Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04467-00
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Acción de tutela: petición ante autoridades
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04467-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04467-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
27 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04467-00
Demandante: ERICK JOSÉ URUETA BENAVIDES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA – Petición ante autoridades / NIEGA AMPARO.
La Sala 1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Erick José Urueta
Benavides contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 23 de agosto de la presente anualidad, el señor Erick José Urueta Benavides,
actuando en calidad de presidente de la Veeduría Ciudadana a la Rama Judicial de
Cartagena, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar,
por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición. Formuló las
siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):
1. AMPARAR mis derechos fundamentales A LA PETICION E INFORMACION
EN EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL Y CIUDADANO COMO VEEDURIA
CIUDADADA ESPECIALIZADA, consagrados en la Constitución Nacional de
Colombia.
2. ORDENAR, a la TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR DESPACHO
MAGISTRADO LUIS MIGUEL VILLALOBOS ALVAREZ, que proceda a dar
respuesta de fondo, con claridad, precisión y de forma concisa, atendiendo a la
petición que se efectuó de fecha 4 de julio de 2024, y de la misma forma le diga
a la quejosa por que la demora dentro del proceso ya mencionado.
1
Se advierte que, el 10 de septiembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Erick José Urueta Benavides
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Sentencia de tutela de primera instancia
3. PREVENIR, a las accionadas para que en el futuro no incurra en estos errores
que van en detrimentos de nuestra CONSTITUCION NACIONAL y nuestro
ESTADO SOCIAL DE DERECHO, pues esto conlleva a un desgaste de nuestro
aparato judicial y carga laboral innecesaria.
4. CUALQUIER, otro derecho fundamental que pudiere resultar violado por la
omisión de la entidad accionada.
1.2. Hechos y argumentos de la tutela
Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
El 26 de octubre de 2018, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la señora Ana Beatriz Comas Rangel presentó
demanda en contra del municipio de San Fernando, Bolívar, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto ficto o presunto que negó el reconocimiento de una
sustitución pensional.
El 28 de junio de 2024, la demandante del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho presentó una queja ante la Veeduría Ciudadana a la Rama Judicial de
Cartagena, en la que informó que había transcurrido más de un año desde que se
agotó la etapa para presentar alegatos de conclusión sin que se profiriera la
respectiva sentencia.
El 4 de julio de 2024, mediante mensaje de datos, la referida Veeduría dio traslado
de la queja presentada por la señora Comas Rangel al Tribunal Administrativo de
Bolívar. Por lo que, el 10 del mismo mes y año, la Secretaría de dicha Corporación
dio cuenta de la inconformidad de la demandante al despacho D007, por cuanto allí
se adelantaba el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
13001-23-33-000-2019-00563-00.
A juicio del accionante, pese a que ha transcurrido un año y cinco meses desde la
última actuación que se registró en el proceso, y aun cuando el 4 de julio de 2024
se le dio traslado de la queja interpuesta por la demandante del proceso ordinario,
el Tribunal Administrativo de Bolívar, concretamente, el magistrado Luis Miguel
Villalobos Álvarez, ha omitido pronunciarse al respecto.
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2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 30 de agosto de 2024, el Despacho sustanciador admitió la
demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar (despacho de
magistrado Luis igual Villalobos Álvarez), como parte demandada, y ordenó que se
notificara a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado2.
2.2. El magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez solicitó su desvinculación de la
presente acción constitucional 3 . Manifestó que, en cumplimiento de la orden de
redistribución de procesos y equilibrio de cargas proferida por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bolívar, mediante Acuerdo CSJBOA21-2 del 6 de enero de 2021,
el proceso con radicado 13001-23-33-000-2019-00563-00 fue remitido al despacho
007 del Tribunal Administrativo de Bolívar, desde el primer trimestre del 2021.
2.3. Por su parte, el magistrado Jean Paul Vásquez Gómez, titular del despacho 007
del Tribunal accionado solicitó que se declare la carencia actual de objeto
superado4. Precisó que, el 17 de mayo de 2024, la Sala de Decisión No. 6 profirió
sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 13001-23-33-000-2019-00563-00, decisión que fue notificada
a las direcciones electrónicas de las partes el pasado 4 de septiembre.
Argumentó que la tardanza en la notificación de la providencia de primera instancia
obedeció a las diversas dificultades técnicas para realizar las notificaciones por
medios electrónicos y señaló que la mora en que se incurrió proviene de las
condiciones estructurales de congestión de la administración de justicia.
2.4 La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema jurídico
La Sala deberá determinar si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho
fundamental de petición del señor Erick José Urueta Benavides, en calidad de
presidente de la Veeduría a la Rama Judicial de Cartagena, por haber omitido su
deber de responder, de fondo, la solicitud radicada el pasado 4 de julio.
2
SAMAI, índice 4.
3
SAMAI, índice 8.
4
SAMAI, índice 9.
3
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De hallarse acreditado lo anterior, la Sala concederá el amparo deprecado; en caso
contrario, esto es, de estimarse que la accionada resolvió en su integridad la petición
ante ellas por el accionante, se negará la protección invocada.
2. Análisis de la Sala
2.1. El derecho fundamental de petición
El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, ha
sido concebido por la doctrina como «un derecho que -antes que otra función-
facilita la expresión de las personas en su relación con un determinado poder
constituido»5 y, particularmente, en su relación con el Estado de Derecho. Es, por
tanto, «una de esas formas de vinculación entre el poder público y los particulares,
para que estos ejerzan control y fiscalización sobre el Estado»6.
Este derecho tiene un núcleo esencial complejo que se integra por (i) la facultad que
tiene una persona de presentar peticiones respetuosas, en interés general o
particular, ante las autoridades y también ante organizaciones privadas, previa
reglamentación del legislador, y (ii) los deberes correlativos del sujeto pasivo de
recibir la petición, evitar tomar represalias por su ejercicio, otorgar una respuesta
material en el plazo dispuesto legalmente y notificarla en debida forma. La Corte
Constitucional también ha señalado que la respuesta emitida debe ser clara,
oportuna y congruente con lo solicitado.
En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición. Es claro, entonces, que el hecho de obtener una respuesta negativa, o
cuando se le indica al peticionario el procedimiento administrativo que se debe
seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efectos de estudiar
la procedencia de la solicitud son circunstancias que, por regla general, no implican
la vulneración del derecho fundamental de petición.
Así las cosas, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
5
MARÍN CORTÉS, Fabián G. Naturaleza jurídica del derecho de petición. En: Derecho público.
Biblioteca Jurídica Diké – Universidad Pontificia Bolivariana, 2012. p. 115.
6
Ibid., p. 174.
4
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respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea, y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido7.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la respuesta de la autoridad
debe ser:
(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii)
precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en
información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii)
congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho
de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad
de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una
respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si
resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente8.
Recientemente, la Corte Constitucional9 reiteró la anterior postura jurisprudencial e
insistió en que otorgar respuesta de fondo a una solicitud implica:
[O]frecer respuesta clara, precisa y de fondo o material, lo que supone que la
autoridad competente ha de pronunciarse sobre la materia propia de la solicitud
de manera completa, congruente y sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados, con independencia de que la respuesta sea
favorable, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido.
En similar sentido, la sentencia T-132 de 2024 estableció que la respuesta a una
petición:
[…] debe ser de fondo, esto es10: (i) clara, “inteligible y de fácil comprensión”;
(ii) precisa, de forma tal que “atienda, de manera concreta, lo solicitado, sin
información impertinente” y “sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas”; (iii)
congruente, es decir, que “abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado”, y (iv) consecuente, lo cual implica “que no basta con
ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…) sino que,
si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente”11.
7 Sentencia T-587 de 2006.
8
Sentencia T- 610 de 2008.
9
Sentencia T-192 de 2022.
10
Cita original: Sentencia T-490 de 2018.
11
Cita original: Ibidem.
5
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Así mismo, en el evento en que la autoridad a quien se dirigió la petición no sea
competente para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de lo requerido, también
se preserva la obligación de contestar, consistente en informar al interesado sobre
la falta de capacidad legal para dar respuesta y, a su vez, remitir a la entidad
encargada de pronunciarse sobre el asunto formulado por el peticionario 12.
3. Caso concreto y solución del problema jurídico
En el caso bajo estudio, el accionante, en calidad de presidente de la Veeduría a la
Rama Judicial de Cartagena, afirmó que el Tribunal Administrativo de Bolívar
vulneró su derecho fundamental de petición, por no haber dado respuesta de fondo
a la solicitud que presentó el 4 de julio de 2024.
De acuerdo con los documentos allegados con la demanda, la Sala observa que,
en efecto, el 28 de junio de 2024, mediante escrito dirigido al presidente de la
Veeduría Ciudadana a la Rama Judicial de Cartagena, la señora Ana Beatriz Comas
Rangel presentó queja en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar, por
considerar que incurrió en mora para proferir sentencia de primera instancia.
Asimismo, se tiene acreditado que, el 4 de julio de la presente anualidad, la Veeduría
Ciudadana a la Rama Judicial de Cartagena trasladó la queja instaurada por la
demandante en el proceso ordinario a la autoridad judicial accionada, a través de
mensaje de datos. Por lo que, ese mismo día, la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Bolívar remitió el escrito al despacho en el que se adelantaba el
proceso e informó al accionante el trámite que le dio.
En el escrito de amparo, el señor Urueta Benavides estimó que el magistrado a
cargo del proceso vulneró su derecho fundamental de petición, por cuanto no se
pronunció expresamente frente al traslado de la queja que realizó el 4 de julio
anterior ni resolvió la inconformidad de la señora Comas Rangel por la mora judicial
en que incurrió.
La Corte Constitucional13 ha sostenido que las veedurías ciudadanas especiales en
el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho constituyen instituciones
12
Sentencia T-230 de 2020.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-146 de 2012.
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de participación ciudadana que se erigen como un mecanismo para la
materialización del principio constitucional de democracia participativa.
Asimismo, en la Ley 850 de 2003 se dispuso que el objeto de las veedurías
ciudadanas es ejercer vigilancia de la gestión pública y sus resultados, con el objeto
de democratizar la administración pública. A su vez, el artículo 16 ejusdem otorgó
como instrumento de acción para lograr de manera ágil y oportuna los objetivos de
las referidas instituciones de participación la facultad de «elevar ante las autoridades
competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la República todas
las acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley».
Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional 14 ha sostenido que las
solicitudes presentadas por las veedurías ciudadanas constituyen una herramienta
fundamental para el ejercicio del control de la gestión pública y el cumplimiento de
sus funciones.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la facultad de presentar peticiones ante las
autoridades con el fin de ejercer control ciudadano de sus actuaciones, en el caso
en concreto, la Sala entenderá que el traslado de la queja de la señora Comas
Rangel, efectuado por la Veeduría Ciudadana a la Rama Judicial de Cartagena al
Tribunal Administrativo de Bolívar es una manifestación de su derecho fundamental
de petición, cuya única finalidad era provocar un pronunciamiento respecto a la
supuesta mora judicial que denunció la demandante.
En ese sentido, y a diferencia de lo sostenido en la demanda, esta Subsección
considera que la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar llevó a cabo todas
las actuaciones tendientes a tramitar la referida solicitud. Lo anterior es válido, dado
que se trataba de un escrito dirigido al proceso; por lo tanto, remitirlo al despacho
sustanciador e informar sobre dicha actuación al señor Urueta Benavides, como en
efecto ocurrió, era la única manera de dar respuesta al traslado de la inconformidad
de la señora Comas Rangel.
14
«El aparte transcrito deja ver que el derecho de petición se presenta como el principal instrumento
de acción con el que cuentan las veedurías ciudadanas para cumplir con su función fiscalizadora.
Por esta razón, la Corte Constitucional ha establecido que el derecho de petición que la ley reconoce
a las veedurías ciudadanas, tiene un mayor alcance que el que ejercen las personas particulares,
por lo que están en la capacidad de obtener mayor información que los ciudadanos individualmente
considerados». Corte Constitucional, Sentencia T-146 del 2 de marzo de 2012.
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Es menester señalar que, precisamente, en aras de garantizar a la veeduría su
función de ejercer control sobre la gestión de administración de justicia, luego de
considerar que se estaba ante un escenario de mora judicial, la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Bolívar recibió el escrito y lo remitió al despacho en el
que se adelantaba el proceso.
Con todo, esta Subsección observa que la situación que dio lugar a que la Veeduría
a la Rama Judicial de Cartagena presentara la solicitud por mora judicial
actualmente ha cesado, pues se tiene acreditado que, el 17 de mayo de 2024, la
Sala No. 6 de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia de
primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 13001-23-33-000-2019-00563-00, decisión que fue notificada el 4 de
septiembre anterior.
Por todo lo anterior, la Sala negará el amparo deprecado por el señor Urueta
Benavides, en calidad de presidente de la Veeduría Ciudadana a la Rama Judicial
de Cartagena, por no haberse acreditado la vulneración de su derecho fundamental
de petición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Negar el amparo del derecho de petición del señor Erick José Urueta
Benavides, quien actúa en calidad de presidente de la Veeduría Ciudadana a la
Rama Judicial de Cartagena, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
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SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
9
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