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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04486-00

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04486-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 43 Ibidem. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2024 04486 00 Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la apoderada del Presidente de la República, atendiendo lo señalado en la parte motiva. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Alberto Muñoz Ramírez, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04486-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de octubre de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 04486 00
Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04486 00
Accionante: CARLOS ALBERTO MUÑOZ RAMÍREZ
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO, Y FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN – DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando se promueve
en contra de actos administrativos de carácter particular
y concreto y no se ha hecho uso de los medios de defensa
judiciales correspondientes.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Calos Alberto
Muñoz Ramírez en contra del Presidente de la República, del Ministerio de
Justicia y del Derecho, y de la Fiscalía General de la Nación – Dirección
de Asuntos Internacionales.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Carlos Alberto Muñoz Ramírez, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de las precitadas
autoridades, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

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Apartes del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04486 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 04486 00
Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez

“[…] PRIMERA: -Que se tutelen los derechos fundamentales de mi
poderdante a la vida, Dignidad Humana, a no ser sometido a
torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, a la autonomía
de su voluntad, entre otros derechos consagrados en la Constitución
Política.

SEGUNDA: -Consecuentemente con la declaración anterior que se
suspenda la ejecución de la orden de extradición del ciudadano
colombiano CARLOS ALBERTO MUÑOZ RAMÍREZ, identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 14.891.888, requerido por la Tercera
División de Gestión de la Investigación a las actividades delictivas
del Departamento de Investigación de la Dirección del Servicio
Federal de Seguridad del Ministerio de Asuntos Interiores de la
Federación de Rusia, dentro de la causa penal N°
11601007754000128.

TERCERA: Dadas las conocidas, en extenso, vulneración de los
Derechos Humanos por parte de la Federación Rusa, conminar al
Gobierno Nacional para que acoja la petición que realizo la misma
fiscal general de la Federación Rusa, en la nota Verbal No. 173/n del
13 de septiembre de 2018, a través de la representación
diplomática, por medio de la cual requirió puntualmente que:

“En el caso de que sea denegada la extradición del ciudadano
C.A MUÑOZ RAMIREZ por el hecho de ser ciudadano
colombiano, le ruego que nos informe acerca de la posibilidad
de remitirle los materiales del expediente de la presente
causa penal para realizar el procedimiento judicial del
individuo especificado en el territorio de la República de
Colombia.”

Lo anterior obviamente en referencia al principio contentivo de la
obligación alternativa de los Estados de extraditar o juzgar a
los sospechosos de la comisión de un delito, “Aut dedere, Aut
Judicare”, principio legal latino, máxime tratándose de un delito
transnacional, cometido en parte desde territorio nacional, pues la
resolución de imputación enviada por la federación rusa da cuenta
de que supuestamente, algunos envíos fueron realizados desde la
ciudad de Bogotá y en aplicación al tratado vigente entre Colombia
y Rusia, denominado Tratado sobre Asistencia Legal Recíproca en
Materia Penal, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010,
aprobado mediante la ley 1596 DE 2012 y declarado exequible por
la corte constitucional, mediante sentencia C-677 de 2013 (…).

CUARTA: Que se suspenda provisionalmente las resoluciones
ejecutivas No. 138 del 10 de mayo de 2024 y 298 del 01 de agosto
de 2024, por medio de las cuales el señor presidente de la República
de Colombia concede la extradición de mi prohijado y decidió el
recurso de reposición interpuesto por esta defensa técnica,
respectivamente, condicionada dicha suspensión a que el actor de la
presente acción acuda dentro del término pertinente (cuatro meses
siguientes) a demandar los actos administrativos objeto de

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Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez

suspensión provisional dentro de los cuatro meses siguientes
mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
anterior se hace necesario para la defensa del ordenamiento
superior, de las eventuales agresiones de actos administrativos, que
amparados en su presunción de legalidad, incurren en una ilegalidad
manifiesta, al poner en riesgo inminente a mi prohijado de que sus
derechos a la vida e integridad personal, dignidad humana, no ser
destinatario de tratos crueles inhumanos y degradantes y el derecho
a la autonomía de su voluntad sean conculcados, con la ejecución
de los actos administrativos antes referenciados, lógicamente con la
adopción de esta medida cautelar se detienen temporalmente los
efectos de los actos administrativos y por lo mismo, se suspende su
fuerza obligatoria y cesa el riesgo inminente a los derechos
fundamentales de mi poderdante, además que pone freno a la
rebeldía de la Administración ante mandatos superiores de
protección a los derechos fundamentales de sus connacionales […]”.
(Mayúsculas, negrillas y resaltados originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que mediante nota verbal nro. 138/n del 16 de
agosto de 2018, la Federación de Rusia solicitó su captura con fines de
extradición, con ocasión del requerimiento hecho por el Tribunal del
Distrito de Tveskoy de Moscú, por los delitos de “tentativa venta ilegal de
drogas, fabricación ilegal, venta o distribución de estupefacientes y
contrabando de agentes narcóticos, venta de drogas”2.

Agregó que, a través de nota verbal nro. 173/n del 13 de septiembre de
2018, la Embajada de la Federación de Rusia solicitó formalmente su
extradición.

Manifestó que el 30 de septiembre de 2021 fue capturado por miembros
de la Policía Nacional, debido a la orden de captura con fines de
extradición proferida por el Fiscal General de la Nación el 27 de agosto de
2020.

Señaló que “(…) el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió concepto
conforme lo estipulado en el artículo 496 de la ley 906 de 2004,
manifestando que la norma aplicable en el presente caso era la

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Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez

“Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas” suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988
y en los aspectos no regulados por la convención aludida, el trámite se
regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano (…)”3.

Anotó que el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió el expediente al
Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad que constató la debida
formalización de la solicitud y la envió a la Corte Suprema de Justicia para
que adelantara el trámite a su cargo.

Relató que el 22 de noviembre de 2023, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, conceptuó de manera favorable la solicitud de
extradición en su contra, formalizada por la Federación de Rusia a través
de su Embajada.

Expuso que el concepto favorable por parte de la Corte Suprema de
Justicia permitió que el Presidente de la República expidiera la Resolución
nro. 138 del 10 de mayo de 2024, por medio de la cual decidió conceder
su extradición. Dicha decisión fue confirmada a través de la Resolución
nro. 298 del 1 de agosto de 2024.

Aseveró que, “(…) el Presidente de la República como Jefe de este Estado
Social de Derecho, decidió enviar a mi poderdante para que sea
condenado a una pena de muerte camuflada, toda vez que una vez arribe
a territorio Ruso, correrá la misma suerte de su supuesto compañero en
el presunto de tráfico de estupefacientes y por tanto será obligado a
participar en una invasión a Ucrania en contra de su voluntad, sin ninguna
oportunidad de rehusarse a participar en dicho conflicto, bajo la
autonomía de su voluntad, tal y como ocurrió y en razón a ello, así lo
narra el ciudadano venezolano, procesado en el mismo libelo de mi
mandante, por los mismos hechos (…)”4.

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Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez

Alegó que, con la expedición de las precitadas resoluciones, por medio de
las cuales el Presidente de la República de Colombia concedió su
extradición a la Federación de Rusia, se vulneraron sus derechos
fundamentales a la vida e integridad personal, a la dignidad humana y a
la autonomía de la voluntad.

Advirtió que, si bien la orden de entrega al Estado requirente está
condicionada “(…) bajo el compromiso de que éste cumpla las condiciones
establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004,
esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación (…)”5, “(…) lo
cierto es que el cumplimiento de dichas garantías o condicionamientos
(contenidos en el fundamento jurídico numeral 24 del concepto favorable
emitido por la Corte), están supeditados para su cumplimiento única y
exclusivamente al principio de la buena fe que debe aplicar entre los
Estados Soberanos y precisamente ese tipo de actuación es la que hoy no
es razonable esperar del gobierno de la Federación Rusa, respecto del
cual la Comunidad Internacional de Naciones ha puesto recientemente en
evidencia su incumplimiento absoluto de ese principio de derecho
internacional (…)”6.

Sostuvo que “(…) la Federación Rusa ha omitido acatar las decisiones de
la Corte Internacional de Justicia, en el sentido de cesar las operaciones
militares en Ucrania y cesar de perpetrar acciones de genocidio en dicho
país, no les ha importado las disposiciones de la Corte Internacional de
Justicia y espera el Estado Colombiano que los condicionamientos
contenidos en la resolución No. 138 del 10 de mayo de 2024, van a tener
la fuerza suficiente para conminar al Estado Ruso a respetar los derechos
fundamentales de mi poderdante (…)”7.

5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
5

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Resaltó que “(…) el Estado en este caso puede dar aplicación al principio
de no devolución o non refoulement que es una figura que nace como
base para la protección de los refugiados. No obstante, su aplicación en
el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, se ha
extendido al ámbito de la extradición y resulta muy oportuno solicitar
su estricta aplicación teniendo en cuenta que la Federación de Rusia no
está en capacidad de proteger los derechos humanos de los internos, con
lo que la vida y la integridad física de mi poderdante estará en peligro tan
pronto pise territorio ruso (…)”8.

Indicó que su apoderado logró contactar y entrevistar en forma virtual,
por medio de investigadores con funciones de Policía Judicial, al ciudadano
venezolano Carlos David Méndez González, condenado el pasado 31 de
octubre de 2017 por el Tribunal de la ciudad de Domodedovo de la región
de Moscú, dentro del mismo proceso en el que él está siendo enjuiciado.

Al respecto, precisó que “(…) este ciudadano venezolano MENDEZ
GONZALES CARLOS DAVID, narró en entrevista virtual, fijada por medio
audiovisual y escrita, el pasado cuatro (4) de enero de 2024, como
después de cumplir siete años de prisión (como pago de su condena) en
Timiryaseva 1, ciudad Valuyki, región de Belgorod 309990, institución
Federal Estatal, colonia penal 7, servicio federal ruso de instituciones
penitenciarias de la región de Belgorod, fue obligado a continuar
cumpliendo la condena participando en forma directa en el conflicto
(guerra), que la Federación Rusa adelanta contra Ucrania, formando parte
de la operación especial de guerra y de búsqueda, este ciudadano narra
en su entrevista desde Rusia, como fue sacado de prisión y obligado a
formar parte del grupo paramilitar denominado WAGNER, el pasado 20
de septiembre del año 2022 (…)”9.

Afirmó que “(…) no hay duda que mi poderdante una vez este en territorio
Ruso, muy seguramente será enviado (en contra de su voluntad) a la

8
Ibidem.
9
Ibidem.
6

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guerra contra Ucrania (disfrazando la federación rusa de esta forma una
pena de muerte) como sucede con la gran mayoría de reclusos en Rusia
y como sucede, con las otras personas que han sido procesados como
coautores de los hechos en que está inmerso mi prohijado (…)”10.

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela, explicó que “(…) se
requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues, de
lo contrario, mi prohijado se vería frente a la ocurrencia inminente de un
perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales a la vida,
dignidad humana, no ser destinatario de tratos inhumanos crueles o
degradantes y a ser desprovisto de la autonomía de su voluntad y
obligado a participar en la invasión a Ucrania (…)”11.

Argumentó que “(…) el perjuicio de permitirse la extradición de mi
prohijado resulta ser inminente, por lo que las medidas que se requieren
para conjurarlo deben ser urgentes; no estamos ante cualquier perjuicio,
la vida de mi prohijado está bajo una amenaza real (…)”12.

Agregó que “(…) estamos señor juez constitucional ante la inminencia de
un perjuicio de una gran intensidad del daño o un gran menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona; el garantizar la vida,
la dignidad humana, la prohibición de tratos crueles e inhumanos a mi
prohijado requiere extrema urgencia y esto hace que la acción de tutela
sea impostergable, ya que tiene es el único mecanismo adecuado para la
garantía d ellos (…) derechos de mi representado (…)”13.

Aseguró que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
no ofrece una protección cierta, efectiva y concreta de sus derechos
fundamentales.

Finalmente, arguyó que “(…) de no suspenderse la ejecución de la orden
de extradición mediante este mecanismo idóneo, como es la acción de

10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
7

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tutela se daría lugar a que se configure ese perjuicio irremediable, toda
vez que el perjuicio es inminente, pues las prácticas de la Federación Rusa
con los prisioneros extranjeros está documentado por muchas ONG e
instituciones internacionales de Derechos Humanos, son públicas a través
de las medidas cautelares ordenadas por la Corte Internacional de
Justicia, en razón a ello las medidas que se requieren para conjurarlo y
que se solicitan por vía de tutela son urgentes, porque brindan una
solución adecuada frente a la proximidad del daño, y lógicamente que el
perjuicio que se está en riesgo de causarse es de una gravedad
mayúscula, pues se trata de la vida de mi prohijado, que tan pronto sea
puesto a disposición de las autoridades rusas estará en riesgo de ser
puesto en la primera línea de batalla, haciendo parte de las filas del grupo
Wagner, como está documentado en las pruebas aportadas, es decir,
permitir la extradición de mi prohijado a Rusia en las condiciones actuales,
es susceptible de generar la pérdida del bien jurídico de la su vida e
integridad personal, es por ello que la respuesta requerida por vía judicial
debe ser impostergable, y el único mecanismo idóneo en cuanto a criterios
de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable es la presente acción de tutela (…)”14.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 23 de agosto de 202415 a través del
aplicativo de recepción de tutela en línea de la página web de la Rama
Judicial y correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Tres Penal del
Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento que, por auto de ese
mismo día, esto es, el 23 de agosto de 202416, ordenó remitirla por
competencia al Consejo de Estado.

14
Ibidem.
15
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04486 00.
16
Ibidem.
8

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3.2. El escrito de tutela fue remitido por correo electrónico el 23 de agosto
de 202417 a la Secretaría General de esta Corporación y asignada por
reparto a la Sección Primera ese mismo día18.

3.3. Por auto del 2 de septiembre de 202419 la Sección Primera admitió la
acción de tutela, negó la medida provisional y dispuso notificar20 al
Presidente de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, y a la
Fiscalía General de la Nación – Dirección de Asuntos Internacionales,
como parte accionada.

3.4. La apoderada del Presidente de la República y delegada del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE,
rindió informe21 en el que solicitó que (i) se desvincule al Presidente de la
República del presente trámite tutelar por falta de legitimación en la causa
por pasiva; (ii) se declare la improcedencia de la solicitud de amparo ante
la inexistencia de una acción u omisión imputable al Presidente de la
República que pudiese generar alguna vulneración de los derechos
fundamentales invocados; y (iii) se nieguen las pretensiones planteadas
por el accionante.

Manifestó que la acción de tutela no cumple con los requisitos de
procedencia, comoquiera que la parte actora puede controvertir las
resoluciones que concedieron su extradición ante la jurisdicción
contenciosa administrativa.

Anotó que “(…) no basta con mencionar la existencia de un presunto
perjuicio irremediable, sino que le corresponde al accionante acreditar la
inminencia, gravedad y urgencia en la afectación de sus derechos

17
Ibidem.
18
La tutela ingresó al despacho el 26 de agosto de 2024. Visto en el índice 3 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
04486 00.
19
Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04486 00.
20
Esta orden se cumplió el 5 de septiembre de 2024. Visto en el índice 9 de la Sede
Electrónica para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04486
00.
21
Visto en los índices 11, 12, 13 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04486 00.
9

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fundamentales, así como el carácter de impostergable de las medidas que
reclama en su escrito para hacer procedente la acción de tutela si se
cuenta con otros mecanismos ordinarios previstos por el ordenamiento
jurídico (…)”.

Agregó que “(…) si el accionante encontraba que hay una urgencia o
inminencia a la afectación de sus derechos mientras se analizaba la
legalidad de dicha resolución, el mismo podría haber solicitado la
aplicación de una medida cautelar de suspensión de los efectos de los
actos administrativos que consideran contrarios a derecho (…)”.

3.5. El director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del
Derecho allegó escrito22 en el que, inicialmente, explicó el trámite de la
extradición del señor Carlos Alberto Muñoz Ramírez, hoy accionante, y
señaló que “(…) una vez cobró firmeza la decisión sobre la extradición en
el presente caso, esta dirección mediante oficio MJD-OFI24-0038000 del
2 de septiembre de 2024, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores,
que por su intermedio, se requiera al Gobierno de la Federación de Rusia,
para que allegue el compromiso impuesto por el Gobierno Nacional para
la entrega del citado ciudadano (…)”.

Expuso que “(…) el acto administrativo que autoriza la extradición del
señor Muñoz Ramírez, se encuentra en firme y goza de presunción de
legalidad sin que pueda desatenderse por ninguna autoridad o institución
interviniente, correspondiéndole a la Jurisdicción Contencioso
Administrativo determinar la posibilidad de suspender los efectos de las
decisiones que adopta el Gobierno Nacional en el evento de que se
acudiera a dicha jurisdicción en procura de un control de legalidad (…)”.

Al respecto, indicó que, si lo que pretende la parte actora es cuestionar la
legalidad de los actos administrativos que concedieron su extradición,
debe ejercer el mecanismo previsto por la normatividad vigente ante la

22
Visto en los índices 11, 12, 13, 15, 17 y 19 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04486 00.
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Jurisdicción Contencioso Administrativa. En consecuencia, solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela.

3.6. La Fiscalía General de la Nación guardó silencio.

3.7. El expediente ingresó para fallo el 13 de septiembre de 202423.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199124 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,25 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202126, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201927 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente28:

4.2.1. Por medio de la Resolución nro. 138 del 10 de mayo de 2024, el
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho,
resolvió lo siguiente29:

23
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04486 00.
24
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
25
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
26
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
27
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
28
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes.
29
Visto en los índices 2, 11, 12, 13, 15, 17 y 19 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04486 00.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 04486 00
Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la extradición del ciudadano
colombiano CARLOS ALBERTO MUÑOZ RAMÍREZ, (…), requerido
por la Tercera División de Gestión de la Investigación a las
actividades delictivas del Departamento de Investigación de la
Dirección del Servicio Federal de Seguridad del Ministerio de Asuntos
Interiores de la Federación de Rusia, dentro de la causa penal nro.
11601007754000128, por los delitos de Reenvío ilegal de las
sustancias estupefacientes, por un grupo organizado, en una escala
especialmente grande; Contrabando de las sustancias
estupefacientes, es decir una transferencia ilegal a través del cordón
aduanero de la Unión Aduanera dentro de la Comunidad Económica
EuroAsiática las sustancias estupefacientes, por un grupo
organizado, en una escala particularmente grande; Intento de
comercialización ilícita de tas sustancias estupefacientes, es decir,
actos dolosos, dirigidos a la venta ilegal de las sustancias
estupefaciente, por el grupo organizado, en una escala
particularmente grande; Reenvío ilegal de las sustancias
estupefacientes, por el grupo organizado, en una escala
especialmente grande; Contrabando de las sustancias
estupefacientes, es decir una transferencia ilegal a través del cordón
aduanero de la Unión Aduanera dentro de la Comunidad Económica
EuroAsiática las sustancias estupefacientes, por un grupo
organizado, en una escala particularmente grande; Intento de
comercialización ilícita de las sustancias estupefacientes, es decir,
actos dolosos, dirigidos a la venta ilegal de las sustancias
estupefaciente, por el grupo organizado, en una escala
particularmente grande; de conformidad con la Resolución sobre la
Imputación del 26 de julio de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la entrega del ciudadano CARLOS
ALBERTO MUÑOZ RAMÍREZ al Estado requirente bajo el
compromiso de que éste cumpla las condiciones establecidas en el
inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que
el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a
las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de
Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten
las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición del
Estado requirente de la persona reclamada.

ARTÍCULO TERCERO: Advertir al Estado requirente que el
ciudadano extraditado no podrá ser juzgado por un hecho anterior y
distinto del que motiva la solicitud de extradición ni sometido a
desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de
2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos
o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997 […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).

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Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez

4.2.2. Inconforme con la decisión anterior, el señor Carlos Alberto Muñoz
Ramírez, hoy accionante, interpuso recurso de reposición y el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, por medio de
la Resolución nro. 298 del 1 de agosto de 2024, la confirmó30.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

En relación con la solicitud de desvinculación formulada por la apoderada
del Presidente de la República, se advierte que la petición no es
procedente, comoquiera que la acción de tutela fue promovida en su
contra y, de lo expuesto en el escrito de tutela, se advierte que los
reproches planteados por el accionante están encaminados a cuestionar
las resoluciones por medio de las cuales se concedió la extradición, que
fueron suscritas por el Presidente de la República y el Ministro de Justicia
y del Derecho.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, el señor Carlos Alberto Muñoz Ramírez
considera que sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal,
dignidad humana y autonomía de la voluntad, están siendo conculcados
con ocasión de las Resoluciones nro. 138 del 10 de mayo de 2024 y nro.
298 del 1 de agosto de 2024, por medio de las cuales se concedió su
extradición a la Federación de Rusia.

Así las cosas, como el hecho que presuntamente estaría vulnerando los
derechos fundamentales del actor radica en lo decidido en los precitados
actos administrativos, la Sala examinará si en este asunto la acción de
tutela es procedente para proteger los derechos fundamentales
invocados.

Al efecto, el artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción
de tutela sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de

30
Visto en los índices 2, 11, 12, 13, 15, 17 y 19 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04486 00.
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defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable31.

Por su parte, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la
acción de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

A su turno, la Corte Constitucional ha señalado que la tutela solo es
procedente (i) cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial; (ii)
si existe otro medio, la intervención del juez constitucional es necesaria
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el que, la
acción procederá de manera transitoria y, (iii) en el evento en que los
mecanismos de defensa judicial no resulten idóneos o eficaces para lograr
la protección de los derechos presuntamente vulnerados, evento en el que
procede de manera definitiva32.

La Corte Constitucional también ha explicado que, cuando la acción de
tutela está dirigida contra actos administrativos de carácter particular y
concreto, la excepcionalidad del recurso de amparo se torna
especialmente estricta, en tanto que no es el mecanismo idóneo para
atacarlos ya que, por su propia naturaleza, se encuentran amparados por
el principio de legalidad, “pues se parte del presupuesto de que la
administración al momento de manifestarse a través de un acto, debe
acatar las prerrogativas constitucionales y legales a la que se encuentra
subordinada. De allí que la legalidad del acto administrativo se presuma
obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo que aquel se
apartó, sin justificación alguna del ordenamiento jurídico, debate que se
debe adelantar ante la jurisdicción contenciosa administrativa”33.

31
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
32
Corte Constitucional. Sentencia T- 332 de 2018.
33
Ibidem.
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En este caso, el accionante pretende que suspendan los actos
administrativos contenidos en las Resoluciones nro. 138 del 10 de mayo
de 2024 y nro. 298 del 1 de agosto de 2024 por medio de los cuales se
concedió su extradición a la Federación de Rusia.

En primera medida, la Sala considera que la parte actora cuenta con un
medio idóneo y eficaz para controvertir la legalidad de los referidos actos
administrativos, dado que puede acudir ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto por el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, proceso
en el que además podrá solicitar las medidas cautelares que considere
pertinentes.

Ahora, el accionante expuso en su escrito de tutela que “(…) requiere el
amparo constitucional como mecanismo transitorio (…)”34 para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, comoquiera que “(…) no hay
duda que (…) una vez este en territorio Ruso, muy seguramente será
enviado (en contra de su voluntad) a la guerra contra Ucrania
(disfrazando la federación rusa de esta forma una pena de muerte) como
sucede con la gran mayoría de reclusos en Rusia (…)”35, razón por la cual
solicitó que “(…) se suspenda provisionalmente las resoluciones ejecutivas
No. 138 del 10 de mayo de 2024 y 298 del 01 de agosto de 2024 (…)
condicionada dicha suspensión a que el actor de la presente acción acuda
dentro del término pertinente (cuatro meses siguientes) a demandar los
actos administrativos objeto de suspensión provisional dentro de los
cuatro meses siguientes mediante la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho (…)”36.

En lo concerniente a este reparo, la Sala advierte que, para evitar la
eventual ocurrencia del perjuicio irremediable alegado, la parte actora

34
Apartes del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04486 00.
35
Ibidem.
36
Ibidem.
15

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también cuenta con un medio judicial idóneo dentro del ordenamiento
jurídico y es la medida cautelar de urgencia dispuesta en el artículo 234
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, que señala que “desde la presentación de la solicitud y sin
previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá
adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su
adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite
previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los
recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse
y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada
en el auto que la decrete”. (Se destaca).

Es de anotar que frente a la medida cautelar de urgencia, la Corte
Constitucional ha indicado que “(…) las medidas cautelares de urgencia,
(…) por la finalidad que persiguen, fueron estructuradas como medios
preliminares dotados de eficacia inmediata para la protección de los
derechos fundamentales. Esta circunstancia, implica para el juez
administrativo el deber de “(…) remover los obstáculos eminentemente
formales que llegaren a impedir la adopción de estas medidas en los casos
en que exista una seria y verdadera amenaza de vulneración de derechos,
bienes o intereses jurídicos” (…)”37. (Se destaca).

De igual forma ha manifestado que “(…) la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo cuenta en la actualidad con las herramientas necesarias
para garantizar la protección de los derechos fundamentales de forma
igual o superior al de la acción de tutela, por parte de los jueces
especializados en los asuntos del contencioso administrativo y también
encargados de la protección de los derechos fundamentales (…)”38.

De otra lado y en punto a la configuración del perjuicio irremediable, se
recuerda que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado que
el perjuicio es irremediable cuando cumple con las características de

37
Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2023. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
38
Ibidem.
16

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inminente, grave, las medidas a adoptar sean urgentes e impostergables.
Al efecto, ha señalado que “i) el perjuicio debe ser inminente, es decir, no
basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño;
(ii) el perjuicio que se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia,
un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) las medidas
que se requieran para evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la
acción es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la misma sea
ineficaz por inoportuna”39.

Teniendo en cuenta lo alegado en el escrito de tutela, la Sala advierte que
no está configurado el perjuicio irremediable, dado que el actor pretende
que se suspendan los actos administrativos que ordenaron su extradición
porque una vez “esté en territorio Ruso, muy seguramente será enviado
(en contra de su voluntad) a la guerra contra Ucrania (disfrazando la
federación rusa de esta forma una pena de muerte) como sucede con la
gran mayoría de reclusos en Rusia (…)”40. (Se destaca) Sin embargo, la
orden de extradición no implica o se traducen en el escenario propuesto
en la acción de tutela, esto es, que el actor será enviado “a la guerra
contra Ucrania”, en otras palabras, el cumplimiento de los actos
administrativos no conllevan la consecuencia en la que el actor
fundamentó el perjuicio irremediable.

Lo anterior, por cuanto, la orden de extradición tiene como fundamento
la petición que la Federación de Rusia hizo al Estado Colombiano en el
sentido de capturar al señor Muñoz Ramírez con fines de extradición para
que cumpla la condena por los hechos por los cuales fue requerido, de
modo que, el Estado Colombiano no ordena la extradición del actor para
que sea enviado “a la guerra contra Ucrania”, y, por el contrario, en los
actos administrativos se advirtió al Estado requirente que el ciudadano
extraditado no podrá ser sometido a desaparición forzada, torturas, tratos

39
Corte Constitucional. Sentencia T-003 del 13 de enero de 2022. M.P.: Jorge Enrique
Ibáñez Najar.
40
Ibidem.
17

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o penas crueles, inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o
confiscación

En el contexto descrito es que la situación invocada por el actor no cumple
con el requisito consistente en que el perjuicio sea inminente, puesto que
se finca en la mera posibilidad de que el actor al ser extraditado sea
enviado “a la guerra contra Ucrania”, cuando el elemento de la inminencia
“exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño”41.En este punto se precisa que, al no estar cumplido el requisito de
la inminencia se descarta igualmente que las medidas a adoptar sean
urgentes e impostergables.

Aunado a lo dicho, el escenario en el que el actor sustenta el perjuicio
irremediable (ser enviado a la guerra con Ucrania) no lo causaría los actos
administrativo que ordenaron la extradición, sino como el mismo actor lo
señaló en la tutela, el perjuicio sería porque, si bien la orden de entrega
al Estado requirente está condicionada “(…) bajo el compromiso de que
éste cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo
494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será
sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y
confiscación (…)”42, “(…) lo cierto es que el cumplimiento de dichas
garantías o condicionamientos (contenidos en el fundamento jurídico
numeral 24 del concepto favorable emitido por la Corte), están
supeditados para su cumplimiento única y exclusivamente al principio de
la buena fe que debe aplicar entre los Estados Soberanos y precisamente
ese tipo de actuación es la que hoy no es razonable esperar del gobierno
de la Federación Rusa, respecto del cual la Comunidad Internacional de
Naciones ha puesto recientemente en evidencia su incumplimiento

41
Corte Constitucional. Sentencia SU 179 del 9 de junio de 2021. M.P.: Alejandro Linares
Cantillo.
42
Ibidem.
18

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absoluto de ese principio de derecho internacional (…)”43; lo anterior,
quiere significar que, como el propio actor lo advierte, la circunstancia
que daría lugar al perjuicio irremediable no está dada por la orden de
extradición, sino por un eventual incumplimiento del Estado requirente a
las condiciones de extradición, lo cual como se dijo no es una
circunstancia que revista la característica de inminencia, puesto que se
trata de una mera probabilidad carente de un grado de certeza.

En suma, el requisito de la inminencia para la configuración de un
perjuicio irremediable está descartado porque el daño que se pretende
evitar no lo causaría la orden de extradición contenida en los actos que
se pretenden suspender, sino que el daño el actor lo identifica en un
incumplimiento de las condiciones de extradición por parte del Estado
requirente, aspecto que está en el campo de una mera probabilidad.

En ese sentido, y comoquiera que el accionante cuenta con otros
mecanismos judiciales idóneos para solicitar la suspensión provisional de
los actos administrativos que concedieron su extradición, como la medida
cautelar de urgencia, y, adicional a ello, no se advierte la acreditación de
un perjuicio irremediable, la solicitud de amparo resulta improcedente.

En consecuencia, sin ser necesario descender en otras consideraciones,
la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito de subsidiariedad, por las razones aquí señaladas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

43
Ibidem.
19

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Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la
apoderada del Presidente de la República, atendiendo lo señalado en la
parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Carlos Alberto Muñoz Ramírez, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

20

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