resolutiva de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de fecha 24 de agosto
1
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Demandante: Marlene Flórez Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
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de 2023 que consigna: “solo en el efecto que la lista de elegible no haya perdido
fuerza ejecutoria” así mismo lo concerniente a “Se aclara que dentro de los
efectos de esta decisión no está el de revivir la vigencia de 2 años establecida
legalmente para la lista de elegibles” en aras proteger un interés Superior, esto con
respecto a MARLENE FLOREZ ROJAS y en su lugar se ordene el restablecimiento
del derecho a ser nombrada en el cargo para el cual concursó, o en uno de igual o
superior categoría.
TERCERA: Que como consecuencia de la inaplicabilidad solicitada
precedentemente, se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil, reclasifique
acorde a los parámetros de la Sentencia del 24 de agosto de 2023, relacionados con
los puntajes de estudios y experiencia, se elabore la lista de elegibles y se notifique
al Gobernador de Santander para nombramiento.
CUARTA: Ordenar al Gobernador de Santander que, de no ser posible el
nombramiento en el empleo concursado, nombre a MARLENE FLOREZ ROJAS, en
uno cualquiera de los empleos, que por ley son de carrera administrativa pero que en
la actualidad se encuentran de libre nombramiento y remoción, adscritos al Despacho
del señor Gobernador de Santander; empleos que son de igual y superior categoría
al concursado y para los cuales mi representada cumple los requisitos a cabalidad.
Los empleos a saber son:
1. Profesional universitario, código 219, grado 15 (Decreto 542 de 2021 y Decreto 067
de 2024)
2. Profesional universitario, código 219, grado 15 (Decreto 542 de 2021 y dto. 067 de
2024)
3. Profesional universitario, código 219, grado 15 (decreto 542 de 29021)
4. Profesional universitario, código 219, grado 15 (decreto 542 de 2021)
5. Profesional universitario, código 219, grado 16 (Decreto 542 de 2021)
6. Profesional universitario, código 219, grado 17 (Decreto 542 de 2021).
QUINTA: Se ordene a la Comisión Nacional de Servicio Civil, restablecer el Derecho
a MARLENE FLOREZ ROJAS, y en consecuencia reconocer y pagar debidamente
indexado a la tutelante, lo siguiente:
a) La diferencia salarial entre los empleos desempeñados y el empleo de profesional
universitario de concurso de méritos Profesional especializado código 222, grado 15
como se encuentra el empleo denominado en la actualidad.
b) Indexar la diferencia de prestaciones sociales y seguridad social de la accionante
c) Indexar las cesantías retroactivas a que tiene derecho la accionante
d) Indexar las diferencias en vacaciones, primas y demás emolumentos salariales.
SEXTA. Si la anterior pretensión, no fuere concedida solicito en su lugar, se ordene
a la Nación-Comisión Nacional del Servicio Civil el restablecimiento del derecho en la
suma 1.600 SMLMV, al momento del pago y el cual se hará efectivo a los 30 días
después de notificado el fallo constitucional.1
1.3. Hechos
Del escrito introductorio y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
La señora Marlene Flórez Rojas participó en el concurso abierto de méritos,
convocatoria No. 001 de 2005, en el que aspiró al empleo de profesional
especializado código 222 grado 20, de la Subdirección de Seguridad Social de la
Secretaría de Salud de Santander.
1 Transcripción de conformidad con el texto original, con mayúsculas sostenidas, negrillas y posibles
errores.
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Mediante la Resolución N. ° 2770 de 9 de junio de 2011, la Comisión Nacional del
Servicio Civil conformó la lista de elegibles, en la cual la actora ocupó el tercer lugar.
Contra la anterior decisión la tutelante interpuso los recursos de reposición y
apelación, los cuales fueron despachados desfavorablemente mediante el Oficio
2011EE42483 de 31 de octubre de 2011.
La señora Flórez Rojas presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Comisión Nacional del Servicio
Civil, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo que conformó la lista de
elegibles.2
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, autoridad
judicial a quien le correspondió por reparto el asunto3, en sentencia de 5 de
noviembre de 2021, denegó las pretensiones deprecadas. Dicha providencia fue
revocada por el Tribunal Administrativo de Santander en fallo de 24 de agosto de
2023.
Como sustento de su decisión el referido tribunal señaló que, del análisis de las
pruebas se evidenciaron inconsistencias en la puntuación de los análisis de
antecedentes, respecto de los estudios desde el factor de educación formal,
experiencia y puntuación por estudios acreditados para la formación del trabajo y
desarrollo humano, lo que desconocía los parámetros fijados en la convocatoria, lo
cual daba lugar a la nulidad del acto administrativo demandado que posicionó en el
tercer puesto de la lista de elegibles a la demandante.
Conforme lo anterior, ordenó a la Comisión Nacional del Servicio Civil que revisara
la valoración otorgada por los referidos criterios y reclasificara a la accionante,
siempre y cuando la lista de elegibles no hubiera perdido fuerza ejecutoria.
Con memorial del 11 de octubre de 2023, el extremo activo del proceso ordinario
solicitó la aclaración del mentado proveído de segunda instancia, lo cual fue negado
en auto de 30 de abril de 2024.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora se refirió inicialmente a los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial y, en ese orden, indicó que su petición cumplía
con cada uno de ellos. En cuanto al presupuesto de la relevancia constitucional,
señaló que lo pretendido con el referido mecanismo de amparo era que el juez
constitucional determinara el alcance y efectividad de las garantías fundamentales
conculcados por la autoridad judicial accionada, que no reparó ni restableció los
derechos y perjuicios causados por la administración, pese a que, fue quien, como
juez constitucional en una acción de tutela, le indicó que contaba con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la lista de elegibles.
2 De conformidad con los fallos de tutela de primer y segundo grado de 3 de agosto de 2011 y 26 de
abril de 2012, dictados por el Tribunal Administrativo de Santander y la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, respectivamente.
3 El proceso fue radicado inicialmente en la Sección Segunda del Consejo de Estado en el año 2012,
y, con auto de 18 de febrero de 2021, la corporación declaró la falta de competencia.
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De otro lado, alegó que las decisiones cuestionadas vulneraron el principio de
congruencia, lo cual hizo en los siguientes términos:
La sentencia, viola la exigencia legal de respetar el principio de la congruencia pues
por un lado reconoce los derechos conculcados por la administración pero por el otro
lado hace esos mismos derechos nugatorios, al exigir vigencia del acto anulado,
cuestión que resulta imposible a este tiempo pues han transcurrido más de 12 años
desde la conformación de la lista (acto anulado), la cual tuvo vigencia por dos años,
término este conocido por el Tribunal Administrativo de Santander tanto como juez
constitucional como juez ordinario.
La exigencia de la sentencia, objeto de esta tutela al requerir que el acto anulado
tenga fuerza ejecutoria para la efectividad de los derechos fundamentales
reconocidos por la misma, constituye un imposible conocido por el juez y un castigo
adicional a mi representada. La Sentencia SU 041 de 2022 de la Corte Constitucional
manifestó que se incurre en un defecto procedimental por exceso ritual cuando la
decisión Judicial privilegia una norma procesal de rango legal por encima de una
norma de rango constitucional, convirtiendo las formas procedimentales en
obstáculos y no en un instrumento para la satisfacción de los derechos sustantivos.
En el caso concreto tenemos que la Sentencia privilegia una norma de rango inferior
procedimental, como lo es la lista de elegibles, que es un acto administrativo de rango
menor frente a los Derechos Fundamentales conculcados. A la fecha se recibió
Respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil negando los derechos. Se anexa
copia de la respuesta.
En su parte considerativa, la sentencia aludida, en el inciso primero (pagina19)
sustenta que, a título de restablecimiento del derecho, se realice la valoración de la
demandante acorde a los lineamientos judiciales condicionando dicha valoración a la
vigencia de la lista de elegibles, esto es, “en caso de no haber perdido ejecutoria
el mencionado acto”. la sentencia desconoce que precisamente la perdida de
ejecutoria del acto anulado ocurre estando en trámite el proceso en la jurisdicción
contenciosa que, si ésta fuera eficaz, diligente y pronta como lo pregonan las normas
constitucionales esto no hubiera ocurrido; pero también es cierto, que a la tutelante
no le cabe ninguna obligación de soportar los efectos adversos de la tan manida
morosidad de la justicia, que conlleva, en la práctica, la perdida irremediable de sus
derechos fundamentales y laborales como se desprende de las consecuencias de
dicho condicionamiento. 4
Asimismo, señaló que la decisión de no revivir el término de dos años de vigencia
de la lista de elegibles, al igual que de velar por la protección de los derechos de los
aspirantes que participaron en el concurso de méritos, conllevaba un perjuicio
irremediable y directo a sus intereses, lo cual acarreaba la configuración de un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues, los referidos integrantes
debieron ser llamados a integrar el litisconsorcio necesario y con ello evitar la
afectación de las garantías de estos.
Advirtió igualmente que, la sentencia censurada «da un salto al vacío» cuando en
ésta se afirmó que la demandante solo pretendió la nulidad del acto administrativo
demandado, pues, no solicitó expresamente la vinculación al cargo de carrera, con
lo cual se desconoció que dicha pretensión está implícita en las demandas de
nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que en su caso,
comportaba que se conformara la lista de elegibles con ella en primer lugar y, como
consecuencia, se nombrara en el cargo para el que concursó.
4 Texto original con posibles errores.
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1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 9 de septiembre de 2024, el a quo constitucional admitió la acción
de tutela, ordenó notificar a la parte actora, así como al Tribunal Administrativo de
Santander, en calidad de accionado.
Asimismo, vinculó como terceros con interés al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga y a la Comisión Nacional del Servicio Civil. De
igual forma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del
Proceso dispuso la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
Finalmente, reconoció personería a la abogada Gloria Wilches Tapia, para actuar
como apoderada de la tutelante.5
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Santander
La magistrada ponente de la decisión cuestionada, señaló que la sentencia de la
corporación fue congruente con las pretensiones de la demanda, razón por la cual
se declaró la nulidad del acto acusado y se le impartió la respectiva orden a la
Comisión Nacional del Servicio Civil dentro de los límites previstos en las normas
aplicables al caso, esto es, que revisara el puntaje de la demandante y que en caso
de que la lista de elegibles no hubiere perdido fuerza ejecutoria, la reclasificara.
Advirtió igualmente que, lo pretendido por la actora era reabrir un debate ya resuelto
en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, sumado a que las
pretensiones relacionadas con un eventual nombramiento en la Gobernación de
Santander no fueron planteadas, razón por la cual no se podían emitir órdenes que
no guardaran relación con las súplicas del litigio.
Conforme a lo anterior, solicitó que se denegara el amparo deprecado al no
acreditarse los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial.
1.6.2. Comisión Nacional del Servicio Civil
En su intervención la entidad pidió que se declarara improcedente el mecanismo de
amparo por cuanto no se vulneró ningún derecho fundamental de la accionante, así
como su desvinculación del presente trámite.
1.7. Fallo impugnado6
Mediante sentencia de 31 de octubre de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la tutela por incumplimiento del requisito de
5 Por auto de 28 de agosto de 2024, se requirió a la apoderada para que allegara el poder especial
que la facultara para actuar en representación de la accionante.
6 La sentencia de primera instancia se notificó el 6 de noviembre de 2024.
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subsidiariedad respecto del cargo por violación al principio de congruencia y, negó
el amparo en relación con el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
En relación con la primera decisión, advirtió que la actora contaba con el recurso
extraordinario de revisión el cual permitía revisar si la sentencia cuestionada había
trasgredido o no el mentado principio, ello en atención que el mencionado
mecanismo de defensa daba lugar al quebrantamiento de la cosa juzgada, con el
propósito de restablecer el imperio de la justicia, así como el ordenamiento jurídico.
De otra parte, previo a resolver el segundo cargo, el a quo precisó que las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho estaban
encaminadas a que se le ordenara a la Comisión Nacional del Servicio Civil que
revisara la calificación de antecedentes de la demandante, por omisión de algunos
documentos, requisitos y certificaciones allegadas oportunamente, en
consecuencia, se reclasificara en el primer lugar de la lista de elegibles para el
empleo de profesional especializado código 222, grado 20 del departamento de
Santander.
En ese orden, después de transcribir la parte resolutiva del fallo y algunas
consideraciones de la motiva, aseveró que en atención a las súplicas de la
demanda, el tribunal accionado solo ordenó la reevaluación y reclasificación de la
demandante, sin incluir ninguna sobre vinculación alguna, en tanto ello no fue
solicitado, razón por la cual no se presentaba vulneración a los derechos
fundamentales de la demandante.
Asimismo, señaló que la decisión de condicionar las órdenes de la sentencia a la
vigencia de la lista de elegibles, se soportó en que, dadas los pedimentos en el
contencioso, a éste no fueron vinculados ninguno de los interesados en el cargo al
que concursó de actora «por lo que no era procedente referirse sobre el
nombramiento a partir de la lista que se declaró nula, so pena de afectar los
derechos de terceros, lo que no configura el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto alegado.».
1.8. Impugnación
La parte actora solicitó que se revise y «detalle» los hechos fácticos planteados para
que se establezcan los presupuestos que den lugar a que se revoque el fallo de
primera instancia. Conforme a ello, iteró los argumentos del escrito inicial, para lo
cual precisó que:
El presente debate constitucional gira en torno a que el Consejo de Estado en
sentencia de fecha 31 de octubre con radicado 11001-03-15-000-2024-04445-00 en
referencia resolvió denegar las pretensiones de la Tutela que pide amparar los
derechos fundamentales vulnerados con la sentencia del Tribunal accionado y los
demás actores vinculados, frente a los derechos fundamentales de ACCESO A LA
JUSTICIA, AL DEBIDO PROCESO, AL MERITO, AL ASCENSO EN CARRERA
ADMINISTRATIVA Y A LA IGUALDAD reclamados por mi representada, sobre la
SENTENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER de fecha
2023- 08 -24 y el AUTO QUE NIEGA ACLARACION DE FECHA 2024-04- 30, por
medio de la cual se produjo fallo sobre los acaecimientos en el concurso de mérito en
lo cual se fundamenta.
Inconforme con la decisión de la Sentencia del Tribunal, acusada por obtener
pronunciamiento en el simple hecho que se limita la garantía de los derechos
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fundamentales a la existencia de la vigencia de la lista de elegibles, a sabiendas que
esta se encontraba vencida tal como lo determina el mismo acto administrativo
acusado resolución 2770 de 2011 en medio de control de nulidad y
restablecimiento del Derecho y también a sabiendas, que, ello ocurrió estando la
demanda de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en manos de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, durante un gran número de años, como
se consignó en el hecho Octavo del escrito de tutela ( presentada en 2012 y fallada
en 2023), mientras que la vigencia de la lista de elegibles expiró el 23 de mayo de
2014, según lo informó la CNSC, situación que ocurrió mientras la Demandante
permanecía en la indefensión absoluta ente las amenazas, pues presento recursos
de reposición a la CNSC y tutela ante el TRIBUNAL ADMINISTRTIVO ORAL DE
SANTANDER para que se ofreciera protección excepcional sobre evitar perjuicios
irremediables y los respectivos despacho, Incluido el Consejo de Estado en segunda
instancia como Juez Constitucional le negaron la protección indicándole de manera
impropia que hiciera uso de la Jurisdicción contenciosa Administrativa, ella les hizo
caso, como podrá verse.
Resulta extraño, que a la Jurisdicción Contencioso Administrativa considere factible
proteger los derechos de unos terceros, que precisamente no los vinculó como es su
deber, no entraron al contradictorio, en un asunto que sin duda alguna es Inter partes.
contario sensu, se castiga a la Accionante que fue la única que hizo presencia
afrontando el litigio mientras era función del Tribunal velar por que se vinculara el
litisconsorcio necesario, como más adelante se evidenciara con los pronunciamientos
de las Altas Cortes en sus precedentes. Es palmario la identificación del
litisconsorcio necesario visible entre otros documentos en el Acto Administrativo
sobre el cual se profesa la nulidad obtenida, igualmente se incluyeron en el escrito de
demanda tanto a los concursantes como a la entidad destinataria del concurso,
Departamento de Santander y de esta manera resolver para todos en un escenario
de contradictorio y no como se hizo castigando a quien recurrió a la Jurisdicción
constitucional y Contenciosa Administrativo a pedir protección y protegiendo a los
ausentes.
En ese orden, alegó que en la respuesta del tribunal acusado se confirmaba una
vez más los yerros en que se incurrió en la actuación objeto de estudio, al
desconocer el principio de la prevalencia sustancial sobre las normas, pues, enfatizó
que, en múltiples pronunciamientos de las altas cortes se ha señalado la obligación
de los jueces de integrar el litisconsorcio necesario.
Asimismo, aseveró que, con el condicionamiento consignado en la sentencia,
referido a que la lista de elegibles no hubiese perdido vigencia, se coartó la
efectividad de la orden, con lo cual se lesionaron sus derechos fundamentales,
pues, fue la única persona que acudió a la administración de justicia y se le resolvió
el asunto con una fallo inane e improcedente, comoquiera que, tales circunstancias
no fueron parte de las pretensiones ni alegadas por alguna de las partes.
Por otro lado, indicó que la violación al principio de congruencia no se encuentra
dentro de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión, luego,
consideró que en el fallo impugnado se incurrió en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, al pretender someterla a un largo procedimiento que se
sumaría a los muchos años que lleva en búsqueda de la protección de sus
derechos.
1.9. Trámite en segunda instancia
Previo a resolver la impugnación, el magistrado ponente de esta decisión, por auto
de 5 de diciembre de 2024, advirtió la existencia de una nulidad saneable por la
ausencia de vinculación como parte demandada a la Gobernación de Santander, al
existir pretensión expresa contra dicho ente territorial.
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No obstante, pese a que se realizó la debida notificación, tal como se verifica en el
índice 10 del expediente digital del aplicativo Samai del Consejo de Estado, la
referida entidad guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo
de 31 de octubre de 2024, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de
conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo
80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
La Comisión Nacional del Servicio Civil en su intervención solicitó su desvinculación
del presente trámite, frente a lo cual no hubo pronunciamiento del a quo; en ese
orden, se dispondrá en esta instancia su negativa, en atención a que su presencia
en este escenario es en calidad de tercero con interés y, por lo tanto, se requiere su
comparecencia con el fin de garantizar sus derechos de defensa y contradicción.
2.3. Problema jurídico
Corresponde determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia de
31 de octubre de 2024, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró la improcedencia del mecanismo constitucional de la referencia
respecto del cargo de violación al principio de congruencia y, negó el amparo en
relación con el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) de los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial los de relevancia constitucional y de
agotamiento de los medios de defensa judicial y, de superarse, junto con los demás,
(iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 7,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema8.
7 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
2.5.1.1. La Sala advierte que en el sub examine, contrario a lo señalado por el a
quo, no se cumple el presupuesto de la referencia en relación con el yerro
procedimental, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción de amparo de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
(Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
202211 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.
9 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.
2.5.1.2. En el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por la parte
tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, las inconformidades alegadas no contienen la carga
argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué el asunto requiere
la intervención del fallador de esta sede, es decir, no tienen la identidad o
trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales.
En efecto, si bien se alegó la configuración del defecto procedimental, lo cierto es
que la parte actora no satisfizo la carga desde la perspectiva constitucional, según
lo establecido en la referida sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-
215 de 2022, pues, el debate planteado en esta instancia tiene como objetivo refutar
la conclusión de la autoridad judicial accionada, esto es, que la orden de revisión y
reclasificación de la demandante en la lista de elegibles debía estar condicionada a
la vigencia de la misma, así como al hecho de no haberse integrado el litisconsorcio
necesario, más allá de exponer como se materializó la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales.
Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus prerrogativas
superiores al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, al mérito y «al ascenso en la carrera administrativa», no conlleva que el
asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente relevancia
constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la controversia gira en
torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la
competencia de este operador judicial se restringe a la protección efectiva de las
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garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
La carga argumentativa que hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para
cumplir con la mencionada exigencia, sino que dicha labor comprende un ejercicio
argumentativo mucho más profundo. En el escrito contentivo de la tutela, se advierte
el reparo a las decisiones del 24 de agosto de 2023 y 30 de abril de 2024, a partir
de la configuración del yerro antes señalado, pero huérfano de una línea conceptual
de índole constitucional que permita al funcionario judicial desarrollar, interpretar o
aplicar la carta política respecto al caso concreto.
Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada,
que amerite la intervención en sede constitucional.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
Asimismo, deviene de manera indiscutible que lo pretendido con el presente
mecanismo es subsanar el descuido en que incurrió la parte demandante, entre
otras cosas, al plantear las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho.
Ello, por cuanto, contrario a lo alegado, el principio de la justicia rogada opera en la
jurisdicción contenciosa administrativa, luego, conforme a los artículos 162 y 163 de
la Ley 1437 de 2011, las pretensiones deben plantarse de forma clara y separada,
razón por la cual, en su caso, al no haberse solicitado la de ordenar su
nombramiento, no había obligación del operador judicial de disponer o pronunciarse
sobre el respecto. Similar situación sucede con las súplicas quinta y sexta del escrito
de tutela, pues las mismas debieron ser deprecadas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, luego, es clara su improcedencia por incumplimiento
del requisito en estudio.
2.5.2. Agotamiento de los medios de defensa judicial
2.5.2.1. La Sala considera necesario indicar en este punto que, el inciso 3º del
artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de
procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existan otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
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derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia12.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la
esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del
artículo 2° de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos fundamentales
de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante para
cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en cualquiera de
los ámbitos funcionales del mismo.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-735 de 2013, manifestó que la
«exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del amparo, que
pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una instancia más en el
trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros
diseñados por el legislador y mucho menos, como se pretende en este caso, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes para corregir
oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios»13.
Aunado a lo anterior, la referida alta corporación manifestó que, junto con los demás
requisitos de procedibilidad, se exige que el actor «haya ejercido los recursos
previstos en el respectivo proceso judicial, pues no se trata de sustituir a través de
ella los mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria
de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido
tiempo»14.
2.5.2.2. En el sub examine la actora alegó que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Santander de 24 de agosto de 2023, trasgredió el principio de
congruencia, por cuanto, si bien reconoció la violación de sus derechos por parte de
la administración, el restablecimiento de éstos lo hizo nugatorio, al exigir la vigencia
del acto administrativo acusado, esto es, de la lista de elegibles.
Ahora bien, al margen de la razonabilidad de esta tesis, lo cierto es que esta
magistratura, investida como juez constitucional, no es competente para determinar
si el proveído bajo cuestionamiento adolece de incongruencia, circunstancia que,
como se analizará más adelante y contrario a lo alegado por la tutelante, se enmarca
12 En sentencia T-313 de 2005, M.P .Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones.”
13 Corte Constitucional, Sentencia T-735 del 17.1.2013. M.P. Alberto Rojas Ríos
14 Corte Constitucional, Sentencia T-107 del 20.2.2012. M.P. María Victoria Calle Correa
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en la causal quinta del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, ya que tal análisis le
corresponde al juez natural del recurso extraordinario de revisión.
Frente al punto, se advierte que, de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós
Especial de Decisión de esta Corporación15, la falta de motivación y la incongruencia
dan lugar a la nulidad originada en la sentencia, que es una de las causales que
hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los términos del numeral
5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 201116.
La tesis de la referida Sala Especial fue expuesta en los siguientes términos:
[…] 2.5. Nulidad originada en la sentencia
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.
(…)
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de
la sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena
Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del
C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia,
se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por
cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
(…)
En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del
C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia
interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte
resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.
(…)
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes
6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia
interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia
proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-
03-15-000-2015-02342-00(REV). Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro.
16 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión: (…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación. (…).
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específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales
no se podía pronunciar.
(…)
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando
falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión,
porque el fallador excede su competencia, la que se repite está determinada por los
cargos y pretensiones de la demanda […]. (Destacado por la Sala)
En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de congruencia
da lugar a que se configure la causal de revisión prevista en el numeral 5° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, «[…] Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación
[…]».
En razón de lo expuesto, la presente demanda de tutela fundada en la incongruencia
de la sentencia no supera el requisito de agotamiento de todos los medios de
defensa judicial, comoquiera que en tal caso procede el recurso extraordinario de
revisión y, por lo tanto, la Sala se abstendrá de su estudio y declarará improcedente
la solicitud de amparo.
Ahora bien, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela
procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los
derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se acrediten
al menos sumariamente.
Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción
de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección
de los derechos suplicados, o ya se agotaron, es la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «(…)cuando el
peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta
con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas
impostergables que lo neutralicen (…)»17.
De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables18.
17 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández
18 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «… son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable,… A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable
han de ser urgentes,… || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona… || D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya
que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna… Se trata del sentido
de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las
autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para
el equilibrio social».
14
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Entonces, corresponde a la colegiatura estudiar sí en el caso concreto, la acción de
tutela procede de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable
que afecte de manera directa los derechos fundamentales de la parte actora.
Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio, no es posible establecer que la actora se encuentre
en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
En consecuencia, para la Sala, los hechos y los fundamentos que motivaron la
solicitud de amparo, frente a la violación al principio de congruencia alegada, debe
ser cuestionada a través del aludido recurso extraordinario, con ocasión a que la
acción de tutela no puede sustituir el mecanismo de defensa con el que cuenta la
parte demandante para la protección de sus garantías superiores.
Se itera entonces que conforme lo señaló la Corte Constitucional, el recurso
extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra
decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto19.
2.6. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado se confirmará parcialmente la sentencia de 31 de
octubre de 2024, expedida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en cuanto
declaró improcedente la tutela por incumplimiento del requisito de agotamiento de
los medios de defensa judicial frente al cargo de violación al principio de
congruencia y, se revocará respecto de la decisión de negar el amparo en relación
con el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, para, en su lugar, declarar
la improcedencia del mecanismo en estudio respecto de este yerro, por no superar
el requisito de la relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Comisión Nacional
del Servicio Civil.
SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo de 31 de octubre de 2024,
dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en relación con la declaratoria
de improcedencia de la solicitud de amparo por no satisfacerse el requisito del
agotamiento de los medios de defensa judicial frente a los argumentos de violación
al principio de congruencia y, se REVOCA la decisión de negar el referido
mecanismo frente al defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto,
para, en su lugar, declarar improcedente la tutela de este cargo, por incumplimiento
del requisito de la relevancia constitucional.
19 Sentencia C - 418 de 1994.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
16
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